Resultó desproporcionado el despido del chofer de ómnibus por haber conducido con un auricular en una oreja

shutterstock_111374048Partes: Veneces Peralta, Guillermo Federico c/ Autotransporte El Trapiche S.R.L. s/

Tribunal: Cámara del Trabajo de Mendoza

Fecha: 17-abr-2013

Cita: MJ-JU-M-78481-AR | MJJ78481 | MJJ78481

Resultó desproporcionado el despido del chofer de ómnibus por haber conducido con un auricular en una oreja.

Sumario:

1.-No se ajustó a derecho el despido decidido por la empleadora, pues el manejo de un ómnibus por parte de un chofer profesional haciendo uso de un auricular en un oído constituye una falta, más no una falta de gravedad que impida proseguir el vínculo laboral, siendo desproporcionada la consecuencia atribuida por el empleador.

2.-En el caso es el componente cuantitativo el que trae mayor claridad respecto al juzgamiento de la injuria, pues se trata en el caso de un trabajador que pese a los diversos y múltiples partes de inspector , que acompaña y acredita el empleador, durante sus once años de antigüedad no sufrió suspensiones por faltas graves, y en todo caso el último de los partes de inspector se correspondía a una falta anterior con más de dos años de antigüedad a la fecha del despido.

3.-La multiplicidad de partes de inspector , con sanciones como apercibimiento, de ninguna manera puede aparejar una suerte de aritmética que confluya en el despido del trabajador, ya que las sanciones disciplinarias constituyen uno de los elementos que pasan a formar parte del análisis de la injuria, pero no es único ni excluyente.

Fallo:

En la Ciudad de Mendoza a los diecisiete días del mes de abril de dos mil trece se hace presente en Sala Unipersonal del Tribunal el Señor Conjuez de la Excma. Cámara Cuarta del Trabajo – Dr. LEANDRO FRETES VINDEL ESPECHE, con el objeto de dictar sentencia definitiva en los autos Nº23.445, caratulados “VENECES PERALTA, GUILLERMO FEDERICO c/AUTOTRANSPORTE EL TRAPICHE SRL”, de los que

RESULTA:

Que a fs. 15/20 comparece el Sr. GUILLERMO VENECES PERALTA, por intermedio de apoderado, promueve demanda por despido contra de AUTOTRANSPORTE EL TRAPICHE SRL por el cobro de $87.067,05 o lo que resulte de la prueba a rendirse, con más intereses y costas.

Relata que ingresó a trabajar para la demandada el día 1/3/1999, desempeñando funciones de chofer profesional, encuadrado en el CCT 62/89. Que se desempeñó con dedicación y contracción a sus actividades. Que de parte de su empleador la relación se desarrolló en forma irregular.

Que en fecha del 19/05/2010 recibió carta documento CD122036645, la cual transcribe, por la cual el empleador lo despidió imputándole la falta de conducir haciendo uso de un auricular.

Refiere que en fecha del 21/05/2010 envió telegrama laboral CD103370569 por el cual, con los argumentos que transcribe, rechazó el despido dispuesto por el empleador, emplazando a que el empleador revea la sanción bajo apercibimiento de considerarse despedido.

Que el empleador, en fecha del 27/5/2010, le envió carta documento CD957928132 por la cual ratificó el despido dispuesto. Y que a ella contestó por telegrama laboral CD103367128, rechazando y solicitando el pago de las indemnizaciones de ley.

Que en fecha del 23/06/2010 la Subsecretaría de Trabajo y Seguridad Social de Mendoza emitió dictamen favorable respecto al otorgamiento del subsidio por fondo de desempleo.

Funda en derecho. Cita doctrina. Fundamenta el reclamo de los distintos rubros. Practica liquidación. Cita jurisprudencia. Ofrece pruebas. Peticiona la condena con costas.

A fs. 22 se corre el traslado de la demanda.

A fs.59/62 comparece AUTOTRANSPORTES EL TRAPICHE SRL, por intermedio de apoderado, contesta demanda solicitando el rechazo de la misma, con costas.

Efectúa una negativa general y particular de los hechos expuesto por el actor.

Reconoce la relación laboral, las funciones denunciadas por el actor. Expresa que ingresó el 01/03/1999 y laboró hasta el 19/5/2010 que es cuando le comunica el despido alegando justa causa.

Manifiesta que los hechos ocurrieron en forma distinta a lo que refiere el actor. Expresa que el día 18/5/2010 el actor se encontraba cumpliendo funciones como chofer profesional conduciendo el ómnibus cuando siendo aproximadamente las 6,07 hs es abordada la unidad por el inspector Sr. Gonzalo Mirasol quien detecta que el chofer venía haciendo uso del auricular mientras conducía, que por ello el inspector le confecciona un parte nro. 15.322, e informa de tal situación a la empresa.

Que por ello la empresa en fecha del 19/5/2010 remite al actor CD 122036645 AR por la cual le comunica el despido. Que la causal de despido invocada por su representada en la misiva es clara, precisa y contundente, que despeja de toda duda en cuanto a la injuria. Que el parte del inspector fue debidamente suscripto y puesto en conocimiento del trabajador. Que el actor no puede desconocer la gravedad de la injuria laboral cometida.

Cita jurisprudencia. Manifiesta que ha habido un actuar negligente e imprudente del actor que pone en riesgo cierto e inminente a pasajeros transportados y no transportados con su accionar, conduciendo y haciendo uso de un auricular.

Que el actor ha obrado en forma totalmente antijurídica, pues las normas y reglamentos de tránsito tipifican por el art. 85 ap. 2.h de la ley 6082 como falta grave el uso de auriculares, en concordancia con el art. 95 del dcto. 867/94 reglamentario de la ley 6082, la cual a su vez por su art. 184 inc.c), i), establece las obligaciones específicas para mantener una conducción segura.

Cita el precedente “Ojeda Nestor c/Autotransportes El Trapiche SRL p/despido” de esta Cámara.

Manifiesta que además de la injuria se ponderó los antecedentes laborales desfavorables del actor, a los cuales transcribe. Manifiesta que todo ello debe ser valorado y apreciado por el Tribunal a la luz del art. 242 LCT.

Impugna liquidación. Ofrece prueba. Funda en derecho. Peticiona el rechazo de la pretensión con costas.

A fs. 47/48 el actor contesta el traslado del art. 47 CPL.

A fs. 50/51 se admiten las pruebas ofrecidas y se ordena su producción

A fs. 87/88/89 se toma cuerpo de escritura del Sr. Veneces Peralta, Guillermo.

A fs. 94vta/98 obra la pericial caligráfica.

A fs. 113/117 obra oficio informado por SIPEMON.

A fs. 126/131 obra pericia contable.

A fs. 235 obra el acta que da cuenta de la realización de la audiencia de vista de causa, y se llaman autos para dictar sentencia.

Y CONSIDERANDO:

De conformidad con lo normado por el art. 69 del C.P.L. modificado por ley 6644, se procedió a plantear y resolver las siguientes cuestiones:

PRIMERA CUESTION: Relación Laboral. Competencia

SEGUNDA CUESTION: Rubros Reclamados.

TERCERA CUESTION: Costas.

A LA PRIMERA CUESTION EL DR. LEANDRO FRETES VINDEL ESPECHE DIJO:

Que en los obrados se ha acreditado la existencia de una relación laboral entre el Sr. GUILLERMO FEDERICO VENECES PERALTA y la empresa AUTOTRASPORTES EL TRAPICHE SRL, fecha de inicio, jornada y categoría profesional, ello ha sido reconocido en forma expresa y tácita por la demandada, no siendo objeto de controversia. Por ello, con base al mencionado reconocimiento de ambas partes, tengo por acreditado que entre dichas partes existió un contrato de trabajo, bajo la regulación de la ley 20.744 (LCT), lo que determina la competencia del Tribunal (art. 1.1.a CPL), constituido al efecto en Sala Unipersonal de acuerdo a lo establecido por el art.1.2.c del CPL.

ASI VOTO.

A LA SEGUNDA CUESTION EL DR. LEANDRO FRETES VINDEL ESPECHE DIJO:

Acreditada la existencia del vínculo laboral entre las partes, paso a analizar la procedencia de los rubros reclamados por la parte actora.

1. Indemnización por despido incausado: el actor reclama en su pretensión rubros indemnizatorios por despido (demanda, fs. 15/20). Funda la misma alegando que en fecha del 19/05/2010 recibió carta documento CD122036645, la cual transcribe, por la cual el empleador lo despidió imputándole la falta de conducir haciendo uso de un auricular.

Refiere, el trabajador, que en fecha del 21/05/2010 envió telegrama laboral CD103370569 por el cual, con los argumentos que transcribe, rechazó el despido dispuesto por el empleador, emplazando a que el empleador revea la sanción bajo apercibimiento de considerarse despedido. Sin embargo el empleador ratificó su despido por CD957928132.

Por su parte la accionada, al contestar demanda, controvierte los hechos expuestos por el accionante, y resiste la acción manifestando que el día 18/5/2010 el actor se encontraba cumpliendo funciones como chofer profesional conduciendo el ómnibus cuando siendo aproximadamente las 6,07 hs es abordada la unidad por el inspector Sr. Gonzalo Mirasol quien detecta que el chofer venía haciendo uso del auricular mientras conducía, que por ello el inspector le confecciona un parte nro. 15.322, e informa de tal situación a la empresa. Que por ello la empresa en fecha del 19/5/2010 remite al actor CD 122036645 AR por la cual le comunica el despido. Que la causal de despido invocada por su representada en la misiva es clara, precisa y contundente, que despeja de toda duda en cuanto a la injuria.

Cabe entonces, por la invariabilidad de la causal de despido (art. 243 Ley 20.744, LCT) hacer foco en la causa utilizada por el empleador a fin de extinguir el vínculo con el trabajador.

En este sentido dable notar que el texto utilizado por el empleador para el despido directo obra en la carta documento del 19/05/2010 (a fs.223) y expresa “Conforme surge del parte de inspector Nro. 15.322 de fecha 18 de mayo de 2010 que al cumplir su tarea de chofer profesional conduciendo la unidad de microomnibus a su cargo se encontraba haciendo uso del auricular, y considerando este hecho como falta grave y reñida con el cumplimiento de sus elementales obligaciones laborales al poner en riesgo a terceros transportados y no transportados, y en violación directa a la reglamentación de transito que prohíbe el uso de dichos dispositivos, es que en función de este hecho y en consideración a sus antecedentes laborales desfavorables en el cumplimiento en tiempo y forma de su débito laboral, es que consideramos su accionar como grave injuria laboral que no consiente la prosecución del vínculo. Quedando Ud. Despedido por su exclusiva culpa a partir del día de la fecha. Liquidación final y certificado de aportes y servicios a partir del 04 de junio de 2010” (Sic).

El texto es claro respecto de la causal invocada para disponer el despido directo, la misma se fundamenta en la conducción del microómnibus haciendo uso de un auricular. Lo demás configura las consecuencias jurídicas que el empleador atribuye al hecho cometido, como su valoración de los antecedentes del trabajador. Pues, debo ahora analizar si la demandada ha demostrado la plataforma fáctica en la cual sustenta su defensa.

Cabe partir de que el parte inspector nro. 15322 ha sido firmado por el trabajador, así lo determinó la pericia caligráfica a fs. 95/98, y no ha habido prueba de que el trabajador lo suscribiera con vicio a su voluntad.

En el análisis de las testimoniales brindadas en la causa, es relevante citar al testigo Gonzalo Mirasol, quien describió que “…alrededor de las 6.30 horas de la mañana se sube al colectivo y lo ve con el auricular puesto en la oreja izquierda…”. Dable recordar que el testigo Gonzalo Mirasol es el inspector que ha confeccionado el parte (fs. 202).

Respecto a los testigos de la parte actora, Sres.Rodolfo Ramírez, Ma ría Mian y Pablo Gallardo, si bien ningún testigo sufrió tacha a su declaración, los mismos no hacen a mi convicción pues dudosamente refieren con exactitud sobre hechos que difícilmente pueda una persona recordar, pues los hechos no tuvieron notoriedad, solamente se produjeron de una constatación por parte del inspector y una charla que mantuvo con el chofer para que éste se quitara el auricular, según refiere el propio Mirasol.

En cuanto a la tacha que formulara la parte actora sobre la testimonial del Sr. Walter Baciochi, debo decir que corresponde declararla abstracta, pues dicho testigo declaró sobre aspectos que no hacen a la controversia instaurada, esto es si el despido es o no justificado.

Respecto a la apreciación de la prueba, dable recordar que aunque no existe ningún lugar donde las reglas de la sana crítica se encuentren escritas, ellas se pueden derivar del razonamiento que, con un método científico, debe realizar el juez, con base en disposiciones legales, principios y un orden lógico en el tratamiento de las cuestiones (Falcón, Enrique M., Tratado de Derecho Procesal Laboral, Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2012, p. 818).

Aclarado lo anterior, debo decir que del análisis integral y armonioso de las pruebas instrumentales y testimoniales, apreciadas bajo la sana crítica racional, tengo por probado -en claro convencimiento- el hecho objetivo invocado por la empleador de que el día 18/05/2010 el inspector de la empresa Sr. Gonzalo Mirasol constató que el chofer Guillermo Federico Veneces Peralta, aproximadamente a las 6.30 hs, conducía haciendo uso de un auricular en el oído izquierdo.

Importa analizar aquí si los hechos acreditados constituyen una injuria que habilite el despido directo. Debo así recordar que el empleador, por estos hechos, procedió al despido directo aduciendo la consagración de una falta grave a las obligaciones laborales, violación de la reglamentación de tránsito, todo ello en consideración de los antecedentes laborales del trabajador (carta documento del 19/05/2010, fs.223)

La doctrina explica que la injuria constituye un incumplimiento contractual de tal gravedad que habilita la ruptura vincular, y puede ser valorada en base a un criterio cualitativo o cuantitativo. Al respecto, siguiendo a Pirolo, vemos que el criterio cualitativo implica una inobservancia que, independientemente de otros factores (como, por ejemplo, la antigüedad, antecedentes disciplinarios) por su gravedad, torna imposible o insostenible la prosecusión del vínculo laboral. Se atiende pues, únicamente, a la calidad de la falta incurrida por la contraparte (Pirolo, Miguel Ángel, Tratado jurisprudencial y doctrinario, Pirolo M. A. -dir-, Pavlov F. -coord.-, La Ley, Buenos Aires, 2010, tomo 1, p. 459).

En cambio, la valoración desde una óptica cuantitativa se refiere a la reiteración de incumplimientos contractuales pues, si bien cada uno de ellos -aisladamente valorados- no justificaría la resolución del contrato de trabajo, su cúmulo es el que determina la gravedad constitutiva de la “injuria”. Pues, cuando se trata de faltas imputables al trabajador, para que tal valoración sea factible, es necesario que los incumplimientos anteriores hayan sido oportunamente sancionados y, a su vez, exista uno último que actúe como desencadenante (Pirolo, Miguel Ángel, Tratado jurisprudencial y doctrinario, Pirolo M. A. -dir-, Pavlov F. -coord.-, tomo 1, p. 459).

El caso trata de un doble análisis, por intercalarse aspectos de tipo cualitativo y cuantitativo. En primer término, el incumplimiento denunciado conlleva analizar si los hechos revisten de la gravedad suficiente para que constituya una injuria de las que habilita la extinción del vínculo. Ante la respuesta negativa, se debe recurrir al análisis cuantitativo, o sea si el hecho sumado a los antecedentes laborales (antigüedad, sanciones) habilita el despido justificado. A lo que debo recordar lo dispuesto por el art.242 LCT, respecto a que son los jueces los que tienen que valorar prudencialmente la injuria, teniendo en consideración el carácter de las relaciones, según las modalidades y circunstancias personales en cada caso.

En este sentido el contrato de trabajo resulta, antes que un vínculo económico, un ligamen esencialmente ético, en el cual el trabajador no debe ser tratado como un mero instrumento de producción, y las partes se deben recíprocos deberes de comportamiento que conllevan buena fe, colaboración, solidaridad y fidelidad (arts. 62, 63 , 85 LCT).

Con dicho anclaje axiológico, resulta claro en mi convicción que los hechos objetivos probados en la causa, verbigracia el uso del auricular al momento de la conducción, circunstancia bastamente probada, por su componente cualitativo, no reviste de la gravedad suficiente para generar en el empleador una injuria que justifique el despido directo. Pues a mi entender el manejo de un chofer profesional haciendo uso de un auricular en un oído, constituye una falta, más no una falta de gravedad que impida proseguir el vínculo laboral, en este sentido la consecuencia atribuida por el empleador es desproporcionada. Y es justamente el componente cuantitativo el que trae mayor claridad respecto al juzgamiento de la injuria, pues se trata en el caso de un trabajador que pese a los diversos y múltiples “partes de inspector”, que acompaña y acredita el empleador, el trabajador durante sus 11 años de antigüedad (factor tiempo que se merece destacar) no sufrió suspensiones por faltas graves, y en todo caso el último de los “partes de inspector” se correspondía a una falta anterior con más de 2 años de antigüedad a la fecha del despido (19/05/2010).

Corresponden dos precisiones más, la primera respecto a que la multiplicidad de “partes de inspector”, con sanciones como apercibimiento, de ninguna manera puede aparejar una suerte de aritmética que confluya en el despido del trabajador.Las sanciones disciplinarias constituyen uno de los elementos que pasan a formar parte del análisis de la injuria, pero no es único ni excluyente. En el caso se comprueba además un rigor en las mismas, lo cual sin dudas repercute en la relación laboral.

En segundo término, si bien se acreditó la existencia de la falta cometida por el trabajador, la conducción con el uso de un auricular, la demandada alegó como fundante de la injuria que dicho incumplimiento es una falta grave en la ley de tránsito (art. 85.2 ley 6082). Si bien ello es así, pues la ley provincial la cataloga de tal, no es menor que de ninguna manera ello puede obrar como una suerte de “injuria tasada”, quitando el análisis de la injuria al juez natural para atribuírsela el legislador. En este sentido, la configuración de falta grave al manejo con el uso de auricular lo es a mérito de una infracción de tránsito, con las consecuencias que en ese sentido le puedan acarrear al trabajador, pero no por ello debe el juez laboral atribuirle tal carácter.

El empleador sin dudas debe sancionar faltas como las que aquí se juzgan, pero también debe llamarse a la prudencia cuando así lo hace. Sin lugar a dudas que debió sancionar al trabajador por conducir haciendo uso de un auricular en su oído izquierdo, pero no debió recurrir a la pena máxima como lo es la extinción del vínculo laboral, pues así obró en forma desproporcionada.

Corresponde entonces decir, que por mérito de lo dispuesto en el art. 242 LCT, o sea del análisis prudencial de la injuria, considero que no le asistió la razón al demandado y en consecuencia es menester hacer lugar a la demanda traída en pretensión.

Por último, dable advertir, que este caso distó en su plataforma fáctica del fallado en autos 17.457, in re “Ojeda”, citado por el demandado, lo cual también conlleva que la solución sea distinta.Por todo lo expuesto, considero que el trabajador ha sido despedido sin causa justificada, y por lo tanto las sumas reclamadas en concepto de preaviso, integración del mes de despido e indemnización por despido resultan procedentes.

2. Rubros reclamados: cabe tener presente, a efectos del cálculo de las indemnizaciones por despido sin justa causa, los valores que informa el perito contable a fs. 126/131, que a la postre no ha merecido observaciones por las partes.

En cuanto a la composición de la base de cálculo, esto es la mejor remuneración mensual, normal y habitual, el trabajador peticiona que se incluya en la misma el rubro no remuneratorio convencional “quebranto de caja” y “adicional no remunerativo” (fs. 18). A su oportunidad, la demandada impugna dicha petición solicitando que no sean considerados los adicionales no remunerativos (fs. 61).

Respecto al rubro “quebranto de caja”, previsto como no remunerativo en el art. 47 del CCT 62/1989, y siendo que el mismo se devenga cuando “Las empresas de corta distancia, urbanas e interurbanas comprendidas en este convenio abonarán al “chofer profesional sin guarda” el porcentaje del sueldo que determinan las comisiones del art. 89°, en concepto de ‘Manejo de Boletera, Marcado de Abonos y Quebranto de Caja’, siendo ese adicional NO REMUNERATIVO.La integración total del presente adicional deberá quedar instrumentada en un plazo no mayor a ciento ochenta (180) días, en razón de que puede otorgarse en forma parcial”.

Tal como está regulado el adicional “quebranto de caja” luce atado al desempeño y cumplimiento de la relación laboral, y por ello debo considerarlo como remunerativo siguiendo los diversos precedentes que en tal sentido a dictado esta Cámara, entre ellos en el expediente 22.167 in re “Victorio”, en el cual se pronunció “En igual sentido y respecto de las asignaciones no remunerativas acordadas por las partes, la Corte Nacional en la causa ‘González c/ Polimat’ afirmó que esas asignaciones alimentarias no remunerativas dispuestas oficialmente no podían asignar una naturaleza ‘no remunerativa’ de carácter alimentario a la asignación que dispuso, sobre todo cuando, después de todo, el carácter alimen tario es naturalmente propio del salario, con arreglo a más que conocida doctrina de la Corte (Fallos: 311:1003 y 308:1336, entre otros). Es que el salario, como ya bien lo apuntó el Máximo Tribunal en 1.959, constituye, substancialmente, una prestación tendiente a proveer el sustento del trabajador y de su familia (Fallos: 245:400, 405)”. En especial que “Abona lo expuesto la circunstancia de que la demandada no ha acreditado que los valores abonados en concepto de vales alimentarios y sumas no remunerativas no estén vinculadas al trabajo realizado o al servicio prestado por el trabajador y que puedan considerarse como prestaciones de la seguridad social que tengan como objetivo la mejora de la calidad de vida de los trabajadores y de las personas que están a su cargo”.

Por último, cabe recordar que el dispositivo contenido en el art. 6 Ley 14.250 no puede ser desactivado por la autonomía colectiva, constituyéndose en un mínimo inderogable, más aún cuando no existen razones objetivas que lo justifiquen.Ello fue observado por Guisado al explicar que estas directivas reafirman, por una parte, la superioridad jerárquica de la ley sobre el convenio colectivo (en cuanto establecen la necesidad de que las cláusulas de este último se ajusten a las normas legales y a la primacía de las disposiciones “dictadas en protección del interés general”) y, por otra parte, el carácter de “norma mínima” que comúnmente reviste la regulación estatal (en cuanto se permite que la convención consagre condiciones “más favorables a los trabajadores” (Guisado, Héctor, Tratado de Derecho del Trabajo, Ackerman M. -dir.-, Tosca D. -coord.-, Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2008, t. I, p. 632).

Con lo cual concluyo que a tenor de lo regulado por el art. 103 y 103 bis de la LCT (modificada por ley 26.341 ) debe considerarse como remunerativo el adicional “quebranto de caja”, en los valores que informa el perito contador.

Sin embargo distinta es la suerte del adicional no remunerativo con subvención del Estado Nacional (informe pericial fs. 129 vta.), pues no obrando en la causa prueba alguna de que el mismo obedezca, en alguna medida, al débito laboral y no a cuestiones de seguridad social, debo rechazarlo.

Expuesto lo anterior, en cuanto a la indemnización por despido incausado (art. 245 LCT), considerando como mejor remuneración mensual, normal y habitual, la suma de $3.874,74 (3.317,40+207,34+350), y la antigüedad de 11 años, su monto asciende a $42.622,14.

Por indemnización sustitutiva del preaviso omitido (art. 232 , LCT), la suma de $7.749,48 (3.874,74 x 2). Por integración del mes de despido (art. 233 , LCT) la suma de $1.499,89.

Respecto a la multa del art.2 de la ley 25.323, conforme a su articulado, debo rechazar su aplicación para el caso en virtud de que, del análisis de las consideraciones de hecho y derecho resueltas en la causa, surge sin lugar a dudas, que el demandado obró con buena fe y han existido razones que en mérito justifican la eximición de tal multa.

3. Monto total de condena. Intereses

Por todo lo expuesto en los puntos anteriores (1 y 2), la demanda prospera por la suma de PESOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UNO CON 51/100 CENTAVOS ($51.871,51), monto al cual se le deberá adicionar los intereses legales desde la fecha en que fueron exigibles (19/05/2010) y hasta el momento del efectivo pago.

Conforme el art. 82 del CPL y art. 90 inc. 6 del CPC, corresponde determinar los intereses legales a aplicar al capital de condena.

Cabe en el tema considerar la doctrina emanada de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza en los fallos plenarios “Amaya” y “Aguirre”, por los cuales se declaró la inconstitucionalidad de la Ley 7.358, por el primer plenario, y por el plenario “Aguirre” se hizo lo propio respecto de la Ley 7.198 .

El Superior Tribunal declaró que la Ley 7.198 ha devenido en inconstitucional atento que la tasa pasiva que la misma fija no cumple con la función resarcitoria que deben tener los intereses moratorios y determinó que correspondía aplicar la tasa activa cartera general nominal anual vencida a 30 días del Banco de la Nación Argentina (TNA) a partir del dictado del plenario, cuya publicación en lista aconteció el día 02-06-09.

En consecuencia, teniendo en cuenta que los índices en forma periódica son publicados en los distintos medios de comunicación, de los mismos surge la prueba acabada de la insuficiencia de la tasa pasiva, por lo que tratándose de un crédito alimentario, en el presente caso corresponde, de acuerdo a las leyes 3.939 y posteriores, aplicar el interésde tasa activa que informa el Banco de la Nación Argentina para las operaciones de descuento de documentos, desde que los créditos fueron exigibles hasta el efectivo pago de la condena.

Por lo expuesto, el interés aplicable hasta la fecha del dictado de la presente sentencia es del 54,97 %, con lo que la presente acción resulta procedente a la fecha del dictado de la sentencia en la suma total de PESOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 27/100 CENTAVOS ($80.385,27).

ASI VOTO

A LA TERCERA CUESTION DR. LEANDRO FRETES VINDEL ESPECHE DIJO:

Las costas, en consideración a la procedencia de los distintos planteos efectuados por la actora, se imponen a cargo de la demandada vencida (arts. 31 del CPL).

ASÍ VOTO.

En consecuencia, y lo dispuesto por las normas de fondo y forma legales citadas, el Tribunal

RESUELVE:

1) Declarar la inconstitucionalidad de la ley 7.198.

2) Hacer lugar a la demanda promovida por GUILLERMO FEDERICO VENECES PERALTA contra AUTOTRANSPORTES EL TRAPICHE SRL, y en consecuencia se condena a la demandada a que le pague la suma de PESOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 27/100 CENTAVOS ($80.385,27), en el plazo DIEZ días de quedar firme y ejecutoriada la presente sentencia. Con costas a la demandada vencida.

3) Regular los honorarios profesionales al Dr. Roberto G. Villegas en la suma de $., al Dr. Miguel A. Quiroga en la suma de $., al Dr. Rodrigo M. Villegas en la suma de $., al Dr. Norberto V. Zanetti en la suma de $., y al Dr. Pablo Lahún en la suma de $., a la lic. Fernanda Videla en la suma de $… y a la cdra. Bibiana I. Mauricio en la suma de $.

4) Emplazar a la condenada para que en el término de DIEZ DIAS abone el aporte de la ley 5059; y en el de TREINTA DIAS la tasa de justicia pertinente; y cumpla con lo dispuesto por el art.96 inc.g de la ley 4976.

5) Notifíquese la presente resolución a la Caja Forense, Dirección General de Rentas y Colegio de Abogados.

REGISTRESE, NOTIFIQUESE y CUMPLASE.

Leandro Fretes Vindel Espeche – Conjuez

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