Al no solicitarse la remoción del administrador no se puede pretender la designación de un interventor judicial para una sociedad anónima

shutterstock_92105732Partes: Mihanovich Fernando Segundo y otro c/ Bracorp S.A. s/ medida precautoria, incidente del art. 250 del Código Procesal

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial

Sala/Juzgado: B

Fecha: 11-mar-2013

Cita: MJ-JU-M-79014-AR | MJJ79014 | MJJ79014

Rechazo de la pretensión cautelar por medio de la cual se solicita la designación de un interventor judicial para una sociedad anónima al no cumplirse con un recaudo que específicamente exige la ley para su procedencia, esto es, la promoción de la acción de remoción de los administradores.

Sumario:

1.-La intervención judicial como medida precautoria está destinada a proteger el interés de la sociedad y de sus socios, en el período previo a la concreción de la remoción de los administradores.

2.-Se trata, la intervención judicial, de una medida accesoria que requiere como recaudo previo para su procedencia -entre otros-, que se haya promovido la acción destinada a obtener la remoción del órgano de administración de la sociedad (LSC 114 ).

3.-La cautela de intervención societaria se ordena al interés social objetivo; pues la aludida medida -en cualquiera de las formas previstas legalmente- es un instituto con características singulares, erigiéndose como excepción, a la cual puede recurrirse una vez agotadas todas las posibles instancias para conjurar el peligro potencial que provendría de acciones y omisiones, de todo lo cual se sigue el criterio restrictivo en la materia, porque la intervención no puede importar una injustificada intromisión o interferencia en los negocios de la sociedad.

4.-El criterio restrictivo en la intervención judicial está impuesto por la ley.

5.-Las específicas circunstancia de hecho que se verifican en los diferentes procesos con causa en el profundo conflicto que se ha suscitado en el seno de la sociedad demandada, imponen la necesidad de realizar un análisis particular de la cuestión, pues de lo contrario la solución desatendería la especial trama fáctica y jurídica que se ventila en estos litigios.

6.-El desconocimiento de los actuales directores y la alegación de un virtual estado de acefalía en el órgano de administración de la sociedad, y las argumentaciones de ésta, en el sentido de que la dirección y representación de la misma no aparecería en principio afectada por las circunstancias anteriormente descriptas, funcionando plena y válidamente el directorio de la firma, imponen el dictado de una decisión que atienda y procure evitar mayores daños a la sociedad ante el particular y pertinaz conflicto societario que la aqueja.

7.-En el régimen contemporáneo, la intervención es una medida cautelar ordenada en relación con las acciones de muy distintos tipos, y no sólo como medida protectiva dispuesta en tanto se tramita una acción de remoción y en ese contexto no tiene sentido exigir siempre la interposición de la acción de remoción, pues esta exigencia queda absorbida por la genérica de toda medida cautelar, consistente en la interposición de una acción principal, en relación con la cual fuere necesaria la medida cautelar solicitada.

8.-Resulta claro que el escenario precedentemente descripto -donde se ha llegado a declamar, como se dijo, el virtual estado de acefalía del directorio-, la intervención de un funcionario judicial brindará mejor resguardo de los intereses sociales y mayor claridad en punto al manejo regular de la sociedad y lo ocurrido en su seno. Por lo demás, también será garantía para ambos grupos contendientes en punto al manejo del patrimonio social, pues la inclusión en la administración de un profesional independiente evitará eventuales desequilibrios respecto de los derechos de las partes recíprocamente invocados. N.R.: Sumarios elaborados por Ricardo A. Nissen.

Fallo:

Buenos Aires, 11 de marzo de 2013.

Y VISTOS:

1. Apelaron los actores la resolución de fs. 241/7. Sostuvieron su recurso con la memoria de fs. 256/65.

2. Los peticionarios solicitaron se decrete la intervención judicial de Bracorp S.A. «.con expreso desplazamiento de las personas que actualmente detentan la administración y conducción de los negocios de la sociedad».

3. El juez a quo desestimó la pretensión. Para ello consideró que la petición cautelar no puede ser conciliada con las llamadas medidas autosatisfactivas, «.porque tal auxiliar no podría imponerse definitivamente». Indicó además que no fue promovida la acción de remoción exigida como recaudo de admisión (LSC 114). Agregó que no se verifica la existencia de un concreto perjuicio ni que se hubieran agotado las vías societarias.

4. Esta Sala tiene dicho que la intervención judicial como medida precautoria está destinada a proteger el interés de la sociedad y de sus socios, en el período previo a la concreción de la remoción de los administradores (CNCom., esta Sala, in re «Lareo Pedreira, Claudino y otro c/ Justo 1130 S.A. y otro s/ medida precautoria», del 12.3.99).

Se trata por lo tanto de una medida accesoria que requiere como recaudo previo para su procedencia -entre otros-, que se haya promovido la acción destinada a obtener la remoción del órgano de administración de la sociedad (LSC 114).

La cautela de intervención societaria se ordena al interés social objetivo; pues la aludida medida -en cualquiera de las formas previstas legalmente- es un instituto con características singulares, erigiéndose como excepción, a la cual puede recurrirse una vez agotadas todas las posibles instancias para conjurar el peligro potencial que provendría de acciones y omisiones.

Síguese de lo anterior, el criterio restrictivo en la materia, porque la intervención no puede importar una injustificada intromisión o interferencia en los negocios de la sociedad (CNCom., esta Sala, in re «González, Carlos Alberto y o. c/ Propulsora Industrial San Luis S.A. y o.s/ medidas cautelares», del 17.2.99, y antecedentes allí citados).

Y tal criterio restrictivo está impuesto por la ley.

En ese contexto un análisis preliminar de la causa conduciría al rechazó de la pretensión cautelar, con el simple argumento de de no haberse cumplido con un recaudo que específicamente exige la ley para su procedencia (promoción de la acción de remoción de los administradores).

Sin embargo, las específicas circunstancia de hecho que se verifican en los diferentes procesos con causa en el profundo conflicto que se ha suscitado en el seno de Bracorp S.A., imponen la necesidad de realizar un análisis particular de la cuestión, pues de lo contrario la solución desatendería la especial trama fáctica y jurídica que se ventila en estos litigios.

Véase en ese sentido que los accionantes han referido que no se encuentran obligados a promover la acción de remoción que la LSC 114 prevé como requisito para la procedencia de la intervención judicial, «.pues dichos directores «de facto» han sido ya removidos, mediante una decisión plenamente válida, adoptada en el seno de una asamblea que sesionó en forma legal y adoptó sus acuerdos por unanimidad y que goza de todos los efectos previstos por el artículo 233 de la ley 19550″.

Y que, siguiendo el razonamiento de los accionantes, el órgano de dirección y representación de la sociedad se encontraría en en virtual estado de «acefalía».

Por el contrario, si se analizan las argumentaciones de la parte contraria -expresadas en los diferentes procesos que en grado de apelación se encuentran a estudio del Tribunal-, la dirección y representación de la sociedad demandada no aparecería en principio afectada por las circunstancias anteriormente descriptas, funcionando plena y válidamente el directorio de la firma.

Ante esta situación, y sin negar lo dicho en anteriores oportunidades en relación a la intervención judicial de sociedades, las específicas circunstancias que se verifican en la especie, imponen el dictado de una decisiónque atienda y procure evitar mayores daños a la sociedad ante el particular y pertinaz conflicito societario que la aqueja.

Máxime si se tiene en cuenta que sobre el particular se ha dicho que en el régimen contemporáneo, la intervención es una medida cautelar ordenada en relación con las acciones de muy distintos tipos, y no sólo como medida protectiva dispuesta en tanto se tramita una acción de remoción. En ese contexto no tiene sentido exigir siempre la interposición de la acción de remoción. Esta exigencia queda absorbida por la genérica de toda medida cautelar, consistente en la interposición de una acción principal, en relación con la cual fuere necesaria la medida cautelar solicitada (Cabanellas de las Cuevas Guillermo, «Derecho Societario», Tomo VIII, Ed. Helliasta, pág. 358).

Y en el sub lite, las diferentes acciones de fondo entabladas por los aquí actores, tornan procedente el pedido de intervención judicial. Nótese al respecto que siguiendo el razonamiento de los accionantes, obviamente de manera conjetural y meramente hipotética, bien podría llegar a darse el supuesto fáctico que sustenta su pedido de intervención.

Resulta claro que el escenario precedentemente descripto -donde se ha llegado a declamar, como se dijo, el virtual estado de acefalía del directorio-, la intervención de un funcionario judicial brindará mejor resguardo de los intereses sociales y mayor claridad en punto al manejo regular de la sociedad y lo ocurrido en su seno.

Por lo demás, también será garantía para ambos «grupos» contendientes en punto al manejo del patrimonio social, pues la inclusión en la administración de un profesional independiente evitará eventuales desequilibrios respecto de los derechos de las partes recíprocamente invocados.

En razón de lo expuesto, , se decretará la intervención de BRACORP S.A.

El interventor será coadministrador de la sociedad.Llevará a cabo su función por el plazo de tres meses, en cuyo curso deberá:

( a ) Integrar con su firma, los actos de administración de la sociedad, como recaudo necesario para que el directorio pueda tomar decisiones válidas, tanto en lo interno como en la gestión de los negocios de la empresa, como para representar a la misma en todos los ámbitos, tanto judiciales, administrativos como extrajudiciales.

En definitiva, el concurso del coadministrador será condición necesaria e imprescindible para todo acto de administración.

( b ) En tal línea, deberá informar a los Bancos en los que la sociedad posee cuenta, que para librar válidamente cualquier cheque o realizar operaciones de crédito, la sociedad deberá contar con la firma del coadministrador judicial.

( c ) Informar acerca de la marcha del giro social, así como la corrección de los registros y estados contables de la sociedad.

( d ) Dentro del punto anterior, informará sobre el estado de situación patrimonial de la empresa, su estado financiero y los principales problemas que a su entender puedan perjudicar el resultado económico del giro comercial.

Se encomendará al juez a quo la designación del auxiliar que cumplirá funciones en la co-administración que aquí se dispone.

Se fija en $ 400.000 (pesos cuatrocientos mil) la contracautela que previamente deberá ser prestada por las accionantes.

5. Se admite el recurso de apelación interpuesto y se revoca la decisión apelada. Sin costas atento la ausencia de contradictorio. Devuélvase, encomendándose al Sr. Juez a quo las notificaciones pertinentes y diligencias ulteriores. La Sra. Juez de Cámara Dra. Ana I. Piaggi no suscribe la presente por encontrarse excusada respecto del Dr. Ricardo Augusto Nissen, habiéndose integrado la Sala con el Dr. Juan José Dieuzeide quien tampoco suscribe la presente por estar excusado por el Dr. Ricardo Augusto Nissen a fs. 273 (art. 109 del R.J.N.).

MARÍA L. GÓMEZ

ALONSO DE DÍAZ CORDERO

MATILDE E. BALLERINI

Deja un comentario

A %d blogueros les gusta esto: