Responsabilidad de guionistas, productor y empresa televisiva por difundir hechos inexactos en unitario televisivo que afectan a la actora.

Partes: O. M. G. c/ Grinstein Marisa Ivonne y otros s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: E

Fecha: 27-ago-2012

Cita: MJ-JU-M-74458-AR | MJJ74458 | MJJ74458

Procede la demanda contra los guionistas, la productora y la empresa televisiva tendiente a resarcir los daños que le causó a la actora, la emisión de un unitario televisivo en el que se “ficcionalizó” tergiversadamente un episodio relacionado con un homicidio del que la actora resultó sobreseída; pero se rechazó la demanda contra la autora del libro en el que se basó el programa, pues la forma en que estaba redactado el capítulo correspondiente surgió que la autora se limitó a brindar información objetiva, en un espacio temporal cercano a los hechos informados.

Sumario:

 

 

 

1.-Corresponde hacer lugar a la demanda incoada por la actora contra los guionistas, la productora y la empresa televisiva que con la emisión de un unitario suministraron una información tergiversada y fabricada, en el cometido de una tarea puramente recreacional (el telenovelar un hecho real) sin que se haya evidenciado la persecución de un fin público que baste para vencer el derecho a la curación de las personas sobreseídas que no fueron sujetas a reproche penal alguno, habiendo importado una afectación, al mismo tiempo, del honor y de la privacidad de la actora; por otro lado, corresponde rechazar la demanda respecto de la autora del libro y de la editorial que lo publicó, pues lo que realizó dicha autora se limitó a dar una información objetiva en persecución de un interés público y en el cometido de una tarea periodística en sentido amplio.

 

2.-Resulta inadmisible que se imponga una responsabilidad a una periodista que eventualmente dudara sobre las pruebas existentes en un expediente respecto de la comisión de un hecho, cuando el sistema represivo penal lo estimó relevante -al menos como hipótesis de injusto para disponer un sobreseimiento por inimputabilidad en el momento de la comisión de los hechos- a punto tal de adoptar una medida de seguridad tan grave como es la internación de una persona en un hospital psiquiátrico.

 

3.-La codemandada autora del libro no elaboró una hipótesis de comisión de un hecho a partir sus inferencias lógicas, lo que hizo fue decir que de hecho no hubo prueba alguna -tal es su aserción fundamental- fuera de la reflexión lógica que es menos de lo que hicieron el fiscal, el juez y la cámara en cuanto propusieron o dispusieron la internación de la imputada con sustento en la comisión de un hecho injusto, típico y exento de causa de justificación alguna.

 

4.-La imputación efectuada en la demanda se refirió estrictamente a la falta de trascripción íntegra de los datos indicados por el fiscal, pero éstos -particularmente los relativos a la presencia eventual de un tercero en el lugar y a las circunstancias que demostraban la falta de autoría de la actora- no fueron repetidos en las resoluciones decisivas para la causa dictadas por el juez de primera instancia en lo penal: se trata, en conclusión, de una crónica informativa redactada con prudencia, dentro de los límites objetivos, no motivada por finalidades injuriosas o calumniosas y en casi idénticos términos a las constancias del sobreseimiento dictado por el juez de la causa sin distorsiones relevantes para el honor de la persona sobreseída.

 

5.-La autora codemandada nunca dijo que la actora fuera asesina sino que eventualmente realizó una opinión indirecta – más allá de la deducción lógica – sobre las circunstancias que rodearon el caso; no resultando el principio de inocencia establecido por sentencia judicial firme un impedimento al investigador periodístico para reflexionar, con argumentos razonables, sobre el pronunciamiento por más que esta lógica responda más a la opinión de la autora basada en sus fuentes o a su interpretación de un sobreseimiento dictado con tales características que a la realidad de las pruebas aportadas en el expediente.

 

6.-La deducción lógica realizada por la autora del libro -respecto al homicidio- refleja un grado de aserción inferior en cuanto a los hechos que las consideraciones efectuadas por los integrantes del sistema represivo estatal -fiscal, juez y cámara- importaría un grado extremo de rigor condenar civilmente a un periodista que dijo en relación a la demandante menos -en el grado mismo de la causación del hecho- que las constancias del proceso penal que llevaron a la internación de una persona en un hospital psiquiátrico durante un año.

 

7.-Las actividades públicas de los jueces en general y el contenido de las sentencias en particular son debatibles -con argumentos fundados- dentro del marco de la esfera pública que está constituida, entre otros, por los medios de comunicación masiva, por los libros de investigación periodística e incluso por los dichos de la misma actora quien señaló en su contestación de expresión de agravios que ignoraba las razones por las cuales la causa se paralizó permitiendo que el verdadero culpable, cuya autoría pudo bien haber surgido del análisis de los elementos señalados por el fiscal, quedó impune.

 

8.-La falta de una atribución específica de un delito doloso a la actora es decisivo puesto que a la luz de los razonamientos precedentes no se ha referido la autora codemandada a todas ellas como asesinas ni ha determinado esa imputación en la persona de la actora en los términos que requiere el tipo del art. 109 del Código Penal, por consiguiente, las consideraciones vertidas en el prólogo no son una imputación -atribuir a alguien la responsabilidad de un hecho reprobable según el Diccionario de la Real Academia Española, 22ª. ed.- porque la redacción de ese texto impide atribuir inequívocamente a la actora la calificación de asesina.

 

9.-El prólogo no revela una intención injuriante por parte de la autora respecto de la descripción de la conducta de la actora en el capítulo ni permite inferir de su lectura que, por sí solo, baste para considerar que se la ha incluido en un contexto denigrante para su persona.

 

10.-Los títulos de los libros, a diferencia de lo que ocurre con las noticias de los diarios, difícilmente puedan tener una correspondencia absoluta con todo el material incluido por los autores de los textos, el título de un libro no es necesariamente la suma y -a la vez- la correspondencia con todas y cada una de sus partes e inversamente no cabe entender que a cada parte se le aplique el contenido del título en toda su extensión de forma independiente a lo dicho en cada capítulo.

 

11.-El título Mujeres asesinas no es un título abstracto del cual pueda considerarse que esa calificación se refiera inequívocamente a todas y cada una de ellas e incluso en el caso, el concepto mismo de asesinas al momento de su edición incluía un alcance que tiene características equívocas: el diccionario autorizaba a llamar asesina a una persona que mata a otra simplemente como concepto sinónimo de homicida entre los que se incluyen tanto los homicidios dolosos e incluso eventualmente aquellos cometidos en estado de inimputabilidad -no en el caso de la involuntabilidad por la presencia de agentes físicos externos- y en casos de premeditación e incluso en un estado súbito en el que la víctima se encuentra en estado de indefensión (alevosía).

 

12.-La determinación acerca de la responsabilidad de los guionistas del capitulo televisivo debe partir del canon de veracidad que surge del capítulo del libro Mujeres asesinas que la actora misma no cuestiona en su demanda al señalar que la autora del libro se atuvo, en ese texto, a la realidad de los hechos y a las constancias del juicio penal; cabe atender, asimismo, a la descripción efectuada por el fiscal y el juez penal que han suministrado en potencial la autoría del hecho para recién después proponer el sobreseimiento por la inclusión de la conducta dentro del supuesto del art. 336, inc. 5º del CPPN.

 

13.-El guión de codemandados, a diferencia del texto del libro de la autora demandada, ha incorporado datos injuriantes para el honor subjetivo de la actora -relaciones amorosas con la víctima- cuya verdad no ha sido acreditada en la causa, es más, tales datos no surgen del expediente penal en el cual solo ha podido establecerse que la actora le comentó a un sacerdote que la víctima la había difamado sin que hayan podido determinarse ni el contenido ni las características de las supuestas afirmaciones injuriantes de su excompañera de cuarto.

 

14.-Los guionistas resultan responsables de las inexactitudes incluidas en el guión -en el cual no están incluidas las consideraciones del prólogo del libro- y resultan responsables por ese acto antijurídico del cual debe ser liberada la autora quien solo intervino como autora del libro Mujeres asesinas .

 

15.-La antijuridicidad de la conducta de los guionistas, la productora y la empresa televisiva demandados queda constituida por el acto de agregación de una aseveración sobre las características del hecho mismo pese a las condiciones en que se había dictado la resolución de sobreseimiento, sin que tenga relevancia en perjuicio de los vencidos la falta de agregación de otros datos que no constan en dicha decisión, los cuales -a pesar de lo afirmado por la demandante- no fueron ponderados por el juez al sobreseerla en los términos del art. 336, inc. 5º del CPPN.

 

16.-La conducta de los guionistas, de la empresa de televisión y de la productora se ha basado en una lectura incompleta e inexacta de la resolución judicial de alta potencialidad agraviante porque se ha pasado en la descripción específica de la conducta atribuida a la actora de unas condiciones de comisión relatadas, al menos parcialmente, en términos condicionales a una descripción en acto, tal circunstancia -relativa a la forma de comisión del hecho- tiene particular relevancia, por otro lado, porque la voluntariedad, la premeditación y eventualmente la alevosía no pueden extraerse como calificativos del particular contenido potencial de la resolución con lo cual tanto más debieron cuidarse estos demandados -del modo en que lo hizo la autora del libro- en la imputación de una afirmación injuriante -la de asesina- ante la falta mayores datos relativos a esa conducta.

 

17.-Si el Estado hubiera entendido que -en este tipo de situaciones- era necesario privilegiar el derecho a la intimidad por sobre la publicidad integral de un fallo, hubiese elegido prohibir divulgar cierto tipo determinado de datos no solo para los funcionarios sino también para la prensa, como este camino no fue utilizado, debe concluirse que el Estado no ha entendido retacear la publicidad de fallos como el que sobreseyó a la actora.

 

18.-La materia protegida consiste en publicar verazmente información que ha sido difundida al público a través de registros públicos y este caso es fiel demostración de la necesidad imperiosa en el sentido de que esa transcripción sea literal y no una representación que soslaya aspectos importantes de las sentencias o resoluciones penales, no se ha impuesto a la prensa la veda en la difusión de noticias vinculadas a sobreseimientos pero de ello no se sigue que toda revelación de los datos vinculados a la identidad de un sobreseído se encuentre protegida como información privilegiada ya que incluso puede considerarse afectada eventualmente la privacidad cuando se hacen precisiones sobre el lugar de residencia actual de una persona condenada muchos años antes.

 

19.-El programa elaborado por los guionistas y concretado por la productora y por la emisora televisiva utilizó como materia prima a la vida de la actora para incorporar hechos falsos con despreocupación respecto del patrón contenido en el libro y en el expediente penal y utilizó su nombre y apellido para dar una historia en la que se incorporaron datos falsos con afectación al derecho de una persona a su curación después de haber sido sobreseída y sin ser sometida a reproche penal alguno: el agravio causado a la actora debe resarcirse -como estableció la jueza de primera instancia- al haber producido la divulgación de esas inexactitudes un daño en su vida según la prueba relatada en la sentencia sea que se interprete que se produjo una trasgresión al uso del nombre (art. 21 de la ley 18248), sea que -como entiendo- se haya afectado su derecho al honor y a la intimidad mediante esa conducta por haberse reflejado hechos inexactos o que se encontraban dentro de su ámbito de privacidad (arts. 1067  y 1109 del CCiv.).

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