Es nulo el convenio de extinción del vínculo laboral redactado en instrumento privado, con certificación de firmas

Partes: Aranda Miriam Mabel c/ Telecom Argentina, Stet France Telecom S.A. s/ labora

Tribunal: Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Corrientes

Fecha: 24-abr-2012

Cita: MJ-JU-M-72526-AR | MJJ72526 | MJJ72526

Nulidad del acuerdo celebrado en los términos del art. 241 LCT., ya que no se hizo por ante la autoridad administrativa o judicial y tampoco por escritura pública, sino que fue redactado en un instrumento privado, contando sólo con certificación de firmas.

Sumario:

1.-Corresponde confirmar la sentencia que declaró nulo el convenio de extinción del vínculo laboral, pues el mentado acuerdo rescisorio no se hizo por ante la autoridad administrativa o judicial y tampoco por escritura pública -supuestos contemplados en el 241 LCT.-, sino que fue redactado en un instrumento privado, contando sólo con certificación de firmas puestas en presencia del notario, quien se limitó a verificar la identidad de los firmantes, no indagando ni comprobando la voluntad de las partes; tampoco el trabajador fue preguntado si era su voluntad y decisión libre rescindir el vínculo, ni menos se le dio lectura del instrumento suscripto.

2.-La demandada se ingenió por encontrar un modo de acordar definitivamente la extinción del vínculo y a la vez compensar a la trabajadora con una suma de dinero única que cubriera cualquier rubro derivado de la relación laboral extinguida, mas no resultó legal el modo en que actuó, pues como bien señaló el inferior luego de referir a los efectos que acarrea la incontestación de demanda y a la falta de pruebas que pudieran desvirtuar las afirmaciones explicitadas en el escrito inicial, el convenio se celebró sin cumplir con lo dispuesto por el art. 241 LCT.

3.-A la advertencia del juzgador acerca del incumplimiento de los recaudos exigidos en el art. 241 LCT. se sumó la existencia de una homologación nula, pues se fundó en un dictamen emanado de la Asesoría Legal que establecía que debería homologarse conforme al art. 15 del referido ordenamiento al no observarse vicios invalidantes y porque el trabajador recibió una gratificación, pero en modo alguno vislumbra esa decisión administrativa por qué las partes alcanzaron una justa composición de sus derechos.

4.-Al verificar el contenido del supuesto acuerdo celebrado, advirtió con razón el inferior la concurrencia de cláusulas innecesarias si verdaderamente la voluntad era acordar mutuamente la rescisión contractual, y se explayó acerca del pago acordado, esto es, la entrega de una suma de dinero por los eventuales créditos laborales y por una suma menor a la que correspondía, situación que sí hacía necesaria la homologación administrativa o judicial para su validez, la que también fue calificada de nula.

Fallo:

En la ciudad de Corrientes, a los veinticuatro días del mes de abril de dos mil doce, estando reunidos los señores Ministros del Superior Tribunal de Justicia, Doctores Fernando Augusto Niz, Juan Carlos Codello y Guillermo Horacio Semhan, con la Presidencia del Dr. Carlos Rubín, asistidos de la Secretaria Jurisdiccional Dra. Marisa Spagnolo, tomaron en consideración el Expediente Nº C02 – 33952/3, caratulado: «ARANDA MIRIAM MABEL C/ TELECOM ARGENTINA, STET FRANCE TELECOM S.A. S/ LABORAL». Habiéndose establecido el siguiente orden de votación:

Doctores Fernando Augusto Niz, Guillermo Horacio Semhan y Juan Carlos Codello.

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA

SE PLANTEA LA SIGUIENTE:

CUESTION

¿QUÉ PRONUNCIAMIENTO CORRESPONDE DICTAR EN AUTOS?

A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR MINISTRO DOCTOR FERNANDO AUGUSTO NIZ, dice:

I.- Contra la sentencia pronunciada por la Excma. Cámara de Apelaciones de la ciudad de Curuzú Cuatiá a fs. 491/498 y vta., confirmatoria de la dictada en instancia anterior que declaró nulo el Convenio de extinción del vínculo laboral y procedente la demanda promovida en autos, interpone la demandada el recurso de inaplicabilidad de ley en análisis (fs.502/507 y vta.).

II.- Satisfechos los recaudos formales previstos en la ley 3540 , corresponde decidir los agravios que lo sustentan.

III.- Se disconforma con la decisión en crisis endilgándole incurrir en la causal de arbitrariedad de sentencia, en tanto desconoce el acuerdo suscripto por las partes, de modo libre y voluntario, en los términos del at. 241 de la L.C.T., por ante Escribano Público, debidamente homologado por ante la Subsecretaría Laboral de la Provincia de Corrientes como surge de la Resolución N°215 (fs.62); disposición notificada a la actora y no recurrida, quedando firme y consentida a la fecha de iniciada la demanda.

Expresa que ese Convenio fue suscripto en el marco de un plan de Retiros establecidos por la firma Telecom, pactando las partes libre y voluntariamente un negocio lícito, sin encubrir un despido.Interpretar como lo hizo la Cámara, agrega, importa incurrir en un excesivo rigorismo formal.

IV.- Confrontados los agravios esgrimidos por la parte demandada con los fundamentos que sustentan la sentencia apelada y normativa aplicable (arts. 12 , 15 , 241, 242 y c.c. de la L.C.T., 103 de la ley 3540, 17 y 18 de la C.N.), entiendo no resulta procedente su impugnación, adecuándose el decisorio de Cámara al derecho aplicable en relación a lo comprobado en el proceso.

En el caso, no concurre vicio alguno que autorice apartarse del criterio sostenido por el tribunal de origen, habiendo encuadrado el caso correctamente en la legislación de fondo, sin incurrir en violación a lo dispuesto en el art. 241 de la L.C.T. o en la causal de arbitrariedad de sentencia como insistentemente deja entrever la demandada en su alzamiento.

V.- El acto formal de extinción del vínculo laboral por voluntad concurrente de las partes o mutuo acuerdo disciplinado en el art. 241 de la L.C.T., puede efectuarse de dos formas (por lo menos según lo discutido en causa): a) Mediante escritura pública y b) Ante la autoridad judicial o administrativa del trabajo; con la presencia personal del trabajador, bajo sanción de considerarse nulo y sin ningún valor. Y ninguna de las dos posibilidades nombradas fue receptada en origen, con fundamentos bastantes que le asignan al decisorio ser derivación razonada del derecho vigente con arreglo a las circunstancias probadas en la causa.

Para una mejor comprensión del «thema decidendum», recuerdo que en su demanda la actora denunció el Convenio celebrado el día 12 de Diciembre de 2.001 con la firma Telecom S.A.(agregado a fs.4), por fraude a la ley, oponiéndose a su validez y efectos en tanto Aranda en modo alguno podía negociar libremente, estando afectada por problemas familiares y de salud que le imposibilitaban comprender los términos del Convenio, sumado que al momento de la suscripción gozaba de estabilidad gremial. La demanda no fue contestada por la contraria y estos hechos narrados fueron tenidos por ciertos (art.39, primera parte , ley 3540).

Memoro también que del contenido y términos del convenio en debate, se desprende que fue celebrado en un marco del plan de retiros establecidos por la Empresa, rescindiendo las partes por mutuo acuerdo el contrato de trabajo y percibiendo la actora una suma de dinero otorgada en carácter de gratificación, imputables a todos los conceptos salariales e indemnizaciones derivadas de la relación contractual y al solo efecto conciliatorio (ver fs.4).

En este marco, puedo advertir que la demandada se ingenió por encontrar un modo de acordar definitivamente la extinción del vínculo y a la vez compensar a la trabajadora con una suma de dinero única que cubriera cualquier rubro derivado de la relación laboral extinguida. Más, no resultó legal el modo en que actuó, pues como bien señaló el inferior luego de referir a los efectos que acarrea la incontestación de demanda y a la falta de pruebas que pudieran desvirtuar las afirmaciones explicitadas en el escrito inicial; el mentado «acuerdo rescisorio» no se hizo por ante la autoridad administrativa o judicial; tampoco lo fue por escritura pública -fs.495 vta.-(supuestos contemplados en el 241 LCT que intenta el quejoso hacer prevalecer en esta instancia); apreciándose fácilmente de su lectura, agregó, que fue redactado en un instrumento privado, contando sólo con certificación de firmas puestas en presencia del notario quién se limitó a verificar la identidad de los firmantes, no indagando ni comprobando la voluntad de las partes.

Tampoco el trabajador fue preguntado si era su voluntad y decisión libre rescindir el vínculo, no manifestó siquiera tal circunstancia, menos se le dio lectura del instrumento suscripto.

Al verificar el contenido del supuesto acuerdo celebrado, advirtió con razón el inferior la concurrencia de cláusulas innecesarias si verdaderamente la voluntad era acordar mutuamente la rescisión contractual. Y se explayó acerca del pago acordado, esto es, la entrega de una suma de dinero por los eventuales créditos laborales y por una suma menor a la que correspondía, situación que sí hacía necesaria la homologación administrativa o judicial para su validez, la que también fue calificada de nula (Disposición N°215 de fecha 18/4/2.002), consecuencia no rebatida por la demandada (fs.495).

En efecto, a la advertencia del juzgador acerca del incumplimiento de los recaudos exigidos en el art. 241 de la L.C.T.; se sumó la existencia de una homologación nula (Disposición N° 215, fs. 62), pues se fundó en un dictamen emanado de la Asesoría Legal que establecía que «debería» homologarse conforme al art. 15 de la L.C.T. al no observarse vicios invalidantes y porque el trabajador recibió una gratificación.

Pero en modo alguno vislumbra esa decisión administrativa porqué las partes alcanzaron una justa composición de sus derechos; a todo evento, tampoco mereció esa conclusión réplica adecuada ante la Alzada según expresó la Cámara.

En ese entendimiento, válidamente concluyó el sentenciante de origen que lo actuado en el expediente revela una confusión de figuras laborales, en tanto se intentó instrumentar una rescisión por mutuo acuerdo (art.241 LCT), incumpliéndose los recaudos legales exigidos; a su vez, quiso hablarse de un acuerdo transaccional liberatorio (art. 15 L.C.T.), figura de por sí diferente a la otra, diametralmente opuesta y resultando nula la Disposición homologatoria, consecuencia que no fue rebatida ante la Alzada.

Por lo tanto, frente a los hechos expuestos en la demanda tenidos por ciertos y no existiendo prueba en contrario que los desvirtúe y en presencia del incumplimiento de los recaudos formales exigidos en el art. 241 de la L.C.T.; no operando tampoco la figura del art. 15 del mismo Cuerpo Legal, no cabe otra consecuencia que la de admitir la demanda del modo que lo hicieron los jueces de grado, estando en juego la irrenunciabilidad de los derechos de la trabajadora de autos que bien fueron resguardados, siendo nulo el proceder rescisorio escogido por la empleadora (arts. 12 y 14 de la L.C.T.).

Y basta la sanción frente a la simulación o encubrimiento de un despido como se resolviera, pues si ese contrato extintivo encubrió, ocultó o disfrazó otro unilateral, no es necesario acudir al Código Civil, por cuanto la nulidad del acto está establecida intrasistémicamente en el art. 14 LCT y ésta es la norma aplicable; incluso en lo que concierne a los efectos relativos y de imputación unilateral de las consecuencias de tal nulidad.

Así, la hermenéutica del tribunal de grado es la adecuada al sistema que exige que el método de interpretación sea acorde con los principios específicos del derecho laboral y a lo consagrado en el art. 14 bis de la Carta Magna que protege contra el despido arbitrario.

VI.- A mayor abundamiento, no escapa al suscripto la pretensión recursiva de que se haga valer el consentimiento de la actora al supuesto acuerdo. Ello resulta inadmisible en el presente, toda vez que de aceptarse esa concreta impugnación importaría una abdicación de derechos, prohibida por los arts. 12 y 15 de la L.C.T. (Cfr:STJ, Ctes, Sentencias Laborales N°67/2.009; 43/2.010; 33/2.011 y más recientemente 68/2.011).

Viene al caso recordar el criterio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación cuando afirma que «En la denegación de beneficios como los que informan el derecho del trabajo ha de procederse con suma cautela, buscando siempre una interpretación valiosa de lo que las previsiones han querido mandar, porque en planos como el descripto, el rigor de los razonamientos lógicos debe ceder ante la necesidad de no desvirtuar los fines que inspiran las leyes» (CSJN, Fallos: 318:1695 ; 320:2596). Por lo demás, elementales razones de seguridad jurídica imponen inclinarse por la i nterpretación que otorga mayor certeza a las relaciones y a los derechos irrenunciables que de ellas se derivan, tal el caso que implique la pérdida de derechos o beneficios.

Por lo expuesto, no logrando la recurrente acercar a esta instancia un planteo serio, eficaz que logre conmover la solidez de la sentencia pronunciada en origen, deberá ésta confirmarse, en todas sus partes, con costas.

De compartir mis pares este voto, propicio desestimar el recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto a fs. 502/507 y vta.; con pérdida del depósito de ley y costas a cargo del vencido y así confirmar la sentencia recurrida. Calcular los honorarios profesionales de los Dres. Fabián Alfredo Spilere, vencido, los pertenecientes a la Dra. Dora Rebés, vencedora, todos como Monotributistas frente al IVA., en el 30% de la cantidad que deba fijarse para los de primera instancia (art.14, ley 5822).

A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR MINISTRO DOCTOR GUILLERMO HORACIO SEMHAN, dice:

Que adhiere al voto del Sr. Ministro Dr. Fernando Augusto Niz, por compartir sus fundamentos.

A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR MINISTRO

DOCTOR JUAN CARLOS CODELLO, dice:

Que adhiere al voto del Sr. Ministro Dr. Fernando Augusto Niz, por compartir sus fundamentos.

En mérito del precedente Acuerdo el Superior Tribunal de Justicia dicta la siguiente:

SENTENCIA Nº 24

1°) Desestimar el recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto a fs.502/507 y vta.; con pérdida del depósito de ley y costas a cargo del vencido y así confirSuperior Tribunal de Justicia Corrientes Expte. Nº C02 – 33952/3. mar la sentencia recurrida. 2°) Calcular los honorarios profesionales de los Dres. Fabián Alfredo Spilere, vencido, los pertenecientes a la Dra. Dora Rebés, vencedora, todos como Monotributistas frente al IVA., en el 30% de la cantidad que deba fijarse para los de primera instancia (art.14 , ley 5822). 3°) Insértese y notifíquese.

Fdo: Dres Niz-Semhan-Codello-Rubin.

Deja un comentario

A %d blogueros les gusta esto: