Cabrera Fernando Raúl c/ P.A.M.I. Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados s/ despido

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: VII

Fecha: 29-abr-2011

Cita: MJ-JU-M-66544-AR | MJJ66544 | MJJ66544

El trabajador reincorporado al PAMI a los efectos de realizar las mismas tareas que había desarrollado anteriormente debe considerarse vinculado por una relación de dependencia, descartándose la figura de locación de servicio, sin perjuicio del acuerdo suscripto entre las partes.

Sumario:

1.-Corresponde confirmar la sentencia de primera instancia que resolvió en sentido favorable al trabajador, quien se reincorporó al plantel permanente de la demandada bajo una relación de dependencia, y a los efectos de realizar las mismas tareas que había desarrollado en el primer período, rechazando así las pretensiones de la empleadora quien sostuvo que se trataba de una locación de servicio en virtud del acuerdo suscripto entre ambas partes.

2.-Si el trabajador, ya sea en el ámbito público o privado, ha firmado un contrato de locación de servicio, corresponde sea considerado en la verdadera situación jurídica que le cabe, es decir que debe prevalece el principio de primacía de la realidad y esa realidad muestra en el caso de autos que se trata de un trabajador en relación de dependencia, que es protagonista de un contrato de trabajo.

3.-La suscripción de contratos de locación de servicio constituye un verdadero acto de fraude en el sentido técnico-jurídico de la figura y por tanto son firmados tratando de burlar el orden público laboral, resultando en consecuencia por lo menos, inoponibles al trabajador debiendo ser desplazada la legislación que se pretende aplicar, por la legislación laboral que es la que verdaderamente corresponde.

4.-Si de los acuerdos suscriptos por las partes y homologados por el Ministerio de Trabajo, surgen violaciones al orden público que implican la renuncia de derechos (art. 12 LCT.), tales actos no sólo pueden ser cuestionados por las vías previstas en la ley 19549 , o mediante redargución de falsedad, sino que al no haber una justa composición de los derechos e intereses de las partes (art. 15 LCT.), pueden ser declaradas inválidas por el juez competente.

Fallo:

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 29 días del mes de abril de 2011, para dictar sentencia en estos autos: “Cabrera, Fernando Raúl c/ P.A.M.I. Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados s/ Despido”, se procede a votar en el siguiente orden:

LA DOCTORA ESTELA MILAGROS FERREIRÓS DIJO:

I- En estos autos se presenta el actor y entabla demanda contra P.A.M.I., para quien dice haberse desempeñado en relación de dependencia en las condiciones y las características que explica.

Señala que ingresó a trabajar el 6 de noviembre de 1992 al 19 de marzo de 1996, y luego reingresó el 10 de abril de 2007, hasta el 9 de abril de 2008 fecha en que fue despedido sin causa, desempeñándose como jefe de personal.

Detalla que su empleador no registró la relación laboral que se extendió desde el 10 de abril de 2007 hasta el 31 de diciembre de 2007, por considerar que la misma era un contrato de locación de servicio.

Por lo tanto el contrato de trabajo fue registrado -tardíamente- el 1 de enero de 2008.

Indica que el 9 de abril de 2008, recibió una carta documento donde se le informaba su despido. Reconoce haber percibido liquidación final, más considera que la misma es insuficiente.

Viene a reclamar indemnización por despido incausado, y demás rubros establecidos en la normativa vigente.

A fs. 164/180 P.A.M.I., contesta demanda niega todos y cada uno de los hechos invocados en el escrito de inicio, salvo los expresamente reconocidos.

Da su versión de los mismos y afirma que mediante la Resolución 326/2007 se autorizó la contratación del accionante desde el 1 de junio de 2007 a través de un contrato de locación de servicios.Afirma que la Resolución 108/2008 ordenó la reincorporación del actor al plantel permanente a partir del 1 de enero de 2008; y que el trabajador suscribió un acta acuerdo donde se establecía que durante el período de abril de 2007 a diciembre del mismo año la relación habida entre las partes era de carácter civil “locación de servicio”, no teniendo nada que reclamar por ese periodo.

En la sentencia de primera instancia que obra a fs. 593/598, tras el análisis de los elementos de juicio aportados a la causa, la “a quo” decide en sentido favorable a las pretensiones del actor.

Hay apelación de la parte demandada (fs. 607/631) y de la actora (fs. 605) quien cuestiona la regulación de los honorarios.

II- En líneas generales la demandada cuestiona la conclusión a la que ha arribado la sentenciante al declarar que entre las partes existió una verdadera relación laboral en subordinación.

No veo en la exposición de la apelante datos o argumentos que resulten eficaces para revertir el fallo.

Insiste en su tesitura inicial acerca de que en la vinculación que lo unió a él con el actor no existió subordinación técnica, ni jurídica, ni económica en tanto se trató de una clara “locación de servicios”.

Primeramente deseo señalar que he publicado un trabajo en el que analizo el tema de las locaciones de servicios. Allí he señalado que nuestro Código Civil define claramente el concepto de locación de servicios: “.es un contrato consensual.” tiene lugar cuando una de las partes se obligare a prestar un servicio y la a pagarle por ese servicio un precio en dinero. Los efectos de este contrato serán juzgados por las disposiciones de este Código sobre las “obligaciones de hacer”. Así lo establece el artículo 1623 de nuestro Código sancionado en septiembre de 1869. Es decir que estamos hablando de una norma jurídica de más de una centuria larga.No obstante ello, cabe destacar que en los últimos cincuenta años ningún civilista destacado ha aceptado la existencia de este contrato y todos han dado cuenta de su abrogación.

Borda, en su “Tratado de Derecho Civil” en la parte de contratos, dice que la locación de servicios ha sido reemplazada por el contrato de trabajo, y pasa directamente al estudio del contrato de trabajo. Ripert Boulanger en su “Tratado de derecho civil”, Tomo III (contratos) señala en su tercera parte, dedicada a contratos relativos al trabajo que el intercambio de servicios entre los hombres da lugar a contratos cuya importancia ha aumentado considerablemente en la época moderna. Y añade, los romanos distinguían la “locatio operarum” que no había recibido un gran desarrollo a causa del trabajo servil y la “locatio operis faciendi” que consistía en realizar un trabajo determinado por un precio fijado de antemano. Oponían ese contrato al mandatum que era a título gratuito. Esta división se ha mantenido en el Código Civil . La expresión “locación de obra y de industria” que se encuentra en él ha sido abandonada en la actualidad. Los contratos relativos al trabajo se dividen en contrato de trabajo y contrato de empresa.

De allí en más el autor pasa directamente al estudio del contrato de trabajo expresando que no resulta acertado hoy el sistema del Código Civil cuando para referirse al contrato de trabajo recurre al contrato de locación.

Destaco asimismo en el trabajo, que conforme afirma Spota Alberto G en “Instituciones de derecho” -Editorial Depalma-Contratos-Vol. La fuerza del trabajo -material o inmaterial- mediante contraprestación numeraria que es el objeto de la llamada locación de servicios, nos pone frente a un contrato en el cual está siempre presente, y en primer término, el hombre, o sea la condición humana, aún cuando existe subordinación jurídica de este trabajador con respecto al empleador. Ello explica el art. 14 bis de la Ley Suprema Nacional.Hay que recordar que en nuestro país existió un proyecto de Código Civil unificado con Código de Comercio en el año 1995 para cuya elaboración fueron designados los siguientes juristas: Héctor Alegría, Atilio A. Alterini, Jorge H. Alterini, Augusto C. Belluscio, Antonio Boggiano, Aída Kemelmajer de Carlucci, María J. del Socorro Méndez Costas, Julio C. Rivera, Horacio Roitman, Eduardo A. Zannoni, todos en funciones “ad honorem”. En dicho proyecto eliminaron la locación de servicios en los términos del tradicional contrato de Vélez y encararon de manera moderna el tema haciendo referencia al contrato de obra o de servicios por el cual una persona -según el caso, el contratista o el prestador de servicios- actuando, se obliga a favor de otra llamada comitente, a realizar una obra material o intelectual o a proveer un servicio mediante una retribución.

Si bien el proyecto fue aprobado por el Poder Legislativo, luego fue vetado por el Poder Ejecutivo, invocando razones económicas.

En la actualidad suele oírse -con frecuencia- para desechar la existencia de un contrato de trabajo que se invoca la existencia de un contrato de locación de servicios, tanto en el ámbito privado como en el público.

En rigor de verdad, sostener que una persona puede con su trabajo ser objeto de una locación de servicios no es sólo dar muestras de un enorme atraso histórico y social sino que también es “cosificar” al ser humano. Y para hacer frente a estas concepciones, se han lanzado los más prestigiosos juslaboralistas del mundo detentando para ello las banderas de la dignidad, concepto estrechamente ligado a los derechos humanos.

En los tiempos que corren es de vital importancia tener en cuenta los textos internacionales de derechos humanos, que se destacan por haber puesto como eje de todo sistema de derechos, libertades y garantías, la dignidad del hombre, o si se quiere, como suele decir Gialdino, el hombre según su naturaleza propia, según la esencia que le es propia.Para finalizar el artículo señalé que, si bien el contrato de locación de servicios no existe más en ningún ámbito del derecho; si alguien intentara utilizarlo estaría desarrollando una conducta inconstitucional ya que es principio implícito de nuestra Constitución que el trabajo no es una mercancía y que goza de la protección de las leyes entrando ya ahora en el art. 14 bis.

Luego de todo lo expuesto destaco que, si el trabajador, ya sea en el ámbito público o privado ha firmado un contrato de ese tipo corresponde sea considerado en la verdadera situación jurídica que le cabe. Prevalece el principio de primacía de la realidad y esa realidad muestra que es un trabajador en relación de dependencia, que es protagonista de un contrato de trabajo.

La suscripción de esos contratos constituye un verdadero acto de fraude en el sentido técnico-jurídico de la figura y por tanto son firmados tratando de burlar el orden público laboral. Resultan por lo menos, inoponibles al trabajador debiendo ser desplazada la legislación que se pretende aplicar, por la legislación laboral que es la que verdaderamente corresponde. (ver Ferreirós, Estela Milagros, “El contrato de trabajo y la locación de servicios”, publicado en Doctrina Laboral y Previsional- Errepar; nº 270, febrero de 2008).

Ahora bien, entrando ya en el análisis del caso que nos convoca, anoto que la demandada ha reconocido la prestación de servicios denunciada, aunque invocando una contratación de otra naturaleza a la laboral. Ello hace presumir la existencia de un contrato de trabajo (art. 23 L.C.T.).

En efecto, los testigos Tomaghelli (fs. 523), Ramírez (fs. 544) y Amato (fs. 540); dan cuenta del trabajo subordinado que realiza el actor, pues indican que recibía ordenes del director de PAMI y que cumplía con su jornada de trabajo.

Lo anteriormente analizado me lleva a concluir a la luz de las reglas de la sana critica (art.386 C.P.C.C.N), que la relación habida entre las parte ha sido de índole laboral desde el comienzo de la misma, ya que los testigos han tenido conocimiento directo de los hechos controvertidos en este punto por lo tanto sus dichos comprometen al empleador ya que resultan plenamente convincentes por su precisión y concordancia intrínseca (art. 90 L.O.).

De este modo, advierto que las manifestaciones que provienen de compañeros de trabajo resultan, en este caso particular, idóneas para acreditar l as condiciones en las que se desarrollaba la relación entre las partes, por percibir con sus sentidos las circunstancias descriptas.

A mayor abundamiento, deseo destacar, que la empleadora no ha podido dar razón, de las cuestiones que habrían modificado la relación entre las partes a partir del 1/1/2008. Es decir el actor realizó las mismas tareas y bajo las mismas condiciones laboral desde el 10 de abril de 2007 hasta el 9 de abril de 2008, por lo tanto no hay argumentos fácticos ni jurídicos que permitan concluir que la primera etapa de la relación no era de índole laboral.

Por los argumentos expuestos propicio la confirmación del fallo en este segmento.

III- Aduce la parte que la sentenciante desconoció el acta acuerdo suscripto por el actor ante el MTEYSS en los términos del art. 15 L.C.T.

Más allá, de las consideraciones vertidas por el quejoso, observo que el recurso resulta insuficiente para revertir lo decidido en grado, toda vez que no ataca el aspecto central del fallo, en cuanto a este punto:”. El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (Dirección del Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria) da cuenta de la autenticidad del acta acuerdo celebrado entre el accionante y el PAMI pero obra un resolución dictada por la Asesora Técnica Legal que sugiere no homologarlo ‘.atento a que, con los elementos aportados, no se acredita que se haya alcanzado a una justa composición de los derechos e intereses de las partes, se aconseja registrar el acuerdo referido.’(ver fs. 501), postura que finalmente recepta el Director del Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (ver fs. 502).” limitándose simplemente a disentir con la valoración realizada por la “a quo”.

A lo antes señalado, deseo agregar que la jurisprudencia ha dicho, y aclaro que lo comparto que “si de los acuerdos suscriptos por las partes y homologados por el Ministerio de Trabajo, surgen violaciones al orden público que implican la renuncia de derechos (art. 12 LCT), tales actos no sólo pueden ser cuestionados por las vías previstas en la ley 19.549, o mediante redargución de falsedad, sino que al no haber una justa composición de los derechos e intereses de las partes (art. 15 LCT), pueden ser declaradas inválidas por el juez competente (art. 1047 CC, Gunierz Fortuna y otro c/ Finexcor SA y otro. CNAT SALA VI-14/8/2001).

A ello debe sumarse que la cosa juzgada no encierra un concepto sacralizado (si se hubiera producido), y que en referencia a las sentencias, desde Chiovenda para acá y teniendo en cuenta la naturaleza jurídica, siempre encuadrada en la justicia, se ha sostenido que no es irracional que se admita la revisión inclusive en sentencias ejecutoriadas, en razón de que la res judicata no es absoluta y necesaria, sino que se ha establecido por razones de oportunidad y utilidad (Cnf. Revisión de la Cosa Jugada – Juan Carlos Hitters Leep.La Plata- 2001).

Por los argumentos expuestos propicio la confirmación del fallo en este segmento.

IV- Agrego finalmente, en cuanto a las restantes consideraciones vertidas en el escrito sobre esta cuestión, que -tal como la Corte Suprema de justicia de la Nación ha sentado criterio- el juzgador no está obligado a ponderar una por una y exhaustivamente todas las argumentaciones y pruebas agregadas a la causa, sino sólo aquellas que estimare conducentes para fundar sus conclusiones, ni a analizar todas las cuestiones y argumentos utilizados que -a su juicio- no sean decisivos (conf. CSJN, 29.4.70, La ley 139-617; 27.8.71, La Ley 144-611 y citas jurisprudenciales en “Código Procesal.” Morello, Tº II-C, Pág. 68 punto 2, Editorial Abeledo – Perrot; art. 386 , última parte, del Código Procesal; y de esta Sala, ver autos: “Bazaras, Noemí c/ Kolynos”; S.D. 32.313 del 29.6.99).-

V- No es atendible el pedido de la demandada de que se descuente de la condena la suma correspondiente a la multa prevista en el art. 2º de la ley 25.323, toda vez que -en el caso de autos- se aprecian cumplidas las exigencias previstas en el norma: 1) la recurrente fue oportunamente intimada a abonar las sumas correspondientes a indemnizaciones propias del distracto; y 2) el trabajador se vio obligado a litigar judicialmente para perseguir el cobro de las indemnizaciones -integras- referidas debido a la conducta de reticencia a abonar determinados conceptos asumido por la accionada.

VI- Se agravia por la condena dispuesta por el sentenciante a la multa establecida en el art. 45 de la ley 25.345.

La demandada en su contestación de demanda sostiene que ha puesto a disposición de la trabajadora la liquidación final y los certificados establecidos en el art. 80 de la L.C.T., y que por ello esta pretensión no debe tener favorable andamiaje.

En este punto Esta Sala tiene dicho que: “.La obligación de cumplimentar lo normado en el art. 80 LCT y en el art. 12 inc.g) de la ley 24.241 consiste en acompañar a las actuaciones el certificado de trabajo y de servicios prestados, remuneraciones percibidas y constancia de la concreta y efectiva realización de aportes y contribuciones. Esta carga legal viene a conjurar los eventuales efectos perniciosos de la omisión patronal ante los organismos de la seguridad social. Tal obligación impuesta judicialmente no puede considerarse cumplida si los certificados no reúnen los recaudos exigidos al no contener constancia de aportes y contribuciones a los organismos de la seguridad social.” (CNAT SALA VII, S.D. 37.516, del 12/5/04 “Gauto, Mariela c/ Italcosmética SA s/ despido).

Sentado ello, cabe indicar que, la circunstancia de que la demandada hubiese puesto a disposición de la actora los referidos instrumentos, no alcanza para eximirla del pago de la indemnización (art. 45 de la ley 25.345); es decir, no resulta suficiente, pues, para tener por cumplida la obligación, los tendría que haber confeccionado y luego consignado, lo que no aconteció en el caso (art. 756 C.C.).

Por último, resalto que la entrega de los instrumentos mencionados es una obligación que debe ser cumplida en oportunidad de la extinción de la relación laboral, de forma inmediata a la desvinculación, esto es en el tiempo que razonablemente puede demorar su confección, cuestión que tampoco sucedió en este pleito.

En efecto, de haber realizado los pertinentes certificados, en los mismos no reflejaban las reales características de la relación laboral.

Por los argumentos expuestos, propicio confirmar el fallo en este punto.

VII- Se agravia la parte demandada por el monto de la remuneración que la sentenciante ha tenido en cuenta como base de calculo.Advierto que, la apelación tal como ha sido planteada en este punto no resulta suficiente para revertir lo decidido en grado, toda vez que en sustancia no concreta el interés y medida del recurso, esto es, que valores considera la demanda que debe descontarse de la suma que ha tenido presente la sentenciante, ni por cuanto entiende que debió ser la condena.

Es decir si a juicio de la recurrente no hay elementos suficientes para determinarlos, no lo expresa así en su memorial de agravios, donde meramente manifiesta su disconformidad con lo resuelto en este punto.

Por todo lo expuesto no encuentro razón para modificar lo dispuesto en la instancia anterior en este segmento.

VIII- La parte demandada se queja por cuanto se le impusieron las costas del proceso, pero no encuentro motivo alguno para apartarme del principio general de la derrota (art. 68 del C.P.C.C.N), en virtud del cual debe cargar con las costas causídicas el que ha resultado vencido.

IX- Respecto del cuestionamiento efectuado sobre los honorarios regulados, señalo que los porcentuales escogidos por la “a quo” para la representación y patrocinio letrado de ambas partes y del perito contador, resultan equitativos, atendiendo a la importancia y extensión de los trabajos realizados, motivo por el cual propicio la confirmación de los mismos (art. 38 de la Ley 18.345).

X- En caso de ser compartido mi voto, propicio que las costas de alzada sean soportadas por la demandada vencida, y se regulen honorarios a la representación letrada de la actora y demandada en el .%, para cada una de ellas, de los determinados para la instancia anterior (art. 14 de la ley 21.839).

EL DOCTOR NÉSTOR MIGUEL RODRÍGUEZ BRUNENGO DIJO:

Por compartir los fundamentos, adhiero al voto que antecede.

LA DOCTORA BEATRIZ INES FONTANA: No vota (art. 125 ley 18.345).

Por lo que resulta del precedente acuerdo, el Tribunal RESUELVE: 1) Confirmar el fallo en todo cuanto ha sido materia de agravios. 2) Regular los honorarios de alzada para la respresentación letrada de la parte actora y demandada en el .% (. POR CIENTO) de los determinados para la instancia anterior. 3) Declarar las costas de alzada a cargo de la demandada vencida.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

El trabajador reincorporado al PAMI a los efectos de realizar las mismas tareas que había desarrollado anteriormente debe considerarse vinculado por una relación de dependencia, descartándose la figura de locación de servicio, sin perjuicio del acuerdo suscripto entre las partes.

  1. Ana María Galmarini 23 noviembre 2012 de 5:26 PM

    POR FIN LOS JUECES DE LA NACIÓN ARGENTINA SE SEPARA DE LAS ÓRDENES DEL OTRO PODER PRESIDENCIAL PARA EMITIR UN
    ELOGIOSO FALLO DE OTRO TRABAJADOR MÁS DE LOS QUE HEMOS SIDO DESPOJADOS DE NUESTRA FUENTE DE TRABAJO, EL P.A.M.I. SIN QUE NOS PAGUEN NINGUNA INDEMNIZACIÓN, PREVIAMENTE NOS DISCRIMINAN, NOS HACEN MOBBING Y DESPUÉS NOS MANDAN A NUESTRAS CASAS CON LA EXCUSA QUE NOS ENFERMAMOS Y ESTAMOS DEMENTES, APOYADOS POR UNA PSICÓLOGA
    DE CONTROL MÉDICO DEL P.A.M.IL Y EL DESPOTISMO DE CIERTOS GRUPOS DE JEFE Y COMPAÑEROS.- NO RESPETAN NADA NI A
    NADIE.- Contadora ANA MARIA GALMARINI

  2. Yo soy otra vez la Contadora Pùblica Ana Marìa Galmarini (u.b.a. 1984) y Martillera Pública (1990 IGJ) perito de oficio desde 1984, vuelvo comenzando el año 2013 a elogiar este fallo como lo hubiera hecho el queridìsimo y respetado Dr. Miguel Angel Ekmedjian (q.e.p.d.) quien me ha ejecutado algunas veces juicios de difìcil cobranza.- Reitero el comentario que he escrito el 23/11/2012 y vamos a volver a intentar de ir a la justicia. Tenemos un Convenio Colectivo de Trabajo 697/2005 de P.A.M.I. hecho por U.P.C.N. suscripto por todos, lo principal la Ley como dice mis actuales abogados ya que en la anterior demanda de pedido de reinstalaciòn, me dieron vuelta hasta el amparo y no dieron
    lugar a la reinstalaciòn. Ahora, estoy en peor situaciòn econòmico financiera y como persona que trabajò toda su vida en empresas privadas
    como Noblex, Acindar (comercio exterior con idioma), Sociedad Militar S.V., Transportadora Coral Arg. (empresa brasilera en importaciòn),
    i.p.s. en contabilidad, contratada y desde 1981 en P.A.M.I. hasta 1987 siempre en Nivel Central en el edificio Fiat, volvì luego de tantas pericias el 2/1/1993 hasta que me mandaron a disposiciòn de personal porque iban de la univ. 3 de Febrero de Moròn a evaluarnos por estudios y funciones y antiguedad y dar ascensos, los formularios los chequeaba el Jefe, en mi caso estando a disposiciòn de personal, me
    mandò a la psicòloga y rompiò mi formulario, nunca lo presentò y èl se puso una calificaciòn màxima de “A”, asì es el P.A.M.I. en esta etapa
    de gobierno.- Yo me habìa conseguido trabajar con el sìndico colega Marcelo Couven, ya despedido tambièn.- Eso molestò mucho.- Y el que me sacò de mi lugar de trabajo era arquitecto, me hizo la vida imposible y el acoso psicològico era tan grande ultimamente que no me daba cuenta del mal trato que me ejercìa, aislàndome, ponièndome a archivar, no dejàndome sentar ni tener escritorio y muchas cosas màs
    que me generaban ir a llorar al baño todos los dìas.- Me cambiaron el legajo médico unificando còdigos de psiquiatrìa, no dàndome el alta mèdica.- La gremial ante mi situaciòn no permitiò el ingreso de mi hijo mayor entrenado en P.A.M.I. ahora tiene 23 años, se recibiò a los 17 años abanderado, fue al Colegio San José, luego a Colegio La Piedad y terminó en el público Bernardino Rivadavia.- Tomaron a toda la juventud del Hospital Francès y de A.F.J.P. y el curriculum vitae de mi hijo en el gremio lo rompieron delante mìo.- El otro gremio se excusò.-
    En toda mi vida laboral, que es más extensa no me ocurrió nada igual a lo que está sucediendo en P.A.M.I. y perdimos la obra social de U.P., aportes jubilatorios, seguros social, colectivo y obligatorio y sobretodo el sueldo y sobre de sueldo.- Además de otraas cosas.-
    C.P.N. Ana María Galmarini. He tenido que hablar y dejar nota en mi Cjo Prof. Cs. Económicas p/excusarme con el Dr. Schuster de porquè
    pagaba la matrícula con facilidades. Y lo peor es que si me ausenté ultimamente fue para cuidar a mi hijo menor con 2 terapias intensivas
    de desnutriciòn ya que soy huérfana de padres y abuelos e hija única.- La 3ª terapia intensiva fue una supuesta peritonitis.- Por P.A.M.I.
    no voy a dejar morir a mi hijo si igual iba a trabajar hasta las 3 am, de la madrugada facturando. Yo nunca fuì jeràrquica tampoco ñoqui.-

  3. ESTOY EN LA 1ª QUINCENA DE ENERO/2013, ESTUDIANDO Y PROFUNDIZANDO LO QUE ME SUCEDIÒ A MÌ C/EL DESPIDO QUE ME PROPICIARON EN ENERO/2007 DEL P.A.M.I., ME GUSTA LEER ESTE FALLO PARA QUE LOS JUECES Y CONJUECES Y PRESTIGIOSOS JUSLABORALISTAS COMO LOS SEÑALADOS UT SUPRA: LOS DRES. BELLUSCIO, ZANNONI, BOGGIANO, ALTERINI, CARLUCCI, ROITMAN, CONOZCAN CON MUCHA CLARIDAD CONJUNTAMENTE CON LA PRESTIGIOSA DRA. ESTELA MILAGROS DE FERREIRÒS Y EL DR. GIALDINO DE LA C.S.J.N. QUE P.A.M.I. – I.N.S.S.J.P. HACE LO QUE QUIERE CON LOS TRABAJADORES, SEAN PROFESIONALES, COMO ES MI CASO QUE ESTUVE DESDE 1981 AL 1987 ME RETIRE A HACER LAS PERICIAS DE OFICIO DE LAS PRIVATIZACIONES DE
    LAS ENTIDADES, NO DABA A VASTO Y VOLVÌ DESPUES DE TENER A MI HIJO MAYOR EL 2/1/1993, NI SIQUIERA PEDI MATERNIDAD, ME
    SACARON CON MOBBING DEL AREA DE ARQUITECTURA PORQUE APARTE DE CONTADORA SOY MARTILLERA PUBLICA Y CUANDO
    CAMBIAN O INVENTAN EL LEGAJO MÈDICO PARA EXCUSA DE QUE EL TRABAADOR FALTÒ POR DEMÀS, CUANDO TENEMOS QUE IR
    IGUALMENTE SIN PODER FICHAR RELOJ, TODO LO PROCTOCOLIE CON ESCRIBANA PÙBLICA EL NO PERMITIRME EL INGRESO Y LA
    DISCRIMINACIÒN COLGADA DE UNAS COLUMNAS DE ENTRADA DE PERU 169 Y AVDA. DE MAYOR 801, JUNTO CON OTRA TRABAJADORA DE SANTIAGO DEL ESTERO CREO: CLARA OLIVIA SMITH.- El P.A.M.I. – I.N.S.S.J.P. DESPIDE Y NO ABONA INDEMNIZACION, ES MÀS NOS CATALOGAN A LOS TRABAJADORES CON GRAVES PATOLOGÌAS PSIQUIATRICAS QUE ESCRIBEN EN EL
    LEGAJO MÈDICO, Y UNIFICAN LOS CÒDIGOS DE AUSENCIAS COMO TODAS PSIQUIÀTRICAS, GRACIAS A UNA PSICÒLOGA QUE HACE EN CONTROL MÈDICO LOS PSICODIAGNÒSTICOS PARA MANDARNOS A CASA POR ÒRDENES DESDE GCIA. DE RR.HH. TAMBIEN LA
    LIC. LIDIA CHÀVEZ VA A DAR TESTIMONIO CONFUSO COMO ESCRIBIÒ CUANDO HICE JUICIO DE REINSTALACION, DIO VUELTA EL DR.
    MORANDO Y EL SECRETARIO, UN AMPARO POR EL QUE TRABAJÈ 3 MESES Y ME VOLVIERON A SACAR CUANDO SALIÒ EL FALLO DEFINITIVO.- NO CONCILIAN NADA, NO RESPETAN QUE EL TRABAJADOR HAYA IDO A TRABAJAR SÀBADOS Y DOMINGOS SIN FICHAR
    O LOS DÌAS LABORALES FACTURANDO LUZ, GAS, TELEFONOS, ABL, INMOBILIARIO, RENTAS, TODO CON VENCIMIENTOS DE LOS
    HOGARES DE ANCIANOS, DELEGACIONES, AGENCIAS Y CORRESPONSALIAS ALQUILADAS. SE TENIA QUE HACER AUNQUE YO ME QUEDARA HASTA LAS 3 AM. PARA NO PAGAR INTERESES Y RECONEXION DE SERVICIOS, QUE NO PUEDEN FALTAR P/ATENDER A LOS JUBILADOS Y PENSIONADOS.- LOS LEGAJOS MÈDICOS, ANTES DE ESTE GOBIERNO ESTABAN IMPECABLES, DESPUÈS FUERON
    CAMBIADOS A FAVOR DEL P.A.M.I. ASIMISMO, TIENEN A LA ESPOSA DEL EX-JEFE DE MEDICINA LABORAL Y SALUD OCUPACIONAL DEL P.A.M.I. COMO CONTROLLER EN SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO DE MORENO Y DEFENSA, AMIGA DE LOS MÈDICOS, AL PUNTO QUE ME PUSIERON UN MEDICO GREMIALISTA DE LA GUARDIA DEL H. T. BORDA UN 70% DE PARAFRENIA Y LA
    COMISIÒN M. CENTRAL LO MISMO EN UNOS MINUTOS PERO PSICOSIS CORPORAL DESCONOCIDA.-
    QUIEREN JUBILARNOS A TODA COSTA Y DISCAPACITARNOS PARA QUE NO PODAMOS VOLVER NUNCA MÀS A TRABAJAR EN P.A.M.I.
    NI EN NINGÙN LUGAR, COMO ES MI CASO QUE TRABAJO CON LA MENTE.-
    EL MISMO PSIQUIATRA DEL AREA PUSO QUE SOYU BIPOLAR CON REMISIÒN Y TRATAMIENTO PROFILÀCTICO, QUE ME ADECÙEN LAS
    TAREAS EN LUGAR MÀS TRANQUILO DE CONTADORES PÙBLICOS, ALGUN DESPACHO, NO MÀS DE FLORERO.- EN ENERO/2007 Y LO
    RATIFICÒ CON SELLO EL EX-JEFE JUBILADO DR. NESTOR MARCELINO CIAMPAGNA. EL 23 O 25/ENERO /2007.-AÙN ASÌ NO ME DIO EL
    ALTA, TAMPOCO LOS GREMIOS QUE TENIAN EL CURRICULUM VITAE DE MI HIJO MAYOR FERNANDO GABRIEL D”ADDATO GALMARINI
    TAMPOCO PUDO ENTRAR, NO QUISIERON PEDIRLO EN U.P.C.N. Y EL DE MOYANO U.T.E.R.A. DE AQUELLA EPOCA: TAMPOCO.-
    COMO LEÌ EL LIBRO DE LA DRA. S/EL EJE DE TODO SISTEMA DEDERECHOWS, LIBERTADES, Y GARANTIAS, LA DIGNIDAD DEL HOMBRE, COMO SUELE DECIR EL DR. GIALDINO, EL HOMBRE SEGUN SU NATURALEZA PROPIA, SEGUN LA ESENCIA QUE LE ES PIOPIA.- LA DRA. FERREIRÒS EXPRESÒ ATRASO HISTÒRICO SOCIAL Y TAMBIÈN TRATAR DE COSIFICAR AL SER HUMANO.-
    ANA MARIA GALMARINI

  4. Gracias por participar con su comentario, la diversidad de opiniones y voces enriquecen el blog y el intercambio de ideas.

  5. Es muy interesante leer tus palabras Ana, yo también fui empleado de pami bajo la perversa modalidad de “locación de servicios” pagando el mono tributo de la plata que sería el “sueldo”, renovando el contrato cada 6 meses con el terror de que un día no te lo renueven más sin darte explicación alguna, sin aguinaldo ni vacaciones, presentando la factura y cobrando cuando al pami le parece bien. Por eso entiendo tu dolor y tu angustia. Porque este tipo de contratos ejerce sobre el trabajador una violencia psicológica que no se ve no se nota pero esta, hace que uno se deprima se angustie y no tenga ganas de vivir, no pueda proyectar su vida, su crecimiento ni su crecimiento profesional a partir de su lugar de trabajo. Puede parecer exagerado para quien lea estas palabras, pero cuando uno está en una situación vulnerable, necesita el dinero para subsistir, mantener a su familia y le ofrecen un trabajo precario en el estado como es la “locación de servicios” lo terminas aceptando no porque se dé el famoso “acuerdo de voluntades” que da origen a los contratos entre particulares, sino que lo aceptas porque no te queda otra no podes elegir es esto o la calle y en la calle nadie quiere estar.
    La política laboral que lleva adelante Luciano DI cesare al frente de PAMI es de TERRORISMO lisa y llanamente. No se puede describir dicha política de una forma más acabada ya que dicha política, basándose en los ejemplos mencionados arriba, generan en el trabajador una sensación de miedo pero no el miedo común y corriente que uno siente al ser atacado, no siente la adrenalina que genera el peligro ya que esta desencadena un mecanismo de defensa, el terror hace que la persona se paralice, se sienta angustiada desamparada, desprotegida, sola, indefensa que no sepa de donde puede venir un ataque, hace que la persona no se sienta merecedora de una vida mejor.
    El sujeto en cuestión, al ser víctima de este terrorismo psicológico, no sabe a qué temerle, de que cuidarse o en quien confiar.
    Esto genera muchas veces que la persona quiera comportarse de una manera ejemplar para que el PAMI no tenga ni el más remoto motivo de no renovarle el contrato de “locación de servicios” y esto trae como consecuencia que dicho trabajador, se vigile solo, que se exceda en el horario laboral, que trabaje a deshoras y de modo insalubre, en definitiva que le entregue su vida al pami, quien ni siquiera lo reconoce como un empleado en relación de dependencia.
    Esto en mi humilde opinión, es esclavitud moderna

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