La multa impuesta a la empleadora por falta de registro de los trabajadores no puede multiplicarse por cada empleado no registrado.

Partes: Aviar Navarro S.A. s/ apelación multa y clausura

Tribunal: Cámara Federal de Apelaciones de San Martín

Fecha: 27-ago-2012

Cita: MJ-JU-M-74779-AR | MJJ74779 | MJJ74779

La multa impuesta a la empleadora por falta de registro de los trabajadores no puede multiplicarse por cada uno de los empleados no registrados, porque la contravención es una y prevé expresamente una situación de multiplicidad.

Sumario:

1.-Cabe confirmar la reducción de multa dispuesta, pues habiendo sido tipificada la conducta de la empleadora como una contravención conforme con el artículo siguiente al n° 40 de la ley 11683, donde se ha establecido la pena de multa mínima y máxima a imponer al advertirse la infracción cometida por la empresa, los cálculos establecidos en la resolución general no podían superar el monto máximo previsto en la legislación, con el argumento de multiplicar las multas conforme la cantidad de personas que no han sido registradas por el infractor; ello en tanto el articulado aplicable prevé expresamente una situación de multiplicidad.

2.-Los términos plurales del artículo siguiente al n° 40 de la ley 11683 y el margen impuesto entre el mínimo y máximo legal autorizan a concluir en que la infracción debe ser considerada como una, en tanto ha sido detectada en la oportunidad en que se llevara a cabo la inspección, y la sanción a imponer, evaluada conforme su gravedad en el caso específico; de este modo, los principios de seguridad jurídica y de legalidad que se hallan en juego en esta cuestión no se verían afectados.

3.-Tanto la definición de la conducta cuanto la imposición de las sanciones pertinentes quedan bajo el arbitrio del Poder Legislativo -a cuyos términos cabe estar-, sin perjuicio de la facultad de la Administración de dictar las reglamentaciones y disposiciones necesarias, pero que no podrán vulnerar la esfera de atribuciones propias del órgano legislativo y el espíritu de la norma.

Fallo:

San Martín, 27 de agosto de 2012.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

Llegan las presentes actuaciones a conocimiento del Tribunal con motivo del recurso de apelación interpuesto por la Administración Federal de Ingresos Públicos, contra la resolución de fs. 211/213, en cuanto confirmó parcialmente la decisión administrativa de fs. 157, reduciendo la multa impuesta a la firma “Aviar Navarro S.A.”, la que fijó en treinta mil pesos ($ 30.000), por aplicación de las disposiciones contenidas en el artículo agregado sin número a continuación del n°40 de la ley 11.683 (reformada por la ley 25.795 ).

Dicha reducción fue el motivo de recurso de la Administración. La razón social por su parte, en esta instancia, al mejorar sus fundamentos, efectuó consideraciones tendientes a deslindar su responsabilidad,

cuestión que no habrá de ser abordada en esta Alzada, atento que en su oportunidad, no apeló ni adhirió al remedio procesal deducido por la contraria (confr. fs. 224, 244/245).

El caso bajo análisis versó sobre la infracción advertida en la empresa señalada, de no efectuar la registración del alta de aproximadamente 32 de sus empleados, en los plazos que establece la AFIP (confr. resolución de fs. 57).

La recurrente entendió que no correspondía la reducción de la multa que fuera oportunamente fijada en sede administrativa, atento la multiplicidad de infracciones advertidas por los inspectores.

Tras la lectura de las actuaciones y de las normativas legales y resoluciones generales en juego, no cabe más que concluir en que el Sr.Juez ha evaluado correctamente la sanción de multa que corresponde aplicar en el caso.

Es que más allá de que la resolución general 1566, en su artículo 19, en referencia específica al artículo agregado sin número a continuación del n°40, de la ley 11.683, ha determinado el modo en que se debe calcular la sanción a imponer en base a cada trabajador hallado en infracción, ello en modo alguno autoriza a que el monto total supere la suma máxima prevista por la ley citada. Ésta reza:

“las sanciones indicadas en el artículo precedente, exceptuando a la de clausura, se aplicará a quienes ocuparen trabajadores en relación de dependencia y no los registraren y declararen con las formalidades exigidas por las leyes respectivas”.

Los términos plurales de la ley y el margen impuesto entre el mínimo y máximo legal, autorizan a concluir en que la infracción debe ser considerada como una, en tanto ha sido detectada en la oportunidad en que se llevara a cabo la inspección, y la sanción a imponer, evaluada conforme su gravedad en el caso específico.

De este modo, los principios de seguridad jurídica y de legalidad que se hallan en juego en esta cuestión no se

verían afectados. Es que el hecho de que ciertas normas legales puedan ser integradas por el contenido de otras de orden administrativo, no importa desconocer los principios constitucionales aludidos.

Corresponde citar, sobre el particular, al doctrinario Héctor B. Villegas, en su obra “Régimen Penal Tributario Argentino”, 2ª. Ed., donde expresó que: “la ley debe ser sancionada y promulgada según las exigencias constitucionales de cada país por el poder que ejerce la función legislativa. Esa facultad es indelegable… En definitiva, el principio de legalidad tiene plena vigencia en el derecho penal tributario tanto delictual como contravencional”. También, en la pág. 91 señaló que:”están exentos de castigo todos aquellos actos de los ciudadanos que aun siendo aparentemente ilegítimos, no hayan sido configurados previamente como infracciones sancionables por una ley represiva tributaria anterior a la consumación de tales acciones”.

Es así que, tanto la definición de la conducta cuanto la imposición de las sanciones pertinentes, quedan bajo el arbitrio del Poder Legislativo -a cuyos términos cabe estar-, sin perjuicio de la facultad, en el caso de la Administración, de dictar las reglamentaciones y disposiciones necesarias, pero que no podrán vulnerar la esfera de atribuciones propias del órgano legislativo y el espíritu de la norma.

De este modo, habiendo sido tipificada la conducta como una contravención, en el artículo siguiente al n° 40 de la ley 11.683, donde se ha establecido la pena de multa mínima y máxima a imponer al advertirse la infracción cometida por la empresa, los cálculos establecidos en la resolución general de marras no podrán superar -como lo hizo en este caso- el monto máximo previsto en la legislación, con el argumento de multiplicar las multas conforme la cantidad de personas que no han sido registradas por el infractor.

Ello en tanto el articulado aplicable prevé expresamente una situación de multiplicidad.

Por todo lo expuesto, el Tribunal RESUELVE:

CONFIRMAR el auto de fs. 211/213 en cuanto fuera materia de recurso.

Tómese razón, notifíquese y devuélvase.

FDO: CULOTTA – BARRAL.

PROSEC ORIBE.-

El Dr. Hugo Rodolfo Fossati no firma la presente por hallarse en uso de licencia. Conste.

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