Sobreseen abogada que ejecutó sus honorarios sin poner en conocimiento del juez su calidad de contratada del organismo que defendía

codigoPenalPartes: M. S. N. s/ recurso de casación

Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal

Sala: IV

Fecha: 22-oct-2012

Cita: MJ-JU-M-76113-AR | MJJ76113 | MJJ76113

Por mayoría, se rechazó la casación contra la decisión de Cámara que confirmó el sobreseimiento dictado respecto de la abogada que omitió poner en conocimiento del juez su calidad de contratada a sueldo del organismo provincial para el cual se desempeñaba, ejecutando los honorarios regulados judicialmente.

Sumario:

1.-Corresponde rechazar el recurso de casación promovido por la querella contra la decisión que confirmó el sobreseimiento de la imputada por estafa procesal -en el caso, en calidad de abogada contratada por un organismo provincial, solicitó regulación de honorarios en diversos procesos laborales en los que actuó, omitiendo informar la relación contractual y sus condiciones-, pues el remedio articulado no logra demostrar cuál es el deber jurídico de la imputada de informar al juez laboral acerca de su relación contractual al ejecutar judicialmente los honorarios regulados, dicho deber jurídico no puede extraerse, sin más, de las cláusulas del convenio celebrado por las partes pues la genérica obligación de comportarse con buena fe no constituye el deber jurídico señalado, en segundo término, aun cuando se admitiese la existencia de un deber jurídico por parte de la encartada consistente en informar al juez laboral su situación contractual, la omisión de dicho hipotético deber no reviste la calidad de idónea -ex ante- para provocar un error en el juez laboral, ello es así pues la acusada practicó la liquidación de los honorarios regulados por su actuación profesional en diversos expedientes y dichas liquidaciones fueron notificadas al ente obligado que se opuso a la pretensión de la imputada (del voto del Dr. Slokar – mayoría).

2.-La omisión de informar una determinada relación contractual al solicitar la ejecución de honorarios regulados judicialmente no puede constituir sin más, un engaño que sirva como medio de comisión por omisión del delito de estafa procesal (art. 172 del CPen.), pues no se advierte el despliegue de una omisión idónea para torcer la voluntad del sentenciante quien, previo a expedirse, tuvo oportunidad de evaluar las defensas interpuestas por el demandado. Es por ello que, más allá de la solución a la que se arribe en el fuero laboral acerca de la procedencia o improcedencia de las ejecuciones de honorarios solicitadas por la encartada (y, paralelamente, de las defensas interpuestas por el organismo provincial, debe descartarse la tipicidad objetiva de la maniobra denunciada.

3.-Es procedente el recurso de casación deducido por la querella contra la decisión que confirmó el sobreseimiento de la imputada por estafa procesal -en el caso, en calidad de abogada contratada por un organismo provincial, solicitó regulación de honorarios en diversos procesos laborales en los que actuó, omitiendo informar la relación contractual y sus condiciones-, pues los hechos atribuidos a la imputada podrían encuadrar en la figura prevista en el art. 173 inc. 7º del CPen., hipótesis que no se ha contemplado, motivo por el cual resulta prematura la desvinculación de responsabilidad penal de la acusada, lo cierto es que la incusa mantenía con la querella una relación de mandato, en donde la primera parecería haber obrado más allá de lo convenido, llevando a cabo actos de abuso en cuanto al manejo de los intereses que ésta tenía a su cargo representar, generando un perjuicio patrimonial con su obrar abusivo (del voto del Dr. Gemignani – disidencia).

 

Fallo:

En la ciudad de Buenos Aires, a los 22 días del mes de octubre del año dos mil doce, se reúne la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal integrada por el doctor Mariano Hernán Borinsky como Presidente, y los doctores Juan Carlos Gemignani y Gustavo M. Hornos como Vocales, asistidos por el Secretario de Cámara actuante, a los efectos de resolver el recurso de casación interpuesto a fs. 174/188vta. de la presente causa Nro. 14.442 del Registro de esta Sala, caratulada: “M., S. N. s/recurso de casación”; de la que RESULTA:

I. Que la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal, en la causa Nro. 30.239 de su Registro, con fecha 23 de mayo de 2011, resolvió confirmar el sobreseimiento dispuesto por el juez de grado respecto de la imputada S. N. M. (fs. 161/162).

II. Que contra dicha decisión, la querella interpuso recurso de casación, el cual fue concedido por el a quo (fs. 194/194 vta.) y mantenido en esta instancia (a fs. 202).

III. Que el recurrente encarriló su recurso en ambos motivos previstos por el artículo 456 del C.P.P.N.

En primer lugar reseñó los sucesos del caso.

Luego apuntó que, la decisión recurrida resulta arbitraria por carecer de adecuada fundamentación, habiendo a su juicio el a quo incurrido en una falacia argumental, violentando cuanto reza el artículo 123 del C.P.P.N.Sobre el punto refirió que, el a quo ha efectuado una errónea interpretación de lo ocurrido en sede laboral, “… yerro que contamina todo lo manifestado sobre el concepto de “ardid” requerido en el delito denunciado”.

En este sentido apuntó la querella que, “… los jueces laborales no resolvieron el fondo de la cuestión, esto es, si la imputada tenía derecho o no a percibir honorarios regulados judicialmente no obstante la existencia de un convenio con mi representada en cuyos artículos quinto, en función del sexto, REGISTRO NRO. 1954/122

se encuentra prohibida en forma expresa esta situación.”.

Al respecto puso de resalto que, en el caso “En las sentencias de los juicios ejecutivos que obran a fs. 26, 52, 57/61, 63, 66/68, 71/72, 80/84 y 104/106 y que fuera la base para sustentar el sobreseimiento, no se discutieron los honorarios por el simple hecho que los magistrados laborales entendieron que no era el procedimiento legal para dicho fin, y que la discusión debía darse en un procedimiento autónomo”.

Así las cosas, concluyó la querella en que “… resulta arbitrario considerar que en los juicios ejecutivos, a pesar de que los jueces laborales conocieran de la existencia de los acuerdos, estos no fueran engañados por la conducta omisiva de M.”. Seguidamente, destacó puntualmente lo ocurrido en los casos laborales “Pérez Ayala, Fernando c/CO.RE.BE. s/despido” y “Solanot, Alejandro Roger c/C.O.RE.BE s/despido”.

Puso de resalto que, en el caso el a quo incurrió en una errónea aplicación de la ley sustantiva, más precisamente se refirió a cuanto reza el artículo 172 del C.P.Sobre el punto refirió la querella que, en el caso, se convalidó un sobreseimiento en base a que las peticiones formuladas por la imputada “… en expedientes laborales no presentan las características propias de “ardid” o “engaño” exigido por la norma penal en trato, sin que se advierta que aquellos hubiesen dictaminado motivados por error alguno”.

No obstante ello, recalcó la querella que el punto neurálgico de la cuestión radicó en la omisión en la que incurrió M. de presentar los convenios entre CO.RE.BE y la nombrada, de cuyo contenido se desprendía con claridad y sin lugar a dudas que no era legítimo que la imputada solicitase la regulación de honorarios por cuanto su remuneración por los servicios prestados era mensual y consecutiva.

A su juicio, “… la omisión de informar de la letrada querellada a los jueces laborales no sólo de la relación contractual que la unía a mi mandante sino de las condiciones en que ella se enmarcaba, es la base del comportamiento reprochado”.

También recordó que para dictar un sobreseimiento en la etapa instructoria, se requiere un estado de certeza negativa, circunstancia que a su juicio no se da en el caso.

Finalmente, hizo reserva del caso federal (art. 14 de la ley 48).

IV. Que durante el término de oficina (art. 466 del C.P.P.N.), se presentó únicamente la señora Defensora Pública Oficial, doctora Eleonora Devoto, ocasión en la que solicitó que se rechace el recurso de casación intentado (fs.204/209).

En ese sentido señaló que la querella carece de derecho al recurso y que, además, la conducta atribuida a su pupila resulta atípica dado a que el delito de estafa procesal no se encuentra previsto en ningún tipo penal y que, además, tampoco encuadra en la figura contenida en el artículo 172 del C.P.

Sobre la última cuestión referida apuntó la defensa que, con la aplicación del tipo en cuestión, no sólo se hace oídos sordos al principio de legalidad, tipicidad, máxima taxatividad y proscripción de la analogía.

Finalmente refirió que, en caso de no tener favorable acogida las cuestiones referidas, lo cierto es que tampoco puede apreciarse como engañosa la conducta adoptada por M.

V. Que, superada la etapa prevista en los arts. 465, último párrafo y 468 del C.P.P.N., ocasión en la cual el recurrente presentó breves notas (fs. 217/224 vta. y 225) quedaron las actuaciones en estado de ser resueltas. Efectuado el sorteo de ley para que los señores jueces emitan su voto, resultó el siguiente orden sucesivo de votación: doctores Juan Carlos Gemignani, Gustavo M. Hornos y Mariano Hernán Borinsky.

El señor juez Juan Carlos Gemignani dijo: a) Que el recurso de casación en estudio fue interpuesto en debido tiempo y forma y por quien se encuentra legitimado para ello (art. 456 , 460 y 463 del C.P.P.N.) Así mismo, la decisión recurrida en casación -sobreseimiento- cumple con el requisito de impugnabilidad objetiva previsto en el artículo 457 del C.P.P.N., en la medida en que pone fin al proceso.

Desde el punto de vista formal, la impugnación en estudio ha satisfecho los requisitos de motivación exigidos por el artículo 463 del C.P.P.N., motivo por el cual corresponde declarar formalmente admisible al recurso de casación interpuesto.b) Sorteado el test de admisibilidad, en primer lugar habré de reseñar los sucesos del caso a fin de alcanzar un análisis más acabado de la cuestión.

Así pues, cabe recordar que las presentes actuaciones se iniciaron con fecha 6 de octubre de 2009, a través de la denuncia formulada por Juan Sebastián Potenza Dal Masetto, en su calidad de apoderado de la Comisión Regional del Río Bermejo (querellante), atribuyéndosele a S. N. M. la comisión del delito de estafa procesal.

En dicha presentación, la querella manifestó que M. se desempeñó como abogada y asesora jurídica de dicho organismo, todo lo cual fue concretado a través de contratos de locación de servicios. Al respecto se apuntó que la nombrada trabajó como letrada para la Comisión referida desde el mes de julio del año 2004 hasta el día 28 de febrero de 2009 y que, el día 17 de ese mismo mes y año se revocó el poder general que se le había conferido a la imputada para representar a la CO.RE.BE., circunstancia esta última de la que fue debidamente notificada.

En cuanto a la relación laboral existente entre la acusada y la comisión en cuestión la querella refirió que, durante toda la relación contractual M. percibió una asignación mensual fija, cumpliendo la función establecida en el objeto contractual, habiendo renunciado la nombrada en forma expresa e irrevocable a solicitar y/o percibir honorarios que fueran o pudieran ser regulados judicialmente por su actuación como profesional letrada de la CO.RE.BE en todos aquellos procesos judiciales en los que intervenía como apoderada.

Que la denuncia tuvo lugar en virtud de lo acontecido en el marco del expediente Nro. 26710/02 caratulado “Pérez Ayala, Fernando c/CO.RE.BE. s/despido” del Registro del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nro. 54, puesto que en dicha causa M.solicitó con fecha 29 de diciembre de 2008 la ejecución de honorarios.

Asimismo, destacó que con posterioridad también adoptó la misma actitud solicitando la ejecución de honorarios cuando no le correspondían siendo que, en uno de los casos logró el cobro de la suma de $ 41.228 (pesos) mientras que, en los otros, logró la traba de embargo sobre una cuenta bancaria perteneciente a la Comisión Regional.

A criterio de la querella, la omisión deliberada en la que incurrió la imputada de informarle al juez laboral la relación contractual existente entre la CO.RE.BE. y aquella constituyó un ardid idóneo, situación que en definitiva llevó a los jueces a fallar sin el debido conocimiento de la información de cada caso particular, y provocando un perjuicio a través de un desplazamiento patrimonial fraudulento. c) Sentado ello, y previo a introducirme en el análisis de las cuestiones traídas a inspección jurisdiccional, cabe señalar que el Tribunal debe limitarse al estudio de los motivos propuestos ab initio al interponerse el recurso de que se trate, salvo, claro está, que el asunto propuesto una vez expirada esa oportunidad procesal, sea susceptible de acarrear cuestión federal dirimente o se cuestione la validez de algún acto del proceso factible de fulminárselo con nulidad absoluta; circunstancias que se observan en los agravios introducidos por la señora Defensora Pública Oficial en el estadio procesal previsto por los artículos 465 y 466 del código instrumental.

Así pues, en cuanto al derecho a recurrir de la querella cuestionado por la defensa cabe apuntar que, el artículo 460 del C.P.P.N -en función del 458 de ese mismo cuerpo legal- establece expresamente dicha facultad, todo lo cual también encuentra apoyatura en los tratados internacionales que conforman el bloque de consti tucionalidad federal -art.75 inciso 22 de la C.N.- al referirse a los derechos que han de ser reconocidos a la víctimas en el proceso penal, circunstancia por la cual el dicho agravio no tendrá favorable acogida en esta instancia.

En cuanto a la cuestión referida a la atipicidad de la conducta achacada a la imputada M. como así también a la afectación al principio de legalidad, se adelanta que dicho planteo tampoco habrá de prosperar por las consideraciones que se formularán a continuación.

Sobre el punto, en primer lugar cabe recordar en lo que aquí interesa que, tal como surge de nuestra Constitución Nacional en su artículo 18 como así también de los pactos internacionales que conforman el bloque de constitucionalidad federal -art. 75 inciso 22 de la C.N.-, ningún habitante de esta Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en el ley anterior al hecho del proceso, así como tampoco “ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe” -art. 19 de la C.N.-, mandatos en los cuales se encuentra consagrado el principio de legalidad y de reserva.

En este sentido, cabe destacar que el principio de legalidad “no es sólo, entonces, una exigencia de seguridad jurídica, que requiere sólo la posibilidad de conocimiento previo de los delitos y de las penas [por parte de los habitantes de esta Nación], sino además la garantía política de que el ciudadano no podrá verse sometido por parte del Estado ni de los jueces a penas que no admita el pueblo” (cfr. MIR PUIG, Santiago, Derecho Penal Parte General, ArgentinaMontevideo, BdeF, 2009, pág.106).

En consonancia con ello, y para la concreción de aquello, se impone que la norma jurídica contenga ciertos requisitos previos; se trata de una la triple exigencia ineludible estas son, lex scritpa, lex praevia y lex stricta.

En ese sentido, la ley debe ser escrita puesto que dicha modo es el único que permite conocer con certidumbre lo prohibido y lo permitido, así como también tienen que ser previa al hecho que se juzga, debiéndose encontrar vigente al momento en que se perpetró el ilícito.

También la ley debe ser stricta, es decir estricta, concepto que se refiere a la necesidad de determinación por parte de la ley de la conducta prohibida, es decir, que la ley debe ser precisa y suficiente en cuanto a qué conductas resultan punibles, todo lo cual “… se concreta en la teoría del delito a través de la exigencia de tipicidad del hecho y en la teoría de la determinación de la pena obliga a un cierto legalismo que limite el por otra parte necesario arbitrio judicial” (cfr. MIR PUIG, Santiago, ob cit, pág. 107).

Siguiendo la línea de análisis, en cuanto “… a la actividad de los organismos jurisdiccionales, los principios [referidos] fijan un límite insuperable a la tarea interpretativa [que les es propia a los jueces], que no puede adquirir características de creatividad, prohibiendo la consagración de delitos por analogía”, prohibición que resulta una consecuencia del principio de legalidad (cfr. CREUS, Carlos, Derecho Penal. Parte General, Buenos Aires, Astrea, 5ta. edición actualizada y ampliada -1º reimpresión-, 2004, pág. 59 y ss).

Recuérdese que mientras que a través de la interpretación de las normas se busca un sentido del texto legal dentro del tenor literal posible, la analogía supone la aplicación de la ley penal a un supuesto no comprendido en ninguno de los sentidos posibles de su letra, pero análogo a otros sí comprendidos en el texto legal (cfr. MIR PUIG, Santiago, ob cit, pág.115).

Sentado ello, y contrariamente a lo sostenido por la defensa, a mi juicio, si bien es cierto que el delito de estafa procesal carece de tipificación autónoma en nuestro Código Penal, lo cierto es que dicha figura se trata de una de las tantas modalidades de fraude que encuadran en las previsiones del artículo 172 de ese mismo cuerpo legal, encontrándose dicha interpretación y encuadre legal dentro del tenor literal posible de su propia letra. Más allá de las particularidades que presenta la figura en estudio, cabe destacar que “… la estafa procesal es, antes que nada, una estafa, vale decir que para su configuración (…) deben concurrir todos y cada uno de los elementos de aquélla: conducta engañosa, error en otra persona, acto de disposición patrimonial y perjuicio económico en el sujeto o en un tercero”, es decir, que se trata de una figura que reposa sobre los tres pilares en los que se apoya el esquema técnico la estafa: “el fraude, la inducción a error a través de aquél y una disposición patrimonial disvaliosa, como consecuencia directas [es decir, existiendo una conexión causal] de la actividad del primero y de la sumersión en el segundo”, cumpliéndose en definitiva con el mandato de determinación de la ley aludido ut supra (cfr. BUOMPADRE, Jorge Eduardo, Estafas y otras defraudaciones, Buenos Aires, Lexis Nexis, 2005, pág. 80 y ss).

Por ello, también corresponde desechar el presente planteo. d) Despejadas dichas cuestiones, ahora habré de analizar los agravios traídos a inspección jurisdiccional por la querella.

Así pues, en primer lugar cabe recordar que el delito de estafa procesal, como ya se dijo, se trata de un tipo de estafa, figura que se corresponde con el esquema típico genérico contemplado en el artículo 172 del C.P., la cual requiere para su configuración que aquélla se materialice en el marco de un proceso judicial.Se trata de una significación legal a través de la cual “se configura un desdoblamiento entre la víctima del fraude y el ofendido por el delito, en el que la víctima es el juez y el ofendido es la parte o el tercero sobre quien recae las consecuencias económicamente perjudiciales del fallo judicial” (cfr. BUOMPADRE, Jorge Eduardo, ob. cit).

Es decir que, es trata de una modalidad de estafa en la que “…el destinatario del ardid es el juez, a quien se busca engañar a fin de que falle influido por la falsedad del ardid y fundado en él, favoreciendo injustamente a una parte en detrimento del patrimonio de la otra” (cfr. D´ALESSIO, Andrés José -Director- y DIVITO, Mauro A. -Coordinador-, Código Penal de la Nación comentado y anotado, Buenos Aires, La Ley, 2º edición actualizada y ampliada, 2011, tomo II -parte especial-, pág. 689).

Recuérdese que, para la configuración del delito en estudio se “… requiere un fraude en los elementos que deben motivar la decisión judicial. En tal entendimiento, los tribunales han declarado que ese fraude existe cuando la parte se vale de elementos de prueba fraudulentos, es decir si utiliza documentos falsificados o adulterados (…), o usa fraudulen-tamente documentos material e ideológicamente genuinos, o se vale de otro medio de prueba fraudulento” (cfr. esta Sala IV -con una integración parcialmente diferente a la actual-, voto del doctor Gustavo M. Hornos, en la causa Nro. 4632, caratulada: “Landau, Carlos Luis s/recurso de casación” – Reg. 6016.4-, y sus citas).

En este sentido cabe destacar que, para la configuración del delito en cuestión, el engaño no puede estar constituido sobre la base de una sola afirmación o de un silencio contrario a la verdad puesto, en caso de ser así, cualquier persona que resultara vencida en una contienda de carácter pecuniario podría ser pasible de ser condenado por estafa (cfr. en este sentido, D´ALESSIO, Andrés José -Director- y DIVITO, Mauro A. -Coordinador-, ob cit., con cita de Ricardo C.Nuñez).

Sentado ello, en el caso, habré de coincidir con las consideraciones efectuadas por el a quo en cuanto a que la conducta desplegada por la imputada M. en el marco de los expedientes laborales referidos no contiene las características requeridas para constituir “ardid” o “engaño”, de conformidad con cuanto restablece el artículo 172 del C.P.

En este sentido, cabe apuntar no se advierte que la actitud adoptada por los magistrados actuantes y que las resoluciones dictadas por éstos en el marco de los distintos expedientes laborales traídos a conocimiento por la querella, hayan sido motivadas o determinadas por error.

En efecto, y tal como fuera apuntado por el a quo “… las decisiones recaídas en el marco de tales sumarios [laborales] fueron adoptadas con conocimiento de la existencia del acuerdo contractual que regía la relación [laboral entre M. y CO.RE.BE.]”, siendo el argumento central para la desestimación de la oposición formulada por la querella que, las cuestiones allí planteadas (estas son, el análisis de la relación jurídica que unía a M. y a la CO.RE.BE., como así también los instrumentos que las documentan y las labores realizados en determinados períodos) excedían el marco acotado del proceso de ejecución, motivo por el cual aquellas deberían ser ventiladas en un proceso de conocimiento autónomo y no en dicho ámbito.

Asimismo, y en concordancia con cuanto fuera señalado por el a quo “más allá de cual sea la solución que se adopte [finalmente en los sumarios laborales], lo cierto es que los reclamos efectuados por M.y las defensas opuestas por la aquí querellante se enmarcaron dentro de procesos en los que las partes discuten acerca de la procedencia o no del pago de honorarios, y el criterio que en definitiva sigan los jueces, aun de ser contrario a los intereses de la denunciada, no harán ingresar su conducta dentro de la hipótesis defraudatoria pretendida”.

Recuérdese que, en el caso, no se advierte que la acusada se haya valido de elementos de prueba fraudulentos, cuestión que no se encuentra controvertida en autos siendo que, además, en caso de haber silenciado lo verdadero ello por si solo no puede ser considerado como un medio válido e idóneo para engañar a los magistrados en cuestión, máxime cuando como ya se dijo todos ellos no desconocían la existencia de relación laboral entre las partes.

Por último, en cuanto a la circunstancia referida por la querella en cuanto a que el sobreseimiento dispuesto resulta prematuro dado a que resultaría necesario recabar testimo nios con relación a la dudosa notificación del traslado de la liquidación practicada en el marco del expediente laboral “Pérez Ayala, Fernando Pedro c/CO.RE.BE Comisión Regional de Río Bermejo s/despido”, tampoco dicho planteo habrá de prosperar.

En ese sentido cabe apuntar que, tal como surge de la resolución glosada a fs. 57/60, dicha cuestión ya fue objeto de tratamiento en sede laboral resultando ajeno a este fuero el tratamiento de dicha cuestión, máxime cuando no trae a estudio cuestiones novedosas que incidan sobre el punto y que ameriten su revisión.

No obstante ello, a mi juicio, los hechos atribuidos a la imputada sí podrían encuadrar en la figura prevista en el artículo 173 inciso 7º del C.P., hipótesis que el a quo no ha contemplado, motivo por el cual resulta prematura la desvinculación de responsabilidad penal de la acusada en el marco de estos actuados.

En el caso, y cuando se iniciaron los hechos, M.mantenía con la querella una relación de mandato, en donde la primera parecería haber obrado más allá de lo convenido, llevando a cabo actos de abuso en cuanto al manejo de los intereses que ésta tenía a su cargo representar, generando un perjuicio patrimonial a la Comisión.

Recuérdese que dado a que el dictado del sobreseimiento cierra de modo definitivo y anticipado el proceso, se requiere que exista certeza negativa, circunstancia que no se da en el caso.

Así las cosas, propicio al acuerdo hacer lugar al recuerdo de casación interpuesto, casar la resolución recurrida y, en consecuencia, revocarla, debiéndose remitir las presentes actuaciones al tribunal de origen a fin de que continúe con la consecución del proceso. Sin costas en esta instancia. Téngase presente la reserva del caso federal.

Tal es mi voto. El señor juez Gustavo M. Hornos dijo:

Coincido en lo sustancial con las consideraciones efectuadas en el voto precedente en cuanto a la atipicidad de la conducta que ha constituido el objeto del presente proceso a la luz de lo dispuesto en el artículo 172 del Código Penal en el que la parte querellante ha sustentado los cuestionamientos a los que se ha ceñido el recurso de casación que motiva el estudio a realizar en esta instancia.

Por ello, propicio que dicha impugnación sea rechazada. Sin costas (arts. 530 y 531 in fine del C.P.P.N.).

El señor juez Mariano Hernán Borinsky dijo:

I. Inicialmente, corresponde señalar que el recurso de casación interpuesto es formalmente admisible, toda vez que la sentencia recurrida es de aquellas equiparable a definitivas (art. 457 del C.P.P.N.), la parte recurrente se encuentra legitimada para impugnarla (arts. 458 y 460 del C.P.P.N.), los planteos esgrimidos se encuadran dentro de ambos motivos previstos por el art. 456 del C.P.P.N., y se han cumplido los requisitos de temporaneidad y de fundamentación requeridos por el art. 463 del citado código ritual.

II.Superado el juicio de admisibilidad del recurso, corresponde recordar que se investiga la posible comisión del delito de estafa procesal cometido por S. N. M. en perjuicio de la Comisión Regional del Río Bermejo (en adelante, COREBE).

En la denuncia de fs. 1/10 la parte querellante expuso que la imputada se desempeñó como abogada y asesora jurídica de la COREBE y, en violación a los acuerdos suscriptos por ambas partes y omitiendo informar al juez laboral sobre su situación contractual, M. solicitó la ejecución de honorarios en distintos expedientes radicados en la justicia laboral en los cuales intervino como letrada de la COREBE. En uno de dichos procesos judiciales (“Pérez Ayala, Fernando c/ COREBE s/ despido”, expte Nº 26710/02 en trámite ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº 54) la abogada logró el cobro de $41.228 pesos mientras que en los restantes procesos, trabó embargos sobre la cuenta bancaria perteneciente al querellante.

Concretamente, el impugnante puntualizó que, en virtud de los contratos de locación de servicio celebrado entre las partes, M. había renunciado en forma expresa e irrevocable a solicitar y/o percibir honorarios regulados o que pudieran ser regulados judicialmente en virtud de su actuación profesional como letrada de la COREBE, circunstancia que fue silenciada por la nombrada al solicitar la ejecución de honorarios regulados en los distintos juicios laborales en los que participó como abogada de la COREBE.

En efecto, la cláusula quinta del último contrato celebrado entre las partes establecía que “[e]l honorario total por todo concepto se ha convenido en la suma de pesos ($24.000), pagadero en (4) pagos mensuales de pesos seis mil $6.000 todos con vencimiento el día 30 de cada mes” (cfr. fs. 3). Mientras que la cláusula sexta, se convino que “[l]os derechos y obligaciones de las partes serán exclusivamente los aquí previstos. Por consiguiente el locador no tendrá derecho a recibir de COREBE ningún beneficio, prestación, compensación u otro pago fuera de los estipulados expresamente en el presente” (cfr. fs.3/3 vta.).

Frente a dicho contexto, el recurrente precisó que la imputada omitió poner en conocimiento al juez laboral que su situación, en realidad, se encontraba prevista en el art. 2 de la ley 21.839 (según Ley 24.432 , B.O. 10/01/1995) que establece que “los profesionales que actuaren para su cliente con asignación fija, periódica, por monto global o en relación de dependencia, no están comprendidos en la presente ley, excepto respecto de los asuntos cuya materia fuere ajena a aquella relación o cuando mediare condena en costas o cargo de otra de las partes intervinientes en el proceso”.

III. En virtud de lo hasta aquí reseñado, corresponde dar tratamiento al agravio vinculado con la ausencia de tipificación legal del delito de “estafa procesal” que reclama la Defensa Pública Oficial en esta instancia. Al respecto, habré de adherir al rechazo propuesto por mi distinguido colega, doctor Juan Carlos Gemignani pues, tal como tuve oportunidad de expedirme en las causas “Majalelaty, Mario Alejandro s/ recurso de casación, causa Nº 10.545, reg. 889, rta. 24/05/2012 y “Hoberman, Adolfo Oscar s/ recurso de casación”, causa Nº 12.280, reg. 1080, rta. 27/06/2012, el delito de estafa tipificado en el art. 172 del Código Penal, abarca dentro de su descripción a la modalidad denominada como “estafa procesal”, guardando ambas figuras entre sí una relación de género y especie.

La característica peculiar de la “estafa procesal” es que se desarrolla en el marco de un proceso judicial, a través de la triangulación del mecanismo estafatorio ordinario. En efecto, la acción engañosa es desplegada por una de las partes del proceso y está dirigida a provocar un error en el juzgador, quien dicta una sentencia dispositiva que, viciada en su motivación por aquél, provoca un perjuicio en el patrimonio de la contraparte o de un tercero.En otras palabras, la estafa procesal es un caso singular de estafa, en el que se produce un desdoblamiento entre la víctima del fraude y el ofendido por la defraudación. Pues, el juez resulta víctima del fraude mientras que la persona afectada por su decisión de contenido dispositivo patrimonial resulta el ofendido.

Por lo expuesto, la estafa procesal responde ineludiblemente al esquema típico correspondiente a la estafa genérica (art. 172 del C.P.). Según dicho esquema, los elementos del tipo objetivo (ardid o engaño idóneo – error – disposición patrimonial – perjuicio patrimonial) deben guardar entre sí una relación de concatenación causal, de manera que cada uno de ellos sea antecedente del próximo y consecuente de su inmediato anterior.

El ardid o engaño es considerado el más importante de los elementos típicos por ser el responsable de poner en marcha el curso causal lesivo. Ordinariamente puede ser definido como aserción de lo falso o disimulación de lo verdadero dirigido a inducir a error a una o varias personas. Debe recaer sobre hechos pasados o presentes y es necesario que presente una determinada idoneidad para provocar un error, que debe ser analizado ex ante (de manera abstracta y objetiva), sin atender al resultado efectivamente provocado ni a las características subjetivas del juez.

El engaño comporta la presentación en juicio de las falsas pruebas de las que el sujeto activo intenta valerse y en las que funda su pretensión fraudulenta. Señala Núñez que el fraude exigido por la figura existe cuando la parte se vale de elementos de prueba fraudulentos, sea que se trate de documentos falsificados o adulterados, sea que se usen fraudulentamente documentos material e ideológicamente genuinos o cualquier otro medio de prueba fraudulento (ÑUÑEZ, Ricardo C., Tratado de Derecho Penal, T. IV, Ed. Lerner, 2da. ed., 1989, Argentina, Córdoba, págs. 308-309). La misma tesis es sustentada por Sproviero al analizar el delito que nos ocupa en “La específica estafa procesal” (autor y ob. cit., Ed. Cathedra Jurídica, 2005, pág.86).

Ahora bien, el silencio ha sido reconocido como un medio constitutivo del engaño que requiere la figura de la estafa sólo en aquellos supuestos en los que el sujeto activo tenga una obligación jurídica de pronunciarse, es decir, un deber especial de informar.

En este sentido, para que el silencio constituya un modo de comisión por omisión del delito de estafa, Soler enseña que “se requiere que vaya acompañado de un actuar engañoso (facta concludentia), o bien que exista el deber jurídico de hablar o decir la verdad (…). A este fin, no basta que medie una obligación moral o caballeresca; debe tratarse de una obligación jurídica estrictamente determinable como tal, cuestión que depende del examen particular de cada situación, por ejemplo art. 173, inc. 9º. Esta obligación específica no puede ser suplida por la obligación genérica de comportarse de buena fe. No toda inobservancia de las normas de la buena fe constituye ardid” (SOLER, Sebastián, Derecho Penal Argentino, Edit. Tea, Bs. As., 1996, T. IV, pág. 350. Lo resaltado no obra en el original).

P or su parte, Núñez precisa que, en el delito de estafa, el silencio engañoso representa un caso de comisión por omisión, por lo que rigen las reglas de la omisión impropia. Es por ello que dicho autor concluye en que “sólo si el silencio, que ha causado error, implica una violación de un deber jurídico de manifestar lo que se calla, puede imputarse a título de engaño defraudatorio. Ese deber puede surgir de la ley, de una convención o de un hecho precedente” (autor citado, Derecho Penal Argentino, Edit. Bibliográfica Omeba, Bs. As, 1967, T. IV, pág. 301).

En idéntico sentido se pronuncia Spolansky al resaltar que, en relación con el silencio como omisión impropia, es necesario que exista un especial deber de información que surja de determinadas circunstancias que le den fundamento. Además, señala que la buena fe (art.1198 del C.C.) “si bien es un criterio delimitador no es lo suficientemente preciso para establecer en qué casos y dentro de qué límites se fundamenta el deber de actuar; en especial de decir verdad” (SPOLANSKY, Norberto, La estafa y el silencio, Edit. Astrea, Bs.As, 1967, pág. 104/105).

Al respecto, Donna también admite que “para incluir la omisión como forma de realización típica, no queda otra alternativa que recurrir a las reglas de la omisión impropia.

Esto supone que debe concurrir en el autor un elemento especial que lo transforme en garante del bien jurídico. Es decir, debe existir una relación e deber que obligue especialmente al sujeto a la conservación del bien jurídico dañado” (DONNA, Edgardo A. Delitos contra la propiedad, 2º edic. actualizada, Rubinzal Culzoni, Editores, Bs. As. 2008, pág. 346).

En síntesis, en lo que atañe a las omisiones que pueden configurar el engaño requerido por el tipo penal en estudio (art. 172 del C.P.), se exige un deber de no guardar silencio por disposición de la ley, de una convención o de un hecho precedente atribuible al propio agente, en la medida en que en estos casos el silencio implique una omisión determinante del error de quién debió saber la verdad.

IV. En función del marco dogmático señalado, en primer lugar, corresponde destacar que las maniobras denunciadas se componen de una inicial omisión por parte de la imputada al no informar al juez laboral su relación contractual con la parte querellante y acciones positivas al ejecutar judicialmente la regulación de honorarios por su ejercicio profesional como representante de la COREBE en los distintos pleitos de índole laboral en los que intervino.

Sin embargo, junto con mis distinguidos colegas que me preceden en el orden de votación, entiendo que corresponde descartar la tipicidad objetiva del delito previsto y reprimido por el art.172 del C.P., bajo la modalidad de “estafa procesal”.

Ello resulta así pues, en primer lugar, el recurso de casación bajo examen no logra demostrar cuál es el deber jurídico de la imputada de informar al juez laboral acerca de su relación contractual con la COREBE al ejecutar judicialmente los honorarios regulados. Dicho deber jurídico no puede extraerse, sin más, de las cláusulas quinta y sexta del convenio celebrado por las partes (reseñadas a fs. 3/3 vta.), tal como pretende el recurrente. En efecto, la genérica obligación de comportarse con “buena fe” no constituye el deber jurídico señalado.

En segundo término, aun cuando -por vía de hipótesis- se admitiese la existencia de un deber jurídico por parte de la imputada consistente en informar al juez laboral su situación contractual con la COREBE, la omisión de dicho hipotético deber no reviste la calidad de idónea -ex ante- para provocar un error en el juez laboral.

Ello es así pues M. practicó la liquidación de los honorarios regulados por su actuación profesional en diversos expedientes y dichas liquidaciones fueron notificadas a la COREBE (condenada en costas en el fuero laboral) que se opuso a la pretensión de la imputada. En efecto, la querellante señaló en sus presentaciones judiciales que M. percibía una remuneración mensual a raíz de un contrato de locación de servicios y solicitó se rechace la ejecución solicitada por la imputada (cfr. fs. 26/52).

En síntesis, la omisión de informar una determinada relación contractual al solicitar la ejecución de honorarios regulados judicialmente no puede constituir sin más, un engaño que sirva como medio de comisión por omisión del delito de estafa procesal (art.172 del C.P.), pues no se advierte el despliegue de una omisión idónea para torcer la voluntad del sentenciante quien, previo a expedirse, tuvo oportunidad de evaluar las defensas interpuestas por el demandado.

Es por ello que, más allá de la solución a la que se arribe en el fuero laboral acerca de la procedencia o improcedencia de las ejecuciones de honorarios solicitadas por M. (y, paralelamente, de las defensas interpuestas por la COREBE), corresponde descartar la tipicidad objetiva de la maniobra denunciada en la presente causa.

Por último, no cabe continuar con la investigación de las presentes actuaciones ante la posible comisión del delito de administración fraudulenta pues el impugnante no alega, ni tampoco se advierte, que S. N. M. haya realizado alguna de las acciones típicas previstas por el delito contemplado por el art. 173, inc. 7, del C.P. (esto es, manejar, administrar o cuidar los bienes o intereses pecuniarios ajenos).

V. Por todo lo expuesto, comparto la solución propuesta por mi distinguido colega que me precede en orden de votación, doctor Gustavo M. Hornos en cuanto a que corresponde RECHAZAR el recurso interpuesto por Juan Sebastián Potenza Dal Masetto, apoderado de la parte querellante Comisión Regional del Río Bermejo (COREBE), con el patrocinio letrado de las doctoras Ana García y Sheila Borzani, sin costas en la instancia (arts. 470, 471 -ambos a contrario sensu- , 530 y 531 -in fine- del C.P.P.N.). TENER PRESENTE la reserva del caso federal.

Por ello, en mérito de la votación que antecede, por mayoría, el Tribunal RESUELVE:

I) RECHAZAR el recurso de casación interpuesto por la querella, sin costas en esta instancia (arts. 530 y 531 -in fine- del C.P.P.N.).

II) TÉNGASE PRESENTE la reserva del caso federal.

Regístrese, notifíquese y, oportunamente, remítanse las presentes actuaciones al tribunal de origen a sus efectos, sirviendo la presente de muy atenta nota de envío.

MARIANO HERNÁN BORINSKY

JUAN CARLOS GEMIGNANI GUSTAVO M.HORNOS

Ante mí:

NADIA A. PÉREZ

SECRETARIA DE CÁMARA

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