#Fallos Trabajo en aplicaciones: Se revoca la resolución administrativa que había aplicado una multa a la empresa por supuestas infracciones laborales, al presumir la existencia de una relación laboral dependiente con los repartidores

Partes: RepartosYa S.A. s/ recurso de apelación

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de Santa Rosa

Sala / Juzgado / Circunscripción / Nominación: I

Fecha: 9 de septiembre de 2026

Colección: Fallos

Cita: MJ-JU-M-161273-AR|MJJ161273|MJJ161273

Se revoca la resolución administrativa que había aplicado al recurrente una multa por supuestas infracciones laborales, porque el organismo excedió sus competencias al presumir la existencia de una relación laboral dependiente con los repartidores, sin valorar la prueba aportada y en contradicción con precedentes.

Sumario:
1.-La autoridad del trabajo no está potestada para calificar por sí y ante sí la relación de otro modo bajo la aplicación de la presunción del art. 23 de la LCT, dado que no se concreta el presupuesto fáctico que pudiera habilitarlo válidamente, ni derivar de ello a su vez la regular aplicación de la sanción.

2.-No le está dado a al organismo administrativo interpretar por sí y ante sí el modo o alcances de los contratos presentados o si lo convenido se condice o no con lo que realmente ocurre en los hechos.

3.-La autoridad administrativa no está facultada para determinar, si en la práctica hay dependencia hay relación laboral, en tanto esa valoración se encuentra reservada al poder judicial ante un ‘caso’ puesto a su decisión.

4.-Se configura el exceso en el ejercicio del poder de policía por parte de la Subsecretaría, al desplegar la función sancionadora y multar a la empresa por ‘infracciones’ a las normas laborales que fueron presumidas pero no acreditadas.

5.-Aun cuando un acto administrativo se presuma legítimo, tal principio no impide su cuestionamiento, sino que autoriza a considerarlo válido hasta tanto no sea impugnado y eventualmente se declare su nulidad por autoridad competente, en el caso judicial.

Fallo:
En la ciudad de SANTA ROSA, capital de la Provincia de La Pampa, a los nueve (9) días del mes de septiembre del año 2026, integrada la SALA 1 de modo unipersonal (arts. 48 ley 2574, 259 bis CPCC y Acuerdo 3873 STJ) con la jueza Marina E. ALVAREZ (act.Nº 4225238) para resolver el recurso de apelación en causa «REPARTOSYA S.A. s/ RECURSO DE APELACIÓN» Nº 168589 originaria del juzgado de primera instancia en lo laboral n °1 (Primera Circunscripción Judicial) Nº 24957 (r.C.A.) dice:

I.- La sentencia en recurso Apela REPARTOS YA S.A. la sentencia dictada por el juez Enrique L. FAZZINI (act.4101724, 13/4/2026) a resultas de la impugnación formulada ( cfe.art.12 ley n° 857) contra la Resolución n° 04/2023 adoptada por la Subsecretaría de Relaciones Laborales (Secretaría de Trabajo y Promoción del Empleo) en el marco del expediente administraivo N° 3447/22 y según la cual, en virtud del artículo 23 (ley 20.744) presumió la «existencia de una relación de trabajo dependiente» entre su parte con los riders (repartidores) y la sancionó con multa ($ 5.140.080,00), por «supuestas infracciones» (arts. 14 ,21 , 23, 52, 79,128, 140 y sgtes. LCT), porque, consideró que los vicios alegados respecto de ese procedimiento al pretender su nulidad no se advierten y los agravios no son una «crítica concreta y razonada de las partes del fallo que considera equivocadas» .

Por consiguiente, procedió a rechazar esa impugnación con costas a su cargo (arts.62 del CPCC. y 84 NJF 986), y reguló honorarios (en UHON, cfe.art.11 ley 3371), decisión esa que motiva sus agravios (act.4140397), los que fueron respondidos el Estado Provincial (act. 4173218) quien aduce inicialmente que la vía recursiva interpuesta ha de ser interpretada restrictivamente, no obstante los responde y solicita su rechazo; por tanto, en ese contexto que viene dado cabe darles abordaje (arts. 257 y 258 CPCC).

II.- La apelación (act.4140397): su tratamiento y decisión II.-a) La admisibilidad En ese sentido, al responder ese recurso la parte apelada «.entiende pertinente dejar planteada la necesidad de examinar con criterio restrictivo la admisibilidad formal del recurso intentado.».

Señala que » la vía prevista por la Ley provincial N° 857 constituye un modo especial de revisión judicial de actos administrativos sancionatorios, orientada a asegurar un control jurisdiccional suficiente», pero, «sin transformar el procedimiento en una sucesión indefinida de instancias ordinarias».

También que «la sentencia apelada fue dictada por el Juzgado Laboral en ejercicio de esa función revisora específica respecto del acto administrativo emanado de la autoridad laboral provincial» .

Por ello aduce que «corresponde extremar el análisis de admisibilidad de una nueva apelación que, bajo la apariencia de crítica a la sentencia, reedita planteos ya introducidos contra el acto administrativo y procura abrir una nueva instancia de revisión plena sobre cuestiones suficientemente tratadas».

Respecto de lo así postulado y según lo actuado de modo previo, surge que la elevación de la causa a esta Cámara obedeció a la concesión otorgada por el juez anterior respecto de lo sentenciado (act.4127537) y que en tal sentido esa parte apelda no formuló allí objeción, sino al responder los agravios que la fundamentan.

Sin perjuicio de lo cual, siendo que compete a este tribunal el examen de admisibilidad de los recursos (art. 251 CPCC), traigo a colación que lo relativo a la admisibilidad formal de esta instancia de apelación ya ha sido abordada como decidida con fecha 30.06.2025.

Ello en el marco del recurso de queja interpuesto en «REPARTOS YA S.A (en «REPARTOS YA S.A c/ PROVINCIA DE LA PAMPA s/ Recurso de apelación» Expte.168590) s/ QUEJA» n° 24338 (r.CA.), originado en la causa principal en la cual después se analizó el recurso y tuvieron intervención las mismas partes que en esta.

Se explicitó allí el porqué de la viabilidad de la instancia de apelación para recurrir lo decidido por el juzgado laboral de primera instancia en virtud de la impugnación que fuera formulada de conformidad al artículo 12 de la ley 857.

Entre esos argumentos se dijo que si bien ese artículo prevé que contra la decisión administrativa de la Subsecretaría de Relaciones Laborales la impugnación se ha de presentar originariamente en el fuero laboral de primera instancia, nada dice respecto que allí se agota la vía recursiva; tampoco se impide o restrige la posibilidad de acudir a esta Cámara para revisar lo judicialmente decidido.

Por consiguiente, dado que en este caso la parte apelante no obstante propiciar una interpretación restrictiva de la vía recursiva no allega argumentos dirimentes que pudieran conducir a revisar aquel criterio, sino que se erige en suficiente respuesta a esa cuestión liminar, implica que concedida la apelación se ingrese a su tratamiento.

II.- b) La procedencia II.-b) 1 Así, contra la sentencia dictada por el juez laboral se postulan once (11) agravios y hace notar inicialmente que sobre la cuestión que trae a revisión esta Cámara de Apelaciones ya se ha expedido en «REPARTOS YA S.A. c/PROVINCIA DE LA PAMPA s/ RECURSO DE APELACIÓN» Nº 24518 (r.C.A.)» con fecha 17.12.2025.

Marco en el cual se revocó la decisión administrativa y se dejó sin efecto la sanción aplicada contra su parte y entiende que los fundamentos dados en esa causa aplican en esta dado que se trata de la misma situación fáctica y jurídica y, dicho ello, desarrolla los agravios que le causa la decisión adoptada en esta.

Para sostener en el primero («SENTENCIA DOGMÁTICA Y CARENTE DE FUNDAMENTACIÓN – VIOLACIÓN DEL DEBER DE RESOLVER (ART.3 CCyCN) que la decisión apelada vulnera los principios de congruencia y fundamentación adecuada.

En tanto esta vez, como en aquella, el juez no ingresó al concreto análisis de los agravios ni de la prueba aportada en sede administrativa y reproducida en esta instancia judicial (contratos de locación de servicios suscriptos entre los riders y REPARTOSYA S.A., las constancias de inscripción como monotributistas de los prestadores ante la AFIP, y las restantes probanzas), Siendo que da cuenta del carácter comercial y autónomo de la vinculación entre su parte y los repartidores, pues se limitó a efectuar señalamientos genéricos respecto de la presunción de legitimidad de los actos administrativos como a enunciar, en abstracto, los recaudos que ha de contener un memorial de agravios.

En virtud de lo cual memora que cuando se revocó la anterior resolución del juez FAZZINI esta Cámara indicó que «su abordaje concreto no se vio reflejado» y en cuanto al fondo expresó que «se limitó a efectuar señalamientos genéricos» sin explicitar «qué extremos consideró para arribar a esa conclusión».

También que «al resolver no basta con decir ni citar genéricamente qué debe contener un recurso o cómo deben exponerse los agravios, sino de examinar la fundabilidad que portan o no los propuestos».

Por tanto se concluyó que «se tradujo en una decisión que no atendió suficientemente al deber de resolver el caso (art. 3 CCyC)» y señala que al decidir esta causa también la sentencia de primera instancia como aquella vez resulta «arbitraria y dogmática».

En los demás agravios y en consonancia con esa inicial premisa recursiva, dice que tampoco atendió a la revisión suficiente de la actuación administrativa y trae a colación en ese sentido los fundamentos dados por esta Cámara al revocar la sanción anterior.

II.-b) 1.2 Así, en el segundo de la «ERRÓNEA CONVALIDACIÓN DE LA APLICACIÓN DE LA PRESUNCIÓN DEL ART.23 LCT POR LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA EN UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO».

Cuestiona que el juez FAZZINI convalidara la aplicación de oficio de la presunción del art. 23 de la Ley de Contrato de Trabajo por parte de la Subsecretaría de Relaciones Laborales para calificar unilateralmente la existencia de una relación laboral dependiente entre Repartos Ya y los repartidores; y de lo cual derivó la sanción.

Porque según recuerda en ese precedente la Cámara dijo que «le asiste razón a la parte recurrente que la aplicación de oficio por parte de la autoridad administrativa de la presunción del artículo 23 de la LCT para calificar por sí que entre la empresa y los riders existe una relación dependiente y derivar sin más trámite una sanción, resulta un proceder incausado» Además, indicó que «dirimir si existe o no relación laboral o en su caso, si la utilización de una figura legal encubre otra realidad (.) se encuentra reservada a la función jurisdiccional y asignada legal como constitucionalmente, a la judicatura» y que «extender esa presunción al ámbito sancionatorio administrativo para invertir la carga probatoria en contra del administrado constituye una flagrante violación al principio de inocencia.

«

II.-b) 1.3 Relacionado con el anterior en el tercero aduce que «LA SUBSECRETARÍA DE TRABAJO EXCEDIÓ EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS LEGALES AL CALIFICAR LA NATURALEZA DEL VÍNCULO JURÍDICO»,

en tanto así surge de convalidar el juez que la Subsecretaría pueda calificar por sí y ante sí la naturaleza jurídica del vínculo entre REPARTOS YA y los repartidores.

Dado que el juez le atribuye una potestad que la normativa de creación no le ha conferido y la interpretación que efectúa al decir que «exigir a la autoridad administrativa que no determine la existencia de una relación laboral «implica el vaciar de contenido su Poder de Policía» resulta errónea.

Es que indica que también en ese sentido hizo esta Cámara de Apelaciones un exhaustivo análisis de las normas de creaciónde la Subsecretaría de Trabajo (Ley provincial Nº 736, Decreto Nº 1854/84 y Ley 857 y modificatorias) , a tenor de lo cual concluyó que «no le está dado a esa Subsecretaría de Trabajo calificar por sí y ante sí, la naturaleza o tipo de vinculación que existe o pudiera existir entre la parte recurrente con las personas relevadas».

También señaló que «tampoco está dado entre esas funciones que haga aplicación de la presunción del artícu lo 23 de la LCT para presumir la existencia de una relación dependiente, cuando además se aportó prueba en contrario y, sin más trámite derivar y sustentar en ello la sanción aplicada».

Sino que conforme la normativa constitucional y legal vigente señaló que determinar la existencia de una relación laboral es materia reservada a la función jurisdiccional, pues lo contrario implica vulnerar las garantía del debido proceso y el principio de legalidad (arts. 18 y 19 CN).

II.-b) 1.4 Referenciado ello en el cuarto agravio reprocha la «OMISIÓN DE CONSIDERAR LA PRUEBA APORTADA – VIOLACIÓN DEL DERECHO DE DEFENSA EN JUICIO» en tanto no valoró la prueba documental agregada en sede administrativa como en esta instancia judicial.

La que consiste en los contratos de locación de servicios suscriptos con los repartidores y que acreditan el carácter autónomo e independiente de la prestación; por lo cual, esa omisión dice que vulnera el derecho de defensa (art 18 CN) y principio de razonabilidad (art 28 CN).

En ese sentido referencia el contenido de tales contratos ,como la cláusula 6.1 («Las partes acuerdan expresamente que el Prestador, en lo que respecta a la prestación del Servicio, no estará sujeto a horario alguno, ni a cumplir un número de horas mínima de prestación efectiva. Tampoco estará sujeto a subordinación de ninguna clase por parte de la empresa.Para la prestación del servicio usará sus propios recursos y abonará sus gastos operativos»).

Asimismo, en el punto 12 establece que «Las partes declaran que la relación establecida en base al presente Contrato es una relación comercial entre partes independientes, sin que exista subordinación de clase alguna».

En punto a la falta de valoración de la prueba reitera que esta Cámara en el precedente citado señaló que «al presentar el descargo en sede administrativa ante ese procedimiento sancionatorio, la parte apelante explicitó la modalidad en que se relacionaban esas personas y aportó prueba que sustentaba esa versión, tales los contratos de prestación de servicios suscriptos con aquellos» y la autoridad administrativa «desatendió los argumentos y prueba aportada por la empresa y daban cuenta de la versión defensiva expuesta».

II.-b) 1.5 En el quinto aduce la «INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL -ERRÓNEA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE PRIMACÍA DE LA REALIDAD» porque reprocha que bajo el principio de la primacía de la realidad (art. 20 LCT) se avale la sanción impuesta.

Ello al interpretar el juez que «no importa como las partes llamen al contrato, sino que realmente ocurre en los hechos», sin haber analizado las circunstancias fácticas que demuestren en el caso la existencia de subordinación jurídica, técnica y económica entre las partes.

Dado que su parte explicó en sede administrativa y judicial que «Los repartidores no están sujetos a horario alguno ni a un número mínimo de horas de prestación. Determinan con plena libertad los días, horarios y la extensión de su disponibilidad, sin obligación de comunicarlo a la empresa. Los prestadores utilizan sus propios medios de transporte y herramientas (vehículo, teléfono celular, plan de datos), de los cuales son dueños y responsables de su mantenimiento. No existe exclusividad alguna: los repartidores pueden prestar servicios simultáneamente para plataformas competidoras como Glovo, Uber, Rappi o Cabify, circunstancia que sería absolutamente incompatible con la existencia de un contrato de trabajo.Los repartidores se encuentran inscriptos como monotributistas ante la AFIP y facturan por cada viaje o servicio prestado. No existe poder disciplinario, no reciben órdenes sobre cómo deben ejecutar el servicio ni se les impone vestimenta o protocolo alguno. Los repartidores pueden rechazar pedidos sin consecuencia alguna, evidenciando la ausencia de subordinación jurídica».

También que «no todo servicio prestado a favor de otro es un contrato de trabajo, sino que debe probarse acabadamente y en cada caso, sin generalizaciones, la existencia de una relación de dependencia.». Trae a colación lo dicho por esta Cámara de Apelaciones en «FERNÁNDEZ, Ángel Alberto c/La Arena Sociedad Anónima s/ DESPIDO INDIRECTO» (Expte. Nº 155988) .

II.-b) 1.6 Invoca en el sexto agravio pero relacionado con los anteriores que «EL REPARTO MEDIANTE PLATAFORMAS DIGITALES CONSTITUYE UNA NUEVA FORMA DE ORGANIZACIÓN PRODUCTIVA –

INAPLICABILIDAD DE LA LCT – LEY 27.802″

Bajo esa premisa cuestiona que el juez no valoró que «el reparto a través de plataformas constituye una nueva forma de organización productiva, con características distintivas y novedosas, y que el vínculo entre las empresas de plataformas digitales y los repartidores no es asimilable a la típica relación laboral empleadortrabajador.» Explica que REPARTOS YA S.A. «es una plataforma tecnológica que intermedia entre las personas que ofrecen productos y aquellas que los adquieren.», es decir, «se trata de una aplicación o «APP» intermediadora entre quien demanda un servicio y quien lo ofrece, a través de una gestión algorítmica basada en la información recolectada. » y que «Los repartidores son totalmente autónomos y pueden trabajar para cualquier otra plataforma», lo que es imposible en una relación laboral.

Señala que la ley 27.802 (Ley de Modernización Laboral, publicada el 6 de marzo de 2026) y según dice, vigente al momento de dictar el juez la sentencia apelada, regula específicamente el «Régimen de los Servicios Privados de Movilidad de Personas y/o Reparto que utilizan plataformas tecnológicas» (arts.119 a 128).

Por tanto, refiere que esa norma excluye taxativamente a los prestadores independientes de plataformas tecnológicas del ámbito de aplicación de la Ley de Contrato de Trabajo, pues el art. 126 prevé que que «los derechos reconocidos a los prestadores independientes NO DEBEN interpretarse como indicios de una relación laboral, subordinación o dependencia» Destaca que la ley 27.742 ( Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos) al modificar el art. 23 de la LCT había excluido la presunción de existencia de contrato de trabajo respecto de aquellos prestadores que emitan factura o recibo.

En consecuencia, aduce que «la autoridad administrativa carece de toda base normativa para aplicar la presunción del art. 23 LCT a los repartidores de REPARTOSYA S.A» en tanto «se encuentran inscriptos como contribuyentes monotributistas ante la AFIP y emiten regularmente las correspondientes facturas por cada servicio prestado.» Considera que debió aplicar el juez la normativa vigente y su apartamiento descalifica la sentencia como acto juridisccional válido, para luego exponer su séptimo agravio.

II.-b) 1.7 En tal sentido refiere a la «APLICACIÓN DE LA LEY PENAL MÁS BENIGNA» porque señala que como consecuencia del agravio anterior la sanción impuesta también deviene ilegítima, por ser contraria a la aplicación retroactiva de la ley penal más benigna (conf. doctrina «Cristalux», Fallos 329:1053) y arts.18 CN, 9 CADH, 11 DUDH y concordantes.

II.-b) 1.8 Mientras que, en el octavo, al que titula «ARBITRARIEDAD DE LA MULTA – AUSENCIA DE PARÁMETROS DE GRADUACIÓN – DESPROPORCIONALIDAD» , dice que se agravia por la convalidación de la multa de $5.140.080, dado que el juez no efectuó análisis alguno acerca de la razonabilidad, proporcionalidad ni los parámetros de graduación de dicha sanción.

Siendo que, en tal sentido, en aquel precedente análogo esta Cámara al revocar la sanción aplicada dijo que «. no se explicita cuáles fueron los parámetros considerados para arribar a ella toda vez que, a ese fin, no se han explicitado las pautas de graduación que prevé la ley 857 y sus modificatorias».

De allí que esa falta de fundamentación de los criterios de graduación configura un acto administrativo inmotivado y por tanto nulo (art 45 , ley 951) y deriva en la afectación del derecho de propiedad (art. 17 CN), la libertad de contratar y ejercer industria lícita (art. 14 CN).

II.-b) 1.9 Al desarrollar el noveno agravio invoca la «ERRÓNEA INVOCACIÓN DE JURISPRUDENCIA INAPLICABLE – CASO «RAPPI» del Tribunal Laboral Nº 2 de La Plata en causa «Ministerio de Trabajo c/Rappi Arg. S.A.S. s/ Apelación de Resolución Administrativa» (voto del Dr.Orsini) y en el cual , dice que en sustancial medida sustenta el juez la sentencia apelada.

Porque dice que, primeramente, ese precedente por ser jurisprudencia de los tribunales de la Provincia de Buenos Aires no es vinculante ni obliga a los de esta y, además, no está firme sino recurrido ante la CSJN.

Agrega a su vez que refiere a una empresa distinta (Rappi) con un modelo operativo que difere del de su parte pero dictado, además, con anterioridad a la sanción de la Ley 27.802 citada.

II.- b) 1.10 En el décimo, refiere al «PODER DE POLICIA» y se agravia porque para convalidar lo actuado por el Organismo administrativo el juez dijo que limitar la potestad de la Subsecretaría de Relaciones Laborales para calificar la naturaleza jurídica de los vínculos contractuales importaría desnaturalizar su poder de policía laboral.

Porque aduce que «El poder de policía laboral tiene por objeto la fiscalización del cumplimiento de las obligaciones laborales en aquellas relaciones que revisten carácter de dependencia» pero no así las de naturaleza comercial instrumentada en los contratos de locación de servicios aportados por su parte.

También porque los prestadores se encuentran debidamente inscriptos como contribuyentes monotributistas ante la AFIP y por cada servicio prestado emiten las correspondientes facturas.

Entonces reprocha que pueda equipararse esa situación a la de una relación laboral no registrada como resolvió la Subsecretaría para sancionarla, en tanto ello implicaría un exceso en el ejercicio del poder de policía de aquella que vulnera los principios de legalidad y razonabilidad del los arts. 18, 19 y 28 CN.

II.-b) 1.11 Como último agravio indica la «IMPOSICIÓN DE COSTAS» y solicita que al revocarse la sentencia apelada se imp ongan al Estado Provincial; y, a modo de cierre de los agravios indica el derecho en que se funda (arts. 14, 16, 17, 18, 19, 28, 31 y 75 incs. 12, 13 y 22 de la Constitución Nacional; arts.8, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; Ley de Contrato de Trabajo 20.744 y modificatorias; Ley 27.802 (arts. 119 a 128); Ley 27.742; Ley provincial 857 y modificatorias; Ley provincial 951; arts. 246 y concordantes del CPCC; jurisprudencia y doctrina citadas). Hace reserva del caso federal (art 14, ley 48).

II. b) 2 De lo dicho surge, en efecto, que como señala la parte recurrente la cuestión apelada ahora reconoce similares contornos fáctico-jurídicos a la resuelta antes por esta Cámara y Sala, registrada bajo el n° 24518 r.C.A.

Porque también aquí lo reprochado es la decisión del juez que desestimó la impugnación contra la decisión administrativa que le aplicó una multa y según dice carece de fundamentación, dado que tampoco no se pronunció sobre los concretos argumentos y prueba aportadas a ese fin, sino bajo premisas genéricas todo lo cual importa una decisión dogmática y arbitraria.

Hace notar que agrega en esta y en gran medida la cita de un fallo ( «Rappi») de tribunales de otra jurisdicción que tampoco resulta vinculante para con la impugnación propuesta y según las razones invocadas.

Por lo cual, a tenor de esas objeciones es preciso efectuar un repaso de los considerandos dados en este caso por el juez para concluir en igual rechazo de la impugnación que REPARTOS YA SA interpuso contra lo actuado en sede administrativa.

Toda vez que del confronte de aquellos con los agravios expuestos permitirá sopesar si se concretan tales desaciertos que anuncia la parte apelante o se traducen solo en una disconformidad con lo resuelto, tal como indica la parte apelada en su réplica.

II.- b) 2.1 En tal sentido, surge que primeramente indicó que arriba en grado de apelación la impugnación de la resolución dictada en el marco del expediente expte.administrativo N° 3447/22 que confirmó lo actuado por la Subsecretaría de Trabajo, al aplicar una multa de $5.140.080,00 en concepto de la «infracción constatada en dicho expediente administrativo» y apelada por REPARTOS YA SA, según el artículo 12 de la Ley provincial 857.

Resolución en la cual se dispuso que «el objeto de explotación de la empresa es idóneo para que tenga empleados dependientes y que además de ya tener empleados dependientes, debe presuponerse que todos debieran serlo» y «establece que en razón de no haberse aportado prueba» que demuestre que las personas «no eran empleados» debe hacerse lugar a una «presunción legal» que «esas personas deben ser empleadas de su mandante».

También que si bien existe una similitud entre los contratos de trabajos y otros contratos, como el de servicios, las palabras claras como «obligue» y «bajo la dependencia» son las que van a establecer en que modalidad contractual nos encontramos, siendo esto un error fundamental en la resolución apelada.

Para señalar «Finalmente, funda en derecho, ofrece prueba y peticiona que se haga lugar a la acción incoada en todas sus partes condenado al demandado al pago de costas y costos del juicio».

Dicho ello refirió el juez que «en Actuación 2531202 se presenta el Dr.Angel OTIÑANO LEHR en carácter de letrado apoderado contestando demanda, negando los fundamentos del recurso de apelación invocados por el actor» También que » Manifiesta que el recurso presentado no cumple con lo prescripto por el artículo 246 del código de rito, ello en razón de que la misma no contiene una crítica concreta y razonada de las partes del fallo (Disposición N° 004/2023) que el apelante considera equivocada» y que » A su vez, aclara que la fundamentación del acto administrativo recurrido, resulta más que suficiente ya que ha sido dictado de acuerdo a derecho».

En tanto expresó que «si un empleador incorpora tecnología como lo es la aplicación o una plataforma, deriva de sus facultades para organizar y dirigir su negocio y con ello el trabajo, pero encuentran un límite en el orden público laboral, el cual protege al trabajador, sus derechos personales y patrimoniales.» También dijo el juez que «Impugnan y rechazan todos los ítems reclamados por el actor, funda en derecho, ofrece prueba, formula Reserva del Caso Federal y que se rechace la acción incoada con expresa condena de costas y costos a la actora».

Para indicar que «pasa los autos para alegar conforme dispone actuación 3259576» y «obran en actuaciones 3282486, respectivamente» los cuales se publican «viniendo los autos a Despacho para dictado de sentencia».

II.- b) 2.2 En ese cometido previo señalar que «Conforme ha quedado trabada la litis» reitera lo dicho antes respecto a que se trata de la apelación de la resolución dictada ( por la SECRETARIA DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DE EMPLEO – SUBSECRETARÍA DE RELACIONES LABORALES de la Provincia de La Pampa) en el expediente administrativo N° 3447/22 y que dispuso la aplicación de una multa a REPARTOSYA SA de $ 5.140.080.

Ello, » en concepto de infracción constatada en dicho expediente administrativo; resolución apelada por REPARTOSYA SA conforme lo dispuesto por el artículo 12 de la Ley provincial 857″.

Dice a continuación que » Sentado ello» habría de analizar «si el recurrentedio cumplimiento a los requisitos comunes que corresponde a todo recurso de apelación» entre los que figuran la satisfacción de ciertas cargas técnicas y que ha de ser autosuficiente,para «demostrar acabadamente los errores y vicios» , en este caso de la resolución administrativa impugnada, sin que «se reduzca a discrepancias o afirmaciones genéricas» que no destruyen los argumentos de la Subsecretaria al imponerle la multa.

No obstante, a renglón seguido vuelve a indentificar la » RESOLUCIÓN RECURRIDA» y en acápite posterior ( ANTECEDENTES) refirió que «conforme Acta de Inspección N° 000701/2022 y planillas de relevamientos 01/22, 02/22, 11/22, 21/22, 31/22, y 32/22» se efectuó «un relevamiento de personal dependiente de la razón social REPARTOSYA SA» y se consultó «a los trabajadores Enzo Ezequiel GATICA, Luciano INCHOUST, Sebastián MARTINEZ, Zair MILLAPAN, Santiago Agustín LAMELA y Luciano PANTEONI» También que fueron interrogados respecto de»: a. fecha en que comenzaron a trabajar; b. jornada laboral, c. remuneración (forma y cálculo de cobro); d. como y quién dispone los días y horarios de trabajo; e. como se determina el precio y como se calcula lo que se percibe por envío; d. quién les paga; e. si reciben o no premios o estímulos; e. pueden modificar libremente la zona en la cual trabajan; f. quién fija destinos de retiro y entrega; g. si tienen consecuencias por no tomar pedios; h. si pueden ser sancionados, i. si le son entregados elementos de trabajo; j. si la empresa implementó algún protocolo de Seguridad e Higiene; k.si fue capacitado».

También que es Subsecretaría notificó a REPARTOSYA SA, requiriéndole » respecto de dichos trabajadores la documentación laboral, libros de sueldos y jornales, formulario AFIP 931 y comprobante de pago, Claves de Alta Temprana y /o Registro de Altas y Bajas de AFIP, comprobante de depósito de salario en cuenta bancaria» .

Señaló que aquella se presentó en el expediente administrativo » negando la existencia de relación laboral respecto de cada uno de las personas relevadas por la Secretaría de Trabajo» y expresó que » se encuentran vinculados comercialmente a la empresa como prestadores independientes y autónomos mediante contrato de locación de servicos para lo cual facturan honorarios», también que ofreció «diversa prueba documental y testimonial» Para decir que llevado a cabo ese trámite administrativo el Organismo dictó la resolución N° 12/2023 que impone a REPARTOSYA SA una multa de $ 5.140.080 , contra la cual se interpuso «Recurso Jerárquico» al que no se hizo lugar sino que confirmó la resolución atacada.

A renglón seguido indicó en el acápite «AGRAVIOS DE REPARTOSYA SA» los que transcribió para decir que, el argumento principal de la recurrente estriba en sostener que la resolución se basa en una «presunción legal» respecto a determinar la existencia de una relación laboral por parte de los prestadores (riders) y que la invocación de tal presunción sellaría la suerte del argumento de su dictamen, en tanto pueden ser legales o judiciales según las establezca la ley o sean el producto de deducciones hechas por un Juez.

Porque según esa parte «.la presunción como instituto legal contenido en una norma del mismo rango, solo puede ser ejercida por un juez.». y » el hecho de que los riders puedan prestar servicios para otras plataformas competidoras, incluso al mismo tiempo, demuestra que no existe relación de dependencia, ya que dicha circunstancia sería incompatible con la existencia de un contrato de trabajo».

Además, porque señaló que, » el uso de la plataforma sea personal e intransferible no se vincula con la realizaciónde un servicio «intuita personae», sino por la existencia de un contrato de trasporte que implica la contratación de seguros».

También que «en caso de que el pedido no sea realizado por la persona que lo acepta y su sustituto no tenga los seguros obligatorios, pueda existir el riesgo del nacimiento de una responsabilidad civil por daños y perjuicios en caso de accidente de tránsito; no existen ardides, dado que todo está a la luz, tanto los contratos, como la plataforma o los pagos.» Adujo a su vez que » Tampoco los riders sufren imposición alguna, todos están muy felices de contar con una actividad con la cual ganar dinero lícitamente, lo que se demuestra en la ausencia de reclamos» e hizo notar que » No existe un solo juicio laboral de riders contra mi mandante en la provincia de La Pampa» sino que «sólo la autoridad administrativa con sus prejuicios o su ánimo recaudatorio, la que pone en riesgo la continuidad de la actividad en esta provincia» Dicho ello refirió el juez que esa parte recurrente » en su extenso escrito de agravios» en un punto fundamental dice que resulta de la errónea valoración que hizo la autoridad administrativa, al omitir considerar que el reparto a través de plataformas constituye una nueva forma de organización productiva que tiene características distintivas y novedosas y que el vínculo entre las empresasde plataformas digitales y los repartidores tampoco es asimilable a la típica relación laboral empleador-trabajador.

Dado que » Ante la aparición de estas plataformas digitales, son ellas las que intermedian entre las personas que ofrecen productos y aquellas que los adquieren» y que » la actividad de delivery de mercaderías en general, con el tiempo se ha transformando en un servicio de primera necesidad que dinamizó el comercio».

También que «se trata de una aplicación o «APP» intermediadora entre quien demanda un servicio y quien lo ofrece, ofreciendo a través de la aplicación trabajos a quienes ofrecen servicio en forma independiente, mediante una gestión algorítmica en base a la información recolectada».Que es «a través de este algorritmo que se logra optimizar la eficiencia en términos de tiempos para quien ofrece el servicio o mercadería, quien lo demanda y quien realiza el reparto o transporta la mercadería» y señaló que por ello » la autonomía del repartidor queda fuera de toda duda, ya que tiene control total sobre la forma y horarios en que desea proporcionar el servicio, los repartidores son totalmente autónomos, y que por ello es que pueden trabajar para cualquier otra plataforma, lo que sería imposible en el ámbito de una relación laboral».

Asimismo, en cuanto a la ropa de trabajo indicó «, cada trabajador puede ir vestido de la forma o manera que quiera, y que ello también los distingue de una relación laboral normal donde la vestimenta es controlada por el empleador» y «pretender llegar a aplicar la LCT a estos trabajadores de plataformas sería un error» También que «. no debe soslayarse que el contenido de la tutela de los trabajadores de plataformas -no sólo de los repartidores- es una discusión que se estaría dando en el mundo y en nuestro país como consecuencia de las dificultades de aplicar el derecho general vigente» II.-b) 3 Efectuada esa reseña, refirió que el » FONDO DE LA CUESTIÓN» a dirimir es «si el Acto Administrativo mediante el cual la Subsecretaría de Relaciones Laborales impone la multa a REPARTOSYA SA es válida y no contiene ningún vicio que la torne ilegítima, y si la Subsecretaría de Trabajo al ejercer su Poder de Policía puede aplicar sanciones (como en este caso una multa)» indicó lo relativo a la presunción de legimitidad.

Señaló que «la validez de un acto administrativo se define por su conformidad con el ordenamiento jurídico, así, un acto administrativo se considera válido mientras no se declare su nulidad por autoridad competente, ya sea administrativa o judicial» y » En esencia, un acto administrativo es válido si cumple con los requisitos legales establecidos y no presenta vicios que lo hagan anulable onulo».

También que «Los actos administrativos se presumen legítimos», por lo que pretender su nulidad » como en el presente caso a través de uno de los agravios propuestos» y » sin ingresar a analizar de momento el acierto sustancial de sus argumentos» derivó que «el agravio es formalmente improcedente por diversos motivos».

En primer lugar, según dijo, porque en el marco del recurso de apelación reglado por el art. 12 de la ley provincial 857, dicha norma establece que: » Contra la resolución firme de la Subsecretaría de Trabajo que imponga multa o clausura de establecimientos, podrá apelarse dentro del plazo de tres (3) días de notificada, ante el Tribunal competente, en la Primera Instancia, del lugar donde se cometió la infracción, previo pago de la multa o caución real suficiente».

Para referenciar que ante una apelación similar en causa «REPARTOS YA S.A. c/PROVINCIA DE LA PAMPA s/ RECURSO DE APELACIÓN» (Expte.Nº 168590) manifestó » estar habilitado para revisar la decisión final adoptada por la autoridad administrativa» mas no así «el procedimiento administrativo precedente » y agregó «cuyos eventuales defectos debieron ser oportunamente cuestionados, si la interesada así lo consideraba, en el momento y por las vías ordinarias correspondientes.» También que resulta de aplicación «la doctrina legal que sostiene que las infracciones relacionadas con presuntos vicios procesales anteriores a la sentencia y aun aquéllas vinculadas a cuestiones de procedimiento que han quedado precluídas resultan ajenas a la instancia recursiva, desde que el recurso tiene por objeto la sentencia definitiva y no el reexamen de la estructura del procedimiento antecedente» Indicó el artículo 1° de la ley provincial 857 que establece «Los hechos y los actos que según las leyes nacionales, de la Provincia y convenciones colectivas de trabajo constituyan infracciones a las mismas, serán sancionadas por la Subsecretaría de Trabajo, conforme lo establece la presente ley.- De la misma forma serán sancionados los hechos o actos que importen transgresiones a los reglamentos, decretos, resoluciones y demás normas en materia laboral que emanen de la autoridad competente en el ámbito Provincial»» También que el Poder de Policía que ejerce la Delegación de Relaciones Laborales dependiente de la Subsecretaría de Trabajo tienen no solo un fundamento legal (como lo es el artículo citado) sino también Constitucional especialmente del artículo 14 bis «.garantiza el derecho al trabajo en condiciones dignas .» (. artículo 75 inc.12 y 18 habilitando al Estado a dictar normas de fondo y promover el bienestar general y arts.

121 y 125 que reconocen facultades de las provincias, entre las cuales se encuentra el ejercicio del Poder de Policía local; esto concretamente determina que es el Estado, en este caso el provincial, quien debe controlar y proteger el trabajo en sus diversas formas dando así legitimidad no solo a las inspecciones que se efectúen sino también a las sanciones que se puedan aplicar (artículo 2 ley provincial 857).» Agregó que » El Poder de Policía mas que una facultad constituye un «deber» del Estado para regular los derechos individuales en función de un interés público mediante las acciones e intervenciones referidas, protegiendo a los trabajadores de cualquier tipo de abuso y/o fraude que se intente en su perjuicio, garantizando la seguridad social.» Señaló «Por ello» que el «Acta labrada por un inspector es un instrumento público con presunción de legitimidad y veracidad, por lo que llegado el caso si se constata que un trabajador no se encuentra registrado legalmente, la Subsecretaría de Trabajo tiene la potestad de aplicar las sanciones que la ley 857 le otorga», para agregar «salvo que el empleador -en este caso REPARTOSYA SA logre desvirtuar la misma» Por lo cual, dijo que » Exigirle a la Delegación de Relaciones Laborales que ante la constatación de una infracción, como en el presente caso de existencia trabajadores no registrados, no tenga la potestad para determinar cuando una relación es laboral o no, y que para ello debar recurrirse en primer término ante un Tribunal para que sea un Juez el que determine su existencia» implica «vaciar de contenido su Poder de Policía».

También que «Resulta aquí de fundamental importancia y aplicación el PRINCIPIO DE PRIMACÍA DE LA REALIDAD» y » no importa como las partes llamen al contrato, sino que realmente ocurre en los hechos (artículo 20 LCT)», esto es, aunque la empleadora diga que se trata de una «locación de servicios» o sea un «trabajador autónomo»si en la práctica » hay dependencia hay relación laboral».

Mientras que a continuación y » Con relación a ello» señaló que el Tribunal Laboral N° 2 de La Plata y en un caso similar (expediente N° 49.930) caratulado «Ministerio de Trabajo c/Rappi Arg. S.A.S. s/ Apelación de Resolución Administrativa» el «sentenciante Dr. Juan ORSINI» afirmó que «. Tampoco procede el agravio fincado en que la decisión acerca de la existencia de relación laboral entre «Rappi» y los repartidores le corresponde en exclusiva al Poder Judicial, excediendo las potestades del Ministerio de Trabajo, pues esa dependencia administrativa carece, al ejercer la función de inspección laboral, de la potestad de interpretar los textos legales, por lo que, encontrándose controvertida la inteligencia de una norma. debió abstenerse de intervenir en el caso.» En tanto » a. La crítica (sustentada en una posición doctrinaria arcaica, que en su hora tuvo alguna recepción en cierta jurisprudencia) es claramente equivocada.» y párrafo mas adelante se agregó que «.el lenguaje jurídico y su interpretación no es (no puede serlo, en una sociedad republicana y democrática) un coto privado de los jueces, ni siquiera de los funcionarios estatales en general, sino de todas las personas, por la sencilla razón de que carecería de toda legitimidad obligar a alguien a cumplir o a hacer cumplir una norma jurídica si previamente no puede entender su significado, para lo que -insisto- resulta insoslayable interpretarla.» También que «.No se advierte de qué modo podrían válidamente los funcionarios del Ministerio de Trabajo cumplir con la esencial función de policía laboral si se los privase de la potestad de desentrañar el sentido y los alcances de las normas laborales y sociales cuyo cumplimiento por parte de los empleadores deben controlar.» Asimismo que «Bajando a la concreta controversia presentada en el caso, es a todas luces evidente que, una vez colectada la prueba (v.g., interrogatorios a los repartidores que constan en las actas de inspección), la autoridad debió necesariamente formular un análisis de hermenéutica jurídica para definir si los hechos constatados encuadraban o no dentro de las normas que definen las notas tipificantes del contrato de trabajo (arts. 21/23, LCT), para, de arribar (como finalmente sucedió en la especie) a una respuesta afirmativa, sancionar al empleador que había incumplido su debe r de registrar esos vínculos y observar las normas laborales y de la seguridad social. » Indicó «Es que, de resultar válida la posición de la apelante, en cada caso en que, en el marco de una inspección, detectase una relación laboral informal o clandestina, la autoridad administrativa del trabajo (impedida, en esa inteligencia, de interpretar normas jurídicas como las contenidas en los arts. 21/23 de la LCT ó 7 y 18 de la ley 24.013) debería recurrir a un juez para poder aplicar una sanción, lo que demuestra el absurdo de esa tesis que, de convalidarse, provocaría la parálisis y esterilidad absolutas de la función estatal de policía de trabajo.».

Asimismo, señaló allí que «.la atribución legal conferida a la autoridad administrativa para sancionar a los empleadores por la inobservancia de las normas laborales (.) abarca la de interpretar lo que dichas normas disponen, descartando, en su caso, la inteligencia diversa que puedan invocar los inspeccionados como justificativa de su conducta» (CSJN, A. 1792. XLII. «Aerolíneas Argentinas S.A. c/ Ministerio de Trabajo», sent. del 24/2/2009, considerandos 4° de los votos de los Jueces Lorenzetti, Maqueda, Zaffaroni, Fayt y Petracchi).

Además, que en ese fallo se dijo»este Tribunal no advierte bajo qué acción o acto intelectivo podría establecerse jurídicamente el contenido de una norma legal que no fuese, precisamente, el de la interpretación de ésta. Hace ya tiempo, a su vez, que ha sido demostrado que el aforismo, según el cual, la ley clara no requiere interpretación (in claris non fit interpretatio), encierra una inequívoca falacia.Incluso, tal como lo expuso Luis Recasens Siches «sin interpretación no hay posibilidad alguna ni de observancia ni de funcionamiento de ningún orden jurídico» (Tratado General de Filosofía del Derecho, México, 20. ed., 1961, Porrúa, p. 627)».» .

Transcripto esos considerandos aclaró el juez Fazzini que ese fallo fue confirmado por la SCBA (en causa L.

128.287, «Ministerio de Trabajo contra Rappi Argentina S.A. s/ Apelación de resolución administrativa») Allí concluyó el análisis del caso traido a su decisión y dijo que «Por todo lo antes expuesto»corresponde «RECHAZAR el recurso de apelación deducido por REPARTOSYA S.A contra la Resolución dictada en el marco del expediente Nº 3447/22 por medio de la cual se le ratifica la aplicación de una multa de $ 5.140.080» II.-b) 4 Ahora bien, llegado a este punto del análisis se colige que , en principio, el juez situó adecuadamente el objeto como alcances de la impugnación y el acto administrativo contra el cual se la formulaba.

Sin embargo, de lo dicho en los sucesivos considerandos se evidencia que no tuvo un razonamiento adecuado ni con apego a esa premisa, dado que mas allá de referenciar los agravios de la parte recurrente como los términos de la impugnación en sede administrativa y la respuesta dada por el Estado Provincial, no ahondó en aquellos ni en la prueba existente.

Tal aquella obrante en el expediente administrativo que fuera explicitada al formular el descargo ante esa Subsecretaría y que viene replicada a esta instancia judicial; y por tanto le asiste razón a la recurrente al reprochar que fueron totalmente soslayadas.

Dado que así lo testimonian los considerandos transcriptos sin perjuicio de haberlos reseñados incluso en un acápite «AGRAVIOS» pero que después no fueron examinados en relación con esa cuestión que debía dirimir.

Allí entonces se evidencia esa ausencia de fundamentación que cuestiona la parte recurrente y resulta corroborada en el restante considerando relativo al «FONDO DE LA CUESTIÓN», pues en tal sentido, no obstante circunscribir ( tres veces)cuál era la resolución impugnada y porqué, su abordaje tampoco allí encontró fundado reflejo.

Sino que se limitió a reiterar cual era «La cuestión de fondo a dirimirse», esto es «si el Acto Administrativo» que impone la multa a REPARTOSYA SA era válido y no contiene ningún vicio que la torne ilegítima y si, al ejercer su Poder de Policía puede aplicar sanciones (como en este caso una multa).

Pero como bien apunta la recurrente en ese sentido el juez se limitó a efectuar señalamientos genéricos en punto a la presunción de legitimidad de los actos administrativos, siendo que esa directriz no fue puesta en cuestión, tampoco el poder de policía de ese Organismo.

Sino, que en el caso ese ejercicio que derivó en una sanción por supuestos incumplimientos laborales al presumir la existencia de relación laboral dependiente de su parte para con los riders no fue regularmente cumplido, sino en exceso del que le ha sido conferido por las normas de creación.

II.-b) 5 Cuestión esa respecto de la cual incluso el juez señaló que residía el agravio nodal de esa parte, toda vez que ya en sede administrativa postuló esa versión defensiva al presentar su descargo y aportó prueba para demostrar que no correspondía aplicar esa presunción, pero además, que la actividad de esas personas se desarrollaba de manera autónoma.

Para lo cual como prueba aportó los contratos de prestación de servicios y constancia de inscripción de esas personas relevadas como Monotributistas, lo cual no fue siquiera considerado, sin perjuicio de la decisión a la que a tenor de ello arribara.

Sino que en tal sentido se limitó a señalar que los actos administrativos se presumen legítimos de allí que al pretender la nulidad sus agravios y sin siquiera ingresar a analizar su acierto, no procedían.

Lo cual denota una decisión en efecto dogmática,porque no refleja una ponderación concreta ni exterioriza ese razonamiento del que derive tal postura, y además, con ajenidad a lasconstancias del expediente administrativo en le cual se adoptó la decisión que venía a revisión.

Además, porque aun cuando un acto administrativo se presuma legítimo (art. 51 ley 951) tal principio no impide su cuestionamiento sino que autoriza a considerarlo válido hasta tanto no sea impugnado y eventualmente se declare su nulidad por autoridad competente, en el caso judicial.

Señalamiento ese que también efectuó el juez, sin embargo a tenor de la conclusión extraida después se advierte que no atendió al ligamen concreto de esa premisa para con lo que debía resolver.

Es que, soslayó que esa presunción puede ser devirtuada y a ese fin se trajo a su revisión lo actuado en sede adminstrativa conforme la vía recursiva conferida por la propia ley 857 en su artículo 12, y fuera regularmente ejercida por REPARTOS YA SA ante el fuero laboral local.

Además, porque de seguirse el criterio del juez, según el cual, por aplicación del principio de legitimitidad de un acto administrativo no procede su nulidad, se desatiende que tal presunción de legitimidad autoriza ser debatida en razón de así preverlo otras disposiciones que habilitan que se acuda a esta sede judicial para revisar lo decidido por la administración, al desplegar sus funciones legales.

Traigo a colación algunas, como la ley n° 952 (habilita la vía contencioso-administrativa para impugnar actos de la Administración pública provincial) el artículo 45 de la LDC 24.240 (para recurrir las disposiciones de la Dirección General de Defensa del Consumidor de esta provincia), los recursos contra las sanciones disciplinarias adoptadas respecto de los profesionales por los Colegios que los nuclea (p.ej.Colegio de Abogados, Piscólogos, Martilleros), incluso porque el Superior Tribunal de Justicia ha dicho que si bien aquellos no integran la estructura estatal, al ejercer función administrativa por delegación del Poder Ejecutivo Provincial, habilita la impugnación judicial de esos actos («Monterola», «Ferrari», entre otros).

Lo dicho es para dar cuenta que al limitarse el juez a señalar el juez que » Los actos administrativos se presumen legítimos» para decir por ello y sin más que, al pretender su nulidad, los agravios que propone la recurrente y «sin ingresar a analizar de momento el acierto sustancial de sus argumentos» resulta «formalmente improcedente» , se traduce en un desacierto y esa conclusión deviene además infundada.

II.-b) 6 Mientras que, en ese sentido y en cuanto a esos » diversos motivos» según los cuales dijo el juez que no era necesario ingresar a analizar el acierto o no de los agravios de la recurrente, tampoco se advierte en qué radicaría la fuerza dirimente para con la cuestión en recurso que citara y transcribiera el art.12 de la ley provincial 857.

Toda vez que, sin perjuicio de ser conocido, es esa norma justamente la que habilita la vía judicial para impugnar aquel acto administrativo sancionatorio.

Ni explica en qué arraiga la fundabilidad del otro «motivo» referenciado, esto es, al decir «en relación a ello este Tribunal está habilitado a revisar la decisión final adoptada por la autoridad administrativa mas no así el procedimiento administrativo precedente» y agregar «cuyos eventuales defectos debieron ser oportunamente cuestionados, si la interesada así lo consideraba, en el momento y por las vías ordinarias correspondientes».

Porque lo así dicho además de implicar un señalamiento genérico, a su vez entra en contradicción manifiesta con lo que el juez había señalado antes, pues las propias constancias del expediente administrativo tramitado son las que acreditan que en este caso la parte recurrente ejerció las vías de las que disponía a fin de cuestionar lo actuado, tanto en sede administrativa ( presentó descargo, ofreció pruebas, presentó recurso jerárquico contra lo decidido), como judicial habilitada por la ley 857.

Lo cual demuestra que, en efecto, como reprocha la recurrente, se limitó el juez a postular premisas vacías de contenido y con concreta traducción al caso; y, en tales condiciones surge claro que lo así dicho no podría ser suficiente sustento para concluir en la » improcedencia» de los agravios propuestos.

Además, porque cuando se habilita por esa ley 857 la revisión judicial, no se limita a la decisión final del expediente administrativo sino que comprende el procedimiento seguido para su dictado.

De interpretarse del modo en que el juez postula en aquel párrafo entonces cuál sería la finalidad como aplicación de la revisión judicial que aquella norma dispone y de darle el acotado alcance que le asigna, soslaya que la revisión judicial suficiente se vería vacua de contenido.

Asimismo, ese desajuste conceptual como sustancial se enfatiza cuando afirma a su vez y categóricamente que aquí » resulta de aplicación la doctrina legal según la cual las infracciones relacionadas con presuntosvicios procesales anteriores a la sentencia y aun aquéllas vinculadas a cuestiones de procedimiento que han quedado precluídas resultan ajenas a la instancia recursiva, desde que el recurso tiene por objeto la sentencia definitiva y no el reexamen de la estructura del procedimiento antecedente».

Toda vez que es señalamiento de por sí genérico omite que la revisión judicial propuesta es la que habilita esa ley 857 respecto de una decisión administrativa; no la apelación de una resolución o sentencia judicial.

Pero aún así, tampoco lo dicho resulta atendible pues cuando esta Cámara considera los recursos de apelación contra las decisiones judiciales tampoco limita su examen a la decisión en sí, sino que comprende a su vez el examen de si se ajusta a los presupuestos para su regular dictado (pej. art. 155 CPCC).

De así analizado surge que tal como reprocha la parte recurrente, cuando el juez dice que sus agravios son improcedentes pero sin haberlos analizado, deriva que lo hizo guiado bajo formulas genéricas y abstractas, por tanto, esa conclusión resulta infundada.

II.b) 7 Lo cual replica al expedirse respecto del poder de policía de la Subsecretaría, en tanto a ese fin también efectúa señalamientos genéricos en punto a que tiene fundamento en el artículo 1 de la ley 857 y en el artículo 14 bis de la CN y dice que mas que una facultad constituye un «deber» del Estado.

Ello, agrega, para regular los derechos individuales en función de un interés público mediante las acciones e intervenciones referidas » protegiendo a los trabajadores de cualquier tipo de abuso y/o fraude que se intente en su perjuicio, garantizando la seguridad social.» Para señalar a su vez que «el Acta labrada por un inspector es un instrumento público con presunción de legitimidad y veracidad» y «llegado el caso» y » si se constata que un trabajador no se encuentra registrado legalmente» la Subsecretaría de Trabajo tiene la «potestad de aplicar las sanciones que la ley 857 le otorga salvo que el empleador -en este caso REPARTOSYA SA logre desvirtuar la misma» .

Sin embargo, respecto de esa cuestión que debía analizar en el caso traido a revisión, esto es, si como dijo la Subsecretaría de Trabajo la empresa recurrente tenía trabajadores dependiente no registrados que pudieran habilitar la sanción aplicada nada dijo.

Ni analizó si lo dicho por ese Organismo fue desvirtuado por prueba en contrario esa presumida existencia de relación dependiente como de las invocadas infracciones a las normativas laborales y protectorias del trabajo que concluyó aquel.

Toda vez que, justamente, la parte sancionada no desconoció ni reproha ese poder de policía sino, reitero, su ejercicio en este caso y en el marco probatorio aportado, resultó excedido del marco regulatorio que le ha sido conferido y, que, en efecto, como refiere, fue expresamente abordado por esta Cámara en la causa antecedente (23514 rCA).

En tanto, en efecto, derivó ello en la revocación de la sentencia dictada por el mismo juzgado que interviene en esta causa y a resultas también de la decisión administrativa sancionatoria y aplicación de multa por ese Organismo a la misma parte ahora recurrente, no obstante diferir en la cuantía.

Sin embargo, aun en ese marco y sentenciada antes, esto es, en el mes de diciembre del año 2025 ( y firme) al resolver esta causa ( abril/2026) no se ha hecho siquiera mención de lo allí sentenciado ni allegó el juez otros argumentos que pudieran confrontar los que se dieron antes y eventualmente pudieran ser así evaluados ahora.

Por el contrario, esta vez como aquella, se limita a decir que las «actas labradas» por la Subsecretaría y los actos administrativos se presumen válidos , siendo que esa premisa por sí no basta para sustentar un fallo, más aun, cuando se está poniendo en crisis esa regularidad del acto.

Ello, porque la parte recurrente concretamente impugnó que ese Organismo presumiera que las personas identificadas en esas actas fueran «dependientes» y que «no estaban registrados», pues al formular su descargo aportó constancias de la vinculación como pruebas en las que sustentaba su versión defensiva.

Debía entonces sopesar «en el caso» si la actividad realizada por esas personas lo era al margen de toda figura o marco jurídico, dado que la Administración había presumido por sí y ante sí la existencia de una relación dependiente sin registrar a tenor de la aplicación del artículo 23 de la LCT, pero sin atender a aquellas constancias.

Las que tampoco fueron valoradas por el juez en el marco de esa revisión judicial que le fue dada en los términos del artículo 12 de la ley 857 respecto de ese actuar como decisión administrativa que derivó en la aplicación de una sanción a fin de examinar su validez o no.

II.-b) 8 Es que, tampoco esa parte recurrente puso en cuestión que la Subsecretaría de Relaciones Laborales pueda aplicar sanciones, ello, en caso de constatar la existencia de prestación de tareas en relación de dependencia y sin registrar, sino, que a su respecto se hubiera presumido su existencia para con los repartidoes y le aplicarauna multa por alegadas infracciones a la normativa laboral, siendo que aportó prueba que da cuenta que desarrollan su actividad bajo una determinada figura contractual prevista en el ordenamiento juridico.

Por tanto, en ese contexto, es que como señalé en la causa anterior, ese Organismo no está potestado para calificar por sí y ante sí esa relación de otro modo bajo la aplicación de la presunción del artículo 23 de la LCT dado que no se concreta el presupuesto fáctico que pudiera habilitarlo válidamente, ni derivar de ello a su vez la regular aplicación de la sanción.

Pues, en tal sentido, no se constató que REPARTOS YA SA tuviera trabajadores en relación de dependencia no registrados o personas que presten tareas bajo sus órdenes que carecen de todo tipo de encuadre legal para, eventualmente, presumir por aplicación de los artículos 22 y 23 de la LCT la existencia de un contrato de trabajo.

Toda vez que, conforme dije en la causa antecedente ( 23514 rCA) no le está dado a la Subsecretaría a fin de aplicar una sanción como la que viene cuestionada, valorar si el encuadre que pudieran darle a la vinculación habida según la figura que surge documentada ( contrados de prestación de servicios e inscripción como monotributistas) es la que corresponde o ello pudiera implicar un «fraude a la ley» porque ello excede el poder de policía acordado, sino que resulta reservado a la función judicial, en el marco de un caso.

II.-b) 10 Lo cual digo también, como señalé aquella vez, que tampoco implica ello, según refiere genéricamente el juez, «vaciar de contenido su Poder de Policía» sino de precisar sus legales alcances conforme al contexto fáctico-jurídico y probatorio dado en el expediente administrativo.

Ni podría validarse la aplicación de esa sanción con genérica alusión al «PRINCIPIO DE PRIMACÍA DE LA REALIDAD» en tanto no le está dado a ese Organismo interpretar por sí y ante sí el modo o alcances de los contratospresentados o si lo convenido se condice o no con lo que realmente ocurre en los hechos.

Dado que tal principio contenido en el artículo 20 LCT no aplica en este caso ni en el sentido que se le otorga por el juez, porque según dije antes, aquí no estamos frente a un caso de demanda judicial en cuyo marco corresponda examinar si la parte empleadora asentó en sus registros el vínculo conforme a una calificación y condiciones que no reflejan la realidad y reclame ser corregida.

Sino de una sanción aplicada por la autoridad administrativa para lo cual presumió la existancia de una relación laboral dependiente no registrada, siendo que la parte recurrente aportó los contratos de «locación de servicios» y las constancias de inscripción de esas personas como monotributistas.

De allí que, en lo que interesaba a la revisión propuesta en el marco del artículo 12 de la ley 857 , deriva entonces que esas pruebas son las que dan cuenta que tales personas no estaban al margen de todo encuadre sino que esos riders o repartidores relevados en las actas labradas por esa Subsecretaría y según esas constancias lo hacen como «autónomos».

Respecto de lo cual tampoco está facultada esa autoridad administrativa para determinar, como dice el juez, «si en la práctica hay dependencia hay relación laboral» , en tanto quedó suficientemente dicho que esa valoración se encuentra reservada al poder judicial ante un «caso» puesto a su decisión.

En consecuencia, soslayó ese Organismo pero mas aun el juez en su función revisora aquel marco jurídico que grafican las pruebas aportadas por la parte recurrente en su descargo ante la sede administrativa y que, a los fines de aplicar la sanción, deriva que esas no carecen de registración sino que desarrollan esa actividad bajo una determinada figura legal.

He allí donde se evidencia aquí como en la causa anterior, ese exceso en el ejercicio del poder de policía por parte de la Subsecretaría al desplegar la función sancionadora y multar a la empresa por «infracciones» alas normas laborales que fueron presumidas pero no acreditadas.

De lo cual deriva que ese proceder ha vulnerado el principo de legalidad en el cual ha de tener arraigo todo despliegue de función punitiva estatal, sin que la aplicación de una multa resulte ajena al resguardo de elementales garantías constitucionales como convencionales en ese sentido.

II.- b ) 11 Por lo demás, digo que tampoco tiene in cidencia menos aún dirimente para variar lo así concluido en esta causa en consonancia con lo analizado en la anterior ( n° 23.514 r.CA.) lo decidido por el Tribunal Laboral N° 2 de La Plata según fuera señalado por el el juez.

Porque, primeramente, en este fuero local existe un precedente propio y específico que resulta aplicable a este en razón que involucra a las mismas partes como al juzgado actuante por el mismo en ambas; y cuya anterior sentencia fue revocada por esta Cámara, la que se encuentra firme y pasada en autoridad de cosa juzgada.

Sin embargo, al sentenciar esta soslayó los fundamentos dados pues, aun cuando pudiera disentir con lo allí concluido tampoco allegó el juez a ese fin otros argumentos que pudieran refutar los dados antes o dar razones de porqué no correspondía mantener el criterio ya señalado.

Tampoco lo trae a ese fin la parte apelada aquí siendo que también lo fue en aquella a fin que fueran ahora evaluados para en su caso dar motivos para arribar a una solución distinta siendo que el contexto fáctico-jurídico abordado en aquella resulta igual a esta.

Sino que, en tal sentido, habilita a replicar aquí los fundamentos dados en esa causa anterior que no les resulta ajena a las partes ni al tribunal laboral actuante, y, por ello, su aplicaicón en principio no puede ser válidamente eludida con la invocación de las sentencias que pudieran pronunciar otros tribunales en otros casos.

Toda vez que, aun cuando la jurisprudencia como doctrina pudieran servir de pautas orientadoras para una determinada postura u otra no suple el examen concreto y razonado del «caso» traidoa decisión ni a las cuestiones debatidas en su marco ( art. 3 CCyC).

Ni habilita a trasladar aquí y sin más lo dicho en otro tribunal a resultas del caso que le fuera dado sin efectuar siquiera una ponderación previa a ese fin, de las cuestiones puestas a decisión en aquel como su eventual relación para con lo que se ha de decidir en este.

Digo ello porque, en el fallo «RAPPI» citado en parte por el juez y al que se pliega la parte apelada en su respuesta ( confirmado por la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires pero recurrido ante la CSJN) el Ministerio de Trabajo de esa provincia aplicó una sanción a esa empresa porque, luego del relevamiento efectuado en relación a las personas que estaban prestando tareas para esa firma, no aportó documentación probatoria alguna .

Sino que primeramente interpuso «nulidad contra la notificación de lo actuado en sede administrativa» y al serle rechazada tampoco efectuó descargo ni prueba y cuando intentó hacerlo a tenor de ese cuestionamiento como no fue admitido, su presentación posterior no fue validada.

Lo dicho surge de los considerandos de la sentencia dictada por la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires al tiempo de confirmar lo dicho por el Tribunal n° 2 de La Plata; texto íntegro ( no algunos párrafos) que puede visualizarse en el portal de sentencias de ese tribunal.

Pues, según indicó ese tribunal «.II. Rappi Argentina S.A.S. interpone recurso extraordinario de nulidad (v.escrito electrónico de fecha 17-X-2021).» y sostiene que » el tribunal de origen no hizo lugar a la nulidad planteada por la empresa como consecuencia de la existencia de graves vicios en los que —afirma— se incurrió en la instancia administrativa, esencialmente, al rechazar el pedido de nulidad de la notificación de la resolución que dispuso la apertura a prueba del procedimiento sumarial».

También que » Denuncia vulnerado el principio in dubio pro administrado, por no habérsele permitido en aquella instancia subsanar los posibles defectos formales en que habría incurrido su parte al constituir un nuevo domicilio legal. Expresa que el rechazo de la pretendida nulidad de la notificación de la resolución referida y la falta de apertura a prueba en la instancia judicial, resultan violatorios de garantías constitucionales como la defensa en juicio y el acceso a la jurisdicción y el de propiedad (arts. 14 y 18, Const. nac.), deviniendo arbitrario el pronunciamiento de grado» y «. Desplegando sendas consideraciones, entiende así, que si el proceso se originó a raíz de un acto administrativo nulo, también lo es la totalidad del procedimiento, incluso el pronunciamiento judicial atacado».

Lo así reseñado por esa Corte basta para dar cuenta que aun cuando pareciera tratarse en apariencia de la misma situación que la del caso local no lo es y, en tal sentido, aun cuando resulte ocioso pero no por ello inoportuno, es preciso reiterar el porqué de ese distingo.

Es que, en este, tal como señaló el juez, luego de ser notificada REPARTOS YA SA de las actuaciones admistrativas y del relevamiento que daban cuenta las Actas labradas por la Subsecretaría seguidas a su respecto se presentó, efectuó descargo y aportó prueba documental ( contratos de prestación de servicios e inscripción de monotributista) como también testimonial.

Siendo que «RAPPI» no lo hizo y no pudo desacreditar que tales personas no fueran dependientes de su parte o, en su caso, acreditar que estuvieran encuadradas en algún tipo de carco jurídico.

De allí que según se colige, la sola invocación de unfallo de otra jurisdicción como el señalado tampoco podría sustentar válida y fundadamente una decisión judicial a adoptar en este fuero y en este caso, sin perjuicio que, cierto es también, no le es vinculante a esos efectos.

Recuerdo en ese sentido que no rirge en nuestro ordenamiento jurídico la obligatoriedad del precedente siquiera respecto de los fallos de la Corte Suprema de Justicia, dado que en ese sentido no existe norma que así lo estatuya, sin perjuicio de tener anclaje en otras razones entre ellas por su carácter de última intérprete de la Constitución.

Lo cual da cuenta que no se advierte porqué motivo debiera en este caso dejar de aplicar los propios fundamentos dados en una causa antecedente entre las mismas partes y explicitados suficientemente, por lo dicho en otro tribunal de extraña jurisdicción, y, además, implicaría a ese fin soslayar la autonomía provincial (arts.121 ,122 y 123 CN).

II.-c) Por tanto, de lo analizado deriva que asiste razón a REPARTOS YA SA al decir que el juez al decidir la impugnación contra lo actuado por la Subsecretaría de Trabajo en base al poder de policía atribuido por la ley 857 ( y modificatorias) no ingresó al «fondo de la cuestión» que en principio tituló y circunscribió.

Sino que sus señalamientos en esta causa incluso mas acotados que en la sentencia anterior pero igualmente infundada dado que omitió con mayor evidencia la ponderación de las pruebas aportadas en la instancia administrativa y traducidas a esta.

Las que, justamente, estaban orientadas, a sustentar la defensa frente a esa actuación sancionatoria por «incumplimientos laborales» que le atribuyera esa autoridad administrativa en relación a las personas relevadas.

Marco en el cual, el hecho que esa parte fuera notificada para darle oportunidad de presentar descargo y ofrecer pruebas como exponer los argumentos que estimara necesario a su postura no implica que no se hubiera afectado el derecho de defensa ni de legalidad al arribar a la sanción aplicada.

Sino que ello deriva de no haberle dado el juez a esa cuestión tratamiento de modo concreto y fundado una vez que esa parte acudió a esta instancia judicial para obtener esa revisión judicial contemplada en la ley 857.

Ni le dio un razonado tratamiento sin perjuicio de la decisión a la que en tal sentido se arribara, en tanto, sin perjuicio de lo dicho como ponderado por esa autoridad administatriva, en esta instancia judicial se ha de controlar, primero, si el procedimiento administrativo seguido fue el legalmente estatuido a ese fin.

Para cotejar después si la decisión administrativa recurrida advinene de un adecuado anclaje para con los antecedentes de hechos a los que refiere esa decisión se condicen con los ponderados para adoptar la sanción.

También, en su caso, si la sanción aplicada se encuentra dentro de las que prevé la normativa como incluidas en su catálogo y, a su vez, si guarda adecuada proporcionlidad la graduación fijadapara con la infracción constatada.

Porque son esos los principios como directrices basales de toda actuación y se han se considerar para determinar si ha sido regularmente desarrollada para concluir en la decisión impugnada, mas aún, como apunta la parte recurrente, al desplegar función punitiva.

Tal como aconteció en este caso por parte de la Subsecretaría de Trabajo derivada de una alegada infracción que según dice constató a resultas del relevamiento efectuado por ese Organismo en la vía pública en relación a un grupo de personas y según lo cual, de oficio determinó que existía un vínculo de trabajo dependiente para con REPARTOS YA.

Es decir, calificó por sí y ante sí, la existencia de una relación laboral dependiente y según he dicho en la causa anterior; excede ese poder de policía atribuido a la autoridad administrativa, porque del repaso de esa normativa que lo atribuye (ley 857, dctos.reglamentarios y normativas modif.), no surge ni autoriza a darle ese alcance.

Sino que determinar en ese marco probatorio dado si existe o no relación laboral o determinar si la utilización de una figura legal ( en este caso los contratos de prestación de servicios , inscripción como monotributistas, etc.) encubren o no otra realidad, resulta reservada a la función jurisdiccional que le ha sido a ese fin legal y constitucionalmente asignada a la judicatura.

Ello, claro está, en el marco fáctico y jurídico del caso dado como presentado ante un tribunal competente a ese fin, sin que así aconteciera en este caso como el decidido antes.

Cuestión esa que no es lo que ahora se está sustancialmente discutiendo ni corresponde abordar en el marco del recurso dispuesto por el artículo 12 de la ley 857, sino que esa impugnación está dada solo para cuestionar judicialmente la actuación desplegada por esa Subsecretaría de Trabajo al aplicar esa sanción y si resultó acorde al ámbito como funciones fijadas por la normativa de creación de ese Organismo.

II.-c) 1 Sin embargo, en este caso y según dije en la causa antecedente, tampoco surge que a tenor de ese relevamiento ese Organismo hubiera promovido algún reclamo ante los tribunales del trabajo en favor de dichas personas y en resguardo de esos derechos laborales que entiende y presume incumplidos por la parte sancionada.

Pues dije y lo reitero que esa dependencia administrativa cuenta con un departamento jurídico actuante en su ámbito y, además, no se ha hecho saber ni consta que alguna de esas personas relevadas hubieran requerido ante ese organismo el inicio de algún reclamo por sí para que accionara judicialmente en su nombre y representación.

Ni de haber sido efectuado y haber obtenido en su caso una sentencia condenatoria en la cual previamente se abordaran tales aspectos en relación a esa empresa y al tiempo de realizar la inspección no se constataran cumplidos para eventualmente dar lugar a la aplicación de sanciones por constatarse concretas infracciones a la normativa laboralaplicable en relación al personal dependiente.

Deriva así que la sanción aplicada no advino de una instancia judicial ni un concreto reclamo en sede administrativa, tampoco que esas personas y la empresa hubieran sido citadas a partir de aquella constatación, para evaluar la adopción de alguna medida en resguardo de los derechos de aquellas o para corregir alguna situación irregular en ese sentido.

Sino que ese procedimiento se siguió a fin de aplicar una multa, y se limitó a ello, sin procurar a su vez disuadir de tales conductas que presumió infractoras a las normas laborales o evitar que se sucedan en el futuro y, ello, teniendo en miras ese resguardo que indican respecto del trabajo según el artículo 14 bis CN y demás disposiciones.

Todo lo cual deriva en una decisión judicial dogmática, dado que al resolver no basta con decir ni citar genéricamente qué debe contener un recurso o cómo deben exponerse los agravios, sino de examinar la fundabilidad que portan o no los que han sido propuestos.

Por lo cual, esta vez como en la anterior se evidencia que no atendió suficientemente al deber de resolver el caso (art. 3 CCyC) y según los agravios que expone la parte recurrente es que el poder de policía de la Subsecretaría de trabajo al aplicarle la sanción no tiene anclaje fáctico-jurídico ni la multa tampoco.

II.-c) 2 Nótese que respecto de la aplicada como su extensión tampoco existe en los considerandos ninguna referencia ni explicita los parámetros considerados para arribar a esa decisión, ni se han indicado a ese fin las pautas de graduación que prevé a ese fin la ley 857 y sus modificatorias ( cfe.ley 1248/90 del 1.10.1990).

Tampoco aplica como defensa, menos aun dirimente para propiciar su mantenimiento las invocaciones genéricas que realiza a ese fin la parte apelada al pretender el mantenimiento de la setencia apelada (act.4173218) .

Ni la presunción de legimitidad de los actos administrativos resulta incólume sino que pueda ser desvirtuada porque las propias normas de derecho público administrativo que referí antes, prevén la posibilidad de acudir a la instancia judicial para revisar lo actuado en esa administrativa y en este caso, conforme la ley 857.

Pues, recuerdo que la ley n° 951 en su artículo 33 prevé que » Acto administrativo es toda declaración, disposición o decisión de la autoridad estatal en ejercicio de sus propias funciones administrativas, productora de un efecto jurídico» .

Cometido para el cual se ha de cotejar si fue desplegada en el marco jurídico que corresponde como en el ámbito competencial que le es propio, para luego si lo decidido se ajusta a los antecedentes de hecho como derecho que le dan origen y por tanto si importa una decisión motivada.

En tal sentido y de no reunirse los requisitos constitutivos del acto (art.37 ley 951) se habilita la posibilidad de revisar como revocar esa actuación y, por tanto, en el caso, a revisar lo actuado por la Subsecretaría de Trabajo.

Entre los cuales, se prevén como elementos esenciales que «La Administración Pública debe obrar en ejercicio de su competencia» según establece el artículo 38 y, a su vez, ha de contender la «Causa» que comprende » el conjunto de antecedentes o circunstancias de hecho o de derecho que en cada caso llevan a dictarlo» según prevé el artículo 39.

Como también «La emisión del acto administrativo requiere la observancia de los requisitos a cumplir tanto en el proceso de expresión como en el de formación de la voluntad administrativa» (Artículo 44) y ha de ser «motivado» ( Artículo 45).

Por tanto, deriva que al «sancionar» por «incumplimientos laborales» lo hizo según reprocha la recurrentea partir de presumir , del relevamiento o de un grupo de personas consultadas en la vía pública y que desarrollan tareas de repartos, que eran empleados en relación de dependencia de esa parte y sin registrar. Sin considerar los contratos de prestación de servicios (que aportó) y que se encuentran inscriptos como autónomos (cfe.constancias de AFip, monotributistas) y facturan por cada viaje o servicio.

II.-c) 3 Pero además, cierto es que en la anterior causa y lo replico ahora, abordé lo relativo a que lo actuado tampoco tiene anclaje en las funciones que le son propias y atribuidas en la normativa de creación (cfe. DECRETO N° 1854/84 CREACION DE LA SUBSECRETARIA DE TRABAJO SANTA ROSA, 20 de julio de 1984 ), a tenor de lo dispuesto en la Ley provincial n° 736 y según la cual, «LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA SANCIONA CON FUERZA DE LEY» dispuso:

» Artículo 1°.- Derógase la Ley N2 483, ratificatoria del convenio celebrado entre la Provincia y el Poder Ejecutivo Nacional, por el cual el Ministerio de Trabajo de la Nación asumió las atribuciones que correspondían a la Provincia en materia de competencia laboral.» También, en su «Artículo 2°» que «El Poder Ejecutivo creará en jurisdicción del Ministerio de Gobierno y Justicia el organismo que estime necesario, el que tendrá a su cargo las funciones de Policía de Trabajo; interviniendo además» a) En la prevención y solución, en su caso, de conflictos individuales y colectivos de trabajo; b) En la conciliación y arbitraje; e) En la supervisión de las entidades gremiales en el ámbito Provincial; d) En la fijación y contralor de la política salarial; e) En la adaptación de las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de leyes, decretos, convenios colectivos, reglamentaciones y demás normas legales en materia laboral; y f) En la realización de cuantos más actos fueren menester para el cumplimiento de su función específica, pudiendo requerir para esto, el auxilio de la fuerza pública sifuese necesario.» (del 3.05.1984).

A resultas de lo cual, mediante Decreto n° 1854/84 » EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DECRETA: TITULO 1 Creación de la Subsecretaría de Trabajo Artículo 1°: Créase la Subsecretaría de Trabajo, como organismo dependiente del Ministerio de Gobierno y Justicia, con jurisdicción en todo el territorio de la Provincia, sin perjuicio de la intervención que pudiere corresponder al Ministerio de Trabajo de la Nación en los casos en que por su índole o efectos exceden los límites de la Provincia.» En el «CAPITULO I- Estructura-» dispone «Artículo 2°: La Subsecretaría de Trabajo se estructurará de la forma siguiente: Con dos Direcciones de Trabajo; una con sede en la Ciudad de Santa Rosa y otra con sede en la Ciudad de General Pico, que tendrán a su cargo: a) Departamento de Policía de Trabajo; b) Departamento de Relaciones Laborales; y e) Departamento de Asuntos Legales. Contarán además con una Mesa de Entradas y una Dependencia denominada Fondo de Terceros. Los Departamentos de Policía de Trabajo y de Relaciones Laborales estarán a cargo de un coordinador y el Departamento de Asuntos Legales a cargo de un· Abogado.

De la Subsecretaría dependerán en forma directa las Delegaciones Regionales.» Y, particularmente, en el » CAPITULO II Funciones» previó en su Artículo 3° que » Compete a la Subsecretaría de Trabajo, el asesoramiento al Poder Ejecutivo, en materia laboral, la aplicación de la Legislación Laboral vigente, la prevención y solución de los conflictos laborales, individuales y colectivos, y en general el ejercicio de Poder de Policía en toda la Provincia, y en particular:a) La difusión, aplicación y vigilancia de la Legislación Laboral vigente; b) La Dirección, organización y coordinación de las actividades jurídicoadministrativas del organismo laboral; e) Promover el perfeccionamiento de la Legislación del Trabajo; d) La organización en todo el territorio de la Provincia de la Policía de Trabajo, adoptando las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de Leyes, Decretos, Convenios colectivos, reglamentaciones y demás normas legales en materia laboral; e) Prevenir y solucionar en su caso, los conflictos de trabajo, coordinando la actuación de la Subsecretaría con los organismos de la Nación, en los casos que corresponda; f) Actuar como árbitro en las cuestiones que le competan conforme a la Ley; g) Asesorar a las Asociaciones Profesionales y patrocinar gratuitamente a los trabajadores en sus reclamaciones judiciales; h) Coordinar las tareas con el Ministerio de Trabajo y con otros organismos nacionales en asuntos de su competencia, gestionando la celebración de acuerdos o convenios; i) Requerir para el cumplimiento de sus funciones el auxilio de la fuerza pública, cuando fuere necesario;j) Realizar estadísticas y publicitar todo lo relativo a las condiciones de trabajo en la provincia y de la legislación laboral; k) Promover la capacitación y formación profesional de los trabajadores; l) Intervenir en la fijación y contralor de la política salarial a implementarse en el ámbito de la Provincia; m) Ejercer la supervisión de las Entidades Gremiales en el ámbito provincial; n) Implementar las correspondientes dependencias jurídicas, e conómicas, sociales, educativas y culturales, conducentes a la realización de la labor específica de la Subsecretaría;o) Comisionar a los funcionarios de la Repartición a cualquier lugar de la Provincia, asignando funciones y destinos al personal; p) Fomentar las obras asistenciales y culturales Asociaciones Profesionales en el ámbito de la Provincia, estimulando planes de viviendas, la creación de cooperativas, la instalación de mutualidades en coordinación con otros Ministerios o Subsecretarías competentes de la Provincia o de la Nación; q) Concretando la política de pleno empleo yelevar el nivel de vida de los trabajadores;r) Organizar la migración interna o interprovincial de mano de obra, su promoción, atendiendo a las necesidades y coordinar esta actividad con servicio de empleo nacionales y provinciales, y; s) Desarrollar toda actividad relacionada o conexa con la materia laboral» Asimismo, en el Artículo 4°, prevé que «La Subsecretaría contará con un Asesor Delegado que tendrá a su cargo el asesoramiento jurídico de la Subsecretaría y demás dependencias de la misma en todo asunto en que le sea requerido intervenir» En consecuencia, a tenor de tales disposiciones (ley n° 736, DECRETO N° 1854/84 y ley 857 y mod.) no le está dado a esa Subsecretaría de Trabajo calificar por sí y ante así, la naturaleza o tipo de vinculación que existe o pudiera existir entre la parte recurrente con las personas relevadas.

Tampoco que haga aplicación de la presunción del artículo 23 de la LCT para presumir la existencia de una relación dependiente cuando además de aportó prueba en contrario y sin más trámite derivar y sustentar en ello la sanción aplicada.

Sino que lo así actuado contraría la garantía del debido poceso y el principio basal de legalidad que ha de regir toda actuación de la Administración, más aún, cuando se despliega función punitiva (arts.18 y 19 CN).

II.-c) 4 Digo también y lo aclaro, que no es este el ámbito para expedirme sobre la aplicabilidad o no de las leyes de modernización laboral invocadas por la parte recurrente ni respecto de la aplicación o no de la ley más benigna, toda vez que la decisión de este recurso, según lo expuesto antes, no requiere de ingresar en esas cuestiones.

Sino que quedó suficientemente dicho que la atendibilidad de la impugnación radica en que esa autoridad administrativa no puede calificar por sí y ante sí una relación como dependiente siendo que esa parte acompañó prueba de la figura y vinculación que dice corresponde a los riders.

Sin que exista aquí una causa laboral iniciada por tales personas, ni por la autoridad adminsitrativa ni haberlo requerido en ese Organismo aquellas y por tanto en la cual se deba ponderar y expedirse al respecto.

De allí que, aquí y ahora de hacerlo, estaría exorbitando incluso el marco recursivo al cual la impugnación del artículo 12 ley 857 se ha de sujetar como también la apelación de lo decisión judicial que la resolviera y ahora nos ocupa.

II.-d) En suma, tomando la premisa señalada por la parte apelada al responder el recurso y según la cual expresa que «Una sentencia resulta fundada cuando exterioriza las razones por las cuales decide como lo hace», arribo a la conclusión que, a tenor de lo analizado y expuesto, la «aquí recurrida», no cumplió ese «stándar».

Por consiguiente, en ese contexto dado y en función de lo expuesto, corresponde admitir el recurso de apelación de REPARTOS YA SA y revocar la sentencia dictada por el juez laboral que rechazara la impugnación deducida por esa parte contra la resolución nº 04/2023 de la Subsecretaría de Trabajo y, por consiguiente, en atención a los argumentos como pruebas aportadas y los agravios propuestos en esta instancia judicial, deriva también en la revocación de la sanción aplicada.

III.- De las costas y honorarios Envirtud de la revocación decidida se readecúa la imposición de costas de primera instancia y se fijen las de esta (art. 258 CPCC) , y, en ese sentido, las de ambas instancias son a cargo de la parte apelada (art. 62, primera parte CPCC).

Toda vez que no se han explicitado argumentos ni razones que pudieran conducir a una distribución distinta, sino que al contestar agravios se reedita una versión de la respuesta dada en la anterior causa ya abordada particularmente, sin más novedad que la cita de un fallo de otra provincia y sin refutar los fundamentos dados en aquella causa en la que fue parte y devino firme. En cuanto a la regulación de honorarios considero la tarea profesional desplegada y el resultado obtenido, por tanto se regulan a favor de Federico Luis MOSLARES y Valentín DE LEÓN DI NÁPOLI (en conjunto y como apoderado y patrocinante de la parte apelante) en el 40%, mientras que el 26% (en conjunto) para Araldo Ariel ELENO ARROLA ( Fiscal de Estado Subrogante de la Provincia de La Pampa), Raúl A. REYES y Camila GALLEGO MALIZIA (abogados apoderados de la Provincia de La Pampa).

Ambos porcentuales a liquidarse sobre los honorarios establecidos para la instancia anterior (arts. 12 y 19 de la Ley 3371), más IVA de corresponder (según condición tributaria frente a ese impuesto).

Por ello, la Sala 1 unipersonal (art.259 bis CPCC),

R E S U E L V E:

I.- Admitir el recurso de apelación interpuesto por REPARTOS YA S.A. contra la sentencia de primera instancia (act. SIGE Nº act.4101724, fecha 13/4/2026) la que se deja sin efecto y por tanto, se revoca la decisión administrativa recurrida (cfe.art. 12 ley 857) como la sanción aplicada, todo según las razones dadas en los considerandos.

II.- Establecer las costas de ambas instancias a la Provincia de La Pampa (art.62, primera parte, del CPCC) y regular los honorarios de esta instancia en el 40% a favor de Federico Luis MOSLARES y Valentín DE LEÓN DI NÁPOLI (en conjunto) y, en el 26% a favor de Araldo Ariel ELENO ARROLA ( Fiscal de Estado Subrogante de la Provincia de La Pampa) , Raúl A. REYES y Camila GALLEGO MALIZIA ( abogados apoderados de la Provincia de La Pampa) a liquidarse sobre los regulados respectivamente para la instancia anterior (arts. 12 y 19 de la Ley 3371), más IVA de corresponder (según condición tributaria) según se indica en el considerando III).

III.- Regístrese, notifíquese, y devuélvase la causa al Juzgado de origen.