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#Fallos Condena para quien recibía mensualmente dinero de mujeres que ejercían las prostitución en inmuebles

Partes: C. M. I. s/ infracción art. 145 bis – conforme ley 26.842 –

Tribunal: Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Fe

Sala / Juzgado / Circunscripción / Nominación:

Fecha: 17 de agosto de 2022

Colección: Fallos

Cita: MJ-JU-M-138489-AR|MJJ138489|MJJ138489

Condena por el delito de explotación económica del ejercicio de la prostitución a quien recibía mensualmente dinero de mujeres que realizaban dicha actividad en inmuebles.

Sumario:
1.-Corresponde condenar a la imputada como autora del delito de explotación económica del ejercicio de la prostitución (art. 127 y 45 , CPen.) al estar acreditado que en dos inmuebles aquella, directa o indirectamente, obtuvo un porcentaje considerable del dinero recaudado como consecuencia de los ‘pases’ realizados por las víctimas, mediante los cuales afrontaban los costos del contrato celebrado en concepto de alquiler temporario, siendo concluyentes al referir cada una de las mujeres que abonaban directamente a la imputada cierta cantidad de dinero mensual de acuerdo al tiempo en que se quedaban en el lugar.

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Fallo:
Santa Fe, 17 de agosto de 2022.

AUTOS Y VISTOS:

Estos caratulados «C. M. I. s/ infracción art. 145 bis -conforme ley 26.842» – Expte. N° FRO 7501/2020/TO1; de entrada ante este Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Fe; incoados contra C. M. I., DNI ., argentina, mayor de edad, viuda, no sabe leer ni escribir pero si firmar, jubilada, nacida el 13 de abril de 1947 en la ciudad de Rafaela, prov. de Santa Fe, hija de A. O. C. (f), domiciliada en calle Jaime Ferré 138 de dicha urbe; en los que intervienen el fiscal general Dr. Martín Ignacio Suarez Faisal y el defensor particular Dr. Hernán Domenella; de los que, RESULTA:

I.- Las presentes actuaciones surgen como desprendimiento de la causa FRO 25136/2014, dando continuidad a la instrucción respecto de C. M. I. y M. A. H. M. por la presunta comisión del delito de trata de personas con fines de explotación sexual agravado; y de M. P. E. y J. L. V. por la presunta infracción a la ley 12.331.

El citado expediente se inició con motivo de un llamado telefónico anónimo recibido en fecha 10 de abril de 2014 en la sede de la Dirección Especial de Prevención y Sanción del delito de Trata de Personas Delegación Rafaela, mediante el cual se puso en conocimiento que en una finca de calle Jaime Ferré de Rafaela, donde habitaba la familia C., se encontraban femeninas ejerciendo la prostitución, dando precisiones al respecto.

Recibida la misma en la Unidad Fiscal de Rafaela -dependiente del Ministerio Público de la Acusación de la Provincia de Santa Fe-, solicitó diversas medidas identificando lugares y a los presuntos implicados en el accionar ilícito, declarando su incompetencia en razón de tratarse de un delito federal. Luego de una contienda de competencia, se hizo cargo para el trámite el Juzgado Federal de Rafaela, que delegó la investigación al Ministerio Publico Fiscal en virtud de lo dispuesto por el art.196 del CPPN.

En la continuidad del trámite, se acumularon las causas FRO 15770/2014, 16921/2011, 10916/2014, 20877/2015, 28886/2015 y 1232/2016, constancias de denuncias y copias de las actuaciones provinciales N° 211/2014. En fecha 9 de mayo del 2018 se llevaron adelante distintos allanamientos en domicilios ubicados en la ciudad de Rafaela, permitiendo con ello identificar entre otros a J. L. V., G. H. y C. M. I., e intervenir sus comunicaciones telefónicas.

El 25 de mayo del 2019 se ordenaron once allanamientos en la misma ciudad (fs. 1593/1600), lográndose la detención de V., H. y Néstor Fabián Rodríguez. Consecuentemente se les recibieron declaración indagatoria y se ordenaron las detenciones de C. M. I., M. A. H. M. y M. P. E. (fs. 1879/1881); luego se incorporaron las actas de declaraciones prestadas por las víctimas en Cámara Gesell (fs. 1899/1907, 1907/1910, 1958/1960, 1961/1963, 1964/1966, 2508/2509)

y testimoniales de Melisa Angelina Benítez y Sandra Gabriela Martínez (fs. 1943/1945 y 2515/2516).

El 19 de junio del mismo año se procesó a V. y H., dictándose su prisión preventiva (fs. 2005/2038), se puso a disposición M. A. H. M. (fs. 2333), se informó la detención de M. P. E. (fs. 2353), se acumuló el expte FRE 10263/2019 (fs. 2420) y se recibió declaración indagatoria de E. y ampliación de H. (fs. 2421/2423 y 2446/2446 vta., respectivamente), siendo excarcelada bajo caución juratoria la primera. El 12 de mayo del 2020 se requirió a juicio la elevación parcial de la causa en relación a J. L. V. y M. G. H. cuya sentencia se dictó el 13 de octubre de 2021 y se ordenó la formación de la presente causa bajo el número FRO 7501/2020.

Así las cosas, el 23 de junio de 2020 se puso a disposición C. M. I.con el patrocinio letrado del defensor oficial y solicitó su eximición de prisión, concedida bajo caución real en fecha 1 de julio del mismo año. Seguidamente se incorporó informe del Registro Nacional de reincidencia (fs. 103) y se recibió su declaración indagatoria (fs. 109/111) y la aplicación (fs. 171/174). En fecha 11 de septiembre se dictó su procesamiento como autora del delito de trata de personas con fines de explotación sexual en la modalidad acogimiento, agravado por haberse consumado la explotación de las víctimas, tres hechos -tres víctimas- en concurso real (arts. 145 bis, ter penúltimo párrafo, 55 y 45 del C. Penal) manteniendo su libertad.

En esa línea, se recibió declaración indagatoria a J. L. V., dictándose su procesamiento junto a M. P. E. como coautores del delito de sostenimiento y administración de una casa de tolerancia (art. 17 de la ley 12.331), interponiendo sendos recursos de apelación.

Consecuentemente el 9 de septiembre, el fiscal federal requirió parcialmente la elevación a juicio de la causa en relación a C. por el mismo delito impulsado en el procesamiento (fs. 269/279); clausurándose finalmente la instrucción (fs.281).

II.- Recibidos los autos en este tribunal e integrado en forma unipersonal por el suscripto, se verificó el cumplimiento de las prescripciones de la instrucción, se citó a las partes a juicio, se proveyeron las pruebas ofrecidas y se fijó fecha de debate a partir del 8 de agosto del corriente. En ese estado, previa incorporación del informe actualizado de reincidencia y médico dispuesto por el art. 78 del CPPN, el fiscal general solicitó se imprima el trámite del juicio abreviado previsto en el art. 431 bis del CPPN, acompañando la conformidad de la imputada asistida por su defensor.Consecuentemente el día 5 del corriente mes y año se llevó a cabo la audiencia de conocimiento de visu, siendo aceptada la solicitud de tramitar la presente bajo las normas del juicio abreviado.

En razón de lo expuesto, la causa se encuentra en condiciones de ser definitivamente resuelta; y, CONSIDERANDO:

I.- Se encuentra probado que cuanto menos desde el mes de mayo del 2018 hasta el 25 de mayo de 2019, C. M. I. se benefició económicamente del comercio sexual de tres mujeres -M.A.A.L, L.G.A y L.X.F- que desarrollaban su actividad en los domicilios de calle Edison 2020 y Alvear 1393 de la ciudad de Rafaela.

El plexo probatorio en que se sustenta la plataforma fáctica enunciada se encuentra incorporado a las constancias del expediente FRO 25136/2014, destacándose principalmente las actas de los allanamientos efectuados en sendos domicilios (fs.

1124/1129 vta., 1540/1542 vta. y 1639/1641), las declaraciones realizadas por las víctimas ante el personal del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata (fs. 1202/1206, 2001/2002) y por el relato de L.G.A. en sala Gesell (fs. 2508).

En todos los casos las víctimas son coincidentes y concordantes al señalar la relación existente entre ellas y la encartada, el alquiler mensual de las habitaciones y los cobros de «pases»; siendo C. M. I.quien proporcionaba el sitio para que residan, ejerzan la prostitución y quien dirigía cuanto menos los domicilios linderos de calle Edison 2020 y Alvear 1396.

También he valorado los reportes acompañados por la Unidad de Investigaciones y Procedimientos Judiciales que observaron a la nombrada en el exterior del inmueble, constataron la propiedad registral, tomaron contacto y pudieron capturar con imágenes en los domicilios la presencia de mujeres -algunas de ellas de nacionalidad dominicana- en situación de prostitución, que sumado al hallazgo de gran cantidad de preservativos con y sin uso durante la intervención policial, acreditan suficientemente la actividad desarrollada en el lugar.

Estos elementos probatorios, contestes y congruentes al merituarlos uno por uno y en su conjunto, me permiten sin ningún tipo de dudas reconstruir y tener por cierto los hechos precedentemente expuestos y admitidos por la procesada en el acuerdo firmado con el fiscal general.

II.- A la hora de analizar la responsabilidad que le cabe a la imputada en los hechos ilícitos que se le reprocha, encuentro indicios graves y concordantes que establecen su directa participación criminal.

Una minuciosa lectura de los informes acompañados por personal del Programa Nacional de Rescate y principalmente de la entrevista con una de las víctimas realizadas en cámara gesell me permite ubicar a C. M. I. con una actuación discreta y preponderante en el acontecer delictivo, siendo ella quien proporcionaba cuanto menos los dos lugares para el desarrollo de la explotación sexual, encontrándose inscriptas las propiedades a su nombre. En este sentido, las mujeres entrevistadas luego de los allanamientos indicaron que habían celebrado contratos de alquiler con C., por las habitaciones donde hacían los «pases», siendo congruente con lo expresado por L.G.A. en su correspondiente declaración, quien reconoce que le alquilaba el lugar a C. M. I.por un plazo de seis o siete meses, retornando a su domicilio los días domingos.

Asimismo son elocuentes los informes investigativos que la señalan como la dueña de los domicilios donde se ejercía la prostitución, que las modalidades de ofrecimientos sexuales realizadas eran plenamente coincidentes en cada uno de esos inmuebles, tomando a los clientes en uno y pasando al otro para concretar la cita. Sella la relación existente con las víctimas las imágenes captadas por la prevención, que revelan los momentos en que C. M. I. se encontraba sentada en el exterior del inmueble realizando tareas de control respecto de los «pases» realizados por las mujeres en situación de prostitución (fs. 935, 1098/1099).

Las acciones de la encausada se encuadran dentro de las previsiones del art. 45 del C. Penal, por lo que deberá responder en calidad de autora por los hechos atribuidos, tal como lo acordó con el titular de la acción pública.

III.- Respecto a la calificación legal de los hechos ilícitos descriptos adelanto mi conformidad con la acordada por las partes, siendo conteste con las pruebas analizadas, no quedando dudas que las conductas encuadran legalmente en la figura de explotación económica del ejercicio de la prostitución prevista y penada por el art. 127 del C.Penal.

Al conceptualiz ar el tipo penal contenido en la norma, exige la conducta de «explotar económicamente el ejercicio de la prostitución ajena». Vale decir, servirse u obtener alguna utilidad o provecho del otro, siempre que el beneficio sea de contenido económico.

Por otro lado, en su significado gramatical «explotar» importa utilizar abusivamente en provecho propio el trabajo o las cualidades de otra persona; lo que, no cabe duda, ha ocurrido en el presente.

Tanto del domicilio de calle Edison como el de Alvear, la encartada directa o indirectamente obtuvo un porcentaje considerable del dinero recaudado como consecuencia de los «pases» realizados por las víctimas, mediante los cuales afrontaban los costos del contrato celebrado en concepto de alquiler temporario; siendo concluyentes al referir cada una de las mujeres que abonaban directamente a C., de tres mil quinientos pesos ($3.500) a seis mil pesos ($6.000) por mes de acuerdo al tiempo en que se quedaban en el lugar (fs. 2001 vta./20002).

Dicho ello, puedo afirmar sin hesitación que la nombrada se benefició económicamente de la explotación sexual de las mujeres a quienes bajo la fachada de proporcionarles un sitio donde vivir, controlaba y proveía de los elementos necesarios para el desarrollo de la actividad que en realidad se desarrollaba; accionar delictivo que reconoció ante el fiscal general, debiendo en consecuencia responder por el delito de explotación económica del ejercicio de la prostitución.

IV.- Previo a tratar la sanción es necesario señalar que, si bien el Código Penal -a través de los artículos 40 y 41- establece las pautas individualizadoras de acuerdo a las cuales debe mensurarse la pena, en los juicios abreviados el monto propiciado por el Ministerio Público Fiscal forma parte del acuerdo realizado con la imputada; y que conforme a lo previsto por el art. 431 bis inc.5° del CPPN me veo imposibilitado de imponer una superior o más grave que la peticionada, toda vez que ello implicaría exceder el marco del mencionado acuerdo.

Sentado ello y teniendo en cuenta que la fiscalía ha solicitado para C. la pena mínima prevista en el Código Penal, se torna abstracto el tratamiento de cualquier otra circunstancia que pueda considerarse como agravante de misma.

De acuerdo a lo expuesto se le impondrá a C. M. I. la pena de cuatro (4) años de prisión, con más las accesorias del art. 12 del CP, debiendo ordenarse su inmediata detención una vez que quede firme el presente decisorio.

V.- Conforme las reglas generales del art. 23 del C. Penal, es deber de los jueces privar a los condenados de la propiedad y tenencia de los objetos empleados intencionalmente para cometer delitos (Cfr. Breglia-Arias, «Código Penal Comentado», pág. 78), lo que ha sido peticionado en el presente por el fiscal general, habiendo sido parte del acuerdo arribado con la procesada. En razón de tales consideraciones se procederá al decomiso del inmueble ubicado en calle Alvear 1396 de la ciudad de Rafaela, provincia de Santa Fe.

VI.- De acuerdo a lo previsto en el art. 530 del CPPN, se le impondrá a la condenada el pago de las costas procesales y se practicará por secretaría el cómputo legal.

Finalmente se diferirá la regulación de los honorarios profesionales del Dr. Hernán Domenella, hasta tanto de cumplimiento a lo dispuesto en el art. 2 de la ley 17.250.

Por todo ello, RESUELVO:

I.- CONDENAR a C. M. I., cuyos demás datos de identidad obran precedentemente, como autora del delito de explotación económica del ejercicio de la prostitución (art. 127 y 45 del C. Penal), a la pena de cuatro (4) años de prisión, con más las accesorias del art. 12 del C. Penal.

II.- DISPONER que por Secretaría se practique el cómputo legal, con notificación a las partes (art.493 del CPPN).

III.- ORDENAR la inmediata detención de C. M. I., una vez que quede firme la presente.

IV.- PROCEDER al decomiso del inmueble de calle Alvear 1396 de la ciudad de Rafaela, prov. de Santa Fe, conforme lo dispuesto por el art. 23 del C. Penal.

V.- IMPONER las costas del juicio a la condenada y en consecuencia el pago de la tasa de justicia que asciende a la suma de mil quinientos pesos ($ 1.500), intimándola a hacerlo efectivo en el término de cinco días bajo apercibimiento de multa del cincuenta por ciento del referido valor, si no se efectivizare en dicho término.

VI.- DIFERIR la regulación de los honorarios profesionales del Dr. Hernán Domenella hasta tanto de cumplimiento a lo dispuesto en el art. 2° de la ley 17.250.

Agréguese el original al expediente, protocolícese la copia, hágase saber a las partes y a la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación conforme Acordada N° 15/13, y oportunamente archívese.

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