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Si un trabajador padece afecciones distintas y superpuestas, corresponde el goce de una nueva licencia si alguna le impide retomar tareas

CertificadoLaboralPartes: Trosch Amabelia Alicia c/ Banco de la Nación Argentina s/ laboral

Tribunal: Cámara Federal de Apelaciones de Rosario

Fecha: 1-ago-2013

Cita: MJ-JU-M-81072-AR | MJJ81072 | MJJ81072

Si el trabajador padece dos afecciones distintas, aún cuando las mismas pudieran haberse superpuesto en algún período de tiempo, tiene derecho a gozar de una nueva licencia paga cuando una de las dolencias le impida concurrir a su trabajo.

Sumario:

1.-Corresponde confirmar la sentencia apelada por cuanto existe un error en el encuadre legal que realiza la institución crediticia demandada al incluir los días de licencia concedidos por stress postraumático dentro del plazo de reserva del empleo, toda vez que dicha dolencia no puede ser considerada recidiva o recaída de la ocurrida en el período anterior, sino que debe ser calificada como una dolencia nueva, pues el art. 208 LCT otorga el derecho por cada accidente o enfermedad inculpable y si la trabajadora era portadora de dos afecciones distintas (una física y otra psicológica), aún cuando las mismas pudieran haberse superpuesto en algún período de tiempo, la actora tenía derecho a gozar de una nueva licencia paga cuando una de las dolencias le impedía concurrir a su trabajo.

2.-Si bien el hecho de que alguien acompañe un supuesto certificado médico no acredita, de por sí, que se encuentre justificada su inasistencia, negar de plano cualquier valor al mismo y proceder directamente al despido del trabajador, sin intentar previamente la realización de otras diligencias a los efectos de dilucidar cuál es el verdadero estado de salud de su dependiente, luce excesivo y apresurado, a la luz de lo normado por los arts. 10 y 63 LCT.

3.-El reclamo de las sumas establecidas en el 4º párrafo del art. 212 LCT aplicable al caso conforme al grado de invalidez que presenta la actora, motiva suficientemente la promoción de las presentes actuaciones judiciales, haciendo procedente el incremento dispuesto por el art. 2º de la Ley 25.323 invocada por la actora en su demanda.

Fallo:

Rosario, 1º de agosto de 2013.-

Visto, en Acuerdo de la Sala «B» el expediente n° FRO 93007524- 2012 caratulado «TROSCH, Amabelia Alicia c/ Banco de la Nación Argentina s/ Laboral» (n° 244/08 del Juzgado Federal n° 2 de la ciudad de Santa Fe), de los que resulta que:

Vienen los autos a conocimiento de este Tribunal en virtud de los recursos de apelación interpuestos por la demandada (fs. 118/119vta.) y por la actora (fs. 123/124) contra la sentencia nº 441/11, por medio de la cual se admitió parcialmente la demanda entablada por Amabelia Alicia Trosch y se condenó al Banco de la Nación Argentina a abonarle la indemnización establecida en el art. 212, cuarto párrafo, de la L.C.T.; los salarios caídos correspondientes a los meses de enero y febrero del año 2007 y la indemnización establecida en el Decreto P.E.N. nº 1433/02, con intereses legales, e imponiendo las costas en un 20% a cargo de la actora y en un 80% a cargo de la accionada (fs.112/114vta.).

Concedidos los recursos y corridos los respectivos traslados (fs. 127), contestó sólo la demandada (fs. 130/131). Elevados los autos a la Alzada, se llamó autos al acuerdo (fs. 137 vta., 140 y 141). Mediante Acuerdo nº 62/12 se suspendió el término para resolver a los fines de requerir la documental reservada en el Juzgado de origen (fs. 142), y cumplimentado, con la remisión de la documental ofrecida por la actora, el legajo personal de Trosch y el sumario nº 2392101 (fs. 147), quedaron los presentes en condiciones de resolver (fs. 147/149).

El Dr. Bello dijo:

1º) Agravia a la demandada la sentencia en cuanto dice que su parte no probó que la actora haya sido despedida por vencimiento del plazo de guarda del trabajo por enfermedad inculpable, ya que hizo un uso y abuso del plazo.

Se agravia en cuanto -dice- que se cometió un error con el encuadre legal de la situación, pues surge de manera clara que estaba comprendida en el art.211 de la L.C.T.; que se diga que es ajustado a derecho que la actora se haya puesto en situación de despido indirecto, ya que se trata de un despido con causa, porque se agotó el plazo de espera.

Que a la actora se le han abonado todos los rubros indemnizatorios correspondientes, agraviándola que se sostenga que se adeudan dos meses de salarios del año 2007.

La agravia en cuanto se le impone el 80% de las costas, por corresponder que cargue la actora con las mismas y en definitiva, solicita el rechazo de la demanda, con costas.

2°) La actora se agravia por cuanto no se hizo lugar a los rubros por reajustes habidos y de todo rubro que no se le haya abonado durante el sumario administrativo; que no se le habían liquidado los haberes que el mismo manda abonar por enero y febrero de 2007.

Se agravia porque no se ha hecho lugar a los incrementos establecidos en el art. 2º de la ley 25.323; que no se haya tenido en cuenta que el art. 212, última parte, de la L.C.T. establece que, cuando de la enfermedad se deriva incapacidad absoluta del trabajador, el empleador deberá abonarle una indemnización de monto igual a la expresada en el Art. 245.

También se agravia porque no se han tenido en cuenta fallos recientes, como «Lencinas, N. c/ Emoconor S.A. s/ Despido» y «Perreta, Laura V. c/ Atento Argentina S.A.», ambos de la C.N.A.T., Sala X, del 16/10/10 y 31/03/11.

Se agravia finalmente que se haya entendido que la ley 25.323 era únicamente para casos en que las relaciones laborales al momento del despido no estén registradas, y cita que el art. 2º que lo establece para cuando el empleador no abonare indemnización y el trabajador tuviera que iniciar acciones judiciales.

Solicita en definitiva el pago de los reajustes habidos y de todo otro rubro que no se haya abonado a la actora, mediante pericial contable y el incremento del art.2 de la ley 25.323.

3º) Contesta agravios la demandada y dice que no corresponde abonar indemnización alguna, ni reajustes por rubro alguno, ya que abonó en tiempo todas las indemnizaciones correspondientes.

Que debía ser la actora -y no la demandada- la que aportara las pruebas para fundar su pretensión. Considera que la actora ha hecho un abuso de su licencia por enfermedad, pero también surge de autos que se le abonó la indemnización por su incapacidad, y que intenta incluir más rubros por cobrar.

4°) El Banco Nación Argentina -al contestar la demanda- señala que había iniciado un sumario administrativo contra la accionante y sus superiores jerárquicos, con motivo de una defraudación que sufriera, con origen en el cheque judicial nº 36856 por la suma de $ 277.000., la cual, según sus dichos, fue controlado por Trosch y por sus superiores previo al pago del mismo.

Que en dicho sumario administrativo se la exonera de responsabilidad, sin merecer ninguna sanción disciplinaria. Que la actora solicitó sucesivas licencias por enfermedad; que vencido el «plazo de reserva» estipulado en el Art. 211 de la L.C.T., una de las partes puede optar por disolver el nexo laboral -sostiene- sin el deber de abonar indemnizaciones.

Luego de distintas licencias médicas, Trosch se reincorporó a sus tareas el 11-09-2006 y se le indica «abrir la caja» y no continuar con tareas pasivas sin atención al público -como venía desempeñándose-; ello generó reclamos y presentaciones a sus superiores, lo que motivó un episodio de hipertensión en el horario de trabajo y traslado para su internación; la patología padecida consiste en cardiopatía y disfonía neurovegetativa; se le acuerda licencia desde el 11-09- 06 al 22-12-06.

En fecha 16-12-06 se presentó un certificado médico con diagnóstico de stress postraumático y el B.N.A. en fecha 04-01-07 notificó a la actora que se encuentra comprendida en el Art. 211 L.C.T.a partir del 16-12-06.

Así, el B.N.A. sólo abonó a la actora una indemnización por «Invalidez total y permanente» a través de «Nación Vida» («Vida optativo empleados activos BNA») por la suma de $ 19.500. (fs. 71/72).

5º) El juez de primera instancia al resolver, señala con acierto que existe un error en el encuadre legal que realiza la institución crediticia demandada al incluir los días de licencia concedidos por stress postraumático dentro del plazo de reserva del empleo, toda vez que dicha dolencia no puede ser considerada recidiva o recaída de la ocurrida en el período anterior, sino que debe ser calificada como una dolencia nueva.

El art. 208 de la L.C.T. otorga el derecho por «cada accidente o enfermedad inculpable» y si la trabajadora era portadora de dos afecciones distintas (una física y otra psicológica), aún cuando las mismas pudieran haberse superpuesto en algún período de tiempo, la actora tenía derecho a gozar de una nueva licencia paga cuando una de las dolencias le impedía concurrir a su trabajo.

Según el informe pericial del Dr. Armando González, Médico Forense de la Cámara Federal de Paraná, la actora padece (al momento del examen) «Enfermedad Maníaco Depresiva a forma circular: 70% de INV.»; y «Actualmente la actora presenta un 70% (setenta) por ciento de invalidez debido a afección psicofísica.» (fs. 83 vta./84).

Considera el sentenciante que la situación vivida por la accionante a partir del 11/09/06 encuadra claramente en lo descripto.La enfermedad inculpable (física) padecida por la agente Amabelia Trosch en oportunidad de volver al trabajo (cardiopatía y disfonía neurovegetativa), que la llevó a ser internada en terapia intensiva, configura el factor estresante que determina la patología de estrés postraumático (enfermedad psicológica) por encontrarse amenazada su integridad psico-física.

Que por tanto, incluir los días de licencia concedidos a partir del 16/12/2006 en el plazo de reserva legal del puesto de trabajo por enfermedad inculpable que prevé el art. 211 de la L.C.T. constituye un error en que incurrió la demandada al calificar como recidiva al estrés postraumático, pues, por el contrario, debió concederle un nueva licencia anual paga, derecho que le otorga el art. 208, por tratarse de una dolencia diferente y derivada de un hecho traumático experimentado por la accionante. La decisión de la actora de colocarse en situación de despido indirecto, ante la negativa a otorgarle la licencia, se ajusta a derecho.

En el cuestionamiento del decisorio en el punto, no surge ningún elemento que demuestre, fundadamente, la necesidad de modificar lo resuelto, desde que se halla controvertido si el despido del actor fue incausado o por el contrario, si el Banco de la Nación Argentina justificó dicho despido al considerar la conducta de aquél comprendida en el art.211 de la L.C.T., decidiendo el fallo venido en revisión, que la demandada no probó que el despido de la actora haya sido por vencimiento del plazo de guarda del trabajo por enfermedad inculpable.

En efecto, conforme ha dicho la jurisprudencia -que cito por compartir-: «El hecho de que alguien acompañe un supuesto certificado médico no acredita, de por sí, que se encuentre justificada su inasistencia; pero no es menos cierto que negar de plano cualquier valor al mismo y proceder directamente al despido del trabajador, sin intentar previamente la realización de otras diligencias a los efectos de dilucidar cuál es el verdadero estado de salud de su dependiente, luce excesivo y apresurado, a la luz de lo normado por los arts. 10 y 63 L.C.T.» (C.N.A.Trabajo, sala 7º, 3/11/1997, «Bejarano, Néstor v. Transporte Plaza S.A.»). (publicado en «Manual de Jurisprudencia de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social», año 2012, edit. Abeledo-Perrot, pág. 363).

La doctrina ha señalado las siguientes alternativas con motivo del «regreso al trabajo» una vez vencida la licencia médica o concluido el período de «reserva de puesto»: a) regresar al trabajo sin incapacidad; o b) regresar al trabajo con incapacidad. Y en este supuesto, con estas alternativas: 1) el empleador no tiene tareas adecuadas (no sería el caso en estudio); 2) el empleador tiene tareas y no las otorga (sería el caso denunciado por la actora, en que solicitó otras tareas acorde a su salud): «si el trabajador regresa con incapacidad, y el empleador tiene tareas adecuadas a ella para otorgárselas y no las provee voluntariamente, el contrato se extinguirá pero el trabajador tendrá derecho al cobro de la indemnización contempla del art. 245 de la LCT.» («Manual de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social», Juan De Diego, edit. La Ley, 8º edición actualizada, 2011, pág.601).

La solución adoptada en el decisorio apelado es la que mejor se compadece con los principios protectores del derecho del trabajo (artículos 11 y 9 de la Ley de Contrato de Trabajo), por lo cual, debe confirmarse lo resuelto en el punto, rechazando el agravio de la accionada.

6º) Se agravia también la actora porque no se hizo lugar a los incrementos establecidos en el art. 2º de la Ley 25.323.

Sostiene que no se ha tenido en cuenta la última parte del art. 212 L.C.T. que establece que «cuando de la enfermedad o accidente se derivara incapacidad absoluta para el trabajador, el empleador deberá abonarle una indemnización de monto igual a la expresada en el art. 245 de esta ley».

El reclamo de las sumas establecidas en el 4º párrafo del art. 212 de la L.C.T. aplicable al caso conforme al grado de invalidez que presenta la actora (70%) atento a la pericia médica de fs. 82/84, motiva suficientemente la promoción de las presentes actuaciones judiciales, haciendo procedente el incremento dispuesto por el art. 2º de la Ley 25.323 invocada por la actora en su demanda, pues: «Cuando el empleador, fehacientemente intimado por el trabajador, no le abonare las indemnizaciones previstas en los arts.232, 233 y 245 de la ley 20.744 (texto ordenado en 1976) y los artículos 6º y 7º de la ley 25.013, o las que en el futuro las reemplacen, y, consecuentemente, lo obligare a iniciar acciones judiciales o cualquier instancia previa de carácter obligatorio para percibirlas, éstas serán incrementadas en un 50%.» Cabe señalar que este agravamiento indemnizatorio no sanciona únicamente el estado de mora del empleador en el cumplimiento de las indemnizaciones, sino los inconvenientes que la actitud patronal suscita para el trabajador de verse forzado a litigar para alcanzar la satisfacción de su crédito.

En el caso de autos, se aprecia que el incremento previsto en dicha norma resulta procedente, atento se hace lugar a la demanda condenando a la demandada a abonarle a la actora la indemnización establecida en el art. 212, cuarto párrafo, de la L.C.T., «Oindemnización de monto igual a la expresada en el artículo 245 de esta ley», es decir a la indemnización por despido incausado, supuesto éste previsto en el primer párrafo de la misma.

Por tanto, dado a las características de los hechos de autos, y que la aquí demandada ha reiterado su negativa en cuanto a las diferencias indemnizatorias, le corresponderá abonar la indemnización incrementada, acogiéndose el agravio en el punto.

En suma, la empleadora deberá abonar una indemnización de monto igual a la expresada en el art.245 de la L.C.T.

7º) La actora se agravia, además, por cuanto no se hizo lugar a los rubros reajustes habidos y de todo rubro que no se le haya abonado durante el sumario administrativo.

Al respecto, se comparte que los rubros laborales premios, reajustes y horas extras reclamados, para conferirles carácter remunerativo a dichas sumas, se requiere habitualidad en el pago o goce del beneficio y probada periodicidad del mismo.

Y que ninguna de estas circunstancias se encuentran acreditadas en las presentes actuaciones, sin que la actora aporte en su escrito recursivo mayores precisiones ni prueba alguna que permita determinar ni calcular dichos rubros, acudiendo a citas genéricas de fallos, sin desarrollar concretamente qué relación tienen los mismos con la cuestión propuesta.

Por tanto, deberá rechazarse el agravio, confirmando lo resuelto en el punto.

8º) En cuanto a las costas, visto el resultado que se propugna, atento a lo normado por el art. 279 del CPCCN (aplicable por art. 155 ley 18.345), siendo vencida en lo sustancial la parte demandada, dado que la fijación del concepto no debe hacerse con estricto apego al cotejo aritmético entre el monto de lo reclamado y lo que en definitiva se condena, sino teniendo en cuenta quien ha resultado vencida de acuerdo a los derechos e intereses en juego, me lleva a modificar también este aspecto del fallo, imponiéndose las costas en ambas instancias a la demandada vencida.

9º) En mérito de todo lo cual, propicio la modificación parcial del decisorio recurrido n° 441/11, acogiendo los incrementos establecidos en el art. 2º de la Ley 25.323, y en consecuencia, se condene al Banco a pagar a la actora la suma resultante de la planilla a practicarse conforme al Considerando 6º, con mas sus intereses; y se modifique también el fallo en cuanto a las costas, y se impongan en ambas instancias a la demandada vencida. Así voto.

La Dra. Vidal dijo:

Concuerdo parcialmente con el voto del Dr.Bello, conforme las razones que a continuación expongo:

1°) Conforme surge del escrito de demanda la actora reclamó al Banco de la Nación Argentina la indemnización del artículo 212 inciso 4to de la Ley de Contrato de Trabajo (fs. 36); además de los salarios caídos por los meses de enero y febrero 07 y demás rubros que se indican a fs. 35.

Destacó que la desvinculación que tuvo su parte tiene como causa la incapacidad establecida por la Junta Médica (enfermedad maníaco depresiva a forma circular 70% de incapacidad, la cual deviene de hallarse afectada de cuadro psiquiátrico con manifestaciones clínicas que le impiden la realización de tareas remuneradas); razón por la cual entendió descabellada la posición del banco de encuadrar su situación en lo normado por el artículo 211 de la Ley de Contrato de Trabajo.

2º) El banco demandado al contestar la demanda alegó que la actora agotó el período de licencia por enfermedad paga y que la nueva solicitud que excedía el 16/12/06, entraba dentro del plazo de conservación de empleo que prevé el artículo 211 de la Ley de Contrato de Trabajo no remunerado, por lo cual la situación de despido indirecto en que se colocó la actora por no abonarle los días de licencia concedidos a partir del 16/12/2006 sería incorrecta según su posición (fs. 61/63).

3º) El magistrado de primera instancia por su parte entendió que incluir los días de licencia concedidos a partir del 16/12/06 en el plazo de reserva legal del puesto de trabajo por enfermedad inculpable que prevé el artículo 211 de la L.C.T.constituyó un error en el que incurrió la demandada al calificar como recidiva el estrés postraumático y que en su lugar debió concederse una nueva licencia anual paga por tratarse de una dolencia diferente y derivada de un hecho traumático experimentado por el accionante.

Entendió así también que el actor se incapacitó totalmente por lo cual hizo lugar a la indemnización del artículo 212 inciso 4º de la Ley de Contrato de Trabajo descontando lo percibido a fs. 71 en concepto de indemnización por invalidez total y permanente sin reservas conforme da cuenta el recibo de fecha 4 de enero de 2003 obrante a fs. 71. Hizo lugar a los salarios caídos correspondientes a los meses de enero y febrero del año 2007 y a la indemnización establecida por el Decreto P.E.N. nº 1433/02.

En cambio rechazó la integración del mes de despido, la indemnización sustitutiva de preaviso, la indemnización por antigüedad, los rubros laborales premios, reajustes y horas extras reclamados; así como también al reajuste solicitado y rubro que no se le haya abonado mientras se sustanciaba el sumario administrativo.

En relación a los incrementos establecidos en el artículo 2º de la Ley 25.323 consideró que no son procedentes toda vez que el mencionado cuerpo legal refiere a las relaciones laborales que al momento del despido no estén registradas o lo estén de manera deficiente (artículo 1º).

4º) Se ha agraviado la actora de que el magistrado de primera instancia no haya hecho lugar a los rubros reajustes habidos y todo otro que no se le haya abonado durante el sumario administrativo.

Se agravió así también en cuanto el juez a-quo no hizo lugar a los incrementos establecidos en el art. 2º de la ley nacional 25.323 y que no haya tenido en cuenta fallos recientes : «Lencinas , N. c Emoconor SA s/ Despido» y «Perreta, Laura V.c/ Atento Argentina SA» , ambos de la CNAT, Sala X, 16/10/10 y 31/03/11.

5º) Se ha agraviado la demandada de que el juez a-quo haya entendido que su parte no probó que la actora fue despedida por vencimiento del plazo de guarda del trabajo por enfermedad inculpable, ya que hizo un uso y abuso del plazo. Se agravió en cuanto afirmó que cometió un error con el encuadre legal de la situación, pues, a su criterio, surge de manera clara que estaba comprendida en el art. 211 de la LCT.

Asimismo se agravió de que el magistrado haya considerado que es ajustado a derecho que la actora se haya puesto en situación de despido indirecto, ya que se trata de un despido con causa, porque se agotó el plazo de espera. Manifestó que a la actora le abonó todos los rubros indemnizatorios correspondientes, agraviándola que se sostenga que se adeudan dos meses de salarios del año 2007.

Por último sea agravió en cuanto le impuso el 80 % de las costas, correspondiendo a su criterio que cargue la actora con las mismas. Solicitó el rechazo de la demanda con costas (fs.118/119vta.).

6º) Atento lo que fue solicitado en la demanda, resuelto en la sentencia y motivo de agravios por las partes señalo: a) Respecto del agravio de la demandada de que la actora se encontraba en la situación del artículo 211 de la Ley de Contrato de Trabajo por considerar que la nueva licencia solicitada era recidiva de la anterior concedida y próxima a cumplir los dos años, por lo cual a partir del 16/12/06 se encontraba en dicha situación (artículo 211 Ley de Contrato de Trabajo), comparto los fundamentos expuestos por el juez de primera instancia que no han sido adecuadament e rebatidos por el recurrente y lo dicho por el preopinante debiendo confirmarse en el punto el pago de los salarios de los meses de meses de enero y febrero del año 2007.b) Con relación a los agravios de la actora en cuanto a que el juez a-quo no hizo lugar a los rubros por reajustes habidos y de todo rubro que no se le haya abonado durante el sumario administrativo, comparto los fundamentos vertidos por el vocal preopinante en el inciso 7º) de su voto a cuyos fundamentos remito por razones de brevedad; debiendo en consecuencia rechazarse el agravio vertido y confirmarse lo resuelto en el punto por el magistrado de primera instancia. c) Considero también, a diferencia de lo sostenido por el Dr Bello en el inciso 6º) de su voto que no corresponde hacer lugar a los incrementos establecidos en el artículo 2º de la Ley 25.323, debiendo rechazarse los agravios vertidos por la actora en este punto y en consecuencia confirmarse lo resuelto por el juez a-quo al respecto, puesto que la multa prevista en el artículo 2 de la ley 25.323 no resulta aplicable en aquellos casos, como el de autos en el que se reclama la indemnización prevista por el artículo 212 inciso 4º de la Ley de Contrato de Trabajo.

Es que la multa establecida por el artículo 2 de la Ley 25.323 lo es para el caso de que el empleador fehacientemente intimado por el trabajador, no le abonare las indemnizaciones previstas en los artículos 232, 233 y 245 de la Ley 20.744 (texto ordenado en 1976) y los artículos 6° y 7° de la Ley 25.013, o las que en el futuro las reemplacen, y, consecuentemente, lo obligare a iniciar acciones judiciales o cualquier instancia previa de carácter obligatorio para percibirlas.

El hecho de que el artículo 212 inciso 4 de la Ley de Contrato de Trabajo tome como regla de cálculo lo normado para el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, no puede llevar a confundir la naturaleza jurídica de ambos institutos.

En igual sentido se ha expedido la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Sala I, el 13/05/2004 en autos «Boccolini Rene c/ Sebamar SA y otros s/ despido. Art. 2 ley 25323″; al establecer que » El incremento indemnizatorio del art. 2 de la ley 25323 se encuentra supeditado a los supuestos de despidos en los que el empleador resulta moroso de las indemnizaciones previstas en los arts. 232, 233, 245 y 6 y 7 de la ley 25013. Pero si como en el caso, la extinción del vínculo contractual se operó en virtud de lo normado en el art. 212, 4to. parr. de la LCT, el hecho de que deba abonarse una indemnización igual a la contemplada en el art. 245 LCT no autoriza a hacer una interpretación extensiva del incremento del art. 2 de la ley citada.» Así también se ha expedido la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Sala II, aunque en relación a la indemnización por fallecimiento del trabajador prevista en el artículo 248 de la Ley de Contrato de Trabajo que también toma como regla de cálculo lo normado para el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo la que destacó lo resuelto por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en pleno (PlenarioN° 313: «Casado, Alfredo Aníbal c. Sistema Nacional de Medios Públicos S.E.» , ver en DT 2007, junio, 668) respecto a la interpretación y aplicación de la sanción del art. 2° de la ley 25.323:»El legislador ha sido inusitadamente preciso al mencionar las indemnizaciones que se incrementan, citando artículos específicos de la Ley de Contrato de Trabajo a los que individualiza por su número.» «No se apeló a la fórmula genérica «indemnizaciones» dado que el parlamento optó por restringir el recargo en forma exclusiva a las indemnizaciones mencionadas.» «No existe posibilidad alguna para ampliar los alcances de una disposición que debe ser interpretada con carácter restrictivo porque subyace una finalidad de sanción y eleva la cuantía de un crédito debiéndose limitar su alcance únicamente a la previsión contenida en la ley.» «El artículo 19 de la Constitución Nacional establece que «. nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda ni privado de lo que ella no prohíbe.» por consiguiente no puede imponerse al empleador un agravamiento de las indemnizaciones que no se encuentra previsto en la ley.» (véase Tribunal citado, fallo del 27-06-2012 en autos «Bafunti, María Cristina c Termoquar S.A. s/ dif. Indemnización prev. Art. 248 LCT». c) Por último he de señalar que la indemnización establecida en el artículo 212, cuarto párrafo de la Ley de Contrato de Trabajo; los salarios caídos de los meses de enero y febrero de 2007 y la indemnización establecida en el Decreto P.E.N. Nº 1433/02 (indemnización que fijó el juez a-quo y que no fue motivo de agravio por las partes), deberá calcularse con más los intereses conforme tasa pasiva promedio que publica el Banco Central de la República Argentina, hasta el efectivo pago de la condena fijada conforme criterio establecido para este tipo de asuntos, en Acuerdos nº 451/07 y 419/08 entre otros, en los que esta Sala decidió estar al criterio del Máximo Tribunal adoptado en autos «Bustos, Ramón R.c La Pampa Provincia de y otro s/ Daños y Perjuicios», fallo del 6-03-07.

7º) En atención al resultado al que se arriba debe confirmarse la imposición del 80% a cargo de la demandada y 20% a cargo de la actora (artículo 68 C.P.C.C.N. y art. 155 de la ley 18.345; distribuyéndose en igual forma las costas de esta instancia. Así voto.

El Dr. Toledo adhirió a los fundamentos y conclusiones del voto de la Dra. Vidal.

Atento el resultado del Acuerdo que antecede, SE RESUELVE:

I) Confirmar la sentencia n° 441/11 obrante a fs. 112/114vta., en lo que ha sido materia de agravios en los términos y por los fundamentos expresados por la mayoría en los presentes. II) Imponer las costas de esta instancia en un 80% a cargo de la demandada y en un 20% a cargo de la actora (art. 68 CPCCN y art. 155 ley 18.345). III) Regular los honorarios profesionales de los letrados actuantes ante la Alzada, en el 25% de lo que se regule en primera instancia. Insértese, hágase saber, comuníquese en la for y oportunamente, devuélvase los autos al Juzgado de origen. (expte. n° FRO 93007524-2012).-

Edgardo Bello

José G. Toledo

Elida Vidal (Jueces de Cámara)

Nora Montesinos (Secretaria de Cámara)

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