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Partes: R. R. H. c/ Municipalidad de General Roca s/ contencioso administrativo
Tribunal: Cámara del Trabajo de General Roca
Sala / Juzgado / Circunscripción / Nominación: II
Fecha: 3 de noviembre de 2026
Colección: Fallos
Cita: MJ-JU-M-161614-AR|MJJ161614|MJJ161614
Se confirma la cesantía de un empleado público municipal que orinó sobre el teclado de la computadora y armario de la oficina que compartía con una compañera.
Sumario:
1.-La colocación por parte de la denunciante de cámaras ocultas no vulneró el derecho a la intimidad del denunciado, en tanto no estamos en un caso donde el empleador busca a un infractor, sino que es una mujer víctima de violencia laboral que intenta saber quién es su victimario, y, en esa tarea colocó una cámara en su puesto de trabajo, un lugar público de acceso restringido, enfocando su puesto de trabajo, es decir que no avasalló la privacidad de nadie ni vulneró espacios de otros compañeros de trabajo, no afectó a terceros ni a su empleador.
2.-Los videos han sido legalmente adquiridos en el sumario administrativo, y luego en sede judicial, porque la denunciante actuó en defensa de sus derechos, y además cumplió con la normativa interna que le imponía velar por la integridad de los bienes municipales.
3.-Corresponde rechazar las nulidades que fueran articuladas por la parte actora, porque aun cediendo que no se cumplió con protocolos informáticos que aseguraran la fiabilidad de la prueba documental informática, su validez no se conmueve por ese hecho porque no existe una norma que así lo disponga; y por otro lado, el hecho de mantener inalteradas y válidas las fotografías captadas por la víctima de violencia, posibilitó la nueva realización de un video, y de allí verificar validez y fiabilidad de la prueba utilizada en el sumario administrativo
4.- La acción del sumariado de orinarle el teclado a la denunciante constituye un acto de violencia de género; la mujer fue sometida a convivir con olores nauseabundos del denunciando, a trabajar en un lugar sucio y contaminado, a limpiar la orina de su jefe, sin que esa fuera su tarea laboral.
Fallo:
General Roca, 03 de noviembre de 2026.
Y VISTOS: Para dictar sentencia en estos autos caratulados: «R. R. H. C/ MUNICIPALIDAD DE GENERAL ROCA S/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (L)» RO-09184-L-0000; previa discusión de la temática del fallo a dictar con la asistencia personal de los jueces votantes, de lo que da fe la Actuaria, corresponde votar en primer término al Dr. Juan A. Huenumilla, quien dijo:
I. RESULTANDO: 1. Se inician las presentes actuaciones con la demanda interpuesta por el Sr. R. el 10-11-2020, mediante apoderamiento, pretendiendo se decrete la nulidad su cesantía, su reincorporación, el pago de salarios no percibidos y de daños y perjuicios. Todo con costas e intereses.
Relata que es empleado municipal desde 01-06-1989 y desde diciembre de 2019 está sujeto a sumario administrativo, que tacha de grave e irregular.
Describe que es empleado de planta permanente del Municipio de General Roca, categoría 3 con 30 años de antigüedad, siendo Ingeniero, con cargo de funcionario del gabinete municipal.
Informa que fue denunciado por la Sra. [DENUNCIANTE_1], quien le imputa haber orinado su escritorio, sin pruebas hasta la incorporación de un video, transcribiendo ciertos fragmentos de la resolución administrativa que dispuso su cesantía el 14-07-2020, siendo que el 24-07-2020 presentó recurso de apelación ante la intendencia.
Sostiene que el acto administrativo sancionatorio padece de vicios graves que lo tachan de nulidad absoluta por basarse en prueba viciada, por violar normas de procedimiento para su admisión, manipulación y custodia, llevando a asumir falacias.
Manifiesta que la Junta de Disciplina otorgó efecto devolutivo a su recurso administrativo, razón por la cual dejó de percibir su salario desde el mes de agosto. Detalla las presentaciones que realizó para modificar el efecto de su recurso, en busca de continuar percibiendo su salario mientras tramitaba su sumario.
Así llega al 29-09-2020, fecha en la que fue notificado del rechazo de su recurso de apelación, confirmando la resolución expulsiva de la Junta de Disciplina.Frente a esa decisión administrativa, planteó revocatoria ante la Intendencia para que revea su decisión.
Pasa a analizar el hecho imputado en el sumario administrativo, haber orinado en el lugar de trabajo, sosteniendo que no se probó la existencia del hecho, la fecha en la que supuestamente sucedió, la autoría y el lugar. Pide aplicación del in dubio pro trabajador.
Sostiene que el municipio reconoce que solo cuenta con prueba indiciaria.
Agrega que no se valoró la carencia de registro de ingreso y egreso del lugar de trabajo, en las fechas donde se consideró que ocurrieron los hechos.
Transcribe fragmentos de la resolución administrativa que analiza la prueba indiciaria y su peso en el proceso, estimando que se violentó el derecho de defensa.
Explica que la administración debe acreditar la culpabilidad con certeza para decretar la cesantía, apoyándose en la jurisprudencia de la CIDH en el caso «Baena».
Analiza la prueba testimonial de N., R. y G., remarcando que no reconocieron los hechos ni el lugar del video, para pasar a sostener que no se ha precisado la fecha en la que ocurrieron los hechos denunciados.Reprocha que el video que apareció en el expediente tampoco tiene fecha cierta, que se denomina «R.» y en la carpeta que consta en el sumario tiene otra denominación.
Manifiesta que los dichos de la denunciante no pueden constituir prueba en su contra, ya que los hechos que se investigaron no ocurrieron en su presencia.
Luego, para el caso que el hecho hubiera sucedido, pasa a analizar la pena impuesta, sosteniendo que resulta excesiva e injustificada, en el marco del artículo 150 de la Ordenanza N° 3205.
Menciona que debe existir una correcta relación entre hechos y pena para no incurrir en arbitrariedad, que constituye un grave vicio en la causa o en el procedimiento administrativo que conlleva la nulidad absoluta.
Reclama que no se ponderaron ni la antigüedad de más de 20 años ni su conducta intachable, lo que relaciona con los artículos 83 y 147 de la Ordenanza N° 3205.
Realiza consideraciones tachando de nulo el acto administrativo, según el artículo 21 de la Ley 2938, con repercusión en la estabilidad del empleado público, por violación de la finalidad, causa, motivación y procedimiento administrativo.
Sobre el elemento finalidad considera que se trató de una persecución política, y estima que la sanción es irrazonable en su aplicación y justificación, calificando el caso como «desviación de poder».
Respecto de la «causa» remarca que el hecho denunciado no sucedió y que se lo sanciona con indicios y presunciones, violando el derecho de defensa, con transcripción de parte de la resolución sancionatoria y mención directa al caso «Baena» de la CIDH.
Transcribe la resolución en la parte de la testimonial de N.y R., manifestando que es falso lo que consta allí, haciendo una comparación con su comprensión de esa prueba, concluyendo que se ha tergiversado su contenido.
Solicita se aplique el artículo 19 inciso b) de la Ley 2938 que tacha de nulidad el acto administrativo por falta de causa por no existir o ser falsos los hechos.
Pasa a analizar el elemento motivación, denunciando que no se ha explicado la razón por la que se sancionó con una pena administrativa grave, calificándola como excesiva, aún en el caso que se hubieren probado los hechos denunciados. Menciona la escala punitiva, la relación que debe existir entre hechos y consecuencias, para no incurrir en arbitrariedad.
Luego analiza el procedimiento, que en su parecer ha violado el derecho de defensa y a ser oído.
En cuanto a los videos exhibidos denuncia pérdida de cadena de custodia, violándose los protocolos para la validación de una prueba informática.
Explica que existen una prueba denominada «SUROR_2018_05_07» y un video titulado «R.», negado en su contenido y autenticidad.Remarca la inexistencia de constancia de recepción por la administración que identifique su contenido con soporte informático.
Se queja de la falta de apego a normas procedimentales para la incorporación y seguridad de la prueba informática, a lo que adiciona que la grabación no tiene fecha cierta ni lugar de grabación.
Detalla el proceder adecuado de la cadena de custodia, que consta de la extracción o recolección de la prueba, su preservación y embalaje, traslado, traspaso para su análisis y custodia.
Denuncia la ilegalidad de la supuesta colocación de una cámara oculta, sin orden judicial ni administrativa, solo a instancia de la denunciante.
En definitiva, solicita la nulidad de la prueba informática y del acto administrativo, por estar viciado en su elemento procedimiento, mencionando protocolo de prueba informática, ley de delitos informáticos, Código Procesal Penal y la Ley 2938.
Destaca la inexistencia de dictamen jurídico previo a la emisión del acto administrativo, tanto en sede de la junta de disciplina como del acto de la intendencia municipal.
En cuanto al derecho a realizar un descargo, sostiene que no fue informado de la fecha de los hechos imputados, ni la incorporación del video al proceso administrativo.
Respecto de la integración del tribunal disciplinario, tacha de irregular la participación del Dr. Urquiaga así como la inasistencia del Dr. Silva, sin que conste una explicación del cambio.Tampoco consta la designación de todos los integrantes del Tribunal, violándose el principio garantía de juez natural.
Analiza las actas de la prueba testimonial, denunciando el incumplimiento del artículo 440 del CPCyC, es decir la inexistencia del juramento de decir verdad y las penalidades para caso de falsedad de sus dichos.
Con estos elementos solicita se decrete la nulidad del procedimiento administrativo, al violentarse los principios y normas que hacen al debido proceso y al derecho de defensa.
Interpone prescripción e inconstitucionalidad, tachando de ilegales las normas referidas al curso de la prescripción de la Ordenanza N° 3215, propiciando se apliquen los plazos de la Ley 25.164, y en su caso declarar prescripta la falta cometida.
Cuantifica los daños padecidos como consecuencia de actuar administrativo, estimando el daño moral en $500.000.
Solicita se decrete la inconstitucionalidad del artículo 14 de la Ley 2938 y la Resolución N° 27-JDM-18 por violar preámbulo, artículos 14, 14bis, 17 y 18 de la Constitución Nacional y 51 de la Carta Provincial.
Ofrece prueba, formula reserva de caso federal, efectúa juramento, funda en derecho, y formula reserva de ampliar.
Como medida cautelar solicita la inmediata reincorporación, fundando los extremos necesarios para su procedencia.
Peticiona conforme las pretensiones ejercidas a lo largo de su demanda.
2. El 16-04-2021 se presentó la Municipalidad de General Roca a contestar demanda, solicitando su rechazo, con costas.
Principia desconociendo particularizadamente la totalidad de la prueba documental presentada por el actor, para luego negar los hechos articulados en el escrito constitutivo inicial.
Pasa a contestar la demanda, iniciando con el detalle del expediente administrativo que culminó con la Resolución N° 21-JDM-20, fechada el 14-07-2020, notificada al trabajador el 17-07-2020.
Relata que la investigación se inició mediante Resolución N° 20-JDM-19 del 27-12-2019, investigando al actor por inconductas previstas en los artículos 149, 150 y 151 del Estatuto del Empleado Municipal (EEM), Ordenanza N° 3215/00.Todo a raíz de la presentación realizada por la denunciante, adjuntando un pen drive con una grabación donde se observa al denunciado orinando el teclado de su compañera de trabajo.
Sostiene que esta prueba no ha sido eficientemente cuestionada en el momento procesal oportuno, con relación a la cadena de custodia, y que esa circunstancia no puede reintentarse en sede judicial por contravenir el principio de congruencia administrativa.
Precisa los hechos imputados al actor, encontrándoselo como responsables de aquellas conductas y declarando su cesantía, sosteniendo que el accionante en su demanda introduce una plataforma fáctica falsa, errónea e inexacta, con la finalidad de obtener un pronunciamiento favorable.
Entiende que el actor fue sometido a sumario administrativo por actos de suma gravedad, ejercidos con desprecio a la moral, la ética y el decoro que se exige a los empleados municipales.
Relata el tránsito de la vía administrativa, en términos coincidentes con el actor, sosteniendo que erró el trabajador al presentar un recurso de revocatoria contra la resolución de la Sra. Intendenta que confirmó la sanción de cesantía.
Realiza un análisis del control jurisdiccional sobre el sumario administrativo, sosteniendo que se debe circunscribir a la legalidad del procedimiento, y a los argumentos planteados en aquella instancia, por aplicación del principio de congruencia.Cita jurisprudencia.
Manifiesta que los planteos recursivos del actor debieron ser introducidos en sede administrativa, siendo que los argumentos allí presentados fueron respondidos por la Intendenta de la ciudad.
Sostiene que el actor realiza apreciaciones de los hechos y no constituyen una crítica a la interpretación del derecho, constituyendo aseveraciones que contradicen las pruebas del legajo, o una disconformidad subjetiva sobre el resultado del trámite; agrega que el actor tergiversa aspectos poco relevantes, dándole importancia exagerada para desvirtuar la cesantía dispuesta.
Transcribe parte de la resolución de la JDM, remarcando que el resultado ha sido asumido por unanimidad de ese Cuerpo administrativo, para desvirtuar el achaque de falta de proporción en la sanción y la posibilidad de graduar la pena impuesta.
En cuanto a las pruebas del legajo, manifiesta que el video acompañado por la denunciante no fue impugnado en sede administrativa, no obstante contar con representación letrada en aquella instancia, limitándose a reprochar la cadena de custodia y no el contenido.
En relación a la inexistencia de dictamen jurídico previo a la emisión del acto administrativo, informa que se encuentra glosado a fs. 123/145 del sumario. Sobre la posibilidad de ejercer su derecho de defensa, dice que lo realizó a fs. 10 el 13-12-2019, prestando declaración indagatoria a fs. 22.
Explica que la designación del Dr. Urquiaga en la presidencia de la JDM se realizo en debida forma, sin vulnerar el derecho al juez natural, cuestión que no se relaciona con la renuncia del Dr. Silva a ese cargo. Funda esa participación en la Resolución N° 26/2020 de la Sra. Intendenta municipal, mediante la cual se produjo la mentada designación del Dr.Urquiaga.
Transcribe el artículo 153 del EEM.
Sobre la nulidad de las pruebas testimoniales por no haber tomado juramento de decir verdad, pone de manifiesto que las actas se encuentran firmadas por los representantes legales del actor, y además transcriben partes de las actas donde consta ese recaudo procesal.
En cuanto al pedido de prescripción de la potestad disciplinaria de la administración, por el transcurso de un año desde el dictado del acto administrativo, denuncia que no ha determinado fecha en la que ocurrió la prescripción, y que la tacha de inconstitucionalidad de la Ordenanza N° 3215/00 en comparación con la Ley 25.164 debe rechazarse por no atender a la aplicación de la norma específica para el caso. Describe el marco normativo que reconoce la autonomía del derecho local.
Informa que el EEM en su artículo 166 inciso d) punto 2) establece que el plazo de prescripción de los hechos susceptibles de sanciones expulsivas es de tres años, plazo que no transcurrió en el caso del actor.
Finalmente, sobre la inconstitucionalidad del reglamento de la Junta de Disciplina, manifiesta que no se detalla el agravio constitucional, quedando el planteo como una mera disconformidad con las normas en crisis.
Rechaza la pretensión de daños y perjuicios planteada por el actor, sosteniendo su postura en el fallo «Victoriano» del Superior Tribunal de Justicia, relativo al pago de salarios caídos. Además rechaza la posible calificación de actuación administrativa dañina por no encontrarse en el ámbito extracontractual, y en su caso, dentro de los límites de las consecuencias resarcibles, relacionadas causalmente con el hecho generador de daño.
Analiza las previsiones de los artículos 1737, 1739 y 1744 del CCyC, así como el artículo 4 de la Ley 5339 local.
Ofrece prueba. Formula reservas recursivas. Funda en derecho y peticiona.
3. Corrido el traslado de la documental adunada por la demandada, el actor niega autenticidad, contenido y firmas de la documental presentada. Luego expone sobre la oposición a los medios de prueba que el trabajador solicitó.
4.El 06-07-2021 se realizó la audiencia de conciliación con resultado negativo, ordenándose la apertura a prueba.
5. En la etapa probatoria se recibió la siguiente prueba: el 03-03-2022 se adjuntó la pericia informática realizada por María A. Peschiutta; el 26-02-2023 se presentó la pericia psicológica por parte de la Lic. Susana B. Rinne.
6. El 02-11-2023 se realizó la Audiencia de Vista de Causa, se dispuso un cuarto intermedio, y se fijó nueva audiencia, a los mismos fines para el 14-12-2023.
7. En la fecha indicada se desarrolló la audiencia continuatoria donde prestaron declaración testimonial las Sras. [DENUNCIANTE_1], C. N. y P. A., y el Sr. R. G. Las partes solicitan un cuarto intermedio para que declaren el resto de los testigos.
8. El 06-12-2024, en audiencia continuatoria declaró el Sr. S. P. La parte demandada presentó legajo y recibos de haberes del actor, dándosele traslado al actor.
9. El 06-08-2025 la parte actora desistió del testigo pendiente, frente a lo cual se clausuró el período probatorio y se concedió el plazo para presentar alegatos por escrito.
Presentados los alegatos, se ordenó el pase de autos a dictar sentencia.
10. El 14-11-2025 se dictó sentencia definitiva, en la que se hizo lugar a la demanda entablada por R. R., condenándose a la Municipalidad de General Roca, declarando la nulidad de la sanción dispuesta, ordenando la reincorporación del actor. También se condenó al pago de una indemnización por daño moral.
11. Recurrida la sentencia por la parte demandada, el Tribunal rechazó el recurso extraordinario, frente a lo cual presentó recurso de queja, que fuera receptado por el Superior Tribunal de Justicia el 27-03-2026.
12. El 20-08-2026 el Superior Tribunal de Justicia dictó sentencia definitiva, en la que hizo lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la demandada, anulando la sentencia de la Cámara Segunda del Trabajo.
13.Devuelto el expediente a esta instancia, se ordenó una nueva integración y se realizó el sorteo para dictar sentencia definitiva.
II. CONSIDERANDO:
A. Hechos Acreditados: Corresponde a continuación fijar los hechos pertinentes para la dilucidación del presente conflicto que considero acreditados, apreciando en conciencia las pruebas producidas, conforme lo establece el art. 55 inc.1º de la Ley 5.631, que a mi juicio son los siguientes:
1. Contrato de trabajo. Antecedentes disciplinarios: Es un hecho acreditado que entre las partes existió un contrato de trabajo regido por las normas del empleo público municipal, siendo el actor dependiente de la demandada, con fecha de ingreso el 01-06-1989, titular del Legajo N° 8103.
Además, en una etapa de su larga relación laboral, ocupó el cargo de designación política de Coordinador dentro de la Dirección de Obras Públicas, reteniendo su cargo de agente de Planta Permanente.
En su historia como empleado municipal, el Sr. R. cuenta con una sanción de diez días de suspensión de empleo, sin goce de haberes, por hechos ocurridos en el año 2007, según da cuenta la Resolución 15/07 glosada a fs. 337/339 del legajo del actor.
Esta información surge del informe de la Dirección de Recursos Humanos de la Municipalidad de General Roca, adunado a fs. 613 del legajo personal del actor, prueba incorporada por la empleadora y no controvertida por el accionante.
2. Sumario administrativo: El expediente interno municipal caratulado «R. R. S/ SUMARIO ADMINISTRATIVO» (N° 03 JDM-19) se inició con la presentación realizada por la Ingeniera [DENUNCIANTE_1] el 19-11-2019 ante el Sr. Intendente municipal, Dr.Martín Soria.
Al momento de ser agregado a este proceso se corrió traslado al actor, quien en forma genérica negó la firma inserta en la documental, dijo:
«Nos notificamos del traslada ordenado en fecha 22/04/2021 y negamos la autenticidad, contenido y firmas de la documental presentada por la demandada».
Esta negativa genérica no posee virtualidad para poner en crisis a la prueba en análisis, en primer lugar porque se debe atender a que el sumario administrativo constituye un instrumento público al estar intervenido y firmado por funcionarios de esa calidad. Y en segundo término, el actor no ha preciado las firmas de qué persona desconoce, y esa vaguedad conspira contra la seriedad del planteo realizado.
Por estas razones corresponderá atender el contenido completo del sumario administrativo tramitado por la Municipalidad demandada.
Allí la denunciante puso en conocimiento la existencia de fuertes y nauseabundos olores a orina en el teclado de su computadora y en el armario de la oficina. Por este motivo habló con la Srta. C. N., persona a cargo de la limpieza, quien compartió su sensación y le comentó que advirtió gotas de lo que seguramente era orina.
Informó que, cansada de la situación, agregó una cámara oculta en los parlantes de su computadora, la que dejó por un par de semanas, y al revisar el contenido advirtió que el Ingeniero R. orinaba el teclado de la computadora de la denunciante.
Por ello solicitó el cambio de oficina, y ante el conocimiento de la situación, realiza esa presentación y adjunta la prueba que colectó, realizando consideración de una situación que califica como escandalosa y enfermiza.
Las primeras medidas que adop ta el Intendente, mediante Resolución N° 3133/2019 del 02-12-2019, es remover al Ing. R. como personal de gabinete, y remitir las actuaciones a la JDM, y suspenderlo en sus funciones por el plazo de 60 días, con percepción de haberes.
El 27-12-2019 la JDM emite la Resolución N° 20-JDM-19, adunada a fs.11/13 del sumario, donde se dispone iniciar sumario a R. por hechos que encuadrarían en el artículo149 incs. c), f) e i); artículo 150 inc. d); artículo 151 inc. b); y violación de los deberes establecidos en el artículo 79 incs. g), h) e i); en los términos del artículo 151 inc. c) del EEM.
El instructor sumariante citó al investigado a prestar declaración indagatoria, acto que se realizó el 17-01-2020, en el que se presentó con patrocinio letrado, negándose a declarar y tomando vista de lo actuado. Así consta a fs. 22, donde el actor deja constancia de la imposibilidad de ver el video, por lo que solicita la nulidad del acto y la suspensión de los plazos del trámite.
La JDM suspendió el procedimiento por cinco días para que el sumariado ofrezca prueba, citándolo nuevamente para que pueda tomar conocimiento del video adunado en la denuncia.
El 24-01-2020 el Sr. R., con patrocinio, se presentó a tomar vista del video, constatando el estado de conservación del dispositivo que lo contenía, entregándole una copia en formato DVD, reanudándose los plazos procesales.
El 03-02-2020 el investigado presenta su descargo, ofrece prueba y solicita la nulidad de la indagatoria. Funda la pretensión nulificante en la violación del derecho de defensa y debido proceso administrativo, ya que no se le aclararon los hechos imputados, las infracciones supuestamente cometidas, las normas infringidas y las posibles sanciones.
El 10-02-2020 el instructor sumariante rechazó el recurso de nulidad, justificando su decisión en el hecho de haber entregado copias del total de las actuaciones al Sr. R., incluso de haber suspendido plazos para que concurra a la indagatoria con un asesor técnico en materia informática, y finalmente, en la circunstancia que el denunciado pudo ofrecer prueba para defenderse.
Luego se ordenó la producción de la prueba testimonial, informativa e instrumental.
El 17-02-2020 se toma nueva audiencia de declaración indagatoria, a pedido del Sr.R., sin nulificar el anterior acto defensivo y siendo complementario de aquella primera presentación. Así informa que se va a abstener de declarar, y su letrado defensor solicita copias del expediente, todo lo que obra a fs. 47.
El 13-02-2020 se dictó la Resolución 07-JDM-20 mediante la que se dispuso la prórroga de los plazos de tramitación del sumario por el término de 90 días hábiles, así como de la suspensión en el empleo, con percepción de haberes.
Este acto administrativo es firmado por el Dr. Juan Pablo Urquiaga como presidente de la JDM, en reemplazo del Dr. Silva.
El 20-02-2020 el Dr. Carrasco, defensor del investigado, retiro copias del sumario administrativo.
El 27-02-2020 prestó declaración testimonial la Sra. P. A. A., en presencia del defensor del Sr. R., haciéndosele saber de las penalidades del falso testimonio.
Dijo ser comerciante, tenía un box en la planta baja del edificio donde hacia fotocopias, y que nunca recibió un mal trato del denunciado ni supo de conflictos con otros compañeros, y que era una persona amable.
Ese mismo día declaró el Sr. D. U., con las mismas formalidades anteriormente mencionadas, exponiendo que conoce al Sr. R. desde 1989 y relatando las tareas que desempeñó en distintas áreas del municipio.
Dijo que nunca vio que el denunciado tuviera problemas con mujeres, y lo calificó como un hombre muy sociable y sin conflictos con los demás.
El 17-03-2020 la JDM dictó la Resolución N° 10-JDM-20 mediante la cual ordenó la suspensión de toda actividad administrativa de ese Organismo por la emergencia sanitaria dictada por el COVID-19.
Reanudada la actividad administrativa, el 28-05-2020 prestó declaración testimonial la Sra.[DENUNCIANTE_1], ante la presencia del defensor del denunciado, cumpliendo con las formalidades de rigor sobre el artículo 275 del Código Penal.
Ubicada por el sumariante en el mes de mayo de 2018, en principio describió la disposición de la oficina y su mobiliario, luego informó que allí compartía ese espacio con el denunciado y los Sres. G., P. y L.
Respecto del Sr. R. dijo conocerlo desde el ingreso al municipio, en el año 1988. Sobre los hechos relató que en un momento fue a abrir una puerta del armario próximo a la ventana, estaba pegada, sintió olor a orina y estaba todo el interior del armario orinado. Agregó que con C. secaron todo, había un olor espantoso, y eso sucedió en varias oportunidades, además de encontrar orina detrás y arriba del armario. Describió que había mucho olor, califico como horrible. Sostuvo que a mucha gente le causaba gracia y nadie le creía lo que comentaba. Sentí asco de sentarse allí.
Pasa a relatar que instaló una cámara con ayuda de su hijo, le pidió a informática que la programara para que tomara fotos cuando detecte movimientos, si filmaba todo el día no alcanzaría el disco rígido.
Describe que se lo ve a R. orinar en un vaso y tirar el contenido en el lugar de trabajo de la testigo, y también que hace pis en su teclado.
Comenta que le informó esto a P. y a la jefa de despacho Nora Minio, sin saber que hacer porque R. era una persona muy importante, no sabía en quien confiar. Se lo contó a N. y solicitó que la saquen de la oficina, lo que ocurrió a los días.
Describe otras cuestiones, como que R.le cambiaba planos, le desaparecían cosas de su computadora, sin entender la razón de los hechos.
Dice que cuando cambio el gobierno la llamo Martín Soria y le pidió el video.
A preguntas formuladas respondió que muchas veces sintió el olor a orina, que eso le generaba asco e impotencia.
Se le exhibe el video y reconoce el lugar y al Sr. R. en distintos momentos de la filmación, distinguiéndolo por su rostro y una pulsera que dice «R.».
A preguntas del representante de la defensa explicó que el video original quedó en la computadora y ella aportó un pendrive para que lo viera el intendente, ubicando ese hecho en mayo de 2018 y la entrega del video aproximadamente en octubre del mismo año.
El mismo día declaró la Sra. C. N., con las mismas formalidades y participantes que la anterior testigo. Preguntada sobre las labores realizadas en mayo de 2018, principia describiendo el lugar de trabajo para luego denunciar que tuvo problemas en su cocina y en el baño de hombres. Relata que vio una mancha en el mueble del fondo en la oficina de R., cuando limpiaron supieron que era orina, por la forma en la que reaccionaban los productos químicos. Dijo que era una mancha grande, y que por sus labores conocía cuando el olor era a orina.
Seguidamente se le exhibe el video y reconoce el lugar como la oficina de R., y también distingue al denunciado en el video, en las partes descritas en la denuncia.
El defensor no realizó preguntas.
El 10-06-2020 prestó declaración testimonial el Sr. Rubén G., con presencia del defensor del acusado y dando cumplimiento a las formalidades del acto procesal.
El instructor lo sitúa temporalmente en mayo de 2018 y responde explicando sus funciones y el lugar donde las desempeñaba, describiéndolo como dos oficinas unidas por una puerta, además de enumerar al personal que comparte ese espacio: M. P. más próximo, y en una oficina pegada están [DENUNCIANTE_1] y R.R.
En cuanto al investigado, dijo conocerlo desde abril de 2013, fecha en la que ingresó como empleado municipal. Sobre los hechos denunciados informa que no iba muchas veces a la oficina contigua, para luego sostener que jamás percibió ningún olor en particular.
Se le exhibió el video captado por la denunciante, sin reconocer con precisión el lugar que se filma, más reconoció en él a R. en diversos momentos de las imágenes.
El defensor no realiza preguntas.
En la misma fecha prestó declaración el Sr. S. M. P., con presencia del defensor particular del Sr. R. y siguiendo las formalidades procesales.
Preguntado sobre sus tareas en mayo de 2018, describió que trabajaba en el primer piso, eran dos oficinas unidas por un vano, una puerta interna, con un solo acceso para ambas. Describe que él comparte oficina con G., y en la de al lado trabajan R. R. y [DENUNCIANTE_1].
Dijo conocer al denunciado desde su ingreso al municipio, en 2008. En su caso manifestó que era habitual pasar a la oficina contigua, y que en un par de ocasiones percibió olores particulares, que llamaron a gente para limpiar. Describió que se sentía olor a orina, que [DENUNCIANTE_1] lo llamaba para que se acerque a sentir el olor y confirmaba esa percepción.
Se le mostró el video, reconociendo el lugar como la oficina contigua a la suya, donde trabajaba R. y [DENUNCIANTE_1], también reconoció al sumariado en distintos momentos de la filmación, individualizándolo por el rostro y la pulsera que usa.
El defensor del acusado no formula preguntas.
El 11-06-2020 declaró la testigo E. B. R., en presencia del defensor del investigado, dándose cumplimiento a las formalidades del acto.
Dijo que en mayo de 2018 se desempeñó en el sector de N., en las oficinas de Obras Públicas. Enumera los sitios que donde percibió olor a orina, siendo la cocina, en la puerta del baño del primer piso y en la oficina de R.Dijo que la señora que estaba en la oficina con R., casi siempre le orinaban en un armario, la testigo dijo ver todo mojado y amarillo. Sostuvo que en esa oficina pudo percibir el olor a orina, un olor fuerte, le echó lavandina e hizo espuma, describiendo esa reacción como lo que sucede cuando se limpia orina de esa manera. Precisó que eso sucedió dos o tres veces.
Se le exhibió el video de la denunciante, no reconoció el lugar pero dijo que allí apareció R. en varios momentos de la filmación.
El defensor no realiza preguntas a la testigo.
El 12-06-2020, a fs. 110 consta la clausura de la etapa probatoria y el traslado al s umariado para que tome vista del expediente y formule su alegato.
A fs. 112 obra la Resolución N° 17-JDM-20 mediante la cual se prorroga la instrucción por un nuevo plazo de noventa días hábiles.
El 16-06-2020 el defensor del investigado tomó vista de las actuaciones, lo que consta a fs. 114 del sumario.
El 19-06-2020 el Sr. R. solicitó la nulidad de la prueba y, subsidiariamente, formuló sus alegatos.
El achaque de nulidad de la prueba reside en el incumplimiento de protocolos para incorporar prueba informática, en detrimento del derecho de defensa, con los argumentos reseñados en la demanda.
Se remarca que no existe una constancia de recepción de la administración de la prueba informática, ni se precisa la extensión del mismo, no fue correctamente guardado durante la tramitación del expediente.
En síntesis plantea reparos en:la extracción o recolección de la prueba, la preservación y embalaje, en el transporte o traslado, el traspaso y custodia.
Analiza cada una de las etapas mencionadas.
En los alegatos sostiene que a los testigos se exhibió un video de la carpeta «SUROR_2018_05_07» pero no se deja constancia de que se muestre el video denominado «R.».
Remarca la inexistencia de testigos presenciales, la sola declaración de la denunciante que no puede ser prueba de cargo, la inexistencia de constancias de ingreso y egreso del municipio en la fecha donde se dice que acontecieron los hechos.
Entiende que no se ha probado el lugar, fecha ni veracidad de los hechos denunciados, y solicita la absolución.
El sumariante rechaza la petición de pronunciarse sobre la nulidad del procedimiento, luego emite su dictamen. Principia precisando que R. fue imputado por las faltas disciplinarias establecidas en el artículo149 incs. c), f) e i); artículo 149 inc. k) en relación a los deberes previstos en el artículo 79 incs. g), h) e i); artículo 150 inc. d); artículo 151 inc. b); y violación de los deberes establecidos en el artículo 79 incs. g), h) e i); en los términos del artículo 151 inc. c) del EEM.
Los hechos que sustentaron la imputación son:
1) Que habría orinado sobre el teclado de la computadora y armario de la oficina que compartía con [DENUNCIANTE_1], elementos utilizados por esta empleada; 2) Que el actuar habría provocado la emanación de fuertes y nauseabundos olores a orina, percibido por otros empleados municipales; 3) Que [DENUNCIANTE_1] habría colocado una cámara dentro de los parlantes de la computadora; 4) Así se recolectó una serie de imágenes que mostrarían a R. R. orinando encima de los bienes de propiedad municipal, utilizados por la Sra. [DENUNCIANTE_1].
5) Las imágenes fueron acompañadas al sumario en un pendrive, en la carpeta «SUROR_2018_05_07», donde se observa a R.realizando actos característicos de quien orina y de quien limpia una superficie.
Seguidamente se detalla la actividad realizada en el expediente y la prueba agregada al sumario, para pasar al marco normativo aplicable al caso. Se transcriben los artículos 79, 149, 150 y 151 del EEM; luego las cláusulas relacionadas con el escalafón municipal; las normas de los sumarios administrativos; las Leyes nacionales 24.632 y 26.485; la Ley provincial 4650.
En cuanto a la situación de revista del sumariado, se detallan los cargos que ocupó en su carrera profesional, siendo que al momento de iniciarse la investigación fungía como Coordinador dentro de la Dirección de Obras Públicas, dependiente de la Secretaría de Obras Públicas, Ambiente y Parques Industriales.
Como antecedente consta una sanción de diez días de suspensión sin goce de haberes, por una infracción de hechos acaecidos en el año 2007.
Describe la actividad defensiva desarrollada por el sumariado y pasa a responder sus peticiones.
En cuanto a la incorporación de la prueba consistente en la filmación, sostiene al dictarse la Resolución N° 20-JDM-19 se dejó constancia de la recepción de la nota remitida por el Dr. Soria donde detalla que se pone a disposición un pendrive con los videos.
Y a fs. 11/13 del sumario dice:
«(.) Que conjuntamente con lo informado a fs. 01/02 por la Ing. [DENUNCIANTE_1], se acompaña a las actuaciones un pendrive que contiene una carpeta denominada «SUROR 2018 05 07» la que incluye un video nombrado «R.» en el cual puede observarse que, a partir de las 14 horas :43 minutos y 53 segundos aproximadamente, es captado por cámara un sujeto de sexo masculino, de mediana edad, vestido con un sweater azul oscuro y con una camisa blanca debajo, con anteojos y cuyo cabello esta cubierto de canas que predominan sobre la mayoría de la cabellera; sujeto que seria el Sr. R.R.
Que del video en cuestión, se advierte que el sujeto descripto con anterioridad, entre la hora mencionada previamente y las 15 horas y 42 minutos aproximadamente, habría estado realizando tareas de oficina (sellando; abrochando hojas etc.).
Que alrededor de las 15 horas, 51 minutos y 13 segundos habría comenzado a desplegar la conducta descripta al inicio de la presente. En efecto, entre aquel horario y las 15 horas, 51 minutos y 29 segundos, se puede ver como el sujeto coloca sus manos sobre la parte delantera de su pantalón y realizando un movimiento característico de quien va a orinar, habría procedido en consecuencia haciendo un bambolea de derecha a izquierda con su cintura, para luego retirarse del lugar.
Que luego de retirarse, se observa casi inmediatamente siendo las 15 horas, 51 minutos y 54 segundos que retorna al lugar con una hoja blanca en sus manos, la deja sobre el escritorio, toma la parte delantera de su pantalón, introduce su mano dentro desabrochandolo, vuelve a tomar la hoja haciéndole un doblés para luego sacar su pene, tomarlo con su mano derecha procediendo a orinar hasta termin?r sacudiéndolo para luego tomar la hoja blanca y esparcir la orina en el lugar.Finalmente tras ello, abrochando nuevamente su pantalón para retirarse del lugar una vez mas, siendo las 15 horas 52 minutos y 46 segundos aproximadamente.
Que después de retirarse, regresa aproximadamente a las 15 horas 52 minutos y 59 segundos, se posiciona frente al escritorio, procede realizar movimientos co?? si estuviera limpiando el lugar, acerca su rostro a la mesa, levanta el teclado con el que no entra en contacto directamente dado que puede advertirse que lo toma con un papel en cada mano, lo inclina de manera adecuada como para quitar los restos de la orina, 1o vuelve colocar en el escritorio para continuar con la limpieza, se agacha como llevando sus manos hasta el piso y se retira del lugar siendo las 15 horas, 53 minutos y 45 segundos aproximadamente.
Que finalmente, regresa por ultima vez conforme la grabación acompañada, a las 15 horas 53 minutos y 52 segundos, toma una hoja de un mueble ubicado en las inmediaciones del lugar, se limpia las manos con el papel, toma nuevamente el teclado lo levanta y lo limpia con la misma hoja inclinandolo nuevamente; continua limpiando el lugar para retirarse a las 15 horas 54 minutos y 20 segundos aproximadamente. Que tras el hecho descripto, de la grabación se advierte que, siendo las 17 horas 33 minutos y 26 segundos aproximadamente, se hace presente en el lugar una persona de sexo femenino, de cabello rubio y tes blanca; vestida con uniforme azul claro con guantes de goma de color naranja, que procede limpiar las oficinas.
Que asimismo, dentro del pendrive acompañado se encuentran agregadas dentro de la carpeta «SUROR_2018_05_07″- la cantidad de 290 capetas con denominación sucesiva que va de la nº D0001 a la D0290 cuyo contenido consta de las secuencias fotográficas que conforman al video antes mencionado.- (.)».
Remarca que al citar a R.para prestar declaración indagatoria, junto a su letrado defensor, éste manifestó entender los términos de la imputación, sin realizar objeción alguna con la resolución de inicio de las actuaciones, retirando copia del DVD del video mencionado en la Resolución 20 JDM-19.
Luego de la indagatoria, el sumariado realiza un planteo de nulidad de ese acto procesal y pide la suspensión de plazos, frente a lo que se dispone rechazar el la nulificación requerida, más se suspende el tiempo para que presente la prueba defensiva hasta que el investigado tome vista de la totalidad de la prueba de cargo, incluyendo las imágenes obrantes en el pendrive. Y se aclaró que para realizar una pericia informática se debía solicitar su producción y ofrecer consultor técnico.
Así el 24-01-2020 se presentó ante el sumariante el denunciado, con patrocinio letrado y consultor técnico informático, tomando vista del contenido de la carpeta «SUROR_2018_05_07». Los intervinientes firmaron el acta correspondiente, sin realizar observaciones ni impugnaciones.
Se describe que el sumariado se presentó en las audiencias indagatorias con patrocinio letrado, notificándolo de la Resolución N° 20-JDM-19, con entrega de copias del acto administrativo y de DVD del contenido del pendrive. Y luego se reanudaron los plazos procesales para que solicite la prueba correspondiente.
El Sr. R., con nuevo patrocinio interpone nulidad de la indagatoria y subsidiariamente ofrece prueba, omitiendo requerir prueba informática. En la resolución se remarca el hecho de que la nulidad fue planteada con relación a la indagatoria y no respecto de la prueba documental obrante en el sumario administrativo.
Amén de rechazarse la nulidad, se hace lugar a recibirle nueva audiencia indagatoria, acto que no limita a una única oportunidad, más en el acto optó por no declarar.
Luego la resolución describe que no existió planteo u objeción del sumariado sobre la prueba documental que se les exhibió a los testigos que declararon, impugnando la nota mediante la cual se agregó el pendrive con la carpeta y el video antes mencionado.La nulidad se vincularía con fallas y omisiones en la cadena de custodia de la prueba, que la podría haber contaminado.
De esta manera califica como falaces e inexactas las afirmaciones del sumariado en torno a que fue negado el conteni do y autenticidad de la carpeta «SUROR 2018_05_07» y el vídeo «R.». Y agrega seguidamente que no se ha presentado impugnación del contenido ni autenticidad de esa prueba.
Se reafirma que las observaciones formuladas por el Sr. R. son falaces, describiendo que la resolución que da inicio al sumario precisa cada uno de los minutos en donde se ve a una persona orinando el teclado de la Sra. [DENUNCIANTE_1].
Luego pasa a analizar las observaciones formales del denunciado, respecto a la recolección de la prueba informática, su preservación, traslado y traspaso, sostiene que no se le pueden exigir el cumplimiento de esas pautas a la denunciante, víctima de las acciones de R.
Y después de recibida la denuncia por parte de la JDM, se procedió conforme al artículo 2 del reglamento, con la prueba ya aportada por la Sra. [DENUNCIANTE_1].
El segundo punto que observa el denunciado se relaciona con la enumeración e identificación de cada elemento, así como su reserva, sosteniéndose que la resolución de inicio se hizo cargo de esos extremos.
En cuanto al examen y autenticidad del video, sostiene que no existió manipulación de las imágenes, solo se recibió de Intendencia y se adunó a la investigación. Además el examen de autenticidad podía realizarse a pedido de parte, pero no fue solicitada como prueba en el sumario.
Agrega que las resoluciones 3133/2019 y 20-JDM-19 son actos administrativos que gozan de la presunción de legitimidad de los actos estatales, y que los mismos no fueron impugnados de validez por la incorporación de la prueba en estudio.Las quejas recién se formularon en los alegatos.
El último reproche del denunciado fue que la JDM debió ordenar que se realice una pericia informática en el contenido del pendrive, previo a iniciar las actuaciones sumariales. A ello contesta que tal punto de análisis debió dilucidarse durante el sumario, controvertirse y solicitar los medios de prueba correspondientes, pero el denunciado solo planteó la nulidad de las declaraciones indagatorias.
Se realiza un nuevo detalle de lo acontecido en el sumario, de las vistas conferidas, la inexistencia de impugnación de la autenticidad del video y la falta de petición de prueba informática del sumariado.
Denuncia que la prueba documental no debió tenerse en cuenta porque provenía de un hecho ilegal, porque se extrajo sin orden judicial o administrativa. La Junta considera que no existió accionar ilegal de la Sra. [DENUNCIANTE_1], ya que su proceder no se encuentra prohibida por el Estatuto municipal, y justifican su accionar porque la víctima quería saber la razón del olor a orina en su oficina.
Además sopesa la característica del caso, que ocurre sin testigos y dentro de un recinto cerrado, entre cuatro paredes.
Pasa a analizar el reproche respecto de la violación a la doctrina del CIDH en el caso «Baeza», caracterizándolo para luego entender que no se configura el supuesto, porque existió un trámite sumarial llevado según los parámetros prestablecidos en normas específicas como la Ordenanza 3215/00 y la Resolución 27-JDM-18.
Sostiene que se respetaron las normas procesales y las garantías constitucionales del sumariado, detallando los distintos actos de la investigación.Además que no existen normas provinciales ni municipales que reglamenten la actividad probatoria con relación a la preservación de este tipo de soportes.
Con relación al acuse de actuar mediante vis de hecho administrativo, la Junta sostiene que no resulta correcto, ya que las actuaciones previas se ajustaron a derecho, permitiendo que el sumariado ejerza sus defensas, con acceso al expediente y posibilidad de impugnación.
De esta manera concluye rechazando el pedido de nulidad de la prueba documental inserta en la carpeta «SUROR_2018_05_07» y el video «R.».
Pasa a valorar la prueba del caso y emitir la conclusión, aplicando la normativa local y la Ley 24.632 que adhirió a la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer «Convención de Belem do Pará, la Ley N° 26.485 de Protección Integral a las Mujeres, y la Ley Provincial N° D 4650 de Protección Integral de la Mujer.
Principia transcribiendo la parte pertinente de la declaración testimonial de la Sra.
[DENUNCIANTE_1], luego la actitud del sumariado, quien no prestó declaración indagatoria ni formuló descargo.
Analiza que los hechos investigados ocurrieron sin la presencia de testigos, tomando prueba indiciaria.
En cuanto a la prueba testimonial, principia analizando las declaraciones de la Sra. A. y el Sr. U., ofrecidos por el denunciado, quienes dieron su parecer sobre la forma en que se comportaba el investigado en el ámbito laboral. Ambos dieron buenas opiniones de R.
Pasa a las declaraciones de las Sras. N. y R., personal de limpieza del municipio, de quienes se transcribe cada exposición, y se extrae la información de que encontraron manchas de orina en la oficina que compartían denunciante y denunciado, además de reconocer en el video que oficia como prueba, al Sr. R.
Finamente contempla las declaraciones de los Sres. G. y P., empleados municipales que comparten oficina, pegada a la de R. y [DENUNCIANTE_1], separadas por una puerta sin cerramiento.
G. dijo no haber percibido olor a orina en la oficina contigua, el mostrarle el video reconoció a R.
P.sostuvo que sintió el olor a orina en la oficina de R., y al ver el video reconoció al denunciado, y en las partes donde no se veía su rostro, lo individualizó por la indumentaria y una pulsera.
Para finalizar con esta parte de la prueba testimonial, se analizó la declaración de la Sra. [DENUNCIANTE_1], con transcripción íntegra y remarcando las partes pertinentes para la resolución administrativa. Explica sus padecimientos y reconoce en el video a su compañero de oficina.
En cuanto al video describe a fs. 140 vuelta:
«Sobre el mismo se puede sostener que ha sido verificada, a partir de las sendas declaraciones de testigos, la presencia del Sr. R. R. en el mismo.
En el segmento del vídeo que va desde el minuto 00:00 al 03:45, en el que aparece el rostro de una persona, los testigos han sido contestes en reconocer al Sr. R. R. en el vídeo.
Luego del minuto 03:45 al minuto 06:15, la misma persona que fue reconocida por los testigos por R. R. comienza a efectuar las conductas descriptas en la Resolución de Inicio.
Si bien es cierto que por momentos no se observa el rostro de la persona, dado que la cámara se encuentra a la altura del escritorio, dentro de los parlantes de la computadora, la continuidad de las imágenes y la similitud de la ropa de la persona, permiten inferir que se trata de la misma persona, esto es R.R.
Acto seguido, se ve como la persona coloca sus manos sobre la parte delantera de su pantalón y realiza un movimiento de una persona que está orinando, moviendo su cuerpo de derecha a izquierda con su cintura, sobre el lugar donde se encontraba el teclado de la computadora.
Luego, vuelve a escena con una hoja blanca en sus manos, la deja sobre el escritorio, toma la parte delantera de su pantalón, introduce su mano dentro desabrochandolo, vuelve a tomar la hoja haciéndole un doblés para luego sacar su pene, tomarlo con su mano derecha procediendo a orinar hasta terminar, tomando seguidamente la hoja blanca y esparciendo toda la orina en el lugar.
Segundos después, se posiciona frente al escritorio y procede a limpiar el lugar, el teclado, acercando incluso su rostro a la mesa casi como si estuviera oliéndolo.
Levanta el teclado tomándolo con sus manos, pero en las mismas se advierte un papel en cada una de ellas, demostrando una actitud de no querer entrar en contacto con la cosa.
Dicho teclado es dado vuelta por la persona reconocida como R. R., lo inclina de tal manera que quita los restos de la orina, lo vuelve colocar en el escritorio para continuar con la limpieza.-«.
Con ese marco probatorio se tubo acreditada la ocurrencia de los hechos denunciados, resultando autor el Sr. R.
En cuanto a la precisión de las condiciones en las que se cometieron los actos ilícitos administrativos, se sostuvo que los testigos considerados reconocieron en el video a la oficina que compartían R. y [DENUNCIANTE_1].
Respecto de la fecha de los acontecimientos, el video consigna 17 de mayo de 2018, siendo que los testigos ubicaron en ese mes y año cuando percibieron olores nauseabundos en la oficina de [DENUNCIANTE_1].
Describe el accionar desplegado por R. para orinar en la oficina, que se observa en el video captado por [DENUNCIANTE_1].
Explica que se llega esa conclusión aplicando el sistema de valoración de la prueba en base a la sana crítica racional, al igual que en los procesos penales.Llegando a la conclusión que R. R. orinó sobre el teclado y computadora de [DENUNCIANTE_1] en el mes de mayo de 2018, accionar que se subsumió en el ordenamiento disciplinario local.
Transcribe los artículos 79 incisos g), h) e i); 149 incisos c), f), i) y k); 150 inciso d); y 151 incisos b) y c), todos del EEM.
Así se concluye a fs. 143: «En el caso, atento a la inconducta llevada a cabo por R. R., de orinar sobre los bienes municipales a cargo de la [DENUNCIANTE_1] en el año 2018, entiendo que se han violado los deberes establecidos en los incs. g) h) i) del art. 79, dando lugar a las sanciones de cesantía establecidas en el art. 150 del EEM.-«.
Funda esta opinión en consideraciones sobre la integridad y dignidad en el obrar de los funcionarios públicos, destacando que ello debe guiar el ejercicio del cargo con relación a superiores, pares, subalternos y público interesado en los asuntos que dirige.
Analiza las consecuencias del accionar de R. sobre [DENUNCIANTE_1], quien denunció que se sintió humillada, disgustada, asqueada.
Luego sostiene que el comportamiento de R., además de ser impropio e incompatible con la dignidad y el deber de confianza, por la entidad del mismo, conlleva la pérdida de confianza en la observancia de las obligaciones funcionales. Se evidencia una carenc ia de responsabilidad y confiabilidad necesarias, comprometiendo el decoro y el prestigio del empleador.
Sostiene que «la inconducta del Sr. R. ameritaría la aplicación de las sanciones establecidas en la Res. de Inicio, en concreto aquellas dispuestas en los arts. 150 inc. d); art. 151 inc. b) y violación de los deberes establecidos en el art 79 incs. g); h); i); en los términos del art 151 inc. c), todo de la Ordenanza 3215/00.-«.
Pero profundiza en el hecho de comprender que el accionar de R.constituye una forma de violencia específica sobre [DENUNCIANTE_1], como mujer y vulnerando los derechos establecidos en los artículos 3, 4 y 7 de la Ley N° 24.632 que recepta la Convención de Belem do Pará; el artículo 3, 4 y 5 de la Ley N° 26.485 de Protección integral de la mujer; el artículo 2 y 3 de la Ley provincial N° 4.650.
Menciona otras actitudes irregulares que la denunciante puso en conocimiento al momento de iniciarse el proceso, y se destaca que R. orinó solo sobre elemento de uso de [DENUNCIANTE_1] y no sobre los restantes miembros de la oficina, de género masculino. transcribe definiciones de violencia contra las mujeres, insertas en normativa internacional y nacional, y concluye a fs. 144 vuelta: «. podrá apreciarse que la conducta de R. R., de robarse cosas del escritorio de [DENUNCIANTE_1], de borrar planos de su computadora, orinar sobre sus bienes de uso municipal en la oficina y sobre el armario de la oficina que habitualmente utilizaba [DENUNCIANTE_1] quedan encuadradas dentro del segundo tipo de violencia.-«.
Estima creíble el relato de la denunciante, coincidente con N., R. y P., respecto de la percepción del olor a orina, y agrega «Asimismo, tanto la testigo [DENUNCIANTE_1] como los testigos ofrecidos por el sumariado y la Instrucción son contestes en afirmar que entre [DENUNCIANTE_1] y R. no existía una enemistad manifiesta, o sentimientos de revancha o resentimiento, que puedan teñir de tendencioso o malicioso al relato de la victima.-«.
De esta manera resalta la credibilidad del relato de la denunciante, carente de motivaciones generadas por sentimientos contrarios al denunciante.
Introduce el concepto de ausencia de incredulidad subjetiva, otorgándole fuerza probatoria propia al relato de la denunciante, y analiza la prueba con perspectiva de género, para concluir que R. cometió los hechos imputados en la Resolución 20 JDM-19.
Así el Instructor Sumariante propicia se aplique la sanción de cesantía al denunciado.
A fs.147 obra, el 14-07-2020, la Resolución N° 21-JDM-20 dictada en el marco de la imputación formulada a R. por las faltas disciplinarias previstas en los arts. 149 inc. c), f), 1); art. 149 inc. k) en relación a los deberes previstos en el art. 79 incs. g), h), i); art. 150 inc. d); art. 151 inc. b) y violación de los deberes establecidos en el art. 79 incs. g), h), i), en los términos del art. 151 inc. c), todo ello conforme EEM.
Ello en base a lo informado en los expedientes administrativos N° 457499/19 y N° 459459/19, sobre los siguientes hechos:
«1) Que el agente R. R. habria orinado sobre el teclado de la computadora y armario de la oficina que compartía con [DENUNCIANTE_1], todos ellos utilizados habitualmente por la agente [DENUNCIANTE_1]; 2) Que la inconducta presuntamente realizada por el agente R. habría provocado la emanación de fuertes y nauseabundos olores a orina, lo cuál habría sido percibido también por otros empleados municipales; 3) Que tras haber detectado en varias oportunidades los olores nauseabundos, la agente [DENUNCIANTE_1] habría colocado una cámara dentro de los parlantes de su computadora; 4) Que a raiz de ello se habria podido recolectar una serie de imágenes, que compiladas, mostraría al agente R. R. orinando encima de los bienes de propiedad municipal que habitualmente utiliza la [DENUNCIANTE_1]; 5) Que a su vez, de todas las imágenes fueron acompañadas al sumario de referencia alojadas en pendrive -carpeta SUROR 201805_07-, se puede observar al Sr. R. R.en varias de ellas, realizando distintos actos característicos de quién va a orinar como asi también de quién limpia una superficie u objeto.-«.
Principia realizando un reseña de todo lo actuado en el sumario, de la prueba producida y el marco normativo aplicable, detallando normas procesales y de fondo.
Describe la situación de revista del sumariado, desde su ingreso en 1989 hasta llegar a ser personal de gabinete en 2015 hasta su suspensión en 2019.
En cuanto a los antecedentes disciplinarios laborales, menciona la Disposición N° 15/2007 con la cual se lo sancionó con 30 días de suspensión sin goce de haberes, que luego fuera reducida a 10 días de suspensión en base a un acuerdo arribado en sede judicial.
Analiza el ejercicio del derecho de defensa de R., quien contó con asesoramiento letrado en todo el desarrollo del sumario, presentando una solicitud de nulidad de la primera declaración indagatoria, ofreciendo prueba en su defensa.
Al momento de presentar alegatos, solicita la nulidad de la prueba detallada como «Carpeta SUROR 2018_05_07» y video denominado «R.», reprochando violación a normas sobre admisión, manipulación y custodia de la prueba informática.
Menciona que el investigado denuncia que la Municipalidad incurrió en vías de hecho lesivas de derechos constitucionales, quebrantando los principios de legalidad y forma en la producción de pruebas.
En forma similar al informe del sumariante, transcribe las consideraciones defensivas en torno a la inexistencia de constancia de incorporación de la prueba documental consistente en el video, que no se precisa duración, ni los actos para la reserva y conservación del soporte probatorio.
Menciona las observaciones realizadas por el denunciado sobre el incumplimiento de garantías al debido proceso, vinculadas a la prueba documental.
Respecto de los alegatos, describe el reparo sobre la falta de mención del video que se exhibió a los testigos y su correspondencia con el agregado a la resolución que dio inicio al sumario.Además, que no se le corrió traslado del video en cuestión, y finalmente, que no se logró acreditar lugar, fecha ni veracidad de los hechos imputados.
La resolución pasa a analizar el pedido de nulidad articulado en la defensa del sumariado, calificándolo como una expresión de disconformidad subjetiva con el devenir de la investigación, sin que constituya una crítica concreta y razonada de la instrucción.
En definitiva, se deja constancia que la adjunción de la prueba documental se realizó con notificación oportuna al investigado, describiendo los distintos pasos que se siguieron en el expediente administrativo. En ese trajín se transcribe la parte pertinente de la Resolución 20-JDM-19, específicamente fs. 11/13.
Luego de eso fue citado a prestar declaración indagatoria, donde dijo entender los términos de la imputación, sin formular objeciones a la resolución de inicio, y se deja la siguiente constancia:
«Asimismo se deja constancia que el agente sumariado retira copia de DVD del video mencionado en la Res. 20-JDM-19, y que se ha acompañado como prueba documental.
Sin perjuicio de ello se informa que el expediente sumarial, al igual que toda la prueba obrante en el mismo, se encuentra a disposición del agente para su consulta.-«.
Luego de ello se suscita la primera solicitud de nulidad, que se rechaza pero se otorga un nueva plazo para que ofrezca prueba, a contar desde que tome vista de las actuaciones en forma íntegra, aclarándose expresamente que dicha vista no constituye la realización de una pericia informática.
El 24-01-2020 consta la presencia del investigado, su letrado y el Sr. Alexis Mingo, este último en carácter de consultor técnico informático del sumariado, para tomar vista del expediente.Allí se constató el estado de conservación del pendrive donde se alojaba la prueba documental, tomándose capturas de pantalla de los archivos.
Se describe que no se formularon objeciones al momento de la constatación, ni posteriormente, pero planteó la nulidad de la indagatoria y no de la prueba documental obrante en el sumario. Subsidiariamente ofrece prueba testimonial solamente, sin requerir medidas sobre el video.
Se rechazó la nulidad articulada por el sumariante y se fijó nueva indagatoria, donde concurrió R. pero se abstuvo de declarar, guardando silencio sobre la prueba documental.
Se remarca que no existió ninguna impugnación de esa prueba cuando se les exhibió el video a los testigos que declararon, y así tacha de falaces e inexactas las manifestaciones de la defensa.
Hace suyo el análisis realizado por el instructor sumariante en lo referente a las observaciones y planteos de la defensa sobre inexistencia de adjunción de la prueba por parte de la denunciante, la incorporación de la prueba al expediente, y lo referido a extracción, preservación, traslado, y en general cadena de custodia de la prueba informática.
Sobre la incorporación de la prueba documental se cita la foja 9 de expediente, donde consta la remisión: «Expediente Administrativo 457499/19 y 459459/19 -en un total de dieciocho (18) fs. útiles con la presente inclusive; destacando que se encuentran anejadas en marras la Resolución 3133/2019 del Intendente Municipal; Resolución 20 JDM-19 de la Junta de Disciplina Municipal; un (01) pendrive cuyo contenido se condice con lo indicado en la Resolución de Inicio(.)».
En cuanto a la manipulación del video, se sostiene que eventualmente debería haber sido controvertido por el denunciado durante la tramitación del proceso, describiendo acciones defensivas que pudo articular el sumariado.
Se sostiene que se cumplió con toda la normativa obligatoria para el caso, consistente en normativa propia del municipio, y específicamente de la JDM, y transcribe la parte pertinente del actuar del Instructor de fs.22, 23 y 25 sobre pericia informática.
En cuanto a la ilegalidad de la obtención de la prueba del video, se sostiene que [DENUNCIANTE_1] no realizó ningún acto prohibido por el EEM al instalar una cámara en su oficina, llevando el análisis de la ilicitud a la finalidad con la que se realizó. Y en ese sentido la justifica por la situación que estaba viviendo en aquellos momentos, por sentir olor a orina en su lugar de trabajo, y con la cámara encontrar al responsable de su padecimiento.
Hace suyas las conclusiones del Instructor sobre este punto y la nulidad que se articuló por incumplir con el fallo «Baena» de la CIDH, así como normativa del Poder Judicial, del Proceso Penal y la Ley de Procedimiento Administrativo N° 2938. Misma actitud toma para fundar el rechazo a la acusación de incurrir la administración en vías de Así la JDM rechaza el pedido de nulidad de la prueba documental, procediendo a valorarla junto con el resto de la prueba adunada al expediente, aplicando el EEM Ordenanza N° 3215, Reglamento establecido por Resolución N° 27-JDM-18, Ley N° 24.632 que adhiere a la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra La Mujer «Convención de Belem do Pará, Ley N° 26.485 de Protección Integral a las Mujeres, Ley Provincial N° D 4650 de Protección Integral de la Mujer.
Se parte de reconocer que la Resolución 20-JDM-18 estableció como hechos a probar:
«a) la presencia de olores nauseabundos y de orina en la oficina y bienes a cargo de la [DENUNCIANTE_1] durante el año 2018; b) que los olores a orina provenían de la inconducta del Sr. R. R.».
Nuevamente se toman las palabras del Instructor para analizar las pruebas testimoniales.
De la Sra. N. dice:
«Que asimismo, que durante las jornadas de trabajo en las que limpiaba las oficinas de la Secretaría de Obras Públicas, en el año 2018, pudo percibir olores nauseabundos en tres lugares:la cocina del primer piso, en el baño de hombres y en la oficina del Sr.
R. y [DENUNCIANTE_1].
Que concretamente declaró: «Yo tuve problemas en dos oficinas. En mi cocina y en el baño de hombres. Antes estaba la Sra. E. R. Yo sé que había problemas en las oficinas por comentarios de ella. Lo que sí ví fue una mancha en el mueble del fondo -el que está en la oficina del Sr. R.-, cuando lo limpiábamos supimos que era orina, por la forma en que reaccionaban los productos químicos. Era una mancha grande.-» Que luego, ante la consulta de si sentía o percibía olores semejantes a orina y cómo sabe que eran de orina manifestó que si percibía esos olores en la oficina de R. R. y [DENUNCIANTE_1], y que lo reconocía por la experiencia en el trabajo «porque nosotros vivimos trabajando de esto, uno sabe ya los olores por el hecho que uno está acostumbrada.».
Que además, durante la declaración se le mostró el video contenido en la carpeta SUROR_2018_05_07, el único vídeo que se encuentra adunado a estas actuaciones sumariales desde sus inicios, el que se encuentra individualizado como «R.» y que, en realidad, son un conjunto de imágenes unidas consecutivamente unas con otras.
Dichas imágenes también están dentro del pendrive y carpeta para su observación.
Que durante la reproducción del video, la Sra. N. reconoció la oficina en la que suceden las imágenes.
Específicamente sostuvo que «Sí, es la oficina del Sr. R. Esos muebles son donde estaban las manchas que mencioné.-» Que luego se le mostraron los segmentos del vídeo que van desde el minuto 01:10 a 01:20 y reconoce la presencia del Sr. R. R. en el video.-«.
Luego de la Sra. R.:
«Que a su vez manifestó que conocía al Sr. R. R., y que «El trabajaba dentro de otra oficina. Trabajaba con una señora, y en la oficina anterior de el, había dos señores más.El trabajaba con una señora, no sé su nombre».
Que durante el año 2018 pudo percibir olores particulares en la oficina del Sr. R. y en la cocina ubicada en el primero piso: «En la cocina, una vez sacaron una puerta para poner en la cocinita que teniamos. Era demasiado el olor a pis que habia.
Después en la puerta del baño del primer piso, esa puerta vivia mojada con orina.
Después [en la oficina de] la Sra. que estaba con este señor [haciendo referencia al Señor R. R.], porque casi siempre le hacian orina en un armario. Yo veía todo mojado y amarillo. En esa oficina que compartía R. con la señora, había olor a orina. Pude sentir el olor a pis fuerte. Eché lavandina e hizo espuma. La lavandina, cuando se limpia orina, hace espum?, y en ese lugar la lavandina hacia espuma. Una cuando limpia ya sabe qué hace espuma y qué no».
Que luego declara una cuestión importante a tener en cuenta, cual es la reiteración de los hechos. Sostuvo que no lo sintió una sola vez, sino que «Hubieron como dos o tres veces. La última vez me agaché y senti el olor a orina».
Que al igual que con la Sra. N., se procedió a mostrar segmentos del video contenido en el la carpeta SUROR 2018 05 07, concretamente los segmentos que van desde el minuto 01:10 a 01:20; 01:30 al 01:47; 02:00 al 02:45.
En todos ellos reconoció al Sr. R., manifestando «Si, es el señor R. R.» Que también debe destacarse es que en el segmento que va desde el minuto 02:49 al 05:00, la testigo manifestó que sólo puede reconocer a R. en la primero porción del vídeo, pero no en la segunda.Se destaca en ésta segunda porción del video no se le ve el rostro de la persona, sino tan sólo el cuer?? de la misma, con un sweater azul, una pulsera en su mano derecha, haciendo movimientos característicos de una persona que va a orinar.-«.
También analiza el relato del testigo G.:
«Que declaró que en el mes de Mayo del año 2018 trabajaba en la Secretaría de obras Públicas, que desde que ingresó al Municipio trabajó alli, y que su oficina se encuentra en el primero piso, oficina N° 11.
Que al describir su oficina e identificar a sus compañeros de trabajo, manifiesta que «son dos oficinas comunicadas por una puerta interior. El ingreso se llega sólo por una puerta. En la que yo me desempeño tiene salida al pasillo.
(.) «A mi derecha estaba M. P. Y en la otra oficina, pasando la puerta Interna, estaba [DENUNCIANTE_1] y R. R.-» Que sostuvo también que, en la oficina que compartian R. y [DENUNCIANTE_1] no percibió ningún olor en particular durante su permanencia en las oficinas, la cual era poca según dichos del propio testigo: «No ibamos muchas veces a la oficina de ellos, por la independencia de los trabajos.».
Que al igual que con otros testigos ya mencionados, se procedió a mostrar segmentos del vídeo contenido en el la carpeta SUROR_2018_05_07. En efecto, los segmentos que van desde el minuto 01:10 a 01:20; 01:30 al 01:47; 02:00 al 02:45. En todos ellos reconoció al Sr. R., manifestando «Sí, lo reconozco. Es R. R.».-«.
Luego el Sr. P.:
«Que en el el año 2018 trabajaba en la Municipalidad, en el área de Proyectos de Obras Públicas, ubicado en el prime?? piso del edificio municipal. Su oficina se encontraba a mitad de pasillo, con otra oficina al lado, unidas por un vano, una puerta interna.
Que luego procedió a describir las oficinas donde trabajaba, manifestando que «Estaba amueblada de for?? distinta al resto, nosotros hicimos un proyecto de muebles y se amueblo distinto al resto.Son muebles hechos con un carpintero y son muebles a medida. Las ventanas dan a la calle Mitre. Hay un sólo acceso que sirve para dos oficinas. El acceso de la otra oficina -la que esta contigua a la que trabaja en ese momento quedo cubierto por muebles. Para entrar a la otra oficina tienen que entrar por la oficina donde yo trabajaba.-» Que recordó que compartia la oficina con Rubén Gúspero; y que al lado, en la oficina contigua, se encontraba R. R. y [DENUNCIANTE_1], quienes compartían la oficina.
Que indico que era común para él pasar de una oficina a la otra, y que durante el año 2018 pudo percibir olores a orina en la oficina de R. Declaró que «en algún momento si. Fueron un par de ocasiones que incluso llamaban a la gente para limpiar.
Se sentía olor a orina. Cuando ingresaba a la oficina sentía olor a orina. La Ingeniera [DENUNCIANTE_1] me consultaba si sentía olor a orina, y me acercaba a oler y sentía olor a orina.-» Que como sucedió con otros testigos, se procedió ? reproducir el vídeo contenido en el pendrive y carpeta SUROR 2018_05_07.
Que se mostró al testigo el comienzo del video, segmento que va desde el minuto 00:00 al 01:20, y se le consultó si reconocía el lugar de fondo, a lo cual manifestó que si, que «era la oficina que en el año 2018 trabaja R. R. y [DENUNCIANTE_1].-» Que luego se reprodujo los segmentos 01:10 a 01:20; 01:30 al 01:47; 02:00 al 02:45, y en todos ellos manifestó que reconocía a la persona que aparecía, que era R. R.
Que destaco particularmente del testimonio de P. que, de los segmentos 02:49 a 05:00; y 05:01 a 06:15, reconoc? a R. R. a pesar que no se observa su rostro, dado que la persona del vídeo utiliza una pulsera «que es la misma que utilizaba R.R.-«.
Finalmente se analizó la declaración de [DENUNCIANTE_1]:
«Que declaró que durante el año 2018 prestaba trabajaba como empleada municipal, «en la oficina, en el primer piso, en la Dirección de Obras Públicas. Dentro de la Dirección de Obras Públicas. Está antes de la Oficina del Director. En una oficina que compartia con el Sr. R.». Que para entrar a la misma se debía atravesar por otra oficina anterior, en la que trabajaban Rubén Gúspero y M. P.
Que al describir la oficina manifestó que «Habíamos hecho muebles, yo los había diseñado, los habian hecho los carpinteros de la municipalidad. Habiamos tratado que sean muebles funcionales. Nosotros nos sentamos y dábamos la espalda a la puerta. Yo me sentaba al lado del pasillo. Era to?? un mismo escritorio. R. se sentaba al lado de la ventana. El escritorio llegaba hasta la puerta. Los muebles y la oficina estaba pensada para que no tenga atención al público. Sobre la pared que da al pasillo hay dos armarios.».
Que al momento de relatar lo que conoce respecto a los hechos que forman parte de la imputación contra el Sr. R. R., sostuvo: «En un momento determinado, fui a abrir uno de los armarios que dan a la ventana. Estaba pegada. Sentí olor a ori na, estaba todo orinada adentro del armario. Sacamos todo, C. me ayudo a limpiar el armario. Era un olor espantoso. En muchas oportunidades me volvieron a aparecer.
En un momento hicieron pis atrás del armario y arriba del armario. Hacia mucho olor, horrible. En otra oportunidad estaba lleno de pis, estaba todo meado. Otra vez abajo del teclado y abajo del escritorio. A mucha gente le causaba gracia y nadie me creía lo que decía. Me daba asco sentarme alli.
Que respecto a la instalación de una cámara personal y su funcionamiento, explicó:
«Con idea de mi hijo escondí una cámara en la oficina.Le tuve que decir a uno de los chicos de informática que instalara un programa para que cuando detecte movimientos la cámara tome fotos. Si ponía a filmar todo el día no me daba abasto el disco rigido. En un momento hizo tomas, y se veía a R. En muchas oportunidades el se sentaba en mi lugar de trabajo. Se ve a R. que hace pis en el vaso y lo tira sobre mi lugar de trabajo. También se ve que R. R. hace pis en mi teclado. Se ve que se mueve y se ve en muchos momentos en donde el se encontraba en el lugar y volcaba el pis de distintas maneras. En el video se ve que el hace pis y luego escurre el teclado.» Que luego manifiesta «en ese momento era difícil saber que hacer, porque R. era una persona muy importante y no sabia en quién confiar. Yo no sabía en quién confiar.
Ese dia llega Neboli [en referencia a Raúl N., ex Secretaría de Obras Públicas], solo, y entré a hablarle sobre el video y la c?mara. El no quiso ver el video, y me pregunto si era R., le dije que sí. Nadie me prestaba atención en ese tema. Le pedí que me saque de la oficina ya mismo, y a los dias me cambiaron de oficina.
Que se le preguntó si fueron varias las ocasiones en los que pudo percibir tales olores, y contundentemente sostuvo «Muchas veces, muchas veces. Por eso me dijo mi hijo que compre una cámara, y la instalo a escondidas. Eso lo hicimos porque fue en muchas ocasiones. No es que fue en una vez nada más.-» Que manifiesta la testigo que, además de la orina, R. R. llevaba adelante otras acciones contra ella, persiguiéndola en su lugar de trabajo: «R.me cambiaba planos, me desaparecían cosas de la compu, me hacía esas cosas y no sé por qué. Después de ello, cuando me cambiaron de lugar, me sentií más segura y me relaje más.».
Que todo lo cual demuestra no sólo la situación angustiante por la que transitaba la Sra. [DENUNCIANTE_1], sino también la dificil tarea de averiguar el origen de los olores y la necesidad de colocar una cámara de seguridad en la oficina.
Que a ello se le suma lo declarado respecto a la cuestión subjetiva, a los padecimientos internos de ella, y ante la sensación que le generó no sólo la situación sino reconocer a R. en el vídeo: «Asco. Me ocasiono asco. Es muy asqueroso. Aparte impotencia, porque con total impunidad vienen a la oficina y nadie hace nada.
Que al mostrar el video contenido en el pendrive y la carpeta SUROR_2018_05_07, la declaración fue por demás contundente.
Que respecto al segmento que va desde el minuto 00:00 al 01:20 sostuvo que reconocía el lugar que se muestra al fondo del mismo: «Son los armarios que estaban en la oficina donde trabaja en el 2018, son lo que entrando a la oficina se ubican a la derecha.» Que se le consultó si reconocia a la persona que aparece en el segmento desde el minuto 01:10 a 01:20, a lo que manifestó «Si, la reconozco, es R. R.» Que luego, respecto a la persona que se muestra en el segmento desde el minuto 01:30 al 01:47 dijo «SI, es R. R. El se sentaba en mi lugar de trabajo cuando yo me iba. Cuando yo me fui el vino y se sentó en mi silla. Su lugar de trabajo no era ahi, ese era el mío.-» Que en el segmento desde el minuto 02:00 al 02:45 declaró que la persona que se mostraba era R.R.
Que sobre el segmento que va desde el minuto 02:49 al 05:00 declaró que reconocía a la persona como «R. R. Ahi se ve que claramente está haciendo pis en el teclado.-» Que respecto al segmento que va desde el 05:01 al 06:15 manifiesta «Si, lo reconozco, es R. R. Ahí está escurriendo el teclado.
Que luego de mostrarle todo el video, de forma integra, se le consultó a la testigo si quería agregar algo más, si reconocía otras cosas del video, a lo que declaró «Se le ve perfectamente la cara y se ve toda su persona. Ahí también se le ve una pulsera que decía «R.».
Que terminadas las preguntas de la Instrucción, el letrado representante de R. le consulta respecto al vídeo:
Que «Acto seguido se le cede la palabra al Dr. Beteluz, quién pregunta lo siguiente:
Para que diga el testigo. usted dijo que cuando cambio el gobierno, le pidieron el vídeo, ¿quién tenía el video?», manifestó: «Yo lo tenía, yo deje el original en la computadora de la oficina. Y aparte un pendrive. Le entregué el pendrive al Intendente Martin Soria.-» Para que diga el testigo si «¿Recuerda en qué fecha fue esto, el día del video?», contestó: «En mayo del 2018, aproximadamente.-» Para que diga el testigo «¿Y la entrega del video?», contestó: «Fue alrededor de las fechas de elecciones a Intendente, debe haber sido en Octubre. No sé si ya había ganada Emilia, pero aproximadamente esa fecha.-«.
Así tiene por corroborado que la persona que se ve en el video es el acusado, que entre los minutos 03:45 al 6:15 efectúa las conductas descritas en la resolución de inicio y sujetas a corroboración.De la siguiente manera:
«Que acto seguido, se ve como la persona coloca sus manos sobre la parte delantera de su pantalón y realiza un movimiento de una persona que está orinando, moviendo su cuerpo de derecha a izquierda con su cintura, sobre el lugar donde se encontraba el teclado de la computadora.
Que luego, vuelve a escena con una hoja blanca en sus manos, la deja sobre el escritorio, toma la parte delantera de su pantalón, introduce su mano dentro desabrochandolo, vuelve a tomar la hoja haciéndole un doblés para luego sacar su pene, tomarlo con su mano derecha procediendo a orinar hasta terminar, tomando seguidamente la hoja blanca y esparciendo toda la orina en el lugar.
Que segundos después, se posiciona frente al escritorio y procede a limpiar el lugar, el teclado, acercando incluso su rostro a la mesa casi como si estuviera oliéndolo.
Que levanta el teclado tomándolo con sus manos, pero en las mismas se advierte un papel en cada una de ellas, demostrando una actitud de no querer entrar en contacto con la cosa.
Que dicho teclado es dado vuelta por la persona reconocida como R. R., lo inclina de tal manera que quita los restos de la orina, lo vuelve colocar en el escritorio para continuar con la limpieza.
2. Que llegados a este punto, y habiendo repasado todas las medidas probatorias conducentes a comprabar la ocurrencia de hechos, debemos adelantar que se encuentra acreditado la inconducta que se le imputa al Sr. R. R., que como habíamos dicho previamente eran: a) la presencia de olores nauseabundos y de orina en la oficina y bienes a cargo de la [DENUNCIANTE_1] durante el año 2018; b) que los olores a orina provenian de la conducta y acciones del Sr. R. R.-«.
En cuanto al reparo del denunciado sobre la precisión de la fecha exacta de los hechos, sostiene que ese elemento no disminuye la responsabilidad administrativa del agente.El video se fecha 17-05-2018, y aunque no se pueda precisar el día, se tiene por confirmado que en el mes de mayo de ese año se sintieron los olores a orina que originaron la denuncia.
En lo referente a la prueba del lugar del hecho, se sostiene que los testigos que trabajaron en el primer piso del edificio municipal reconocieron la oficina como la que compartían denunciante y denunciado.
Así se tiene acreditada la participación de R. en el video, que orina sobre los elemento de uso de [DENUNCIANTE_1], limpia con una hoja de papel, todo según una valoración utilizando el sistema de la sana critica racional.
Todo ello en base a que R. y [DENUNCIANTE_1] compartieron oficina en el año 2018 en la Secretaría de Obras Públicas, y que esa es la oficina filmada en el video de cargo, reconocida por algunos de los testigos.
Dice textualmente la resolución:
«Que de todo ello, analizado globalmente, debe tenerse por acreditado que durante el año 2018, y más precisamente en el mes de Mayo del mismo año, la mayoría de los testigos que trabajaban cotidianamente en la Secretaría de Obras Públicas, o visitaban regularmente, pudieron percibir olores fuertes a orina en la oficina de R. y [DENUNCIANTE_1].
Que todos los testigos reconocieron a R. R. en el vídeo R., adjuntado como prueba documental y contenido en el pendrive de fs. 01/02, dejando aclarado que si bien en ciertos momentos no se puede apreciar el rostro de la persona que realiza movimientos similares de quien va a orinar frente a la cámara, lo cierto es que la continuidad de las imágenes y la presencia de una pulsera en la mano derecho indican que la persona es R. R.
Que el propio vídeo establece como fecha de registro el día 17.05.2018, y que en el mismo se puede apreciar al Sr. R. R.-pudiendo asegurar que es él en razón del reconocimiento de los testigos- quién realiza movimientos frente al escritorio y el teclado de la oficina de la Sra. [DENUNCIANTE_1] similares a quién orina, oliendo luego el teclado y limpiándolo con hojas de papel.
Que por todo lo expuesto, en razón que las pruebas indirectas indican que el lugar de los hechos grabados en el video es la oficina de R. y [DENUNCIANTE_1], que en la misma se percibían olores a orina durante el 2018, que la persona que registrada en el video R. obrante en la documental de marras es el Sr. R. R., y que el mismo se encontraba orinando el teclado ubicado en dicha oficina, debe tenerse por acreditado la inconducta imputada al Sr. R. R. en la Resolución de Inicio 20-JDM-19.
Que esto es, que el Sr. R. R. orinó sobre el teclado y computadora de la Sra. [DENUNCIANTE_1], en el año 2018 y aproximadamente en el mes de Mayo del mismo año.».
Luego se verifican las normas imputadas al infractor, establecidas en el artículo 79 del EEM: «g) Velar por el cuidado y conservación de los útiles, objetos y demás bienes que integran el patrimonio de la Municipalidad y los de terceros que se pongan específicamente en su custodia; inc. h) Observar en el servicio y fuera de él una conducta ética y decorosa, acorde con su condición de personal público; Inc. 1) Conducirse con respeto ? cortesia en sus relaciones de servicio con el público y respecto de sus superiores, compañeros y subordinados.».
Seguidamente los artículos 149, 150 y 151, normas que gradúan las sanciones, siendo pertinente para el caso la transcripción del segundo de ellos que «.dispone como causas par? aplicar la sanción de Cesantía: Inc. d) Falta grave de respeto para con un superior, otro empleado o público en general, en lugares de trabajo o de servicio.-«.
Concluye: «Que en el caso, atento a la inconducta llevada a cabo por R.R., de orinar sobre los bienes municipales a cargo de la [DENUNCIANTE_1] en el año 2018, entiendo que se han violado los deberes establecidos en los incs. g) h) i) del art.
79, dando lugar a las sanciones de cesantía establecidas en el art. 150 del EE?.-«.
Analiza el caso de la siguiente forma:
«Que es decir, el deber de integridad y dignidad que pesa sobre todo empleado municipal implica la obligación del funcionario de ser honorable y de buenas costumbres en consideración a su profesión, tanto en el ejercicio de la función, como fuera del cargo, en sus relaciones sociales.
Que en cuanto al ejercicio del cargo, abarca las relaciones del funcionario con sus superiores, con sus iguales, con sus subalternos y con el público interesado en los asuntos a su cargo.
Que el hecho imputado al Sr. R., y acreditado, de orinar sobre bienes municipales a cargo o que utilizaba habitualmente la [DENUNCIANTE_1]- presenta como cuestión relevante y dirimente para resolver y atribuir responsabilidad al agente el hecho que la sanción que se podrá aplicar no obedece solamente a la conducta, y en consecuencia a la falta en si.
Que sino que trasciende dicha falta disciplinaria, va más allá de su accionar, y tuvo como recipiente de la inconducta a la persona de la Sra. [DENUNCIANTE_1]. Ella se sintió humillada, disgustada, asqueada con la conducta llevada a cabo por R.
Que el comportamiento imputado al sumariado, que en si mismo resulta sumamente impropio e incompatible con la dignidad y el deber de confianza en el cumplimiento de la función exigida a todo empleado municipal por el ordenamiento juridico municipal, adquirió relevancia suficiente como para producir una objetiva pérdida de confianza de la Administración en la observancia de las obligaciones funcionales.-«.
Entonces reafirma:
«Que por todo ello, la inconducta del Sr. R. amerita la aplicación de una sanción de tipo expulsiva, en concreto aquellas dispuestas en los arts. 150 inc. d); art. 151 inc. b) y violación de los deberes establecidos en el art 79 incs.g); h); i); en los términos del art 151 inc. c), todo de la Ordenanza 3215/00.-«.
Mención especial realiza sobre la víctima de los hechos, sosteniendo que es un caso de violencia específica, dirigida a dañar a una persona particular, vulnerando los derechos de [DENUNCIANTE_1] como mujer, establecidos «en los arts. 3, 4 y 7 de la ley N° 24632 que recepta la Convención de Belem do Pará; el Art. 3, 4 y 5 de la ley N° 26.485 de Protección integral de la mujer; el art 2 y 3 de la ley provincial N° 4650.-«.
Y agrega: «Que ello es así toda vez que la inconducta del Sr. R. excede el mero ámbito municipal y la relación entre empleados municipales, y se inserta en una violencia ejercida particularmente hacia la Sra. [DENUNCIANTE_1] y solamente a ella, abusando de una posición de poder o superioridad.
Que en el caso de marras la Sra. [DENUNCIANTE_1] resulta ser empleada municipal, en cambio el Sr. R., conforme surge de su legajo personal ejerce un cargo superior de Director de Obras Públicas.-«.
Se relatan otros hechos denunciados por [DENUNCIANTE_1], relacionados con sus elementos de trabajo y por los cuales también denunció a R.
Se hace notar que el investigado solo orinó sobre los bienes que utilizaba la denunciante, siendo que existían otros compañeros de trabajo en la oficina contigua, de género masculino.
Transcribe una parte de un Informe de la OIT y partes de la Convención de Belem do Pará, de la Ley 26.485 y la Ley 4650, plexo que obliga a resolver aplicando perspectiva de género.
Después se sostiene: «Que asimismo, tanto la testigo [DENUNCIANTE_1] como los testigos ofrecidos por el sumariado y la Instrucción son contestes en afirmar que entre [DENUNCIANTE_1] y R.no existía una enemistad manifiesta, o sentimientos de revancha o resentimiento, que puedan teñir de tendencioso o malicioso al relato de la victima.- Que por lo cual, esta Junta de Disciplina considera que el relato de la víctima junto al video R., alojado en pendrive acompañado con la nota de fs. 01/02, posee una ausencia de incredibilidad subjetiva que le brinda una fuerza probatoria propia, y que bajo ningún punto de vista puede dejarse de lado como alega la parte sumariada.».
Finalmente:
«Que en consecuencia, por todas las medidas obrantes en el expediente de marras y considerando la particular circunstancia de los hechos, que amerita a la valoración de indicios en el marco de violencia de género y perspectiva de género, es que se considera que el agente R. R. cometió los hechos que forman parte de la imputación efectuada en la Resolución de Inicio 20-JDM-19.
Que atento a ello, dada la extrema gravedad de los hechos acreditados, debe entenderse que los mismos no corresponden con una conducta ética y decorosa que se espera de un funcionario público de la jerarquía de R. R.
Que la incidencia de los mismos en el prestigio municipal, en los derechos de la Sra. [DENUNCIANTE_1] a un trato digno, cortés, y a su integridad psiquica como empleada municipal y como mujer perteneciente a un colectivo vulnerable en la sociedad, amerita la aplicación de una sanción de tipo expulsiva; pues ha quedado probado que el agente R. R. (Leg. N° 8103) ha desplegado inconductas que violan los arts. 149 inc. c), f), i); art. 149 inc. k) en relación a los deberes previstos en el art. 79 incs. g), h), 1); art. 150 inc. d); art. 151 inc. b) y violación de los deberes establecidos en el art. 79 incs. g), h), i), en los términos del art. 151 Inc.?).-«.
Así se paso a votar el resultado del sumario:
«Que por voto unánime, acuerdan la totalidad de los miembros de la Junta de Disciplina Municipal, DISPONER LA SANCIÓN DISCIPLINARIA DE CESANTIA, al Agente R. R. (Legajo N° 8103), como consecuencia de las consideraciones de hecho y derecho que se desprenden de los apartados anteriores.-«.
Y así se resuelve a fs. 173:
«Art. 1) APLICAR LA SANCIÓN DISCIPLINARIA CESANTIA, al Agente R. R. (Legajo N° 8103), conforme las circunstancias de hecho y derecho que se desprenden de los considerando que anteceden.».
Consta la comunicación del acto administrativo a las personas pertinentes, y la apelación temporánea del actor, quien además solicita suspender los efectos de la resolución.
La impugnación del sancionado tacha de nulidad absoluta al acto administrativo, sosteniendo que la prueba esta viciada y contaminada, retomando sus observaciones sobre la admisión, manipulación y custodia de la prueba informática. También sostiene su mirada sobre las vías de hecho en las que incurrió la demandada.
Entiende que no fueron probados los hechos y que resulta insuficientemente fundamentada la resolución expulsiva. Cumple con el deber de plantear en sede administrativa los reparos que luego trae para su análisis judicial, sosteniendo que el acto «adolece de vicios que lo tornan acto nulo de nulidad absoluta por violar su finalidad, la causa, motivación y principalmente el elemento procedimiento del acto administrativo».
Realiza una explicación de cada uno de los vicios que denuncia y que sancionó solamente con prueba indiciaria, según la propia calificación de la JDM, contrariando principios del debido proceso y el derecho de defensa.
Analiza en forma diferente la prueba testimonial colectada en el sumario, sosteniendo que se ha tergiversado la prueba en la resolución disciplinaria. Así concluye que no se encuentra acreditada la la existencia del hecho imputado.
En cuanto a la motivación, entiende carente de sustento la aplicación de una de las sanciones mas graves del ordenamiento, frente a un hecho que no sucedió, o de haber existido no revestía una gravedad para la pena impuesta.Entiende que esta actividad discrecional no se encuentra justificada en el caso concreto.
Agrega que se omitió valorar la antigüedad del sancionado, vinculando el tiempo de empleado con la gravedad del hecho, con la regla de que a mayor antigüedad, más importante debe ser la infracción para justificar una sanción expulsiva.
Luego expone vicios en el procedimiento, vinculados a la pérdida de la cadena de custodia de los videos exhibidos, quejándose del rechazo del pedido de nulidad y reiterando sus reproches contra la prueba adunada al legajo.
Denuncia la omisión de dictamen jurídico previo, en violación al artículo 12 de la Ley 2938.
También reprocha una violación al derecho de descargo, ya que el denunciado nunca fue informado correctamente de la fecha en la que se produjo el hecho imputado, también reclama la forma en la que se ingresó la prueba al expediente y la mención a fotografías.
Adiciona como vicio la integración del tribunal administrativo, donde dejó de actuar el Dr. Silva y se integró con el Dr. Urquiaga, violándose el derecho al juez natural.
Finalmente tacha de nulas las declaraciones testimoniales porque no se tomaron bajo juramento de decir verdad y las consecuencias del falso testimonio.
Pasa a realizar consideraciones y agravios, reiterando su posición sobre la exhibición de la prueba documental, la declaración de la denunciante.
Solicita la prescripción de la pena en el entendimie nto que se debe aplicar la Ley 25.164 y tachando de inconstitucional toda norma local que regule ese instituto legal.
Solicita que se suspendan los efectos de la sanción y peticiona.
El 11-08-2020 la JDM declaró formalmente admisible el recurso de apelación, rechazando el pedido de conceder el remedio procesal con efectos suspensivos.
A fs.191 obra la presentación del actor de un recurso de reposición con apelación subsidiaria contra la resolución de la JDM que rechazó el efecto suspensivo de la apelación contra la cesantía.
La JDM rechazó el recurso de revocatoria, manteniendo el efecto suspensivo de la apelación concedida, declarando admisible el recurso subsidiario y ordenando la elevación de las actuaciones a intendencia.
A fs. 208/238 obra el dictamen jurídico previo y proyecto de resolución de intendencia.
A fs. 239/266 y con fecha 28-09-2020 se adjunta la Resolución N° 1811/2020, emitida por la Dra. María Emilia Soria, dando respuesta al recurso de apelación planteado por el actor.
Comienza transcribiendo los agravios del trabajador, para luego anticipar que verifica en ellos un mero disconformismo con la sanción, sin asidero jurídico ni sustento en los antecedentes fácticos.
En atención a los agravios, comienza con el planteo relacionado con la prescripción de la pena administrativa, recordando que no posee competencia para declarar la inconstitucionalidad de una norma, siendo resorte del Poder Judicial.
Entiende que el municipio tiene competencia para legislar en materia de prescripción de las acciones disciplinarias administrativas, según la atribución conferida por el artículo 123 de la Constitución Nacional. Cita doctrina especializada.
Así razona que el caso no se encuentra alcanzado por la prescripción establecida en el artículo 166 inciso d) de la Ordenanza N° 3215, que establece un plazo de tres años de vigencia para el poder disciplinario. Término que se había agotado al inicio del sumario.
Pasa a analizar los planteos nulificantes del actor. Principia por los reproches sobre la inexistencia de causa administrativa, definiendo el concepto técnico y sosteniendo que los antecedentes fácticos muestran la existencia de hechos a investigar y sancionar.
Sostiene que los sucesos fueron registrados el 17-05-2018 en la oficina de [DENUNCIANTE_1], siendo el sancionado identificado por los testigos, como autor de las inconductas.Transcribe las partes pertinentes de la resolución de la JDM y describe el accionar desplegado por R., detallando hora, minuto y segundo de cada acto, agregándola fs. 244:
«Qué asimismo, dentro del pendrive acompañado se encuentran agregadas -dentro de la carpeta «SUROR_2018_05_07″- la cantidad de 290 capetas con denominación sucesiva que va de la N° D0001 a la D0290 cuyo contenido consta de las secuencias fotográficas que conforman al video antes mencionado.- (.)».».
Luego transcribe las partes pertinentes de las declaraciones testimoniales de N. y R., para sostener que existe causa administrativa para el dictado del acto impugnado.
Rechaza que la sanción se encuentre fundada en meros indicios, detallando la prueba adunada al expediente, descartando también la existencia de tergiversación de los testimonios incorporados al legajo, con una extensa transcripción de las actas donde constaron los dichos de los declarantes.
Ingresa en el estudio de los vicios acusados sobre la incorporación de la prueba documental, del video gravado por [DENUNCIANTE_1], remarcando que las infracciones que describe el recurrente no se encuentran establecidas en ninguna norma.
En lo referido al ingreso de la prueba al expediente, sostiene que desde el inicio consta que fue adunado por la denunciante, sosteniendo:
«En dicha nota se adjuntó pendrive, tal como surge textualmente de la siguiente manera: «(.) Es por ello, a los fines que Ud. estime correspondan, junto a la presente nota pongo a vuestra disposición un pendrive conteniendo los escandalosos y enfermizos videos más arriba descriptos.-«.».
Transcribe extensamente los «considerandos» de la Resolución N° 20-JDM-18 que describen el inicio del sumario administrativo, la imputación y la citación de R. a indagatoria.Lo actuado con el sancionado, a quien se le entregó copia en DVD y comprendió los términos de la acusación, siendo acompañado por asesor letrado y consultor técnico.
Así recorre lo actuado en esta parte introductoria de la instrucción, analizando de esta manera el proceder de R.:
«Es decir, luego de tomar vista de todas las actuaciones sumariales, contar con la posesión de copia de DVD del contenido del pendrive que se acompañó a la Resolución de Inicio -Carpeta SUROR 2018 05_07 y video denominado «R.»-, y constatar el contenido del pendrive y estado de conservación del mismo conf. Acta de fs. 25, el agente sumariado solo se limita a plantear la nulidad del acta de indagatoria, más no de la prueba documental obrante en el sumario administrativo.-«.
Más adelante sostiene a fs. 254:
«Tampoco existe impugnación alguna respecto a la prueba documental que se le mostraba a los testigos, no existe constancia alguna en ninguna de las actas de declaración testimonial en razón que los letrados del sumariado jamás plantearon tal observación.-«.
Mantiene argumentos del Instructor sumariante y la JDM sobre el análisis del testimonio de [DENUNCIANTE_1] y la adjunción de la prueba documental al expediente, además de las diferentes constancias de la existencia del video.
También hace propio el análisis de la etapa previa en cuanto a la carga procesal del investigado de cuestionar la prueba documental para habilitar medios probatorios, y ante dicho silencio la investigación no se encontraba obligada a ordenar la realización de una pericia informática.
Pasa a tratar el pedido de nulidad de la prueba testimonial por incumplimiento formal, al no tomarle juramento de decir verdad a los deponente, transcribiendo las partes pertinentes de las actas donde quedó plasmada la satisfacción de ese recaudo.Agrega que en cada acto se encontraba presente un defensor del actor, sin que formulara observaciones ni reservas.
Sobre la impugnación vinculada a la imposibilidad de defenderse por no precisar fecha de los hechos y de recepción del video en la causa, se remite a las transcripciones que realizó anteriormente, de las actas y actuaciones sumariales. Menciona que el 24-01-2020 el actor tomó vista del contenido del expediente, incluyendo la prueba acompañada al mismo.
Concluye este punto sosteniendo que R. pudo realizar su descargo y ofrecer prueba, sin que fuera cercenado su derecho de defensa.
Reitera lo dicho por la JDM sobre la fecha del video tomado por la denunciante, del 17-05-2018, y la prueba testimonial ubicada en mayo de ese mismo año.
En cuanto a la violación al juez natural por renuncia del Dr. Silva, reemplazado por el Dr. Urquiaga, sostiene que dicho cambio ha sido cumpliendo con los recaudos legales, sin que ello constituya el nombramiento en comisión.
Detalla que el Dr. Urquiaga fue designado mediante Resolución N° 26/2020 del 20-01-2020, nombrado como Presidente de la JDM, según lo establece el artículo 153 del EEM. A fs. 61 el sancionado habría tomado conocimiento de esta circunstancia.
Respecto de la carencia de dictamen jurídico previo a la emisión del acto de la JDM lo rechaza sosteniendo que el Instructor sumariante emitió opinión a fs.123/145, luego de clausurar la etapa probatoria y posibilitar la presentación de los alegatos defensivos.
Finalmente analiza la impugnación sobre la razonabilidad de la sanción impuesta y las consideraciones de la antigüedad del trabajador.
Postula que la sanción ha cumplido con los requisitos del artículo 147 del EEM, donde se establecen como parámetros para graduar las sanciones: «la gravedad de la fata cometida, los antecedentes del agente y los perjuicios causados al Estado Municipal».
Entonces ese dato aparece como extraño al mandato legal local, sosteniendo:
«Que de esta manera teniendo en cuenta dichos parámetros establecidos por el Art. 147° de la Ord.3215/00, y habida cuenta de los hechos debidamente acreditados en el devenir de la investigación sumaria, los cuales Roldån resulta ser autor, estos son, orinar en la oficina y bienes a cargo de la [DENUNCIANTE_1] (teclado de computadora, escritorio, armario) durante el año 2018, se observa que estos resultan sumamente perjuiciosos hacía la administración pública Municipal e inaceptables para la misma, atento dichos comportamientos distan por sobremanera de una conducta ética y decorosa, acorde con la condición de personal público.
Que en este orden de ideas bajo ningún punto de vista orinar sobre bienes municipales, donde la Sra [DENUNCIANTE_1] desarrollaba sus tareas laborales, puede ser considerado como una inconducta leve, apta de dispensar las sanciones establecidas por el Art. 151° de la Ord. 3215/00, por lo que, la resolución atacada de ningún modo resulta irrazonable, atento se ha circunscripto la sanción a los parámetros establecidos por la normativa municipal pertinente y la inconducta llevada a cabo por el recurrente, resulta de un tenor sumamente grave e inaceptable a la condición de personal público».
La gravedad de los hechos la analiza desde la Convención Internacional de Belem Do Para», como la Ley N° 26 485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres:
«Que habiendo dicho esto, se observará, que los comportamientos del Sr. R. se ven agravados, al denotar estos, una clara expresión de odio tendientes a violentar a una mujer. Resultando así conductas, a todas luces misóginas. Téngase presente que el agente R. dirigió todos y cada uno de los actos reprochados aquí, hacía su compañera, la Sra [DENUNCIANTE_1]. Así, dichos actos, orinar en el lugar de desempeño de funciones de su compañera y esparcir la orina en dicho lugar, en reiteradas ocasiones, denota terminantemente una marcada antipatía, perpetuando claras humillaciones y denigración hacia quien e staban destinados estos actos, los cuales se recuerda, fueron reiterados y dirigidos a la Sra. [DENUNCIANTE_1]».
Sobre las pautas legales dice:».Las cuales son claras en esgrimir que la violencia contra la mujer impide y anula el ejercicio de los derechos de las mismas, siendo contundentes las mismas en condenar todas las formas de violencia contra la mujer, instituyendo la adopción de mecanismos apropiados, orientados a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia.».
Agrega que la calificación de que los hechos no revisten una gravedad para la sanción que se dispone es subestimar y naturalizar comportamientos misóginos, de violencia contra la mujer. Por estas razones rechaza la solicitud de considerar irrazonable la sanción impuesta y resuelve:
«Artículo N°1: RECHAZAR en todo y cada uno de sus términos el recurso interpuesto de el Sr. R. R. DNI. (.) CONFIRMANDO la cesantía dispuesta por la Junta de Disciplina Municipal en la resolución N° 21-JDM-20».
Notificado el actor, en fecha 13-10-2020 presentó recurso de revocatoria con el acto de la Sra. Intendenta, solicitando la suspensión de los efectos de la sanción dispuesta.
Principia el remedio procesal tachando de nulos a los actos administrativos por no reunir los requisitos legales de la Ley 2938 y por vicios entender que la prueba se encuentra viciada y contaminada.
Reitera y se remite a los argumentos desarrollados en instancia de la JDM, relacionados con la prueba, las vías de hecho, la falta de corroboración de los hechos denunciados y con ello resultar infundada la decisión administrativa.
Mantiene su tesis de inconstitucionalidad del plazo de prescripción con fundamento en el fallo «Filcrosa» de la CSJN y pide aplicación de la Ley 25.164.
Misma actitud asume frente a sus reproches de inexistencia de corroboración de los hechos denunciados, ya que se fundan en indicios y presunciones.Mantiene su versión de que la prueba testimonial ha sido tergiversada, analizando los dichos de los testigos, oponiéndose a la consideración de la denunciante.
Sostiene su prédica sobre la carencia de motivación para justificar la sanción impuesta, que entiende resulta excesiva, considerando las circunstancias del expediente y la antigüedad del actor.
Reproduce todos los argumentos contrarios a la validez de la incorporación y tratamiento de la prueba documental.
Finalmente solicita la suspensión de los efectos del acto, fundado en la estabilidad del empleado público y que la aplicación de sus consecuencias importaría a la demandada incurrir en vías de hecho.
El 18-11-2020 el actor plantea recurso de pronto despacho.
Finalmente el 10-12-2020 la Sra. Intendenta emite la Resolución N° 2366/20, en los expedientes 472544/20 y 474946/20, iniciando con una síntesis de las impugnaciones y peticiones del sancionado.
Rechaza la petición de suspender los efectos propios del acto administrativo expulsivo, y rechaza el recurso administrativo por entender agotada la vía administrativa con la resolución anterior.
En el fondo de la cuestión, sostiene que los argumentos esgrimidos ya fueron tratados íntegramente en la apelación interpuesta, sin conmover los fundamentos dados en la vía administrativa.
Por estos motivos rechaza el recurso de revocatoria interpuesto por R.
3. Prueba producida en sede judicial. Pericia informática: El 03-03-2022 la Analista en Sistemas de Computación María A.Peschiutta presentó su trabajo pericial.
Su tarea se realizó con el pen drive aportado como prueba de la demandada, pero además la perita intentó analizar la computadora de donde se extrajo la grabación en aquél dispositivo.
El pen drive se encontraba guardado en la caja fuerte en la Secretaría de Hacienda y fue entregado en sobre cerrado, según las fotografías que se acompañaron.
Luego accedió al sistema de gestión administrativa de la demandada, tomando capturas de pantalla del registro del legajo del actor.
Solicitó acceso a las cámaras de grabación del municipio, pero se informó que estaban enfocadas en sectores estratégicos de seguridad y que se mantenían imágenes grabadas de 3 a 5 días solamente.
Con un pen drive nuevo procedió a extraer una copia de la prueba existente en el pen drive del sumario, sin manipular la prueba original.
En cuanto a la cadena de custodia de la prueba informática, dice que no se cumplió con una protección adecuada de la prueba digital, no se cuenta con el video original ni fue resguardado para verificar que no fuera alterado desde el momento de la copia. No se hizo copia ante escribano que certifique el original, no existe informe pericial.
Sostiene que el municipio no cuenta con una cadena de custodia estandarizada.
Sobre el punto se le pide que informe los pasos que debieron seguirse para proteger la prueba con una cadena de custodia, explicó su significado y función, informando:
«Las etapas de la cadena de la custodia serían las siguientes:
1. Extracción o recolección de los indicios. Generando un informe acompañado de fotos, videos, etc. Protegiendo las copias con sistema de Hash de ser posible o certificando todo el procedimiento con un escribano, por ejemplo. También aquí es importante indicar que programas o herramientas o técnicas se utilizaron para la extracción.
2. Preservación y embalaje de la prueba. Etiquetado, precintos, sobres firmados y sellados en frente y dorso en especial lugares de cierre, etc.
3. Transporte o traslado de la prueba.Registro en la «Hoja de Ruta», aquí generalmente hay una hoja modelo donde hay campos o ítems a completar por la/s personas que intervienen en la manipulación. Como el siguiente modelo: (.) 4. Traspaso de la misma, ya sea a los laboratorios para su análisis, o a las diferentes fiscalías para su custodia, o el lugar donde estará almacenado hasta el momento del análisis. También aquí hay un registro, formulario, que se complementa al modelo anterior».
Y en caso concreto informa:
«De acuerdo a lo visto y conversado con el Director de Informática, en el Municipio, no cuentan con un sistema documentado de como preservar pruebas en general.
Aquí, en el Municipio, la prueba llego en un Pen Drive, la visualizaron para poder emitir un dictamen en el Sumario administrativo, en el mismo soporte y guardaron dicho soporte en un sobre cerrado con un detalle el 21/10/2020. En ese momento, es que entra en guarda en la caja fuerte de Tesorería. Desde el momento que se genero el video 07/05/2018 hasta la fecha que entra en la guarda en tesorería no hay un registro que indique donde estuvo, quien lo manipulo, que herramientas se utilizaron, quien se hizo responsable, etc.».
Luego describe cómo debió haberse realizado la identificación de cada elemento así como la forma de reservarlos.
Con relación al procedimiento para la recolección, preservación y embalaje de la prueba dijo:
«Que en relación a la extracción o recolección de la prueba informática no estoy en condiciones de decir si fue correcta o no. Por lo pronto no hubo o hay un registro de como fue llevada a cabo la misma. Respecto al traslado o transporte, como así al embalaje se puede ver que no se registró, quienes o a quienes era remitido el Pen drive.
La siguiente copia es del expediente del sumario administrativo y que ha sido digitalizado y presentado como prueba en las presentes actuaciones.Aquí se puede ver en uno de los párrafos que el Pen Drive es adjunto a una nota para su evaluación, y en el párrafo siguiente el Pen Drive es girado al Área de Asesoría Jurídica, junto al expediente. Esto significaría que el Pen Drive ha sido trasladado o transportado en distintos momentos, sin tener un registro metódico del mismo».
Sobre la existencia de un análisis del soporte digital, reitera que no existió pericia informática ni informe técnico en el sumario administrativo.
En cuanto al soporte y forma de realizar la grabación en estudio, dice:
«Que de acuerdo a las imágenes que contine el mencionado Pen Drive, he podido determinar que el software utilizado para la captura de las imágenes secuenciales que luego fueron compiladas en el video «R.mp4» es el Easy WebCam Recording.
Este Software es una aplicación fácil de usar diseñada para que pueda grabar nuevos archivos con una webcam. La grabación puede ser lanzada por hacer un clic directa o por detección de movimiento y los archivos grabados se guardan en un disco duro local. Este Software genera una lista de archivos JPEG según la actividad frente a la cámara web con el ajuste del tiempo de muestreo. Estuvo configurada que comenzara a grabar después de la detección de movimiento.
Una característica de este programa es que todos los archivos JPEG generados se guardan en una carpeta especificada. Si no se le indica lo contrario, la aplicación crea automáticamente una subcarpeta denominada como un prefijo fijo (SUROR) además de la fecha del día (que es lo que hay en el Pen Drive una carpeta denominada «SUROR_2018_05_07» Correspondiente al día de la captura de imágenes). Por otra parte, cuando se activa la detección de movimiento, la aplicación crea otras subcarpetas (nombrados como D0000, D0001, .) y así sucesivamente cada vez que se detecta un nuevo movimiento.Es por ello que en esta carpeta principal hay subcarpetas desde la D0001 hasta la D0290.
Ahora bien, se me pregunta si puedo determinar el soporte físico, según lo que informa el Dr. Garrido, la Sra. [DENUNCIANTE_1] lo grabo en la computadora de la oficina en donde trabajaba. Ya aclaré oportunamente que cuando solicité dicha maquina me informaron que la misma ya no estaba en funcionamiento.
Analizando la información del Pen Drive específicamente, al explorarlo y ver las propiedades del mismo, se puede ver que la información al Pen Drive fue copiada a el 1/12/2019, y digo copiado y no creado porque en las propiedades de los archivos propiamente dicho, nos estaría indicando que fueron copiados en esa fecha y creados en una fecha anterior.
Dentro de la carpeta principal, las subcarpetas, desde la D0001 hasta la D0290 con igu al fecha de creación y modificación.
Se puede ver en las propiedades o metadatos del archivo I_13_38_48_00001.jpg que la fecha de creación es el 01/12/2019 (fecha en que se copio esa carpeta en el Pen Drive) y la fecha de modificación del archivo es el 7/5/2018 también indica el horario en que fue tomada dicha captura 13:38, el tamaño del archivo y el tipo de archivo. Se podrían agregar otros datos que guarda cada una de las capturas y que hacen a los metadatos de la imagen.
Esta última fecha es la que le corresponde efectivamente a la fecha de creación o toma o registración en el disco original. Aquí al haber realizado una copia en el Pen Drive, la fecha de la copia pasa a ser la fecha de creación.
Para completar que el programa utilizado ha sido el Easy WebCam Recording, al abrir una foto cualquiera, se puede ver al pie de la misma el nombre de la aplicación, fecha y hora, como así también numero de toma:(.) El video R.mp4 ha sido creado desde las fotos tomadas; y en este caso sus propiedades o metadatos nos indican:
Que el 1/12/2019 fue copiado al pen drive como el resto de los archivos o documentos: (.) También nos indica el 6/12/2019 fue modificado.
La siguiente pantalla, nos indicaría que el medio fue creado el 8/5/2018 o sea al día siguiente de la toma de las fotos o imágenes, que una vez compiladas las fotos se obtendría el video».
En cuanto a la corrección del protocolo para prueba informática, indica que no se cumplieron todas las etapas y no se llevó a cabo una cadena de custodia metódica para la prueba digital.
Finalmente agrega:
«Que a lo largo de la pericia he indicado que la cadena de custodia garantiza la fiabilidad de la prueba digital que se aporta al expediente. La prueba electrónica constituye un elemento de fácil manipulación.Y si lo unimos a la singularidad técnica de la misma; se hace aun mas preciso el hecho de preservar adecuadamente su autenticidad e integridad.
El debate sobre la cadena de custodia se centraría en la fiabilidad de la prueba y no en su validez.
Si bien como indique a lo largo de la pericia solicitada no se cumplió con la cadena de custodia, procedí a verificar si la prueba digital que se encuentra en el pen drive daría indicios de que ha sido manipulada y para tal situación, ingrese a cada una de las carpetas que genero el programa Easy WebCam Recording, y verifique las propiedades de cada una de las imágenes con la técnica que he mostrado en el punto g). Siendo como resultado que las imágenes tomadas por dicho programa fueron todas en la fecha 7/5/2018 entre el lapso de tiempo 13:38:48 con la imagen o foto I_13_38_48_00001.jpg y las 18:31:13 con la imagen o foto I_13_38_48_18883.jpg, como explique este programa precedentemente tomaba la foto cada vez que detectaba movimientos y en el lapso de tiempo que se producía ese movimiento creaba la carpeta D000x. Es una forma de configurar el mismo:
A continuación, adjunto ambas fotos: (.) Como he explicado anteriormente, la fecha de creación se corresponde al momento que se hace la copia del elemento al Pen drive (estoy sobre el pendrive que me entrego el municipio para copiar todo lo que ellos tenían en el pendrive original) de allí que la fecha sea 15/02/2022, ya que fue la fecha en la que estuve realizando la pericia en el Municipio.
Le segunda fecha que habla de modificación, en este caso coincide con la fecha en que habría sido generada o tomada la fotografía.
El 15-03-2022 la demandada realizó un pedido de explicaciones a la perita, quien lo evacuó el 03-04-2022, en los siguientes términos: a.Si el incumplimiento de la cadena de custodia conlleva un vicio para la prueba informática: La experta reitera que en este caso el debate se centra en la fiabilidad de la prueba y no en su validez, por esta circunstancia aplicó mecanismos de verificación (propiedades de los archivos) y así concluir si fue alterado. Realiza una comparación con el sistema penal, para luego concluir:
«Cuando se trabaja sobre pruebas informáticas que no se realizaron todos los pasos de una cadena de custodia, la misma no dejaría de ser valida, se buscaría otras técnicas para poder determinar si dicha prueba ha sido modificada o alterada, salvo que esto no fuera posible hacer o comprobar». b. Si existe evidencia de alteración o modificación del contenido del pen drive utilizado en este caso para almacenar la prueba: Luego de explicar el procedimiento y la información analizada, sostiene que el video fue creado el 08-05-2018, al día siguiente de la toma de las fotos, que el 01-12-2019 fue copiado al pen drive y el 06-12-2019 fue modificado.
Y explica: «En esta fecha de modificación el Pen Drive estaba en poder del Municipio, desconozco que persona, pero aún, no había sido guardado en la caja de seguridad en el sobre. Recordemos que en el punto 5) indico y adjunto una imagen tomada en el momento que fui hacer la pericia «.Tiene un post adhesivo indicando que el 26/10/20 lo entrego Rosana Valloggia, quien es Cra. Directora de Contabilidad y Finanzas según la nota que se encuentra adjunta al sobre.» No podría determinar que ha sido modificado del video, por no poder compararlo con un archivo almacenado en algún otro soporte, por ejemplo, pero el historial o metadato del video indica que ha sufrido una modificación en la fecha indicada 6/12/2019 a las 14:40 hs.». c.En cuanto al pedido de realización de un video y la descripción del contenido, la perita detalla lo que ve en la imágenes y finaliza:
«Que puedo decir que, en el video generado por mí a través de las fotos, como en las fotos presentadas en los anexos de mi informe pericial, se puede ver al Sr. R. efectuando los actos descriptos en el sumario en su contra». d. Respecto de la existencia de manuales de buenas practicas sobre recolección y custodia de medios informáticos obligatorios para el municipio, la informante detalla cursos internacionales, artículos de doctrina, la Resolución 756/16 de la PGN, y artículos de la OEA.
4. Prueba producida en sede judicial. Pericia psicológica: El 22-06-2023 la Lic. Susana B. Rinne presentó su dictamen pericial donde concluyó:
«Teniendo en cuenta la personalidad de base del sujeto, la biografía, la respuesta afectiva, y sus relaciones personales con el medio, se concluye que la peritada presenta REACCIONES VIVENCIALES ANORMALES NEUROTICAS (NEUROSIS), de Grado II, 10 % DE CARÁCTER PERMANENTE Según Baremo ART Decreto 49/2014.».
Esta prueba no fue sujeta a impugnaciones de las partes.
5. Prueba testimonial: En las diferentes audiencias realizadas en sede judicial se tomaron las siguientes pruebas testimoniales.
La [DENUNCIANTE_1] principió con la nota presentada el 19-11-2019 y sobre hechos del 18-05-2018.
Dijo que eran compañeros de trabajo con R., compartían la misma oficina, pensada para que fuera reservada porque no tenían que atender al público, por eso primero se accedía a otra oficina para llegar a su lugar. Ambos son ingenieros civiles, detalla las tareas que realizaban.
Sobre su relación con R.dijo que era normal, de compañeros de trabajo.
Se le leyó su nota, antes referida y la reconoce como la entregada al entonces Intendente.
Preguntada por la existencia de conflictos con el actor dijo que tuvieron algunas discusiones normales del trabajo, de dos personas con su personalidad, pero nada terrible, agregando que eran discusiones como mantuvo con otros compañeros.
Luego se pasa al momento en que declaró en sede administrativa, recordando ese acto y la presencia del abogado del actor.
Consultada sobre el momento de cambio de oficina, es decir que no compartió más el espacio con R., explicó que cuando vio el video habló son su jefe, el Secretario de Obras Públicas, Sr. N. Le explicó lo que pasaba y la sacó de la oficina y desde ahí no tuvo mas contacto con R., ubica ese hecho en la fecha aproximada a la del video en 2018.
Agregó que el video quedó siempre en el disco rígido de la computadora, que ella hizo una copia con un pen drive, utilizada para la denuncia.
Luego se le lee su declaración testimonial y explico que al principio algunos compañeros les causaba gracia porque no lo entendían, era una cosa muy rara, no lo creían.
Cuando le leyeron la frase que describe que le daba asco, lo afirmó inmediatamente y explicó que cuando llegaba cada mañana, limpiaba todo con alcohol, el sillón, el escritorio, todo pero igual le daba asco porque no sabia de donde iba a aparecer el olor.
Había pasado muchas veces y no sabía que hacer, y por su hijo le dijo que compre la camarita, porque en el municipio no habían cámara para poner. Entonces compro la cámara pero le tuvo que decir al personal de informática que le instale el programa para que tome fotos.No se podía filmar constantemente porque no alcanzaba la memoria de la computadora, el programa activaba que la cámara saque fotos seguidas cuando detectaba movimiento.
Se le lee su declaración testimonial y ella va afirmando lo sucedido, describiéndose las manobras de R. para orinarle o arrojarle orina sobre su teclado.
Dice que se puso mal cuando vio el video, salió al pasillo porque necesitó salir del lugar y ahí la vio M. P., de la oficina de adelante. Aclara que ella no lo había dicho a nadie de la instalación de la cámara, solo al personal de informática que la instaló.
Retoma el relato de su salida al pasillo y P. le vio la cara y le preguntó que le pasaba, junto a la jefa de despacho Nora Minio.
Continúa la lectura de su declaración. Se le pregunta si tenían el mismo cargo y respondió que no, que R. era de planta política y tenía acceso a los directivos.
Comenta su encuentro con N., que sucedió ese mismo día, le dijo lo que había descubierto, pero éste no quiso ver el video pero le pregunto si era R. y le dijo que si. Expresó no saber por que le pregunto de R., si tendría alguna sospecha o algo, pero la cambio de oficina.
Sostuvo que pensó que N. hablaría con el Intendente, pero se ve que no lo hizo, y la denunciante tenía miedo de hablar directo, pensando q ue como era funcionario lo iban a proteger. Eso porque además Neboli no dijo nada, por eso se quedó callada.
Su indignación era porque todos sabían lo que pasaba, lo de la orina, no se sabía quién era, pero estaban al tanto de lo que pasaba.
Se continua con la lectura, ya en la parte donde le exhiben el video. A preguntas realizas agrega que era normal que R. fuera de tarde a trabajar, y que esa oficina era muy privada, cerrada, porque no tenia puerta ni ventana que diera al pasillo.La ventana estaba tapada con un armario, y la puerta que había daba a la otra oficina.
A preguntas de la representación del actor informó que la cámara se instaló en la computadora que ella utilizaba para trabajar, y la puso unos meses antes de encontrar ese video. Explicó nuevamente que su hijo instaló la cámara web dentro del parlante de la computadora, se los llevo un fin de semana a su casa y ahí la instalaron. Estuvo unos meses puesto hasta que encontró ese video. No tenía autorización de la municipalidad para hacerlo. La instalación del programa la hizo Juan L., que ya sabia lo que pasa porque había ido a hablar y pedir una cámara.
Explicó que hizo eso porque no aguantaba mas, que era una tortura ir a trabajar.
Que descubrió el video, habló con N. y al otro día la cambiaron a una oficina cruzando el pasillo.
El día que encontró el video hizo una copia en un pen drive, y en ese momento salió al pasillo, y lo que ya había relatado.
Después del hecho dijo que trató de no hablarle, se alejó y no quiso hablar.
Luego declaró el Sr. Rubén G., Coordinador de Pavimento del municipio.
Preguntado si sabia porque lo cesantearon a R. dijo que por trascendidos supo que fue por una agresión a [DENUNCIANTE_1] inculpándolo a R. por un daño en su equipo de trabajo. Explicó que el 90% de su trabajo lo hacia fuera del municipio, por eso sabe por trascendidos. Y agregó que la relación entre ellos era normal.
Ubica los comentarios en los últimos meses de la gestión de Martín Soria.
[DENUNCIANTE_1] trabajo muy poco tiempo después de asumida la nueva gestión y se acogió a la jubilación.
En cuanto al desempeño laboral, remarcó que se sentía más cómodo hablando por cuestiones técnicas con R.que con [DENUNCIANTE_1].
Describe las instalaciones donde trabajaban los mencionados, en el mismo sentido que lo explicaron los demás testigos.
Sobre la existencia de problemas cloacales, dijo que por comentarios escucho que habían ese tipo de inconvenientes en el primer piso, pero que él no utilizó los baños del municipio, porque mayormente no estaba allí. Que los problemas estaban en la cocinita al fondo del pasillo, donde goteaba desde el techo líquidos cloacales. La distancia a la oficina de R. era de 10 metros.
Después declaró la Sra. C. N., personal de maestranza en el municipio, recordó que se veían cosas que no podía explicar, mas que nada hacia [DENUNCIANTE_1], que la hacían sentir mal, que pasan en su oficina, papeles mojados, cosas mojadas, que ella vio y dijo que en su entender era pis. Agregó que por mas que a ellas les digan que era otra cosa, saben que es una cosa y que es otra. Dijo que se sentía el olor, por lo general fuerte, en la oficina y en el mueble que ella tenía, y después en su cocina. Relata que ellas sabían que el pis con lavandina hace una espuma.
Se le leyó su declaración en sede administrativa, y en la parte que se relata cuando encontraron una mancha grande de orina en un mueble de la oficina de R., describió el mobiliario y la mancha.
A la pregunta sobre si en algún momento cesaban los olores, la testigo dijo que se fueron dando cuenta que en el baño de varones también solían encontrarlo manchado con orina, señalando el piso, pero cuando el señor se tomaba vacaciones no había eso.
Preguntada por la representación del actor explicó el lugar donde encontró orina, sosteniendo que fue arriba del mueble a la derecha de la oficina. Era un mueble cerrado, nosotros no podemos abrir muebles.Esa parte la limpiaba mi compañera con Fernanda, en el techo del armario, que lo reconoce en la fotografía que le exhibe, de la pericia informática.
Reitera información que brindó en el sumario administrativo, y describe las instalaciones municipales.
Después declaró la Sra. P. A. A., quien no era empleada sino que tenía la concesión de la fotocopiadora ubicada dentro del municipio, desde 2010 a 2020.
Describió que al subir al primer piso, se sentía un olor a cloaca muy fuerte, supo que el problema era con la red y una tapa que estaba rota. Ella debía llevar perfumes para mitigar el olor. Comenta distintos hechos que explican los padecimientos de los empleados por esas malas condiciones edilicias.
En audiencia continuatoria declaro el Sr. S. P., empleado municipal desde 2008, fecha en la que ingresó a la Municipalidad. Describió que trabajaron en oficinas paralelas, con el actor y [DENUNCIANTE_1].
Con relación al comportamiento de R. en la oficina, dijo que era normal. En cuanto al olor a orina en el mes de mayo de 2018, dijo que ingresaba continuamente a la oficina de los nombrados, que sintió olores, [DENUNCIANTE_1] les decía, iban a ver y lo sentía, no pudo precisar la cantidad de veces, y emanaba de 3 o 4 lugares distintos.
Dijo que el olor era a orina, que se comentaba con la ingeniera y con todos en los pasillos.
En cuanto a la relación entre R. y [DENUNCIANTE_1] informó que en alguna oportunidad escucho discusiones entre ellos, una que recordó fue por una ventana, si se abría o se cerraba, si hacia frio o calor.No le encontró explicación a lo que sucedió, sigue siendo una incógnita.
Se le lee su declaración brindada en el sumario administrativo el 10-06-2020, reconoce su firma y el contenido de la declaración.
A preguntas de la parte actora, dijo que había olor a cloacas por derrames en la zona del baño, pero esos olores no se propagaban por las cañerías de ventilación.
Luego describe la pulsera de R., de plata anchita, con una cadenita y con una chapa.
Respecto a la grabación que realizó [DENUNCIANTE_1], dijo que no fue informado de eso con anterioridad, que no sabia nada, después si se lo comento, que su hijo había puesto la cámara. La grabación se hizo en el sector de [DENUNCIANTE_1], en su escritorio.
6. Conclusiones: El expediente administrativo llegó a instancia judicial con cuestionamientos de derecho por parte del actor, sumariado por su empleador, estos puntos serán abordados en la parte pertinente de la sentencia.
En cuanto a las cuestiones de hecho, voy a tener acreditado que el Sr. R. ingresó a prestar funciones para la Municipalidad de General Roca el 01-06-1.989, llegando a revestir funciones en planta política, como Coordinador dentro de la Dirección de Obras Publicas, Secretaría de Obras Publicas, Medio Ambiente y Parques Industriales, nombramiento efectuado por Resolución N° 2728/2015.
Esta situación se mantuvo hasta el 02-12-2019, fecha en la que se dictó la Resolución N° 3133/19 por la cual se dispuso su remoción y la vuelta a su puesto de revista, además de una suspensión preventiva en el cumplimiento de sus funciones, pero con goce de haberes.
Al momento de presentarse la denuncia tengo por cierto dos elementos que me posicionan frente al caso, por un lado que el Sr. R. era un funcionario municipal con reconocimiento dentro del municipio, por ese motivo habría llegado a ocupar un lugar de dirección. Y en cuanto a la relación con la Sra.[DENUNCIANTE_1], no existieron hechos que pongan en conocimiento del Tribunal de la existencia de conflictos relevantes previos.
Con estos antecedentes lo que quiero dejar sentado es que no aparecen motivos para pensar que lo sucedido a partir de diciembre de 2019 tiene origen previo en conflictos del actor con su empleador ni con su compañera de trabajo.
Continuando con los hechos acreditados, consideraré como una verdad que en la oficina que compartieron R. y [DENUNCIANTE_1], en el mes de mayo de 2018, comenzaron a aparecer manchas de orina en el mobiliario y en el escritorio de la denunciante, hechos corroborados por los testimonios del la propia denunciante, del Sr. P. y de las Sras. R. y N.
El testigo P. percibió el olor a orina con su sentido del olfato, pero las Sras. [DENUNCIANTE_1], Randeau y N., además de olerlo, verificaron su sustancia al limpiar las manchas con lavandina y ver que la reacción era la habitual para el caso: se formaba espuma.
Entonces tenemos a cuatro testigos directos que aseguraron la existencia de manchas de orina en la oficina donde solamente trabajaban R. y [DENUNCIANTE_1], lo que me lleva a concluir que esas manchas de orina existieron.
Frente a esta situación, que generaba un gran pesar en [DENUNCIANTE_1], ésta decidió colocar una cámara de grabación en el parlante de su computadora, para lo cual contó con la ayuda de su hijo, además de la instalación de un programa especial en su computadora, ayudada por un empleado municipal.
Este hecho ha sido reconocido por la denunciante administrativa en la sede laboral y ratificado en instancia judicial, por lo que resulta un antecedente fáctico acreditado.
Fruto de su investigación obtuvo una serie de fotografías, que compiló en un video y sirvió para realizar la denuncia con imputación directa contra R.
Según informó la pericia informática, las imágenes recolectadas por la denunciante fueron creadas el 07-05-2018, al día siguiente tomó conocimiento de las contenidas en su computadora y creó el video que grafica lo acontecido.En la instrucción sumarial se logra precisar que en el mes de mayo de 2018 y en varias oportunidades, [DENUNCIANTE_1] y P. sintieron olores a orina, y N. y Rodeau tuvieron que asistir a higienizar la oficina en cuestión.
Por lo tanto, tomaré como cierto que las fotografías que captan a R. cometiendo las infracciones administrativas fueron tomadas el día 07-05-2018, fecha que quedó incluida dentro del período válidamente investigado por el empleador.
El video realizado por [DENUNCIANTE_1] y por la perita, utiliza los datos de la hora que contienen las fotografías, y al exhibido a los testigos del sumario administrativo, con especial énfasis en los siguientes momentos:
«(.) a partir de las 14 horas :43 minutos y 53 segundos aproximadamente, es captado por cámara un sujeto de sexo masculino, de mediana edad, vestido con un sweater azul oscuro y con una camisa blanca debajo, con anteojos y cuyo cabello esta cubierto de canas que predominan sobre la mayoría de la cabellera; sujeto que seria el Sr. R. R.
Que del video en cuestión, se advierte que el sujeto descripto con anterioridad, entre la hora mencionada previamente y las 15 horas y 42 minutos aproximadamente, habría estado realizando tareas de oficina (sellando; abrochando hojas etc.).
Que alrededor de las 15 horas, 51 minutos y 13 segundos habría comenzado a desplegar la conducta descripta al inicio de la presente.En efecto, entre aquel horario y las 15 horas, 51 minutos y 29 segundos, se puede ver como el sujeto coloca sus manos sobre la parte delantera de su pantalón y realizando un movimiento característico de quien va a orinar, habría procedido en consecuencia haciendo un bambolea de derecha a izquierda con su cintura, para luego retirarse del lugar.
Que luego de retirarse, se observa casi inmediatamente siendo las 15 horas, 51 minutos y 54 segundos que retorna al lugar con una hoja blanca en sus manos, la deja sobre el escritorio, toma la parte delantera de su pantalón, introduce su mano dentro desabrochandolo, vuelve a tomar la hoja haciéndole un doblés para luego sacar su pene, tomarlo con su mano derecha procediendo a orinar hasta termin?r sacudiéndolo para luego tomar la hoja blanca y esparcir la orina en el lugar. Finalmente tras ello, abrochando nuevamente su pantalón para retirarse del lugar una vez mas, siendo las 15 horas 52 minutos y 46 segundos aproximadamente.
Que después de retirarse, regresa aproximadamente a las 15 horas 52 minutos y 59 segundos, se posiciona frente al escritorio, procede realizar movimientos co?? si estuviera limpiando el lugar, acerca su rostro a la mesa, levanta el teclado con el que no entra en contacto directamente dado que puede advertirse que lo toma con un papel en cada mano, lo inclina de manera adecuada como para quitar los restos de la orina, 1o vuelve colocar en el escritorio para continuar con la limpieza, se agacha como llevando sus manos hasta el piso y se retira del lugar siendo las 15 horas, 53 minutos y 45 segundos aproximadamente.
Que finalmente, regresa por ultima vez conforme la grabación acompañada, a las 15 horas 53 minutos y 52 segundos, toma una hoja de un mueble ubicado en las inmediaciones del lugar, se limpia las manos con el papel, toma nuevamente el teclado lo levanta y lo limpia con la misma hoja inclinandolo nuevamente; continua limpiando el lugar para retirarse a las 15 horas 54 minutos y 20 segundos aproximadamente (.).
Al momento de tomarse prueba testimonial ensede administrativa, se preguntó a los declarantes si reconocían a la persona que aparecía los siguientes fragmentos del video, identificados por el minuto del video, así: del 1:10 al 1:20; 1:30 a 1:47; 2 a 2:45; 2:49 a 5; y 5:01 a 6:15.
El fragmento del video que a los testigos se identifica como del minuto 2:49 al 5 se corresponde con el cuarto segmento, con la parte de las imágenes que comienzan a las 15 horas con 40 segundos, y la parte donde se lo identificó orinando directamente comienza a los 4 minutos con 5 segundos del video, que se corresponde con las fotografías que inician esa secuencia a las 15 horas y 51 segundos. Estas imágenes se corresponden con lo informado por la experta Perchiutta y el video por ella reconstruido.
Es de destacar que la denunciante (a partir de fs. 83 del sumario) y el Sr. P. (desde fs. 103) reconocieron al Sr. R. en todos los fragmentos del video, justificando los instantes en los que solo se ven sus manos porque se puede observar que posee una pulsera, distintiva del sumariado.
Analizado el video, lo relatado aparece como cierto, es una pulsera plateada grande, con una cadena y una chapa tamaño considerable, no es un accesorio común y puede ser distinguido desde las fotografías. Me resulta de toda lógica que estas personas individualicen a R. por ese accesorio, que pudieron conocer por ser los compañeros de trabajo en la cotidianeidad de las funciones.
R. (desde fs. 107) lo individualiza en casi todas las partes, y a N. (a fs. 85) solo le preguntó por la primera parte, donde lo reconoció.
Entonces, a tenor de las declaraciones de las Sras. [DENUNCIANTE_1] y R., y el Sr. P., voy a tener por acreditado que el Sr. R.es quien aparece en las fotografías adunadas al expediente administrativo, que luego fuera convertido en video para una mejor visualización, pero que en las tomas individuales se puede identificar.
En esas imágenes, según lo reconstruyó la perita Peschiutta, se puede verificar que el actor orinó sobre el techado que utilizaba la Sra. [DENUNCIANTE_1], que espació orina por el lugar de trabajo de ella y luego secó con una hoja el resto de los residuos.
En definitiva, voy a tener por acreditada la autoría del Sr. R. R. de los hechos que se le imputaron en sede administrativa y que fueron objeto de investigación y sanción de cesantía en aquella sede.
II. B. DERECHO APLICABLE AL CASO: Corresponde a continuación expedirme sobre el derecho aplicable a fin de resolver este litigio (art. 55 inc. 2 Ley 5631).
1. EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN: El actor reclama la inconstitucionalidad de la aplicación de normas locales para la determinación del plazo de prescripción de la acción disciplinaria en el empleo público.Postula la aplicación de la Ley nacional 25.164 y las enseñanzas de la CSJN en «Filcrosa».
El marco normativo en esta cuestión se compone de la Constitución Provincial en concordancia con la Constitución Nacional, allí se verifica que el empleo público es materia originaria no delegada en el Congreso Nacional, y que el artículo 48 de la Carta Local establece la obligación de dictar normas estatutarias en esta materia.
A su turno, la Norma Nacional establece en el artículo 123 que las Provincias deben dictar sus constituciones asegurando la autonomía municipal, característica que incluye el empleo público.
Para finalizar esta conceptualización, resulta inaplicable en el caso las peticiones del actor, amén de las cuestiones reseñadas, la Ley 25.164 regula el empleo público nacional, y el fallo «Filcrosa» se dictó en relación a materia impositiva, que posee aristas de análisis distintas al empleo público.
El tema ha sido abordado por García Pullés en su obra «PRINCIPIOS DEL DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR», específicamente en el capítulo VIII, titulado «EXTINCIÓN DE LAS ACCIONES Y DE LAS SANCIONES EN LA POTESTAD SANCIONADORA DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS».
El autor transita la línea argumental sobre exclusión de esta materia en la delegación de competencias constitucional, conforme el texto del artículo 75 inciso 12 de la Carta Magna.
Y agrega sobre la reglamentación de la prescripción en el empleo público:
«En ejercicio de tales competencias, las provincias han regulado expresamente las causales de extinción de las acciones y las sanciones en la mayoría de sus regímenes de faltas o contravencionales. En la mayoría de los casos, la extinción se produce por la muerte del infractor o por la prescripción, previendo algunos de ellos el perdón del ofendido o del juez interviniente.
Se ha planteado, en alguna oportunidad, si la fijación de un plazo de prescripción para las infracciones o las sanciones en el orden provincial o municipal, distinto al establecido por el Cód.Penal, debería considerarse inconstitucional, por aplicación del precedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso «Filcrosa» Es oportuno recordar que, en dicho precedente, el Tribunal sostuvo que «.las legislaciones provinciales que reglamentaban la prescripción en forma contraria a lo dispuesto en el Código Civil eran inválidas, pues las provincias carecen de facultades para establecer normas que importen apartarse de la aludida legislación de fondo, incluso cuando se trata de regulaciones concernientes a materias de derecho público local» agregando que «la prescripción no es un instituto propio del derecho público local, sino un instituto general del derecho, lo que ha justificado que, en ejercicio de la habilitación conferida al legislador nacional por el citado art. 75, inc. 12, éste no sólo fijará los plazos correspondientes a las diversas hipótesis en particular, sino que, dentro de ese marco, estableciera también un régimen destinado a comprender la generalidad de las acciones susceptibles de extinguirse por esta vía».
Entiendo, no obstante, que el precedente citado no puede ser invocado para arribar a la inhabilitación de las normas locales de prescripción, en especial cuando ellas establecieran un régimen más favorable al destinatario de la persecución sancionatoria. En primer término, porque el fallo «Filcrosa» fue dictado para enervar disposiciones provinciales que extendían indebidamente la prescripción respecto de las acciones para el cobro de tributos, cuestión que quedó definitivamente superada por el Cód. Cuv. y Com. de la Nación al establecer, en su art.2532, segunda parte, que las legislaciones locales podrán regular la prescripción en cuanto al plazo de los tributos, echando por tierra todo el fundamento que hubiera utilizado la Corte Suprema en el precedente citado más arriba».
Seguidamente brinda dos argumentos más en contra de la aplicación del precedente «Filcrosa» en materia de competencia local para el dictado de normas sobre la prescripción en el empleo público, razón por la que se rechaza la inconstitucionalidad acusada.
Amén de la cuestión normativa que se denuncia, en primer término se deben examinar los antecedentes fácticos para verificar que la inconstitucionalidad que se denuncia tenga asidero, es decir verificar la existencia de un daño que justifique emprender ese camino argum entativo.
Según se analizó en el apartado anterior, los hechos denunciados fueron atribuidos al Sr. R. luego de que la Sra. [DENUNCIANTE_1] lo descubriera a raíz de las fotografías captadas. Eso ocurrió en el mes de mayo de 2018, y la denuncia la formalizó la víctima al Sr. Intendente el 19-11-2019, allí comenzaron a correr los plazos de la prescripción liberatoria porque es el hito que notificó la existencia de las infracciones y la identificación de un responsable.
El 27-12-2019 la JDM dictó la Resolución N° 20-JDM-19 mediante la que dispuso el inicio del sumario administrativo contra el actor, y este acto administrativo interrumpió el curso de la prescripción.
El 14-07-2020 se dictó la Resolución N° 21-JDM-20 que sancionó con cesantía a R., acto notificado a su representante legal el 17-07-2020.
El actor dice en su demanda:»Por ello debiéndose aplicar los plazos de prescripción de la ley 25.164 y que desde la fecha de la supuesta falta, ya había transcurrido más de un año, al día del dictado del acta administrativo ha prescripto la acción de cesantía».
Ahora bien, la Ordenanza N° 3215 en su artículo 166 inciso d) establece que la prescripción en supuestos de faltas susceptibles de sanciones expulsivas ocurre a los tres años.
Entonces desde mayo de 2018 a diciembre de 2019 no transcurrió el plazo de prescripción especialmente establecido para el caso concreto. En estas condiciones corresponde rechazar la petición del actor, con costas.
2. VICIO EN EL ELEMENTO FINALIDAD: El actor propuso en su demanda que su empleadora incurrió un vicio que nulifica la resolución expulsiva, sosteniendo que el acto administrativo atacado no cumplió con la finalidad que inspiró su dictado (art. 12 inc. a Ley N° 2938).
Esto porque la finalidad real es una persecución política, y con el sumario administrativo se violaron todas las normas de estabilidad de empleo público, para fines personales (art. 14 bis CN).
Esta grave denuncia del actor no encuentra respaldo en ninguna prueba aportada al expediente, la única referencia la realizó la testigo P. A., quien dijo que existía un conflicto entre el ejecutivo municipal con R. porque no quiso firmar una documentación, tema que llegó a su conocimiento en la fotocopiadora de la municipalidad por comentarios de terceros.
No existe otra prueba que lleve a acreditar el encono que el actor manifiesta, y esta afirmación se contrapone con otros elementos objetivos ya mencionados con anterioridad: R. hasta la denuncia de los hechos de autos gozaba de confianza del Ejecutivo local, a tal punto que revestía un cargo de dirección en la planta política estatal.
Por lo manifestado, rechazo este planteo de nulidad, considerando que no existen extremos fácticos que lo corroboren.
3. VIOLENCIA DE GENERO:Estamos frente a un caso con particularidades propias, que lo alejan de la habitualidad de situaciones laborales, y requiere un correcto posicionamiento del juzgador, porque las soluciones dependerán del punto de partida. El derecho de fondo a hacer realidad es el que guiará los recaudos procesales para una correcta respuesta judicial.
Lo primero a observar y ponderar es si existe en el caso un hecho de violencia hacia una mujer, lo que marcará el camino del derecho aplicable, porque en Argentina la erradicación de la violencia contra la mujer es una cuestión de Estado. Se impone como parámetro de Orden Público, estableciendo objetivos y límites de origen convencional, con raíces en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
Pero ese marco normativo debe plasmarse en casos concretos para que tome vida y cumpla con sus objetivos, en otras palabras, para que no constituyan postulados ideales alejados de la realidad. Y en el ámbito de nuestra competencia, la realidad de los acontecimientos y sus consecuencias jurídicas son la matriz que condiciona el derecho aplicable.
He tenido acreditado que en el teclado de la computadora de uso personal asignada a la Sra. [DENUNCIANTE_1] fue contaminado con orina, además de este sitio, en el armario de esa misma oficina también se encontraron las mismas manchas. Es decir que se encuentra debidamente acreditada la existencia de orina sobre los útiles de trabajo que utilizaba la trabajadora, denunciante en sede administrativa.
Este hecho generó que la Sra.[DENUNCIANTE_1] sintiera asco, a tal punto que explicó en su declaración ante el Tribunal, que para ella era una tortura ir a trabajar, llegaba a su puesto laboral y lo limpiaba con alcohol, entiendo que esa actitud la realizaba en la búsqueda de trabajar en un espacio limpio y sin contaminación.
Además, y como una cuestión negativa, a su entorno más próximo de compañeros de trabajo, la situación que atravesaba les generaba gracia, marcando una soledad con la que debía encarar el problema.
La Ley 26.485 en su artículo 4 define la violencia contra las mujeres como «toda conducta, por acción u omisión, basada en razones de género, que, de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, en el espacio analógico digital, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, participación política, como así también su seguridad personal. Quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado o por sus agentes.
Se considera violencia indirecta, a los efectos de la presente ley, toda conducta, acción, omisión, disposición, criterio o práctica discriminatoria que ponga a la mujer en desventaja con respecto al varón».
Entonces, el deber de los funcionarios judiciales es reconocer las manifestaciones razonables de la víctima, las afectaciones que padeció, y en ese camino se debe reconocer que la acción de orinarle el teclado a la Sra. [DENUNCIANTE_1] constituye un acto: a. De violencia directa: porque el accionar descrito tiene un sentido preciso, concreto y sin eufemismos, sin intermediaciones ni intermediarios, realizado de forma frontal, y concretamente ejercido contra una persona.
El hecho de que los actos se realizaran a escondidas de la trabajadora se relaciona con la intensión de permanecer sin ser descubierto el autor de los hechos, pero el acto en si se realizó directamente contra la Sra. [DENUNCIANTE_1]. b. Que afectó la dignidad de la trabajadora:El trabajo es el espacio social donde el ser humano se realiza, porque allí aprender y se relaciona, además obtiene con su esfuerzo los frutos que posibilitan su sustento y el de su familia. Es el lugar donde se le debe permitir que desarrolle su potencial creativo o de realización, donde debe cumplir con sus obligaciones y de esa manera se marcan los límites positivos de su accionar. El trabajo, en esta concepción, dignifica al trabajador y contribuye a construir sociedades mas justas, de allí que la salubridad del trabajo es un objetivo que excede al derecho individual del trabajador, y en el caso de la erradicación de la violencia contra la mujer, encamina las acciones para posicionar a las trabajadoras en el lugar de equidad que les fuera despojado por prácticas machistas.
Resulta obvio que la definición de dignidad no distingue géneros, que es inherente a todas las personas, pero la dignidad de la mujer ha requerido de un marco normativo específico, ya que las definiciones tradicionales de «igualdad» no fueron suficientes para que ellas consigan alcanzar libremente el reconocimiento de sus capacidades y el gobierno de su propio destino.
De esa manera se entiende que en el año 2009 se debió sancionar una ley que expresamente declara como objeto de protección el derecho de las mujeres de vivir una vida sin violencia, o la eliminación de la discriminación entre mujeres y varones en todos los órdenes de la vida (artículo 2 de la Ley 26.485).
La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, en sus consideraciones principia marcando la existencia de Normas Internacionales que establecieron el principio de igualdad entre hombres y mujeres, para luego exponer:
«Preocupados, sin embargo, al comprobar que a pesar de estos diversos instrumentos las mujeres siguen siendo objeto de importantes discriminaciones,» (el remarcado me pertenece).
Y en su artículo 11 inciso f) obliga a los Estados a adoptar medidas necesarias para eliminar la discriminación contra la mujer en el empleo a fin de asegurar:
«El derecho ala protección de la salud y a la seguridad en las condiciones de trabajo, incluso la salvaguardia de la función de reproducción».
La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer «Convención de Belém do Pará» menciona la misma situación que la norma anterior, dice en su parte introductoria:
«PREOCUPADOS porque la violencia contra la mujer es una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres» (el remarcado me pertenece).
Y en su artículo 4 prescribe:
«Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos. Estos derechos comprenden, entre otros: a. el derecho a que se respete su vida; b. el derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral; c. el derecho a la libertad y a la seguridad personales; d. el derecho a no ser sometida a torturas; e. el derecho a que se respete la dignidad inherente a su persona y que se proteja a su familia; f. el derecho a igualdad de protección ante la ley y de la ley; (.)».
A este marco se podría agregar el Convenio N° 190 de la OIT, pero atendiendo que fue adoptado en el año 2019, posterior a los hechos que aquí se ventilan, aparece impertinente su aplicación.
La dignidad de la Sra.[DENUNCIANTE_1] fue avasallada por resultar víctima de un acto violento y denigrante por parte de R., la acción de orinar directamente y/o de arrojar orina desde un recipiente implica d esconocer la calidad de persona, es un trato normativamente reprochable, psicológicamente enfermizo, socialmente inaceptable y humanamente incomprensible.
Pueden realizarse distintas interpretaciones de ese proceder, se lo puede asemejar a una conducta animal de marcar territorio de dominio, o un trato denigrante de rociar a alguien con los deshechos corporales propios.
La conducta analizada desde el punto de vista del autor puede variar, y en cualquiera de sus acepciones importará un trato violento e inapropiado. Entre otras cosas porque el hecho de ensuciar el teclado importaba también la búsqueda que la víctima entre en contacto directo con su orina, no solo por el sentido olfativo, sino por el tacto, el objetivo era que la trabajadora toque con sus manos la orina del agresor.
Desde el punto de vista de la persona agredida, la Sra. [DENUNCIANTE_1] fue sometida a convivir con olores nauseabundos de R., a trabajar en un lugar sucio y contaminado, a limpiar la orina de su jefe, sin que esa fuera su tarea laboral. Así describió que ir a trabajar se convirtió en una tortura, porque no sabía qué iba a encontrar en su puesto de trabajo.
Entonces, considero que esos actos constituyen agravios directos a la dignidad de la Sra.
[DENUNCIANTE_1], que no culminaron con el descubrimiento del autor, porque al verificar que su agresor era su jefe, funcionario de planta política, decidió guardar silencio y soportar la humillación. c. Afectación psicológica: Como una cuestión estrechamente relacionada con el punto anterior, la víctima sintió impacto en su integridad psicológica, lo que ella describió como una sensación de humillación y de persecución, además de la soledad con la debía encarar el problema.
No hace falta una pericia psicológica para corroborar este extremo, porque las consecuencias del actuar de R.sobre el puesto de trabajo de [DENUNCIANTE_1] surgen de la misma naturaleza de la agresión. La afectación psicológica de la denunciante resulta creíble y una secuela normal y habitual de la violencia padecida. d. Conmovió la seguridad personal: La trabajadora explicó que cuando llegaba a trabajar limpiaba con alcohol su sitio de trabajo, no solo el teclado, todos sus elementos, buscando limpieza y salubridad.
Estaba en conocimiento que su oficina estaba sucia con orina, lo corroboró con otras compañeras de trabajo que al limpiar con lavandina vieron la reacción de la mancha, que generaba espuma, concluyendo por la experiencia que estaban en presencia de ese tipo de suciedad.
De esta manera, la Sra. [DENUNCIANTE_1] trabajó en un lugar sucio con orina, lo que atentó contra su seguridad por la violación a la higiene.
En consecuencia, la Sra. [DENUNCIANTE_1] fue víctima de un acto de violencia directo, que afectó su dignidad, su integridad psicológica y su seguridad personal, siendo encuadrado dentro de la definición prescripta en el artículo 4 de la Ley 26.485.
Y frente a la existencia corroborada de hechos que importan violencia de género, la actitud jurisdiccional no puede ser neutral, debiendo asumir resoluciones que lleven a que el Estado cumpla con las Normas Internacionales.
4. ANALISIS DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. VICIOS EN EL PROCEDIMIENTO VINCULADOS A LA PRUEBA DOCUMENTAL: El actor reclama una serie de incumplimientos en la extracción, conservación y manipulación de la prueba documental que serán abordadas en este apartado, agregando argumentos a los ya referidos ut supra.
El artículo 16 de la Ley 26.485 establece principios procesales especiales a tener en cuenta en los casos que se investigue y/o verifique la existencia de actos de violencia contra la mujer:
«Derechos y garantías mínimas de procedimientos judiciales y administrativos.Los organismos del Estado deberán garantizar a las mujeres, en cualquier procedimiento judicial o administrativo, además de todos los derechos reconocidos en la Constitución Nacional, los Tratados Internacionales de Derechos Humanos ratificados por la Nación Argentina, la presente ley y las leyes que en consecuencia se dicten, los siguientes derechos y garantías: a) A la gratuidad de toda diligencia e instancia en el curso de las actuaciones judiciales, y al acceso a los recursos públicos disponibles para la producción de prueba, en particular para la realización de pericias informáticas y al patrocinio jurídico preferentemente especializado. (Inciso sustituido por art. 8° de la Ley N° 27736 B.O. 23/10/2023)
b) A obtener una respuesta oportuna y efectiva; c) A ser oída personalmente por el juez y por la autoridad administrativa competente; d) A que su opinión sea tenida en cuenta al momento de arribar a una decisión que la afecte; e) A recibir protección judicial urgente y preventiva cuando se encuentren amenazados o vulnerados cualquiera de los derechos enunciados en el artículo 3º de la presente ley; f) A la protección de su intimidad, garantizando la confidencialidad de las actuaciones; g) A participar en el procedimiento recibiendo información sobre el estado de la causa; h) A recibir un trato humanizado, evitando la revictimización; i) A la amplitud probatoria para acreditar los hechos denunciados, teniendo en cuenta las circunstancias especiales en las que se desarrollan los actos de violencia y quienes son sus naturales testigos; j) A oponerse a la realización de inspecciones sobre su cuerpo por fuera del estricto marco de la orden judicial. En caso de consentirlas y en los peritajes judiciales tiene derecho a ser acompañada por alguien de su confianza y a que sean realizados por personal profesional especializado y formado con perspectiva de género; k) A contar con mecanismos eficientes para denunciar a los funcionarios por el incumplimiento de los plazos establecidos y demás irregularidades.l) Al resguardo diligente y expeditivo de la evidencia en soportes digitales por cuerpos de investigación especializados u organismos públicos correspondientes. (Inciso incorporado por art. 9° de la Ley N° 27736 B.O. 23/10/2023)» (los remarcados me pertenecen).
Y se complementa el marco, para el caso concreto, con las prescripciones del artículo 31 de la misma norma:
«Resoluciones. Regirá el principio de amplia libertad probatoria para acreditar los hechos denunciados, evaluándose las pruebas ofrecidas de acuerdo con el principio de la sana crítica. Se considerarán las presunciones que contribuyan a la demostración de los hechos, siempre que sean indicios graves, precisos y concordantes».
Con este marco probatorio pasaré a analizar los diferentes aspectos del caso:
A. Recolección de la prueba: De los antecedentes del caso surge que era natural sospechar que los autores de los atentados que sufría la Sra. [DENUNCIANTE_1] era perpetrados por compañeros de trabajo, ya que los mismos se realizaban en una oficina del primer piso del edificio municipal, al que solo acceden empleados.
La oficina que compartían la denunciante y el denunciado no tenía acceso a particulares, allí se realizaban tareas que no requerían atención al público, además se encontraba en dependencias a las que no se accedía en forma directa. Primero se debía ingresar a la oficina del Sr. P. y G., para de allí pasar a la de [DENUNCIANTE_1] y R.
La Sra.[DENUNCIANTE_1] colocó una cámara oculta en los parlantes de la computadora municipal asignada a su uso, y desde allí captó imágenes que sirvieron para individualizar al agresor.
Esta primera parte del accionar ha sido cuestionado por el actor de autos, ya que entendió que la recolección de esas imágenes se realizó en violación al marco normativo, debiendo requerir autorización judicial, además de requerirle constancia de escribano público, o certificación de su proceder.
En este punto lo primero que debo mencionar es que no estamos en un caso donde el empleador busca a un infractor, sino que es una mujer víctima de violencia laboral que intenta saber quién es su victimario.
En esa tarea colocó una cámara en su puesto de trabajo, un lugar público de acceso restringido, enfocando su puesto de trabajo, es decir que no avasalló la privacidad de nadie ni vulneró espacios de otros compañeros de trabajo, no afectó a terceros ni a su empleador.
La Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, en autos «R. C. L. s/ incidente de nulidad» (sentencia del 10-02-2026) tuvo oportunidad de pronunciarse en un caso donde la imputada impugnó la validez probatoria de un video filmado por el denunciante en su domicilio particular. Para ser más gráfico, el caso se trataba de una acusación de robo con la modalidad conocida popularmente como «viuda negra», y la prueba era la filmación doméstica.
Principia el análisis recordando las pautas jurisprudenciales sobre la nulidad:
«IV. Cabe recordar que en materia de nulidades rige una interpretación restrictiva, formulada expresamente en los artículos 2 y 166 del Código Procesal Penal de la Nación, que establece que sólo resultan procedentes frente a un vicio sustancial o la afectación de garantías constitucionales, debiendo primar los principios de conservación y trascendencia de los actos procesales.Esta premisa ha sido reiterada en la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos 323:929, 338:1504, 311:394; 312:122 y 322:842, entre muchos otros)».
Y agrega a continuación:
«La regla de exclusión probatoria se ha admitido, en principio, como fundamento ético y remedio a la exorbitancia del accionar del Estado, rechazándose la posibilidad de hacer valer en juicio los actos de sus agentes contrarios a los derechos y garantías constitucionales.
En el caso que nos ocupa, tal como la propia parte señaló, las filmaciones en cuestión fueron aportadas por el particular damnificado, que las obtuvo en el interior de su domicilio, es decir que ninguna intervención existió por parte de un funcionario público.
Cabe mencionar sobre ello que la norma no veda a las personas físicas y jurídicas disponer de medios para proteger sus bienes y los de terceros. Al contrario, nuestro ord enamiento jurídico lo reconoce y tutela expresamente, como es en el caso del artículo 34, inciso 6°, del Código Penal o los artículos 1710, 1718 y 2240 del Código Civil y Comercial de la Nación.De esta forma, no es posible reprochar al denunciante que tuviera cámaras de seguridad en el interior de su vivienda».
En el caso de la Sra. [DENUNCIANTE_1] tenemos:
1. que su accionar NO lo ha realizado cumpliendo ordenes de su empleador estatal, quien se mantuvo al margen de todo lo actuado al inicio de la investigación personal de la víctima. Fue una iniciativa personal de la trabajadora.
2. Además de la justificación propia por ser víctima de la agresión con orina, la Sra.[DENUNCIANTE_1] estaba obligada a velar por el cuidado de los bienes de propiedad de su empleador, quien se los asignó en uso.
El artículo 79 del EEM establece las obligaciones de los empleados municipales, destacándose para el caso concreto el inciso g):
«Velar por el cuidado y conservación de los útiles, objetos y demás bienes que integran el patrimonio de la Municipalidad y los de terceros que se pongan específicamente en su custodia».
Como contrapartida, quien genere actos contra la integridad de los bienes estatales incurre en una acción tipificada en el EEM, en el artículo 149 inciso k).
Continúa la sentencia en análisis:
«Más allá de ello, luce forzado plantear una vulneración de la privacidad cuando, en definitiva, la imputada accedió voluntariamente -sin que medie coacción o engaño- a la vivienda de un sujeto desconocido, quien en procura de dar con la autora del ataque sufrido y en calidad de víctima, aportó el material cuestionado, exponiendo incluso su propia intimidad (podría predicarse incluso que, de no haber ocurrido el hecho denunciado, la filmación no habría salido a la luz). Es decir, en ese contexto, la expectativa de privacidad de R.se hallaba objetivamente disminuida, dato que no puede soslayarse en el análisis que cabe al caso».
En este punto, esta Cámara ha aplicado el concepto de expectativa válida de privacidad en autos «GELDRES, MARIANA ELIZABETH C/ PROVINCIA DE RIO NEGRO (JEFATURA DE POLICIA) S/ ORDINARIO – CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – CONTENCIOSO» (RO-00178-L-2025), donde se dijo:
«Como sostiene Lucas Tamgno (TR LALEY 0003/401302) «Un punto a tener en cuenta para la determinación del alcance del control por parte de la empleadora es lo que la doctrina norteamericana ha denominado «expectativa razonable de privacidad» (razonable expectation of privacy (nota)), es decir, la previsibilidad que pueda tener un operario de que existe un control por parte del empleador sobre determinado bien, ya sea éste un correo electrónico, el propio ordenador o un armario -cada uno de ellos, dentro de las particularidades a las que nos hemos referido- y es aquí justamente donde los reglamentos internos de empresa juegan un papel realmente importante, ya que resultan los encargados de poner en conocimiento aquellas políticas que la empresa ha establecido para cada uno de los casos».
Así las cosas, la Sra. [DENUNCIANTE_1] no ha infringido el derecho a la privacidad de nadie, la cámara que instaló fue en un espacio público de trabajo, donde las personas se deben conducir conforme a las pautas laborales establecidas en el EEM, además de las pautas generales de buenas costumbres.
Entonces, tal como sostuvo la Cámara Penal citada, la exposición voluntaria del infractor que asume, en este caso, el riesgo de orinar en un espacio que no es el indicado para ello no puede jugarle a favor, corriendo el riesgo de ser descubierto por otros dependientes que válidamente podrían ingresar en esas dependencias.
Concluyo en este punto que la recolección de la prueba ha sido válida, que no ha infringido ninguna norma, de hecho no se postula ley violada por la Sra.[DENUNCIANTE_1], quien en su posición de víctima de violencia instaló válidamente una cámara para descubrir a su victimario.
Esa prueba ha sido legalmente adquirida en el sumario administrativo, y luego en este judicial, porque la Sra. [DENUNCIANTE_1] actuó en defensa de sus derechos, y además cumplió con la normativa interna que le imponía velar por la integridad de los bienes municipales.
Consecuentemente, propicio el rechazo de las impugnaciones realizadas por el actor en cuanto a la recolección de la prueba informática, de las fotografías captadas por la Sra. [DENUNCIANTE_1] y que sirvieron de base para su acusación.
B. Manipulación de la prueba informática: La prueba informática está constituida por fotografías, que fueron tomadas secuencialmente por una cámara digital inserta en un parlante de computadora, y luego se realizó un video con esas mismas fotografías.
El Sr. R. impugna la validez del video, sosteniendo que no se ha cumplido con protocolos tendientes a la correcta preservación, mas no menciona cuál ha sido la norma infraccionada. Y nada dice sobre las fotografías.
Ya en este tramo la investigación fue asumida por la Municipalidad de General Roca, empleadora de la denunciante y del denunciado, y en ese rol ha desarrollado la instrucción designando a un letrado a cargo.
Este planteo nulificante ha sido introducido por el actor en sede administrativa, al momento de presentar sus alegatos, y en aquella sede se respondió en contra de su petición, porque no se precisó la norma que se imputó incumplida.Luego en sede judicial, al preguntársele a la perita sobre el marco normativo, expuso una serie de artículos doctrinarios y manuales de buenas prácticas en el manejo de la prueba informática, mas no precisó la norma que establece un determinado proceder.
Esta indeterminación no implica tolerar un trato ilegal de la prueba, sino que se debe seguir por los principios generales del derecho procesal, con las particularidades de un caso donde se ventilan hechos que constituyen violencia de género.
Mención aparte merece el hecho de que el resguardo lo ha realizado personal público, en el ejercicio de sus funciones, con lo que tenemos que considerar que el pen drive fue guardado en un sobre, cerrado y firmado por funcionarios públicos. Con lo cual el contenido de las aseveraciones debería se desvirtuado por un proceso de redargución de falsedad que no se tramitó en el caso.
La pericia obrante en autos es clara en sostener, amén de la inexistencia de un protocolo vigente al momento de los hechos, que el problema en los casos de incumplimiento del protocolo de custodia no se relaciona con la validez de la prueba, sino en su fiabilidad.
El informe pericial informático ha brindado datos importantes para considerar la prueba aportada por la denunciante. Tenemos que la prueba que la Sra. [DENUNCIANTE_1] captó se compone de fotografías almacenadas en carpetas, de la D0001 a la D0290, esas imágenes constituyen la prueba directamente recolectada.En una segunda instancia, y como producto derivado de las fotografías, tenemos un video, que se denomina «R.» dentro del mismo pen drive.
Las carpetas de las imágenes fueron creadas el 07-05-2018, es decir que ese día se grabaron las fotografía en la computadora donde se conecto la cámara y se descargó el programa «Easy WebCamRecording».
En el caso del video, fue creado el 08-05-2018, el 01-12-2019 fue copiado al pen drive, y fue modificado el 06-12-2019.
Esta explicación sirve para marcar una cuestión trascendental, lo que la perita informa que fue modificado fue el video, no así las fotografías, que son las que constituyen la prueba en si, el video es una creación posterior que simplifica la forma de ver las imágenes.
De hecho la perita Peschiutta crea un nuevo video, con la fotografías captadas originalmente y que no fueron alteradas, llegando a la misma conclusión: en el video confeccionado por la perita se ve al actor efectuando los actos descritos en el sumario en su contra.
A modo de conclusión, no existe ningún rasgo ni informe de violación o modificación de las fotografías captadas por la Sra. [DENUNCIANTE_1] el 07-05-2018, esa prueba se incorpora a este expediente judicial con total validez, porque además la pericia no fue impugnada por la parte actora, consintiendo ese informe. El video cuestionado ha sido reproducido por la experta, quien ha llegado al convencimiento de que el actor ha realizado los actos que se le reprochan en el sumario administrativo.
Reitero el criterio que se aplica, la grabación y la manipulación de la prueba ha sido realizada por una persona víctima de género, quien en resguardo de su integridad psicofísica asumió el rol de descubrir y registrar a su agresor, debiendo analizarse el caso desde ese prisma. Además:las imágenes son de su propio lugar de trabajo, un sector público, sin invadir la esfera de privacidad de nadie.
Así las cosas, corresponde rechazar las nulidades que fueran articuladas por la parte actora, porque aun cediendo que no se cumplió con protocolos informáticos que aseguraran la fiabilidad de la prueba documental informática, su validez no se conmueve por ese hecho porque no existe una norma que así lo disponga. Y por otro lado, el hecho de mantener inalteradas y válidas las fotografías captadas por la víctima de violencia, posibilitó la nueva realización de un video, y de allí verificar validez y fiabilidad de la prueba utilizada en el sumario administrativo.
5. VICIO EN LA CAUSA. SOLO PRUEBA DE INDICIOS: En este apartado el actor impugna la validez de la sanción administrativa por carencia probatoria, en atención a que se menciona la sola existencia de indicios.
Ahora bien, este Magistrado considera que la conclusión a la que se arriba en la Resolución N° 21-JDM-20 respecto de la autoría del Sr. R. en los hechos endilgados cuenta con un fuerte respaldo probatorio, a partir de la validez de las fotografías que lo identifican como victimario de la Sra. [DENUNCIANTE_1].
La Ley 26.485 obliga a los funcionarios públicos a juzgar con perspectiva de género, y según se fundamento más arriba, ello implica analizar el marco probatorio en base a las particularidades del caso. Me remi to a las consideraciones allí realizadas en sustento de la validez de la prueba colectada en el expediente administrativo, que otorga fundamento a la sanción expulsiva dispuesta.
6. VICIO EN LA MOTIVACIÓN: R. también reprocha que el acto administrativo padece de este vicio ya que nunca se justifica por qué se impuso una de las sanciones más graves, la cesantía, agregando que no se han relacionado correctamente los prepuestos fácticos con la sanción impuesta.
El actuar de R.es difícil de calificar.
Orinar directamente los elementos de trabajo de una compañera de trabajo, jerárquicamente subordinada, profesionalmente colega (ambos son ingenieros), es tan grosero y humillante que no podría encontrarse expresamente previsto en el ordenamiento administrativo.
Y simbólicamente importa la idea de marcar un territorio de dominio en forma animal, deshumanizada, que válidamente generó asco en la víctima directa de su proceder.
La Municipalidad de General Roca sostuvo que ese proceder quebró el vínculo de confianza entre las partes del contrato de trabajo, y subsumió la conducta en el artículo 150 del EEM que dispone como causa par? aplicar la sanción de cesantía en su inciso d): «Falta grave de respeto para con un superior, otro empleado o público en general, en lugares de trabajo o de servicio» (remarcado propio).
Este Magistrado comparte la afirmación del actor en cuanto a que la antigüedad debe ser parte de las cuestiones a analizar al momento de elegir una sanción dentro del plexo que ofrece el marco reglamentario, pero como toda vinculación bipartita, también es más exigible a un empleado (en este caso incluso funcionario) que cumpla con mayor rigor las pautas de convivencia y respeto.
Entonces el puesto de trabajo que ocupaba R. le exigía mayor compromiso en el comportamiento frente a sus dirigidos y a terceros.
Se acreditó en el expediente administrativo, y se reafirmó en el judicial, que R. cometió una falta grave de respeto a la Sra. [DENUNCIANTE_1], empleada municipal, en su lugar de trabajo, razón por la que se rechaza la impugnación formulada y se justifica la sanción administrativa expulsiva.
7. OMISION DE DICTAMEN JURIDICO:El actor postula la nulidad de la Resolución 21-JDM-20 por incumplir el procedimiento con el artículo 12 de la ley 2938 cuando prescribe la obligatoriedad de dictamen jurídico previo a la emisión de un acto administrativo definitivo.
Se debe recordar que el dictamen jurídico constituye una opinión brindada por un profesional de la abogacía, de característica no vinculante para la autoridad administrativa, donde se vuelca una posición frente al procedimiento y a la resolución final.
Se debe distinguir la existencia de distintos tipos de procedimientos administrativos, la Ley 2938 establece los principios y requisitos para la actuación gubernamental en general, más estamos en presencia de un procedimiento disciplinario con una reglamentación particular. Y dentro de los actos procesales prevé que el instructor sumariante, abogado de profesión, debe emitir un dictamen a modo de conclusión de su labor investigativa.
En el caso del procedimiento seguido por la Municipalidad de General Roca constan dos dictámenes jurídicos, uno realizado por el Instructor sumariante en forma previa al dictado de la Resolución N° 21-JDM-19, y otro con anterioridad a la Resolución N° 1811/20.
Por lo mencionado se rechaza la impugnación formulada por el actor.
8. VIOLACIÓN AL DESCARGO: El actor reprocha que su empleador no precisó la fecha de los hechos que se le imputaron, lo que imposibilitó que ejerciera debidamente su derecho de defensa.
La determinación de la fecha del hecho es un puto importante, pero en cada caso dependerá de las circunstancias que lo rodean, de las pruebas que permitan la individualización concreta y precisa.
Ahora bien, en el caso concreto tenemos que el hecho que se le imputó a R. sucedió sin testigos, que fue captado por una cámara oculta que sirvió para descubrir el proceder ilegal en que incurría.
En casos con reproches análogos, el Superior Tribunal de Justicia ha aplicado el siguiente razonamiento:»»no es requisito convencional que la conducta delictiva deba tener una fijación temporo-espacial delimitada en un día, hora y domicilio específico, sino que es suficiente su ubicación en un lapso y en un lugar, atendiendo a las circunstancias particulares de cada caso (doctrina de Fallos: 324:1557)» (del dictamen del Procurador General que la CSJN hace suyo en L. 1352. XLI R.O., sentencia del 08/05/2007)» («B. M.A. S/ ABUSO SEXUAL» – QUEJA ART. 248 (Legajo MPF-CI-00772-2017), sentencia del 23-06-2021).
Entiendo que la delimitación realizada en el sumario administrativo, en el que se menciona el mes de mayo de 2018, fecha dentro de la cual la experta Peschiutta ubicó como fecha de captura de las imágenes al día 07-05-2018, ha posibilitado que R. ejerciera adecuadamente su derecho de defensa.
Los hechos denunciados fueron varios, de la misma índole pero en distintos días, sin presencia de testigos en la búsqueda de permanecer impune, por lo que el marco fáctico hace inexigible la determinación precisa de la fecha y la hora de la ocurrencia de todos los hechos, la imputación realizada y la sanción aplicada aparece como razonable desde este punto de vista, y la indeterminación que se acusa no obstó a que pudiera ejercer adecuadamente su derecho de defensa.
En otros pasajes de la demanda acusa que no pudo realizar una debida defensa porque no pudo prestar declaración testimonial, mas surge de las constancias del expediente administrativo que fue citado en dos oportunidades y se abstuvo de declarar.
Por estas razones entiendo que se debe rechazar la nulidad solicitada por el actor.
9. VIOLACIÓN AL JUEZ NATURAL: El Sr. R. denuncia una «VIOLACION EN EL PROCEDIMIENTO DE INTEGRACION DEL TRIBUNAL. FALTA DE
DESIGNACIÓN LEGALES DE LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DISCIPLINARIA» porque no se explicó el cambio en la composición de la JDM, al renunciar el Dr.Silva.
Cabe destacar que a poco de iniciarse el sumario contra R., el 13-02-2020 la JDM dictó la Resolución N° 07-JDM-20, adunada a fs. 48/49, mediante la cual se dispuso prorrogar por 90 días hábiles el plazo de diligenciamiento del trámite. Este acto administrativo fue firmado por el Dr. Urquiaga en su calidad de presidente de la JDM, notificándose el letrado del actor el día 20-02-2020, según consta a fs. 56, consintiendo desde ese momento toda la actuación del nuevo miembro.
El actor pudo recusar al nuevo miembro, no hizo en el momento procesal oportuno, pero además al interponer la nulidad no introduce elementos que pudieran invalidar la actuación del Dr. Urquiaga, demostrando un perjuicio concreto por esa forma de proceder.
Lo que se debe tener en cuenta en esta denuncia, es que el bien jurídico protegido es el derecho a ser juzgado por un tercero imparcial, que el caso deje a salvo los principios de buena fe, transparencia y buena administración.
Aquí el actor confunde el Organismo Administrativo con la figura de uno de sus miembros, ya que el «Juez Natural» con la participación del Dr. Urquiaga. Debo destacar que la JDM es un Organismo compuesto de 5 miembros con representación de la empleadora y de los trabajadores. Así lo dispone el artículo 153 de EEM:
«Las sanciones previstas en los Artículos 150º y 151º, serán determinadas por la Junta de Disciplina.- La Junta de Disciplina estará integrada por un Presidente designado por el Ejecutivo Municipal, quien preferentemente deberá ser Abogado, dos vocales nombrados por el Ejecutivo Municipal, y dos vocales en representación del personal Municipal, elegido por voto directo de los mismos y cuyo mandato será de dos (2) años».
Entonces lo primero a sostener es que R.ha sido juzgado administrativamente por la Junta de Disciplina Municipal, Organismo que resulta ser su «Juez Natural» prestablecido normativamente en la Ordenanza N° 3215 de la Municipalidad de General Roca, por lo que no ha sido víctima de un procedimiento viciado como lo denuncia, debiéndose rechazar esta impugnación.
10. NULIDAD DE LAS DECLARACIONES TESTIMONIALES: El trabajador cesanteado plantea este agravio en sede administrativa y lo mantiene en esta instancia, ingresando una denuncia de hechos que corroboró directamente en cada audiencia testimonial.
Lo primero es remarcar que en cada audiencia testimonial brindada en la sede administrativa, el instructor sumariante realiza la siguiente fórmula:
«Se le hace saber que debe declarar la verdad de todo lo que se le preguntará, y que el falso testimonio se encuentra penado por el art. 275 del Código Penal».
Y luego:
«A su vez manifiesta que no tiene vinculo de parentesco, amistad o enemistad con el agente. No tiene interés en el resultado del presente sumario administrativo. No resulta ser acreedora ni deudora del Agente R. R. En razón de ello, no le comprenden las generales de la ley».
El actor denuncia que no ha existido el juramento o la promesa de decir verdad de cada uno de los testigos, y en esta parte le asiste razón, pero debe realizarse un análisis de sus consecuencias.
La doctrina procesalista es coincidente en que el juramente o la promesa de decir verdad es una prueba de veracidad del testimonio, que se ve coaccionado por la sanción penal que se sigue por su incumplimiento.
Roland Arazi y Jorge Rojas, en su obra «CÓDIGO PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN. COMENTADO Y ANOTADO», al comentar el artículo 440 específicamente tratan el tema bajo el subtítulo «2. Omisión del juramento o de la promesa de decir verdad»: «Se ha discutido sobre los efectos de la declaración testifical cuando se ha omitido el juramento o la promesa de decir verdad.Entendemos que esta cuestión no debe encararse partiendo de las nulidades procesales, sino del principio de la libre apreciación de la prueba por el juez. La nulidad por falta de juramento del testigo no está consagrada en la ley; no obstante, la falta de ese requisito puede quitar fuerza de con vicción al testimonio» (páginas 552 y 553).
En idéntico sentido lo analizan Elena Higthton y B. Areán en su «CÓDIGO PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN», tomo 8, comentado el artículo 440 reformado, en contraposición al anterior artículo 203 de la misma norma que quitaba valor al testimonio prestado en esas circunstancias.
Así sostienen: «.Ese temperamento, tras la reforma del Código Procesal, se fue morigerando, al haberse entendido que ello no invalida per se la probanza, puesto que si bien, en todo caso, exige un parámetro mucho más estricto para su apreciación, nada autoriza a descartar la declaración cuando el testigo es veraz en su relato al confrontar su declaración con otros elementos de juicio que corroboren sus dichos. Es que, tratándose sin lugar a duda de una nulidad procesal, debe repararse en que la finalidad del acto procesal, no obstante la irregularidad que ostenta, se encuentra cumplida. De todas formas, la cuestión es susceptible de ser analizada desde la perspectiva del principio de la libre apreciación de la prueba por parte del órgano jurisdiccional.
Debe quedar en claro, entonces, que no nos hallamos ante un requisito que sustenta la validez del testimonio, sino que abona su eficacia probatoria. Sobre el punto, DEVIS ECHANDIA, citando a HENRI LEVY BRUHL, decía que la simple palabra de un hombre honesto no puede valer menos que el juramento de un canalla» (pág.243).
Así las cosas ha quedado zanjado que la omisión que reclama el actor no puede llevar la consecuencia jurídica que le asigna, es decir que el acto procesal administrativo resulta válido, y en todo caso su nulidad relativa ha sido subsanada por la ratificación de los testigos que declararon en sede judicial, bajo juramento de decir verdad.
En cuanto a los testigos que no declararon en sede judicial, como el caso de la Sra. R., sus manifestaciones y explicaciones que brindó en el sumario instruido por la demandada, se corroboran con otros medios de prueba, porque sus dichos son coincidentes con los de las Sras. [DENUNCIANTE_1] y N., y el Sr. P.
De esta manera entiendo que se debe rechazar la nulidad articulada por el actor respecto del incumplimiento del artículo 440 del CPCyC.
11. CONCLUSIÓ Y COSTAS: En atención a las consideraciones realizadas, propicio al acuerdo rechazar completamente la demanda de nulidad de las resoluciones administrativas atacadas, así como la pretensión de reinstalación articulada por el Sr. R. R., imponiéndole las costas del proceso al actor perdidoso.
En cuanto al monto base del proceso y previo a la regulación de los honorarios profesionales, corresponderá que la demandada practique liquidación actualizada.
En este punto el actor reclamó además el pago de los salarios caídos desde su sanción a la fecha de la firmeza de esta resolución, monto que deberá liquidar la demandada para la cuantificación del rubro.
Por su parte el monto reclamado por daño moral deberá ser actualizado según las pautas del Superior Tribunal de Justicia sobre la actualización de ese rubro civil. TAL MI VOTO.
El Dr. Nelson Walter Peña adhiere al voto precedente por los mismos fundamentos fácticos y razonamientos jurídicos.
La Dra. Andrea B. Tormena se abstiene de emitir opinión, atento la coincidencia de los votos precedentes, conforme art. 55 inc. 6 de la Ley 5631.
Por todo lo expuesto, LA CÁMARA SEGUNDA DEL TRABAJO DE LA SEGUNDA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL, con asiento en esta ciudad; III. RESUELVE:1) RECHAZAR en todas su partes la demanda instaurada por el actor R. H. R. contra la accionada MUNICIPALIDAD DE GENERAL ROCA, por los motivos expuestos en los Considerandos.
2) IMPONER LAS COSTAS al actor, difiriéndose la regulación de los honorarios profesionales al momento de contar con monto base, según la planilla de liquidación que se deberá confeccionar siguiendo los parámetros de la sentencia.
3) Ordénase al Banco Patagonia S.A. que proceda a la APERTURA de una cuenta judicial a nombre de estos autos y a la orden del Tribunal, informando su cumplimiento en el plazo de cuarenta y ocho horas de notificado de la presente, y a través del Sistema de Gestión PUMA – mediante el tipo de movimiento PRESENTACIÓN SIMPLE;-, BAJO APERCIBIMIENTO DE APLICARLE ASTREINTES de $20.000 (VEINTE MIL) por cada día hábil de retardo.
Hágase saber a las partes que deberán notificar la presente al Banco Patagonia mediante cédula a su cargo y a través del Sistema de Notificaciones Electrónicas (SNE).- Hágase saber que el informe del Banco será publicado sin providencia, vinculándose la cuenta en la solapa correspondiente.- En el supuesto de que la cuenta judicial se encuentre inhabilitada, notifíquese al Banco Patagonia S.A a fin de que proceda a la reapertura de la misma debiendo consignarse especialmente el número de cuenta, y cumplido ello, proceda a poner a disposición de la Unidad Jurisdiccional los fondos existentes si los hubiera.
4) Regístrese, notifíquese conforme art. 25 de la Ley 5631 y cúmplase con Ley 869.
DR. JUAN AMBROSIO HUENUMILLA-Presidente DR. NELSON WALTER PEÑA-Juez DRA. ANDREA B. TORMENA-Jueza El instrumento que antecede ha sido firmado digitalmente en los términos y alcances de la Ley Nac. 25506 y Ley A 3997, Res. 398/05 y Ac. 12/18-STJ.
Ante mí: DRA. MARÍA EUGENIA PICK -Secretaria-


