Caferra Héctor Arnaldo c/ Laboratorios I.Q.P. S.R.L. s/ Indemnización por despido. Ley 24.013

Tribunal: Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires

Fecha: 19-sep-2007

Cita: MJ-JU-M-51244-AR | MJJ51244 | MJJ51244

Sumario:

1.-Si la demandada admitió el hecho de la prestación de servicios, pero negó la existencia de una relación laboral argumentando una de distinta naturaleza -en el caso, locación de servicios-, a ella incumbía la prueba de la alegada vinculación en virtud de lo dispuesto por el art. 375 del Código Procesal Civil y Comercial y no habiéndolo hecho, rige la presunción que los trabajos se efectuaron en relación de dependencia (art. 23 , L.C.T.).

2.-La regla básica del art. 23 de la Ley de Contrato de Trabajo admite su propio desplazamiento cuando por las circunstancias, las relaciones o causas que motiven la prestación de los servicios se demostrase lo contrario de la existencia de un contrato de trabajo . Y el mismo texto legal vuelve a excepcionar su regla general en tanto por las circunstancias no sea dado calificar de empresario a quien presta el servicio .

3.-Verificada la dependencia jurídica y la subordinación económica, típicas notas caracterizantes de la relación laboral, aun atenuada o prácticamente neutralizada la de carácter técnico dado el nivel profesional del trabajador y la propia responsabilidad asumida en tales condiciones, resulta irrelevante el carácter de locación de servicios que se consideró establecida sin relación de dependencia, en tanto la calificación o vínculo que las partes hayan querido o creído establecer no puede desnaturalizar ni modificar la verdadera modalidad que se infiere de las condiciones con que se desenvolvió -o pudo y debió desenvolverse- dicha vinculación contractual.

4.-Es a los jueces a quienes corresponde establecer la calificación jurídica de la relación habida entre las partes, conforme al material probatorio acumulado, que debe evaluarse en su integridad y no de manera aislada.

5.-Basta, a los fines de identificar la dependencia jurídica con la posibilidad de que el titular de la organización empresaria, ajena al trabajador, determine la prestación de servicios y actúe el poder disciplinario del que se encuentra investido. Extremo que posee especial relevancia de cara a un trabajador especializado -director técnico de un laboratorio- que se desempeñaba con importantes márgenes de autonomía en aspectos técnicos y de organización.

6.-El deficiente cumplimiento por parte del actor de las específicas tareas para las que fue contratado, como la ausencia de efectivo ejercicio a su respecto de los poderes de dirección y disciplinario, no son suficientes para tener por acreditada la prestación de servicios independientes en condiciones de desplazar la presunción de la existencia del contrato de trabajo.

7.-El cumplimiento irregular de las obligaciones a cargo del actor en su calidad de director técnico del laboratorio demandado, en todo caso, le es imputable más allá de su calidad de trabajador dependiente o independiente y no es útil para derivar de él la calidad autónoma de la prestación N.R.: Fuente de información: http://www.scba.gov.ar/ Sumarios oficiales de JUBA.

Fallo:

A C U E R D O

En la ciudad de La Plata, a 19 de setiembre de 2007, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Roncoroni, Pettigiani, Kogan, Genoud, Negri, Hitters, se reúnen los señores jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 84.622, «Caferra, Héctor Arnaldo contra Laboratorios I.Q.P. S.R.L. Indemnización por despido. Ley 24.013».

A N T E C E D E N T E S

El Tribunal del Trabajo Nº 5 de La Plata rechazó la demanda deducida por Héctor Arnaldo Caferra contra «Laboratorios I.Q.P. S.R.L.» en la que pretendía el cobro de indemnizaciones derivadas del despido y las previstas por la ley 24.013 para el supuesto de falta de registro de la relación laboral, con costas a la parte actora.

Ésta dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.

Dictada la providencia de autos y hallándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte decidió plantear y votar la siguiente

C U E S T I O N

¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?

V O T A C I O N

A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Roncoroni dijo:

I. El tribunal del trabajo que intervino en autos consideró acreditado que «las partes se vincularon a través de un contrato de locación de servicio por lo que no se dieron en la especie las notas que tipifican la relación de dependencia» (vered. fs. 334), plataforma a partir de la cual desestimó los reclamos formulados bajo los términos de un contrato de linaje laboral (sent. fs. 337).

II. La parte actora impugna la decisión mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia infracción de doctrina legal y de los arts.4 , 12 , 21 , 22 , 23 y 29 de la Ley de Contrato de Trabajo; 44 inc. «d», 47 y 63 de la ley 11.653; 34 inc. 4º, 163 inc. 6º, 354 inc. 1º, 375 y 474 del Código Procesal Civil y Comercial y 14 bis , 17 y 18 de la Constitución nacional. Sostiene en lo sustancial que el tribunal de grado invirtió el esquema de cargas probatorias al considerar no acreditado que el actor se hubiera desempeñado para la demandada en relación de dependencia cuando, verificada la prestación de tareas, era a esta última a quien incumbía demostrar que los mismos fueron desempeñados en los términos de una locación de servicios, extremo no cumplido en autos. Endilga, asimismo, absurdidad al pronunciamiento a partir del análisis que exhibe respecto a que la contratación del actor fue efectivizada con la sola finalidad de cumplimentar una exigencia legal y descarta la existencia de una relación subordinada por la escasa prestación temporal, la liberalidad horaria, falta de habitualidad y de sujeción a órdenes e instrucciones, aspectos que aduce además de contraponerse con los elementos probatorios que resultan de la causa que analiza , no obstan a la existencia de un vínculo laboral, aun cuando se trate de una prestación de carácter profesional, en el caso, farmacéutico, en la que se atenúa o desdibuja el ejercicio del poder de dirección por parte del empleador.

III. El recurso ha de prosperar.

1. Liminarmente, cabe señalar que no asiste razón a la demandada en cuanto sostiene que el recurso traído por la actora no reúne los requisitos de admisibilidad exigidos por el Código ritual (ver memorial, fs.364 y vta.).

Ello así, pues si bien es cierto que, en la decisión del a quo, el accionante no logró acreditar la invocada calidad de trabajador en relación de dependencia, no lo es menos que ha dirigido el embate bajo análisis a cuestionar, precisamente, tal conclusión del tribunal de grado.

Siendo ello así, se impone concluir que contrariamente a lo que plantea la recurrida el accionante goza del beneficio de gratuidad consagrado en el art. 22 de la ley 11.653, por lo que se encuentra eximido de efectuar el depósito regulado en el art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial.

Luego, resultando que el recurso reúne los requisitos de admisibilidad, corresponde abordar los agravios en él contenidos.

2. Como se desprende de los antecedentes expuestos, la cuestión radica en establecer la naturaleza de la relación que vinculó a las partes, es decir, si se trata de una locación de servicios, como sostuvo la parte demandada, o de una relación de carácter subordinado encuadrable en la regulación normativa del contrato de trabajo, bajo cuyas pautas estableció, la parte actora, el fundamento de su reclamo.

Con el señalado objetivo propuesto, corresponde examinar las características con las que se desarrolló la prestación de servicios y a tal fin advierto que en el fallo de los hechos el tribunal de grado tuvo por acreditado que la actividad de la demandada se encuentra reglada por la ley provincial 10.606 Ley de Farmacias y sus modificatorias leyes 11.328 y 13.054, que establece como requisito para la habilitación y consecuente funcionamiento de los laboratorios de especialidades medicinales el contar con un Director técnico y un Codirector técnico al frente del mismo «con bloqueo de título y ocupación efectiva» (art. 43, ley cit.) lo que implica también a criterio del juzgador que el profesional «debe necesariamente integrar el plantel del establecimiento en forma permanente para que pueda funcionar» (sic, fs.333).

Pese a la terminante afirmación contenida en el párrafo precedente y a partir de los señalados datos, concluyeron los sentenciantes que la designación de Caferra se efectivizó «exclusivamente para la mera cobertura de la exigencia legal» y con base en esta premisa individualizó los elementos según los cuales propuso descartar la existencia de un vínculo de naturaleza laboral, entre los que computó: a) la falta de inclusión del actor en los libros laborales; b) la liberalidad horaria y falta de presencia del profesional durante el proceso productivo a cargo de la señora Rivero Musaubach datos que extrajo de las declaraciones testimoniales, con las que juzgó comprobado, asimismo, la asistencia esporádica y en oportunidad de las fechas de pago, coincidentes con las asentadas en los recibos por honorarios.

Formó, en definitiva, convicción, respecto a que la contratación del actor obedeció al requerimiento legal y sólo para cubrir las formas, y también evaluó: que el libro de asistencia fue llevado en forma irregular, que los controles de calidad no se efectuaban y las condiciones ambientales desoían el mandato legal con los requerimientos impuestos al profesional responsable, que la prestación no fue habitual, que no hubo sometimiento a recibir órdenes e instrucciones ni se halló, el accionante, bajo la supervisión y contralor de la accionada, ni sujeto al poder disciplinario (fs. 333 vta./4), elementos con los que concluyó en la existencia de una locación de servicios y la falta de acreditación de las notas tipificantes de la relación de dependencia.

3. He considerado necesario exponer detalladamente los factores que, colectados en autos, guiaron el hilo reflexivo de los juzgadores de grado, porque encierran en sí mismos la autocontradicción que permite y alimenta su descalificación, y habilita de tal modo el reexamen en casación de las circunstancias fácticas verificadas.En primer lugar es dable recordar que, como tiene dicho este Tribunal, si bien respecto de los profesionales médicos, en situaciones equiparables a la de autos, no resultan válidos los conceptos que puedan establecerse en abstracto, sino que es necesario examinar los presupuestos que en cada caso se verifican a fin de desentrañar la característica de la vinculación habida con la otra parte del sinalagma contractual (conf. causas L. 50.579, sent. del 8 VI 1993; L. 67.793, sent. del 13 IV 1999; L. 77.443, sent. del 28 V 2003; L. 78.040, sent. del 10 IX 2003) en orden a la determinación de la eventual existencia de subordinación jurídica, económica y técnica que, aún atenuada en ciertos aspectos, caracteriza la relación de dependencia laboral y que la decisión es privativa de los tribunales del trabajo, salvo absurdo (L. 53.803, sent. del 4 X 1994; L. 67.314, sent. del 16 III 1999; L. 59.030, sent. del 4 III 1997; L. 73.056, sent. del 5 XII 2001; L. 73.583, sent. del 18 IX 2002; L. 77.157, sent. del 28 V 2003; L. 79.251, sent. del 17 XII 2003).

4. Acierta el recurrente en cuanto denuncia la configuración del señalado vicio, a partir de la comprobación de las siguientes circunstancias fácticas que se desprenden de la causa: que Caferra se desempeñó para la demandada en calidad de Director técnico en el establecimiento dedicado en lo que interesa y si bien con un objeto social mucho más amplio (fs. 31/2) a la elaboración y venta de productos medicinales, entre ellos, gasa estéril para dicho uso (fs. 11, 67); que como contraprestación recibió un importe mensual bajo la denominación de «honorarios», que del libro de registro de asistencia se desprende la signatura del actor y por ende, cabe inferir su efectiva presencia desde el día 18 del mes de agosto de 1989 (en la pág. 112 hasta la pág.169 del día 31 de agosto de 1998; pericia contable fs. 158 vta.). No obstante, la prueba testimonial arrojó resultado contrapuesto a lo formalmente establecido, señalando la falta de concurrencia real, y de permanencia durante el proceso productivo realizado por otra persona , así como una gran liberalidad horaria, comprobación de insatisfactorio cumplimiento que llevó a los sentenciantes a la conclusión de estar en presencia de una locación de servicios civil.

Juzgo, contrariamente, que las circunstancias señaladas permiten desentrañar una figura en la que se perfilan las notas tipificantes de un vínculo de naturaleza lab oral determinado por una prestación que, aunque insuficiente o irregular, presenta las características de normalidad y habitualidad, bajo la sujeción ejercida o no de la voluntad y directivas de la accionada, mediante el pago de una retribución, esbozo que no sucumbe frente al insatisfactorio cumplimiento de las obligaciones contractuales y legales.

En efecto, como se advierte del análisis desarrollado por los sentenciantes de grado, la calificación de locación de servicios fue tomando cuerpo a partir de la verificación de comportamientos que revelan notorios y por cierto inadmisibles incumplimientos del actor consentidos por la demandada, más que de la auténtica naturaleza de la relación establecida entre las partes.

Desde esta tesitura debe descartarse como relevante, en orden a la determinación de un vínculo de naturaleza laboral, la falta de inclusión del actor en los libros de la demandada señalada en el pronunciamiento, en tanto es producto de la propia acertada o errónea convicción de la obligada acerca del carácter de la relación mantenida, o de deliberada omisión inoponible al trabajador.

Por otra parte, el escrito de contestación de demanda no sólo acerca el reconocimiento de la asistencia como Director técnico del actor, y por ende de su prestación de servicios aunque alegando los límites de una locación civil y de una prestación profesional de carácter independiente (fs.67 vta./8), sino que inexplicablemente ilustra también si bien con miras a la demostración de los incumplimientos del profesional respecto de su necesaria presencia en el laboratorio, y en oportunidad en que se lleva a cabo la tarea de corte y envase del producto de uso medicinal elaborado, destacándolo «como delicada obligación legal rectora de su actividad» (sic) y respecto del riesgo derivado de su inconducta profesional (fs. 69/vta.), debidamente observada y sancionada por la autoridad de aplicación (fs. 70; 141/2).

5. Partiendo de otra perspectiva, del examen de la regulación legal vigente en materia de laboratorios de especialidades medicinales normado en el Título II de la ley 10.606 que no registró modificaciones en lo que resulta de interés se observa que deben contar con un Director técnico y un Codirector al frente del mismo además de un farmacéutico por cada 40 empleados con bloqueo de título y «ocupación efectiva» (art. 43) y que el mismo es el «responsable de la pureza, legitimidad y expendio al por mayor de las drogas y especialidades que elabore (art. 44), de los protocolos y productos elaborados (art. 52); de los ensayos y comprobaciones para determinar pureza de los productos y de su adecuada conservación y comercialización (art. 57)». Edicta asimismo la normativa bajo análisis que «la preparación, fraccionamiento, envasado y toda otra etapa de elaboración será bajo el control directo y estricto del farmacéutico Director Técnico» (art. 54, el destacado me pertenece).

Concluyo entonces, que del examen de la prueba colectada se desprenden las notas tipificantes de un vínculo de naturaleza laboral, habida cuenta que Caferra fue contratado por Laboratorios I.Q.P. S.R.L.como Director técnico en las condiciones y bajo las previsiones contempladas por la ley 10.606 que requiere la presencia efectiva, permanente y habitual del profesional, quien de tal modo se insertó en una organización empresaria que le es ajena, como también lo es el riesgo de la actividad asumida y se desempeñó recibiendo como contraprestación el pago de una retribución.

No opaca el precedente aserto la responsabilidad profesional asumida por el director técnico y de la que hizo mérito el tribunal de origen, desde que aquél, como tal como director técnico y no desempeñando otro rol fue pasible de sanción por incumplimiento a deberes propios de su función. Tampoco lo logra el atenuado o nulo ejercicio del poder de dirección o disciplinario por parte del empleador en tanto ha sido voluntaria e inexcusablemente resignado.

6. Por otra parte es dable recordar que si la demandada admitió el hecho de la prestación de servicios, pero negó la existencia de una relación laboral argumentando una de distinta naturaleza locación de servicios , a ella incumbía la prueba de la alegada vinculación en virtud de lo dispuesto por el art. 375 del Código Procesal Civil y Comercial y no habiéndolo hecho toda vez que ni siquiera fue cumplido el extremo, y sin abrir capítulo sobre la hipotética gravitación que pudiera haber revestido sobre las circunstancias particulares de autos, con el alcance de mostrar una actividad profesional de carácter independiente a través del ejercicio de la misma en otras oficinas farmacéuticas y/o laboratorios, como se invocó en el escrito inaugural del proceso , rige la presunción que los trabajos se efectuaron en relación de dependencia (art. 23, L.C.T.; conf. causas L. 50.658 sent. del 10 XII 1992; L. 75.821 sent. del 18 XII 2002; L. 72.996 sent. del 20 VI 2001; L. 73.699 sent. del 19 II 2002; L. 79.303 sent.del 29 XII 2003), presunción que no alcanza a contrarrestar o desvirtuar los elementos considerados por el a quo como factores reveladores de notorio incumplimiento contractual, los que sin desconocerlos con ese alcance no son útiles para establecer la naturaleza, a partir de los mismos, del tipo de relación habida entre las partes, signada por lo demás, por senda y contumaz inobservancia de las previsiones de la ley 10.606.

De manera que verificada en el caso la dependencia jurídica y la subordinación económica, típicas notas caracterizantes de la relación laboral, aun atenuada o prácticamente neutralizada la de carácter técnico dado el nivel profesional del trabajador y la propia responsabilidad asumida en tales condiciones, resulta irrelevante el carácter de locación de servicios que se consideró establecida sin relación de dependencia, en tanto la calificación o vínculo que las partes hayan querido o creído establecer no puede desnaturalizar ni modificar la verdadera modalidad que se infiere de las condiciones con que se desenvolvió o pudo y debió desenvolverse dicha vinculación contractual (conf. causas L. 47.477, sent. del 3 IX 1991), y es a los jueces a quienes corresponde establecer la calificación jurídica de la relación habida entre las partes, conforme al material probatorio acumulado, que debe evaluarse en su integridad y no de manera aislada (conf. causas L. 80.616, sent. del 27 IV 2004; L. 74.675, sent. del 2 X 2002; L. 47.294, sent. del 5 XI 1991).

7.Considero necesario agregar finalmente que, en mi opinión, resulta impropio que desde estos u otros estrados se avale o convalide el flagrante incumplimiento de la exigencia impuesta legalmente de contar con el permanente contralor del director técnico en un diseño normativo claramente orientado a resguardar la salud de la población, admitiendo el fraude que implica llevar un registro sólo formal de dicha pieza fundamental del proceso productivo en la elaboración de especialidades medicinales, resultado al que indefectible e irremisiblemente contribuye la decisión del tribunal de origen.

Estimo, por lo demás, que la eventual tolerancia respecto de la falta de presencia y liberalidad horaria exhibidas por Caferra pertenecen a la esfera de la propia decisión y responsabilidad de la demandada pasible, incluso, por la referida circunstancia de las sanciones contempladas por el art. 77 de la ley citada por actuar en contravención de las exigencias establecidas de admitir una insatisfactoria e insuficiente prestación por parte de su dependiente que, por requerimiento legal, debe guiar y controlar personal y estrictamente el proceso productivo (arts. 43, 44, 52, 53, 54, 57, ley 10.606). Por ello, tampoco es relevante en manos de quién estuviera efectivamente realizado el señalado proceso, habida cuenta que la tarea del actor insisto, por imperativo legal es la de asesor técnico, que implica la verificación, control y responsabilidad en el ensayo y comprobación de la pureza y calidad y hasta de la comercialización como vimos de los productos elaborados para uso medicinal (art. 57, ley 10.606).

8. Por lo tanto descalificada la conclusión del fallo que tuvo por acreditada la existencia de una locación de servicios habida cuenta la verificación de un vínculo de naturaleza laboral, debe revocarse el pronunciamiento y, atento la ausencia de tratamiento de las cuestiones necesarias para resolver la controversia, evidentemente derivados de la solución que en definitiva se daría al pleito (ver vered. fs.334, último párrafo), los autos deberán devolverse al tribunal de origen para que nuevamente integrado renueve los actos procesales necesarios y dicte el pronunciamiento que corresponda de conformidad a lo que aquí se decide.

IV. Con apego a lo expuesto en el punto precedente, debe hacerse lugar al recurso deducido. Costas de esta instancia a cargo de la demandada (art. 289 del C.P.C.C.).

Voto por la afirmativa.

Los señores jueces doctores Pettigiani, Kogan y Genoud, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Roncoroni, votaron también por la afirmativa.

A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:

Corresponde resolver en este caso si fue acertada la decisión del a quo de definir, a partir del desempeño de tareas de director técnico en un laboratorio por parte del actor, la existencia de una locación de servicios en la que no se dieron «.las notas que tipifican la relación de dependencia» (v. veredicto fs. 334).

Entiendo, como lo han hecho los magistrados que me preceden en la votación, que no lo ha sido y, en razón de ello, adelanto mi adhesión en todo cuanto concuerde con las consideraciones que a continuación desarrollo.

a. Sobre el particular cuadra recordar que nuestro ordenamiento ha pautado el modo de probar la existencia del contrato y así es que a la libertad de formas que lo caracteriza en orden a su celebración (art. 48 , L.C.T.) la complementa una igualmente amplia libert ad de prueba (art. 50 , L.C.T.) y la facilitación de la comprobación de su existencia a través de la presunción que regula el art. 23 de la Ley de Contrato de Trabajo, en cuyos términos «.el hecho de la prestación de servicios hace presumir la existencia del contrato de trabajo.». Norma esta última de cuyo ámbito de aplicación no corresponde excluir a los profesionales del arte de curar, como lo es el farmacéutico.

Sobre el art.23 de la Ley de Contrato de Trabajo, esta Corte ha sentado doctrina en el sentido que la prestación de servicios que torna operativa a la presunción que contiene es la de servicios desarrollados en relación de dependencia (L. 34.473, sent. del 26 III 1985; L. 39.519, sent. del 25 X 1988; L. 48.193, sent. del 8 IX 1992; L. 58.626, sent. del 7 VII 1996; L. 60.351, sent. del 11 III 1997; L. 87.444, sent. del 6 VIII 2003; L. 82.046, sent. del 1 IX 2004, entre muchas otras).

Doctrina que, sin embargo, no puede tomarse aisladamente de la que la complementa y determina sus verdaderos alcances, esta es, la que afirma que admitido el hecho de la prestación de servicios por la demandada pero negada su naturaleza laboral, incumbe a esta última la prueba de la particular vinculación alegada en virtud de lo dispuesto por el art. 375 del Código Procesal Civil y Comercial y no habiéndolo hecho, rige la presunción de que los trabajos fueron realizados en relación de dependencia (L. 32.808, sent. del 29 V 1984; L. 80.713, sent. del 11 VIII 2004, entre varias otras).

Ahora bien, la regla básica del art. 23 de la Ley de Contrato de Trabajo admite su propio desplazamiento cuando «por las circunstancias, las relaciones o causas» que motiven la prestación de los servicios «se demostrase lo contrario» de «la existencia de un contrato de trabajo». Y el mismo texto legal vuelve a exceptuar su regla general «en tanto por las circunstancias no sea dado calificar de empresario a quien presta el servicio».

Y, según se aprecia, fue en dicha zona de excepción donde se ubicó el tribunal a quo cuando declaró que «Toda la prueba entonces arrimó convicción en cuanto a que la contratación del actor obedeció al requerimiento legal y sólo para cubrir las formas y aún así el respectivo libro de asistencia se halló llevado en forma irregular Acta de infracción cit., los controles de calidad no se efectuaban debidamente y las condiciones ambientales desoían el mandato legal por cuanto la labor fuera prestada en forma que no cumplimentó los requerimientos que la norma de aplicación imponen al profesional responsable, no fue habitual, con ausencia de sometimiento a recibir órdenes e instrucciones, de hallarse bajo la supervisión y contralor de la accionada, como también falta de sujeción al poder disciplinario de ella», en definitiva, «.que las partes se vincularon a través de un contrato de locación de servicio.» (fs. 333 vta./334).

Desde la perspectiva de la norma y su doctrina, no advierto que el razonamiento, en sí mismo, haya conducido a una absurda aplicación de las cargas probatorias pues, por natural derivación del principio de adquisición procesal, al juez le resulta indiferente establecer a cuál de los litigantes correspondía probar si, en definitiva, los hechos esenciales de la causa han quedado acreditados.

b. Sin embargo, el pronunciamiento debe ser, de todos modos, casado.

Digo ello porque la acreditación de servicios no dependientes por parte de la actora fue declarada por el tribunal mediando violación del art. 44 inc. d) de la ley 11.653 habida cuenta que la reconstrucción de los hechos realizada en el fallo, en el caso la de un vínculo no dependiente, es el producto de su inadecuada valoración.

Concluir como se hace que la contratación del actor obedeció a un requerimiento legal y sólo para cubrir las formas, no avanza sobre la naturaleza de esa contratación, dato este último en torno al cual, como se dijo, gira el conflicto y demanda elucidación.

2.En segundo lugar, el deficiente cumplimiento por parte del actor de las específicas tareas para las que fue contratado, como la ausencia de efectivo ejercicio a su respecto de los poderes de dirección y disciplinario, no son suficientes para tener por acreditada la prestación de servicios independiente en condiciones de desplazar la presunción de la existencia del contrato de trabajo.

Digo ello porque el cumplimiento irregular de las obligaciones a cargo del actor en su calidad de director técnico del laboratorio demandado, en todo caso, le es imputable a Caferra más allá de su calidad de trabajador dependiente o independiente y no es útil para derivar de él la calidad autónoma de la prestación.

Y, en relación a las facultades jerárquicas, porque basta, a los fines de identificar la dependencia jurídica, con la posibilidad de que el titular de la organización empresaria, ajena al trabajador, determine la prestación de servicios y actúe el poder disciplinario del que se encuentra investido. Extremo que posee especial relevancia de cara a un trabajador especializado como Caferra que se desempeñaba, según quedó acreditado, con importantes márgenes de autonomía en aspectos técnicos y de organización.

En razón de lo dicho y las concordantes razones expuestas en los puntos 6 y 8 del voto emitido en primer término, debe hacerse lugar al recurso interpuesto, con costas (art. 289, C.P.C.C.).

Voto por la afirmativa.

El señor Juez doctor Hitters, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Roncoroni, votó también por la afirmativa.

Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente

S E N T E N C I A

Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, y en consecuencia, se revoca la sentencia impugnada con el alcance establecido en los aps. III, punto 8 y IV del voto emitido en primer término. Vuelvan los autos al tribunal de origen para que, integrado con otros jueces, renueve los actos procesales necesarios y dicte el pronunciamiento que corresponda de conformidad a lo que aquí se decide. Con costas de esta instancia a cargo de la parte demandada (art. 289, C.P.C.C.).

Notifíquese.

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