Es Inconstitucional la limitación de responsabilidad -en relación a las costas- por vulnerar el derecho de propiedad del vencedor del pleito.

Corte SupremaPartes: Dominguez Eduardo Rodrigo c/ Racing Club Asoc. Civil y otros s/ accidente – accion civil

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: VI

Fecha: 4-jul-2013

Cita: MJ-JU-M-81478-AR | MJJ81478 | MJJ81478

Inconstitucionalidad de la limitación de responsabilidad -en relación a las costas- impuesta por el art. 8 de la Ley 24.432, que modifica el art. 277 del CPCCN, por vulnerar el derecho de propiedad del trabajador que ha vencido en el pleito.

Sumario:

1.-Cabe confirmar la declaración de inconstitucionalidad de la limitación de responsabilidad prevista en el art. 277 de acuerdo con el principio protectorio consagrado en el art. 14 bis de la Constitución Nacional, así como también, en consonancia con el derecho de propiedad del trabajador que ha ganado el pleito, pues la reparación del perjuicio sufrido por el accionante no puede considerarse justa e integral si se viera obligado a destinar parte de la indemnización objeto de condena al pago de honorarios de su letrado y de los peritos que intervinieron como parte necesaria del proceso, máxime cuando el presente caso tuvo su origen en un accidente de trabajo y para lograr acreditar tanto la existencia del daño, como los factores de imputación, se tuvo que contar de forma imprescindible con la asistencia de peritos en diversas artes.

2.-De acuerdo con el art. 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y la interpretación que del mismo hace la Corte Interamericana de derechos Humanos, ante una sentencia condenatoria, las costas y gastos incurridos tanto a nivel nacional como internacional debido a la actividad desplegada con el fin de obtener justicia, están comprendidos dentro del concepto reparación” y deben ser compensados.

3.-Debe revocarse el fallo en cuanto decidió que el ejecutante de los honorarios debía hacer valer sus derechos ante el juez de la quiebra, pues la Justicia Nacional del Trabajo tiene aptitud jurisdiccional en lo atinente a la regulación de los emolumentos correspondientes a los letrados del órgano fiduciario con causa en las tareas realizadas en dicho fuero, conforme la aplicación de lo normado en el art. 6 inciso 1º) del CPCCN, alcanzando la referida norma también al trámite de ejecución.

Fallo:

Buenos Aires, 4 de JULIO de 2013

VISTO Y CONSIDERANDO:

En la Ciudad de Buenos Aires reunidos los integrantes de la Sala VI a fin de considerar los recursos deducidos en autos y para dictar sentencia en estas actuaciones, practicando el sorteo pertinente, proceden a expedirse en el orden de votación y de acuerdo con los fundamentos que se exponen a continuación.

VISTO:

El ex letrado del órgano fiduciario de la quiebra de Racing Club Asociación Civil – Dr. Ves Losada – cuestiona la decisión adoptada por la magistrada de grado que ordena a hacer valer su derecho al cobro de sus honorarios por ante el juzgado de la quiebra (fs. 1205/1222). Recibe contestación de Racing Club Asociación Civil (fs. 1375).

Además, QBE ART S.A. y Racing Club Asociación Civil se agravian de declaración de inconstitucionalidad del art. 8 de la Ley 24.432 que modifica el art. 277 de la L.C.T. (fs. 1199/1200 y a fs. 1197/1198, respectivamente). Recibe contestación de la parte actora y del perito médico a fs. 1321/1323, 1324/1326 y 1347/1349, respectivamente.

Y CONSIDERANDO:

Que, en primer lugar, cabe tratar la apelación incoada por el ex letrado del órgano fiduciario de la quiebra de Racing Club Asociación Civil – Dr. Ves Losada – contra lo dispuesto por la Señora Juez “a quo” que consideró que el ejecutante, debía hacer valer sus derechos ante el Juez de la quiebra, por tratarse de una deuda originada por la actuación de los órganos del proceso falencial y porque es quien tiene facultades para decidir sobre los derechos que a tales órganos pudieran corresponder.

Que, en virtud de la cuestión debatida, se remitieron las actuaciones en vista a la Fiscalía General ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, quien se expidió según Dictamen Nº 57.233 a fs. 1401/vta cuyos términos se comparten y en honor a la brevedad se dan por reproducidos en la presente.

Que, en ese sentido, y tal como lo destaca el Sr.Fiscal General, el planteo de nulidad que efectúa el apelante, que se encuentra incorporado en la genérica apelación de sentencia, se limita, en su procedencia, a los defectos de forma de la decisión final, y desde esta perspectiva, y más allá del juicio que pudiera merecer lo resuelto, en relación al fondo, aquella no presenta irregularidades extrínsecas que la descalifiquen como acto jurisdiccional. Por lo cual, no es admisible declarar la nulidad pretendida cuando se alega una discrepancia “in iudicando”, que puede ser reparada mediante el análisis de los agravios.

Que, en consecuencia y ahora respecto del objeto de esta decisión que se cuestiona, corresponde dirimir la cuestión afirmando la aptitud jurisdiccional de esta Justicia Nacional del Trabajo en lo atinente a la regulación de los emolumentos correspondientes a los letrados del órgano fiduciario con causa en las tareas realizadas en este Fuero, conforme la aplicación de los normado en el art. 6 inciso 1º) del C.P.C.C.N. A su vez, cabe afirmar que la referida norma alcanza también al trámite de ejecución.

Por lo expuesto, corresponde revocar lo dispuesto en la instancia de grado en este punto, estableciendo que esta Justicia Nacional del Trabajo tiene aptitud jurisdiccional en lo atinente a la regulación y ejecución de los emolumentos correspondientes a los letrados del órgano fiduciario con causa en las tareas realizadas en este Fuero. Costas en el orden causado, atento la naturaleza de la cuestión debatida (art. 68, 2do. párrafo, C.P.C.C.N.).

Que, seguidamente, cabe el tratamiento de las demandadas QBE ART S.A. y Racing Club Asociación Civil, contra la declaración de inconstitucionalidad del art. 8 de la Ley 24.432 que modifica el art. 277 del C.P.C.C.N. Los agravios no pueden prosperar.

Que, en efecto, como ya se pronunciara esta Sala en autos “Chamorro Gabriel Esteban c/ Rigolleau S.A. y otro s/ Accidente – Acción civil” (Expte. Nº 19.085/2007, S.D.62.092, 30/06/2010) a cuyos argumentos remito, corresponde en el caso declarar la inconstitucionalidad de la limitación de responsabilidad impuesta por la norma cuestionada.

Ello así porque, como se sostuvo en el precedente invocado, es la Corte Interamericana de Derechos Humanos la que ha sostenido en forma reiterada que “Las costas y gastos están comprendidos dentro del concepto de reparación consagrado en el art. 63.1 de la Convención Americana, puesto que la actividad desplegada por las víctimas con el fin de obtener justicia, tanto a nivel nacional como internacional, implica erogaciones que deben ser compensadas cuando la responsabilidad internacional del Estado es declarada mediante sentencia condenatoria.” (Conf. Caso Garrido y Baigorria Vs. Argentina. Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de agosto de 1998. Serie C Nº 39, párr. 79; Caso Comunidad Indígena Yakye Axa vs. Paraguay. Reparaciones y Costas. Sentencia del 17 de junio de 2005; Caso Dacosta Cadogan vs. Barbados. Reparaciones y Costas. Sentencia del 24 de Septiembre de 2009; entre otros).

De acuerdo entonces con el art. 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y la interpretación que del mismo viene haciendo en forma reiterada la Corte Interamericana de derechos Humanos, ante una sentencia condenatoria, las costas y gastos incurridos tanto a nivel nacional, como internacional debido a la actividad desplegada con el fin de obtener justicia, están comprendidos dentro del concepto “reparación” y deber ser compensados.

La Corte Interamericana arriba a esa conclusión a partir de la norma del art. 63.1 de la Convención que establece, entre otras cosas, que si fuera procedente, se dispondrá el pago de “una justa indemnización a la parte lesionada”.

Ese concepto de “indemnización justa” remite a la minuciosa doctrina que nuestra Corte Suprema ha elaborado entre otros en el precedente “Aquino, Isacio c. Cargo Servicios Industriales S.A.”, cuando frente a un reclamo por accidente de trabajo decretó la inconstitucionalidad del art. 39.1 de la Ley 24.557, evocando en esa oportunidad el fallo recaído en “Provincia de Santa Fe c.Nicchi”, en el que la propia Corte sostuvo que resultaba inconstitucional una indemnización que no fuera “justa”, puesto que “indemnizar es (…) eximir de todo daño y perjuicio mediante un cabal resarcimiento”, lo cual no se logra “si el daño o el perjuicio subsisten en cualquier medida” (Fallos: 268:112, 114, considerandos 4ª y 5ª).

Por todo lo expuesto, y de acuerdo con el principio protectorio consagrado en el art. 14 bis de la Constitución Nacional, así como al derecho de propiedad del trabajador (art. 17 C.N.) que ha ganado el pleito, la reparación del perjuicio sufrido por el accionante no puede considerarse justa e integral si como consecuencia de lo dispuesto en el art. 277 L.C.T. se viera obligado a destinar parte de la indemnización objeto de condena, al pago de honorarios de su letrado y de los peritos que intervinieron como parte necesaria del proceso, precisamente, cuando el presente caso tuvo su origen en un accidente de trabajo que para lograr acreditar tanto la existencia del daño, como los factores de imputación, se tuvo que contar de forma imprescindible con la asistencia de peritos en diversas artes. Así es, que de no verse satisfechos los honorarios regulados en su totalidad por la condenada en costas, los mismos podrían ser ejecutados en su contra (cfr. art. 49 ley 21.839), sin posibilidad de repetición contra la demandada, quien, según la sentencia de autos, estaba obligada a cargar con las costas.

Además, se advierte que la aplicación de la norma produciría una lesión al derecho de propiedad de los profesionales, quienes pese a tener un crédito establecido en una sentencia judicial, se verían impedidos de hacerlo efectivo.

Que, en consecuencia, corresponde desestimar los agravios de la demandada QBE ART S.A. y Racing Club Asociación Civil y confirmar lo resuelto en cuanto a la inconstitucionalidad del art. 8 Ley 24.432 en cuanto modifica la responsabilidad por costas del art. 277 del C.P.C.C.N. Costas en el orden causado, atento la naturaleza de las cuestiones debatidas (art. 68, 2do. párrafo, C.P.C.C.N.).

Por ello, EL TRIBUNAL RESUELVE: 1) Revocar lo dispuesto en la instancia de grado a fs. 1058, último párrafo, declarando la aptitud jurisdiccional de esta Justicia Nacional del Trabajo en lo atinente a la regulación y ejecución de los emolumentos correspondientes a los letrados del órgano fiduciario con causa en las tareas realizadas en este Fuero. 2) Confirmar lo demás que fuera objeto de agravio y recurso. 3) Costas de ambos incidentes en el orden causado. 4) Remitir los autos a los efectos que pudieren corresponder.

Oportunamente, cúmplase con lo dispuesto en el art. 1º de la ley 26856 y con la Acordada de la CSJN Nº 15/2013.

Registrese, notifíquese y vuelvan.

Luis A. Raffaghelli – Juez De Camara

Juan Carlos Fernandez Madrid – Juez De Camara

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