Propiedad comunitaria de pueblos originarios en la reforma del Código Civil

Autor: Porcel, Roberto E. – Ver más Artículos del autor

Fecha: 20-sep-2012

Cita: MJ-DOC-5974-AR | MJD5974

Sumario:

I. Pueblos originarios argentinos. II. Pueblos indígenas no originarios. III. Requisitos para ser considerados ‘pueblos originarios’. IV. Nuevos artículos del proyecto de reforma.

Doctrina:

Por Roberto E. Porcel (*)

I. PUEBLOS ORIGINARIOS ARGENTINOS

El proyecto de reforma del Código Civil tiene como destinatarios directos a cuarenta millones de personas que habitan nuestro país.

En cambio, la parte destinada a la «Propiedad comunitaria», que regula las «tierras» -no los territorios como absurdamente algunos pretenden- de los aborígenes originarios (art. 2028 y concordantes), si se aplica correctamente, está destinada solamente a 69.452 tobas, 15.837 mocovíes y 4.465 pilagás, todos de etnia guaycurúes, 40.036 wichies o matacos, de etnia mataguayos, 21.807 chiriguanos, de etnia guaraní, 2.613 chorotes, 1.000 tonocotes, 553 chulupies, 300 tapietes y algunas otras pocas y muy pequeñas comunidades dispersas. Es decir, alrededor de unos 200.000 aborígenes, únicos integrantes actuales de «comunidades» descendientes de nuestros pueblos originarios, que conservan algunas o muchas de sus primitivas costumbres, modo de vida, creencias y lenguaje.

Este número resulta de la Encuesta Complementaria de Pueblos Indígenas efectuada en los años 2003/2004. «Ellos son los últimos descendientes puros (no mestizos ni acriollados), de pueblos originarios argentinos que viven aún en comunidades, «en tierras que han ocupado tradicionalmente», a quienes se les debe reconoce su preexistencia étnica y cultural, pues conservan su lengua, su modo primitivo de vida y muchas de las costumbres de sus antepasados.»

La Constitución Nacional, en su última reforma, les garantizó su identidad, el derecho a su educación bilingüe e intercultural y la propiedad comunitaria de esas tierras que mantienen ocupadas «tradicionalmente», sin perjuicio de ser necesario de acordarles otras aptas y suficientes para su desarrollo humano.

Estos verdaderos «pueblos originarios» son los únicos favorecidos por el art. 75, inc.17 , de nuestra Constitución.

Los gobiernos nacional, provinciales y municipales deben ampararlos y simultáneamente educarlos, ya que sin educación no hay para ellos ninguna posibilidad de progreso.

Estas etnias, todas norteñas, han sido dejadas en el más completo desamparo por nuestros gobiernos (nacional y provinciales) y salvo en cierta medida los pilagás y los chiriguanos, que tienen mejores condiciones de vida que los demás, que han logrado por obra de ellos mismos y no por la ayuda recibida de nuestras autoridades, viven en un estado de primitivismo de que son culpables nuestras administraciones.

Son, por consiguiente, acreedoras del amparo consagrado por la Constitución en su art. 75, inc. 17.

II. PUEBLOS INDÍGENAS NO ORIGINARIOS

No hay que confundir, ese amparo no corresponde a los pueblos no originarios de la Argentina.

Cualquier persona que conozca algo sobre los pueblos indígenas, sabe que los kollas o coyas de sangre aymará y quechua (de origen boliviano) recién bajaron a nuestro NOA en el XIX y, en mayor cantidad, desde comienzos del siglo XX hasta nuestros días. Aquí se afincaron, tuvieron una importante descendencia y mestizaron con descendientes de nuestros verdaderos originarios en la región, los omahuacas, cacanes, apacamas, además de con criollos.

Hoy son la comunidad indígena más numerosa de Argentina, poblando principalmente el Noroeste, pero también en las grandes ciudades, sobre todo en Buenos Aires y sus cordones. Pero reitero, no son un pueblo originario argentino.

Además han alcanzado un grado de civilización similar a la de los demás habitantes de nuestro país, con quienes conviven, habiendo adoptado los usos y costumbres de la vida moderna, más allá de su respeto a la Pachamama -que sí mantienen-, por lo que no se los puede clasificar de manera distinta a la de los demás habitantes de nuestro territorio.Por supuesto, son tan argentinos como cualquier otro ciudadano de nuestro país, con los mismos derechos y las mismas obligaciones.

Es bien cierto que en la región del NOA quedan descendientes -hoy totalmente acriollados y mestizados-, de los que fueron sus primitivos pobladores. Se censaron, en el 2003/2004, 31.753 descendientes de cacanes, 1.553 de omahuacas y 3.044 de apacamas. Estos no integran hoy comunidades originarias por su mestización, costumbres actuales, adopción del idioma castellano, forma y modalidad de vida. Incluso, la lengua kaká, originaria de los diaguitas, calchaquíes y capayanes, se ha perdido totalmente y no existen posibilidades de llegar a conocerla.

Lo mismo ocurre en Misiones. Nuestros originarios guaraníes, los cainguas, se esparcieron y mestizaron, preferentemente en Corrientes, acriollándose, después de las derrotas de Andresito (lugarteniente de Artigas). Cuando Atienza gobernaba Corrientes, los paraguayos ocuparon Misiones, sin que el gobernador correntino recibiera ninguna ayuda para poder expulsarlos, a pesar de sus pedidos a don Juan Manuel de Rosas, que lo abandonó a su suerte. Corrientes debió establecer su frontera en Loreto. A partir de ese momento (mediados del siglo XIX), entraron a Misiones los mbyá, indios guaraníes procedentes del Paraguay, que hoy pueblan esa provincia y suman unos 8.223, pero que no pueden clasificarse como pueblo originario argentino a pesar de su etnia guaranítica o brasílica, o sea, la misma de nuestros cainguas.

Totalmente acriollados y mestizados, en Corrientes y Misiones, también se declararon en el censo complementario con sangre de nuestros primitivos guaraníes (cainguas, santanas, etc.) 22.059 personas. Estas tampoco integran la nómina de los pueblos originarios, ya que mayoritariamente mestizados o no, se han adaptado a nuestra lengua, modo y sistema de vida, esparcidos con sus familias en los lugares de sus actuales tareas. Ni siquiera viven en comunidades.

Miremos ahora nuestra región central. Los ranqueles, que llegan a 10.149 personas, no formaron parte de nuestros pueblos originarios.Son el resultado de una fusión de etnias argentinas (pehuenches, puelches algarroberos, huarpes, pampas, etc.) y chilenas (picunches, araucanos y principalmente huilliches), que se formaron a raíz de la llamada guerra pehuenche del siglo XVIII. La nación rankulche se formó cuando el cacique carripilón o carripilún apareció en nuestra historia, a mediados de dicho siglo, llevando a sus seguidores (pehuenches australes y huilliches chilenos en guerra con los pehuenches boreales), a la tierra de los carrizales (leuvucó y poitahue), que anteriormente poblaban aborígenes puelches. A Carripilón, chileno, lo sucedió como cacique principal el primer Yanquetruz, también chileno y huilliche, que fue muerto en combate por los pehuenches mendocinos en 1789, oportunidad en que retomó su mando Carripilón. Este cacique tiene el mérito en nuestro pasado histórico de haber ofrecido sus lanzas cuando llegó a Buenos Aires acompañando a Juan Cruz (años más tarde presidente de Chile) para luchar en 1806 contra los invasores ingleses (los que ellos llamaban casacas rojas).

Finalmente debemos mencionar más al sur al pueblo mapuche, que pretende falsamente raíces que no tiene en la Argentina.

Sus orígenes son chilenos. Son del Arauco, territorio situado en Chile, por lo que los españoles los denominaron araucanos.Al sur de ellos vivían los huilliches y al norte los picunches, pehuenches que estaban totalmente araucanizados desde la época de la invasión incaica a Chile (mediados del siglo XV), en que se unieron para combatir el enemigo común (el Inca primero, después Almagro y más tarde Valdivia).

Comenzaron a entrar a malonear por los numerosos pasos de Neuquén y sur de Mendoza, gracias al caballo que llevaron a Chile los españoles, se aficionaron como alimento principal a la carne de vaca (que también trajeron los españoles) en lugar del guanaco y otros animales de caza o la carne de yeguarizos que preferían nuestros tehuelches.

En sus malones, robaban anualmente en nuestras pampas vacunos y yeguarizos por millares, principalmente para venderlos y negociarlos en Chile, raptaban mujeres y chicos en nuestros campos y pueblos fronterizos, asesinaban a los gauchos, y demás pobladores criollos y españoles (huincas) e incendiaban cuanto poblado, estancia o rancho encontraban a su paso.

Ya independiente nuestro país, se afincaron en él al norte del Río Negro durante el siglo XIX, entre otras zonas en las Salinas Grandes, Entre Ríos sur (entre el Colorado y el Negro), Epecuén, Guaminí, Carhué y Pehuén, etc. Esto ocurrió durante y después de la guerra a muerte en Chile (1818-1824), en que la mayor parte de los araucanos apoyaron a los realistas.

Nos estamos refiriendo por consiguiente a indígenas del oeste cordillerano, cuyas características físicas difieren completamente de la de nuestros tehuelches.Eran los picunches (de etnia pehuenche), que poblaban en Chile entre el río Maule al norte y Bio-Bio al sur, los araucanos, andidos que se denominaban costinos, abajinos o llanistas, arribanos o moluches y vorogas según su ubicación geográfica en el Arauco, territorio limitado por el río Bio-Bio al norte y el Tolten al sur, el Pacífico al oeste y la cordillera al este, y los huilliches (también de etnia pehuenche), que habitaban al sur del río Bio-Bio.

Mucho más numerosos y guerreros, eliminaron prácticamente a nuestros tehuelches, pues aprendieron del español a montar y pelear a caballo, a utilizar una larga lanza que fabricaron de coihue, arma que antes de que llegaran los conquistadores desconocían y a usar petos de cuero copiados también al español para protegerse.

Las batallas más importantes contra nuestros reales aborígenes originarios fueron las de Languiñeo, Piedra Sotel y Río Senguer en Chubut, donde vencieron a los tehuelches aonikénk o patagones y la del vado de Choele-Choel, año 1821, contra los tehuelches guennaken (pampas serranos o puelches) en Río Negro. También recordemos la matanza de pampas serranos que llevaron a cabo los vorogas con la ayuda de los guerrilleros realistas de los hermanos Pincheira en 1830, en la zona de las Sierras de Curamalál y la Ventana, y posteriormente en Bahía Blanca, a la vista de la Forta leza Protectora, sin que su jefe, por órdenes de Rosas, pudiera intervenir, siendo simplemente un mudo testigo de la matanza.

Estos aborígenes chilenos, una vez vencidos durante las campañas del Desierto y el Cuadrilátero, se refugiaron mayoritariamente nuevamente en Chile, pero comenzaron a ingresar masivamente a nuestro territorio a mediados del pasado siglo XX. En la primera década de ese siglo, eran apenas unos pocos cientos, pero cien años más tarde, al efectuarse la encuesta complementaria de pueblos indígenas de los años 2003/2004 (siglo XXI), sumaban 113.680.Hoy con apenas unos pocos años de diferencia, se estima que superan las 130.000 personas.

A pesar de que tienen el apoyo de organizaciones de izquierda, de los vascos de la ETA, de las guerrillas colombianas, de ONG de varios países europeos (su ONG principal está en Bristol, Inglaterra), ratificamos que no integran los pueblos originarios argentinos.

Son sí «originarios de Chile», independientemente de que muchas veces nuestras autoridades nacionales y/o provinciales, no así los pobladores sureños, amparan o hacen la vista gorda frente a sus indebidas pretensiones, ocupaciones y demandas.

De nuestros primitivos aonikénk solo quedan unos 300, pero sus descendientes mestizados llegaban a 10.590 en el año 2003, más alrededor de 1.500 pampas bonaerenses, que son de la misma etnia tehuelche.

La madre del general Don Juan Domingo Perón, Doña Juana Sosa, era una aborigen pampa serrana (tehuelche) de la zona de Azul, que posteriormente se trasladó al sur y se radicó y murió en Comodoro Rivadavia.

El general Perón, que conocía perfectamente el problema indígena, suprimió toda mención a los aborígenes en la Constitución de 1949, ya que sostenía que «todos somos iguales ante la ley, con las mismas obligaciones y derechos, independientemente de nuestro origen criollo, indio o de descendientes de inmigrantes de cualquier origen afincados en nuestro suelo».

Ha llegado, por consiguiente, el momento de explicar en este corto trabajo, qué es un pueblo originario para la ley, no solo en nuestro país sino en el mundo.

III.REQUISITOS PARA SER CONSIDERADOS ‘PUEBLOS ORIGINARIOS’

A) Convenio OIT 107/57, Ley Nacional 14.932

Para saber qué se entiende internacionalmente como un pueblo originario, debemos primeramente remontarnos no al Convenio de la Organización de Trabajo del año 1989, sino al primero que trató el tema, hoy olvidado por muchos abogados -no por los historiadores-, es decir, al Convenio 107 del año 1957 de dicho organismo internacional sobre Protección e Integración de las Poblaciones Indígenas, Tribuales y Semitribuales de los Países Independientes.

Este convenio fue aprobado en nuestro país por la Ley Nacional 14.932 , del 29 de diciembre de 1959, cuando el tema no estaba aún tan politizado como ocurre actualmente.

La resolución emanada de la misma se dictó en la reunión del organismo en Ginebra, teniendo en cuenta que en diversos países independientes «existían poblaciones indígenas y otra tribuales y semitribuales que no estaban integradas todavía en la comunidad nacional y cuya situación social, económica y cultural les impedía beneficiarse plenamente de los derechos y las oportunidades de que disfrutaban los otros elementos de la población».

Esta norma abarcó:

a) A los miembros de poblaciones tribuales o semitribuales en los países independientes, cuyas condiciones sociales y económicas correspondían a una etapa menos avanzada que la alcanzada por los otros sectores de la colectividad nacional y que estaban regidas total o parcialmente por sus propias costumbres, o tradiciones o por una legislación especial.

b) «A los miembros de las poblaciones tribuales o semitribuales en los países independientes, consideradas indígenas por el hecho de descender de poblaciones que habitaban en el país, o en una parte geográfica a la que pertenece el país, en la época de la conquista o la colonización y que cualquiera que sea su situación jurídica, viven más de acuerdo con las instituciones sociales, económicas y culturales de dicha época que con las instituciones de la nación a que pertenecen».

Esta disposición nos retrotrae, por consiguiente en nuestro caso,a los aborígenes pobladores de nuestro país en el siglo XVI.

Aclara incluso que el Convenio entiende por semitribual a los grupos y personas que, aunque próximos a perder sus características tribuales, no están aún integradas a la colectividad nacional.

Por consiguiente, la Convención 107/57, aprobada por nuestra Ley14.932, no comprende ni abarca en nuestro país, en ninguna de sus dos definiciones, a los pueblos originarios de Chile, los huilliches, araucanos y picunches, que hoy se autodenominan mapuches, a los koyas de nuestro NOA ni a los mbyá de Misiones.

Por otro lado, el art. 11 del citado convenio (Parte segunda «Tierras») reconoce el derecho a la «propiedad colectiva o individual de las tierras tradicionalmente ocupadas por nuestros pueblos originarios. Es decir ampara a los miembros de las poblaciones aborígenes que poblaban Argentina en el siglo XVI».

No es el caso, por ejemplo, de los mapuches, que entraron a poblar tierras en Argentina recién en el siglo XIX y que fueron expulsados de ellas en las campañas al Desierto y del Cuadrilátero, entre 1879 y 1884. Tampoco de los koyas ni los mbyá.

B) Ley Nacional 23.302

Sobre la base precisamente de la Resolución 107/57 de la OIT, en nuestro país se legisló sobre el tema el 30 de septiembre de 1985, en que se sancionó la Ley 23.302 sobre Política Indígena y Apoyo a las Comunidades Aborígenes.

La ley consideró de interés nacional el apoyo «a los aborígenes» y a las «comunidades indígenas originarias existentes en el país» y su defensa y desarrollo para su plena participación en el proceso socioeconómico y cultural de la Nación, respetando sus propios valores y modalidades.

A dichos fines, el art.2 estableció: «A los efectos de la presente ley, reconócese personería jurídica a las comunidades indígenas radicadas en el país.

»Se entenderá como comunidades indígenas a los conjuntos de familia que se reconozcan como tales por el hecho de descender «de poblaciones que habitaban el territorio nacional en la época de la conquista y colonización» e indígenas o indios a los miembros de dichas comunidades».

O sea, se remite también al siglo XVI.

Agrega: «La personería jurídica se adquirirá mediante la inscripción en el Registro de Comunidades Indígenas y se extinguirá mediante su cancelación».

Es indiscutible por consiguiente que es un requisito fundamental de la ley la descendencia de poblaciones que habitaban el territorio nacional en el siglo XVI, en que se produce la entrada a la Argentina de las tres corrientes colonizadoras, la del Río de La Plata con Mendoza en 1536, la del Tucumán con Diego de Rojas, Heredia y Gutiérrez en 1546 y la de Chile con Pedro Castillo en 1561. Ello más allá de que las tres ciudades más viejas que subsisten de cada una de esas corrientes son Santiago del Estero (1553), Mendoza (1561) y Santa Fe (1576).

Es necesario entonces como primer paso estudiar la existencia de cada pueblo aborigen en el siglo XVI en nuestro territorio para, recién una vez reconocido como poblador en esa época, inscribir su personería jurídica como «originario».

Reiteramos, no son sin ninguna duda pueblos originarios de nuestra tierra, los mapuches de Chile, los koyas de Bolivia y los mbyá del Paraguay y no los alcanzan los beneficios de la Ley 23.302 ni del inc. 17 del art. 75 de la Constitución Nacional.

La Ley 23.302, en su art.7, dispone «adjudicarles tierras a las comunidades indígenas del país (se refiere a las existentes en el siglo XVI), debidamente inscriptas, aptas y suficientes para su explotación agropecuaria, forestal, minera, industrial o artesanal, situadas en un lugar donde habita cada comunidad o en caso necesario en tierras más aptas».

La ley sí abarca por consiguiente a las comunidades aborígenes norteñas a las que me he referido anteriormente.

C) Convenio OIT 169/89, Ley Nacional 24.071

Años más tarde nuestro país aprobó el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, sancionado en Ginebra, Suiza, en la 76ª Reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, el 7 de junio de 1989, mediante la Ley 24.071 de 1992.

La convención consideró la evolución del derecho internacional ocurrida desde 1957, fecha de la anterior convención, la Declaración Universal de Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales sobre la prevención de la discriminación.

Pero mantuvo la definición consagrada en 1957 de lo que es un pueblo originario, al considerar que ella comprendía (art.1 punto B) «A los pueblos en países independientes, considerados indígenas por el hecho de descender de poblaciones que habitaban en el país o una región geográfica a la que pertenece el país, en la época de la conquista y colonización, o del establecimiento de las actuales fronteras estatales y que, cualquiera sea su situación jurídica, conservan todas sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o parte de ellas».

Es decir, legisló como hemos visto anteriormente para aquellos que ya la Convención de 1957 y la Ley Nacional 23.302 habían definido como pueblos originarios.

La nueva convención los amparó para poder gozar, en un pie de igualdad, de los derechos y oportunidades que nuestra legislación nacional otorga a los demás miembros de la población, para el respeto de su identidad social, costumbres y tradiciones, para eliminar diferencias sociales con los demás miembros de la comunidad nacional. También les acordó el pleno goce de los derechos humanos y libertades fundamentales.

Nuevamente el art. 14 del Convenio reconoce a los pueblos originarios el derecho de propiedad y posesión de las tierras que tradicionalmente ocupan.

Pero el concepto es más amplio: en casos apropiados, autoriza al Es tado a tomar medidas para salvaguardar sus derechos a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, siempre que hayan tenido tradicionalmente acceso a las mismas para sus actividades tradicionales y de subsistencia. A este respecto, añade, debe tenerse especial atención a los pueblos nómades y agricultores itinerantes.

También protege los recursos naturales existentes en sus tierras tradicionales, permitiéndoles participar en su utilización, administración y conservación de dichos recursos.

D) Art. 75, inc. 17, de la Constitución Nacional

La Constitución de 1994 enfrentó las presiones a que fueron sometidos, en ese momento, sus convencionales por los movimientos indigenistas y sus colaboradores y encaró nuevamente el tema de los pueblos originarios que Perón había archivado en su reforma de 1949.

Agregó al art. 75 el siguiente inc.17:

«Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos.

»Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y los demás intereses que los afecten. Las provincias pueden ejercer recurrentemente estas atribuciones».

O sea, la Constitución amparó a nuestros verdaderos pueblos originarios (los que poblaban nuestro territorio en el siglo XVI) y defendió su derecho a la propiedad comunitaria de la tierra (no de los territorios), es decir, la tierra pertenece a la comunidad (al grupo), no a los aborígenes que la integran individualmente y no es una «mercancía», ya que está fuera del comercio, no puede ser objeto de dominio privado de ningún individuo, no es enajenable a terceros ni embargable.

Esta propiedad comunitaria de los pueblos originarios es la única que puede regular la reforma de nuestro Código Civil.

La relación de las comunidades originarias con sus tierras ancestrales comunitarias es necesaria para su supervivencia. Este es su fin fundamental.Es por consiguiente evidente que la concepción de la tierra comunitaria, que otorga a los pueblos originarios nuestra actual Constitución, no estaba contemplada en nuestro Código Civil, pero es la única propiedad indígena con relación a los mismos que puede regular como novedosa el Código en su reforma.

Quienes se oponen a ello intentando otras innovaciones pretenden arbitrariamente vulnerar el principio de igualdad que impera y debe imperar en nuestra legislación, beneficiando en forma arbitraria a aquellos pobladores que tienen origen indígena sin ser originarios, colocándolos en un escalón superior a los demás habitantes de distinto origen o ascendencia.

Finalmente debe tenerse muy presente que la resolución constitucional se ha dictado teniendo como mira principal la subsistencia, la educación y el progreso de los pueblos originarios y no como una simple preservación de su pasado cultural. Es más, lo que se pretende, en base al apoyo del Estado, es que mejoren y superen mediante la educación -elemento primordial- el atavismo de sus costumbres por sí mismos y no como una imposición para que puedan incorporarse en igualdad de condiciones al mundo actual.

IV. NUEVOS ARTÍCULOS DEL PROYECTO DE REFORMA

El proyecto de reforma de nuestros Códigos Civil y Comercial dedica el título V de derechos reales, titulado «De la propiedad comunitaria indígena» (arts. 2028 al 2036), a regular la nueva figura creada por la reforma constitucional referida anteriormente (art. 75, inc. 17, de la CN).

Sabido es que toda norma debe ser clara y precisa para evitar interpretaciones capciosas y arbitrarias de quienes aplican la ley.

Ello no ocurre en el proyecto. Se comete un error en el título del tema y en el contenido de su articulado.

El título para ser claro y preciso debe ser: «De la propiedad comunitaria de nuestros pueblos originarios».

La diferencia es fundamental.Al referirlo como propiedad comunitaria indígena, puede cualquier malintencionado pretender que ampara a todos los pueblos indígenas, incluso los pueblos «invasores» o que entraron a poblar en nuestro país en reemplazo o desplazando a nuestros originarios a fines del siglo XVIII, durante los siglos XIX y XX y a los que continúan llegando en la actualidad.

Vemos que es tremenda la diferencia que origina la falta de una simple palabra para la interpretación de la norma.

El error se reitera en todo el articulado del título V. En cada uno de los artículos, desde el 2028 hasta el 2036, debe cambiarse el concepto de «propiedad comunitaria indígena» por «propiedad comunitaria de nuestros pueblos originarios».

Ya hemos visto que se trata de dos cosas totalmente distintas.

Introducida esa reforma, comparto todo lo demás regulado sobre esta propiedad comunitaria.

Personalmente con la corrección apuntada, creo oportuno incorporar, entre nuestros derechos reales, la propiedad comunitaria de los pueblos originarios, atento a la reforma constitucional referida anteriormente.

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(*) Abogado, UBA. Miembro de número de la Academia Argentina de la Historia.

  1. APOYO TOTALMENTE ESTE INFORME,SOBRE ORIGINARIOS,EXCEPTO QUE LOS MAL LLAMADOS TEHELCHES POR EL CHILENO MAPUCHE,SE LLAMAN TZONEKA O PATAGON POR EL ESPAÑOL.ADEMAS EL TERRITORIO DEL PATAGON SE EXTENDIA DESDE EL OESTE DE CORDILLERA DE LOS ANDES,SUR DE MENDOZA,SAN LUIS,CORDOBA,Y NORTE DE BS.AS,HASTA TIERRA DEL FUEGO INCLUSIVE.ENTONCES COMO ARGENTINO ,Y VIVIENDO EN PATAGONIA,POR QUE LOS MAPUCHES,LES DAN TIERRAS,TIENEN MAS DERECHOS QUE NOSOTROS LOS ARGENTINOS,ADEMAS A NUESTROS PROCERES LOS PINTAN Y HUMILLAN Y MIENTEN EN INTERNET Y POR LIBROS EDITADOS DESDE HACE AÑOS QUE SON ORIGINARIOS DE ARGENTINA.SON INVASORES Y GENOCIDAS
    DE NUESTROS VERDADEROS ORIGINARIOS EL TZONEKA O PATAGON.

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