Proceden las diferencias salariales, pues el acuerdo rescisorio con asesoramiento letrado contratado por la empresa es un acto viciado

Partes: Cortessi Alejandra Beatriz c/ Santander Río Servicios S.A. s/ diferencias de salarios

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: I

Fecha: 12-jul-2012

Cita: MJ-JU-M-74296-AR | MJJ74296 | MJJ74296

Proceden las las diferencias salariales reclamadas, pues la firma de un convenio rescisorio orientado a generar exclusivamente una ventaja a la empresa -consistente en la posibilidad de invocar la cosa juzgada frente a eventuales reclamos del trabajador- antes que a conciliar reclamos de trabajadores sustentados en derechos controvertidos descarta que pueda considerarse válidamente que el mismo importe una justa composición de los derechos e intereses de las partes.

Sumario:

1.-Corresponde revocar la sentencia de anterior instancia, y consecuentemente condenar a la demandada pagar las diferencias salariales e indemnizatorias reclamadas, pues que la trabajadora haya concurrido, supuestamente de manera voluntaria a suscribir el acuerdo rescisorio y que lo hiciera con un asesoramiento legal que en realidad no era tal, todo lo cual es revelado por la prueba, no puede per se tener eficacia jurídica pues los letrados que comparecieron en representación de los trabajadores fueron contratados por la propia demandada y esto denota la existencia de un acto viciado.

2.-Los testimonios de la causa permiten reafirmar los dichos denunciados por la trabajadora accionante en el inicio, pues fueron coincidentes al relatar la modalidad que implementó la empleadora para lograr la suscripción de acuerdos masivos, así como también para contratar y abonar los servicios del profesional letrado que asistió a la actora en la celebración del acuerdo, circunstancia ésta que descarta una expresión libre de la voluntad por parte de la trabajadora.

3.-La firma del convenio rescisorio orientado a generar exclusivamente una ventaja a la empresa -consistente en la posibilidad de invocar la cosa juzgada frente a eventuales reclamos de diferencias del trabajador- antes que a conciliar reclamos de trabajadores sustentados en derechos controvertidos, lo que -en principio- descarta que haya podido considerarse válidamente que el referido acuerdo haya importado una justa composición de los derechos e intereses de las partes (cfr. art. 15  LCT).

4.-El acuerdo rescisorio derivó de un vicio en la voluntad de la trabajadora, ya que actuó sin el debido asesoramiento y es de suponer que -por no ser experta en materia jurídica- no comprendió los alcances jurídicos de la eventual homologación del acuerdo en cuestión, a lo que cabe agregar que es verosímil que no lo habría suscripto de haber comprendido sus efectos que conllevan renuncia a derechos alimentarios (arg. arts. 944 , 922 , 933  y cc. CCiv.).

5.-El art. 2º  de la ley 25323 resulta procedente toda vez que la trabajadora intimó fehacientemente a su empleadora la cancelación de los créditos salariales e indemnizatorios adeudados y, su falta de pago, la obligó a iniciar las presentes actuaciones. Si bien no soslayo que la demandada efectuó un pago parcial por rubros salariales adeudados, lo cierto es que tal cálculo fue incorrectamente efectuado y resulta insuficiente.

Fallo:

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 12 días del mes de julio de 2.012, reunida la Sala Primera de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, para dictar sentencia en la causa del epígrafe, y de acuerdo al correspondiente sorteo, se procede a votar en el siguiente orden:

La Dra. Gabriela Alejandra Vázquez dijo:

I. La Sra. Jueza “a quo” rechazó la demanda orientada al cobro de diferencias salariales e indemnizatorias (fs. 321/326).

II. Tal decisión es apelada por la parte actora a tenor del memorial de fs. 325/333 que mereció oportuna réplica a fs. 346/353. Por su parte, el perito contador a fs. 335 y la representación letrada de Santander Río Servicios SA a fs. 337 se agravian por considerar que los honorarios que le fueron regulados resultan exiguos.

III. La accionante se agravia porque la Sra. Jueza otorgó pleno valor al acuerdo celebrado entre las partes que puso fin a la relación laboral y satisfizo los créditos derivados de la desvinculación, de las comisiones reclamadas y de diferencias salariales.

Sostiene, que el análisis pormenorizado de las actuaciones demuestra la maniobra fraudulenta de la demandada. Hace alusión a pasajes del acuerdo y destaca, lo llamativo que resulta ser que, en el mismo acto en el que quien comparece a solucionar diferencias salariales y que de comisiones decida, por acuerdo mutuo, poner fin al vínculo. Resalta que la demandada no acompañó la documentación que materializa los supuestos reclamos de la actora y originó el trámite ante el SECOSE e invita a colegir que ese reclamo, y la consecuente audiencia conciliatoria, fueron situaciones forzadas por la propia demandada quien pretendía desprenderse de la mayor cantidad de trabajadores/as al menor costo posible.Otros detalles que -en su visión- denotan el ardid perpetrado por la demandada serían el reconocimiento de la mejor remuneración del último año ($208), que no se corresponde con ningún mínimo y por otro lado, que en el mismo acto de la audiencia se le abonase a su parte el monto “conciliado” sin que hubiese mediado a esa fecha la homologación de la autoridad administrativa. En su opinión, estos elementos denotan la falta del “común acuerdo” necesario para congeniar las voluntades conforme lo requiere el art. 241  de la LCT.

Otra consideración esbozada por la apelante, se centra en la falta de razones que llevaron a la Sra. Jueza a entender que no existía vicio de la voluntad al celebrar el acuerdo. Señala, que se extrae del mismo actuar de la accionada que generalizó este sistema de conciliaciones para desvincularse de su personal, trasladándolos desde sus puestos de trabajo -en el caso Bahía Blanca- hasta la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el fin de asistir a la firma de estos convenios.

Otro aspecto de la crítica recae sobre el análisis realizado sobre las declaraciones testimoniales. En grado, se les restó importancia por provenir de personas que poseen juicio pendiente contra la demandada y porque incluyeron argumentos no vertidos por la propia actora en su escrito de inicio. Ante ello se alza destacando que si las desvinculaciones fueron masivas, resulta lógico que los declarantes posean juicio pendiente ya que sufrieron el mismo accionar de la demandada y que la declaración de la Dra. Poggio debe ser analizada con sumo cuidado ya que es la funcionaria que intervino en el “operativo de desvinculación masiva”. También destaca que no es cierto que hayan depuesto sobre circunstancias no contenidas en la demanda, repasando pasajes de ella.

Finalmente, se alza contra el segmento de la sentencia en el que se afirma que las tareas desempeñadas por la actora denotan a una persona preparada que no podría desconocer los alcances del acuerdo que suscribió.

IV.Es conclusión firme del fallo apelado que la Sra. Cortessi con fecha 3 de diciembre de 2007 suscribió un instrumento por el que se documentaba la extinción de la relación laboral por ‘mutuo acuerdo’, el que fue homologado por la autoridad administrativa. La accionante refirió que no fue un acuerdo voluntario y solicitó su nulidad; en tanto la demandada negó los extremos fácticos denunciados por el trabajador.

Si bien es cierto que un acuerdo celebrado y homologado en sede administrativa produce los efectos de la cosa juzgada en un posterior reclamo en sede judicial, lo cierto es que el trabajador puede impugnar lo actuado si demuestra, en el caso concreto, la existencia de vicios de la voluntad al tiempo de su celebración.

Considero que la apelación bajo análisis debe ser atendida. Las declaraciones de los testigos Poggio (fs.254/255); Di Doménico (fs.286) y Rivero (fs.287) resultan suficientes para avalar la postura fáctica del accionante. La Sra. Poggio, gerente de relaciones laborales, afirmó que “…se tuvo que encargar de hablar con el jefe de la actora, el Sr. Di Doménico, para que se trasladaran a la ciudad de Buenos Aires, para firmar un acuerdo ante las autoridades del SECOSE, en Capital Federal. Que sabe que se les pagaba una suma fija de dinero y se le daba por terminada la relación y los representaba un abogado que había puesto la empresa para que firmaran y terminara la relación de trabajo con la compañía” y que lo sabe porque “. recibió instrucciones por parte de los directivos de la organización de cual iba a ser el procedimiento.”; de igual manera sabe que “el gasto de viaje y estadía los pagó la empresa Santander Río Servicio” y lo sabe porque “cada jefe determinaba como viaja el personal que venía”. “Que la firma de estos acuerdos se hizo en Suipacha 1111”, donde funciona el Estudio de Perez Alatti, que era el estudio que representaba a la empresa. Afirmó que “los Dres.Perez Lloret y Matina, no asesoraban a la gente, y lo sabe porque la dicente estuvo presente”.

Di Doménico (fs. 286), por su parte relató: “le consta que hubo otros despidos de igual tenor al de la actora porque el testigo también fue parte del despido y también aclara que en el resto del país fueron más de 1000 asesores de venta despedidos”.

Rivero, al ser cuestionada respecto del distracto de la actora sostuvo que “se produjo en la Capital Federal en un estudio jurídico, donde fueron en combi, en un mismo día, pagada por la empresa donde había un abogado pagado por la empresa que los defendía y les hicieron firmar la desvinculación a la misma” y que “le consta que hubo otros despidos de igual tenor al de la actora porque el testigo también fue parte del despido y también aclara que en el resto del país fueron mas de 1000 asesores de venta despedidos”.

No soslayo que la primer declaración fue impugnada por la demandada a fs.257/258; y que las restantes fueron emitidas por testigos que poseen juicio pendiente contra la demandada, pero lo cierto es que las observaciones vertidas por la parte resultan dogmáticas y no resultan relevantes para restarles valor convictivo a los relatos brindados.

En efecto, los testimonios precedentes permiten reafirmar los dichos denunciados por la accionante en el inicio, pues fueron coincidentes al relatar la modalidad que implementó la empleadora para lograr la suscripción de “acuerdos” masivos, así como también para contratar y abonar los servicios del profesional letrado que asistió a la actora en la celebración del acuerdo, circunstancia ésta que descarta una expresión libre de la voluntad por parte de la trabajadora.

En este contexto, la firma del referido convenio orientado a generar exclusivamente una ventaja a la empresa (consistente en la posibilidad de invocar la cosa juzgada frente a eventuales reclamos de diferencias del trabajador) antes que a conciliar reclamos de trabajadores sustentados en derechos controvertidos, lo que -en principio- descarta que haya podido considerarse válidamente que el referido acuerdo haya importado una justa composición de los derechos e intereses de las partes (cfr. art. 15  LCT). De hecho, y en el terreno de los indicios, destaco que no existe prueba alguna sobre la real iniciación de algún tipo de reclamo previo -por parte de la accionante- que dé lugar a la tramitación de la instancia conciliatoria a la que fue sometida.

Conforme lo expuesto, que la trabajadora haya concurrido, supuestamente “de manera voluntaria” a suscribir el acuerdo rescisorio y que lo hiciera con un asesoramiento legal que en realidad no era tal (art. 17  de la Ley 24.635 y art.10  del dto.1169/96, reglamentario de la ley 24.635), todo lo cual es revelado por la prueba, no puede per se tener eficacia jurídica pues fue poco idóneo al efecto de salvaguardar sus derechos, porque los letrados que comparecieron en representación de los trabajadores fueron contratados por la propia demandada y esto denota la existencia de un acto viciado (ver en igual sentido, “Díaz, Gustavo José Ricardo c/ Orígenes Seguros de Retiro SA s/ diferencias de salarios”, Sentencia Definitiva nro.87.088 del 17 de octubre de 2011, del registro de esta Sala). En efecto, el acuerdo derivó de un vicio en la voluntad de la actora, ya que actuó sin el debido asesoramiento y es de suponer que -por no ser experta en materia jurídica- no comprendió los alcances jurídicos de la eventual homologación del acuerdo en cuestión, a lo que cabe agregar que es verosímil que no lo habría suscripto de haber comprendido sus efectos que conllevan renuncia a derechos alimentarios (arg. arts. 944 , 922 , 933  y concs. Cód. Civil).

Por lo expuesto, propongo revocar lo decidido en grado y declarar la nulidad del acuerdo firmado por las partes.

Lo expuesto, me exime de tratar la excepción de cosa juzgada, ya que los argumentos vertidos como defensa se basan en la validez del acuerdo celebrado y de -más específicamente- su cláusula 7ma. que reza que “una vez hecho efectivo el pago, nada más tendrá que reclamar a Santander Río Servicios S.A. por ningún concepto y/o causa derivados de la relación laboral que la vinculara con la misma”. La decidida nu lidad del acuerdo se proyecta sobre los alcances de esa cláusula viabilizando la presente acción.

El punto XVII de la contestación de demanda persigue la declaración de prescripción de los rubros reclamados. Solicita que para adoptar la decisión, se tome en cuenta la fecha de cada uno de los períodos pretendidos.Sostiene que resultan prescriptos todos aquellos créditos que existiesen con anterioridad al 15.03.07.

Ahora bien, la demandante, propone el pago de créditos que van desde marzo del 2.007 hasta diciembre de ese mismo año. Por ello, como no se reclaman créditos de exigibilidad anterior a la fecha indicada, la defensa debe ser desestimada.

V. Corresponde liquidar las partidas derivadas a condena. Para ello, se tendrá en cuenta la fecha de ingreso (3.12.00), la fecha de egreso (3.12.07) y la remuneración de $1.608,08.- mensuales. Cabe destacar que el monto del salario denunciado por la trabajadora resulta adecuado a las tareas que cumpliera para la demandada, con la actividad de la empresa, así como también proporcionado en relación a los salarios mínimos de la actividad comercial contemplada en el CCT 130/75  categoría vendedor B; las factibles comisiones devengadas por el desarrollo de su actividad y lo excesivamente exiguo que luce la mejor remuneración mensual, normal y habitual denunciada en el acuerdo aquí nulificado de $208. En este contexto el art. 56  de la LCT faculta a los magistrados a fijar el importe del crédito de que se trata, esto debe hacerse por decisión fundada, y siempre que su existencia esté legalmente comprobada, teniendo presente los salarios mínimos vitales y las retribuciones habituales de la actividad (CSJN, in re Ortega Carlos c/ Seven Up Concesiones SAIC, sent. del 10/7/86, Fallos 308:1078).

El incremento establecido en el art. 2º  de la ley 25.323 resulta procedente toda vez que la trabajadora intimó fehacientemente a su empleadora la cancelación de los créditos salariales e indemnizatorios adeudados y, su falta de pago, la obligó a iniciar las presentes actuaciones. Si bien no soslayo que la demandada efectuó un pago parcial por rubros salariales adeudados, lo cierto es que tal cálculo fue incorrectamente efectuado y resulta insuficiente.

La multa prevista en el art.80  LCT también debe progresar ya que no surge de autos que las certificaciones hubieran sido confeccionadas y entregadas en tiempo y forma a la trabajadora. Cabe destacar que, contrariamente a lo sostenido por la demandada, la accionante intimó de modo fehaciente requiriendo la entrega de los certificados de trabajo mediante carta documento de fecha 17 de abril de 2009 (ver informe del Correo Oficial de fs. 136/139) y la demandada no los puso a disposición en tiempo y forma. En consecuencia, propongo incluir esta partida en la liquidación final.

La compensación de créditos solicitada no será atendida. Digo esto, porque el pago reconocido por ambas partes de $1.364,25, fue imputado a “diferencias salariales y comisiones por toda la relación laboral o el período no prescripto” (cnfr. ptos 2 y 7 del acuerdo), es decir, a partidas que no son reclamadas en el presente litigio.

Por lo expuesto, corresponde hacer lugar a la demanda y diferir a condena los rubros y cuantías reclamadas en el inicio (ver especialmente fs. 20 vta./21) por la suma de $47.528,84. Correrán intereses desde que cada suma fue debida y hasta la fecha de su efectivo pago. Se le aplicará la tasa de interés activa fijada por el Banco de la Nación Argentina para el otorgamiento de préstamos (cnfr. Lo dispuesto por el Acta Nº 2357 del 07.05.05, y Resolución Nº 8 del 30.05.02, dictadas por la C.N.A.T.).

V. La actora solicita responsabilizar solidariamente al Banco Santander Río S.A. quien fue, desde la demanda, citado como tercero “por la responsabilidad que pudiere caberle en forma solidaria” (ver especialmente acápite XII fs. 25). Debo destacar que la demanda fue interpuesta exclusivamente contra “Santander Río Servicios SA” (fs. 8) y la falta de argumentos, esbozadas al citar al tercero, no permite extenderle la responsabilidad. Recuerdo que la cosa demandada debe ser designada con precisión y en forma clara; no siendo suficiente el reclamo meramente global (art.65  LO). Dicha precisión es necesaria puesto que ello conformará el marco del proceso, fijando los límites según el principio de congruencia.

Por ello sin perjuicio que, quien me precedió en el juzgamiento, haya tenido por interpuesta la demanda contra ambas personas físicas, (fs. 27), corresponde interpretar que, tal como lo expone el Banco Santander Río SA en la contestación de demanda (fs. 78), debe entendérsela como un tercero y la voluntad de la actora de no incluirla como codemandada, no puede ser suplida por quien sentencia.

VI. A influjo de lo normado por el art. 279  CPCCN, corresponde dejar sin efecto lo dispuesto en origen en materia de costas y honorarios. Teniendo en cuenta el principio general que rige en la materia, los rubros que resultaron procedentes y el resultado final del pleito, propongo fijarlas, en ambas etapas, a cargo de la demandada, en su carácter de objetivamente vencida en el pleito (art. 68  CPCC).

De conformidad con el mérito y calidad de los trabajos realizados en grado, valor económico del juicio, rubros que resultaron procedentes, resultado final del pleito y facultades conferidas al Tribunal, propicio regular los honorarios de la representación letrada de la parte actora e igual carácter de la demandada y al Sr. perito contador en el 16%, 12% y 6% a calcular sobre el monto total de condena que se fija en el presente, incluido capital e intereses (artículos 6°, 7°  y concordantes de la ley 21.839).

Teniendo en cuenta similares parámetros, propicio regular los honorarios de la representación letrada de la parte actora y demandada en el 30% y 25%, de lo que en definitiva le corresponda percibir a cada uno de ellos por su actuación en la anterior etapa (art. 38  LO y art. 14  de la Ley 21.839).

VII. Por todo lo expuesto, propongo en este voto: a) Revocar la sentencia apelada y hacer lugar a la demanda y condenar a SANTANDER RIO SERVICIOS S.A.a abonar a CORTESSI ALEJANDRA BEATRIZ la suma de $47.528,84 más los intereses fijados; b) Dejar sin efecto lo dispuesto en grado en materia de costas y honorarios; c) Imponer las costas, en ambas etapas, a cargo de la demandada vencida y d) Regular los honorarios de conformidad con lo establecido en el considerando VI. del presente.

El Dr. Vilela dijo:

Que por análogos fundamentos adhiere al voto que antecede.

A mérito de lo que resulta del precedente acuerdo el Tribunal resuelve: a) Revocar la sentencia apelada y hacer lugar a la demanda y condenar a SANTANDER RIO SERVICIOS S.A. a abonar a CORTESSI ALEJANDRA BEATRIZ la suma de $47.528,84 más los intereses fijados; b) Dejar sin efecto lo dispuesto en grado en materia de costas y honorarios; c) Imponer las costas, en ambas etapas, a cargo de la demandada vencida y d) Regular los honorarios de conformidad con lo establecido en el considerando VI. del presente.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Gabriela Alejandra Vázquez Julio Vilela

Jueza de Cámara Juez de Cámara

Ante mí:

Elsa Isabel Rodríguez

Prosecretaria Letrada de Cámara

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