Conducir en estado de ebriedad el vehículo de la empleadora provoca la ruptura contractual sin necesidad de la imposición legal de la forma escrita para comunicar el distracto.

shutterstock_58740151Partes: P. R.W. c/ El Piave S.A s/ Recurso de inconstitucionalidad interpuesto en Expte. Nº A-39918/09 (Sala IV Tribunal del Trabajo) Indemnización por despido y otros rubros

Tribunal: Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Jujuy

Fecha: 15-abr-2013

Cita: MJ-JU-M-79593-AR | MJJ79593 | MJJ79593

La posición de despido indirecto en que se colocó el actor no puede fundarse en su falta de conocimiento en tiempo y forma sobre la decisión de su empleadora de prescindir de sus servicios, porque la infracción cometida -conducir en estado de ebriedad el vehículo de la empleadora- había ya provocado la ruptura contractual.

Sumario:

1.-Se ajustó a derecho el despido decidido por la empleadora, en tanto surge acreditada la falta grave cometida por el trabajador, al haber sido éste detenido por Gendarmería Nacional mientras conducía en estado de ebriedad un camión con acoplado de propiedad de la empleadora.

2.-Si bien la imposición legal de la forma escrita para comunicar un distracto hace a la validez del acto para la extinción por justa causa, por lo que tal requisito convierte a dicha regla en una forma ad solemnitatem , en este particular caso la forma de poner en conocimiento el despido al empleado no requería de la solemnidad necesaria e ineludible para otros supuestos, atento la gravedad de la falta cometida por el agente, es decir, conducir en estado de ebriedad mientras desempeñaba sus labores, siendo esa su principal tarea como empleado de la empresa de transporte.

3.-El rechazo de la demanda resulta ajustado a derecho, aun cuando lleva razón la quejosa al achacar al Tribunal de grado no haber tratado su planteo de falta de notificación del despido, pues por un lado el domicilio estaba correctamente expresado y es donde vive el actor; y por el otro, no puede desconocer la actora que haberse colocado en posición de despido indirecto no se compadece con la buena fe y colaboración que debe presidir las relaciones entre patrono y obrero, como con el principio de conservación del empleo.

4.-Aún cuando que no quedó acreditado que el actor hubiera recibido las cartas documentos por las cuales el patrono prescindía de sus servicios con justa causa de despido, la intimación de aquél sobre asignación de tareas y para que clarifique su situación laboral, no puede perjudicar aún más a la empleadora, en razón de que la gravedad de la falta cometida justifica plenamente la ruptura del contrato que vinculaba a las partes, y no puede ser ignorada por el empleado pretendiendo colocarse en una posición de ventaja cuando fue él quien se desenvolvió con reprochable accionar.

5.-El trabajador, con su actitud de intentar darse por despedido, no se hace cargo del grave accionar que significa conducir en estado de ebriedad, siendo esa su tarea principal como chofer de la empresa transportista, esto es, porque su conducta atenta en contra de la ya mencionada preservación del empleo y además demuestra una enorme falta de responsabilidad que se proyecta no sólo hacia la patronal que confió en su dependiente al otorgarle dicha tarea, sino que tiene incidencia colectiva por el riesgo que implica conducir en estado de ebriedad, generando la posibilidad de la ocurrencia de accidentes de tránsito, entre otros de distinta índole, situación que lleva inexorablemente a la ruptura del vínculo laboral en atención a la injuria incurrida por el trabajador.

Fallo:

En la Ciudad de San Salvador de Jujuy, Provincia de Jujuy, República Argentina, a los quince días del mes de abril del año dos mil trece, los señores jueces del Superior Tribunal de Justicia, doctores Clara D. L. de Falcone, José Manuel del Campo, María Silvia Bernal, Sergio Marcelo Jenefes y Sergio Ricardo González, bajo la presidencia de la nombrada en primer término, vieron el Expte. Nº 8931/12, caratulado: “Recurso de inconstitucionalidad interpuesto en Expte. Nº A-39918/09 (Sala IV Tribunal del Trabajo) Indemnización por despido y otros rubros: P., R. W. c/ El Piave S.A.”, del cual,

La Dra. de Falcone, dijo:

La demanda laboral de indemnización por despido indirecto y otros rubros que promovió R.W.P. en contra de la empresa ex empleadora, El Piave S.A., fue rechazada por el Tribunal de grado con fundamento en que se trató de un despido con justa causa.

En lo esencial se tuvo en cuenta que quedó debidamente comprobada la causa invocada por la empleadora para la sanción expulsiva del actor, es decir, la falta grave por haber sido éste detenido por Gendarmería Nacional en la provincia de Tucumán, mientras conducía en estado de ebriedad un camión con acoplado de propiedad de la empleadora, reteniéndose el automotor y siendo necesario enviar un responsable para retirar y conducir el vehículo.

Disconforme, el procurador Víctor Roberto Márquez con el patrocinio letrado del Dr. Federico Francisco Otaola, en representación de R. W. P., interpuso recurso de inconstitucionalidad por arbitrariedad a fojas 6/10.

Relata los antecedentes de la causa y expresa que la sentencia contiene fundamento aparente.

Al respecto expone que constituye una afirmación dogmática del fallo que el estado de ebriedad del actor, mientras cumplía sus funciones de chofer, implica haber incumplido el deber de buena fe, de conducta y correcto desempeño.Sostiene que se parte de la errónea interpretación de considerar que lo que se discute es la gravedad del hecho generador del despido directo, cuando dicho despido no llegó a configurarse porque no se concretó su notificación en tiempo y forma como exige la ley laboral.

Finca su segundo agravio justamente en que el Tribunal de grado prescindió de prueba decisiva para la resolución del pleito, a saber: el reconocimiento de ambas partes sobre que P. no recibió las cartas documentos por las cuales se lo despedía con justa causa, como el informe de Correo Argentino agregado a la causa y que ni siquiera, afirma, fue mencionado en la sentencia.

Explica cómo se sucedieron cronológicamente los hechos, la respuesta de la empleadora respecto de la falta de recepción de las misivas remitidas y no entregadas al actor.

Como tercer agravio, se queja porque aduce que existe apartamiento del texto legal y jurisprudencia aplicables al caso. Expone su parecer sobre cómo deben interpretarse las exigencias del artículo 243 de la ley de contrato de trabajo, respecto del despido indirecto, citando jurisprudencia y doctrina; a ello remito en honor a la brevedad.

Concluye expresando que “el tribunal debía decidir una cuestión de puro derecho, y para ello se encontraba disponible documentación suficiente, agregada en el expediente. No hacía falta demostrar ningún otro hecho que no sea los que surgieron de la instrumental agregada por las partes (…). Y ello porque el Sr. Palavecino en su propio escrito de demanda reconocía que el incidente con Gendarmería existió. Lo que no existió fue el despido directo” (sic). Invoca los derechos comprometidos y formula reserva del caso federal.

Conferido traslado concurrió el Dr.Raúl Humberto Torrejón a fojas 24/26, en representación de El Piave S.A.; solicita el rechazo con costas.

El Ministerio Público Fiscal dictaminó a fojas 36/39, opinando también en forma negativa a la procedencia del remedio extraordinario propuesto por la parte actora.

Firme el llamado de autos, la causa quedó para resolver.

En tal sentido, y con ello anticipo mi voto, propongo el rechazo del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el procurador Víctor Roberto Márquez con el patrocinio letrado del Dr. Federico Otaola, en representación de R.W.P.

En efecto, de la lectura de la sentencia puesta en crisis y de las constancias de la causa es posible advertir que el decisorio contiene una adecuada valoración de la prueba y una correcta aplicación del derecho, de modo que constituye un acto jurisdiccional válido porque carece de la arbitrariedad que le atribuye la parte actora.

Esto es así, sin perjuicio de las aclaraciones que más adelante formularé.

Como tantas veces ha expresado este Superior Tribunal de Justicia, en concordancia con la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en principio y salvo absurdo manifiesto, la revisión de la valoración de la prueba destinada a fijar los hechos de la causa, es materia extraña a este extraordinario remedio y se encuentra reservada a los jueces de la causa, quienes resultan soberanos para ello y a cuyas conclusiones debe estarse (L.A. 43 Fº 1199/1201 Nº 446, L.A. 40 Fº 830/833 Nº 291, L.A. 40 Fº 386/388 Nº 142, L.A. Nº 40 Fº 601 Nº 212, L.A.39 Fº 824/834 Nº 329).

Las razones que la parte aquí recurrente invoca para la revocación del decisorio que censura, llevan a la revisión de cuestiones vinculadas a la consideración de los hechos y de la prueba realizada por el tribunal de grado, que, como se dijo, es materia vedada a este Superior Tribunal en virtud de tratarse de un juicio llevado a cabo mediante el procedimiento oral y, por ello, caracterizado por el principio de inmediación.

Esta regla sólo cede en caso que la ponderación efectuada fuera absurda o arbitraria, y no es precisamente lo que surge del decisorio traído al debate.

Además la recurrente se queja porque no se consideró la pretensión contenida en la demanda. Sobre esta cuestión que destaco, es que estimo pertinente explayarme.

Efectivamente, advierto que en el caso especial de autos en que se demandó por despido indirecto, bien destaca la recurrente que ello no fue considerado por el Tribunal sentenciante. Sin embargo y respecto del despido con justa causa esgrimido por la demandada, también es posible anticipar que ello quedó justificado con la documental agregada a la causa, con el grado de certeza necesario y requerido por las normas legales aplicables, pero en la sentencia debió haberse brindado razones de por qué el obrero aún cuando no haya sido notificado formalmente de dicho despido, la decisión del patrono de romper el vínculo laboral quedó configurada a raíz de la injuria en que incurriera el actor.

Dejé expresado en el precedente “Campos”, (L.A.Nº 54, Fº 1369/1383, Nº 385), que el material probatorio ha de ser apreciado en su conjunto mediante la concordancia o discordancia que ofrezcan los diversos elementos de convicción arrimados a los autos, única manera de crear la certeza moral necesaria para dictar el pronunciamiento definitivo (Conforme citan Jorge Peyrano y Julio Chiapini “Apreciación conjunta de la prueba…”).

Para arribar a la conclusión del decisorio puesto en crisis, es importante la secuencia de cómo sucedieron los hechos en forma cronológica, de modo que pueda concatenárselos formando una plataforma fáctica y probatoria, que demuestre la imposibilidad de la condena que aspira y pide la actora, y con la que insiste ahora en esta instancia.

Así, surge de la causa principal que el de día 8 de marzo de 2.008 P. o luego de sucedido el hecho de ser detenido en la provincia de Tucumán por haberle dado positivo el control de alcoholemia, envió carta documento el 26 de marzo del mismo año a El Piave S.A., su empleadora, solicitando se le asignaran funciones y se aclarara su situación laboral (documental agregada a fojas 3), concediéndole un plazo de dos días para que se le respondiera, bajo apercibimiento de considerase despedido por culpa exclusiva de la empleadora, lo cual hizo efectivo el 22 de abril según la misiva agregada a fojas 4 de la causa principal, ante la falta de respuesta de aquella.

No encuentro justificada la queja del recurrente porque el rechazo de la demanda resulta ajustado a derecho, y ello es así aun cuando lleva razón la quejosa al achacar al Tribunal de grado no haber tratado su planteo de falta de notificación del despido.

En efecto, se desprende del contenido de la sentencia que los juzgadores sólo valoraron, en forma exclusiva y definitiva, que se trató de un despido con justa causa.

El Tribunal de grado no efectuó mérito sobre la diferencia entre los dos despidos, y las razones de la improcedencia por inexistencia del contenido de la pretensión del demandante, es decir el despido indirecto.

Esafalta de pronunciamiento en el punto motivó la interposición del recurso que tratamos, obligando a la suscripta a argumentar sobre aquello que omitió valorar el a-quo, aunque ello no alcance para modificar lo decidido. Tal modo de fundamentar el fallo resulta reprochable, pero la arbitrariedad que pudiera atribuirse no alcanza, sin embargo, repito, para arribar a una conclusión diferente.

Conforme a ello, estimo deber de la suscripta tratar el planteo de la actora al demandar, es decir, si verdaderamente como pretendió la accionante, existió despido indirecto.

En el caso de autos sucedió que los telegramas que cursó la empleadora no llegaron a la esfera de conocimiento del actor, por causa no imputables a éste de acuerdo al informe del Correo Argentino, agregado a fojas 221, que textualmente expresa “se lleva a vuestro conocimiento (el del Tribunal) que en el Barrio del Milagro de San Pedro de Jujuy en el mes y año que indica no se realizó distribución de correspondencia, dado que los domicilios no estaban bien identificados con sus respectivas manzanas y lotes…”.

En primer lugar debo decir que de esas mismas actuaciones surge que el domicilio estaba correctamente expresado y es donde vive el actor, y prueba irrefutable es la carta documento enviada por el propio Palavecino para darse por despedido (fojas 2, 3 y 4).

En segundo lug ar, no puede desconocer la actora que haberse colocado en posición de despido indirecto no se compadece con la buena fe y colaboración que debe presidir las relaciones entre patrono y obrero, como con el principio de conservación del empleo.

En ese sentido, si existió dejación a esa regla fue precisamente por parte de P.quien con su actitud no se hace cargo de tan grave accionar, conducir en estado de ebriedad, siendo esa su tarea principal como chofer de la empresa transportista, esto es, porque su conducta atenta en contra de la ya mencionada preservación del empleo y además demuestra una enorme falta de responsabilidad que se proyecta no sólo hacia la patronal que confió en su dependiente al otorgarle dicha tarea, sino que tiene incidencia colectiva por el riesgo que implica conducir en estado de ebriedad, generando la posibilidad de la ocurrencia de accidentes de tránsito, entre otros de distinta índole, situación que lleva inexorablemente a la ruptura del vínculo laboral en atención a la injuria incurrida por el trabajador.

En suma, aún cuando que no quedó acreditado que el actor hubiera recibido las cartas documentos por las cuales el patrono prescindía de sus servicios con justa causa de despido, la intimación de aquel sobre asignación de tareas y para que clarifique su situación laboral, no puede perjudicar aún más a la empleadora en razón de que la gravedad de la falta cometida justifica plenamente la ruptura del contrato que vinculaba a las partes, y no puede ser ignorada por el empleado pretendiendo colocarse en una posición de ventaja cuando fue él quien se desenvolvió con reprochable accionar.

Es que como he expresado antes, no constituye un hecho controvertido, porque ambas partes están de acuerdo, que el 8 de marzo de 2.008 mientras se encontraba manejando el camión que tenía bajo su custodia, en cercanías a la ciudad de Tucumán (Molle Yaco), el actor fue detenido por Gendarmería Nacional por conducir en estado ebriedad, frente a lo cual la empresa debió enviar un responsable para que retirara el camión con remolque, efectuando el trámite en la misma fecha conforme consta a fojas 91.

Entonces, reitero, la posición de despido indirecto en que se colocó el actor, no puede fundarse en la falta de conocimiento de P.en tiempo y forma sobre la decisión de su empleadora de prescindir de sus servicios, porque la infracción cometida había ya provocado la ruptura contractual.

En ese sentido es verdad que la jurisprudencia de los tribunales laborales ha sentado como regla que la imposición legal de la forma escrita para comunicar un distracto, hace a la validez del acto para la extinción por justa causa, por lo que tal requisito convierte a dicha regla en una forma “ad solemnitatem”, conforme el artículo 243 de la Ley de Contrato (“Bustillo Carlos A. c/ Emece Editores y otros s/ Despido”, CNTrab. Sala II).

Sin embargo, en este particular caso la forma de poner en conocimiento el despido al empleado, no requería de la solemnidad necesaria e ineludible para otros supuestos, atento la gravedad de la falta cometida por el agente, es decir, conducir en estado de ebriedad mientras desempeñaba sus labores, siendo esa su principal tarea como empleado de la empresa de transporte, falta sobrada y debidamente comprobada en la causa, además de haber sido expresamente reconocida por la propia parte actora.

Es que la solemnidad para llevar a conocimiento del trabajador la decisión del despido, como todas las formas tiene que tener un sentido para no caer en excesos de rigor que le quitan su valor.Tal lo sucedido en autos, y por ello es que es posible concluir en que no ha existido razón que justifique la posición de despido indirecto en la que pretendió colocarse o ampararse el actor.

En ese orden se ha decidido, en posición que claramente comparto para el supuesto traído al debate, que el requisito de comunicación escrita de las causas de despido no tiene carácter “ad solemnitatem”, cuando por las circunstancias que rodean al hecho, el dependiente no puede razonada y justificadamente ignorar los motivos del distracto, y por tanto la omisión de las formas no implica negar la inexistencia del acto rescisorio (CNTrab., septiembre de 1990, S, 15.412, citado en Ley de Contrato de Trabajo, Manuales de Jurisprudencia de La Ley).

Finalmente estimo necesario una última reflexión.

Ha quedado plasmado en el presente que el Tribunal de grado omitió el deber de fundar adecuadamente la sentencia, que es como está previsto en el Código de rito y constituye además un deber y derecho constitucional (artículos 29 y 75 inciso 22 de la Constitución Provincial y Nacional, respectivamente).

Ya nuestro codificador en nota al artículo 45 del Código Procesal Civil y Comercial -de aplicación supletoria, ya que el artículo 93 del rito laboral sólo refiere a la “forma de la sentencia”- y anticipándose a lo que quedaría plasmado tiempo después, expresa con meridiana claridad que la motivación “es indudablemente la parte medular de cada sentencia y constituye hasta una obligación de orden constitucional” (Guillermo Snopek con cita de Cabal y Atienza, y S.de La Colina, en Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Jujuy, Tomo I, páginas 98/99, Ediciones Noroeste Argentino – 2000).

De tal modo estimo necesario exhortar a los señores magistrados de la Sala IV del Tribunal del Trabajo, den estricto cumplimiento a las normas antes mencionadas, fundamentando las sentencias con decisiones expresas y precisas, total o parcialmente positivas o negativas sobre la acción o acciones deducidas y sobre las excepciones opuestas (artículo 45 del C.P.C.), para brindar así acabada materialización al derecho constitucional de toda persona a obtener una sentencia justa y debidamente fundada, en un tiempo razonable.

En consecuencia y por todo lo hasta aquí expuesto corresponde no hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la parte actora, y confirmar la sentencia pronunciada el 23 de abril de dos mil doce por la Sala IV del Tribunal del Trabajo. Las costas de la presente instancia se imponen a la recurrente vencida, y se regulan los honorarios profesionales conforme artículos 4, 6, 11 y concordantes de la ley Nº 1687, es decir, en las sumas de pesos ($.) para el Dr. Humberto Raúl Torrejón, pesos ($.) y pesos y uno ($.), para Víctor Roberto Márquez y Federico Otaola, respectivamente, con más el interés a la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina; deberá adicionarse el impuesto al valor agregado (I.V.A.), en caso de corresponder.

Los Dres. del Campo, Bernal, Jenefes y González adhieren al voto que antecede.

Por ello, el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Jujuy, Resuelve:

1º) Rechazar el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el procurador Víctor Roberto Márquez con el patrocinio letrado del Dr. Federico Otaola, en representación de R.W.P.

2º) Imponer las costas de la presente instancia a la recurrente vencida, y regular los honorarios profesionales en las sumas de pesos ($.) para el Dr. Humberto Raúl Torrejón, pesos ($.) y pesos ($.), para Víctor Roberto Márquez y Federico Otaola, respectivamente, con más el interés a la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina; deberá adicionarse el impuesto al valor agregado (I.V.A.), en caso de corresponder.

3º) Registrar, agregar copia en autos y notificar por cédula.

Firmado: Dra. Clara Aurora De Langhe de Falcone; Dr. José Manuel del Campo; Dra. María Silvia Bernal; Dr. Sergio Marcelo Jenefes; Dr. Sergio Ricardo González.

Ante mí: Dra. Constanza María López Iriarte – Secretaria Relatora.

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