La privación de un derecho retributivo a trabajadores sujetos a un proceso sumarial interno, afecta el principio de inocencia.

Partes: Peralta José Luis y otros c/ Banco Ciudad de Buenos Aires s/ acción de amparo

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: IV

Fecha: 27-ago-2012

Cita: MJ-JU-M-75175-AR | MJJ75175 | MJJ75175

La privación de un derecho retributivo a quienes están sujetos a un proceso sumarial interno, afecta el principio de inocencia -de raigambre constitucional- y colisiona asimismo con la clara disposición legal que prohíbe al empleador imponer multas al trabajador o reducir por esa vía el monto de la remuneración.

Sumario:

1.-Corresponde confirmar la sentencia de anterior instancia en cuanto hizo lugar a la demanda de amparo interpuesta y, consecuentemente, declaró la nulidad parcial de la cláusula del acuerdo colectivo en la medida en que excluye de la gratificación extraordinaria allí establecida al personal afectado a actuaciones sumariales o que hayan entablado acciones judiciales contra el Banco .

2.-El rubro gratificación extraordinaria , a pesar de su denominación, no constituye técnicamente una gratificación , dado que no tiene su origen en la voluntad unilateral de la empleadora sino en una negociación colectiva.

3.-La privación de un derecho retributivo a quienes están sujetos a un proceso sumarial interno, afecta el principio de inocencia (de raigambre constitucional) y colisiona asimismo con la clara disposición legal que prohíbe al empleador imponer multas al trabajador o reducir por esa vía el monto de la remuneración

4.-La cláusula impugnada -que margina del beneficio al personal afectado a actuaciones sumariales o que hayan entablado acciones judiciales contra el Banco – vulnera manifiestamente principios elementales de nuestro régimen legal y constitucional.

5.-La cláusula impugnada encubre más que una diferencia de trato, una represalia, y va mucho más allá, porque avanza sobre pilares básicos del estado de derecho y sobre garantías elementales, ya que no es concebible que un hombre sea juzgado culpable de una manera apriorística y que se lo castigue por haber recurrido a un juez imparcial para que, en definitiva, y luego de un proceso bilateral, le diga si es acreedor o no a la suma que reclama.

Fallo:

En la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a los 27 DE AGOSTO DE 2012, reunidos en la Sala de Acuerdos los señores miembros integrantes de este Tribunal, a fin de considerar el recurso interpuesto contra la sentencia apelada, se procede a oír las opiniones de los presentes en el orden de sorteo practicado al efecto, resultando así la siguiente exposición de fundamentos y votación:

El doctor Héctor C. Guisado dijo:

I) Vienen las presentes actuaciones a conocimiento de esta alzada como consecuencia del recurso deducido por la demandada a fs. 152 (y fundado a fs. 163/172) contra la sentencia de primera instancia de fs. 139/145 que hizo lugar a la demanda de amparo y, consecuentemente, declaró la nulidad parcial de la cláusula A.5 del acuerdo colectivo suscripto el 22 de diciembre de 2011 entre el BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES y la ASOCIACIÓN BANCARIA, en la medida en que excluye de la “gratificación extraordinaria” allí establecida “al personal afectado a actuaciones sumariales o que hayan entablado acciones judiciales contra el Banco”.

II) La apelante esgrime como motivo principal de su disenso, el argumento de que la “gratificación extraordinaria” no revestiría carácter remuneratorio y, consecuentemente, su parte dispondría de facultades discrecionales para fijar los requisitos para su percepción sin transgredir los límites razonables.

Esta argumentación parte de un presupuesto falso, pues el rubro mencionado, a pesar de su denominación, no constituye técnicamente una “gratificación”, dado que no tiene su origen en la voluntad unilateral de la empleadora sino en una negociación colectiva (cfr. fs. 41/43).

Pero aun cuando, por vía de hipótesis, se entendiera que se trata realmente de una gratificación, ello no incidiría en nada en la solución del caso, dado que, como lo señala pacíficamente la doctrina, las gratificaciones constituyen siempre remuneración, a menos que se demuestre fehacientemente que su pago obedeció a una causa ajena al contrato de trabajo -tales como:amistad, parentesco u otros servicios personales que no integran el objeto de ese contrato- (López, Justo, “El salario”, Ediciones Jurídicas, 1988, p. 177; Pinto Varela, Silvia E., en Vázquez Vialard, Antonio -Dir.-, “Ley de contrato de trabajo comentada y concordada”, t. 2, p. 189).

Por lo demás, la cláusula que ha dado lugar a este proceso (esto es, la que margina del beneficio “al personal afectado a actuaciones sumariales o que hayan entablado acciones judiciales contra el Banco”) vulnera manifiestamente principios elementales de nuestro régimen legal y constitucional.

Ello es así, pues, como bien lo señala el Sr. Fiscal General, la privación de un derecho retributivo a quienes están sujetos a un proceso sumarial interno, afecta el principio de inocencia (de raigambre constitucional) y colisiona asimismo con la clara disposición legal que prohíbe al empleador imponer multas al trabajador o reducir por esa vía el monto de la remuneración (art. 131  de la LCT).

Pero aun más grave resulta la insólita exclusión del beneficio salarial a quienes hubiesen promovido una acción judicial contra el Banco, ya que -como también lo destaca con acierto el Dr. Álvarez- “lo que caracteriza a una República, es la posibilidad de recurrir al Poder Judicial cuando una persona considera que se le ha afectado un derecho, y no sería legítimo un acuerdo por el cual se supeditara la retribución a la impunidad jurisdiccional”.

Coincido entonces con el Sr.Fiscal General en que la cláusula impugnada encubre “más que una diferencia de trato, una represalia, y va mucho más allá, porque avanza sobre pilares básicos del estado de derecho y sobre garantías elementales, ya que no es concebible que un hombre sea juzgado culpable de una manera apriorística y que se lo castigue por haber recurrido a un juez imparcial para que, en definitiva, y luego de un proceso bilateral, le diga si es acreedor o no a la suma que reclama”.

Por ello, y los demás fundamentos del dictamen que antecede, que comparto y doy aquí por reproducidos, voto por confirmar la sentencia apelada en lo principal que decide.

III) La demandada cuestiona también la imposición de costas.

Estimo que la queja no merece acogimiento.

En efecto, la exención de costas que autoriza el art. 68  del Código Procesal procede, en general, cuando “media razón fundada para litigar”, expresión ésta que contempla aquellos supuestos en que, por las particularidades del caso, cabe considerar que el vencido actuó sobre la base de una convicción razonable acerca del hecho invocado en el litigio. Sin embargo, no se trata de la mera creencia subjetiva en orden a la razonabilidad de su pretensión, sino de la existencia de circunstancias objetivas que demuestren la concurrencia de un justificativo para eximirlo de costas y sólo ha de disponérsela cuando existan motivos muy fundados, por la preponderancia del criterio objetivo de la derrota (C.N.A. Civ., Sala E, 26/12/97, “Becerra de Delgado, Ana Cecilia c/ Delgado, José Hugo s/ medidas precautorias”; esta Sala, 20/2/08, S.D. 93.001, “Sotelo, Eva Nelly c/ Medical Park S.A. y otros s/ despido”; íd., 14/5/10, S.D. 94.677, “Rodríguez, María Eugenia c/ FV S.A. s/ certificado de trabajo”; íd., 14/5/10, S.D. 94.661, Prieto, Cecilia Ramona c/ Coto CICSA y otro s/ accidente – acción civil” ; íd., 14/5/10, S.D.94.673, “Costa, María de los Ángeles c/ Mapfre ART S.A. s/ accidente – ley especial”; íd., 31/5/10, S.D. 94.717, Giuliano, Fernando Martín c/ Obra Social de Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina Asociación Civil s/ despido”). Ahora bien, en el caso no se advierten motivos objetivos que justifiquen la exención solicitada, máxime ante la manifiesta irrazonabilidad e ilicitud de la cláusula en cuestión.

Sugiero entonces confirmar el pronunciamiento también en este aspecto.

IV) La recurrente apela por altos los honorarios regulados a los letrados de ambas partes.

En atención a la trascendencia económica (cfr., al respecto, el depósito de fs. 177/178) y jurídica del caso, y el mérito e importancia de los trabajos realizados, los emolumentos en cuestión no lucen excesivos, por lo que sugiero confirmarlos (arts. 6, 7 , 8, 9  y conc. ley 21.839, 38  L.o. y 3°  y conc. dec. ley 16.638/57).

V) En definitiva, traigo al acuerdo la siguiente propuesta: 1) Confirmar la sentencia apelada en todo cuanto ha sido motivo de recurso. 2) Imponer las costas de la alzada a la demandada (art. 68 del Cód. Procesal), regulando los honorarios de los profesionales de las partes actora y demandada en las respectivas sumas de $. y $. (art. 14  ley 21.839).

La doctora Silvia E. Pinto Varela dijo:

Por análogos fundamentos, adhiero al voto que antecede.

Por ello, el Tribunal RESUELVE: 1) Confirmar la sentencia apelada en todo cuanto ha sido motivo de recurso. 2) Imponer las costas de la alzada a la demandada (art. 68 del Cód. Procesal), regulando los honorarios de los profesionales de las partes actora y demandada en las respectivas sumas de $. y $. (art. 14 ley 21.839).

Cópiese, regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase.

SILVIA E. PINTO VARELA – Juez de Cámara –

HÉCTOR C. GUISADO – Juez de Cámara –

ANTE MI:

SILVIA SUSANA SANTOS – Secretaria –

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