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#Fallos Proceso de quiebra: Intervención de una municipalidad en carácter de tercero interesado, en los incidentes de escrituración en trámite o a promoverse en el futuro, y demás procesos que puedan tener relación con los inmuebles afectados por la declaración de utilidad pública

Partes: Tandil Inversora Financiera S.A. s/ quiebra

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Azul

Sala / Juzgado / Circunscripción / Nominación: II

Fecha: 12 de julio de 2022

Colección: Fallos

Cita: MJ-JU-M-137993-AR|MJJ137993|MJJ137993

Voces: QUIEBRA – BIENES INMUEBLES – MUNICIPALIDADES – EXPROPIACIÓN – DERECHO DE PROPIEDAD – SÍNDICO DE CONCURSOS Y QUIEBRAS – AMBIENTAL

Se admite la intervención de una municipalidad en el carácter de tercero interesado en un proceso de quiebra, en los incidentes de escrituración en trámite o a promoverse en el futuro, y en los demás procesos que puedan tener relación con los inmuebles afectados por la declaración de utilidad pública.

Sumario:
1.-Corresponde admitir la intervención de la Municipalidad como tercero interesado en el proceso de quiebra, pues será a partir de esta actuación que podrá adquirir un conocimiento cabal de la situación jurídica en que se encuentran los diversos inmuebles comprendidos en el área geográfica declarada de utilidad pública.

2.-Es indudable el interés que le asiste a la Municipalidad para actuar en esta quiebra en el carácter de tercero interesado, porque será recién a partir de esa actuación procesal que podrá contar con un panorama certero de la problemática existente, y, sobre esta base, se encontrará en condiciones de diseñar las operatorias que mejor se adecuen al cumplimiento de la finalidad perseguida por una ordenanza.

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3.-El pedido del síndico de que se rechace la intervención del tercero, diametralmente opuesto al esgrimido por el municipio, no ha tenido en cuenta que la función de la Sindicatura debe centrarse en el resguardo del interés general; y no pueden caber dudas de que el propósito perseguido por el órgano municipal está alineado con el desarrollo de políticas públicas de administración, conservación y preservación de los recursos ambientales en el Partido de Tandil.

4.-El Síndico se ha situado en el proceso en el carácter de parte, asumiendo una actitud controversial ante la petición del municipio, que implica un claro enfrentamiento entre ambos sujetos procesales; lo que no se compadece con la función que al funcionario le ha sido asignada en este juicio universal.

Fallo:
En la ciudad de Azul, a los doce días del mes de Julio del año Dos Mil Veintidós, reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Departamental, Sala II, Doctores Víctor Mario Peralta Reyes y María Inés Longobardi (arts. 47 y 48 Ley 5827), con la presencia del Sr. Secretario, para pronunciar sentencia definitiva en los autos caratulados: «Tandil Inversora Financiera S.A. s/ Quiebra» (causa n°68.248), habiéndose practicado el sorteo pertinente (art. 168 de la Constitución Provincial; arts. 263 y 266 del C.P.C.C.), resultó que debían votar en el siguiente orden: Dres. Peralta Reyes y Longobardi.

Estudiados los autos, el Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:

-C U E S T I O N E S-

1ra. ¿Son procedentes los recursos de apelación interpuestos contra la sentencia de fecha 11/09/2021?

2da. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

-V O T A C I O N-

A LA PRIMERA CUESTION, el Sr. Juez Dr. Peralta Reyes, dijo:

I. 1. La Municipalidad de Tandil solicitó se la tenga por presentada en el carácter de tercero interesado en el presente proceso de quiebra de Tandil Inversora Financiera S.A. -invocando el art.90 del Código Procesal-, a los efectos de poder dar efectivo cumplimiento con todas las gestiones técnicas, legales y administrativas a que se refiere la Ordenanza Municipal n° 16897/2020, sancionada por el Honorable Concejo Deliberante de Tandil (ver presentación electrónica del referido municipio de fecha 8/7/2021). En esa presentación se transcribió el art.1 de la Ordenanza Municipal n° 16897/2020, que expresa:»Declárese de utilidad pública la adquisición del dominio por parte de esta Municipalidad, mediante operatorias basadas en la compraventa, permuta, donación, expropiación u otro mecanismo legal, de los inmuebles identificados en el anexo I que forman parte de la presente Ordenanza correspondientes a la Chacra 150 de la Circunscripción I, sección E del Partido de Tandil (103), exceptuada la Fracción III)».

O sea que, en esa ordenanza municipal, se declaró de utilidad pública la adquisición del dominio de los referidos inmuebles por parte de la Municipalidad de Tandil, mediante la utilización de las diferentes operatorias que -con criterio amplio- allí se enuncian: compraventa, permuta, donación, expropiación u otro mecanismo legal. Y en el aludido escrito de fecha 8/7/2021, expresó la compareciente que «el origen de esta presentación responde al interés de la Municipalidad de Tandil en el desarrollo de estrategias de políticas públicas de administración, conservación y preservación de los recursos naturales ambientales en el Partido de Tandil». Asimismo, señaló que, en ese sentido, se abordaron políticas públicas direccionadas a mitigar el impacto negativo provocado por una urbanización como la que es objeto de autos, realizada decena de años atrás, en pleno cordón serrano del Partido de Tandil, bajo estándares que en la actualidad resultan inconcebibles.En este mismo orden de ideas, sostuvo la Municipalidad que «los estudios y relevamientos efectuados por diversa áreas municipales dieron cuenta de que el avance de la urbanización ciudadana sobre el arco serrano de marras -faldeo ‘Villa del Lago’- merecía especial evaluación y diagnóstico urbano-ambiental, por cuanto la detección de numerosas construcciones sin declarar, asentamientos irregulares y la preexistencia parcelaria carente de infraestructura y servicios esenciales en la zona (tales como agua corriente, cloacas, pavimentos, gas, energía eléctrica domiciliaria, alumbrado público y desagües pluviales), y la afectación de un recurso natural no renovable como son los cordones serranos, evidenciaba un claro riesgo ambiental para el sector, merecedor de la adecuada tutela, instituyéndolo además como patrimonio de todos los tandilenses» (lo resaltado es propio).

2. Ya en concreta referencia a la cuestión de autos, expresó la Municipalidad que la mayoría de los inmuebles que componen el patrimonio de la fallida Tandil Inversora S.A., en el indicado faldeo serrano, conocido públicamente como «Villa del Lago», se encuentran afectados no sólo por la citada Ordenanza n° 16897/2020, sino también por la Ordenanza n° 16951/2020, que declaró al sector como zona especial de interés ambiental.Agregó que esa afectación está dada porque «la materialización de la adquisición de dichos inmuebles por parte de la Municipalidad de Tandil, se encuentra sujeta a la regularización dominial de los mismos en el marco de la quiebra».

En el transcurso de su presentación, resaltó el municipio la compleja problemática que se presenta en aquellos supuestos de lotes de titularidad de la fallida, sobre los cuales pudiere pesar o existir algún boleto de compraventa pendiente de escrituración, puesto que aquellos lotes respecto de los cuales no exista ningún documento de venta, no representan mayor dificultad para proceder a su adquisición (ver apartado V del escrito en análisis). De esta manera se enmarcó la compleja cuestión que se plantea en el caso en análisis, ante la existencia de numerosos adquirentes -por boleto de compraventa- de lotes de terreno pertenecientes a la fallida Tandil Inversora Financiera S.A., los cuales han quedado alcanzados por la Ordenanza n° 16897/2020, que declaró de utilidad pública la adquisición del dominio de esos inmuebles por parte de la Municipalidad de Tandil.

Así destacó la compareciente que «el interés propio de la Municipalidad de Tandil ha quedado supeditado a las resultas no sólo de las demandas de escrituración y verificaciones de créditos interpuestas contra la fallida -las cuales se encuentran tramitando por sendas causas incidentales-, sino también a la problemática que representa o puede representar la existencia de inconsistencias dominiales derivadas de aparentes o supuestas transmisiones propietarias sin la debida cadena documental que legitime la posesión, como así también la existencia de adquirentes por boletos de compraventa que pese al transcurso de los años no han deducido hasta el momento, pretensión alguna».

De este modo, quedó descripta la complicada situación que se le presenta al municipio para concretar la adquisición del dominio de los inmuebles afectados por la declaración de utilidad pública.En virtud de ello, prosiguieron expresando sus apoderados que «tal escenario deja en evidencia el obstáculo que nuestro mandante debe sortear a la hora de formalizar las correspondientes gestiones y consecuentemente, efectivizar las operaciones pertinentes (compraventas, permutas, donaciones, expropiaciones u otras) con los propietarios -entiéndase titulares registrales- de los inmuebles alcanzados por la Ordenanza municipal y el Síndico; por ser quienes, en definitiva, resultan ser los únicos que se encuentran investidos de la facultad de transmitir la titularidad dominial de aquellos».

Siempre en referencia a la citada Ordenanza n° 16897/20, destacó la compareciente que ha quedado en cabeza del Departamento Ejecutivo de la Municipalidad, «la tarea de materializar la adquisición dominial de los inmuebles afectados por las normas reseñadas». Así puntualizó que luego de una primera etapa destinada a tareas de recopilación de datos, comenzó una segunda etapa que, en lo que respecta a este proceso falencial, «consiste en abordar las gestiones para proyectar junto al Síndico un posible acuerdo para la materialización de la adquisición dominial por parte del Municipio de los predios afectados por la normativa mencionada y que se encuentran bajo su administración concursal, mediante el empleo de algunos de los mecanismos legales previstos por la normativa local. Manifestación cabal de ello es que mi mandante en carácter de tercero interesado decide efectuar esta presentación».

3. En el anterior punto 2, mencioné las consideraciones que efectúa la Municipalidad de Tandil en torno a aquellos lotes de titularidad de la fallida, sobre los cuales existen boletos de compraventa a favor de adquirentes, que se encuentran pendientes de escrituración. Y sobre esta temática planteó la prescripción de la acción de escrituración de los boletos de compraventa de inmuebles que continúan bajo la titularidad dominial de la fallida, ante la ausencia de toma de posesión por parte de los adquirentes y la falta de reconocimiento tácito de la vendedora (ver apartado V.C) de la presentación en análisis).

En esta línea de pensamiento, sostuvo la Municipalidad que «ponderando el prolongadísimo tiempo transcurrido desde la fecha de declaración de quiebra y de celebración de las subastas y demás ventas de los lotes de ‘Villa del Lago’ pertenecientes a Tandil Inversora S.A.C.I.F.I.M.A.G que datan de más de 40 (cuarenta) años -en donde se habrían suscripto boletos de compraventa-, no cabe duda de que las eventuales obligaciones de escriturar se hallan hoy en día prescriptas y/o extintas, cuando menos en todos aquellos supuestos de terrenos baldíos en donde aún no se han presentado posibles adquirentes que fehacientemente aporten elementos ante el Síndico que redunden en actos posesorios interruptivos del curso de la prescripción de la obligación de escriturar» (ver sexto párrafo del referido apartado V.C).

Así aludió a los informes de relevamientos efectuados por las dependencias con competencia técnica del municipio, previos a la sanción de la Ordenanza de declaración de utilidad pública, a través de los cuales se pudo corroborar que la inmensa mayoría -por no decir, casi la totalidad- de los inmuebles que forman parte de la afectada Circ. I, Sec. E,

Chac.150 del Partido de Tandil, son «terrenos en estado baldío». Y seguidamente enfatizó en que estos informes «son sin duda hechos reveladores de que los lotes ubicados en ‘Villa del Lago’, en su generalidad, permanecen desocupados (sin habitar, sin edificar), confirmando una completa ausencia de la posesión ‘animus domini’ y derribando cualquier pretendida presunción de reconocimiento tácito de la obligación de escriturar por parte del vendedor, como así también cualquier eventual invocación de una interrupción de la prescripción acaecida» (ver párrafos noveno y décimo del indicado apartado V.C).

De esta manera, a modo de corolario de su presentación, la Municipalidad entendió «que resulta oportuno y recomendable que V.S.analice en principio tener por configurada la prescripción de la acción de escrituración de todos aquellos boletos de compraventa vinculados con la quiebra de Tandil Inversora S.A., cuyos eventuales beneficiarios hasta el momento no hayan demostrado interés en pretender el cumplimiento de su crédito en especie (in natura) a través de la acción de escrituración de inmueble, como así también respecto de aquellos que han sido rechazados mediante incidente» (lo destacado es propio).

Y culminó puntualizando que esta alternativa que dejó planteada, no sólo permitirá avanzar junto al Síndico hacia la segunda etapa de adquisición dominial de los mentados predios de titularidad de la fallida, por parte de la Municipalidad de Tandil, sino que beneficiará la composición del pasivo -al liberarse formalmente de centenares de obligaciones de hacer-, a la vez que también provocará un incremento del activo concursal, al ingresar dinero líquido en forma directa a la quiebra.

II. La referida presentación inicial de la Municipalidad de Tandil dio lugar a la contestación del Síndico Contador Adelqui Alfredo A. Acosta, quien se opuso a la incorporación de compareciente como tercero interesado en el presente proceso, solicitando se rechace la pretensión con imposición de costas a la requirente (ver escrito electrónico de fecha 12/8/2021).

1. Sostuvo el funcionario concursal que es improcedente desde la perspectiva del derecho constitucional, el pedido del municipio de ser incorporado a este proceso como tercero interesado. Así hizo referencia al derecho de propiedad tutelado por los arts.17 y 31 de la Constitución Nacional, y expresó que «el instituto de la expropiación es el medio jurídico mediante el cual se logran armonizar los intereses públicos y privados, evitando de esta manera lesionar los derechos de propiedad de particulares por razones de utilidad pública. Así, la expropiación consiste en el medio en virtud del cual el Estado logra la apropiación o transferencia de un bien, por razones de utilidad pública, mediante el pago de una justa indemnización.Como puede observarse los tres requisitos exigidos por los textos constitucionales para que el Estado pueda apropiarse de un bien de un particular, son: la utilidad pública; declarada por una ley especial; y la justa indemnización previa.En el caso en estudio, puede fácilmente divisarse que la Municipalidad de Tandil no ha cumplido a la fecha como mínimo con dos de los tres requisitos exigidos constitucionalmente, y aún así pretende irrogarse y ejercer derechos que no tiene, sobre bienes que en la actualidad son propiedad exclusiva de la fallida» (lo destacado me pertenece).

Dijo más adelante que, en relación al recaudo de la declaración de utilidad pública del bien a expropiar por una ley especial, son de dudosa constitucionalidad las ordenanzas por las cuales la Municipalidad pretende arrogarse derechos que no tiene sobre bienes de propiedad de la fallida. Luego de aludir a la discusión doctrinaria existente sobre la competencia expropiatoria municipal, sostuvo que «las ordenanzas municipales no revisten el carácter de ‘ley especial’ que exige la Constitución a efectos de proceder a la expropiación, no detectándose en la Constitución de la provincia norma alguna que conceda a los municipios la facultad de expropiar por sí». Y en relación al requisito del pago de la indemnización previa, agregó que tampoco ha sido cumplido por la Municipalidad de Tandil, quien, ni siquiera, ha ofrecido cumplirlo.

2. También alegó la Sindicatura que es improcedente desde la perspectiva del derecho procesal, la pretensión de la Municipalidad de ser incorporada a este proceso como tercero interesada, en los términos de los arts.90 y siguientes del código de rito.

En este orden apuntó que dicha improcedencia queda cabalmente demostrada por la inexistencia de interés propio en la Municipalidad de Tandil.Así agregó que no se vería afectado ningún interés municipal, si en el presente juicio se autorizara la regularización dominial a favor de aquellas personas que cuenten con documentación respaldatoria de su derecho de propiedad, sobre los bienes que en su oportunidad fueron subastados en este mismo marco del proceso de quiebra de Tandil Inversora Financiera S.A. Y acotó que esa inexistencia de afectación para los intereses de la Municipalidad, estaría dada porque si se reconociera la propiedad de alguno de los bienes en una persona distinta a ella, lo único que se modificaría sería el legitimado pasivo de la expropiación.

Precisó que la legitimación procesal en la quiebra está en cabeza del síndico, por lo que la Municipalidad de Tandil no tiene derecho alguno a requerir su admisión como tercero en la presente causa.

III. Con posterioridad, comparecieron a los autos veintidós personas por su propio derecho, con patrocinio letrado, solicitando su intervención como terceros interesados con arreglo al art.90 del Código Procesal, al haber tomado conocimiento de la Ordenanza n° 16897/2020, sancionada por el Honorable Concejo Deliberante de Tandil, la cual -en su decir- afecta sus derechos posesorios (ver escrito electrónico del 30/8/2021).

Sostuvieron estos comparecientes, que son un grupo de vecinos que tienen su única vivienda familiar en la chacra que, en la citada ordenanza municipal, fue objeto de la declaración de utilidad pública; y manifestaron que esa normativa lesiona sus derechos posesorios sobre los lotes ubicados en esa zona geográfica. Expresaron ser víctimas de actos discriminatorios por parte de las autoridades municipales, respecto de otros barrios de iguales características, los cuales a través de «excepciones» avanzan día a día en su desarrollo urbano. Aludieron así, a modo de ejemplo, a la reciente autorización municipal para la construcción y venta de inmuebles para el desarrollo de un shopping con locales comerciales, a escasos 1300ms.del faldeo serrano denominado «Villa del Lago».

Dijeron desconocer las intenciones del municipio en la adquisición del faldeo serrano declarado de utilidad pública, pero expresaron que harán valer sus «derechos adquiridos» sobre esos lotes, adquiridos de buena fe, así como de sus casas construidas con mucho esfuerzo y sacrificio, que son su única vivienda familiar. Aseveraron que fue el propio municipio quien, a fines de los años sesenta y principios de los años setenta, autorizó la urbanización de ese faldeo serrano, «habiendo sido muchos de los adquirentes o sus ascendientes, estafados en su buena fe por la empresa Tandil Inversora SACIFIMAG, cuando decidieron comprar lotes en esta zona geográfica, y hoy quienes se han establecido en el lugar, construyendo su vivienda, vuelven a ver avasallados en ‘sus derechos posesorios’ por parte ahora del organismo estatal municipal».

Negaron la existencia del riesgo ambiental invocado por la Municipalidad e insistieron en la configuración de un trato discriminatorio en su perjuicio.Impugnaron el relevamiento dominial efectuado por el municipio, por adolecer de errores, inexactitudes y cierta subjetividad.

Dijeron que el proceder municipal provoca la afectación de derechos a usucapir, señalando que ese accionar implica «un claro menoscabo en los derechos que la ley nos otorga, para adquirir la titularidad del dominio de los lotes del faldeo serrano denominado ‘Villa del Lago’, mediante la figura legal de la ‘usucapión decenal o veinteñal’, para quienes por diversas razones a la fecha, no hemos podido iniciar o concluir los respectivos incidentes de escrituración». Refutaron la afirmación del municipio de que en el lugar no se han ejercido materialmente actos posesorios, expresando que «más allá de que en algunos casos existen poseedores de buena fe con boletos de compraventa y/o cesiones de derechos, obran sobre los mencionados lotes diversos y variados actos posesorios, como amojonamientos, cercados perimetrales, desmalezamientos y forestaciones, construcción de viviendas, instalación de biodigestores y de sistemas de tratamientos de efluentes, pago de impuestos provinciales y/o municipales, entre otros, pudiendo aportarse elementos probatorios si nos lo requiriese S.S, considerando esta parte que no corresponde la adquisición dominial de los predios de titularidad de la fallida por parte del Municipio de Tandil, lo cual violentaría y lesionaría de flagrante manera, los derechos adquiridos por nosotros, y otros poseedores de buena fe, que día a día vienen sumando actos posesorios en vistas a una futura adquisición de la titularidad de dominio de estos lotes mediante una usucapión decenal o veinteñal» (algunas de las frases destacadas corresponden al infrascripto).

En el colofón de su presentación judicial, estas veintidós personas solicitaron se «mantenga vigente la posibilidad de que continuemos efectuando incidentes de escrituración, y que no se nos cercene la posibilidad de adquisición de la titularidad dominial de lotes en Villa del Lago, a través de juicios de usucapión, a los poseedores de buena fe, que en forma continua e ininterrumpida venimos realizando actos posesorios sobre los mencionados lotes» (lo destacado es propio).

IV.De esta manera se arribó al dictado de la sentencia de fecha 11/9/2021, que ha llegado apelada a esta instancia por medio de sendos recursos interpuestos por la Municipalidad de Tandil y por el Síndico del proceso de quiebra de la fallida.

1. En este pronunciamiento se comenzaron reseñando los antecedentes del caso, en torno a la venta de los lotes ubicados en la chacra 150, sección E, también denominada «Villa del Lago». Así se señaló que, al año 2015, la fallida Tandil Inversora Financiera S.A. era titular de 568 lotes en ese lugar (fs.6359/6361), que habían sido oportunamente adquiridos a los fines de llevar adelante un emprendimiento inmobiliario. Pero luego se precisó que, dentro del trámite del presente proceso de quiebra, hace muchos años, en los días 18 y 27 de julio de 1974, se liquidó gran parte del activo de la sociedad quebrada (444 lotes, fs.2594/2615), mediante ventas en pública subasta en la que intervino la Inmobiliaria Vinelli, cuyo precio fue pagado en cuotas por sus adquirentes, conforme emana de los boletos que fueron agregándose a este juicio universal, como así también a los incidentes de escrituración que tramitan ante el mismo juzgado (en la sentencia se mencionan, entre otros, a los incidentes promovidos por Onorato, Chiacchio, Bisio de Barletta, Molina y Calviño).

En función de ello, apuntó el magistrado que el loteo y posterior enajenación de los lotes dentro del proceso falencial, se realizó durante la vigencia de la derogada ley 19.551, el Código Civil y la Constitución Nacional en su versión originaria (anterior a la reforma del año 1994, que incorporó un elenco de nuevos derechos y garantías, a la par de los ya reconocidos tradicionalmente). De esta manera, hizo referencia al art.41 de la Constitución Nacional reformada, que regula el derecho de los habitantes a gozar de un ambiente sano, y a la ley 25675 que estableció los estándares mínimos de protección ambiental, reconociendo legitimación al estado municipal parapromover las acciones de recomposición del ambiente dañado (art.30). Puso de relieve que estas normas y otras sancionadas por los Estados locales de modo complementario, tienen carácter preventivo, es decir, deben evitar que el daño se produzca. Y culminó esta enumeración normativa aludiendo al art.28 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, y a la sanción del Código Civil y Comercial de la Nación, que innovó profundamente al receptar la constitucionalización del derecho privado, estableciendo una comunidad de principios entre las diferentes fuentes.

Destacó el Juez que la ley de concursos y quiebras ha sido desbordada por situaciones que deben ser contempladas en esta clase de procesos, en virtud de la constitucionalización del derecho privado; por lo que los intereses comprendidos y tutelados dentro del conflicto de la insolvencia fueron evolucionando y modificándose a lo largo del tiempo. Tras ello señaló que, en el caso de autos, el Estado municipal pretende intervenir con fundamento en las citadas Ordenanzas 16897/2020 y 16951/2020, y puntualizó que esta última norma dispone la afectación de la «Villa del Lago» como zona especial de interés ambiental.Infiere de ello que el Poder Legislativo Comunal tuvo por objetivo, al dictar esta normativa, la preservación del medio ambiente, como lo manda el art.5 de la Ley 11.723, en cuanto insta a los municipios a garantizar, en la ejecución de las políticas de gobierno, la observancia de los derechos y los principios de política ambiental.

Como natural corolario de lo antedicho, sostuvo el juzgador que «el micro sistema regulatorio de la crisis patrimonial no puede quedar aislado de la constitucionalización del derecho privado, y en función de tal premisa debe reconocerse legitimación al Municipio para intervenir en estos obrados a fin de peticionar para poder cumplir con el mandato protectorio impuesto en las Ordenanzas citadas». Y sobre la base de las señaladas motivaciones, resolvió: «Aceptar la solicitud de intervención como tercero interesado por parte de la Municipalidad de Tandil con los alcances que se exponen en los considerandos V y VI de la presente». Las costas se impusieron por su orden, dada la complejidad de la cuestión planteada.

En cuanto a los alcances de la intervención municipal, precisó el Juez en el indicado considerando V, que «dadas las facultades otorgadas por el art.274 L.C.y Q., corresponde deslindar la actuación que le cabe a la Municipalidad de Tandil, a fin de cumplir con el mandato protectorio prescripto en las Ordenanzas citadas de tal manera que no exceda el marco procesal de estos autos y se posibilite a los destinatarios afectados por ella la posibilidad de hacer efectiva la garantía del debido proceso reconocida por nuestra Carta Magna y el derecho convencional obligatorio». Y continuó señalando que, a tal fin, «se notificará a la Municipalidad de Tandil de la promoción de cada incidente de escrituración motivado en la subasta realizada en estos autos sobre los lotes que integran la Chacra 150 Sección E («Villa del Lago), con titularidad registral a nombre de la fallida, que se presenten a partir de la firma de esta resolución para que asuma la intervención que entienda menester, siguiendo el procedimiento marcado en el ritual (art.92 y cdtes. CPCC)».

Por otro lado, en el considerando VI de la sentencia, se abordó el planteo de la Municipalidad de Tandil relativo a la prescripción de los derechos de los adquirentes de lotes de terreno, que corresponden a las obligaciones nacientes de los boletos de compraventa; y sobre este punto se señaló que le está vedado a los jueces declarar la prescripción de oficio (art.2552 del C.C.C.N.). Y sin perjuicio de lo expuesto, y siendo que los lotes vendidos fueron transmitidos a terceros, se dispuso en la sentencia que «el estado municipal deberá bilateralizar tal pretensión, u otras relacionadas con la adquisición privada de aquellos, con cada uno de los adquirentes a los efectos de que puedan ejercer su derecho de defensa (arts.18 CN y 16 Const. Prov. y conc.)».

2.En la segunda parte de la sentencia apelada, se abordó la presentación de las veintidós personas que solicitaron su intervención en autos como terceros interesados, en resguardo de sus derechos posesorios sobre lotes de terreno ubicados en el faldeo serrano denominado «Villa del Lago» (ver sobre este aspecto de la litis la reseña que efectué en el apartado III del presente voto).

Y con respecto a esta presentación, en la sentencia recurrida se rechazó la intervención de los peticionantes como terceros en la presente quiebra. Para así decidir, puntualizó el magistrado que esta petición se encuentra relacionada con actuaciones atribuidas al Municipio de Tandil, que en nada se relacionan con el presente procedimiento liquidativo.

Sostuvo, asimismo, que «queda a los peticionantes la posibilidad del ejercicio de su derecho de defensa respecto de los derechos que dimanen de adquisiciones realizadas en el marco del presente proceso, o del ejercicio de derechos reales por el carril procesal adecuado, respetando la garantía del debido proceso adjetivo».

Cabe destacar aquí, que esta parte de la sentencia no fue recurrida por ninguna de las veintidós personas que solicitaron su intervención como terceros, en resguardo de sus derechos posesorios sobre lotes de terreno ubicados en la zona objeto de la presente incidencia, por lo que esta parcela decisoria ha arribado firme a esta alzada (art.260 del Cód. Proc.).

V. La referida sentencia dictada en la instancia de origen, ha sido pasible de sendos recursos de apelación deducidos por la Municipalidad de Tandil y por la Sindicatura concursal.

1. En el escrito recursivo de la Municipalidad de Tandil se precisan los agravios que le causa a su parte el decisorio de grado. En primer lugar, impugna la sentencia apelada porque denuncia graves contradicciones entre sus fundamentos y lo que en definitiva se resuelve, lo que termina significando la imposibilidad de cumplir de forma real e inminente con el mandato protectorio que aparenta tutelar.Expresa la recurrente que el Juez de grado, por un lado, reconoce la modificación progresiva de los intereses que tutela el procedimiento falencial con la incorporación de nuevos actores, y otorga legitimación al municipio para cumplir con el mandato protectorio objeto de las citadas ordenanzas; pero, por otro lado, concluye en que el cumplimiento y la ejecución concreta de dicho mandato quedará a la espera y resultas de la eventual promoción de los incidentes de escrituración que, en un futuro, sean o no iniciados por quienes se consideren con derecho.

En segundo lugar, arguye la apelante que la sentencia incurre en arbitrariedad por haber omitido el planteo de prescripción liberatoria que introdujo la Municipalidad, en su carácter de tercero interesado legitimado. Dice que el magistrado omitió aplicar la norma del art.2534 del C.C.C.N., y, en su lugar, se excusó de decretar la prescripción en el entendimiento de que les está vedado a los jueces declarar la prescripción de oficio. Sostiene la recurrente que esta interpretación del juzgador es errónea, en virtud de que la prescripción fue peticionada por su parte. Por ello, solicitó que se revoque la sentencia apelada y se disponga la intervención de la Municipalidad de Tandil como tercero interesado en el expediente principal de estas actuaciones, declarándose la prescripción de las acciones emergentes de los referidos boletos de compraventa, con la finalidad de facultarla a iniciar las correspondientes gestiones técnicas, legales y administrativas con el Síndico, tendientes a la adquisición del dominio de los inmuebles afectados por la declaración de utilidad pública.

2. El Síndico también apeló la sentencia de primera instancia, afirmando que la misma vulnera la garantía de inviolabilidad de la propiedad privada, respecto de bienes de propiedad de la fallida. Así señala que el órgano municipal no ha manifestado ni aclarado, en ninguna de sus presentaciones, de qué modo pretende adquirir la propiedad de la fallida sobre los lotes declarados de utilidad pública.En otro orden, afirma la Sindicatura que en la sentencia se ha vulnerado la garantía del debido proceso adjetivo, al haberse otorgado facultades procesales al municipio como tercero interesado, siendo que la normativa procesal no contempla tal posibilidad. Asimismo, adujo la apelante que en la sentencia medió un erróneo enfoque jurídico constitucional, porque debió instarse a la Municipalidad a iniciar el procedimiento de expropiación exigido po r la Constitución Nacional, para poder adquirir el dominio de los lotes, previo pago de la pertinente indemnización, y así dar protección efectiva, inmediata y real al medio ambiente, que es la finalidad perseguida por las mencionadas ordenanzas municipales.

Posteriormente, las partes contestaron los respectivos traslados de los escritos recursivos. En este punto corresponde desestimar los planteos de deserción de los recursos de apelación de la parte contraria, que -sin sustento alguno- formularon el Síndico y la Municipalidad de Tandil, ya que ambas impugnaciones recursivas se encuentran suficientemente abastecidas y cumplimentan la carga de fundamentación exigida por el art.260 del Código Procesal. Con posterioridad, se emitió el pertinente dictamen del Fiscal General, quien propició la confirmación de la sentencia de grado. De esta manera, habiéndose practicado el sorteo de rigor, han quedado estos actuados en condiciones de ser abordados a los fines del dictado de la presente sentencia.

VI. En la sentencia apelada se reseñaron los antecedentes del presente caso, que ponen de manifiesto una compleja trama fáctica que se remonta a muchos años atrás. Tal como ya lo puse de relieve en el punto 1 del apartado IV, en dicho decisorio se hizo constar que, al año 2015, la fallida Tandil Inversora Financiera S.A. era titular de 568 lotes en ese lugar (fs.6359/6361), que habían sido oportunamente adquiridos a los fines de llevar adelante un emprendimiento inmobiliario.Pero luego se precisó que, dentro del trámite del presente proceso de quiebra, hace muchos años, en los días 18 y 27 de julio de 1974, se liquidó gran parte del activo de la sociedad quebrada (444 lotes, fs.2594/2615), mediante ventas en pública subasta en las que intervino la Inmobiliaria Vinelli, cuyo precio fue pagado en cuotas por sus adquirentes, conforme emana de los boletos que fueron agregándose a este juicio universal, como así también a los incidentes de escrituración que tramitan ante el mismo juzgado (en la sentencia se mencionan, entre otros, a los incidentes promovidos por Onorato, Chiacchio, Bisio de Barletta, Molina y Calviño).

También cabe recordar la presentación efectuada en autos por el grupo de veintidós personas que, por su propio derecho, solicitaron su intervención como terceros interesados con arreglo al art.90 del Código Procesal, al haber tomado conocimiento del dictado de la Ordenanza n° 16897/2020, sancionada por el Honorable Concejo Deliberante de Tandil, la cual -en su decir- afecta sus derechos posesorios sobre los lotes ubicados en esa zona geográfica (ver apartado III de este voto). Tal como ya lo señalé, los comparecientes manifestaron que harían valer sus «derechos adquiridos» sobre esos lotes, adquiridos de buena fe, así como de sus casas construidas con mucho esfuerzo y sacrificio, que son su única vivienda familiar.Dijeron que fue el propio municipio quien, a fines de los años sesenta y principios de los años setenta, autorizó la urbanización de ese faldeo serrano, «habiendo sido muchos de los adquirentes o sus ascendientes, estafados en su buena fe por la empresa Tandil Inversora SACIFIMAG, cuando decidieron comprar lotes en esta zona geográfica, y hoy quienes se han establecido en el lugar, construyendo su vivienda, vuelven a ver avasallados en ‘sus derechos posesorios’ por parte ahora del organismo estatal municipal». Negaron la existencia del riesgo ambiental invocado por la Municipalidad; insistieron en ser víctimas de trato discriminatorio con respecto a otros barrios de iguales características; impugnaron el relevamiento dominial efectuado por la Municipalidad y dijeron que el proceder de ésta provoca la afectación de derechos a usucapir. Alegaron la realización de variados actos posesorios realizados en el lugar, expresando que «más allá de que en algunos casos existen poseedores de buena fe con boletos de compraventa y/o cesiones de derechos, obran sobre los mencionados lotes diversos y variados actos posesorios, como amojonamientos, cercados perimetrales, desmalezamientos y forestaciones, construcción de viviendas, instalación de biodigestores y de sistemas de tratamientos de efluentes, pago de impuestos provinciales y/o municipales, entre otros.». En la parte final de su escrito, estas personas solicitaron se mantenga vigente la posibilidad de que continúen tramitando incidentes de escrituración, y que no se les cercene la posibilidad de adquisición de la titularidad dominial de lotes en «Villa del Lago», a través de juicios de usucapión, «a los poseedores de buena fe, que en forma continua e ininterrumpida venimos realizando actos posesorios sobre los mencionados lotes» (ver la reseña que realicé en el apartado III).

Tal como puede apreciarse, ha sido de magnitud el impacto que, sobre las personas que ocupan lotes en la denominada «Villa del Lago», ha provocado la sanción de la Ordenanza n° 16897/2020, de fecha 25/6/2020, por parte del Honorable Concejo Deliberante de Tandil. Expresa el artículo 1° de esta ordenanza:»Declárase de utilidad pública la adquisición del dominio por parte de esta Municipalidad, mediante operatorias basadas en la compraventa, permuta, donación, expropiación u otro mecanismo legal, de los inmuebles identificados en el anexo I que forman parte de la presente Ordenanza correspondientes a la Chacra 150 de la Circunscripción I, Sección E del Partido de Tandil (103), exceptuada la Fracción III». A su vez, dispone el artículo 2°: «Autorizase al Departamento Ejecutivo a realizar las gestiones técnicas, legales y administrativas tendientes a dar cumplimiento con lo establecido en el artículo precedente». Por su parte, establece el artículo 3°: «Conforme lo establecido en el artículo 77° inc. a de la Carta Orgánica Municipal modificado por la Ley N° 13.101, se reconoce a la presente carácter de ley en sentido formal y material». Mientras que señala el artículo 6°: «El Departamento Ejecutivo deberá elevar a este Honorable Cuerpo un informe detallado del avance de las gestiones con una periodicidad máxima de 90 días y requerirá las autorizaciones necesarias previstas en la legislación vigente respecto de la adquisición de bienes, mediante operatorias basadas en la compraventa, permuta, donación, expropiación u otro mecanismo legal» (los destacados pertenecen al suscripto).

Acerca del concepto de utilidad pública, son de especial interés las enseñanzas de Marienhoff, que si bien están referidas al instituto jurídico de la expropiación -que no es el caso de autos-, también son aplicables en esta oportunidad, porque, como se verá, la citada Ordenanza n° 16897/2020 es una norma preliminar que se limita a declarar de utilidad pública la adquisición del dominio por parte de la Municipalidad de Tandil, de los inmuebles indicados en el anexo I; estableciendo que esa adquisición se podrá concretar mediante distintas operatorias, siendo una de ellas la expropiación, aunque también podrá optarse por otras figuras, como la compraventa, permuta, donación u otro mecanismo legal.

Recalando, entonces, en las enseñanzas de Marienhoff, sostuvo este autor que el concepto de utilidad pública no es unívoco, ya que «puede variar según el lugar, época y ordenamiento jurídico que se consideren.

Lo que es de utilidad pública en un lugar y momentos determinados puede no serlo en otros. De ahí que haya podido decirse que el concepto de utilidad pública es contingente, circunstancial». Agregó más adelante que, en un famoso dictamen del Procurador General de la Nación Dr. Eduardo Costa -en un antiguo precedente de la Corte Nacional-, se preguntó el procurador qué ha de entenderse por utilidad pública, tras lo cual afirmó: «Ni los profesores de derecho ni las cortes de justicia, han acertado a encerrar en una fórmula concreta qué es lo que debe entenderse por utilidad pública. Bien se alcanza que todo aquello que satisface una necesidad generalmente sentida, o las conveniencias del mayor número, es de utilidad pública». Y culminó el párrafo expresando Marienhoff, que: «En cada caso concreto habrá que establecer si la expropiación dispuesta llena o no el requisito de satisfacer una necesidad generalmente sentida, o las conveniencias del mayor número. Tal es el principio» (Tratado de Derecho Administrativo, cuarta edición actualizada, Abeledo- Perrot, Bs. As. 1987, tomo IV, págs.174 y 175; lo destacado me pertenece).

En esa misma línea de pensamiento se manifiestan Casas y Romero Villanueva, quien luego de reiterar conceptos similares a los vertidos por Marienhoff, señalan que el concepto de utilidad pública tiene «una naturaleza contingente y circunstancial según los momentos históricos, sociales o políticos de cada sociedad». Para agregar a continuación:»Hay que interpretar este concepto como algo flexible o elástico, capaz de transitar las barreras del tiempo, por lo que podría decirse que acompaña la evolución de la sociedad cubriendo sus necesidades circunstanciales y variables en cada momento». Y sobre este punto citan un precedente de la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires, donde se expresó que «el concepto de ‘utilidad pública’ es siempre relativo, y varía con las condiciones económicas, políticas y sociales de la sociedad a que se lo refiera» (SCBA, 3/3/64, «Bonfante Alberto A.», ED 14- 273; conf. Casas y Romero Villanueva, Expropiación, Ley 21.499, Astrea, Bs.As. 2005, págs.18 y 19; en tiempos más cercanos, ver los siguientes fallos del Máximo Tribunal Provincial: SCBA, I-2107, sentencia del 18/2/2009, «O’Connor»; I-72634, sentencia del 30/4/2014, «Frigorífico Villa Olga S.A.»).

Demás está decirlo porque es de toda obviedad, pero para que no quede duda alguna, aclaro que las consideraciones efectuadas en este apartado VI sobre el concepto de utilidad pública son meramente teóricas, puesto que la revisión judicial de estas calificaciones que realizan los órganos legislativos, excede -con absoluta nitidez- la competencia de este Tribunal (art.161 inc.1 de la Constitución Provincial; arts .683 y sgtes. del Código Procesal; citado pronunciamiento de la Suprema Corte Bonaerense, I-2107, del 18/2/2009, «O’Connor»; ver también, a título ilustrativo, Sagües, Derecho Constitucional, Astrea, Bs.As. 2017, tomo 3, págs.428 a 430).

VII. 1.Es en el cuadro de situación que he dejado descripto precedentemente, que se inserta la solicitud de la Municipalidad de Tandil de ser admitida en el presente proceso de quiebra en el carácter de tercero interesado, en los términos del art.90 del Código Procesal, a efectos de poder dar efectivo cumplimiento con todas las gestiones técnicas, legales y administrativas a que se refiere la mencionada Ordenanza n° 16897/2020.

En este sentido debe recordarse que, luego de declarar de utilidad pública la adquisición del dominio de los inmuebles comprendidos en el anexo I, por parte de la Municipalidad de Tandil, la citada ordenanza autorizó al Departamento Ejecutivo a realizar las gestiones técnicas, legales y administrativas tendientes a dar cumplimiento con ello. Más aún, en el artículo 6 de esta ordenanza, se estableció que el Departamento Ejecutivo deberá elevar al Honorable Concejo Deliberante un informe detallado del avance de las gestiones, y requerir las autorizaciones necesarias previstas en la legislación vigente, respecto de la adquisición de bienes mediante operatorias basadas en la compraventa, permuta, donación, expropiación u otro mecanismo legal.

Respecto a esta concreta temática, en la sentencia apelada se hizo constar que el loteo y posterior enajenación de los lotes dentro del proceso falencial, se realizó durante la vigencia de la derogada ley 19.551, el Código Civil y la Constitución Nacional en su texto anterior a la reforma del año 1994.Seguidamente, se formuló un detenido análisis de los profundos cambios que se han experimentado en las últimas décadas, tanto en el derecho público como en el derecho privado, para concluir señalándose que el régimen de concursos y quiebras se ha visto alterado por el nuevo plexo normativo, de manera tal que «los intereses comprendidos y tutelados dentro del conflicto de la insolvencia fueron evolucionando y modificándose a lo largo del tiempo» (ver reseña del apartado IV, punto 1, de este voto). Y se trajo a la colación -con cita de doctrina- un ejemplo de actuación del Estado dentro de la quiebra, al expresarse que «al Estado le ha tocado intervenir como tercero interesado dentro de procesos falimentarios en salvaguarda del bienestar general y económico de un grupo de ciudadanos afectados ante el posible cierre de fuentes de trabajo» (ver considerando III del decisorio en examen).

Tal como ya lo puntualicé, como corolario de lo antedicho sostuvo el juzgador que «el micro sistema regulatorio de la crisis patrimonial no puede quedar aislado de la constitucionalización del derecho privado, y en función de tal premisa debe reconocerse legitimación al Municipio para intervenir en estos obrados a fin de peticionar para poder cumplir con el mandato protectorio impuesto en las Ordenanzas citadas». Y sobre la base de las señaladas motivaciones, resolvió: «Aceptar la solicitud de intervención como tercero interesado por parte de la Municipalidad de Tandil con los alcances que se exponen en los considerandos V y VI de la presente» ver apartado IV de la sentencia apelada).

Pero más allá del plexo normativo indicado en el pronunciamiento de grado y del diálogo de fuentes que emana de los arts.1 y 2 del Código Civil y Comercial de la Nación, lo cierto es que la conclusión a la que ha arribado el juzgador resulta coincidente con el análisis de los distintos sujetos concursales que ha realizado la reciente doctrina comercialista.Así se alude a otros sujetos que actúan en el concurso, que verdaderamente son terceros en el proceso, mencionándose a título enunciativo, a la asociación sindical que negociará el convenio de crisis en el concurso preventivo, y a la autoridad concedente en la quiebra del concesionario de servicios públicos, entre otros (conf. Graziabile, Derecho Procesal Concursal, en la obra Derecho Procesal Comercial, Abeledo-Perrot, Bs. As. 2013, tomo II, pág.1845; en un mismo sentido, ver Graziabile, Instituciones de Derecho Concursal, La Ley, Bs. As. 2018, tomo I, pág.317).

2. Lo expuesto deviene suficiente para desarticular el recurso del Síndico, quien ha asumido una postura que no se compadece con la función que le cabe en este proceso, pues no debe perderse de vista que la ley lo califica como un funcionario del concurso (arts.251, 252, 253, 254 y ccs. de la L. C. Q.). Es así que, al conceptualizarse al Síndico concursal desde una de las posturas existentes en esta materia, se ha señalado que «se trata de un sujeto llamado a actuar no por las partes del proceso, sino que es el Estado, que por política legislativa instrumenta la figura de la sindicatura dentro de los concursos.El síndico es un funcionario público que actúa por imposición estatal, conforme lo determina la ley y no por voluntad de las partes del proceso, por lo que se trata de un sujeto imparcial en el concurso en resguardo del interés general» (conf Graziabile, obras citadas, Derecho Procesal Comercial, tomo II, pág.1821, Instituciones de Derecho Concursal, tomo I, págs.480 a 484; lo destacado es propio). Desde otra perspectiva doctrinaria que se atiene a lo decidido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso «Amiano», se ha sostenido que «el síndico no constituye un órgano mediante el cual el Estado exterioriza sus potestades y voluntad, sino un sujeto auxiliar de la justicia que desarrolla su actividad en el proceso colectivo con autonomía y en base a la idoneidad técnica que deriva de su título profesional sin subordinación jerárquica» (conf. Rouillón y Ruiz, en Código de Comercio comentado y anotado, Rouillón director-Alonso coordinador, La Ley, Bs.As. 2007, tomo IV-B, pág.682; lo destacado me pertenece).

Pero más allá de la corriente doctrinaria en que podamos enrolarnos, lo cierto es que la posición del Síndico no se adecua a la función que la ley le asigna. En efecto, si se analiza la postura asumida por la Sindicatura en la presente incidencia, se observa que este funcionario ha formulado una cerrada oposición a la solicitud de la Municipalidad de Tandil, quien procura ser tenida por presentada en esta quiebra en calidad de tercero interesado. En este planteo del funcionario concursal, diametralmente opuesto al esgrimido por el municipio, no se ha tenido en cuenta que la función de la Sindicatura debe centrarse en el resguardo del interés general; y no pueden caber dudas de que el propósito perseguido por el órgano municipal está alineado con el desarrollo de políticas públicas de administración, conservación y preservación de los recursos ambientales en el Partido de Tandil.Dicho esto, con absoluta independencia de que la pretensión del municipio deba ser limitada en sus alcances, conforme lo destaca el Fiscal General en el meduloso dictamen que examinaré a continuación.

En efecto, el Síndico se ha situado en el proceso en el carácter de parte, asumiendo una actitud controversial ante la petición del municipio, que implica un claro enfrentamiento entre ambos sujetos procesales; lo que no se compadece con la función que al funcionario le ha sido asignada en este juicio universal. No debe perderse de vista lo antedicho, en el sentido de que el Síndico es un sujeto imparcial que actúa en el concurso en resguardo del interés general; y, más aún, una de las corrientes doctrinarias citadas anteriormente, puntualiza que «existe incompatibilidad entre las funciones del síndico y el concepto de parte procesal». Ello, claro está, sin perjuicio de que pueda considerárselo parte a partir del desapoderamiento falencial, en aquellos juicios en que está involucrada la masa activa concursal (art.110 de la L.C.Q.; conf.Graziabile, obra citada, Instituciones de Derecho Concursal, tomo I, págs.314 y 315).

Es así que se muestra esclarecedor el dictamen del Fiscal General Departamental, cuando expone que el accionar de la Municipalidad de Tandil «está directamente encaminado a intervenir en autos en resguardo del medio ambiente», surgiendo de sus presentaciones que «el principal interés que encierra su pretensión, es la de hacer efectivas las normas que protegen el medio ambiente, en especial, en relación a los inmuebles objetos de su presentación y que integrarían la zona de Villa del Lago de aquella ciudad». Fue así que el Ministerio Público Fiscal consideró habilitada su intervención en el presente proceso de quiebra, donde el principal argumento que expone la Municipalidad «está constituido por la protección del medio ambiente y el derecho a disfrutar de un ambiente sano», siendo éste «uno de los temas más trascendentes para la sociedad». De allí que la Sindicatura debe advertir la especial naturaleza de la cuestión articulada en esta incidencia, y en lugar de aferrarse a una posición netamente controversial, deberá esforzarse en procurar arribar a una solución que resguarde el interés general y armonice los distintos intereses que se hallan en juego en el actual estadio del proceso de quiebra.

3. En este orden de ideas resultan inaudibles los agravios expresados por el Síndico, quien, a modo de argumento basal, sostiene que el decisorio impugnado vulnera la garantía de inviolabilidad de la propiedad privada, al haber otorgado facultades al municipio respecto de bienes de propiedad de la fallida, siendo que no ha cumplimentado la manda constitucional establecida en el art.17 de la Carta Magna. Dice el Síndico que esta norma constitucional contempla a la expropiación por causa de utilidad pública, calificada por ley y previamente indemnizada, como el procedimiento legal adecuado para privar a un particular de su derecho de propiedad. Y así expresa que la Ordenanza n° 16897/2020, sobre la cual se asienta la pretensión del órgano municipal, no es una norma de expropiación.De allí que, según el parecer de la Sindicatura, el Juez de grado debió «rechazar in limine el planteo efectuado por el órgano municipal en su presentación inicial por no ajustarse a la normativa procesal vigente, e instar a dicho Ente Municipal a que iniciase el procedimiento de expropiación exigido por la Constitución Nacional para que en este caso el Estado Municipal pueda adquirir en forma inmediata, en el supuesto de corresponder, los lotes que son propiedad de la fallida, previo pago de la pertinente indemnización exigida por la normativa aplicable y así dar protección efectiva, inmediata y real del ambiente, finalidad que se persigue con las mencionadas ordenanzas municipales».

Este agravio no es procedente, porque parte de una interpretación equívoca de la Ordenanza n° 16897/2020, que -como bien se desprende de su propia literalidad- se limita a declarar de utilidad pública la adquisición del dominio por parte de la Municipalidad de Tandil, de los inmuebles indicados en el anexo I, estableciendo que esa adquisición se concretará «mediante operatorias basadas en la compraventa, permuta, donación, expropiación u otro mecanismo legal» (art.1° de la citada Ordenanza). Y autoriza al Departamento Ejecutivo «a realizar las gestiones técnicas, legales y administrativas tendientes a dar cumplimiento con lo establecido en el artículo precedente» (art.2), quien, en su momento, deberá requerir las autorizaciones necesarias previstas en la legislación vigente, a los fines de concretar la adquisición de los bienes mediante cualquiera de las operatorias indicadas en el citado artículo 1° (art.6).

O sea que, como puede apreciarse, se trata de una ordenanza preliminar que declara de utilidad pública la adquisición de los bienes y, al mismo tiempo, confiere facultades al Departamento Ejecutivo para realizar gestiones dirigidas a cumplimentar esa adquisición, tras lo cual, este órgano ejecutivo deberá requerir al Concejo Deliberante las autorizaciones que fueran necesarias según la legislación vigente.Y no puede perderse de vista que el art.1° de la Ordenanza n° 16897/2020, contempla -expresamente- a la expropiación como una de las operatorias posibles para la adquisición de los inmuebles, por lo que el argumento de la Sindicatura pierde todo sustento. En definitiva, será el Departamento Ejecutivo quien, luego de realizadas las gestiones indicadas en la ordenanza, habrá de evaluar cuál de las operatorias resulta más apta para la consecución de la finalidad prevista por el órgano deliberativo. Y entre estas operatorias se encuentra, claro está, la expropiación, contemplada en las normas constitucionales y legales aplicables (art.17 de la Constitución Nacional, art.31 de la Constitución Provincial, arts.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y sgtes. de la Ley General de Expropiaciones de la Provincia de Buenos Aires n° 5708).

De allí que no resiste el análisis el argumento del Síndico apelante, cuando dice no comprender porqué el Juez de grado le otorgó participación en esta quiebra a la Municipalidad de Tandil, en el carácter de tercero interesado, «cuando el órgano municipal no ha manifestado ni aclarado en ninguna de sus presentaciones, de qué modo pretende adquirir los derechos de propiedad de la fallida sobre los lotes declarados de utilidad pública, teniendo especialmente en cuenta que el juez a quo ha reconocido que la finalidad del proceso falimentario es la liquidación del activo para el pago a los acreedores». Esta es una interpretación incorrecta de la Ordenanza n° 16897/2020, la cual, como lo señalé, es una norma preliminar, que deberá complementarse con las gestiones que realice el Departamento Ejecutivo y con las posteriores autorizaciones que habrá de requerirle al órgano deliberativo, a los fines de concretar aquella operatoria de adquisición de bienes que resulte de mayor viabilidad.Y en esta ardua faena que debe desplegar el Departamento Ejecutivo Municipal, será de suma utilidad su intervención en calidad de tercero interesado en este proceso de quiebra, pues será a partir de esta actuación que podrá adquirir un conocimiento cabal de la situación jurídica en que se encuentran los diversos inmuebles comprendidos en el área geográfica declarada de utilidad pública. Es indudable el interés que le asiste a la Municipalidad para actuar en esta quiebra en el carácter de tercero interesado, porque será recién a partir de esa actuación procesal que podrá contar con un panorama certero de la problemática existente, y, sobre esta base, se encontrará en condiciones de diseñar las operatorias que mejor se adecuen al cumplimiento de la finalidad perseguida por la citada Ordenanza n° 16897/2020. En definitiva, este es el fundamento mismo de la intervención de terceros en el proceso civil y comercial, la cual, según el concepto dado por Palacio, «tiene lugar cuando, durante el desarrollo del proceso, y sea en forma espontánea o provocada, se incorporan a él personas distintas a las partes originarias con el objeto de hacer valer derechos o intereses propios, aunque vinculados a la causa o al objeto de la pretensión» (Derecho Procesal Civil, tomo III, número 262, págs.225 y 226).

En este punto debe destacarse el dictamen del Fiscal General, donde se expresa que: «toda la presentación del Municipio en autos, tiende a lograr la adquisición dominial de los inmuebles objeto de su presentación.

Naturalmente, ese cometido debe recorrer un complejo camino para ser alcanzado». Continúa señalando que: «el Municipio de Tandil se presenta en autos con el fin de marcar y allanar parte de los obstáculos legales que debe sortear, para cumplir con el objetivo fijado por su órgano legislativo en acción mancomunada con su órgano ejecutivo». Y con acierto advierte el Ministerio Público Fiscal:»En puridad, el nudo gordiano de la cuestión, está representado por determinar el procedimiento más idóneo para canalizar las pretensiones del Municipio, teniendo presente la gran cantidad de contratos firmados y aprobados en autos, las diferencias y coincidencias que pudieran existir entre ellos, los planteos que algunos de esos firmantes pudieron ensayar en autos, las dificultades que pueden plantearse para identificar a esos titulares de derechos, las dificultades que pueda plantear la notificación del inicio del planteo, etc.».

4. Sólo resta refutar otro agravio expresado por el Síndico, quien postula que la resolución apelada es violatoria de la garantía del debido proceso adjetivo, «al haber otorgado facultades procesales a la Municipalidad de Tandil como tercera interesada en esta causa cuando la normativa procesal vigente no contempla tal posibilidad».

Así enumera las posibilidades establecidas en el Código Procesal para la intervención de terceros, perdiendo de vista que, en lo tocante, al proceso concursal, este espectro se ha ampliado en forma notoria, tal como lo puntualicé en el punto 1 de este mismo apartado VII.

Pero, además, tampoco pueden ignorarse las especiales connotaciones que presenta el caso de marras, donde el accionar del municipio está dirigido a la protección del medio ambiente, lo que cuenta con un categórico respaldo constitucional (art.41 de la Constitución Nacional; art.28 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires). Así lo advierte el Fiscal General cuando afirma que «el reconocimiento del Municipio como tercero interesado, es una cuestión que está más allá de cualquier duda, en base a los argumentos que invocó al momento de presentarse». Agregando más adelante: «Con relación a su aceptación como tercero interesado, en función de su obligación de proteger el medio ambiente, resulta evidente el reconocimiento de su facultad para participar de estas actuaciones en lo concerniente a los inmuebles afectados».

5.Por todo lo expuesto, propicio el rechazo del recurso de apelación deducido por el Síndico, debiendo confirmarse la sentencia apelada en cuanto aceptó la intervención como tercero interesado de la Municipalidad de Tandil. Asimismo, se le hará saber al Síndico que, en atención a la especial naturaleza de la cuestión articulada en esta incidencia, deberá esforzarse en procurar arribar a una solución que resguarde el interés general y armonice los distintos intereses que se hallan en juego en el actual estadio del proceso de quiebra (arts.274, 275, 278 y ccs. de la L.C.Q.; art.34 inc. 5 del Cód. Proc.).

VIII. Paso a ocuparme ahora del recurso de apelación interpuesto por la Municipalidad de Tandil, cuyos agravios reproduje – sintéticamente- en el punto 1 del apartado V del presente voto.

1. Tal como destaqué en aquella oportunidad, el municipio apelante denuncia graves contradicciones entre los fundamentos de la sentencia apelada y lo que en definitiva se resuelve. Así señala la recurrente que, por un lado, el Juez de grado reconoce la modificación progresiva de los intereses que tutela el procedimiento falencial con la incorporación de nuevos actores, y otorga legitimación al municipio para cumplir con el mandato protectorio objeto de las citadas ordenanzas; pero, por otro lado, concluye en que el cumplimiento y la ejecución concreta de dicho mandato quedará a la espera y resultas de la eventual promoción de los incidentes de escrituración que, en un futuro, sean o no iniciados por quienes se consideren con derecho. Aquí centra su agravio la Municipalidad, al señalar que se la deja en un rol absolutamente pasivo de mero espectadora, por lo que se verá impedida de materializar de forma real, concreta e inminente, la adquisición dominial de los inmuebles que han quedado afectados por la declaración de utilidad pública.Así sostiene que «de no reverse la resolución recurrida el cumplimiento del mandato aludido quedaría así supeditado a que se inicien futuros incidentes de escrituración».

Este agravio está referido a la conclusión dada por el Juez de grado en el considerando V de la sentencia apelada, donde luego de aceptar la solicitud de intervención como tercero interesado de la Municipalidad de Tandil, parece limitar la actuación del tercero a los incidentes de escr ituración que se inicien en el futuro, al establecer que se deberá notificar al municipio de «la promoción de cada incidente de escrituración motivado en la subasta realizada en estos autos.que se presenten a partir de la firma de esta resolución para que asuma la intervención que entienda menester, siguiendo el procedimiento marcado en el ritual». Esta limitación no puede mantenerse, pues de esta manera se frustrarían los objetivos expuestos en la Ordenanza n° 16897/2020, que declara de utilidad pública la adquisición del dominio por parte de la Municipalidad de Tandil de los inmuebles indicados en el anexo I. Precisamente, me remito a las consideraciones que realicé precedentemente (ver punto 3 del apartado VIII de este voto), donde luego de destacar el carácter preliminar de la citada ordenanza, sostuve que en la ardua faena que deberá desplegar el Departamento Ejecutivo Municipal, será de suma utilidad su intervención en calidad de tercero interesado en este proceso de quiebra, pues será a partir de esta actuación que podrá adquirir un conocimiento cabal de la situación jurídica en que se encuentran los diversos inmuebles comprendidos en el área geográfica declarada de utilidad pública.Es indudable el interés que le asiste a la Municipalidad para actuar en esta quiebra en el carácter de tercero interesado, porque será recién a partir de esa actuación procesal que podrá contar con un panorama certero de la problemática existente, y sobre esta base, se encontrará en condiciones de diseñar las operatorias que mejor se adecuen al cumplimiento de la finalidad perseguida por la citada Ordenanza n° 16897/2020.

En consecuencia, propongo hacer lugar parcialmente el recurso de apelación en análisis, debiendo modificarse la sentencia apelada y disponerse que la Municipalidad de Tandil podrá intervenir en el carácter de tercero interesado en el presente proceso de quiebra, en los incidentes de escrituración en trámite o a promoverse en el futuro, y en los demás procesos que puedan tener relación con los inmuebles afectados por la declaración de utilidad pública; debiendo respetarse, claro está, la preclusión de los actos procesales cumplidos, la firmeza de las resoluciones que hayan adquirido autoridad de cosa juzgada, y el derecho de defensa y al debido proceso de todas aquellas personas que invoquen derechos sobre dichos inmuebles (arts.14, 17, 18 y ccs. de la Constitución Nacional; arts.10, 15, 31 y ccs. de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; arts.90, 92, 93, 96 y ccs. del Cód. Proc.).

En cuanto a la notificación dispuesta en el segundo párrafo del considerando V de la sentencia apelada, debe considerársela comprendida dentro del marco amplio de actuación que tendrá el tercero interesado, siendo de toda obviedad que la misma deberá ser cumplimentada, como así también deberán efectivizarse todas las demás notificaciones que resulten pertinentes.

2. El segundo agravio de la Municipalidad se centra en que el juzgador omitió el planteo de prescripción liberatoria por ella introducido, en su carácter de tercero interesado legitimado.Así expresó que el sentenciante se excusó de decretar la prescripción, en el entendimiento de que les está vedado a los jueces hacerlo de oficio, ignorando, de esta manera, que la prescripción fue peticionada por su parte.

En esta línea de pensamiento, sostuvo la recurrente que «el Juez de grado omite considerar debidamente -o cuando menos hace una interpretación errónea- de nuestra solicitud de prescripción de las acciones de escrituración de los boletos de compraventa y/o de los derechos que surgirían de los mismos, efectuada en la presentación de fecha 08.07.2021, en relación a todos aquellos boletos de compra-venta que hasta el momento no fueron presentados ante el Juez de la quiebra para su escrituración, o bien que habiendo sido presentados, hayan sido rechazados en el correspondiente proceso incidental». Más adelante, enumeró la apelante diversas circunstancias mediante las cuales intenta cuestionar los aludidos boletos de compraventa, señalando -entre otras cosas- que en los mismos nunca existió cláusula de que se haya entregado la posesión del lote antes de la eventual escrituración, y que del relevamiento municipal efectuado se desprende que la inmensa mayoría de los lotes que conforman la «Villa del Lago» se encuentran en situación de baldío, sin que se visualicen hechos materiales que demuestren el ejercicio de la posesión.

Pero más allá de la aserción de la sentencia en el sentido de que a los jueces les está vedado declarar la prescripción de oficio -lo que no es compartible porque en el caso hubo expreso planteo de la Municipalidad-, lo cierto es que el Juez de grado introdujo un segundo párrafo en el considerando VI de su decisorio, que se encuentra enteramente ajustado a derecho y que en modo alguno puede ser conmovido por los planteos de la recurrente.En efecto, allí sostuvo el juzgador que «atento al estado actual de estas actuaciones, siendo que los lotes vendidos fueron transmitidos a terceros -cuyo detalle se encuentra denunciado en el expediente-, el estado municipal deberá bilateralizar tal pretensión, u otras relacionadas con la adquisición privada de aquellos, con cada uno de los adquirentes a los efectos de que puedan ejercer su derecho de defensa».

Se desprende de lo antedicho que no es cierto el argumento de la apelante, cuando asevera que el Juez de grado omitió el tratamiento de su planteo de prescripción, sino que, muy por el contrario, esta temática fue expresamente abordada en el párrafo transcripto precedentemente, en el cual, con estricto apego al derecho de defensa, se exigió la bilateralización de la pretensión con cada uno de los adquirentes de los inmuebles en cuestión (art.18 de la Constitución Nacional, art.15 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires). Por lo demás, esto no es otra cosa que hacer valer en el proceso el esencial principio de contradicción, llamado también de bilateralidad o controversia, que deriva de la cláusula constitucional que asegura la inviolabilidad de la defensa en juicio de la persona y de los derechos (citados art.18 C.N. y art.15 C.P. Bs. As.).

Sostiene Palacio que este principio, en términos generales, «implica la prohibición de que los jueces dicten alguna resolución o dispongan la ejecución de alguna diligencia procesal sin que, previamente, hayan tenido oportunidad de ser oídos quienes pudieran verse directamente afectados por tales actos» (Derecho Procesal Civil, tercera edición actualizada por Camps, Abeledo-Perrot, Bs. As.2011, tomo I, Nociones generales, pág.191).

En la expresión de agravios en tratamiento, también se formulan cuestionamientos sobre la bilateralización correctamente dispuesta en el fallo de la anterior instancia, y así se manifiesta -entre otras alegaciones- que ella afecta el principio de economía y celeridad, que ella prioriza los intereses privados sobre el interés general, y que esa disposición «se torna absolutamente dificultosa en la práctica, en virtud de la exuberante y desproporcionada cantidad de acciones individuales que se deberían iniciar ante el mismo juez de la quiebra». Pero todas estas expresiones resultan insostenibles ante la envergadura que presenta el principio de contradicción o bilateralidad, que, como lo señalé, encuentra raigambre constitucional en la inviolabilidad de la defensa en juicio y del debido proceso legal.

Esto es lo que puntualiza, con acierto, el Fiscal General en su dictamen, cuando afirma -entre otras consideraciones- que más allá de la calidad de interés general que corresponde asignar a la pretensión de la Municipalidad, «tal accionar debe respetar los derechos individuales de cada uno de los titulares de derechos que surjan de los contratos mencionados».

Añadiendo más adelante, que «lo propuesto por el Municipio en pos de lograr una especie de declaración de prescripción general, resulta imposible de compartir, desde que cada contrato está sujeto a sus propias particularidades y por lo tanto, los plazos de prescripción de cada uno de ellos, pueden tener respuestas diferentes.Precisamente, cada potencial titular de los derechos nacidos de los contratos, es titular también de la garantía de defensa en juicio de sus derechos y por lo tanto, el mecanismo para avanzar en una declaración de ineficacia en torno a esos contratos, debe respetar esa garantía».

En virtud de lo antedicho, propicio el rechazo del segundo agravio del escrito recursivo del municipio, debiendo confirmarse la sentencia apelada en cuanto ordenó la bilateralización con cada uno de los adquirentes de los lotes en cuestión, del planteo de prescripción formulado por la Municipalidad de Tandil (art.18 de la Constitución Nacional; art.15 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; art.34 inc.5, 180, 337, 484 y ccs. del Cód. Proc.).

IX. Habiendo quedado tratadas todas las cuestiones traídas a juzgamiento, sólo resta disponer que, tanto las costas de primera instancia como las de esta Alzada, deben imponerse en el orden causado, en atención a tratarse de una cuestión compleja que pudo llevar a los comparecientes a litigar en la forma en que lo han hecho (art.278 de la L.C.Q.; arts.68 y 69 del Cód. Proc.). La regulación de honorarios deberá diferirse para su oportunidad (art.31 de la ley 14.967).

Así lo voto.

A la misma cuestión, la Dra Longobardi, por los mismos fundamentos, adhiere al voto que antecede, votando en igual sentido.

A LA SEGUNDA CUESTION, el Señor Juez Dr. Peralta Reyes, dijo:

Atento a lo que resulta del tratamiento de la cuestión anterior, se resuelve: 1) Rechazar el recurso de apelación deducido por el Síndico, confirmándose la sentencia apelada en cuanto aceptó la intervención como tercero interesado de la Municipalidad de Tandil. 2) Hacer saber al Síndico que, en atención a la especial naturaleza de la cuestión articulada en esta incidencia, deberá esforzarse en procurar arribar a una solución que resguarde el interés genera l y armonice los distintos intereses que se hallan en juego en el actual estadio del proceso de quiebra.3) Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación del municipio, modificándose parcialmente la sentencia apelada y disponiéndose que la Municipalidad de Tandil podrá intervenir en el carácter de tercero interesado en el presente proceso de quiebra, en los incidentes de escrituración en trámite o a promoverse en el futuro, y en los demás procesos que puedan tener relación con los inmuebles afectados por la declaración de utilidad pública; debiendo respetarse, claro está, la preclusión de los actos procesales cumplidos, la firmeza de las resoluciones que hayan adquirido autoridad de cosa juzgada, y el derecho de defensa y al debido proceso de todas aquellas personas que invoquen derechos sobre dichos inmuebles. 4) Rechazar el segundo agravio del escrito recursivo del municipio, confirmándose la sentencia apelada en cuanto ordenó la bilateralización con cada uno de los adquirentes de los lotes en cuestión, del planteo de prescripción formulado por la Municipalidad de Tandil. 5) Imponer las costas de primera y segunda instancia en el orden causado, por tratarse de una cuestión compleja que pudo llevar a los comparecientes a litigar en la forma en que lo han hecho (art.278 de la L.C.Q.; arts.68 y 69 del Cód. Proc.). 6) Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (art.31 de la ley 14.967).

Así lo voto.

A la misma cuestión, la Dra. Longobardi, por los mismos fundamentos, adhiere al voto que antecede, votando en igual sentido.

Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:

-S E N T E N C I A-

Azul, 12 de Julio de 2022.-

AUTOS Y VISTOS:

CONSIDERANDO:

Por todo lo expuesto, atento lo acordado al tratar las cuestiones anteriores, demás fundamentos del acuerdo, citas legales, doctrina y jurisprudencia referenciada, y lo dispuesto por los arts. 266 y 267 y concs. del C.P.C.C., se resuelve:

1) Rechazar el recurso de apelación deducido por el Síndico, confirmándose la sentencia apelada en cuanto aceptó la intervención como tercero interesado de la Municipalidad de Tandil.2) Hacer saber al Síndico que, en atención a la especial naturaleza de la cuestión articulada en esta incidencia, deberá esforzarse en procurar arribar a una solución que resguarde el interés general y armonice los distintos intereses que se hallan en juego en el actual estadio del proceso de quiebra.

3) Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación del municipio, modificándose parcialmente la sentencia apelada y disponiéndose que la Municipalidad de Tandil podrá intervenir en el carácter de tercero interesado en el presente proceso de quiebra, en los incidentes de escrituración en trámite o a promoverse en el futuro, y en los demás procesos que puedan tener relación con los inmuebles afectados por la declaración de utilidad pública; debiendo respetarse, claro está, la preclusión de los actos procesales cumplidos, la firmeza de las resoluciones que hayan adquirido autoridad de cosa juzgada, y el derecho de defensa y al debido proceso de todas aquellas personas que invoquen derechos sobre dichos inmuebles.

4) Rechazar el segundo agravio del escrito recursivo del municipio, confirmándose la sentencia apelada en cuanto ordenó la bilateralización con cada uno de los adquirentes de los lotes en cuestión, del planteo de prescripción formulado por la Municipalidad de Tandil.

5) Imponer las costas de primera y segunda instancia en el orden causado, por tratarse de una cuestión compleja que pudo llevar a los comparecientes a litigar en la forma en que lo han hecho (art.278 de la L.C.Q.; arts.68 y 69 del Cód. Proc.).

6) Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (art.31 de la ley 14.967). Regístrese. Notifíquese a las partes por Secretaría y devuélvase.

REFERENCIAS:

Funcionario Firmante: 12/07/2022 09:49:31 – PERALTA REYES Victor Mario – JUEZ

Funcionario Firmante: 12/07/2022 11:29:55 – LONGOBARDI Maria Ines – JUEZ

Funcionario Firmante: 12/07/2022 12:01:58 – CAMINO Claudio Marcelo – SECRETARIO DE CÁMARA

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