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#Fallos Clubes: El organizador de un partido de fútbol debe indemnizar el daño sufrido por un empleado del club visitante, a causa del accionar de un grupo de barras bravas

Partes: Milillo Alejandro Alberto c/ Club Comunicaciones s/

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala / Juzgado / Circunscripción / Nominación: I

Fecha: 18 de agosto de 2022

Colección: Fallos

Cita: MJ-JU-M-138579-AR|MJJ138579|MJJ138579

El club organizador de un partido de fútbol debe indemnizar el daño sufrido por un empleado del club visitante, a causa del accionar de un grupo de barras bravas. Cuadro de rubros indemnizatorios.

Sumario:
1.-El club organizador de un partido de fútbol debe indemnizar el daño sufrido por un empleado del club visitante al no haberse aportado elementos o argumentos aptos para evidenciar el carácter exterior o ajeno a la actividad que despliega el organizador del triste acontecimiento, lo que por lo demás queda descartado, a poco que se repare que se trata de daños causados por el accionar de un grupo de espectadores o ‘barras bravas’ que incluso integran la parcialidad del local, lo que no implica más que la concreción de un riego que la obligación de seguridad del club debe desplegarse para neutralizar.

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2.-Entre el actor y el club de fútbol se verifica una relación de consumo, ya que si bien el primero no encuadra en la categoría de espectador por tratarse de un empleado del club de fútbol que disputaba un partido en carácter de visitante, en cuyo transcurso fue dañado por el accionar de un grupo de hinchas del club organizador, y por ello escapa a la figura de usuario contemplada en el párrafo primero de la Ley 24.240 , es indudable que queda emplazado en el supuesto previsto en el segundo párrafo, es decir, es equiparado al consumidor quien, sin ser parte de una relación de consumo como consecuencia o en ocasión de ella, adquiere o utiliza bienes o servicios, en forma gratuita u onerosa, como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social.

3.-El hecho de que el actor no encaje en la categoría de espectador por su condición de empleado de una entidad deportiva no es óbice para conectar la responsabilidad del club organizador del partido respecto del daño sufrido por aquel con motivo del accionar de un grupo de hinchas, pues no interesa tanto a quién se cause el daño, sino de dónde proviene y lo relevante en definitiva es que derive de lo que la ley precisamente tiene por finalidad, o se endereza a combatir, que es la violencia en los espectáculos deportivos.

4.-Frente al claro mandato constitucional, el consumidor o usuario y quienes quedan equiparados a ellos, tienen a su favor la acción de responsabilidad negocial contra todos aquellos que intervienen en la relación de consumo, pues las responsabilidades que establece la Ley 24.240 surgen como consecuencia de una relación de consumo, la cual nace de un contrato o de una oferta de contrato de carácter vinculante, prefiriéndose en este derrotero el reemplazo de la expresión responsabilidad contractual por la de responsabilidad negocial, por ser ésta la que se refiere y que surge de la relación de consumo.

5.-Lo que importa, para despertar la aplicación del art. 51 de la Ley 24.192, promulgada el 23/3/93 y modificatoria de la Ley 23.184, es que los perjuicios ocasionados guarden relación de causalidad adecuada con hechos de violencia que se cometan con motivo o en ocasión de un espectáculo deportivo, dentro del ámbito espacial y temporal que diagrama el art. 1° de la última ley citada.

6.-La redacción abierta impresa al art. 51 de la Ley 24.192, promulgada el 23/3/93 y modificatoria de la Ley 23.184 justifica propiciar una interpretación amplia en materia de legitimación activa, hasta incluir, sin necesidad de forzar el texto, a todos quienes asisten al evento, sea en la condición de espectadores, o en cualquier otro carácter, como es el caso de los árbitros, jugadores o integrantes del cuerpo técnico.

7.-La atribución objetiva de responsabilidad del club demandado por los daños causados por un grupo de hinchas, resulta de lo dispuesto por el art. 40 de la Ley 24.240 y 51 de la Ley 24.192, en su condición de participante en la organización del espectáculo generador de riesgo y quien se benefició con su realización.

Fallo:
En la Ciudad de Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los dieciocho días del mes de agosto de dos mil veintidós, reunidos los señores jueces de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil para conocer en los recursos de apelación interpuestos contra la sentencia dictada en los autos «MILILLO, ALEJANDRO ALBERTO C/ CLUB COMUNICACIONES S/ DAÑOS Y PERJUICIOS – EXPTE. N° 17.901/2018», el tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver: ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada? Practicado el sorteo resultó que la votación debía hacerse en el orden siguiente: Dr. Juan Pablo Rodríguez y Dra. Paola Mariana Guisado.

Sobre la cuestión propuesta el Dr. Rodríguez dijo:

I. La sentencia de primera instancia hizo lugar a la demanda deducida y, en consecuencia, condenó a Club Comunicaciones a abonar al actor, dentro de los diez días de notificado y bajo apercibimiento de ejecución, la suma de $665.000 (seiscientos sesenta y cinco mil pesos), con más las costas del juicio y los intereses que mandó calcular de la manera que se especifica en el considerando correspondiente.

Contra dicho pronunciamiento se alza el demandado, quien expresó sus agravios en formato digital, los que fueron respondidos por el actor en la misma forma.

II. Responsabilidad.

Se agravia el accionado porque el juez de primera instancia lo condenó pese a encontrarse comprobada la culpa de un tercero por el cual no debe responder, por tratarse de una eximente de responsabilidad.

Postula, en tal sentido que la obligación de resultado cede en hechos como el del caso de marras, donde se encuentra debidamente acreditado que el daño fue generado por un tercero por el que no debe responder, existiendo en consecuencia una evidente fractura del nexo causal. Se trata de un grupo de personas que le son ajenos, quienes en definitiva resultan ser los únicos y exclusivos responsables de los daños sufridos por el Sr.Milillo.

Añade, que en cuanto a los eximentes de responsabilidad debe entenderse regida por el derecho común (Código Civil), dado que la ley de violencia en los espectáculos deportivos (Ley 23.184 modificada por Ley 24.192) no crea un «subsistema» legal en esta materia.

Se queja también el actor porque reputa que en el hecho debatido en la causa no resulta procedente la aplicación de la ley 23.184 ni la ley 24.240, por cuanto no ha quedado debidamente acreditado que el actor fuera un espectador del evento deportivo (en tanto quedo probado que integraba la delegación visitante).

En otro orden, cuestiona que se lo condenara pese a que la contraria no ha acreditado negligencia alguna de su parte, como organizador del evento. Refuerza en esta senda que el Club Comunicaciones cumplió acabadamente con los recaudos de ley, obrando de manera prudente y responsable, cumpliendo con las diligencias que exigió la naturaleza de las obligaciones que tenía a su cargo. Y en esa línea añade, que la seguridad en los espectáculos deportivos es un asunto de estado. El estado es quien autoriza la realización del espectáculo deportivo, fiscaliza las instalaciones del club en el que se realiza el encuentro deportivo, y aprueba la realización del partido cuando se encuentran cumplidas las condiciones de seguridad para los espectadores.

Critica que la sentencia no tuvo en cuenta el art. 3o de la ley 20.655 -sustituido por ley 27.202 – el que establece que: «A los efectos de la promoción de las actividades deportivas conforme a lo dispuesto en los artículos precedentes, el Estado deberá, por intermedio de sus organismos competentes (.) j) Velar por la seguridad y corrección de los espectáculos deportivos, debiendo las fuerzas de seguridad y las autoridades locales intervinientes, facilitar la información sobre la materia que solicite el órgano de aplicación de la presente ley y los órganos de aplicación de las provincias adherentes.» – En su art. 6° dispone:»El Instituto Nacional del Deporte y la Actividad Física será continuador, a todos los fines y de conformidad con lo fijado en la presente ley, de la Secretaría de Deportes de la Nación dependiente del Ministerio de Desarrollo Social».

– En su art. 11o se establece: «Son funciones del Consejo Nacional del Deporte y la Actividad Física: (.) c) Articular con los organismos del Estado nacional, los proyectos que faciliten el cumplimiento de los objetivos de la presente ley (.)».

– Por su parte, el art. 49 de la ley 24.192 dispone que «En jurisdicción nacional, el Poder Ejecutivo, por medio del organismo que resulte competente, podrá disponer la clausura temporaria o definitiva de los estadios, cuando los mismos no ofrezcan seguridad para la vida o integridad física del público o para el desarrollo normal del espectáculo, sea por deficiencias de los locales o instalaciones, sea por fallas de organización para el control o vigilancia, acorde a los propósitos de esta ley».

– El art. 50 de la citada ley prescribe: «El órgano de aplicación que determina la ley 20.655 tendrá a su cargo establecer la organización de los espectáculos deportivos, con sujeción a las normas de seguridad que sugiere la policía y las que hagan a las edilicias o de infraestructura deportiva, que aprobare el municipio correspondiente y autorizará la realización del evento, conforme a tal mecanismo. Cuando el organizador no haya dado cumplimiento total y efectivo a las disposiciones anteriores, el ente podrá ordenar, en un plazo perentorio, la subsanación de los defectos observados o la suspensión del espectáculo, impartiéndole la orden respectiva a la policía».

Cita también los arts.1 y 2 de la Resolución 1949/99 y concluye sobre el punto que no existe en los ordenamientos legales que rigen en la materia, disposición alguna que indique obligación de seguridad en cabeza del club local o de la AFA.

Resumidos los agravios sobre la cuestión de la responsabilidad de la manera señalada, dada la temática que da contenido al caso, vale señalar a sólo a título introductorio, que el espectáculo deportivo no es más que una especie dentro del género espectáculo público; la especificidad de éste deriva del objeto propio del espectáculo en cuestión: el contrato de espectáculo deportivo, por supuesto, tendrá por objeto la exhibición de una contienda de carácter deportivo. Al respecto, Pizarro sostiene que la reparación de daños producidos en espectáculos deportivos forma parte de una problemática más amplia, cual es aquella que dimana de la organización de espectáculos de distinta naturaleza en general; pero que, sin embargo, debido a las particularidades, frecuencia y previsibilidad estadística con que se producen hechos de violencia, se han requerido (y, consecuentemente, se han dictado) soluciones normativas específicas, las cuales transitan más allá de la responsabilidad individual de los autores materiales del perjuicio (ver Pérez, Alberto M.-Kriger, Walter F.: «Daños en el deporte», p. 77; PIZARRO, Ramón D.; «Responsabilidad civil por riesgo creado y de empresa, t. III, La Ley, Buenos Aires, p. 374).

En el caso quedó suficientemente comprobado, y ya no se discute en la alzada, que un grupo de hinchas o «barras» del club Comunicaciones agredieron a los jugadores y cuerpo técnico de Excursionistas luego de terminado el partido, además de robar algunas de sus pertenencias. En la sentencia apelada, ese extremo se tuvo por acreditado, entre otras probanzas, por la declaración de dos de los jugadores del club visitante, Caputo y Yanzi.También destacó el colega de grado en su fundadas sentencia, que el lamentable episodio fue reflejado por varios medios periodísticos, tal como resulta de las notas que acompañó la parte actora, varias de las cuales fueron reconocidas como auténticas por dichos medios gráficos (conf. fs.15/26, 126/127, 304/306) que principalmente reflejan declaraciones hechas por jugadores e integrantes del cuerpo técnico de Excursionistas).

Como bien lo destaca el magistrado, del informe remitido por la AFA a fs.158/159 resulta que el actor fue registrado por el Club Atlético Excursionistas como «aguatero» -y no preparador físico- durante la temporada 2016/2017, lo que -no obstante- confirma que trabajaba en el club, habiendo quedado probado con el testimonio de dos jugadores del plantel profesional que su actividad era como preparador físico, más allá de cómo estuviese registrado oficialmente.

«A su vez, de la planilla del partido acompañada por la AFA a fs.144, resulta la fecha del cotejo -3 de abril de 2017- y figuran ambos testigos -Yanzi y Caputo- como jugadores del plantel del C. A. Excursionistas, si bien no figura el nombre del actor como «personal técnico autorizado», lo que corrobora que -oficialmente- figuraba registrado como aguatero, y no Preparador Físico ya que quien figuraba en tal carácter era Walter Omar Soria.» En punto a las quejas que giran en torno a la aplicabilidad al supuesto que motiva el recurso sujeto a revisión, de la ley 23.184, modificada por la ley 24.192, vale primero destacar que conforme el art. 2 del Título Preliminar del Código Civil y Comercial de la Nación, que enuncia las reglas a las que debe someterse la interpretación de la ley, la primer a considerar está constituida por las palabras.

De conformidad con lo que señala la mayoría de la doctrina, la decisión jurídica comienza por las palabras de la ley. No se trata aquí del lenguaje común ni del significado que se puede conseguir en los diccionarios, sino del significado normativo de los vocablos.Cada palabra tiene un significado preciso dentro del contexto de interpretación que suministra el resto del Código (ver Lorenzetti, Ricardo Luis: «Código Civil y Comercial de la Nación, Comentado», t. I, p. 34).

Relativo al extremo criticado por el demandado, el tema ha tenido a nivel textual una evolución, ya que primero el art. 33 de la ley 23.184, que fuera promulgada el 21/6/85, establecía que «las entidades o asociaciones participantes de un espectáculo deportivo son solidariamente responsables civiles de los daños sufridos por los espectadores de los mismos, en los estadios y durante su desarrollo, si no ha mediado culpa por parte del damnificado». Con la ley 24.192, promulgada el 23/3/93 y modificatoria de la anterior, se incorpora el art. 51, el cual dispone que «las entidades o asociaciones participantes de un espectáculo deportivo, son solidariamente responsables de los daños y perjuicios que se generen en los estadios».

La redacción abierta impresa a este último dispositivo, justifica propiciar una interpretación amplia en materia de legitimación activa, hasta incluir, sin necesidad de forzar el texto, a todos quienes asisten al evento, sea en la condición de espectadores, o en cualquier otro carácter, como es el caso de los árbitros, jugadores o integrantes del cuerpo técnico. Lo que importa, para despertar la aplicación del precepto, es que los perjuicios ocasionados guarden relación de causalidad adecuada con hechos de violencia que se cometan con motivo o en ocasión de un espectáculo deportivo, dentro del ámbito espacial y temporal que diagrama el art.1° de la última ley citada.

Esta posición amplia, está a tono con lo que ha dicho la doctrina española elaborada en torno a normativa similar a la implementada por nuestra ley, en cuanto a que en el daño derivado de la violencia en el espectáculo deportivo es indiferente que haya sido inferido a un espectador o los deportistas -también a árbitros, entrenadores, etc.- en tanto sean daños que se derivan no del deporte, sino del espectáculo masivo, debido al desorden provocado por actos violentos o conductas descontroladas de grupos o masas de espectadores (ORTI VALLEJO, Antonio, Responsabilidad civil en la práctica de actividades de ocio peligrosas, en Tratado de Responsabilidad Civil (Coord: L.F. Reglero Campos). Thomson – Aranzadi. 2003. España, p. 1477).

Es decir, a los fines de la aplicabilidad, no interesa tanto a quién se cause el daño, sino de dónde proviene. Y en este último aspecto, lo relevante en definitiva es que derive de lo que la ley precisamente tiene por finalidad, o se endereza a combatir, que es la violencia en los espectáculos deportivos.

Como se ha señalado, la ley no está dirigida a reprimir exclusivamente hechos generados por los asistentes en calidad de espectadores sino, en general, todos aquellos hechos desencadenantes de la violencia en el deporte, más allá del sujeto del cual provengan o afecten (Cfme. Fabián Canda, «Responsabilidad por daños causados al árbitro del partido por un jugador de fútbol», ED, 11/12/2009, no 12399).

Por encima del texto legal en análisis, se ha resuelto que el daño sufrido durante la celebración de un evento deportivo puede reconocer su causa tanto en hechos provenientes de otros deportistas, espectadores, etc., en los supuestos de responsabilidad colectiva cuando no resulta identificable el autor del daño, en los casos de avalanchas, tumultos, acción debarrasbravas, como así también puede resultar por el hecho de las cosas de las cuales se sirve el empresario. En todos los casos, se compromete la responsabilidad objetiva y directa del organizador (Conf.CNCiv., Sala J «Villarreal, Walter O. c. Asociación de Futbol Argentino y otros s/ daños y perjuicios» Expte. N° 67063/2011 del 19/09/2016).

Esta interpretación se atiene a los claros lineamientos que bajan de la más Alta Instancia del país. Como bien se apunta en la sentencia apelada, ya en el célebre caso «Zacarías» (CSJN, 28/04/1998, Fallos 321:1124) que -cabe recordar- se refiere a daños sufridos por un jugador de fútbol del equipo visitante en el vestuario local antes de que el partido comenzase, se dijo que «no es razonable limitar el alcance de la ley 23.184 (Adla, XLV-B, 1096), que consagra una responsabilidad objetiva con fundamento en el riesgo creado, sólo respecto de los «espectadores» (art. 33, ley citada), con exclusión de los otros concurrentes al estadio, tales como los jugadores del equipo visitante, el árbitro y demás auxiliares del juego. Ello es así, pues si se trata de reparar las consecuencias dañosas originadas en la violencia suscitada en el desarrollo de las contiendas deportivas y emanada de grupos inadaptados que actúan en el marco multitudinario del evento, es injustificada la discriminación legal fundada en la persona del destinatario de dicha acción violenta, máxime cuando la responsabilidad de la entidad organizadora se impone por haber generado una actividad riesgosa para terceros, por la cual obtiene un lucro económico» (del voto de los doctores Moliné O’Connor y Vázquez).

Por lo demás, como ha resuelto la CSJN, «todo organizador de un espectáculo deportivo tiene una obligación de seguridad respecto de los asistentes. Ese deber de seguridad es expresivo de la idea de que quienes asisten a un espectáculo lo hacen en la confianza de que el organizador ha dispuesto las medidas necesarias para cuidar de ellos» (CSJN, 6/3/2007, «Mosca, Hugo A. c.Provincia de Buenos Aires y otros», Fallos 330:563).

A la luz de estas pautas, queda sin sustento fáctico – jurídico el planteo deslizado en las quejas que apunta a criticar o cuestionar el encuadre jurídico efectuado por el juez, porque de lo expuesto precedentemente se colige con claridad, que el hecho de que el accionante no encaje en la categoría de espectador, no es óbice para conectar la responsabilidad del club organizador del partido, en los términos señalados.

Si bien por el tipo de responsabilidad que delinea la ley en cuestión, la crítica vinculada con el subsunción del caso también en la ley 24.240 de defensa del consumidor exhibe escasa relevancia práctica en el caso en concreto, para no desairar el planteo, o dejar el agravio referido al tema sin respuesta, seguidamente voy a deparar tratamiento a esa cuestión.

Consumidor o usuario, en los términos de la ley de defensa del consumidor, que habla de «destinatario final» para referirse a esas categorías, es el sujeto de derecho que adquiere bienes o servicios sin intención de obtener una ganancia mediante su posterior enajenación, ni de emplearlos en un proceso de producción o comercialización de bienes o servicios destinados al mercado. La persona física o jurídica que no actúe con esta finalidad manifiesta ha de ser considerada consumidor o «destinatario final», sea cual fuere el destino posterior que les dé, en tanto no se los utilice con el fin de su comercialización.

En definitiva, el «consumo final», alude a una transacción que se da fuera del marco de la actividad profesional de la persona, ya que no va a involucrar el bien o servicio adquirido en otra actividad con fines de lucro, o en otro proceso productivo (ver Picasso-Vazquez Ferreyra: «Ley de defensa del consumidor, comentada y anotada», t. I, p.30).

Tal como se indica en la sentencia sujeta a recurso, el artículo 1° de la ley 24.240 -en forma coincidente con el artículo 1092 del CCCN- establece que «.se considera consumidor a la persona física o jurídica que adquiere o utiliza, en forma gratuita u onerosa, bienes o servicios como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social. Queda equiparado al consumidor quien, sin ser parte de una relación de consumo como consecuencia o en ocasión de ella, adquiere o utiliza bienes o servicios, en forma gratuita u onerosa, como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social».

Explicado ello, concuerdo con el juez que me precedió en que entre el actor y el demandado se verifica una verdadera relación de consumo, ya que si bien el accionante no encuadra en la categoría de espectador como se señala en los agravios, y por ello escapa a la figura de usuario contemplada en el párrafo primero del citado precepto, es indudable que queda emplazado en el supuesto previsto en el segundo recién citado.

Coincido, en suma, con todo cuanto se señala en el pronunciamiento recurrido, en el sentido de que «. en un caso como el de autos, es claro e indudable que si el actor sufrió daño en una ocasión como la que relata -esto es, en el marco de una relación de consumo- queda equiparado al consumidor en el segundo de los supuestos (esto es, «. quien, sin ser parte de una relación de consumo como consecuencia o en ocasión de ella, adquiere o utiliza bienes o servicios, en forma gratuita u onerosa, como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social»), como bystander, pese a la modificación introducida por la ley 26.994 (conf. respecto de esta cuestión Álvarez Larrondo, Federico M.»La relación, el contrato de consumo y el concepto de consumidor a partir del Código Civil y Comercial», en LL online AR/DOC/5233/2015). Cabe recordar, en este sentido, que esta fue la interpretación hecha por la CSJN en el precedente «Mosca», parcialmente citado más arriba, al considerar que el derecho a la seguridad previsto en el art. 42 de la Constitución Nacional, que se refiere a la relación de consumo, abarca no sólo a los contratos, sino a los actos unilaterales como la oferta a sujetos indeterminados, y que la seguridad debe ser garantizada en el período precontractual y en las situaciones de riesgo creadas por los comportamientos unilaterales, respecto de sujetos no contratantes (conf. CSJN, 6/3/2007, «Mosca, Hugo A. c/ Provincia de Buenos Aires y otros», Fallos 330:563), y ello aplicando un texto de la ley 24.240 anterior a la ley 26.361, que no contemplaba expresamente la figura del bystander con la redacción utilizada por esta última norma.» Precisado ello, cabe recordar que la obligación de seguridad que en cumplimiento del mandato constitucional (art. 42) recepta la Ley de Defensa del Consumidor, desborda aquí su tradicional campo de acción, escapando a la rigidez del contrato e ingresando en la noción más amplia y flexible de la relación de consumo.

En cuanto a su contenido, la obligación de seguridad importa una garantía de inocuidad lo cual supone que el producto o el servicio no generen daños en condiciones de utilización normales o razonablemente previs ibles. Por tanto, no toda carencia de seguridad podrá considerarse defecto de seguridad; Lo será cuando el producto o servicio resulte dañoso en condiciones normales o razonables de uso o cuando el consumidor carezca de la posibilidad de prever los riesgos por ausencia de información suficiente (Picasso-Vazquez Ferreyra: «Ley de defensa del consumidor·», t. I, ps. 88/9).

Luego de la reforma introducida a la ley de defensa del consumidor por la ley 24.999, que reincorporó el vetado art.40, es menester preguntarse acerca de la vinculación existente entre éste y el mencionado art. 5o. Se ha dicho que este último está dirigido a preservar la vida, la salud y la integridad física de los individuos, imponiendo a los proveedores la obligación de suministrar cosas y servicios inocuos para la salud e integridad física de los consumidores; mientras que el art. 40 consagra la responsabilidad de todos los integrantes de la cadena de comercialización por los daños causados por el riesgo o vicio de la cosa o prestación del servicio. Se trata de nociones que guardan una fuerte interrelación en tanto es evidente que el art. 5o constituye uno de los fundamentos de la responsabilidad consagrada en el art. 40, siendo ambas regulaciones concreciones de las exigencias de seguridad impuestas por la Constitución Nacional en el ámbito de las relaciones de consumo (Picasso-Vázquez Ferreyra: «Ley de defensa del consumidor·», t. I, ps. 92/3).

Frente a ese claro mandato constitucional al que aludía, el consumidor o usuario y quienes quedan equiparados a ellos, tienen a su favor la acción de responsabilidad negocial contra todos aquellos que intervienen en la relación de consumo, pues las responsabilidades que establece la ley 24.240 surgen como consecuencia de una relación de consumo, la cual nace de un contrato o de una oferta de contrato de carácter vinculante.Se prefiere en este derrotero el reemplazo de la expresión responsabilidad contractual por la de responsabilidad negocial, por ser ésta la que se refiere y que surge de la relación de consumo.

En punto al factor de atribución de responsabilidad, se ha señalado que la doctrina y la jurisprudencia actuales, a fin de posibilitar la tutela del consumidor y del usuario, se inclinan, en su mayoría, por sostener que en esta materia se debe prescindir de lo que en otros tiempos fue un elemento clave para la atribución de responsabilidad civil -la culpa, para sustituirla actualmente por un concepto «Objetivo» que sólo atiende a la responsabilidad de quien, de una manera u otra, introduce los productos o servicios en el mercado, y que tiene el deber de responder por los daños que de ellos puedan resultar. Jugará una presunción de responsabilidad que el proveedor deberá desvirtuar mediante la acreditación de la causa ajena generadora del perjuicio, como desde hace tiempo reconoce nuestra doctrina y jurisprudencia en relación a esta clase de obligaciones (Picasso-Vázquez Ferreyra: «ob. Cit», ps. 522/3).

En el caso la atribución objetiva de responsabilidad del club demandado, resulta de lo dispuesto por el art. 40 de la ley 24.240 y 51 de la ley 24.192, en su condición de participante en la organización del espectáculo generador de riesgo y quien se benefició con su realización. En ese esquema, todo organizador de un espectáculo deportivo tiene una obligación de seguridad respecto de los asistentes que impone la ley 24.192. Ese deber de seguridad materializa la idea de que quienes asisten a un espectáculo lo hacen en la confianza de que el organizador ha dispuesto las medidas necesarias para cuidar de ellos. Como señalara la Corte Suprema de Justicia en «Mosca» que «El club organizador del espectáculo deportivo tiene el deber de tomar todas las medidas necesarias para que el evento se desarrolle normalmente, sin peligro para el público y los participantes» (conf.C.S.J.N., 06/03/2007, «Mosca, Hugo A. c. Provincia de buenos Aires y otros», AR/DOc. 1203/2007 y v. Alterini, Atilio A., «La responsabilidad del organizador de espectáculos deportivos. Trascendencia social positiva del fallo de la Corte Suprema en la causa «Mosca», LA LEY 2007-B, 360 y RCyS 2007, 337, Responsabilidad Civil Doctrinas Esenciales, Tomo V, 01/01/2007, 1297).

Juzgado ello, que deja sentada la suerte negativa de las quejas dirigidas a controvertir el encuadre jurídico deparado al caso en la anterior instancia, adelanto en la misma línea, que las críticas deslizadas contra el sólido pronunciamiento recurrido porque en el mismo no se tuvo por debidamente comprobada la causal de eximición de responsabilidad que se alega, representada por el hecho de un tercero por el cual la institución no debe responder, carece de todo asidero.

Para dar sustento a esta conclusión, amén de los fundamentos que nutren el pronunciamiento que se pretende poner en crisis, no rebatidos, cabe comenzar por señalar que el ordenamiento jurídico en el art. 1731, es muy claro al disponer que el hecho del tercero únicamente libera de responsabilidad si reúne los caracteres del caso fortuito, es decir, si es imprevisible o inevitable para el sindicado como responsable, además de exterior a él, al riesgo de la cosa de la que es dueño o guardián, o a la actividad que explota. En tal caso, el efecto es la exoneración total de responsabilidad, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1730 del CCCN (ver Sebastián Picasso en Lorenzetti, Ricardo Luis: «Código Civil y Comercial, Comentado», t. VIII, p.439).

Las quejas no aportan elementos o argumentos aptos para evidenciar el carácter exterior o ajeno a la actividad que despliega el club organizador del triste acontecimiento vivido, lo que por lo demás queda descartado, a poco que se repare que se trata de daños causados por el accionar de un grupo de espectadores o «barras bravas» que incluso integran la parcialidad del local, lo que desde luego no implica más que la concreción de un riego que la obligación de seguridad que recae sobre el club debe desplegarse para neutralizar.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha decidido con relación a esta obligación de seguridad, que a los fines de la exoneración de responsabilidad, el hecho de un tercero que interrumpa el nexo causal entre el evento deportivo y el daño que afecta al espectador, debe ser inequívocamente extraño al organizador, y que no lo son los incidentes provocados por asistentes al espectáculo (ver CS, 20/3/94, «Di Prisco c. Club Gimnasia y Esgrima de La Plata», LL 1994-D-429 y ED, 159-25).

Este criterio tiene una importante consecuencia práctica, porque como bien lo apunta MAZZINGHI, «por lo general, los daños que sufren los espectadores son provocados o causados por la inconducta de otros espectadores, o son consecuencia del desborde de las hinchadas, de la acción de las barras bravas, o de la reacción aislada de algún espectador enardecido. Si todos estos factores pudieran constituir una razón suficiente de liberación para las entidades organizadoras, la responsabilidad de estas últimas no se concretaría sino en algún caso muy excepcional» (MAZZINGHI (h.), Jorge A., «La responsabilidad de los organizadores de un espectáculo deportivo», LL 1995-B-969 y ss.; Trigo Represas-López meza: «Tratado de la responsabilidad civil», t. IV, p.683).

Como se desprende de la reflexión doctrinaria precedente, sin ese elemental recaudo para la configuración de la causal de eximición alegada, la ley 23.184 -modificada por las leyes 24-192 y 26.358-, que regula la materia, se reduciría a un conjunto de nobles enunciados, pero de nula o escasa vigencia práctica. Amén de que tal como ha sido legislada en el nuevo ordenamiento, es así como debe ser considerada, si se aprecia que el hecho en cuestión debe reunir los caracteres del caso fortuito (art. 1731), entre cuyas notas distintivas figura la ajeneidad, entendida como la contingencia que escapa al riesgo propio de la cosa o actividad.

La norma se refiere a los daños originados en conductas realizadas por particulares. El espíritu reposa en la obligación que debe pesar sobre el organizador y quien participa en el producido del espectáculo, de garantizar la seguridad a quien concurre al estadio en donde aquél se desarrolla. Tales daños pueden originarse tanto en comportamientos dolosos como culposos. Esta afirmación encuentra su fundamento en que la extensión de responsabilidad dispuesta por la norma, opera por el simple hecho de ocurrir la conducta productora de daños en el marco de los estadios, sin que se requiera vinculación alguna entre el sujeto productor del daño y la entidad o asociación participante del espectáculo deportivo. Es decir, se establece una responsabilidad objetiva propia del derecho privado (ver Cesari Hernández, D. M.; «Ley de violencia en Espectáculos deportivos», p. 146).

Para brindar adecuada respuesta al otro planteo que nutre las quejas, por sus características, cabe hacer una liminar remisión a la clasificación entre obligaciones de medio y de resultado. Es importante, porque si nos atenemos a la tesis clásica de Démogue, que es quien la introduce sistematizada en el mundo jurídico, ella incide en la distribución de la carga de la prueba. Así, en los deberes de resultado, al acreedor le basta con probar la falta de consecución del resultado prometido.En las de medios, en cambio, es el acreedor quien debe demostrar la culpa.

Más modernamente, y ello es a mi modo de ver lo que parece haber pasado inadvertido al apelante, se ha dicho que la verdadera importancia, la real dimensión del distingo clasificatorio en análisis, está dado por la diversidad existente en el factor de atribución -hecho que determina cuáles son las eximentes de la responsabilidad a utilizar en cada caso-. El referido ditingo, pues, más que un secundario y menguado valor procesal, tiene un relieve sustancial. Así las cosas, en las obligaciones de medios -en las que tiene vigencia la no culpa- el criterio legal de imputación es la culpa, mientras que en las obligaciones de resultado, en las cu ales la diligencia del solvens queda fuera de cuestión, el factor de atribución es objetivo (ver Bueres, Alberto J.: «Responsabilidad contractual objetiva», t. 1989-II, pág. 977).

De lo que se lleva expuesto cabe colegir, a modo de resumen, que en las obligaciones de medios para generar responsabilidad civil el extremo que habrá que comprobar es la culpa del deudor, demostrando que no observó la conducta prometida- incumplimiento liso y llano- o bien que lo hizo en forma incorrecta -cumplimiento írrito, defectuoso o tardío- Esto, porque en la susodicha categoría, el incumplimiento al menos desde el punto de vista funcional, se conforma con la culpa y comprobar ésta supone tanto como hacer patente aquél que es lo que interesa a los fines probatorios.Por su parte, el deudor, para eximirse de responsabilidad, queda autorizado a probar la ausencia de culpa o -si prefiere- el caso fortuito.

En los deberes de fines, en cambio, al damnificado le basta con demostrar la falta de verificación del resultado, en tanto que la exención de responsabilidad del obligado sólo se producirá si patentiza el caso fortuito, el hecho de la víctima o el de un tercero por el cual no deba responder, por cuanto esta categoría deja la culpa – conducta debida- fuera de la cuestión, la descarta.

En un caso como el involucrado, en concordancia con el encuadre efectuado en la anterior instancia, existe a cargo del organizador una obligación de seguridad resultado, por la cual aquel se compromete además de brindar el espectáculo deportivo a garantizar la indemnidad de la persona y bienes del espectador y demás asistentes y participantes.

Bajo estas directrices, el cabal cumplimiento de los recaudos de ley, y la actuación prudente y responsable, de acuerdo con las diligencias exigida por la naturaleza de las obligaciones que tenía a su cargo, y la consecuente ausencia de comprobación de alguna negligencia atribuible a su parte, que el demandado alega como unilateral argumento, carece de aptitud para modificar la decisión que se cuestiona. Es que, como queda dicho, la culpa, o su contracara, la actuación diligente, constituyen extremos ajenos a una obligación de garantía o de seguridad resultado como la que legalmente pende sobre el organizador del espectáculo deportivo. El esfuerzo argumental para demostrar la ausencia de culpa, no le sirve al club para eximirse de una responsabilidad de naturaleza objetiva, donde aquélla no cumple ningún rol.

En resumen, en las obligaciones de resultado, basta al damnificado acreditar que el fin comprometido por el deudor no se obtuvo, en el caso la seguridad en el desarrollo del espectáculo. No es necesario que demuestre que la conducta del club organizador haya sido culposa, ya que éste no comprometió su mera diligencia, sino lisa y llanamente el logro del resultado previsto.Por tal razón, no basta al deudor demostrar su diligencia (o falta de culpa) para exonerarse de responsabilidad, como pretende el club apelante en sus agravios. Debe acreditar que la frustración del fin se debió a una causa extraña a su conducta: caso fortuito o fuerza mayor, la culpa de la víctima o de un tercero por quien no deba responder.

Se trata de una obligación de resultado agravada cuyo incumplimiento origina una responsabilidad objetiva que únicamente es excusable probando la culpa de la víctima o caso fortuito extraño a la actividad, lo que implica fracturar el nexo de causalidad (conf. CNCiv., Sala K, 25/10/2010 Expte. N° 22.543/06, «T., C. M. c. D., H. M. s/ daños y perjuicios» ídem esta Sala, 29/12/2011, Expte. N° 30.308/98 «Herrera, Washington A. c. Malacalza, Carlos R. y otros s/ daños y perjuicios).

En torno a ello, sobre la temática comprendida en la Ley No 23.184, y sus modificatorias, Leyes No 24.192 y No 26.358, se ha dicho «Respecto del alcance de la obligación de indemnidad quedan comprendidos todos aquellos daños que se encuentren en vinculación causal con el espectáculo (deportistas, dependientes, espectadores, acción de las borras bravas, hecho de las cosas, etc.) desvirtuable mediante la ruptura del nexo causal (culpa de la víctima, caso fortuito o fuerza mayor, culpa de un tercero por el cual no se deba responder)» (Carlos A. Ghersi y Celia Weingarten, «Tratado de daños reparables», Tomo II, Parte Especial, Editorial La Ley, Bs. As. 2008, pág. 321).

En orden a los argumentos precedentes, propongo al Acuerdo rechazar los agravios de la institución accionada, y confirmar este medular aspecto de la meditada sentencia apelada.

III.Pertenencias perdidas.

Para la procedencia de este rubro, en el pronunciamiento objetado se fundamenta que los testigos corroboraron la versión del robo de algunas pertenencias del actor (algunas de las cuales eran elementos de trabajo), no se produjo prueba alguna relativa al valor de éstas, y tampoco existe un detalle preciso de tales pertenencias, no siendo suficiente al efecto lo que resulta de las copias certificadas de la causa penal agregadas, en tanto lo que de ellas resulta es la denuncia efectuada por el propio actor.

Tampoco en el escrito de demanda el actor precisa los bienes sustraídos ni discrimina su valor, solicitando el actor una suma global de $40.000 sin justificarla.

En base a ello, sobre la base de lo expuesto al respecto por los testigos y ponderando prudentemente el valor de los bienes por ellos referidos y el hecho de que algunos de ellos eran herramientas de trabajo del actor, y otro las llaves de su vehículo, según se probó, otorgaré por este rubro la suma de $15.000 (quince mil pesos) (artículo 165 del CPCCN).

El apelante esgrime en sustento de su agravio relativo al punto que sin que exista una prueba de cómo se llegó a dicha cifra, se la condena por el mencionado monto. Por lo que argumenta que dicho rubro debe ser rechazado por carecer de prueba que lo respalde, siendo el valor otorgado una decisión arbitral del magistrado.

Se trata de una alegación genérica, suficiente para mostrar un distinto punto de vista, pero que no concreta una crítica concreta y razonada que implique un ataque frontal a los citados argumentos centrales, probatorios y normativos, en los que se basara la decisión, que incluye fundamentalmente las declaraciones testimoniales, sobre las cuales el apelante nada objeta en el punto, y el art. 165 del Código Procesal.

No debe soslayarse que los testigos Caputo y Yanzi, hicieron expresa referencia al robo del bolso del actor, las llaves de su vehículo, reloj, cronómetro, y otros elementos de trabajo, lo que no mereció ningún comentario en las quejas.Por su parte, como es sabido, la citada norma ritual, en la que el juez sustentó lo decidido, justifica la procedencia del crédito cuando su existencia esté legalmente comprobada, aunque no se halle determinado su monto, supuesto en el cual, el tema queda librado a la prudente apreciación judicial. Aspecto que tampoco fue cuestiondo de manera concreta o puntual por el apelante.

IV. Consecuencias no patrimoniales (Daño moral).

El art. 1741 del Código Civil, en base al distingo entre daño- lesión y daño – consecuencia, se refiere al daño no patrimonial que debe entenderse como equivalente al usualmente denominado daño extrapatrimonial o moral, por oposición al patrimonial (conf Lorenzetti, Ricardo Luis: «Código Civil y Comercial de la Nación, Comentado», t. VIII, p. 500).

La norma regula el tema de la legitimación para reclamarlo y otras vicisitudes, pero no menciona el concepto, lo cual da cabida a la labor doctrinaria y jurisprudencial desarrollada sobre el tema al amparo del Código de Vélez, que mantiene actualidad.

En esta línea, se lo ha caracterizado como el configurado por la lesión en los sentimientos que determina dolor o sufrimiento, inquietud espiritual o agravio a las afecciones legítimas y, en general, toda clase de padecimientos comprendiendo también las molestias en la seguridad personal de la víctima o en el goce de sus bienes.

Mediante la indemnización peticionada se procura reparar la lesión ocasionada a la persona en alguno de aquellos bienes que tienen un valor principal en su vida, y que son la paz, la integridad física, la tranquilidad de espíritu, el honor, y los demás sagrados afectos que se resumen en los conceptos de seguridad personal y afección legítima; y cuya violación determina la modificación disvaliosa del espíritu en su capacidad de entender, querer o sentir, que resulta anímicamente perjudicial.

La referencia del art.1738 del Código Civil y Comercial de la Nación a las afecciones espirituales legítimas le confiere al daño moral un contenido amplio, abarcativo de todas las consecuencias no patrimoniales. Se señala en este sentido que se ha descendido notoriamente el piso o umbral a partir del cual las angustias, molestias inquietudes, zozobras, dolor, padecimientos, etcétera, determinan el nacimiento del daño moral, acentuándose la protección de la persona humana. En esta línea, se llega también a sostener la existencia de «daños morales mínimos», en base a la constitucionalización de la tutela de la persona humana (conf Lorenzetti, Ricardo Luis: » Ob. cit», t. VIII, p. 485).

Vale destacar que, con buen criterio, el Código consagra expresamente el principio de reparación plena (art. 1740), que ya había sido concebido como derecho constitucional por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (a partir de «Santa Coloma c. Ferrocarriles Argentinos», 05/08/1986 y «Ruiz c. Estado Nacional, 24/05/1993) en base a los arts. 14, 17, 19, 33, 42, 75 inc. 22 de la Constitución Nacional.

Dicho principio, además, se manifiesta concretamente a través de las pautas indicadas en orden a la valoración y cuantificación de la indemnización, que comprenderá todas las resultas o repercusiones patrimoniales y extrapatrimoniales del ilícito, como «la pérdida o disminución del patrimonio de la víctima, el lucro cesante en el beneficio económico esperado de acuerdo a la probabilidad objetiva de su obtención y la pérdida de chances», incluyendo especialmente «las consecuencias de la violación de los derechos personalísimos de la víctima, de su integridad personal, su salud psicofísica, sus afecciones espirituales legítimas y las que resultan de la interferencia en su proyecto de vida» (art. 1738), «ponderando las satisfacciones sustitutivas y compensatorias que pueden procurar las sumas reconocidas» ( ver art. 1741 y Meza-Boragina: «el daño extra patrimonial en el Código Civil y Comercial, public.en la Laleyonline).

Queda superado ahora el criterio que sostenía que en el daño moral se indemnizaba el «precio al dolor» para aceptarse que lo resarcible es el «precio del consuelo», que procura «la mitigación del dolor de la víctima a través de bienes deleitables que conjugan la tristeza, la desazón o las penurias. Se trata de proporcionarle a la víctima recursos aptos para menguar el detrimento causado y por esa vía facilitarle el acceso a gratificaciones viables, confrontando el padecimiento con bienes idóneos para consolarlo, o sea, proporcionarle alegría, gozo, alivio, descanso de la pena (ver Lorenzetti, Ricardo Luis: «Código Civil y Comercial de la Nación, Comentado», t. VIII, p. 503).

Si bien el cálculo económico del dolor se presenta como una tarea de dificultosa realización, nada impide apreciarlo, con criterios de razonabilidad y justicia, en su intensidad y grado, para de esa manera estar en condiciones de definir una cuantía que resulte idónea o suficiente para compensar las angustias, tristezas y toda clase de padecimientos derivados del evento dañoso, con la adquisición de bienes y contratación de actividades sociales, culturales y de esparcimiento o recreación en general, aptos para posibilitarle al damnificado situaciones de disfrute, distracción y deleites suficientes para alcanzar los objetivos que expresa el dispositivo.

A tal fin, debe ponderarse en el caso, la sorpresa y estupor susceptibles de ser generados por un acontecimiento como el que originara este proceso, que encuadra en el ámbito de la violencia en el fútbol, un verdadero lastre que acarrea este país. En tal contexto, es presumible el lógico temor que debió sentir el actor, por los golpes recibidos al intentar detener la agresión, como por el riesgo que corrió su propia vida e integridad física y la de los jugadores que entrena físicamente.A lo que se suma, el robo de objetos que si bien son de índole material, lo cierto es que su sustracción debió generar preocupación y zozobras, por el tipo de artículos involucrados, que entre otros, incluyen las llaves de su rodado y elementos de trabajo, lo que se incrementa por el club donde el actor desempeña su tarea, que se desenvuelve en un nivel donde ordinariamente las remuneraciones son magras, muy lejos de las que se ofrecen en la primera división o en las grandes ligas, muchas veces dignas de asombro.

En base tales razonamientos, y a lo que fluye de la pericial psicológica, considero que los agravios deben ser rechazados, y que la cifra concedida en la primera instancia debe ser confirmada, porque es proporcionada a la intensidad de los padecimientos que razonablemente puede aparejar una dramática situación como la descrita. Esto, aunque supere el monto reclamado en la demanda por este concepto, dada la feroz pérdida del poder adquisitivo del dinero experimentada, lo que en un supuesto con las peculiaridades del presente, lejos de evidenciar desproporción, resulta una manera razonable de expurgar la desvalorización desde el momento en que la cifra fue estimada, al interponerse la demanda. En una hipótesis como la de autos, que involucra una deuda de valor, en aras de un formal y poco realista respecto del principio de congruencia, conceder la cifra a valores nominales conjugada con la tasa activa, se manifiesta como insuficiente para resguardar la real significación o el verdadero valor que el monto pedido tenía o representaba, cuando la demanda fue deducida. Por ello, reitero, propongo el rechazo de los agravios, y la confirmación de la sentencia en este aspecto.

V. Intereses.

La cuestión atinente a los intereses ha sido resuelta por esta cámara en el fallo plenario dictado en los autos «Samudio de Martínez, Ladislaa c. Transportes Doscientos Setenta S. A. s. daños y perjuicios», del 20 de abril de 2009, que estableció, en su parte pertinente: «2) Es conveniente establecer la tasa de interés moratorio.3) Corresponde aplicar la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina. 4) La tasa de interés fijada debe computarse desde el inicio de la mora hasta el cumplimiento de la sentencia, salvo que su aplicación en el período transcurrido hasta el dictado de dicha sentencia implique una alteración del significado económico del capital de condena que configure un enriquecimiento indebido».

Este tribunal ha considerado decisivo para determinar el régimen de intereses aplicable, hasta ahora, el momento en el que fueran cuantificados los daños. Así, en los casos en que el capital estaba expresado a valores actuales a la fecha de sentencia se fijaba una tasa pura del 8% hasta ese punto y desde entonces la activa prevista en el mencionado plenario. En definitiva, este razonamiento permitía tener por configurada la excepción prevista en la parte final de la doctrina plenaria (conf. esta Sala, «Aguirre Lourdes Antonia c. Transporte Automotores Lanu? Este S.A. s.danõ s y perjuicios» del 17 demarzode2009;»Marti?ez,EladioFelipec.Diáz,Herna? Reinaldo s.danõsyperjuicios»del15demarzode2013;entremuchísimos otros).

Sin embargo la situación de la actual coyuntura económica del país justifica realizar una nueva evaluación sobre la cuestión. En tal sentido, a partir de la sabia enseñanza de Vélez Sarsfield en su nota al artículo 622 del anterior Código Civil he sostenido desde siempre la inconveniencia de adoptar criterios rígidos o inflexibles en esta materia y la necesidad de seguir, en cambio, una postura que se adapte tanto al contexto económico del país como a las circunstancias particulares de cada caso.Así, lo concreto es que en la coyuntura actual, de marcada inestabilidad económica, constante pérdida del poder adquisitivo y persistente aumento general del precio de bienes y servicios, entiendo -por los motivos que expondré a continuación- que la aplicación de la tasa activa desde la mora es la solución que mejor se ajusta a las previsiones del fallo plenario.

Por un lado, debido a que en las condiciones actuales no es posible sostener como regla que la aplicación de la tasa activa «implique una alteración del significado económico del capital de condena que configure un enriquecimiento indebido», por la sola circunstancia de que la cuantificación se haga bajo parámetros actuales. Tal como lo ha expresado la jurisprudencia de esta cámara, con cita a Pizarro, la prueba de que se configuran las aludidas circunstancias debe ser proporcionada por el deudor, sin que baste a ese respecto con alegaciones generales y meras especulaciones, por lo que está en cabeza del obligado acreditar de qué modo, en el caso concreto, la aplicación de la tasa activa desde el momento del hecho implica una importante alteración del significado económico del capital de condena y se traduce en un enriquecimiento indebido del acreedor (conf. esta Cámara, Sala A, «Helguero, Nilda Zulema c. Compañía La Isleña S.R.L. s. daños y perjuicios», expte. n° 9188/2017 del 8 de julio de 2022 y su cita a Pizarro, Ramón D., «Un fallo plenario sensato y realista», en La nueva tasa de interés judicial, suplemento especial, La Ley, Buenos Aires, 2009, pág. 55; entre muchos otros). Adicionalmente, por tratarse de una excepción, su aplicación debe juzgarse con criterio restrictivo.

Por otro, ya que la aplicación de una tasa menor en las condiciones actuales del mercado puede comprometer el principio de reparación plena del daño consagrado a nivel convencional, constitucional y legal.En ese sentido, aun cuando se verifique la hipótesis de ciertos rubros indemnizatorios fijados a valores actuales, estimo que ese único argumento resulta hoy en día insuficiente -por las razones recién explicadas- para sostener que la imposición de la tasa activa altera el significado económico del capital de condena y por ende reducir el monto global que en definitiva habrá de percibir la víctima por los perjuicios sufridos.

Finalmente, considero oportuno recordar que desde la vigencia del Código Civil y Comercial esta sala ha destacado que aunque el plenario «Samudio» se haya originado en la interpretación de una disposición legal hoy derogada (art. 622 del Código Civil), los argumentos recién expuestos permiten trasladar las conclusiones de aquella exégesis a la que corresponde asignar a las normas actuales. Esto es así sobre todo si se repara en que las tasas del Banco Nación deben suponerse acordes a la reglamentación del Banco Central de la República Argentina (ver voto de la Dra. Guisado en autos «M., G. L. y otro c. A., C. y otros s, daños y perjuicios», expte. no 47708/2010 del 3 de noviembre de 2015; entre muchos otros).

En definitiva, frente a la nueva evaluación de la cuestión, al no verificarse en las actuales circunstancias la excepción referida en la doctrina legal obligatoria, es que propongo al acuerdo confirmar en el presente caso la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina desde el hecho y hasta el efectivo pago (art. 1748 del Código Civil y Comercial).

De más está decir que ello no viola en modo alguno la indexación prohibida por ley, por cuanto, por un lado, la suma fijada en la sentencia resultó la cristalización a valores correspondientes a la fecha de su dictado del reclamo de la parte actora, lo que deriva de la naturaleza de deuda de valor que reviste el crédito aquí perseguido.Por el otro, el devengamiento de los intereses de acuerdo al índice propuesto no es más que la aplicación del interés moratorio que debe afrontar el responsable del acto ilícit o, el que deriva del incumplimiento del deber genérico de no dañar.

Por todo lo expuesto, si mi criterio fuera compartido, propongo al Acuerdo rechazar íntegramente los agravios y confirmar la fundada sentencia apelada en todo lo que decide. Con costas de alzada al demandado, vencido (art. 68 del Código Procesal).

La Dra. Guisado votó en igual sentido y por análogas razones a las expresadas por el Dr. Rodríguez.

Con lo que terminó el acto.

Buenos Aires, 18 de agosto de 2022.

Por lo que resulta de la votación que instruye el acuerdo que antecede, el tribunal RESUELVE: rechazar íntegramente los agravios y confirmar la fundada sentencia apelada en todo lo que decide. Con costas de alzada al demandado.

La vocalía número 27 no interviene por encontrarse vacante. Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Se hace constar que la publicación de la presente sentencia se encuentra sometida a lo dispuesto por el artículo 164, 2° párrafo del Código Procesal y artículo 64 del Reglamento para la Justicia Nacional, sin perjuicio de lo cual será remitida al Centro de Información Judicial a los fines previstos por las acordadas 15/13 y 24/13 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

PAOLA MARIANA GUISADO

JUAN PABLO RODRÍGUEZ

JUECES DE CÁMARA

EZEQUIEL SOBRINO REIG

SECRETARIO DE CÁMARA

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