#Fallos Procedencia del daño punitivo aplicado a una empresa de medicina prepaga que aplicó aumentos por encima de los valores autorizados por la autoridad de aplicación

Partes: O. C. c/ Swiss Medical S.A. s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara Federal de Apelaciones de Rosario

Sala / Juzgado / Circunscripción / Nominación: A

Fecha: 19 de octubre de 2026

Colección: Fallos

Cita: MJ-JU-M-161508-AR|MJJ161508|MJJ161508

Voces: OBRAS SOCIALES Y PREPAGAS – MEDICINA PREPAGA – CUOTA DE PLANES MÉDICOS – PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR – DAÑO PUNITIVO

Procedencia del daño punitivo aplicado a una empresa de medicina prepaga que aplicó aumentos por encima de los valores autorizados por la autoridad de aplicación. Cuadro de rubros indemnizatorios.

Sumario:
1.-La aplicación de aumentos indebidos en un contrato de medicina prepaga, la necesidad de efectuar reclamos administrativos y judiciales, la condición de jubilada de la actora y la incertidumbre generada respecto del sostenimiento de su cobertura médica constituyen elementos suficientes para tener por configurada una afectación espiritual resarcible; no se trató de una mera molestia derivada de un incumplimiento contractual aislado, sino de un conflicto sostenido con una prestadora profesional de servicios de salud, que obligó a la afiliada a acudir a la autoridad de aplicación y luego a la vía judicial para obtener la adecuación de la cuota.

2.-Las constancias del proceso permiten concluir que la conducta de la empresa de medicina prepaga excedió un mero obrar negligente y configuró un obrar doloso, pues aplicó aumentos por encima de los valores autorizados por la autoridad de aplicación, fue intimada expresamente por la Superintendencia de Servicios de Salud a abstenerse de aplicar incrementos no autorizados, reintegrar sumas indebidamente percibidas y adecuar las cuotas; y, pese a ello, la pericia contable constató diferencias facturadas sin autorización durante el período examinado.

3.-La conducta de la empresa de medicina prepaga no puede ser examinada como un mero error de interpretación contractual o como una simple omisión de diligencia al aplicar aumentos por encima de los valores autorizados por la autoridad de aplicación, ya que conocía el régimen aplicable, había sido intimada por la autoridad de control y, pese a ello, mantuvo una modalidad de facturación que no se ajustaba a los valores autorizados.

4.-En el caso se encuentra configurado el presupuesto que habilita la aplicación de la multa civil siendo que las constancias del proceso permiten tener por acreditado un incumplimiento calificado en tanto no se trata únicamente de la existencia de diferencias patrimoniales en la facturación realizada por la empresa de medicina prepaga, sino de la conducta de una empresa profesional dedicada a la prestación de servicios de salud que, pese a la intervención de la Superintendencia de Servicios de Salud y a la intimación que le fue cursada, mantuvo una modalidad de cobro que obligó a la afiliada a promover reclamos administrativos y judiciales para obtener la tutela de su derecho.

Fallo:
Visto, en Acuerdo de la Sala «A» -integrada-, el expediente Nro. FRO 31889/2022, caratulado «O. C. c/ Swiss Medical S.A. s/ Daños y perjuicios», originario del Juzgado Federal Nro. 2 de Rosario, del que resulta:

El Dr. Aníbal Pineda dijo:

1.- Vinieron los autos en virtud de los recursos de apelación interpuestos por ambas partes contra la resolución del 8 de abril de 2024, en cuanto resolvió hacer lugar parcialmente a la demanda promovida por C. O. y condenar a Swiss Medical S.A. al pago de la suma de pesos doscientos ochenta mil novecientos diecinueve con setenta centavos ($280.919,70), en concepto de daño emergente y daño moral, con más intereses conforme la tasa activa promedio que publica mensualmente el B.C.R.A. desde la interposición de la demanda y hasta su efectivo pago.

Asimismo, impuso las costas en un ochenta por ciento (80%) a cargo de la demandada y en un veinte por ciento (20%) a cargo de la actora, y difirió la regulación de honorarios.

Concedidas las apelaciones, se elevaron las actuaciones. Recibidas en esta Alzada, se dispuso la intervención de esta Sala «A» y, encontrándose fundados y sustanciados los recursos, se ordenó el pase de los autos al Acuerdo.

En fecha 29 de diciembre de 2025 se notificó a las partes que el expediente se encontraba a estudio en la Vocalía del Dr. Fernando Lorenzo Barbará, quien cesó en sus funciones a partir del 1 de diciembre de 2025 (Decreto 770/2025 del PEN, publicado en el Boletín Oficial el 28/10/2025), y que la causa pasaba al integrante de la Sala que seguía en orden de sorteo.

2.- La demandada se agravió de la sentencia por considerar que el juez de grado desconoció que los aumentos aplicados en razón de la edad se encontraban previstos en el contrato celebrado entre las partes y resultaban compatibles con la normativa que regula la medicina prepaga.Sostuvo, en esa línea, que no existió una decisión unilateral sorpresiva, sino la aplicación de una cláusula convenida y aceptada por la afiliada.

Alegó también que la sentencia omitió aplicar la regla del art. 1121 inc. a) del Código Civil y Comercial de la Nación, ponderar la razonabilidad de los incrementos por edad en contratos de larga duración y considerar que la ley 26.682 no prohíbe ese tipo de estipulaciones. Finalmente, cuestionó la procedencia del daño moral reconocido y, en subsidio, el monto fijado por ese concepto, por considerarlo infundado y excesivo.

2.1.- Al contestar el traslado del recurso de la demandada, la actora solicitó su rechazo.

Sostuvo que los aumentos aplicados por Swiss Medical no se encontraban válidamente pactados ni autorizados por la autoridad de aplicación, y que la demandada pretendía reabrir una cuestión ya resuelta en el proceso conexo tramitado entre las mismas partes.

Asimismo, ratificó la aplicabilidad de la normativa de defensa del consumidor y destacó que los incrementos cuestionados fueron aplicados pese a la antigüedad de su afiliación. Finalmente, defendió la procedencia del daño moral y solicitó que se hiciera lugar a su propio recurso, con costas a la demandada.

3.- La actora se agravió de la sentencia en cuanto calificó la conducta de la demandada como culposa.

Sostuvo que los aumentos aplicados fueron deliberados y, por lo tanto, configuraban un obrar doloso. En particular, invocó la Disposición DI-2020-5680-APN-GAYSAUSS#SSS del 9 de noviembre de 2020, dictada por la Superintendencia de Servicios de Salud, y afirmó que Swiss Medical no sólo aplicó aumentos superiores a los autorizados, sino que desobedeció lo ordenado por la autoridad de control.

También cuestionó el monto reconocido en concepto de daño moral, por considerarlo insuficiente frente a las circunstancias del caso, especialmente por la condición de adulta mayor y jubilada de la actora, el contexto de pandemia y la importancia de mantener la cobertura de salud.Se agravió, además, del rechazo del daño punitivo, al sostener que se encontraban acreditados los presupuestos para su procedencia: conducta dolosa, obrar sistemático y abuso de posición de poder. Finalmente, cuestionó la imposición parcial de costas a su cargo.

3.1.- Al contestar el recurso de la actora, la demandada solicitó, en primer término, que fuera declarado desierto por carecer -a su entender- de una crítica concreta y razonada de la sentencia. En subsidio, sostuvo que no existió conducta dolosa ni abuso de posición dominante, afirmando que los aumentos cuestionados se encontraban previstos en el contrato celebrado entre las partes.

Negó también la existencia de daño moral indemnizable, al considerar que el conflicto se limitaba a una cuestión económica vinculada al valor de la cuota del servicio. Añadió que la pericia psicológica invocada por la actora se refería a un accidente ajeno al objeto de estas actuaciones y pidió el rechazo del recurso, con costas.

Y considerando que:

1.- En relación al planteo de deserción efectuado por la demandada respecto del recurso de la actora, cabe destacar que, en caso de duda acerca de la suficiencia o insuficiencia de la expresión de agravios, debe estarse por un criterio amplio, que es el que mejor armoniza con el ejercicio del derecho de defensa en juicio (conf. Kielmanovich, Jorge L., Código Procesal Civil y Comercial de la Nación comentado y anotado, Abeledo Perrot, tercera edición ampliada y actualizada, Tomo I, pág. 511).

Desde esa perspectiva, corresponde rechazar el planteo, pues la actora desarrolló agravios concretos contra aspectos centrales de la sentencia: el factor de atribución, la cuantificación del daño moral, el rechazo del daño punitivo y la distribución de costas.Ello basta para habilitar el tratamiento del recurso.

2.- Sentado lo anterior, corresponde precisar que la relación que vincula a las partes se enmarca en un contrato de prestación de servicios de medicina prepaga, regulado por la ley 26.682 y su normativa reglamentaria, sin perjuicio de la aplicación concurrente de las disposiciones del Código Civil y Comercial de la Nación y de la Ley de Defensa del Consumidor.

No se encuentra controvertido que C. O. se encuentra afiliada a Swiss Medical S.A. desde el año 2010, bajo el plan SO02, ni que el reclamo indemnizatorio tiene su origen en los aumentos aplicados por la demandada en la cuota del servicio de salud.

También debe tenerse presente que la cuestión relativa a la legitimidad de tales incrementos ya fue resuelta en los autos «O. C. c/ Swiss Medical S.A. s/ Civil y Comercial – Varios», FRO 6659/2021, en los que se ordenó a la demandada reajustar el valor de la cuota sin aplicar el incremento fijado en razón de la edad, sin perjuicio de los aumentos generales autorizados y que autorizara la autoridad de aplicación. Dicha decisión fue confirmada por esta Cámara el 2 de febrero de 2024.

De allí que la discusión en esta instancia no consiste en revisar nuevamente la legitimidad de los aumentos aplicados, sino en determinar si la conducta de la demandada generó daños resarcibles y si corresponde modificar los rubros y costas establecidos en la sentencia apelada.

En ese marco, corresponde tener especialmente en cuenta las constancias producidas en autos.

De la sentencia apelada surge que, además de la documental acompañada con la demanda, se agregaron contestaciones de oficio remitidas por la Superintendencia de Servicios de Salud, se celebró audiencia testimonial el 04/05/2023, se incorporó la pericial psicológica el 14/07/2023 y la pericial contable el 04/09/2023.Asimismo, el trámite fue suspendido el 01/11/2023 hasta tanto recayera sentencia firme en el expediente conexo FRO 6659/2021, circunstancia que se tuvo por cumplida antes del llamamiento de autos del 28/02/2024.

3.- Bajo tales pautas, corresponde rechazar los agravios de la demandada vinculados con la supuesta validez contractual de los incrementos por edad, la aplicación del art. 1121 inc. a) del Código Civil y Comercial, la razonabilidad de los aumentos y la interpretación de la ley 26.682.

Ello así, pues tales cuestionamientos tienden, en definitiva, a reabrir una cuestión ya decidida en el expediente conexo antes citado, donde quedó establecido que los aumentos aplicados a la actora no se ajustaban a la normativa vigente ni a los valores autorizados por la autoridad de aplicación.

A ello se suma que, en el expediente administrativo iniciado por la actora ante la Superintendencia de Servicios de Salud, se dictó la Disposición DI-2020-5680-APN-GAYSAUSS#SSS, del 09/11/2020.

Allí se tuvo por acreditado que Swiss Medical S.A. había aplicado aumentos por encima de los autorizados por la autoridad de aplicación, se la intimó a abstenerse de aplicar incrementos no autorizados, a reintegrar a la Sra. C. O. las sumas cobradas indebidamente y a adecuar los importes facturados en los períodos subsiguientes, bajo apercibimiento de encuadrar su conducta en las previsiones del art. 24 de la ley 26.682.

Por su parte, en la pericia contable incorporada el 04/09/2023, el CPN Nelson Rodrigo Clivio informó que la actora figuraba en los registros de Swiss Medical S.A. como afiliada directa, bajo el plan SO02, con vigencia desde 10/2010. También dejó constancia de que la demandada puso a disposición la documentación necesaria para la pericia el 14/07/2023, entre ella duplicados de facturación, documentación contable y legajo de alta.

Sobre esa base, determinó que el total facturado por Swiss Medical sin contar con autorización ascendía a $200.919,70.Al contestar las observaciones formuladas, precisó además que dicha suma tenía una actualización de $425.477,53 según el método allí explicado.

Sin embargo, en tanto la sentencia admitió el capital con intereses y la tasa fijada en grado no fue materia de agravio, corresponde mantener el sistema de intereses establecido en el pronunciamiento apelado.

En tales condiciones, corresponde confirmar lo resuelto en cuanto tuvo por acreditado el daño emergente por la suma de pesos doscientos mil novecientos diecinueve con setenta centavos ($200.919,70).

4. – En cuanto al factor de atribución, asiste razón a la actora.

La sentencia de grado consideró que el obrar antijurídico de Swiss Medical justificaba la imposición de responsabilidad a título de culpa. Sin embargo, las constancias antes reseñadas permiten concluir que la conducta de la demandada excedió un mero obrar negligente.

En efecto, Swiss Medical aplicó aumentos por encima de los valores autorizados por la autoridad de aplicación; fue intimada expresamente por la Superintendencia de Servicios de Salud a abstenerse de aplicar incrementos no autorizados, reintegrar sumas indebidamente percibidas y adecuar las cuotas; y, pese a ello, la pericia contable constató diferencias facturadas sin autorización durante el período examinado.

Estas constancias, valoradas conjuntamente con lo decidido en el expediente conexo «O. C. c/ Swiss Medical S.A. s/ Civil y Comercial – Varios», FRO 6659/2021, permiten concluir que la conducta de la demandada no puede ser examinada como un mero error de interpretación contractual o como una simple omisión de diligencia.La empresa conocía el régimen aplicable, había sido intimada por la autoridad de control y, pese a ello, mantuvo una modalidad de facturación que no se ajustaba a los valores autorizados.

Además, tanto en el expediente conexo como en estas actuaciones, la demandada sostuvo su posición en un supuesto acuerdo contractual y en la aceptación de la afiliada, pese a que la cuestión ya había sido examinada por la autoridad administrativa y luego resuelta en sede judicial.

En igual sentido se pronunció la Sala «B» de esta Cámara -que en esa oportunidad integré- en los autos FRO 31890/2022/CA1 «Novara, Rolando Héctor c/ Swiss Medical S.A. s/ Daños y perjuicios», Acuerdo del 22 de junio de 2026, en el que se consideró que, frente a un supuesto sustancialmente análogo, los aumentos aplicados por la misma empresa no pudieron obedecer a una conducta negligente sino a una decisión deliberada de actuar en sentido contrario a lo establecido por la ley y a lo ordenado por la autoridad de aplicación.

De allí que asista razón a la actora cuando sostiene que el factor de atribución no debe quedar limitado a la culpa. La conducta verificada revela una decisión deliberada de sostener una modalidad de facturación contraria a lo establecido por la autoridad de aplicación y a lo resuelto luego en sede judicial, con manifiesta indiferencia por los intereses de la afiliada.

En consecuencia, corresponde modificar lo decidido en este aspecto y calificar la conducta de la demandada como dolosa, en los términos del art. 1724 del Código Civil y Comercial de la Nación.

5.- En relación al agravio sobre la cuantificación del daño moral, entiendo que también corresponde admitir parcialmente el recurso de la actora.

La demandada insiste en que se trata de una cuestión meramente económica y que no existió afectación a la salud ni a la persona de la afiliada.Sin embargo, el conflicto no puede ser reducido a una discrepancia patrimonial ordinaria, pues se vincula con el valor de la cuota de un contrato de medicina prepaga y con la posibilidad de sostener la cobertura médica de una persona jubilada y de larga permanencia en el sistema.

Cabe aclarar que la pericial psicológica incorporada el 14/07/2023 no será tomada como fundamento central para cuantificar este rubro, pues el relato allí consignado aparece vinculado a un accidente sufrido por la actora en el año 2019, ajeno al objeto de este proceso. La propia sentencia apelada reparó en esa circunstancia al señalar que dicho informe no se correspondía con el núcleo de la cuestión debatida en autos.

Sin perjuicio de ello, la falta de aptitud dirimente de esa pericia no impide ponderar las restantes constancias de la causa. La aplicación de aumentos indebidos en un contrato de medicina prepaga, la necesidad de efectuar reclamos administrativos y judiciales, la condición de jubilada de la actora y la incertidumbre generada respecto del sostenimiento de su cobertura médica constituyen elementos suficientes para tener por configurada una afectación espiritual resarcible.

No se trató de una mera molestia derivada de un incumplimiento contractual aislado, sino de un conflicto sostenido con una prestadora profesional de servicios de salud, que obligó a la afiliada a acudir a la autoridad de aplicación y luego a la vía judicial para obtener la adecuación de la cuota.

En función de esas circunstancias, considero prudente elevar el monto reconocido en concepto de daño moral a la suma de pesos trescientos mil ($300.000), calculada a la fecha de interposición de la demanda.

La suma reconocida devengará los intereses fijados en la sentencia de grado, desde la interposición de la demanda y hasta su efectivo pago.

6.- Sobre el daño punitivo, la sentencia de grado consideró que no se vislumbraba una conducta de gravedad suficiente que justificara la aplicación del instituto.La actora cuestiona esa decisión y sostiene que se encuentran acreditados los presupuestos de procedencia.

El artículo 52 bis de la ley 24.240 dispone que al proveedor que no cumpla sus obligaciones legales o contractuales con el consumidor, a instancia del damnificado, el juez podrá aplicar una multa civil a favor del consumidor, la que se graduará en función de la gravedad del hecho y demás circunstancias del caso, independientemente de otras indemnizaciones que correspondan.

Su finalidad más importante es la disuasión del sancionado, para prevenir que en el futuro -ante el temor que provoca la multa- prefiera evitar el daño antes que cometerlo.

Ahora bien, la jurisprudencia ha precisado que la referencia al incumplimiento de las obligaciones legales o contractuales debe ser entendida como una condición necesaria, pero no suficiente, para imponer la condena punitiva, debiendo considerarse que ella es de interpretación restrictiva y procede frente a la existencia de un grave reproche en el accionar del responsable del daño, cuando se verifica dolo, culpa grave o un deliberado designio de anteponer los propios intereses, manteniéndose indiferente frente a los derechos del consumidor (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala A, 28/06/2019, «Favale, Roque Daniel y otro c/ Despegar.com.ar S.A. s/ Ordinario», La Ley Online).

También se ha destacado que el carácter profesional de la empresa demandada agrava su responsabilidad, en los términos del art. 1725 del Código Civil y Comercial de la Nación, y que su superioridad técnica le impone obrar con óptima prudencia y pleno conocimiento del negocio, con mayor razón cuando desarrolla su actividad en el ámbito de los servicios de salud (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala B, «Salas Lucía c/ OSDE Organización de Servicios Directos Empresarios s/ sumarísimo», 07/02/2023).

Bajo tales parámetros, considero que en el caso particular se encuentra configurado el presupuesto que habilita la aplicación de la multa civil.

Las constancias antes reseñadas permiten tener por acreditado un incumplimiento calificado.No se trata únicamente de la existencia de diferencias patrimoniales en la facturación, sino de la conducta de una empresa profesional dedicada a la prestación de servicios de salud que, pese a la intervención expresa de la Superintendencia de Servicios de Salud y a la intimación cursada mediante la Disposición DI-2020-5680-APN -GAYSAUSS#SSS, mantuvo una modalidad de cobro que obligó a la afiliada a promover reclamos administrativos y judiciales para obtener la tutela de su derecho.

Swiss Medical S.A., en su carácter de prestadora profesional de servicios de salud, se encontraba en una posición de superioridad técnica y organizativa respecto de la afiliada. Esa condición imponía un mayor deber de prudencia y pleno conocimiento de las consecuencias de su obrar, conforme el art. 1725 del Código Civil y Comercial de la Nación.

Tampoco puede soslayarse la posición de poder de la demandada en una relación de consumo vinculada con el acceso a una cobertura médica. La posibilidad de cambiar de prestador no aparece, en este tipo de vínculos, como una alternativa real equivalente, especialmente tratándose de una persona jubilada y afiliada desde hacía varios años.

Ese comportamiento, considerado en el marco de una relación de consumo asimétrica y vinculado con la continuidad de una cobertura médica, excede el mero incumplimiento contractual y justifica la aplicación de la multa civil prevista en el art. 52 bis de la ley 24.240.

En tales condiciones, la restitución de lo indebidamente cobrado no resulta suficiente para dar respuesta a la gravedad del obrar constatado.Limitar la condena a la devolución de las sumas percibidas en exceso importaría neutralizar sólo el efecto patrimonial directo del incumplimiento, sin atender a la finalidad preventiva y disuasoria del instituto.

En ese sentido se pronunció la Sala ‘B’ de esta Cámara en el ya citado precedente ‘Novara’, al admitir la condena por daño punitivo frente a aumentos aplicados por la misma empresa de medicina prepaga, en tanto la conducta revelaba un abuso de posición dominante respecto del usuario, quien se encontraba en una situación de especial debilidad frente a la prestadora del servicio de salud A los fines de su cuantificación, debe tenerse en cuenta la gravedad del hecho, el tipo de servicio comprometido, la conducta asumida por la demandada, su carácter profesional, la situación de la consumidora y la finalidad disuasoria de la sanción.

Dentro de ese marco de prudente discrecionalidad, y atendiendo a las particularidades de la causa, estimo razonable fijar el daño punitivo en la suma de pesos un millón ($1.000.000) a favor de la actora, con más los intereses fijados en la sentencia de grado desde la interposición de la demanda y hasta su efectivo pago.

7.- En cuanto a las costas, atento a la solución propuesta y al carácter sustancialmente vencido de la demandada, corresponde revocar la distribución efectuada en primera instancia e imponer las de ambas instancias a Swiss Medical S.A., conforme el principio objetivo de la derrota.

Regular los honorarios de los profesionales de las partes por su intervención en esta instancia en el treinta por ciento (30%) de los importes que respectivamente se regulen en primera instancia.

8.- En virtud de todo lo expuesto, propongo rechazar el recurso de apelación interpuesto por la demandada y hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la actora. En consecuencia, corresponde revocar parcialmente la sentencia del 8 de abril de 2024, calificar la conducta de Swiss Medical S.A.como dolosa, elevar el daño moral a la suma de pesos trescientos mil ($300.000), admitir el daño punitivo por la suma de pesos un millón ($1.000.000), confirmar el daño emergente reconocido por la suma de pesos doscientos mil novecientos diecinueve con setenta centavos ($200.919,70), todo ello con más los intereses fijados en la sentencia de grado, e imponer las costas de ambas instancias a la demandada.

Es mi voto.

La Dra. Silvina María Andalaf Casiello adhirió al voto del Dr. Pineda.

Por tanto, SE RESUELVE:

1.- Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la demandada Swiss Medical S.A. 2.- Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la actora y, en consecuencia, revocar parcialmente la sentencia del 8 de abril de 2024 en cuanto fue materia de agravios, elevando el monto reconocido en concepto de daño moral a la suma de pesos trescientos mil ($300.000) y admitiendo el daño punitivo por la suma de pesos un millón ($1.000.000), con más los intereses fijados en la sentencia de grado. 3.- Confirmar la sentencia en cuanto reconoció la suma de pesos doscientos mil novecientos diecinueve con setenta centavos ($200.919,70) en concepto de daño emergente, con más los intereses establecidos en el pronunciamiento apelado. 4.- Imponer las costas de ambas instancias a la demandada. 5.- Regular los honorarios de los profesionales intervinientes ante esta Alzada en el treinta por ciento (30%) de lo que se regule en primera instancia. 6.- Insertar, hacer saber, publicar y oportunamente remitir los autos al juzgado de origen. No participa del presente Acuerdo el Dr. Fernando Lorenzo Barbará por haber cesado en sus funciones a partir del 01/12/2025 (Decreto 770/2025 del PEN, publicado en el Boletín Oficial el 28/10/2025).