Resulta injuriante el actuar de la empleadora que cambió tareas pero no la sede laboral desfavorable para la salud de la trabajadora.

Partes: C. M. N. c/ Asociación de Padres Dinad s/ despido

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo   Sala/Juzgado: VI

Fecha: 14-may-2012

Cita: MJ-JU-M-73685-AR | MJJ73685 | MJJ73685

Toda vez que la demandada, -frente a la petición de la actora de un cambio de lugar de trabajo fundada en razones de salud-, le cambió las tareas y funciones, existió un comportamiento injuriante que justificó la decisión rupturista de la trabajadora, pues debía desarrollarlas en la misma sede donde se acreditó que el clima laboral no favorecía al estado de salud de la accionante.

Sumario:

1.-Corresponde admitir las indemnizaciones previstas en el art. 232 , 233 , 245 y concordantes de la LCT., pues la accionada no puede ampararse en que le asignó un nuevo destino laboral adecuado, -cambio solicitado por el médico tratante-, cuando en realidad le cambió las tareas y funciones, las que a su vez, debía desarrollar en la misma sede donde se ha acreditado que el clima laboral no favorecía al estado de salud de la accionante.

2.-Toda vez que la demandada, -frente a la petición de la actora de un cambio de lugar de trabajo fundada en razones de salud-, le cambió las tareas y funciones, existen elementos para entender que existió un comportamiento injuriante por parte de la demandada, por lo que la decisión de la actora de considerarse despedida resulta ajustada a derecho (art. 242 de la LCT.).

3.-Resulta procedente la multa prevista en el art. 80 de la LCT. toda vez que la parte actora cumplió con la intimación que prescribe la norma; mientras que la accionada acompañó junto con el legajo de la actora, una constancia que resulta insuficiente para entender cumplida la obligación de entrega contenida en la normativa citada.

4.-Debe desestimarse el reclamo de la reparación por daño moral ya que el escrito de inicio presenta falencias formales que resultan insalvables pues la accionante no ha invocado la existencia de perjuicio alguno que hubiera llevado a otorgar una reparación adicional con fundamento en el derecho civil, por lo tanto, el sistema tarifado establecido en el art. 245 de la LCT., es comprensivo de los daños adicionales que razonablemente pudieran afectar al trabajador como consecuencia de la extinción de la relación.

Fallo:

Buenos Aires, 14 de MAYO de 2012

VISTO Y CONSIDERANDO:

En la Ciudad de Buenos Aires reunidos los integrantes de la Sala VI a fin de considerar los recursos deducidos en autos y para dictar sentencia definitiva en estas actuaciones, practicando el sorteo pertinente, proceden a expedirse en el orden de votación y de acuerdo con los fundamentos que se exponen a continuación.

EL DOCTOR LUIS A. RAFFAGHELLI DIJO:

La sentencia de primera instancia (fs. 242/247) que rechazó la demanda entablada viene apelada por la parte actora según el memorial de fs. 255/267 que ha sido replicado por la contraria a fs. 272/278.

 

En materia de honorarios, la letrada de la parte actora, por su propio derecho, cuestiona los regulados a su favor por considerarlos reducidos (fs.268).

 

Se agravia la recurrente porque la Sra. Jueza “a quo” entendió que el despido en que se colocó la trabajadora careció de justificación. Al respecto, sostiene que se efectuó una valoración errada de las constancias de la causa, y remite especialmente a la prueba testimonial producida de la cual afirma que surgiría acreditado la mala fe de la accionada frente a sus reclamos.

 

Analizadas las constancias de autos, adelanto que en mi opinión la queja interpuesta merece favorable recepción.

 

Del intercambio telegráfico habido entre las partes se desprende que C. emplazó a su empleadora en dos oportunidades requiriendo que le “…asigne destino laboral adecuado…” de acuerdo a su estado de salud y teniendo en cuenta el certificado médico acompañado (ver CD 895149307 de fecha 6.8.2008 y CD 895146610 del 28.8.2008).

 

Por su parte, la accionada con fecha 2.9.2008 le comunicó que había sido reasignada por la Institución a cumplir idénticas tareas que las que cumplía en otro sector de la sede sita en Yerbal 351 CABA.La actora cuestionó tal decisión por entender que no se correspondía con lo prescripto por su médica tratante y afirmó que en dicha sede se había desmejorado su estado de salud, por lo cual “…solicita el traslado a sucursal adecuada…” e insiste con que se le “…asigne destino laboral adecuado teniendo en cuenta las certificaciones médicas entregadas…” (ver CD 963999107).

 

Frente a ello, la demandada remitió CD 965577168 por la cual le hace saber a la trabajadora que “… a partir del día miércoles 10 del corriente mes de septiembre, la Institución le ha asignado un nuevo destino laboral, donde cumplirá sus tareas y funciones laborales: calle Yerbal N°351 C.A.B.A., en el sector correspondiente a los alumnos del Plan laboral I.R.T.E., bajo las órdenes del personal directivo de la Escuela Nro. 1 Carolina Tobar García…”.

 

En este marco, la actora se consideró despedida con fecha 17 de septiembre de 2008 en los siguientes términos: “… ratifico negativa absoluta de vuestra parte a asignar nuevo destino laboral, conforme prescripción médica ordenada a los efectos de preservar mi estado de salud… Atento su tajante negativa a trasladarme de sede conforme prescripción médica de la cual uds. tienen conocimiento, hago efectivo el apercibimiento cursado y me considero gravemente injuriada y despedida por su exclusiva culpa…”.

 

No se encuentra controvertido en autos que la actora se encontraba en tratamiento médico y que presentó a su empleadora un certificado extendido por la Dra. Laura Scevola con fecha 17.6.2008. Dicho certificado -cuya copia obra en el legajo que acompañó la accionada- prescribe “…que dado el estado actual de la actora sería conveniente un traslado de su lugar de trabajo a un sitio mas adecuado…” (ver sobre anexo Nro. 2477).

 

A su vez, la demandada en ejercicio de las facultades que le confiere el art. 210 de la LCT sometió a la actora al control médico laboral.Así, los profesionales que la entrevistaron, recomendaron -en sentido coincidente con la médica de cabecera de la actora- el cambio de ámbito laboral para evitar la continuidad de conflictos con sus pares y con el empleador.

 

En tales condiciones, resulta relevante la prueba testimonial producida en autos, pues todos los testigos que han declararon son coincidentes al señalar que la actora tenía serios problemas con sus compañeras de trabajo y por otra parte, todos tenían conocimiento de que la actora había solicitado un cambio de sede. En ese sentido, cabe observar el testimonio de Samaniego (fs. 171/173) que afirmó que la relación de la actora con sus compañeras de trabajo era conflictiva a lo que se suma el testimonio de Solavagione (fs. 107/09) que también reconoció el clima hostil de trabajo asi como que ella personalmente se ocupó de comunicar a la Comisión Directiva de la institución demandada que la actora había solicitado una vacante en el centro Nro. 2.

 

Por ello, considero que la accionada no puede ampararse en que le asignó “…un nuevo destino laboral adecuado…” pues en realidad le cambió las tareas y funciones, las que en realidad, debía desarrollar en la misma sede donde se ha acreditado que el clima laboral no favorecía al estado de salud de la accionante.

 

Por lo precedentemente expuesto, estimo que en el caso, existen elementos para entender que un comportamiento injuriante por parte de la demandada, por lo que la decisión de la actora de considerarse despedida resulta ajustada a derecho (art. 242 de la LCT).

 

En consecuencia la actora resulta acreedora de las indemnizaciones previstas en el art. 232, 233 , 245 y concordantes de la LCT.

 

También procederá la indemnización prevista en el art. 2 de la ley 25.323 ya que la actora intimó a la demandada para que le sean abonadas las indemnizaciones derivadas del despido (telegrama de fs. 10 en sobre fs. 14) y debió accionar judicialmente para su percepción.Distinta suerte correrán los rubros descuentos indebidos y presentismo. Ello porque los mismos han sido incluidos en la liquidación practicada en la demandada sin el desarrollo fáctico necesario como para identificar los periodos en que se habrían producido, en contraposición con las disposiciones del art. 65 de la L.O.

 

Tampoco corresponde hacer lugar al agravamiento indemnizatorio previsto por el art. 16 de la ley 25.561 ya que en atención a la doctrina sentada en el fallo plenario Nro. 324 de esta Cámara, in re “Lawson, Pedro José c. Swiss Medical S.A. s/ despido” , a la fecha del distracto no se encontraba vigente la norma en cuestión.

 

En lo que respecta a la multa prevista en el art. 80 de la LCT la misma resulta procedente toda vez que la parte actora cumplió con la intimación que prescribe la norma (ver telegrama de fecha 17.9.2008; mientras que la accionada acompañó junto con el legajo de la actora, la constancia de fs. 93/100 (ver sobre anexo 2477) que resulta insuficiente para entender cumplida la obligación de entrega contenida en la normativa citada. En tal sentido, y sin perjuicio de señalar que dicha constancia ha sido confeccionada extemporáneamente, no se advierte que la accionada haya acompañado en las presentes actuaciones el certificado de trabajo con las previsiones de la ley 24.576 .

 

Asimismo, considero que debe desestimarse el reclamo de la reparación por daño moral ya que el escrito de inicio presenta falencias formales que a mi juicio, resultan insalvables pues la accionante no ha invocado la existencia de perjuicio alguno que hubiera llevado a otorgar una reparación adicional con fundamento en el derecho civil. Aún ello, opino -en principio- que el sistema tarifado establecido en el art.245 de la LCT, es comprensivo de los daños adicionales que razonablemente pudieran afectar al trabajador como consecuencia de la extinción de la relación.

 

En el mismo sentido, considero que no corresponde la aplicación de la sanción de temeridad y malicia prevista en el art. 275 de la LCT, puesto que no se encuentran acreditados comportamientos procesales a los que quepa calificar de maliciosos o temerarios.

 

En conclusión, para efectuar el cálculo de los rubros que se difieren a condena estaré a la remuneración de $2400 reconocida por la demandada (fs. 51), por lo que la indemnización por antigüedad asciende a la suma de $42.494,76; 2) Preaviso $ 4800; 3) SAC s/ Preaviso $ 400; 4) Integración por mes del despido $1040; 4) SAC s/ Integración $86,66; 5) Vacaciones Proporcionales $2688; 6) SAC s/ Vacaciones $224; 7) SAC Proporcional $1800; 8) Art. 2 Ley 25.323 $24.763,33; Art. 80 de la LCT $7200 lo que arroja un total de $84.177,99.- que llevará intereses desde su exigibilidad hasta su efectivo pago a la tasa activa que cobra el Banco de la Nación Argentina para el otorgamiento de préstamos (conf. Acta CNAT Nro. 2357).

 

De acuerdo a la solución que propongo, y en virtud de lo normado por el art. 279 del CPCCN, corresponde dejar sin efecto la imposición de costas y la regulación de honorarios practicadas en la instancia anterior y determinarlas en forma originaria.

 

Propongo imponer las costas de ambas instancias a cargo de la demandada, atento al principio general que rige en la materia conforme el art. 68 , CPCCN).

 

Teniendo en cuenta la calidad y extensión de las tareas desempeñadas por los profesionales intervinientes, así como también lo dispuesto por las normas arancelarias vigentes propongo regular los honorarios por la actuación en primera instancia de la representación y patrocinio de la parte actora, demandada y perito contador en el 16% y 13% y 6% respectivamente, sobre el monto total de condena (arts.6, 7 , 9, 11 , 19 , 37 y 39 de la ley 21.839 mod. por ley 24.432 y Decreto Ley 16.638/57 ).

 

Asimismo, propongo fijar los honorarios de los letrados firmantes de fs. 255 y fs. 272 por su labor en la alzada en el 35% y 25% de lo que les corresponda percibir por sus labores en la instancia previa (art. 14 , ley 21.839 mod. por ley 24.432 ).

 

LA DOCTORA GRACIELA L. CRAIG DIJO:

 

Que adhiero al voto que antecede.

 

Por lo que resulta del acuerdo que antecede (art. 125 de la ley 18.345), el Tribunal RESUELVE: I) Revocar la sentencia de grado y condenar a la demandada a abonar a la actora la suma $84.177,99.- con mas los intereses indicados precedentemente; II) Imponer las costas de ambas instancias a cargo de la parte demandada (art. 68, CPCCN); III) Regular los honorarios por la actuación en primera instancia de la representación y patrocinio de la parte actora, demandada y perito contador en el 16% y 13% y 6% respectivamente, sobre el monto total de condena. IV) Fijar los honorarios de los letrados firmantes de fs. 255 y fs. 272 por su labor en la alzada en el 35% y 25% de lo que les corresponda percibir por sus labores en la instancia previa (art. 14, ley 21.839 mod. por ley 24.432).

 

Regístrese, notifíquese y vuelvan.

 

LUIS A. RAFFAGHELLI

 

JUEZ DE CAMARA

 

GRACIELA L.CRAIG

 

JUEZ DE CAMARA

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