Partes: M. S. B. c/ Sauber Sur S.A. y otro s/ despido
Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo
Sala / Juzgado / Circunscripción / Nominación: II
Fecha: 28 de septiembre de 2026
Colección: Fallos
Cita: MJ-JU-M-161444-AR|MJJ161444|MJJ161444
El padecimiento de un cuadro de salud impeditivo de prestar tareas no impone al trabajador la permanencia ininterrumpida en su domicilio durante las veinticuatro horas del día para someterse a controles médicos del empleador.
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Sumario:
1.-Debe ser rechazado el recurso de apelación deducido por la parte demandada pues no rebate específicamente que las tres visitas domiciliarias médicas se hubieran efectuado en horarios manifiestamente incompatibles con la jornada efectivamente cumplida por la trabajadora, circunstancia decisiva tenida en cuenta en grado para restar eficacia convictiva a la prueba informativa aislada, y tampoco se hace cargo el memorial de que el padecimiento de un cuadro de salud impeditivo de prestar tareas no impone al trabajador la permanencia ininterrumpida en su domicilio durante las veinticuatro horas del día, ni proyecta dicho impedimento sobre la totalidad de los actos de la vida cotidiana.
2.-Corresponde confirmar la sentencia de primera instancia en cuanto concluyó que el despido directo resultó desproporcionado e injustificado porque la actora, a lo largo de todo el intercambio telegráfico reconocido por la propia demandada en su responde, dio puntual noticia de su estado de salud y puso a disposición los certificados médicos correspondientes, sin que se hubiera arbitrado -pese a la reiteración de licencias- un régimen sancionatorio progresivo previo al despido directo (art. 67 LCT), ni una vía alternativa de control médico menos gravosa (visita coordinada o cita programada), tal como lo destacó el fallo apelado.
3.-La responsabilidad solidaria prevista por el art. 30 LCT no requiere, para su procedencia, que el trabajador dirija un segundo y autónomo acto rescisorio contra el principal; por el contrario, la solidaridad allí contemplada extiende al contratante -verificados que sean los presupuestos de la norma- la responsabilidad por las obligaciones del contratista o subcontratista respecto del personal ocupado en la prestación de los servicios contratados, incluyendo las derivadas de la extinción del vínculo, cualquiera sea el acto o estipulación que al efecto se hubiera concertado (art. 30, 3er párrafo, LCT).
4.-La empresa prestadora de servicios médicos es responsable en forma solidaria respecto del pago de las indemnizaciones por despido de la trabajadora dependiente de la empresa de limpieza tercerizada, pues el memorial de la apelante no logra rebatir la sentencia en sus términos específicos, limitándose a reiterar los argumentos esgrimidos al contestar demanda -naturaleza ‘comercial’ del vínculo con la empresa de limpieza y el carácter ‘accesorio’ de la limpieza- sin hacerse cargo del estándar diferenciado que, en materia de establecimientos de salud, distingue la limpieza y desinfección de espacios sanatoriales de aquella practicada en oficinas administrativas o entidades bancarias, en tanto en los primeros la asepsia integra de modo directo e insustituible la propia actividad médico-asistencial.
Fallo:
Buenos Aires, fecha de registro en el SGJ del Lex100.
La DRA. MARIA CLAUDIA JUEGUEN dijo:
I- Llegan las presentes actuaciones a conocimiento de esta Alzada con motivo de los recursos de apelación interpuestos por las codemandadas SAUBER SUR S.A. (concedido el 31/07/2024) y GALENO ARGENTINA S.A. (concedido el 06/08/2024) contra la sentencia definitiva dictada en grado, que hizo lugar a la demanda promovida por S. B. M., condenando solidariamente a las nombradas al pago de la suma de $223.191,21, con más sus intereses. Ambos recursos merecieron las correspondientes réplicas de la parte actora, quien, en los dos casos, solicitó liminarmente se declararan mal concedidos por aplicación del art. 106 de la L.O., contestando en subsidio los agravios.
Asimismo, tanto Sauber Sur S.A como Galeno Argentina, recurrieron los honorarios de los profesionales intervinientes por considerarlos elevados, mientras que la perito contadora recurrió los suyos por advertirlos reducidos.
II- Corresponde expedirse, en primer término, sobre el planteo formulado por la parte actora en ambas contestaciones de agravios, en cuanto postula que los recursos han sido mal concedidos por no superar el valor cuestionado el tope previsto por el art. 106 de la L.O.
Sobre el punto, cabe señalar que mediante la Resolución CNAT N° 19/2024 (18/12/2024), la Cámara -en pleno- decidió abandonar el criterio tradicional de interpretación de la norma citada, que postulaba considerar, a los fines de la habilitación recursiva, solamente el importe del capital nominal recurrido, sin adición de intereses u otros accesorios. Por imperio de dicha resolución, actualmente el valor o monto que se intenta cuestionar en la alzada debe ser cuantificado considerando los acrecidos dispuestos en la sentencia que se pretende recurrir.
En el caso, computando los intereses devengados desde la exigibilidad de cada crédito conforme la metodología dispuesta en grado (Acta CNAT N° 2783), el valor que las codemandadas intentan cuestionar ante esta instancia excede holgadamente el tope de apelabilidad del art. 106 L.O.vigente a la fecha de concesión de cada recurso, por lo que corresponde declarar formalmente admisibles ambas apelaciones y proceder al tratamiento de los agravios expresados.
III- Se agravia SAUBER SUR S.A. porque, a su entender, la Sra. Jueza de grado descalificó sin fundamento la prueba informativa producida por «SIMED» respecto de las tres visitas médicas domiciliarias frustradas (26/09, 03/10 y 04/10/2019), no obstante no haber sido dicha prueba impugnada por la actora.
El agravio no puede prosperar. Cabe recordar que, tratándose de un despido decidido por la empleadora (arts. 242 y 243 LCT), pesaba sobre ella la carga de acreditar la existencia de las circunstancias fácticas invocadas para fundar la disolución del vínculo, así como que las mismas revestían la gravedad suficiente como para impedir la prosecución del contrato (art. 377 CPCCN), extremo que la recurrente no logra conmover en esta instancia.
En efecto, no rebate específicamente la apelante que las tres visitas domiciliarias se hubieran efectuado en horarios (20:18, 19:40 y 19:30 horas) manifiestamente incompatibles con la jornada efectivamente cumplida por la trabajadora (7:00 a 14:00 horas), circunstancia decisiva tenida en cuenta en grado para restar eficacia convictiva a la prueba informativa aislada.
Tampoco se hace cargo el memorial de que el padecimiento de un cuadro de salud impeditivo de prestar tareas no impone al trabajador la permanencia ininterrumpida en su domicilio durante las veinticuatro horas del día, ni proyecta dicho impedimento sobre la totalidad de los actos de la vida cotidiana (cfr. CNAT, Sala IV, «Hartman, Sergio Luis c/ Protección de Riesgos SRL s/ Despido», Expte. N° 23.280/2020, SD N° 114.810 del 17/10/2023).
A ello se suma que la actora, a lo largo de todo el intercambio telegráfico reconocido por la propia demandada en su responde, dio puntual noticia de su estado de salud y puso a disposición de la empleadora los certificados médicos correspondientes, sin que se hubiera arbitrado -pese a la reiteración de licencias- un régimen sancionatorio progresivo previo al despido directo (art.67 LCT), ni una vía alternativa de control médico menos gravosa (visita coordinada o cita programada), tal como lo destacó el fallo apelado.
En tales condiciones, no advirtiéndose que la recurrente haya formulado una crítica concreta y razonada (art. 116 L.O.) de los fundamentos centrales del pronunciamiento, corresponde confirmar lo decidido en grado en cuanto a que el despido dispuesto por SAUBER SUR S.A. resultó desproporcionado e injustificado, con la consecuente procedencia de las indemnizaciones derivadas del distracto incausado.
IV- Sostiene SAUBER SUR S.A. que la actora nunca concurrió a retirar los certificados de trabajo y que no habría dado cumplimiento al requerimiento exigido por el Decreto N° 146/2001, presupuesto que -a su juicio obstaría a la procedencia de la sanción.
El agravio tampoco puede prosperar. Conforme surge de las constancias de la causa, la actora cursó la intimación fehaciente exigida por el art. 80 LCT mediante la CD N° 31.544.943 del 23/10/2019, cuya recepción fue expresamente reconocida por la propia recurrente al contestar demanda. Frente a ello, y toda vez que fue la propia empleadora quien puso a disposición las certificaciones recién en el mismo despacho postal mediante el cual notificó el distracto -sin haberlas consignado judicialmente ante la falta de retiro que ahora invoca-, no resulta atendible pretender trasladar al trabajador las consecuencias de dicho incumplimiento.
Por lo demás, y a todo evento, cabe señalar que el planteo de la recurrente relativo a que la actora no habría formulado el planteo de
inconstitucionalidad del Dec.146/2001 carece de sustento en las constancias de la causa, en tanto dicho planteo fue expresamente introducido en el punto VIII de la demanda, en carácter subsidiario, lo que torna inoficioso su tratamiento a la luz de la solución adoptada respecto de la procedencia de la multa por la vía principal.
En consecuencia, corresponde confirmar lo decidido en la instancia anterior en este punto.
V- Sostienen ambas apelantes -en similares términos- que no pudo configurarse un nuevo despido respecto de GALENO ARGENTINA S.A., toda vez que a la fecha de la intimación cursada a esta última (23/10/2019) el contrato de trabajo ya se encontraba extinguido en virtud del despido dispuesto por SAUBER SUR S.A. el 08/10/2019.
El planteo parte de un error conceptual que conduce a su rechazo.
La responsabilidad solidaria prevista por el art. 30 de la LCT no requiere, para su procedencia, que el trabajador dirija un segundo y autónomo acto rescisorio contra el principal; por el contrario, la solidaridad allí contemplada extiende al contratante -verificados que sean los presupuestos de la norma- la responsabilidad por las obligaciones del contratista o subcontratista respecto del personal ocupado en la prestación de los servicios contratados, incluyendo las derivadas de la extinción del vínculo, cualquiera sea el acto o estipulación que al efecto se hubiera concertado (art. 30, 3er párrafo, LCT).
En este marco, la comunicación cursada por la actora a GALENO ARGENTINA S.A. no tuvo por objeto producir un nuevo distracto, sino hacer valer frente a la coobligada solidaria las consecuencias del despido ya operado respecto de su empleadora directa, lo cual se ajusta a la mecánica propia del instituto invocado. El argumento ensayado por las recurrentes resulta, así, inconducente para desvirtuar la extensión de responsabilidad examinada en el considerando siguiente.
VI- Se agravia GALENO ARGENTINA S.A.de la extensión de condena dispuesta en su contra, sosteniendo que la actividad de limpieza tercerizada en el establecimiento asistencial resulta «accesoria» y «escindible» de su actividad principal -la prestación de servicios médicos-, y que no se encontrarían reunidos los recaudos legales para la solidaridad pretendida.
Cabe recordar, en primer término, que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha exigido a los tribunales de mérito -en el precedente «Bergonci» (18/10/2022), proveniente de esta misma Sala- una fundamentación rigurosa y circunstanciada al momento de disponer la extensión de responsabilidad, no bastando fórmulas genéricas, en atención a las graves consecuencias que se siguen de involucrar patrimonialmente a un tercero ajeno a la relación de dependencia directa (cfr. asimismo esta Sala X, «Teti, Lorena del Carmen y otro c/ Mertens S.A. y otros s/ Despido», Expte. N° CNT 52.598/2014, SD del 09/05/2023).
Sentado ello, en el caso de autos la Sra. Juez de grado no se limitó a una invocación genérica de la norma, sino que fundamentó puntualmente su decisión en que la actora desplegaba funciones dentro de los establecimientos médicos explotados por GALENO ARGENTINA S.A.-extremo no controvertido por las partes-, y en que el mantenimiento de las condiciones de higiene y asepsia en un establecimiento sanatorial resulta una actividad integrada de forma habitual y permanente a su objeto, coadyuvante y necesaria para el cumplimiento eficiente de sus fines, con expresa cita de un precedente de esta Sala (cfr. «Quintana, Leticia Elena c/ Lidex S.A. s/ Despido» , Expte. N° 43.193/2019, SD del 28/04/2017).
Frente a esa fundamentación concreta, el memorial de la apelante no logra rebatirla en sus términos específicos, limitándose a reiterar los argumentos ya esgrimidos al contestar demanda -la naturaleza «comercial» del vínculo con SAUBER SUR S.A.y el carácter «accesorio» de la limpieza- sin hacerse cargo del estándar diferenciado que, en materia de establecimientos de salud, distingue la limpieza y desinfección de espacios sanatoriales de aquella practicada en oficinas administrativas o entidades bancarias, en tanto en los primeros la asepsia integra de modo directo e insustituible la propia actividad médico- asistencial.
En tales condiciones, no habiéndose formulado una crítica concreta y razonada de este segmento decisivo del fallo (art. 116 L.O.), corresponde confirmar lo resuelto en grado en cuanto extendió la condena a GALENO ARGENTINA S.A. en los términos del art. 30 de la LCT.
VII- En cuanto al agravio de GALENO ARGENTINA S.A. dirigido a obtener la eximición de la multa prevista por el art. 2 de la Ley 25.323, cabe señalar que dicha norma sanciona la conducta reticente del empleador frente al reclamo del trabajador, presupuesto que se verifica en el caso, en tanto -confirmada como ha quedado la solidaridad examinada en el considerando anterior- la codemandada debió afrontar las consecuencias del incumplimiento de su coobligada, sin que se hayan invocado ni acreditado en el memorial causas justificantes que ameriten la reducción o eximición prevista en el segundo párrafo de la norma citada. Se confirma, por tanto, lo decidido en grado en este punto.
VIII- En cuanto a los intereses que arriban apelados a esta instancia por las codemandadas, no puede soslayarse que mediante el art. 55 de la ley 27.802 (B.O. del 06/03/2026) se diseñó para las causas en trámite un régimen específico de actualización, compuesto por una tasa de interés pasiva, pero con un «piso» y un «tope» que se activan según el resultado emergente del cálculo anterior (procedimiento éste que no es desconocido para las relaciones laborales), rigiendo tal mecánica desde la publicación de la norma (art.217).
En lo que interesa, se dispuso:
«En los juicios en trámite y aún pendientes de sentencia definitiva a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, incluidos los recursos de queja que se encuentren pendientes de resolución, los créditos provenientes de las relaciones individuales de trabajo serán actualizados en base a los siguientes criterios: a) A través de la aplicación de intereses moratorios ajustados a la tasa pasiva determinada por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) a estos fines para el período correspondiente; b) En ningún caso el resultado, aplicando las pautas del inciso a) del presente artículo, podrá ser superior al importe derivado de adicionar al capital histórico la suma resultante de la aplicación sobre el mismo del Índice de Precios al Consumidor (IPC) suministrado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) con más una tasa de interés del tres por ciento (3% anual); c) El valor resultante no podrá ser inferior al sesenta y siete por ciento (67%) del cálculo obtenido al aplicar las pautas del inciso b) del presente artículo.
Las disposiciones del presente artículo son de orden público y serán aplicadas por los jueces o por la autoridad administrativa, de oficio o a petición de parte, incluso en los casos de concurso del deudor, así como también después de la declaración de quiebra».
Ante ello, corresponde dejar sin efecto este segmento de la sentencia apelada, y disponer que en la etapa del art. 132 LO se practique la liquidación con sujeción a las pautas previstas en la citada normativa, dejándose constancia que deberán efectuarse los cálculos para evitar una potencial reformatio in pejus.
De esta manera queda resuelto el cuestionamiento en examen.
IX- Se agravia GALENO ARGENTINA S.A. por la imposición solidaria de costas dispuesta en grado, solicitando se aparte del principio objetivo de la derrota (art. 68 CPCCN).
El agravio no puede prosperar.No advirtiéndose en el caso circunstancias excepcionales que justifiquen apartarse del criterio general en la materia -máxime cuando ambas codemandadas han resultado sustancialmente vencidas en las cuestiones sometidas a revisión-, corresponde confirmar lo decidido en grado en cuanto impuso solidariamente las costas de primera instancia a las codemandadas vencidas (art. 68 C.P.C.C.N.).
X- En cambio, de conformidad con lo dispuesto por el art. 279 del CPCCN corresponde dejar sin efecto los honorarios regulados en primera instancia y proceder a su adecuación, la cual, por el modo de resolución y forma de calcular los intereses debe diferirse hasta la etapa del art. 132 de la L.O. en la que se determine de forma líquida el monto final del proceso.
XI- Finalmente, atento la forma en que se resuelve la cuestión debatida, se sugiere imponer las costas de alzada a cargo de las codemandadas vencidas (art. 68 C.P.C.C.N.) y regular los honorarios de la representación letrada de la actora y codemandadas por las tareas cumplidas en esta instancia, en el 30% -respectivamente- de lo que les corresponda percibir por los trabajos realizados en la etapa anterior (art. 38 LO y ccds. ley arancelaria).
Por todo lo expuesto, de prosperar el presente voto, correspondería: 1) Declarar formalmente admisibles los recursos de apelación interpuestos por SAUBER SUR S.A. y GALENO ARGENTINA S.A. (art. 106 L.O., conforme Resolución CNAT N° 19/2024); 2) Confirmar la sentencia apelada en todo cuanto ha sido materia de agravios, con excepción de lo dispuesto en el considerando VIII; 3) Modificar la sentencia de grado dejando sin efecto la tasa de interés allí dispuesta, debiendo practicarse la liquidación en la etapa del art. 132 L.O. con sujeción al art. 55 de la Ley 27.802, con la prevención señalada en el considerando VIII; 4) Dejar sin efecto los honorarios regulados en primera instancia y diferir su regulación hasta la etapa del art.132 LO; 5) Imponer las costas de alzada a las codemandadas vencidas; 5) Regular los honorarios de alzada de los profesionales intervinientes en esta instancia en el 30% de lo que les corresponda percibir por la totalidad de lo actuado en la instancia anterior.
El DR. LEONARDO J. AMBESI
dijo:
Por compartir los fundamentos del voto que antecede, adhiero al mismo.
Por lo que resulta del acuerdo que antecede, el Tribunal RESUELVE: 1) Declarar formalmente admisibles los recursos de apelación interpuestos por SAUBER SUR S.A. y GALENO ARGENTINA S.A. (art. 106 L.O., conforme Resolución CNAT N° 19/2024); 2) Confirmar la sentencia apelada en todo cuanto ha sido materia de agravios, con excepción de lo dispuesto en el considerando VIII; 3) Modificar la sentencia de grado dejando sin efecto la tasa de interés allí dispuesta, debiendo practicarse la liquidación en la etapa del art. 132 L.O. con sujeción al art. 55 de la Ley 27.802, con la prevención señalada en el considerando VIII; 4) Dejar sin efecto los honorarios regulados en primera instancia y diferir su regulación hasta la etapa del art. 132 LO; 5) Imponer las costas de alzada a las codemandadas vencidas; 5) Regular los honorarios de alzada de los profesionales intervinientes en esta instancia en el 30% de lo que les corresponda percibir por la totalidad de lo actuado en la instancia anterior; 6) Cópiese, regístrese, notifíquese, oportunamente, cúmplase con lo dispuesto en el art. 1º de la ley 26.856 y con la acordada de la CSJN Nº 15/2013 y devuélvase.
ANTE MÍ.
RGL