Indemnización a favor del empleado que sufriera acoso verbal de su superior, mientras su empleadora omitiera adoptar medida alguna.

Partes: B.H.J. C/ Alavera S.A. y otro s/ mobbing

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo   Sala/Juzgado: I

Fecha: 31-may-2012

Cita: MJ-JU-M-73552-AR | MJJ73552 | MJJ73552

El reclamo es procedente pues el superior jerárquico incurrió en acoso verbal suficientemente grave, -como asimismo en abuso de autoridad-, lo que generó un perjuicio serio al actor; máxime considerando que el daño se vio agravado por la falta de adopción de medidas por parte de la demandada a fin de poner coto a los excesos denunciados.

 

Sumario:

1.-Corresponde revocar la sentencia y hacer lugar al reclamo indemnizatorio toda vez que se ha acreditado que el superior jerárquico, -dependiente de las demandadas-, incurrió en acoso verbal suficientemente grave como asimismo en abuso de su autoridad, generando un perjuicio serio al actor; máxime considerando que el daño ocasionado resulta agravado en tanto ha quedado demostrado que el actor buscó ser escuchado por autoridades de la demandada, sin que se hubieran adoptado medidas para poner coto a los excesos del dependiente en cuestión.

2.-Deben admitirse las conclusiones del experto médico pues el mismo efectuó una valoración adecuada y con sólidos fundamentos científicos del estado de incapacidad del trabajador, tanto respecto de la revisación clínica, como los estudios médicos efectuados al trabajador.

3.-La derivación dañosa, -el derecho del actor a continuar ganando su sustento percibiendo el salario de naturaleza alimentaria-, constituye una consecuencia inmediata y necesaria del hecho ilícito (Art.901 CCiv.), pues, el demandante fue maltratado y hostigado psicológicamente por su superior jerárquico, se encuentran verificadas las constantes agresiones verbales e insultos que profería el citado hacia la persona del accionante, y la antijuridicidad citada provocó perjuicios al trabajador y que las constantes agresiones tuvieron aptitud para generar un daño de incidencia patrimonial, ya que el actor vio frustrado su derecho a permanecer trabajando como lo venía haciendo.

4.-Toda vez que existió un acto ilícito (antijuridicidad) y daño (patrimonial y moral) en relación causal adecuada con el primero, corresponde admitir el reclamo, pues la violencia sufrida llevó al accionante a la necesidad de tener que sufragar gastos y demás tratamientos psicológicos, la pérdida del empleo le generó un lucro cesante, y además, el acto de violencia moral tuvo aptitud para provocarle la afección psicológica que padece.

5.-La falta de importancia que la empleadora asignara a los episodios ocurridos no la eximen de la responsabilidad objetiva y refleja, pues el hecho aconteció en el ámbito laboral, de custodia de la empleadora, y ésta tiene para con las personas que allí le prestan servicios una obligación de seguridad (art. 75 LCT.) que garantice indemnidad psicofísica, respondiendo a su vez, por imperativo legal, por los hechos ilícitos de quien se vale para funcionar (art.1113 primer párrafo del CCiv.).

6.-Es innegable la responsabilidad de la codemandada por cuanto las directrices impartidas por el art.1113 del CCiv. resultan amplias y comprenden, en un sentido lato, la responsabilidad objetiva y refleja por la delegación de actividades respecto de las cuales debía ejercer la custodia; por lo que, el autor del daño es dependiente de la codemandada en el sentido amplio que prevé el art.1113 primer párrafo del CCiv., que no se acota a la dependencia laboral.

 

Fallo:

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 31 días del mes de mayo de 2.012, reunida la Sala Primera de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, para dictar sentencia en la causa del epígrafe, y de acuerdo a la correspondiente desinsaculación, se procede a votar en el siguiente orden:

La Doctora Gabriela Alejandra Vázquez dijo:

I)- El señor Juez a quo, a fs.266/269, rechazó la demanda orientada al cobro de una indemnización que repare las consecuencias dañosas del maltrato laboral denunciado por el accionante.

 

La decisión es apelada por la actora, a tenor del memorial de fs.278/282, respondido por las demandadas a fs.285/288. La Sra. Perito contadora y el Sr. perito médico cuestionan los honorarios que se les regularon, por considerarlos reducidos (cf.fs.274 y fs.276, respectivamente).

 

II)- La actora se agravia porque se rechazó su reclamo resarcitorio y adelanto que, por mi intermedio, el recurso tendrá favorable recepción. En efecto, surge del relato inicial que el actor ingresó a trabajar el 29 de diciembre de 2001 como camarero en las instalaciones del Casino Flotante y cumplía jornadas laborales nocturnas, trabajando siete días a la semana durante ocho horas. Asimismo, el accionante afirma que el trato cordial y respetuoso de su empleadora se mantuvo durante el desarrollo de la relación laboral hasta el cambio de su superior jerárquico -Sr. O. G.-, quien comenzó a perseguirlo y hostigarlo en forma permanente durante el desarrollo de su horario de trabajo.

 

A fs.231/233 luce agregado el informe médico presentado por el experto quien, con base en la revisación clínica y los estudios complementarios específicos, señala que “.a partir de los hechos de autos, que son motivo de la litis actual, se ha desarrollado una alteración severa de la personalidad previa, profundizando los mecanismos defensivos de control, rigidizando y empobreciendo el adecuado funcionamiento yoico que tenía con anterioridad a los hechos.Así el examinado presenta en la actualidad un cuadro depresivo reactivo que surge como consecuencia de los hechos de autos. Además, se encuentra padeciendo alteraciones de ansiedad, siendo ésta excesiva.el examinado exhibe y reúne los requisitos que permitirían clasificarlas con los aspectos sintomáticos compatibles con un cuadro de reacción vivencial anormal neurótica con manifestaciones depresivas grado II- III atribuible a la desorganización defensiva que motivó el hecho de autos, en su repercusión psíquica y emocional, de connotación patológica. Concluye, pues, que el actor presenta una incapacidad psíquica parcial y permanente del 15% de la total obrera por su reacción vivencial anormal neurótica con manifestaciones depresivas grado II-III. Agrega que ese cuadro mantiene razonable relación de causalidad con los hechos invocados en la demanda.

 

De este modo, estimo que la revisación clínica, los estudios médicos efectuados al trabajador y la valoración de los respectivos informes médicos, conforme a las reglas de la sana crítica (art.386 y 477 CPCC, arts.91 y 155 LO), llevan a la convicción que deben admitirse las conclusiones del experto médico quien efectuó una valoración adecuada y con sólidos fundamentos científicos, del estado de incapacidad del trabajador.

 

Aún cuando las normas procesales no acuerdan al dictamen médico el carácter de prueba legal y permiten a la judicatura formar su propia convicción al respecto, es indudable que para apartarse de la valoración de los médicos actuantes el juez debe hallarse asistido de sólidos argumentos en un campo del saber ajeno al hombre de derecho. Y en el presente las demandadas no han aportado prueba suficiente alguna que conduzca en forma inequívoca a la detección del error o del inadecuado uso que los médicos han hecho de su conocimiento científico.Si bien no soslayo las observaciones vertidas por las demandadas a fs.237/238, lo cierto es que resultan meras discrepancias con el aludido dictamen y fundamentalmente, se basan en apreciaciones personales que no alcanzan a desvirtuar las consideraciones médico legales de la pericia médica producida, que resulta suficientemente fundada.

 

Además, los relatos brindados por los Sres. Gustavo Javier Martínez (fs.214/215) y Mario Gustavo Mansilla (fs.216/217) describen las tareas que diariamente cumplía el actor y dan cuenta de los constantes maltratos que sufrió. En efecto, el Sr. Martínez señala que “.las órdenes de trabajo se las daba el Sr. O. G.cuando se juntaba mucha gente G. le decía apurate, mariquita, putito, siempre lo mismo con vos, inservible, ya no sé qué hacer con vos, así.B. había hecho reclamos, había hecho una carta para cambiar el turno, esto lo estaba afectando mucho, pidió firmas de compañeros que conocía del trabajo para presentarla al sindicato pero nunca le dieron importancia a eso.El dicente lo vio varias veces en esta situación al Sr. G. y al actor.el actor una vez le hizo escuchar al dicente lo que le estaba diciendo G. por teléfono, para que viera que no le mentía y le decía que si no cojía con él, le iba a hacer la vida negra en el trabajo. (ver fs.214/215).

 

De igual modo, el Sr. Mansilla indica que el actor sufría malos tratos en el trabajo por parte del superior y afirma que “.lo sabe con certeza porque viajaban juntos en la combi cuando volvían de trabajar y el hostigamiento era público, en el comedor, incluso en las mesas, y luego lo acosaba sexualmente por teléfono, las ofertas sexuales eran para conseguir un reacomodamiento en el trabajo, a lo que siempre se negó B.y entonces lo acosaba, el dicente pudo escuchar estas proposiciones por teléfono de G., era una persona muy desagradable.Uno lo veía mal, llorando y se sentían inmediatamente los gritos diciéndoles de todo, era irrespirable, fue muy feo para ese chico lo que pasó. (ver fs.216/217).

 

Considero que sus relatos resultan coherentes, concordantes y objetivos, provienen de compañeros de trabajo del actor, quienes se desempeñaban en el mismo establecimiento y concurrían al comedor general del lugar donde tenían lugar la mayor parte de los episodios de hostigamiento y malos tratos en cuestión, y revelan un conocimiento directo y personal de lo ocurrido durante la vigencia de la relación laboral mantenida por el actor (art.386 CPCC y art.90 LO). Por ello, considero que las declaraciones testimoniales rendidas en autos, a mi juicio, resultan suficientes para tener por acreditado el evento dañoso.

 

El análisis de las pruebas producidas, según las reglas de la sana crítica (artículo 386 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación) y el principio de amplitud probatoria vigente en materia de acreditación de hechos de maltrato laboral, me inclinan a considerar acreditados los extremos referidos en el inicio. En efecto, los compañeros de trabajo del actor tenían efectivo conocimiento de los episodios descriptos en la demanda y relatan los distintos episodios ocurridos durante la vigencia de la relación laboral.

 

Por los motivos expuestos, considero que se ha acreditado que el Sr. O. G., dependiente de las demandadas, incurrió en acoso verbal suficientemente grave como asimismo en abuso de su autoridad, generando un perjuicio serio al actor.También considero que el daño ocasionado resulta agravado en tanto ha quedado demostrado que el actor buscó ser escuchado por autoridades de la demandada, sin que se hubieran adoptado medidas para poner coto a los excesos del dependiente en cuestión (ver nota suscripta por compañeros de trabajo del actor en agosto de 2005, glosada a fs.51/52).

 

Los elementos colectados persuaden que el demandante fue maltratado y hostigado psicológicamente por el Sr. G., superior jerárquico del trabajador. Considero que se encuentran verificadas las constantes agresiones verbales e insultos que profería el citado Sr. O. G. hacia la persona del accionante. La antijuridicidad citada provocó perjuicios al trabajador, de 34 años de edad y las constantes agresiones tuvieron aptitud para generar un daño de incidencia patrimonial, ya que el actor vio frustrado su derecho a permanecer trabajando como lo venía haciendo (no surge de la pericial contable de fs.172/180 que hubiese recibido sanciones o apercibimientos), el derecho a continuar ganando su sustento percibiendo el salario, de naturaleza alimentaria. Esta derivación dañosa constituye una consecuencia inmediata y necesaria del hecho ilícito (Art.901 Código Civil).

 

Y, en tal contexto, lo cierto es que la violencia llevó al accionante ‘razonablemente’, según se infiere del dictamen pericial, a la necesidad de tener que sufragar gastos y demás tratamientos psicológicos. Considero que la pérdida del empleo le generó un lucro cesante y además, el acto de violencia moral que padeció el actor de parte de su superior jerárquico, dependiente de la demandada, tuvo aptitud para provocarle la afección psicológica descripta por el experto médico, que necesitó de asistencia psicológica, con la consecuente erogación de honorarios profesionales. En definitiva, y por todos los motivos expuestos, existió un acto ilícito (antijuridicidad) y daño (patrimonial y moral) en relación causal adecuada con el primero por lo que propicio hacer lugar al reclamo del accionante.Resta determinar si, como lo postula el actor en su demanda, existe responsabilidad civil de la empleadora y de la codemandada Casino Buenos Aires SA. En efecto, estimo que ambas codemandadas tienen responsabilidad civil por las consecuencias dañosas del evento, según lo norma el artículo 1113 primer párrafo del Código Civil, en cuanto dispone: “La obligación del que ha causado un daño se extiende a los daños que causaren los que están bajo su dependencia, o por las cosas de que se sirve, o que tiene a su cuidado.

 

La responsabilidad por el hecho de dependiente es una responsabilidad refleja o indirecta, de tipo objetivo, es decir, no emplazada en la culpa. Se acep ta de modo dominante que esta especie de responsabilidad tiene fundamento en la garantía. Las I Jornadas Nacionales de Derecho Civil (Santa Fe, 1963), declararon que los principios que sirven de fundamento a las responsabilidades indirectas por hechos de dependientes o auxiliares “son determinados por el fenómeno económico jurídico resultante de la prolongación de la actividad propia por la utilización de fuerzas ajenas. Importan una garantía impuesta a quien las utiliza.

 

Además de: 1) la relación de dependencia (no necesariamente laboral); 2) la antijuridicidad del dependiente; 3) el daño y 4) la relación causal entre el evento dañoso y el perjuicio, es exigible, como requisito de activación de esta responsabilidad indirecta, según el artículo 1113 primer párrafo del Código Civil: 5) la relación entre la función encomendada al dependiente y el acto dañoso.

 

Dentro de esta categoría conceptual se engloba tanto al daño causado en ejercicio de la función como al ocasionado con ocasión de la función o bien con motivo de la función (Cifuentes, Santos y Sagarna, Fernando, Código Civil Comentado y Anotado, Bs.As., 2011, Tomo II, Pág.659). Es un acto concretado “con ocasión de la función aquél que, aunque ajeno o extraño a la función, únicamente ha podido llevarse a cabo y, por ende, no habría podido ser realizado llevado a cabo por el autor del ilícito de no mediar la relación dependiente.

 

En este contexto, la responsabilidad de la empleadora no es controvertible, sin perjuicio de las acciones de regreso que le puedan asistir al amparo del artículo 1123 Código Civil. La falta de importancia que la empleadora asignara a los episodios ocurridos no la eximen de la responsabilidad objetiva y refleja, pues el hecho aconteció en el ámbito laboral, de custodia de la empleadora, y ésta tiene para con las personas que allí le prestan servicios una obligación de seguridad (art. 75 LCT) que garantice indemnidad psicofísica, respondiendo a su vez, por imperativo legal, por los hechos ilícitos de quien se vale para funcionar (art.1113 primer párrafo del Código Civil).

 

También es innegable la responsabilidad de la codemandada Casino de Buenos Aires SA por cuanto, si bien no soslayo las prescripciones legales de solidaridad contenidas en la Ley de Contrato de Trabajo, las directrices impartidas por el art.1113 del Código Civil citado resultan amplias y comprenden, en un sentido lato, la responsabilidad objetiva y refleja por la delegación de actividades respecto de las cuales debía ejercer la custodia.El autor del daño es “dependiente de Casino de Buenos Aires SA en el sentido amplio que prevé el art.1113 primer párrafo del Código Civil, que no se acota a la dependencia laboral.

 

III)- En lo concerniente al quantum del resarcimiento, en virtud de lo normado por el art.165 CPCC y teniendo especialmente en cuenta la índole de la violencia que padeció el accionante (ley 23.592 ), su edad (34 años, a la fecha de los episodios de hostigamiento), la incapacidad que presenta (15% de la total obrera, conforme dictamen médico de fs.233), la remuneración mensual aproximada de $ 1.389.- que percibía por sus tareas de camarero (ver relato inicial de fs.6) y demás circunstancias particulares que surgen de la causa, estimo adecuado fijar la indemnización en la suma total de $ 130.000.- (comprensiva de $ 80.000.- por daño material y $ 50.000.- por daño moral).

 

Por cierto, debo aclarar que, como el fundamento de la responsabilidad se emplaza en el derecho común, tal como fue reclamado en el escrito de inicio, la indemnización no está limitada por la cuantificación fijada por la ley 24.557. Por lo tanto, las objeciones constitucionales realizadas al demandar respecto de tal cuerpo normativo resultan irrelevantes.

 

Tal importe llevará intereses conforme la tasa activa fijada por el Banco de la Nación Argentina para el otorgamiento de prestamos según el cálculo que difunde la Prosecretaría General de esta Cámara (Acta 2357/02 del 7 de mayo de 2002 y su Resolución aclaratoria Nro.8/02 CNAT), desde la fecha del egreso del accionante (9 de mayo de 2008) y hasta su efectivo pago. Se desestima el cuestionamiento constitucional a los artículos 7° y 10 de la ley 23.928, modificados por el artículo 4° de la ley 25.561. La tasa de interés fijada contempla en su quantum, a más del accesorio puro, una porción dirigida a mitigar la desvalorización del signo monetario.Por lo tanto, no es atendible la argumentación relativa al perjuicio que se invoca para dar fundamento al planteo de inconstitucionalidad.

 

IV)- A influjo de lo normado por el artículo 279 CPCC, corresponde una nueva decisión sobre costas y honorarios. Propongo que las costas de ambas instancias se impongan a cargo de las demandadas, en su carácter de objetivamente vencidas (art.68 CPCC).

 

V)- De conformidad con el mérito y calidad de los trabajos realizados en grado, valor económico del juicio, rubros que resultaron procedentes, resultado final del pleito y facultades conferidas al Tribunal, propicio regular los honorarios de la representación letrada de la parte actora e igual carácter de la demandada Alavera SA e idéntico carácter de la codemandada, y los de la Sra. Perito contadora y Sr. perito médico en el .%, .%, .%, .% y .% respectivamente, a calcular sobre el monto total de condena, incluido capital e intereses (art.38 LO y arts. 6°, 7° , 9° , 14 y cc. de la ley 21.839).

 

Teniendo en cuenta similares parámetros, propicio regular los honorarios de los Sres. letrados firmantes de los escritos de fs.278/282 y fs.285/288 en el .% y .%, respectivamente, a calcular sobre lo que a cada uno de ellos le corresponda percibir por su actuación en la anterior etapa (art.38 LO y art.14 de la ley 21.839).

 

En definitiva, de compartirse mi propuesta, correspondería: a) Revocar la decisión apelada y, en su mérito, condenar a las demandadas Alavera SA y Casino Buenos Aires SA – Compañía de Inversiones en Entretenimientos SA – UTE a abonar al Sr. H. J. B.la suma de $ 130.000.-, dentro del quinto día de quedar firme la presente, con más los intereses dispuestos por el Acta 2357 y su resolución aclaratoria N° 8 CNAT, calculados desde el 9 de mayo de 2008 hasta su efectivo pago; b) Dejar sin efecto lo dispuesto en origen en materia de costas y honorarios; c) Fijar las costas, de ambas etapas, a cargo de las demandadas vencidas; d) Regular los honorarios de los profesionales intervinientes de conformidad con lo establecido en el considerando V) del presente.

 

La Doctora Gloria M. Pasten de Ishihara dijo:

 

Que adhiere al voto que antecede, por compartir los fundamentos.

 

A mérito de lo que resula del precedente acuerdo, SE RESUELVE: a) Revocar la decisión apelada y, en su mérito, condenar a las demandadas Alavera SA y Casino Buenos Aires SA – Compañía de Inversiones en Entretenimientos SA – UTE a abonar al Sr. H. J. B. la suma de $ 130.000.-, dentro del quinto día de quedar firme la presente, con más los intereses dispuestos por el Acta 2357 y su resolución aclaratoria N° 8 CNAT, calculados desde el 9 de mayo de 2008 hasta su efectivo pago; b) Dejar sin efecto lo dispuesto en origen en materia de costas y honorarios; c) Fijar las costas, de ambas etapas, a cargo de las demandadas vencidas; d) Regular los honorarios de los profesionales intervinientes de conformidad con lo establecido en el considerando V) del presente.

 

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

 

Gabriela Alejandra Vázquez – Jueza de Cámara –

 

Gloria M. Pasten de Ishihara – Jueza de Cámara –

 

Ante mí:

 

Elsa Isabel Rodriguez – Prosecretaria de Cámara

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s