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#Fallo Se rechaza una demanda de despido porque no se probó que la relación entre las partes haya sido laboral; máxime siendo que el reclamo se edificó a partir de documentos de comercio falsos

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Partes: P. L. A. c/ R. C. A. s/ Accidente laboral

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de Santa Rosa

Sala / Juzgado / Circunscripción / Nominación: 3

Fecha: 13 de septiembre de 2023

Colección: Fallos

Cita: MJ-JU-M-146190-AR|MJJ146190|MJJ146190

Se rechaza una demanda de despido porque no se probó que la relación entre las partes haya sido laboral; máxime siendo que el reclamo se edificó a partir de documentos de comercio falsos.

Sumario:
1.-Admitir la acción en el proceso abierto e impulsado desde hace casi diez años, importaría un menoscabo a la libertad contractual y a la posibilidad útil de requerir servicios avezados y autónomos en oficios, profesiones, ocupaciones o como deba denominarse a una modalidad autónoma externalizada en el ámbito rural de La Pampa y sin notas de dependencia técnica, jurídica o económica.

2.-No fue demostrada la relación laboral entre las partes, ya que lo más destacado fueron las menciones a obras llevadas a cabo en el predio rural del demandado y ningún detalle conducente o ligado a las tareas rurales propias de la supuesta y alegada vinculación dependiente.

3.-Resulta elocuente la insinceridad del reclamo en atención a la categórica y contundente prueba demostrativa de la falsificación de los documentos o papeles de comercio con que se comenzó a edificar el juicio, todo lo cual, a partir de las conclusiones dictaminadas en el informe experticial, amerita la vista al Ministerio Público Fiscal, para que analice la necesidad de investigar la probable perpetración de conductas típicas y antijurídicas perseguidas por el derecho penal, en razón de la comprobada falsificación del contenido de los preindicados documentos, los cuales van más allá de una inconducta procesal y bien pueden calificarse y adjetivarse, en lenguaje coloquial argentino, como ‘papeles de comercio truchos’.

Fallo:
En la ciudad de SANTA ROSA, capital de la Provincia de La Pampa, a los trece (13) días del mes de septiembre de 2023, se reúne en ACUERDO la SALA 3 de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería, para resolver los recursos de apelación interpuestos en la causa caratulada: “P. L. A. c/ R. C. A. S/ Accidente Laboral” (Expte. N.° 14059) – 22871 r.C.A. originaria del Juzgado en lo Civil, Comercial, Laboral y Minería de la IIIra. Circunscripción Judicial y realizado el correspondiente sorteo, se estableció el siguiente orden de votación: 1º) juez Guillermo Samuel SALAS; 2º) jueza Laura CAGLIOLO.

El juez SALAS, dijo:

I.- La sentencia (actuación SIGE 1525156):

Hizo parcialmente lugar a la demanda entablada por el P. L. A., condenando a R. C. A. a hacer efectivo el pago que surja de la liquidación a practicarse por los rubros reclamados relacionados con diferencias salariales, indemnización por despido incausado, vacaciones no gozadas, integración del mes de despido, multa del artículo 15 de la Ley 24.013, multa del artículo 2 de la Ley 25.323 y aplicación de tasa de interés activa.

Para arribar a esa conclusión, el juez fijó como hecho controvertido la existencia de la relación laboral, su fecha de inicio, de extinción y su causa. En función de la prueba recolectada y ponderando dichos vertidos por testigos, tuvo por acreditada una relación de trabajo entre el accionante y el demandado, por despliegue de tareas en el establecimiento rural llamado “Puesto P.” y/o “El Corcobo”, encuadrando la dependencia en el marco de la Ley 26.767 (Ley de Contrato de Trabajo Agrario), bajo la categoría de “Encargado”.

También dio por probada una antigüedad de la relación laboral de 7 años, 10 meses y 3 días, con fecha de ingreso el 01.06.05 y fecha de distracto el 04.04.13.Asimismo, estableció una remuneración mensual de $ 4.354.66 conforme Resolución 103/12 de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario, adicionando el 1% por año de antigüedad, motivo por el cual hizo lugar al reclamo por diferencias salariales, estableciendo la remuneración total en la suma de $ 4.659,48.

En cambio, rechazó lo reclamado por gastos de uso del automóvil de propiedad del accionante, para lo que tuvo en cuenta el informe del Banco Patagonia que detalla depósitos o transferencias bancarias en favor del actor, estimados por el judicante para afrontar los gastos que le demandaban al alegado trabajador desempeñar sus tareas de encargado. Asimismo, rechazó el reclamo en concepto de trabajo de alambrado del predio rural.

Con relación a la tasa de interés a aplicar para el ajuste de los créditos laborales concedidos, el magistrado aludió para conceder tasa activa, al carácter alimentario del salario y a que la tasa mix utilizada en el ámbito judicial no logra reparar el daño generado por la demora en el cumplimiento de la obligación.

La sentencia fue apelada por el accionante (actuación SIGE 1528359) quien expresó agravios mediante actuación SIGE 1551069, los que fueron contestados por su parte contraria (actuación SIGE 1688198). También dedujo recurso de apelación la parte demandada (actuación SIGE 1531227), expresando agravios mediante registro SIGE 1762472, los que fueron contestados por su contraparte (actuación SIGE 1807275).

II.- Los recursos:

a) La apelación del demandante P. L. A.:

El recurrente se agravia del rechazo que el juez hace de su reclamo en concepto de trabajo de alambrado de ocho leguas en el predio rural. Manifiesta que las tareas de mantenimiento del alambrado se encuentran comprendidas entre las que corresponden a la categoría de encargado de establecimiento, pero que la tarea de alambrar no es habitual sino que reviste carácter de extraordinaria y ocasional, toda vez que se trata de un trabajo que se hace cada 50 años.Insiste con que el trabajo realizado formó parte de un acuerdo realizado fuera de lo comprendido en el contrato laboral de empleado rural, aduciendo se trataba de la aplicación de usos y costumbres que regulan este tipo de relaciones laborales.

Cita el artículo 17 de la Ley 26.727 para fundamentar que la definición de contrato de trabajo temporario no incluye la realización de tareas ocasionales y/o accidentales.

b.) La apelación del demandado R. C. A.:

En su caso, las quejas recursivas giran en torno a lo siguiente:

(i) que no existió vínculo laboral entre las partes. Expresa que el accionante P. tiene su propia explotación agropecuaria y que por ello mal podría considerarse subordinado del demandado ya que no logró acreditar subordinación técnica, económica o jurídica durante los años que supuestamente duró la relación laboral. Por el contrario, sostiene que el actor ofreció sus servicios para realizar contrataciones, cuyos pagos le fueron efectuados mediante depósito bancario y que la falta de facturas por los pagos recibidos o el hecho de no estar debidamente registrado en AFIP, mal pueden perjudicar al demandado.

(ii) que no corresponde la aplicación de tasa de interés activa, solicitando que en su caso se aplique tasa mix. Manifiesta que el sentenciante no explica ni demuestra dónde radica el presunto menoscabo que conlleva la aplicación de la tasa promediada o tasa mix, apartándose así de la jurisprudencia del Superior Tribunal de Justicia Provincial.

(iii) que le causa agravio la imposición de costas a la parte demandada con relación a los honorarios regulados a la Perito calígrafa. Manifiesta que la pericia realizada evidenció la falsedad de dos facturas adjuntadas por la parte actora con su escrito de demanda y que ello demostró inconducta procesal.Por este motivo considera que la parte demandada no debería hacerse cargo del pago de los honorarios de la perito.

III.- Tratamiento de los recursos:

Para la resolución de las apelaciones procedo a emitir primer voto, adelantando tras el estudio de la presente causa y su prueba, que propicio para el pronunciamiento emitido en la Primera Instancia que la sentencia sea revocada en todas sus partes, con expresa imposición de costas a la parte demandante, por todo lo actuado en el doble grado jurisdiccional (art. 62 primera parte del CPCC).

El magistrado de la instancia anterior erró en la apreciación del carácter de la relación que unió a las partes, al declarar una relación de trabajo cuando, en función de los hechos recreados, advierto que no la hubo.

Como se sabe y así lo he expresado con anterioridad, la dependencia laboral, como refiere el maestro Adrián GOLDIN, suele ser una categoría constantemente puesta a prueba. Sin embargo, su amparo y protección no nos puede impedir apreciar que esa “categorización universalizadora del concepto tradicional de la dependencia, [también] deja espacio suficiente para la diversificación regulatoria que demanda la creciente heterogeneidad productiva” (ver GOLDIN, A. en Las Fronteras de la Dependencia, DT Doctrinas Esenciales, T.I La Ley p.1370).

Admitir la acción en este proceso abierto e impulsado desde hace casi diez años, importaría un menoscabo a la libertad contractual y a la posibilidad útil de requerir servicios avezados y autónomos en oficios, profesiones, ocupaciones o como deba denominarse a una modalidad autónoma externalizada en el ámbito rural de La Pampa y sin notas de dependencia técnica, jurídica o económica, tal cual observo que sucede en este caso.

Considero en consecuencia, que resulta procedente aquí en grado de apelación el agravio (II.b.i) introducido por el demandado, encaminado a explicar y desvirtuar sustancialmente la existencia de la relación de trabajo afirmada en la demanda entre P.-R.

En razón de ello es que deviene a fortiori de tratamiento abstracto la segunda queja del demandado (II.b.ii) relativa a la tasa de interés, remarcando que el último agravio del sujeto demandado (II.b.iii) acerca de quién debería afrontar el pago de los emolumentos periciales, será desestimado, habida cuenta que la falsedad del contenido documental comprobada con el minucioso y prolijo peritaje caligráfico de fs.299/316, no debe afectar en modo alguno la chance de doble acción de cobro a la Perito por sus honorarios devengados, dado que de acuerdo con el derecho judicial local, las partes litigantes son solidarias frente su pago, sin perjuicio del derecho a repetir de manos de quien queda condenado en sentencia al pago de esa porción específica de las costas.

Claramente, los cuestionamientos al fallo de la Primera Instancia introducidos por el accionante (agravio II.a), deben ser descartados, pues en este tramo el juzgamiento de la justicia de grado ha sido certero y correcto, por cuanto el pretendido cobro intentado ha resultado ser una pretensión no respaldada con prueba suficiente o categórica, además de irremediablemente ser extemporáneo e incausado a la luz de los términos en que se promovió la acción.

Con relación a las reglas del sentenciar, resulta oportuno citar una vez más a ALVARADO VELLOSO diciendo que “[l]a actividad jurisdiccional que el juez desarrolla, de manera alguna puede limitarse a la aplicación de la ley mecánica e insensiblemente, ya que el juicio no es un mero silogismo. [Implica] una labor que poco tiene de mecánica . que si bien el juez no puede romper abiertamente con la ley . puede darle la vida que en su simple texto no aparece y llevarla a producir un resultado justo” (ver La Ley 11.06.03 “Las Reglas del Sentenciar”).

La parquedad, simpleza o brevedad del pronunciamiento no están reñidas con la necesaria velocidad de la respuesta jurisdiccional ni con la justicia del contenido de la decisión judicial que se emite. En ese sentido en este juicio, me expido diciendo que en esta causa la prueba producida es insuficiente como para conectar al actor con el demandado dentro de un esquema de relación laboral.

La versión del demandante P.es que se desempeñó para el demandado R., como encargado general del establecimiento rural “Puesto P.” en el yacimiento “El Corcobo” (ubicado a 60 kms al norte de la localidad pampeana de 25 de Mayo), desde junio de 2005, argumentando haber trabajado “de sol a sol” hasta abril de 2013, momento ese en el que se consideró despedido sin causa.

A su turno el accionado contestó la demanda expresando que con el actor le unía un contrato de locación de aquellos servicios que se fueran necesitando en su predio, sin relación laboral y sobre cuya gestión -dijo- iniciará paralelamente acción por rendición de cuentas. Acotó asimismo, que la predisposición del actor fue totalmente cubierta económicamente por el demandado con depósitos de dinero ininterrumpidos, dado que como dueño del campo vive lejos de la zona. Denunció además la falsificación de prueba documental incorporada al proceso.

Esta contienda quedó delimitada en esos términos desde el intercambio recíproco de las cartas documento de fs. 2, 4, 7 y 8. Esas posturas se mantuvieron inalterables a lo largo del juicio.

En definitiva, la relación de trabajo fue negada tempestivamente por inexistente y lo cierto es que la escasa prueba producida no estuvo ponderada con acierto en función de la realidad de la relación.

En efecto, la prueba más significativa que ciertamente delinea la realidad de la relación habida entre las partes, la aporta la profusa información relativa a los múltiples y sucesivos depósitos efectuados sobre la cuenta bancaria del actor, habilitada en el Banco Patagonia (ver detalles y extractos de fs. 122/186, que el propio demandante admite provenían del accionado y que el demandado reconoció en su respuesta a la acción), por cuanto denotan en su diversidad de importes, fechas y variabilidad de frecuencia, que residiendo el actor en Catriel (Río Negro), con explotación propia y con vehículos aptos para desplazarse en enormes distancias, lo que en verdad R. le encomendaba y contrataba a P.no era otra actividad que la de coordinación de las específicas obras civiles y agronómicas puntuales en el establecimiento productivo del demandado, en territorio y jurisdicción de la provincia La Pampa.

Ello es por otra parte aquello que nos vienen a ilustrar las fotografías incorporadas e incluso el acta de inspección ocular con intervención del Juzgado de Paz de Puelén en La Pampa (fs. 203/211), donde con la presencia del actor, lo más destacado fueron las menciones a obras llevadas a cabo en el predio rural del demandado y ningún detalle conducente o ligado a las tareas rurales propias de la supuesta y alegada vinculación dependiente.

Para mi consideración, los escasos testimonios producidos no cuentan ni pesan como útiles para poder aportar fuerza de convicción en algún sentido en este juicio, porque no son idóneos para calificar jurídicamente un encuadre o una categoría laboral determinada, pese a que varios de ellos mencionaron escuetamente y sin mayor grado de detalle o explicación la palabra “encargado”; pues, es evidente, que en rigor apuntaron (en eso sí fueron breves, aunque coincidentes los testimonios) a señalar que el actor era la persona designada (por mandante, dueño o comitente) que se “encargaba” de la administración, manejo y coordinación general de las obras de mejoramiento cocretadas en el lugar.

Entre esas actividades está probado que se trataba de las implicadas, subcontratadas y necesarias para el traslado de agua para la construcción (testigo L. ORELLANO a fs. 214), obras y tareas generales (testigo J. ORTIZ a fs. 215), mantenimiento de motores y plantaciones (testigo M. GONZALEZ a fs. 216), edificación de la casa (testigo A. GONZALEZ a fs. 217) y colocación de alambrados con coche y camionetas del actor (testigo A. LEIVA a fs. 218). Y que en el incontrovertido tiempo en que se prolongó la relación contractual, según la propia confesión del demandante a fs. 227, es él quien coordinó o contrató albañiles para trabajos en el campo del demandado R.(algunos provenientes de CABA), siendo que el actor ha vivido con su familia en Catriel (Río Negro), con puesto rural propio ubicado en la Ruta N.° 151 como posesión de campo desde el año 1994 y donde ha estado criando sus cabras, caballos y vacas.

Está probado que durante años hubo servicios autónomos contratados entre el demandado como propietario-inversor por un lado (con residencia lejana o distante), y por otro lado el actor como buen conocedor del área sur-oeste de La Pampa, además de poseedor de un predio rural y de ganado, con domicilio real en la vecina provincia de Río Negro.

De ahí que con buen criterio advirtiera el magistrado de grado que los gastos por la movilidad en el rodado propio del actor, para acometer las distancias y el emplazamiento de alambrados quedaran sin lugar a dudas fuera de la pretensión enmarcada en el derecho del trabajo rural, justamente porque es evidente que se trataba de servicios contratados con objeto/causa muy distinta de aquella afirmada como aprehendida por el fuero laboral.

Los alegados trabajos realizados por el actor (v.g. los que reclama en su memorial y sobre cuya desestimación puntualmente se agravia) formaron parte de un acuerdo realizado fuera de un contrato laboral de empleo rural, precisamente porque (lo resalto) toda la vinculación fue ajena a una relación laboral.

Tal como afirmó la Corte Suprema de Justicia de La Nación, entiendo que en esta causa no se analizaron los hechos desde el derecho civil y comercial, tal como lo argumentó en su defensa el demandado (Fallos 431:427). En la actualidad el Código Civil y Comercial delimita, frente a la dificultad que existe para diferenciar obras o servicios (utilizados en sentido general en dicho ordenamiento) con los contratos de trabajo, los diferentes tipos contractuales con el objeto de disminuir la litigiosidad derivada de la confusión de fronteras (LORENZETTI, R., Tratado de los Contratos, Parte Especial, T. II, pág.522).

Así el artículo 1251 del CCyC establece que habrá contrato de obra o de servicios cuando una persona, actuando independientemente, se obliga a favor de otra a realizar una obra material o intelectual o proveer un servicio, pudiendo valerse de la cooperación de terceros (art. 1254 de dicha normativa) y elegir, a falta de ajuste sobre el modo de hacer la obra los medios de ejecución del contrato (art. 1253).

De la prueba producida en la causa se evidencia esta clase de contratación, sin subordinación jurídica, mediante la cual R. encomendó a P. la realización de obras específicas, de la que dan cuenta los testigos en sus declaraciones y se corrobora con la prueba informativa ya reseñada.

Nótese por lo demás, que la versión ante la justicia de grado provincial en La Pampa intentó ser relatada con documental apócrifa.

En efecto, concluyo así mi voto diciendo que no menos paradigmático y elocuente de la insinceridad del reclamo, resulta ser la categórica y contundente prueba demostrativa de la falsificación de los documentos o papeles de comercio con que se comenzó a edificar este juicio, glosándolos a fs. 9 y 10, todo lo cual a partir de las conclusiones dictaminadas en el informe experticial de fs.316 vta, amerita un inmediata vista al Ministerio Público Fiscal, para que se analice la necesidad de investigar la probable perpetración de conductas típicas y antijurídicas perseguidas por el derecho penal, en razón de la comprobada falsificación del contenido de los preindicados documentos, los cuales van más allá de una inconducta procesal y bien pueden calificarse y adjetivarse, en lenguaje coloquial argentino, como “papeles de comercio truchos”.

La jueza CAGLIOLO, dijo:

Adhiero a la solución arribada por el juez SALAS por compartir sus fundamentos y me expido en igual sentido.

Por ello, la SALA 3 de la Cámara de Apelaciones, por unanimidad

R E S U E L V E:

I.- Hacer lugar al recurso de apelación deducido por el demandado y, en consecuencia, revocar la sentencia de Primera Instancia conforme a los fundamentos dados en los considerandos.

II.- Rechazar el recurso de apelación interpuesto por el accionante, por las razones vertidas precedentemente.

III.- Imponer las costas por lo actuado en ambas instancias, a cargo del actor vencido (art. 62 primera parte del CPCC).

IV.- Readecuar los honorarios de Primera Instancia (art. 258 CPCC) y regular los emolumentos de María Soledad MANDRINI, Federico LOPEZ LAVOINE y José Luis RIPAMONTI en forma conjunta, en el (%); los de Santiago LORDA, Sebastián LORDA y Jorge LORDA en forma conjunta, en el (%) y, los de la Perito calígrafa Daniela Lucrecia FERNANDEZ en el (%), porcentajes todos ellos a calcularse sobre el monto reclamado en la demanda con más sus intereses a tasa mix (arts. 6, 7, 9, 10, 37, 39 y ccs. de la NJF 1007) con más el IVA de corresponder.

V.- Regular los honorarios de Segunda Instancia de Federico LOPEZ LAVOINE en el (%) y, los de Jorge Martín LORDA en el (%), porcentajes a calcularse sobre lo regulado para Primera Instancia (art. 14 NJF 1007) con más el IVA de corresponder.

VI.- Dar vista al Ministerio Público Fiscal, conforme lo expuesto en los considerandos.

Regístrese y notifíquese. Oportunamente, devuélvase al Juzgado de origen.

Guillermo Samuel SALAS – Laura CAGLIOLO (jueces de Cámara)

Miriam Nora ESCUER (secretaria de Cámara)

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