TBA responde frente al fallecimiento de quien fuera atacado en una estación por quienes lo identificaron como un “punga”.

Partes: Ríos Carlos Horacio c/ T.B.A. S.A. s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: E

Fecha: 16-abr-2012

Cita: MJ-JU-M-72227-AR | MJJ72227 | MJJ72227

La empresa ferroviaria debe responder frente a los hechos delictuosos de otros pasajeros mientras se encuentra en curso el contrato de transporte, en virtud de su obligación de seguridad, debiendo indemnizar a la familia de la persona fallecida a raíz de los golpes recibidos en una estación de tren por un grupo de pasajeros bajo el supuesto cargo de que se trataba de un “punga”.

Sumario:

1.-Corresponde responsabilizar a la empresa transportista demandada por los daños y perjuicios sufridos por los familiares de la persona que fue muerta a golpes en una estación de tren por un grupo de pasajeros bajo el supuesto cargo de que se trataba de un punga , pues la empresa ferroviaria debe responder de los hechos delictuosos de otros pasajeros mientras se encuentra en curso el contrato de transporte cuando dichos sucesos -como en el caso- son previsibles, en virtud de su obligación de seguridad.

2.-La presunción que emana del art.184 del CCom., si bien juris tantum, debe ser destruida por prueba categórica que demuestre alguna de las eximentes que dicho precepto contempla, la que debe ser aportada por aquel sobre quien recae, puesto que un estado de duda resulta insuficiente para liberarlo de responsabilidad, lo que encuentra su fundamento en que el empresario transportista cumple con su obligación principal realizando el traslado del usuario de un lugar a otro, pero garantizándole su integridad física.

3.-La interpretación de la extensión de la obligación de seguridad que tiene causa en el contrato de transporte de pasajeros, integrada con lo dispuesto por el art. 184 del CCom., debe ser efectuada con sustento en el derecho a la seguridad previsto constitucionalmente para los consumidores y usuarios (art. 42 , CN.).

4.-La incorporación del vocablo seguridad en la Carta Magna (art. 42 CN.), es una decisión valorativa que obliga a los prestadores de servicios públicos a desempeñar conductas encaminadas al cuidado de lo más valioso: la vida y la salud de sus habitantes, ricos o pobres, poderosos o débiles, ancianos o adolescentes, expertos o profanos.

5.-El transportista debe adoptar las medidas atinentes a la prevención de los riesgos que la prestación prometida acarrea para el consumidor o sus bienes.

6.-En la especie, parece claro que el actuar de un grupo de gente que viajaba debió ser previsto, y en el caso bien pudo evitarse, adoptando las medidas de seguridad pertinentes por parte del transportista.

Fallo:

Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los 16 días del mes de abril de dos mil doce­ reunidos en acuerdo los Señores Jueces de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil Sala “E” para conocer en los recursos interpuestos en los autos cara­tula­dos: “RIOS CARLOS HORACIO C/ T.B.A. S.A. S/ DAÑOS Y PERJUICIOS” respecto de la sen­tencia corrien­te a fs.257/260, el Tribunal estableció la si­guiente cuestión a resolver:

La sentencia apela­da es arreglada a derecho?

Practicado el sorteo resultó que la votación debía efectuarse en el siguiente orden: Sres. Jueces de Cámara Dres. DUPUIS. RACIMO.CALATAYUD.

A la cuestión planteada el Dr. Dupuis dijo:

I. La primera de las quejas de la demanda­da, “Trenes de Buenos Aires S.A.”, apunta a cuestionar la responsabilidad que el pronunciamiento recurrido le atribuyó­ con relación al evento acaecido el 29 de agosto de 2001. En esa ocasión el padre del actor se encontraba en la estación Ramos Mejía, en la entrada del túnel conocido como del andén n°1 al parecer sin vida.

De acuerdo a los dichos de César Albornoz Hernández, quien viajaba en la formación férrea en sentido de Capital a Moreno, en el cuarto o quinto vagón, hallándose en las cercanías de la estación Ramos Mejía observó que un grupo de sujetos masculinos tomaron a golpes a la víctima, lo golpeaban a la vez que referían “matalo que es un punga, hay que matarlo”, para observar después, en el asfalto del andén, que esa persona se encontraba a punto de perder el conocimiento, balbuceando, sin pronunciar palabra alguna, para luego de varios minutos quedar inmóvil en el lugar (fs.1/2 y 6 de la causa penal).

El médico que certificó la muerte, observó que en el lateral izquierdo, debajo del brazo tenía un corte provocado por arma blanca.Y no hay constancia de que la empresa ferroviaria, a cuyo cargo estaba el deber de seguridad y control tanto del convoy como del andén donde se encontraba la víctima, hubiera intentado siquiera detener tal brutal agresión, más allá del calificativo que le atribuyeron a la víctima algunos de los allí presentes, toda vez que tal accionar excedió muy holgadamente de una lógica reacción de los pasajeros del tren, aun de tenerse por cierto que se trataba de un “punga”, como lo admitiera su propia hija.

La cuestión, entonces, debe centrarse en si la empresa ferroviaria deberá o no responder, de los hechos delictuosos de otros pasajeros, mientras se encuentra en curso el contrato de transporte.

Es criterio pacífico aquel que tiene establecido que la presunción que emana del citado art.184 del Cód. de Comercio, si bien juris tantum, debe ser destruida por prueba categórica que demuestre alguna de las eximentes que dicho precepto contempla, la que debe ser aportada por aquel sobre quien recae, puesto que un estado de duda resulta insuficiente para liberarlo de responsabilidad (conf. CSJN, en los expedientes “Ortiz, Eduardo A. c. Ferrocarriles Argentinos” del 12-12-89, LL 1990-D, 97 y “Salcedo Alberto c. Transportes Metropolitanos General Roca S.A.” del 16-11-04, Fallos: 327:5082 y CNCiv. esta Sala, causas 113.256 del 7-8-92 y 124.140 del 16-11-94, entre otras), lo que encuentra su fundamento en que el empresario transportista cumple con su obligación principal realizando el traslado del usuario de un lugar a otro, pero garantizándole su integridad física (conf. Brebbia, Problemática jurídica de los automotores, t.2 págs.6 y ss., nos.3 y 4; CNCiv.esta Sala, votos del Dr.Calatayud en causas 69.235 del 6-7-90, 113.256 del 7-8-92 y 466.599 de 28-3-07).

Según este principio -y tal como se indicó en el pronunciamiento recurrido- debió haberse probado la culpa de la víctima o de un tercero por quien la transportadora no debe responder.

Y como señalara el Dr. Racimo en anteriores precedentes de la Sala, a la luz del establecido recientemente por la Corte Suprema de Justicia de la Nación , la interpretación de la extensión de la obligación de seguridad que tiene causa en el contrato de transporte de pasajeros, integrada con lo dispuesto por el artículo 184 del Código de Comercio, debe ser efectuada con sustento en el derecho a la seguridad previsto constitucionalmente para los consumidores y usuarios (artículo 42 , Constitución Nacional). Así es que la incorporación del vocablo seguridad en la Carta Magna, es una decisión valorativa que obliga a los prestadores de servicios públicos a desempeñar conductas encaminadas al cuidado de lo más valioso: la vida y la salud de sus habitantes, ricos o pobres, poderosos o débiles, ancianos o adolescentes, expertos o profanos (Fallos: 331:819 ). Desde esta perspectiva, aquel concepto debe ser entendido como un valor que no sólo debe guiar la conducta del Estado sino también la de los organizadores de actividades que, directa o indirectamente, se vinculan con la vida o la salud de las personas. Por otra parte, la noción de seguridad trata de impedir que el poder de dominación de una parte en dicha relación afecte los derechos de quienes se encuentran en situación de debilidad; es decir, el consumidor y el usuario. A partir de esa premisa, el transportista debe adoptar las medidas atinentes a la prevención de los riesgos que la prestación prometida acarrea para el consumidor o sus bienes (ver causa “Uriarte Martínez, Héctor Víctor y otro c. Transportes Metropolitanos General Roca S.A.y otros” del 9-3-10 publicada en La Ley del 16-3-2010). Este criterio también lo sostuvo la sala, con mi discrepancia, en la causa n°. 548.807 del 5-5-10 y “Portuesi” nº 508.901 del 24-9-08).

Empero, como el caso encuadra en la doctrina del fallo “Uriarte”, es que habré de seguirla, más aún cuando en la especie, parece claro que el actuar de un grupo de gente que viajaba debió ser previsto, y en el caso bien pudo evitarse, adoptando las medidas de seguridad pertinentes por parte del transportista. Ello lleva a propiciar que se desestime el presente agravio.

II. La segunda de las quejas apunta a cuestionar el “quantum” indemnizatorio concedido por daño moral, que se estima excesiva.

En lo que hace al daño moral, punto sobre el que también centran sus críticas las partes, como lo seña­la­ra esta Sala en nume­ro­sos prece­den­tes, a los fines de su fija­ción deben ponderar­se diversos factores, entre los que merecen señalarse la gra­vedad de la culpa, las condiciones personales del autor del hecho y de la víctima, etc., que­dando también todos ellos librados al prudente arbitrio judicial (conf. mi voto en c. 49.115 del 10-8-89; voto del Dr. Calatayud en c. 61.197 del 5-2-90; votos del Dr. Mirás en las cc. 59.284 del 21-2-90, 61.903 del 12-3-90, 56.566 del 28-2-90, 67.464 del 22-6-90, entre muchos otros). Teniendo en cuenta todas las circunstancias señaladas y, en particular, el profundo dolor que importa la pérdida de un padre, es que también considero equitativo propiciar que se confirme el importe reconocido en la anterior instancia (art. 165 Cód. Procesal).

III.Por último, se agravia la demandada de que el “a quo” fijara la suma de $55.000 “en concepto de daño psíquico”, para la incapacidad del 30% estimada en la pericia psicológica, cuyas conclusiones no se cuestionan en esta Alzada, por afirmarse que la misma es elevada, además de encontrarse subsumida dentro del daño moral.

Esta Sala tiene dicho que el daño psíquico debe ser diferenciado del moral, constituyendo dos partidas que merecen ser -según las circunstancias- indemnizadas por separado. Es que es doctrina de este Tribunal que el daño moral sucede prevalecientemente en la esfera del sentimiento, en tanto que el primero afecta preponderantemente la del razonamiento (conf. Cipriano, “El daño psíquico [sus diferencias con el daño moral]” en L.L. 1990-D-678).Es por ello que se ha aceptado mayoritariamente la indemnización de las secuelas psíquicas que pueden derivarse de un hecho con independencia de que se conceda también una reparación en concepto de daño moral (ver votos del Dr. Calatayud en causas nº69.658 del 2-10-90, 81.134 del 24-12-90, 174.074 del 8-8-95, y 196.593 del 16-12-96, con cita de Zavala de González, “Daños a las personas-Integridad sicofísica”, t 2a, pág.195 nº57 y jurisprudencia allí mencionada).

Sin embargo, ninguna mención se hace a que el primer sentenciante incluyó dentro de ese importe el tratamiento recomendado por la experto, a razón de una vez por semana, durante dos años y a un costo de $90 la sesión, lo que -según dijo el juez- insume cien sesiones lo que lleva este rubro al importe de $9.000, aspecto éste consentido por la apelante.Si es así, parece claro que la indemnización por el daño psicológico quedaría reducida a $46.000.

De todos modos, el importe fijado, parece elevado, si se repara en las particularidades del caso, que el propio juez puso de manifiesto, por cuanto el actor desconocía el lugar exacto del accidente, el domicilio del padre y no acreditó haberse hecho cargo de los restos del causante. Tampoco conocía el cementerio en el que descansan sus restos, por cuanto del informe de fs.217/218 surge que en el Cementerio de General Villegas no se registra inhumación a nombre de Humberto Carlos Ríos Vargas y, como surge de los dichos no cuestionados de la testigo Eva Ester Preti, fue una hija de éste, Sandra Mónica Guerrero quien, pese a haber tenido escaso contacto con el padre, se hizo cargo de los trámites del velatorio “ya que no había otro familiar” y que nunca escuchó que se hayan presentado.

Por ello habré de propiciar que se reduzca la indemnización, incluido el tratamiento psicológico, a la suma total de $29.000 (art. 165 del Código Procesal).

En suma, si mi criterio fuera compartido, deberá confirmarse la sentencia en lo principal que decide, aunque reduciéndose la indemnización a la suma total de $49.000. Las costas de Alzada se impondrán, de todos modos, a la demandada, que resultó vencida en lo principal -la responsabilidad- máxime cuando lo atinent e al “quantum” indemnizatorio se trata de una cuestión sujeta al prudente arbitrio judicial y a que, de otro modo, podría verse afectado el fin resarcitorio de la condena (art. 68 del Código Procesal).

Los Sres. Jueces de Cámara Dres. Racimo y Calatayud por análogas razones a las expuestas por el Dr. Dupuis votaron en el mismo sentido. Con lo que terminó el acto. F.M.RACIMO. J.C.DUPUIS. M.CALATAYUD.

Este Acuerdo obra en las páginas nº a nº del Libro de Acuerdos de la Sala “E” de la Exma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil.

Buenos Aires, abril de 2012.

Y VISTOS:

En atención a lo que resulta de la votación de que ilustra el acuerdo que antecede, se confirma la sentencia apelada aunque reduciéndose la indemnización a la suma total de $49.000. Las costas de Alzada se imponen a la demandada. Notifíquese y devuélvase.

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