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La negativa del actor a notificarse de una sanción mas el interrogatorio vinculado con sus condiciones de contratación justifica el despido por pérdida de confianza F. J. S. s/ despido

Despido2Partes: F. J. S. s/ despido

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: II

Fecha: 6-feb-2013

Cita: MJ-JU-M-78331-AR | MJJ78331 | MJJ78331

La negativa del actor a notificarse de la sanción disciplinaria dispuesta por la empleadora, sumada al interrogatorio a que sometió al personal, clientes y vecinos del establecimiento vinculado con sus condiciones de contratación, justifica el despido directo por «pérdida de confianza».

Sumario:

1.-Corresponde confirmar la procedencia del despido directo dispuesto por la empleadora puesto que la negativa del actor a notificarse de la sanción, sumada al hecho de presentarse en el establecimiento sometiendo al personal, clientes y vecinos a un interrogatorio vinculado a sus condiciones de contratación que, por otra parte, no surge en modo alguno que le hubieren sido desconocidas con anterioridad, torna justificado el despido dispuesto por la empleadora por pérdida de confianza (conf. arts. 62 , 63 y 242 de la LCT.).

2.-Toda vez que tanto en el acta notarial acompañada por el actor a la causa denunció tener domicilio en la localidad de Lanús, pero que sus emplazamientos y en el acta de cierre del procedimiento ante el SECLO, denunció domicilio en esta Ciudad; y puesto que la demandada, -al fracasar su notificación a un domicilio de Lanús-, remitió sus misivas a ambos domicilios, quedaron cumplidos los recaudos pertinentes a fin de hacer efectiva las comunicaciones cursadas, por lo que deben considerarse válidas y eficaces, aun cuando no hubieren llegado efectivamente a conocimiento del destinatario pues ello obedeció al hecho de haberse rechazado la recepción del envío en el domicilio de destino.

3.-Corresponde tener por válida la disolución del vínculo instrumentada por la empleadora y no a la invocada por el reclamante por cuanto, a esta última, el cese ya se había operado, toda vez que de los concretos términos de la carta documento en la que se instrumentó el despido surge con absoluta claridad que el despido del actor no se decidió por haber dispuesto de una suma de dinero de la empleadora sin autorización expresa, sino por haber concurrido con una escribana el mismo día en que le fuera comunicada una suspensión disciplinaria por aquél motivo con el objeto de interrogar al personal, a los eventuales clientes y a algunos comerciantes vecinos generando desorden y situaciones polémicas.

4.-Toda vez que la circunstancia que alega el actor en torno al hecho de haber sido presionado para que renuncie no ha sido demostrada y, aun cuando no hubiere recepcionado la misiva correspondiente a dicha suspensión en un lapso razonable, lo cierto es que el acta de constatación la realizó el mismo día que fue suspendido, lo que evidencia que el actor no esperó ni siquiera un tiempo razonable para tomar conocimiento por escrito de las razones de la sanción impuesta y que la gestión realizada con la intervención de una escribana excedió holgadamente de una mera constatación.

5.-Sin perjuicio de que tanto el trabajador como el empleador, en su calidad de ciudadanos, pueden requerir de los escribanos y funcionarios públicos gestiones tendientes a dejar constancia de hechos, datos y circunstancias de distinto orden, no puede constituirse ello en un elemento distorsivo de las relaciones, ni ser utilizado como modo de presión o lucha, máxime cuando las partes del contrato de trabajo deben adecuar sus conductas a los criterios de buena fe y colaboración a los que aluden los arts. 62 y 63 de la LCT.; por lo tanto, el temperamento adoptado por el actor importó un ejercicio abusivo de sus derechos que no se corresponden con la índole del debate que en apariencia intentaba iniciar con su empleadora en torno a la posibilidad o no de disponer de cierto dinero.

Fallo:

VISTO Y CONSIDERANDO:

En la Ciudad de Buenos Aires, el 6 DE FEBRERO 2013, reunidos los integrantes de la Sala II a fin de considerar el recurso deducido en autos y para dictar sentencia definitiva en estas actuaciones, practicado el sorteo pertinente, proceden a expedirse en el orden de votación y de acuerdo con los fundamentos que se exponen a continuación.

La Dra. Graciela A. González dijo:

Contra la sentencia de primera instancia que rechazó la demanda entablada en lo que ha sido materia principal de controversia, se alza la parte actora vencida a tenor de los argumentos expuestos en su memorial de fs. 291/30.

Los términos en que han sido expuestos los agravios imponen referir que el actor no cuestionó en forma concreta y eficiente la evaluación que la sentenciante de grado ha efectuado de los informes emitidos por la empresa de correos a fin de determinar el modo y oportunidad en que el cese debe considerarse operado.

En efecto, cuestiona el reclamante que se haya evaluado el despido indirecto instrumentado por la empleadora mediante las cartas documentos que, según alega, le fueran remitidas al domicilio de su hermana. Sin embargo no se hace cargo de que, en tanto en el acta notarial por él acompañada a la causa a fs. 7/8 -el 22/2/10- el actor denunció tener domicilio en la calle Florida de la localidad de Lanús, en sus emplazamientos del 26/2/10 y en el acta de cierre del procedimiento ante el SECLO, el domicilio denunciado fue el de la calle Gral. Eugenio Garzón 3917 de esta Ciudad; y que la demandada, al fracasar su notificación a un domicilio anterior (Murguiondo 2726/28 de la localidad de Lanús) -ver fs.124/125-, remitió sus misivas del 25/2/10 tanto al domicilio de la calle Florida en Lanús como al de la calle Garzón de esta Ciudad, extremando de tal forma los recaudos pertinentes a fin de hacer efectiva las comunicaciones cursadas, por lo que debiendo reputarse correcto al menos el último domicilio referido (ver domicilio real indicado en las cartas documento de fs. 116 y 117, en las de fs. 11 y 12 y el denunciado como propio en la demanda -ver fs. 14-), corresponde considerar válidas y eficaces las notificaciones allí cursadas, aun cuando no hubieren llegado efectivamente a conocimiento del destinatario puesto que, según se extrae del informe de fs. 148/149, ello obedeció al hecho de haberse rechazado la recepción del envío en el domicilio de destino.

En tal contexto, si bien reiteradamente se ha sostenido que quien elige el medio de comunicación carga con el resultado de la diligencia, lo cierto es que en el caso la comunicación rescisoria cursada por la empleadora llegó a destino y el hecho de no haber sido efectivamente recepcionada obedeció exclusivamente a la actitud reticente del destinatario, lo que lleva a otorgarle a la diligencia plena eficacia. (ver, con similar criterio, entre muchos otros, esta Sala, Rodriguez Giagnoni, Sofia Matilde C/ Lisadora S.R.L. S/ Despido» , SD 98889 del 9/2/11; Sala III, sent. 69.842 del 16/8/95, «García Raquel c/ Weidgans, Jorge s/ despido»;Sala X, sent. 5714 del 25/2/99, «Gimenez Oscar c/ Editorial Atlántida S.A. s/ despido», Sala IV, sent. 66.834 del 30/12/91, «Carduje Carlos c/ Científica Argentina SRL s/ despido»).

Frente a ello corresponde estar a la disolución del vínculo instrumentada por la empleadora el 25/2/10 (cuyo intento de entrega se efectuara el 26/2/10 -ver fs.148/149) y no a la invocada por el reclamante como ocurrida el 4/3/10 por cuanto, a esta última fecha, el cese ya se había operado.

De los concretos términos de la carta documento en la que se instrumentó el despido (ver fs. 137) surge con absoluta claridad que el despido del actor no se decidió por haber dispuesto de una suma de dinero de la empleadora sin autorización expresa, sino por haber concurrido con una escribana el mismo día en que le fuera comunicada una suspensión disciplinaria por aquél motivo con el objeto de interrogar al personal, a los eventuales clientes y a algunos comerciantes vecinos del gimnasio generando desorden y situaciones polémicas.

En efecto, ante el fracaso de la comunicación cursada a fin de notificar la sanción disciplinaria (ver fs. 124/126) y en atención a lo acontecido según surge del acta notarial acompañada por el actor a fs. 7/8, la demandada despidió al actor en los siguientes término «Habida cuenta que, pese a encontrarse debidamente informado por el Sr. Miño -en horas de la mañana del lunes 22/02/10- de la suspensión decretada a su respecto, exhibiéndole copia del despacho telegráfico remitido a tal efecto. No obstante, horas más tarde, sorpresivamente irrumpiera en la sucursal Flores de mi mandante, en compañía de otras dos personas de sexo femenino a las que Ud. identificara como escribana y escribiente sin acreditar identidad, realizando innecesarias constataciones, interrogando al personal y ocasionales clientes que se encontraban realizando actividades en el lugar sobre las condiciones de su contratación y el conocimiento acerca de su persona, generando hechos de polémica y fuerte discusión frente a dicha clientela cuando fuera invitado -por sus propios compañeros- a cesar dichos interrogatorios y retirarse del local junto a sus acompañantes, continuando luego, por largo rato, sobre la vereda y en el frente del local inquiriendo a los clientes recién llegados sobre dichas condiciones, requiriendo además, datos personales de los entrevistados.Por todo ello, considero que su conducta constituye una inédita y desmesurada respuesta a la suspensión razonable y debidamente decretada, con grave descrédito para la imagen de la empresa, resultando de la sucesión de ambos hechos una pérdida de confianza que imposibilita la continuación de la relación laboral, se le notifica que queda despedido con causa a partir del día de la fecha.-…».

El propio actor reconoció que al no permitírsele el ingreso el día 22/2/10, el Sr. Miño lo notificó que había sido suspendido. La circunstancia que se alega en torno al hecho de haber sido presionado para que renuncie no ha sido demostrada y, aún cuando no hubiere recepcionado la misiva correspondiente a dicha suspensión en un lapso razonable (nótese que esa comunicación no llegó a destino -ver fs. 124/126-), lo cierto es que el «acta de constatación» la realizó el mismo día a las 15 hs., lo que evidencia que Fernández no esperó ni siquiera un tiempo razonable para tomar conocimiento por escrito de las razones de la sanción impuesta y que, como lo señala la demandada en su telegrama de despido, la gestión realizada con la intervención de una escribana excedió holgadamente de una mera constatación.

De la lectura del instrumento glosado a fs. 7/8 se extrae que con anterioridad a requerir la presencia de la escribana, el actor le solicitó sus datos de identificación a un par de clientes (individualizados con sus DNI en el acta), que al presentarse a la empresa interrogó a por lo menos tres empleados (Ripoll, Ale y Canosa), que a raíz de su presentación se realizaron llamadas telefónicas, que se obtuvo la presencia del Gerente de Sucursales -Sr. Miño-, que a éste también se lo interrogó y que, luego de retirarse del establecimiento, se continuaron las interrogaciones en tres negocios vecinos (una pinturería, una casa de electricidad y un kiosco).

Al respecto Miño a fs.238/241 señaló que cuando estaba en la sucursal Caballito «me llaman diciendo que estaba Javier con dos personas más increpando a los recepcionistas y a los socios para que le dijeran si lo conocían, si le podían dar sus datos, si sabían quién era. No recuerdo quién de la recepción me llamó. Fui inmediatamente para la sucursal de Flores y cuando llegué me encontré a Javier Fernández hablando con la gente de recepción con dos personas paradas, pidiéndole los datos e insistiendo con lo mismo y se había armado un alboroto bastante grande porque había gritos de Fernandez hacia gente, socios, recepcionistas. Gritaba el actor si ustedes me conocen díganselo y déjenme pasar. Yo llegué lo invité 3 veces a salir… y en la tercer invitación que le hice desde la puerta, abrí la puerta y le pedí por favor a las personas que se retiren si no iba a llamar a la policía. Se retiraron y siguieron en la puerta preguntándole a todos los socios que entraban y a los locales vecinos, entraban y salían de los locales vecinos y no sé qué preguntaban ni qué hacían».

En idéntico sentido se expidió la testigo Canosa al señalar a fs. 202 que conoció del incidente protagonizado ese día por el actor, «… que yo estaba en el 5to piso y me llamó Diego Ripoll que es un recepcionista de otro turno que estaba descompuesto porque estaba Javier frente a él haciéndole preguntas, preguntándole su nombre y apellido y documento con una señora que decía ser una escribana, porque no lo dejaban entrar al gimnasio. que bajé y Javier Fernández y una señora estaban en la recepción y la señora me pregunto a mi quién era y yo le pregunté quién era ella y me dijo que era la escribana que defendía a Javier y Javier me dice a mí quién soy. Javier Fernández, nene, le dije.La escribana tomaba nota y le dije a la escribana que era una institución privada y que no podía entrar a preguntar a todo el personal e intimidar preguntando sus datos personales y le dije a Javier que fuera a la sucursal de Caballito y si tenía algún problema con la empresa que lo arreglara allá y a Diego le dije que lo llamara a Miño… le preguntaba a la gente que pasaba por el pasillo que eran socios del gimnasio quién era él.» Evidentemente, el actor ha actuado de manera desmesurada y desproporcionada al hecho que, en apariencia, intentaba contrarrestar puesto que, contrariamente a lo sostenido en el inicio, según surge del texto de la misiva de fs. 125, lo que se intentó comunicar en tal ocasión fue una suspensión disciplinaria y, a tales efectos, el ordenamiento legal prevé un mecanismo de impugnación específico que en el caso el actor decidió no adoptar , puesto que ni siquiera aguardó un tiempo prudencial para tomar razón de los hechos que concretamente se le imputaran para la alegada suspensión.

En síntesis, la negativa a notificarse de la sanción, sumada al hecho de presentarse en el establecimiento sometiendo al personal, clientes y vecinos a un interrogatorio vinculado a sus condiciones de contratación que, por otra parte, no surge en modo alguno que le hubieren sido desconocidas con anterioridad, torna a mi juicio justificado el despido dispuesto por la empleadora por «pérdida de confianza» (conf. arts.62, 63 y 242 de la L.C.T.) por lo que de prosperar mi voto, corresponde confirmar la sentencia apelada en tal aspecto.

Al respecto y en atención al modo en que el actor formulara sus agravios creo necesario referir que el hecho de que tanto el trabajador como el empleador, en su calidad de ciudadanos, puedan requerir de los escribanos y funcionarios públicos gestiones tendientes a dejar constancia de hechos, datos y circunstancias de distinto orden, no puede constituirse ello en un elemento distorsivo de las relaciones, ni ser utilizado como modo de presión o lucha, máxime cuando las partes del contrato deben adecuar sus conductas a los criterios de buena fe y colaboración a los que aluden los arts. 62 y 63 de la L.C.T.- En dicho contexto, el temperamento adoptado por el reclamante importó un ejercicio abusivo de sus derechos que no se correspondían con la índole del debate que en apariencia el actor intentaba iniciar con su empleadora en torno a la posibilidad o no de disponer de cierto dinero (aspecto cuestionado con relación a la sanción disciplinaria que se le pretendió imponer) Por otra parte, la adecuación o no a derecho de la suspensión que se le intentó comunicar al dependiente no hace a un tema que haga al concreto debate de autos por cuanto, en definitiva, el intento de comunicación ha fracasado y, en el transcurso de la relación se sucedieron otros que, son los que concretamente se han sometido a consideración del Tribunal y respecto de los cuales, las críticas formuladas por el reclamante constituyen una mera discrepancia de opiniones carente de relevancia a los efectos pretendidos.

También cuestiona la parte actora que no se admitiera el reclamo por horas extras formulado en el inicio.

Sostuvo el reclamante que prestó servicios siempre en el horario de 13 a 22 hs. de lunes a domingo. Aún cuando a través de los testimonios de Dominguez (ver fs. 182), Pereira (ver fs. 194), Maldonado (ver fs.213) y Moschetto (217) pudiera tenerse por acreditado que el actor trabajó aproximadamente las nueve horas diarias referidas, no surge demostrado de manera fehaciente que ello ocurriera todos los días de la semana. Sus dichos no son precisos al respecto y a ellos se les oponen las manifestaciones de los restantes deponentes en autos (Bigot Vaz a fs. 186, Gabriel Miño a fs. 236 y Susana Canosa a fs. 200), por lo que analizadas las testimoniales rendidas a la luz de lo dispuesto en los arts. 90 de la LO y 386 del CPCCN, no es posible tener por acreditada la extensa jornada semanal denunciada.

Por lo demás, teniendo en cuenta la categoría gerencial alegada, tampoco correspondería acceder a la pretensión deducida al respecto a la luz de lo dispuesto en el art. 3 de la ley 11.544.

En orden a los pagos irregulares o en negro, el recurso interpuesto por el actor no rebate adecuadamente el análisis de la prueba testimonial efectuado por la Dra. Castagnino, a la luz de lo dispuesto en los art.s 90 LO y 386 CPCCN, por cuanto no surge de los dichos de los testigos que han declarado a propuesta del recurrente que éstos hayan podido tener conocimiento directo del modo en que Fernández percibiera sus haberes, máxime cuando era el reclamante el que hacía efectivo los pagos en la sucursal y los dependientes no han podido dar razón de sus conjeturas en torno a la existencia de pagos sin registro con relación al aquí actor, al no participar ni presenciar las gestiones decididas a más alto nivel (gerencia general- dirección) con relación al Sr.Fernández, en su calidad de gerente de sucursal.

Consecuentemente, por lo expuesto, también en tal aspecto propicio confirmar la sentencia de grado.

En cuanto a la forma de imponerse las costas, cabe considerar que si bien el actor ha resultado vencido en lo que ha sido materia principal de controversia,la demanda ha progresado parcialmente en cuanto a los rubros que componen la liquidación final por egreso, por lo que por aplicación de las reglas generales que rigen la materia propicio modificar en tal aspecto la sentencia de grado y teniendo en cuenta el modo de resolverse y el resultado final obtenido, establecer las costas de primera instancia en un 90% a cargo de la parte actora y en el 10% restante a cargo de la parte demandada.

En cuanto a las costas de la alzada, teniendo en consideración el resultado final obtenido, propicio imponer las costas originadas en esta instancia a cargo de la parte actora que ha resultado vencida en lo sustancial de sus agravios (art. 68 CPCCN) Cuestiona la parte actora los honorarios regulados a la representación y patrocinio letrado de su contraria y los establecidos en favor del perito contador, por considerarlos elevados. Al respecto, teniendo en cuenta el resultado obtenido, el valor económico involucrado en la contienda y el mérito y extensión de los trabajos desarrollados, de conformidad con lo dispuesto en la ley 21839 , en el decreto ley 16638/57 y en el art. 38 LO., las regulaciones apeladas no resultan elevadas, por lo que propicio confirmarlas.

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el art. 14 de la ley 21839, corresponde regular los honorarios de la representación y patrocinio de la parte actora y de la parte demandada, por las tareas de Alzada, en el 25% de lo que en definitiva resulte para cada una de ellas, por su intervenc ión en la instancia previa.

El Dr. Miguel Ángel Maza dijo: Por análogos fundamentos adhiero al voto precedente.

Por lo que resulta del acuerdo que antecede (art. 125 CPCCN), el Tribunal RESUELVE: 1) Confirmar la sentencia apelada en lo que ha sido materia principal de agravios y modificarla únicamente en cuanto a la imposición de costas, las que quedan fijadas en un 90% a cargo de la parte actora y en el 10% restante a cargo de la parte demandada, 2) Declarar las costas de la Alzada a cargo de la parte actora, 3) Confirmar las regulaciones de honorarios apeladas, 4) Regular los honorarios de la representación y patrocinio de la parte actora y de la parte demandada, por las tareas de Alzada, en el 25% de lo que en definitiva resulte para cada una de ellas, por su intervención en la instancia previa.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Dr. Miguel Ángel Maza Juez de Cámara Graciela A. González Juez de Cámara

 

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