Corvalán Sandra c/ Centarti & Sanguinetti Asociados de Centarti Miguel Ángel y Sanguinetti Orlando Raúl y otros s/ diferencias de salarios

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo – Sala/Juzgado: III

Fecha: 28-nov-2008

Cita: MJ-JU-M-41679-AR | MJJ41679 | MJJ41679

El gasto por uso de telefonía celular que realizaba la trabajadora debe ser incluido en el concepto de remuneración, por el contrario, la cobertura médica no posee dicho carácter.

Sumario:

1.-Corresponde confirmar en lo principal la sentencia de primera instancia, aunque se eleva el monto de la condena. Por su parte, se considera que el gasto por uso de telefonía celular que realizaba la actora debe ser incluido en el concepto de remuneración; en tanto que, la cobertura médica no posee carácter remunerativo.

2.-Cabe puntualizar que el salario es ante todo la contraprestación del trabajo subordinado. En tanto que, toda prestación del empleador tiene ,en principio, carácter salarial si constituye una ventaja patrimonial para el trabajador, que éste obtiene como contraprestación de servicios desempeñados para aquél. Por ello, toda prestación -en dinero o en especie- que el empresario otorga al trabajador en concepto de ganancia, sin que se le exija acreditación de gastos y que se percibe como consecuencia del contrato laboral, consiste en una prestación remuneratoria arts. 103 , 105, 106 y 115 de la LCT.

3.-En lo que concierne a la cobertura médica cabe sostener que la misma no se concede en función del tiempo de trabajo, ni del rendimiento del trabajador. Es decir, no es una contraprestación del trabajo, sino una protección que se otorga en ocasión y en la medida de ciertas necesidades emergentes del trabajador. Constituye un modo de asunción, por parte del empleador, de una contingencia social que puede aleatoriamente afectar o no a sus empleados. Por lo tanto, no procede otorgar a dicho concepto carácter remuneratorio.

4.-Respecto a la telefonía celular, si bien puede discutirse, en cierta forma, la inclusión del uso del teléfono celular en el concepto de remuneración, éste se suministra al trabajador para que cumpla con su tarea o, incluso, para agregar un grado que conforma su calidad de vida acorde con sus ingresos. Pero ello no ocurre cuando se trata de un empleado que por su posición social, derivada de su cultura e ingresos, tiene el celular incorporado necesariamente a su estilo de vida. En tal contexto, la adjudicación del mismo evita el gasto que de todos modos el trabajador hubiera realizado y, en consecuencia, importó una ventaja patrimonial que puede y debe considerarse contraprestación salarial, en los términos de los arts. 103 y 105 de la LCT.

Fallo:

En la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a 28.11.2008, reunidos en la Sala de Acuerdos los señores miembros integrantes de este Tribunal, a fin de considerar el recurso deducido contra la sentencia apelada, se procede a oír las opiniones de los presentes en el orden de sorteo practicado al efecto, resultando así la siguiente exposición de fundamentos y votación:

La doctora Porta dijo:

La actora, los demandados, los doctores Willa, Conte, Berenguer y el Sr. Perito Contador recurren el fallo de grado (fs. 477, 479, 481, 482/vta. y 490/492).

Los demandados se quejan por el progreso de las asignaciones previstas en los decretos 1347/03 y 2005/04 y el incremento del decreto 392/03, pues sostienen que la actora era una trabajadora que se encontraba fuera de convenio.

En mi criterio no asiste razón a los quejosos.

Luego de que la ley 25.561 declarara la emergencia pública en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria (art. 1 y facultara al Poder Ejecutivo a reactivar el funcionamiento de la economía, mejorar el nivel de empleo y de distribución de ingresos (art. 1 inc. 2), con el dictado del decreto 1273/02 (B.O. 18/07/02) comienzan a sucederse diversas normas tendientes a “.corregir el deterioro que vienen padeciendo las remuneraciones en general y los salarios de menor cuantía en especial.” (ver considerando 6). Sabido es que este primer decreto fija una asignación no remunerativa de carácter alimentario (de $ 100 mensuales desde el 01/07/02 hasta el 31/12/02) “.para todos los trabajadores del sector privado que se encuentren comprendidos en los convenios colectivos de trabajo.” (art. 1), excluyendo a los trabajadores agrarios, del servicio doméstico y del sector público (art. 2). Sin embargo, esta norma deja sin resolver varias cuestiones que pueden dar lugar a dudas razonables y controversias, razón por la cual inmediatamente se dictó su decreto reglamentario 1371/02 (B.O.01/08/02) y, ante su insuficiencia, la resolución 169/02 de la Secretaría de Trabajo (B.O. 03/09/02).

Ambas normas reconocen la necesidad de reglamentar el decreto 1273/02 para “.garantizar su correcta aplicación en el contexto en que ha sido dictada.” (ver considerando 3 del decreto 1371/02 y considerandos 3 y 4 de la resolución 169/02) y reiteran la exclusión de los trabajadores del sector público.

Para ese fin, el primero dispuso que “.Los empleadores podrán otorgar o extender la asignación no remunerativa de carácter alimentario mensual. respecto de aquellos trabajadores no comprendidos en el régimen legal de convenciones colectivas de trabajo.” (art. 1). La resolución 169/02 reconoció como causa de su dictado las “.diversas interpretaciones habidas a partir del dictado de la referida normativa y en ejercicio de dicha delegación expresa, es competencia de esta Secretaría dictar las medidas aclaratorias tendientes a su correcta aplicación e implementación.” y además, “.en atención a la diversidad de relaciones de trabajo contempladas en nuestro derecho positivo y a su articulación con diferentes institutos laborales que hacen a la materia.” (ver considerandos 2, 3 y 4). En consecuencia, intenta resolver varias situaciones dudosas, ratifica exclusiones y agrega beneficiarios. Aclara que el pago de la asignación no remunerativa comprende “.a todos los trabajadores del sector privado, en relación de dependencia, comprendidos en el régimen de negociación colectiva, en los términos de la ley 14.250.”.

Posteriormente, el decreto 2641/02 (B.O. 20/12/02) como la resolución citada utilizó la misma expresión para determinar el ámbito personal de aplicación de la asignación no remunerativa dispuesta e incrementada luego por el decreto 905/03 (B.O. 16/04/03; resolución 158/03, B.O.02/05/03; de $ 130 desde el 01/01/03 hasta el 28/02/03, de $ 150 desde el 01/03/03 hasta el 30/06/03; de $ 200 desde el 01/05/03 hasta el 31/012/03). Este decreto contempló expresamente su aplicación a “.todos los trabajadores del sector privado, en relación de dependencia, comprendidos en el régimen de negociación colectiva, en los términos de la Ley 14250 y sus modificatorias.”, concepto luego adoptado por el decreto 392/03 (B.O. 15/07/03; incremento del salario básico) y ampliado aún más por el decreto 2005/04 (B.O. 06/01/05).

La sucesión normativa convalida la aplicabilidad de los decretos dictados por el Poder Ejecutivo Nacional que dispusieron el pago de asignaciones no remunerativas a todos los trabajadores en relación de dependencia, comprendidos o no en un convenio colectivo de trabajo (excluidos únicamente los expresamente enunciados). Es preciso reconocer que las últimas redacciones subsanaron la deficiente redacción del decreto 1273/02 que requirió del dictado de normas reglamentarias y aclaratorias ante sus diversas interpretaciones.

La ley 14250, en su art. 1 determina su ámbito personal de aplicación en forma amplia y prevé una regulación particular para los convenios colectivos de la función pública. Luego, el art. 8 de la ley 25877 (B.O. 19/03/04) sustituyó el citado art. 1 para aclarar que “.sólo están excluidos de esta ley los trabajadores comprendidos en las leyes Nº 23929 y Nº 24185, en tanto dichas normas regulan sus propios regímenes convencionales.” (docentes y sector público nacional).

Por todo lo expuesto, entiendo que el personal “fuera de convenio” -como la actora- está incluido en el régimen de la negociación colectiva porque, tal como lo sostiene la sentenciante de grado, no se encuentra excluida. El último decreto no deja lugar a dudas al respecto.Considero que, con independencia del amparo o no de un convenio colectivo de trabajo en particular, lo que determina el ámbito de aplicación personal de las normas reseñadas es que la trabajadora no se encuentre en las exclusiones taxativamente determinadas. En conclusión, todo trabajador en relación de dependencia se encuentra comprendido dentro del régimen de negociación colectiva establecido por la ley 14250, independientemente de que se encuentre o no se encuentre expresamente amparado por una convención colectiva de trabajo y, en consecuencia, también está incluido en los decretos que dispusieron el pago de las asignaciones no remunerativas (en sentido análogo, SD Nro. 87136 del 27.9.2005 en autos Basso, Paula Marina c/ Sena & Berton Moreno Soc. Civil y otros”, SD Nro. 87668 del 18.4.2006 en autos “Zuccarelli, Lidia Nora c/ Belgrano Day School S.A.”, del registro de esta Sala). Por las razones expuestas, propongo confirmar el fallo recurrido en este aspecto.

El tratamiento de la queja relativa a la asignación prevista por el decreto 2005/04 resulta abstracto, atento que dicho rubro no fue acogido por el sentenciante con fundamento en que el mismo había sido abonado por los recurrentes (fs. 206 y 472).

Tampoco puede prosperar la queja de los demandados relativa a las diferencias salariales que se originaron por los descuentos practicados por aquéllos en concepto de pago por telefonía celular y medicina prepaga. Los empleadores hacen hincapié en que las sumas descontadas de la remuneración de la actora correspondían a que ellos pagaban el teléfono celular y un plan mejorado de obra social de la trabajadora en forma anticipada y luego lo deducían del salario.

Cabe puntualizar que el salario es ante todo la contraprestación del trabajo subordinado. Esta Sala ha sostenido de modo reiterado que toda prestación del empleador tiene -en principio- carácter salarial si constituye una ventaja patrimonial para el trabajador, que éste obtiene como contraprestación de servicios desempeñados para aquél.Por ello, toda prestación -en dinero o en especie- que el empresario otorga al trabajador en concepto de ganancia, sin que se le exija acreditación de gastos y que se percibe como consecuencia del contrato laboral, consiste en una prestación remuneratoria (arts. 103 , 105, 106 y 115 de la L.C.T., en igual sentido, sentencia Nº 72.960 del 29.11.96, en autos “Lucero, Fidel y otros c/ E.F.A. s/ diferencias de salarios”, sentencia Nº 76.336 del 29.4.98, en autos “Vera, Domingo c/ Fe.Me S.A. s/ diferencias de salarios”, ambas del registro de esta Sala).

En lo que respecta a la cobertura médica, esta Sala que tengo el honor de integrar, aun antes de mi incorporación y sin que estuviera vigente la ley 24.700 sostuvo que la prestación médica no se concede en función del tiempo de trabajo ni del rendimiento del trabajador. No es una contraprestación del trabajo sino una protección que se otorga en ocasión y en la medida de ciertas necesidades emergentes del trabajador. Constituye un modo de asunción, por parte del empleador, de una contingencia social que puede aleatoriamente afectar o no a sus empleados. Por lo tanto, no procede otorgar a dicho concepto carácter remuneratorio (en igual sentido, SD Nro. 59120 del 19.1.89, en autos “Sansin, Eduardo Milton c/ Centro Médico del Sud S.R.L. s/ despido”, SD Nro. 57054 del 18.10.88, en autos “Ramenzoni, Eduardo A. y otros c/ Sociedad Anónima La Razón s/ despido”, SD Nro. 70802 del 29.12.95, en autos “Kraus, Fernando O. c/ Gas del Estado s/ diferencias de salarios”, todas del registro de esta Sala).

Al enumerar los beneficios sociales, el art. 103 bis en el inciso d) hace mención a los gastos médicos del trabajador y su familia, asumidos por el empleador, previa presentación de comprobantes emitidos por el médico o entidad correspondiente (en sentido análogo, SD Nro.89286 del 30.11.2007 en autos “Saint Jean, Alejandro c/ Disco S.A.”, del registro de esta Sala).

En el caso, cabe apartarse de este principio general, porque la demandada no acreditó fehacientemente cuál era la contribución a su cargo ni cuánto era lo que debía afrontar la trabajadora por dicho concepto, ni tampoco las sumas efectivamente abonadas a la empresa de medicina prepaga, ya que al respecto no requirió informes de la empresa OSDE ni tampoco aportó documento alguno que respalde su afirmación. Para más, las sumas descontadas a la actora según los recibos de sueldo agregados a la causa no concuerdan con las que figuran en el listado traído por la demandada como pagos supuestamente efectuados a OSDE ni tampoco con lo informado en el peritaje contable. Así, según los recibos de sueldo correspondientes a los meses de febrero a mayo de 2004, de agosto a octubre del mismo año y de abril, mayo y julio de 2005 los demandados dedujeron en forma mensual la suma de $94,09 en concepto de OSDE 3% (fs. 56 a 58 y fs. 2/8 que obra en sobre de pruebas de fs. 26), mientras que del listado traído por aquéllos como del peritaje contable surge que la accionada supuestamente abonó y descontó de la remuneración por aquel concepto las sumas de $42,18 en febrero y marzo de 2004; de $69,91 en abril, mayo, agosto y octubre de 2004; de $69,90 en septiembre de 2004; de $96,18 en abril, mayo y julio de 2005 (fs. 309 que obra en legajo de pruebas reservadas que corre agregado por cuerdas a los principales y fs. 367 del expediente).

En cuanto a la telefonía celular, es criterio de esta Sala que si bien puede discutirse, en cierta forma, la inclusión del uso del teléfono celular en el concepto de remuneración, éste se suministra al trabajador para que cumpla con su tarea o incluso para agregar un grado que conforma su calidad de vida acorde con sus ingresos.Pero ello no ocurre cuando se trata de un empleado que por su posición social, derivada de su cultura e ingresos, tiene el celular incorporado necesariamente a su estilo de vida. En tal contexto, la adjudicación del mismo evita el gasto que de todos modos el trabajador hubiera realizado y en consecuencia, importó una ventaja patrimonial que puede y debe considerarse contraprestación salarial en los términos de los arts. 103 y 105 LCT (en sentido análogo, sentencia Nº 77.393 del 23.9.98, en autos “Rivadeo, Carlos c/ Seguridad y Custodia SRL s/ despido”, SD Nro. 89286 del 30.11.2007 “Saint Jean, Alejandro Roberto c/ Disco S.A.”, del registro de esta Sala).

La situación planteada en el caso es diferente, porque los testigos traídos por la demandada, de modo coincidente, dijeron que la empresa demandada había contratado con CTI un plan corporativo, que esto beneficiaba a los trabajadores que querían celular porque el costo era inferior al normal, que cada trabajador se hacía cargo del consumo personal de cada línea, que esto se descontaba del sueldo, que la ventaja existente era que entre los integrantes de la demandada no tenían costo de comunicación, por lo que el único gasto que quedaba para los trabajadores era el de los llamados personales fuera del trabajo (fs. 158/160, 161/162 y 175/177; arts. 386 y 456 del CPCC).

No obstante la empleadora no acreditó que las sumas descontadas correspondieran a los gastos que efectivamente hizo la actora por telefonía celular, pues los guarismos que figuran en el listado de importes descontados y supuestamente pagados a la empresa de telefonía celular que trajo a los autos no concuerdan con el detalle que también supuestamente emana de la empresa CTI Móvil, traído por la demandada.Así, del mencionado listado resulta que en octubre de 2004 el descuento por uso de celular fue de $13,53, mientras que CTI Móvil indica un gasto de $11,78 y en enero de 2005, en la planilla realizada por los demandados figura un gasto de $18,58 mientras que la mencionada empresa de telefonía celular informó para ese mes un gasto negativo de $-90 (fs. 154, 367, 395/398 y fs. 309, 310, 312 y 313 que obran en sobre de pruebas agregado por cuerdas a los principales).

Por último, señalo que la propia demandada al apelar reconoce que no instrumentaba los descuentos de lo que ella denominaba adelantos de remuneración de conformidad con lo establecido por el art. 130 de la LCT, ya que los adelantos de sueldo deben instrumentarse mediante recibos, que deberán reunir los requisitos establecidos por los arts. 138, 139 y 140 incs. a, b, g, h, i de la citada norma.

En consecuencia, auspicio confirmar la decisión de grado en el punto.

La demandante se queja porque el sentenciante rechazó su reclamo tendiente a percibir la indemnización prevista en el art. 80, último párrafo , de la LCT (texto conforme art. 45 de la ley 25345).

En mi criterio asiste razón a la apelante, ya que la actora intimó a la empleadora para que entregase los certificados de trabajo mediante carta documento Nro. 785683125 del 10.3.2006, la que fue recibida y respondida por la contraria, conforme surge de la carta documento Nro. 757781087 del 15.3.2005, sin que la accionada cumpliera con su obligación (fs.12, 13, 51, 53).

Cabe señalar, en este sentido, que la entrega de tales certificados al dependiente en oportunidad de la extinción de su relación laboral es una obligación del empleador que debe ser cumplida en forma inmediata a la desvinculación (esto es, en el tiempo que razonablemente puede demorar su confección). No hay razones, pues, para considerar que el cumplimiento de esta obligación dependa -en lo que se refiere a su aspecto temporal- de que el trabajador concurra a la sede de la empresa o establecimiento a retirar los certificados (procedimiento normal), sino que corresponde entender que, en caso de que así no ocurra, el empleador debe, previa intimación, consignar judicialmente los certificados (en sentido análogo, SD Nro. 83170 del 11.2.2002 “Fraza, María Aida c/ Storto, Silvia Noemí y otro”, del registro de esta Sala).

En el caso, la demandada manifestó que los certificados de trabajo estaban a disposición de la actora, sin embargo aquellos documentos sólo fueron agregados con la contestación de la demanda (fs. 48/49), circunstancia que no obsta a la procedencia del reclamo de la actora, pues en tal oportunidad la indemnización prevista en la citada norma, ya que se había tornado exigible (en sentido análogo, SD Nro. 87603 del 23.3.2006 en autos “Parodi, Pedro Héctor Jorge c/ Automotores D´Amato S.A. y otro”, del registro de esta Sala).

Por ello, propongo revocar este aspecto del fallo apelado y acoger este reclamo por la suma de $9.408,96 ($3.136,32 x 3), decisión que eleva el monto de condena a $31.743,50, suma que deberá ser abonada por los demandados a la actora en la forma, en el plazo y con más los intereses fijados en el fallo apelado, cuestiones que llegan firmes a esta alzada.

Ante el nuevo resultado del litigio que propicio y lo normado por el art.279(ref:LEG1312.279 del C.P.C.C.N., corresponde dejar sin efecto la imposición de costas y las regulaciones de honorarios practicadas en la instancia anterior y proceder a su determinación en forma originaria, razón por la cual deviene abstracto el tratamiento de los agravios sobre el punto.

Propongo que las costas de ambas instancias sean soportadas por los demandados vencidos (art. 68 de la normativa procesal señalada).

En atención al valor económico de la contienda, al resultado del pleito, a la calidad y extensión de las tareas desempeñadas por los profesionales intervinientes y a lo dispuesto en el art. 38 de la ley 18345, arts. 6 , 7, 8, 9 , 19 , 37, 39 y conc. de la ley 21839, propongo regular los honorarios de los letrados de las partes actora y de los demandados, en conjunto y por sus trabajos en la instancia previa, y para los Sres. Peritos Contador y Calígrafa, en los respectivos porcentajes de . % (de los cuales se establece 10% para los profesionales que actuaron hasta fs. 353/354 -Dres. Willa y Conte- y . % para el Dr. Berenguer), . %, . % y . % a calcular sobre el monto de condena con más la adición de intereses y para los profesionales que intervinieron ante esta alzada, en . % de lo que, en definitiva, les corresponda percibir por sus trabajos ante la instancia previa.

En relación con la adición del I.V.A. a los honorarios regulados, esta Sala ha decidido en la Sentencia Nro. 65.569 del 27 de septiembre de 1993 en autos “Quiroga, Rodolfo c/Autolatina Argentina S.A. s/ accidente-ley 9688” , que el impuesto al valor agregado es indirecto y por lo tanto grava el consumo y no la ganancia, por lo que debe calcularse su porcentaje que estará a cargo de quien debe retribuir la labor profesional. En el mismo sentido se ha pronunciado la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Compañía General de Combustibles S.A.s/recurso de apelación” (C.181 XXIV del 16 de junio de 1993) al sostener “que no admitir que el importe del impuesto al valor agregado integre las costas del juicio -adicionárselo a los honorarios regulados- implicaría desnaturalizar la aplicación del referido tributo, pues la gabela incidiría directamente sobre la renta del profesional, en oposición al modo como el legislador concibió el funcionamiento del impuesto”. Ante lo expuesto, en caso de tratarse de responsables inscriptos, deberá adicionarse a las sumas fijadas en concepto de honorarios de los profesionales actuantes en autos el impuesto al valor agregado que estará a cargo de quien debe retribuir la labor profesional.

En definitiva y por lo que antecede, voto por; I.- Confirmar el fallo apelado en lo principal que decide; II.- Elevar el monto de condena a la suma total de $31.743,50, que deberá ser abonada por los demandados a la actora en la forma, en el plazo y con más los intereses fijados en el fallo apelado; III.- Dejar sin efecto la imposición de costas y las regulaciones de honorarios practicadas en la instancia anterior; IV.- Imponer las costas de ambas instancias a los demandados vencidos; V.- Regular los honorarios de los letrados de las partes actora y de los demandados, en conjunto y por sus trabajos en la instancia previa, y para los Sres. Peritos Contador y Calígrafa, en los respectivos porcentajes de . % (de los cua les se establece 10% para los profesionales que actuaron hasta fs. 353/354 -Dres. Willa y Conte- y . % para el Dr. Berenguer), . %, . % y . % a calcular sobre el monto de condena con más la adición de intereses y para los profesionales que intervinieron ante esta alzada, en . % de lo que, en definitiva, les corresponda percibir por sus trabajos ante la instancia previa; en caso de tratarse de responsables inscriptos, deberá adicionarse a las sumas fijadas en concepto de honorarios de los profesionales actuantes en autos el impuesto al valor agregado que estará a cargo de quien debe retribuir la labor profesional.

El doctor Guibourg dijo:Que adhiere por análogos fundamentos al voto que antecede.

Por ello, el Tribunal RESUELVE: I.- Confirmar el fallo apelado en lo principal que decide; II.- Elevar el monto de condena a la suma total de $31.743,50 (treinta y un mil setecientos cuarenta y tres pesos, con cincuenta centavos), que deberá ser abonada por los demandados a la actora en la forma, en el plazo y con más los intereses fijados en el fallo apelado; III.- Dejar sin efecto la imposición de costas y las regulaciones de honorarios practicadas en la instancia anterior; IV.- Imponer las costas de ambas instancias a los demandados vencidos; V.- Regular los honorarios de los letrados de las partes actora y de los demandados, en conjunto y por sus trabajos en la instancia previa, y para los Sres. Peritos Contador y Calígrafa, en los respectivos porcentajes de . % (de los cuales se establece . % para los profesionales que actuaron hasta fs. 353/354 -Dres. Willa y Conte- y . % para el Dr. Berenguer), . %, . % y . % a calcular sobre el monto de condena con más la adición de intereses y para los profesionales que intervinieron ante esta alzada, en . % de lo que, en definitiva, les corresponda percibir por sus trabajos ante la instancia previa; en caso de tratarse de responsables inscriptos, deberá adicionarse a las sumas fijadas en concepto de honorarios de los profesionales actuantes en autos el impuesto al valor agregado que estará a cargo de quien debe retribuir la labor profesional.

Regístrese, notifíquese y oportunamente, devuélvase.

Ricardo Guibourg. Juez de Cámara.

Elsa Porta. Juez de Cámara.

Ante mi:

Liliana Noemí Picón. Secretaria.

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