A. C. A. c/ AFIP y otro s/ amparo

Tribunal: Juzgado Federal de Mar del Plata   Sala/Juzgado: 4

Fecha: 29-jun-2012

Cita: MJ-JU-M-73069-AR | MJJ73069 | MJJ73069

Competencia del juzgado federal para entender en la acción de amparo interpuesta por un trabajador a fin de que se declare inconstitucional e inaplicable la Ley del Impuesto a las Ganancias sobre los haberes del mes de junio.

Sumario:

1.-Corresponde declarar competente a la justicia federal, dado el carácter público que invisten los entes demandados, para entender en una acción de amparo que persigue la declaración de inconstitucionalidad del art. 79 inc. b) de la ley de Impuesto a las ganancias 20628, por vulnerar el derecho de propiedad del amparista al pretender aplicar dicho impuesto a su haber mensual cuando a éste se le suma el SAC, siendo que en los restantes meses el monto se encuentra por debajo del mínimo imponible.

2.-No corresponde hacer lugar a la medida cautelar interpuesta con el fin de que se ordene al organismo recaudador demandado el cese de la retención o descuento en concepto de impuesto a las ganancias en el haber del amparista, pues es improcedente el dictado de una medida cautelar cuyo contenido coincida con el objeto principal del amparo iniciado, ya que la celeridad de este último obsta, en principio, a la configuración del peligro en la demora; a ello se suma el criterio restrictivo que impera en relación a actos emanados de la administración, los cuales gozan de presunción de legitimidad.

3.-Cabe considerar que ser encuentra debidamente habilitada la instancia judicial de amparo, en virtud de los derechos supuestamente afectados en la especie y fundamentalmente revelado el carácter alimentario que reviste el salario para un trabajador, en tanto no se advierte otra herramienta con mayor grado de idoneidad para su tutela a los fines de poder revertir en debido tiempo y forma la conducta denunciada en caso de corresponder.

4.-Para admitir un rechazo in limine de una acción de amparo la situación planteada debe ser básicamente indiscutible y surgir con absoluta claridad la improcedencia de lo pretendido por el actor, por lo que desestimación de ese modo del amparo debe ser decidida con criterio restrictivo y suma cautela, pues se podría asimilar a una denegación de justicia; por ello, deberá requerirse al PEN y a la AFIP que procedan a evacuar el informe circunstanciado previsto en el art. 8 de la ley 16986 acerca de los antecedentes y fundamentos de la medida impugnada.

Fallo:

N.R: Se advierte que este fallo no se encuentra firme.

Mar del Plata, 29 de junio de 2012.

Por devueltas las actuaciones, téngase presente lo dictaminado por el Sr. Procurador Fiscal, a mérito de lo expuesto y teniendo en cuenta el carácter de la petición efectuada, y la calidad ostentada por la entidad accionada, cabe declarar la competencia de este Juzgado Federal para entender en la acción promovida (art. 4 de la ley 16.986, arts. 116/117 y concs. de la Constitución Nacional).

En consecuencia, respecto de la habilitación de instancia, he de destacar siguiendo a Sagües (Derecho Procesal Constitucional, Editorial Astrea T III) que el proceso resulta un remedio residual o heroico, particularmente luego de operada la reforma Constitucional de 1994. Es entonces, responsabilidad del Juzgador determinar en cada caso, si el accionante ha promovido la vía más idónea de tutela urgente de sus derechos constitucionales presuntamente violados.

Es así que, en torno a ello en su dictamen el Sr. Agente Fiscal, expresa que «Consecuentemente, podemos concluir en que «no es la existencia de otra vía la que cierra indefectiblemente el amparo, sino que la ineptitud de ella la que abre» (C. Nac. Civ. Sala F, 27/2/97, Zucchiaretti, Hugo M. y otros v. Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires JA, 1997-IV-516)» y concluye que «Dados los derechos supuestamente afectados y fundamentalmente revelado el carácter alimentario que reviste el salario para un trabajador, sin dejar de advertir el agotamiento de la instancia administrativa, me hace converger en la convicción que pregono y que seguidamente expondré no advirtiendo a criterio del suscripto, otra herramienta con mayor grado de idoneidad para su tutela a los fines de poder revertir en debido tiempo y forma en caso de corresponder la conducta denunciada, considero que se encuantra debidamente habilitada la instancia judicial de amparo (art. 43 CN y arts. 1 y 2 Ley 16986)».

Por ello y el criterio al respecto sustentado recientemente por la Excma.Alzada local con fecha 17/05/2012, en autos: «Pesquera Costa Brava S.A. C/ Ministerio de Economía y AFIP s/ amparo», reg. Al T. CXXXV, F. 18167, donde revocando un rechazo «in limine» por parte del Suscripto, justamente también en una acción de amparo en la cual resultaba ser la demandada la AFIP, se sostuvo que: «.para admitir un rechazo «in limine» de una acción de amparo la situación planteada deber ser básicamente indiscutible y surgir con absoluta claridad la improcedencia de lo pretendido por el actor: por lo tanto, la desestimación de ese modo de un amparo, más teniendo en cuenta la naturaleza de la pretensión incoada debe ser decidido con criterio restrictivo y suma cautela pues se podría asimilar a una denegación de justicia y así también lo ha sostenido este Tribunal in re: Cámara de Industria Pesquera c/ SAGP y A s/Amparo y que: «En análogo sentido la C. Nac. Civ., sala A, sostuvo que «.el criterio restrictivo que rige la facultad de proveer el rechazo in limine litis de la demanda, o existe una notoria falta de fundamentos, o se halla vedada cualquier decisión judicial de mérito.

Este temperamento se explica, en tanto el rechazo de oficio cercena el derecho de acción vinculado con el derecho constitucional de petición» (CNCiv., Sala A, 18/08/01, de 195-2002, pg. 359).

En virtud de ello y de conformidad a lo normado por el art. 8 de la Ley 16986 requiérase al Poder Ejecutivo Nacional y a la Administración Federal de Ingresos Públicos-AFIP que procedan a evacuar informe circunstanciado acerca de los antecedentes y fundamentos legales de la medida impugnada, los que deben ser evacuados dentro del plazo de cinco días de requeridos, en atención a las razones invocadas en la acción, bajo apercibimiento de ley.

Para su cumplimiento LIBRENSE OFICIOS de estilo con habilitación de días y horas hábiles (art.153 CPCCN), adjuntándose copias de la demanda y documental anexa.

Respecto de la MEDIDA CAUTELAR solicitada cabe recordar en primer lugar, que el fin de las mismas, radica en evitar que se tomen ilusorios los derechos de quienes las solicitan, ante la posibilidad que se dicte una sentencia favorable. En otras palabras, se trata de sortear la posible frustración de aquellos a fin que no resulten inocuos los pronunciamientos que den término al litigio. Es así que la garantía cautelar aparece como puesta al servicio de la ulterior actividad juridiccional que deberá restablecer en modo definitivo la observancia del derecho; la misma está destinada, más que a hacer justicia, a dar tiempo a ésta de cumplir eficazmente su obra, evitando que la misma sea burlada a través de una sentencia de imposible o de muy difícil cumplimiento.

Es sabido asimismo que tal principio general, resulta sensiblemente restringido cuando se trata de solicitudes de medidas cautelares respecto de actos emanados de la Administración o poderes públicos, en atención a la presunción de validez de la cual éstos gozan.

Asimismo, y en relación al planteo deducido, vinculado a los haberes previsionales la jurisprudencia se ha expedido en el siguiente sentido: «Es improcedente el dictado de una medida cautelar cuyo contenido coincida con el objeto principal del amparo solicitado, pues la celeridad de este último obsta, en principio, a la configuración del peligro en la demora (Cr. CNA C. Adm. Fed., Sala III, Sent. Del 19/07/1996, LL 12/XII/96, pg. 6; CFSS Sala I, «Coronado, Carlos s/ amparos y sumarísimos», Expte. N 35964/98, sent. Int, Nº 47183, del 23/02/1999, entre muchos otros). En consecuencia, corresponde revocar la decisión del a quo que ordenó al organismo el cese de la retención o descuento en concepto de impuesto a las ganancias (código 309-000) en el haber previsional de la peticionante».

Máxime cuando el accionante funda su pretensión cautelar en cuanto a la verosimilitud del derecho, en la ausencia de razonabilidad de la normativa impugnada, la que implica avanzar sobre el fondo de la cuestión; en consecuencia corresponde, NO HACER LUGAR A LA MEDIDA CAUTELAR REQUERIDA (art. 230 in 2 del CPCCN y concs.)

FDO: Alfredo E. López – Juez Federal

Deja un comentario

A %d blogueros les gusta esto: