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#Fallos Contrato de objeto nulo: No puede producir efectos un contrato de trabajo de quiniela clandestina, porque es nulo por ilicitud en su objeto

Partes: Á. L. G. y otros c/ C. S. s/ Despido indirecto

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de General Pico

Sala / Juzgado / Circunscripción / Nominación:

Fecha: 27 de septiembre de 2022

Colección: Fallos

Cita: MJ-JU-M-139288-AR|MJJ139288|MJJ139288

No puede producir efectos un contrato de trabajo de quiniela clandestina, porque es nulo por ilicitud en su objeto.

Sumario:
1.-La nulidad del objeto es manifiesta y no requiere de una investigación específica en estos actuados, ya que el juego clandestino está expresamente prohibido por el CPen. en el art. 301 bis .

2.-La explotación u organización de un juego en forma privada que compite con el Estado lesiona, entonces, el interés público y el patrimonio de la administración pública.

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3.-El impedimento de la actividad de quiniela clandestina no es tendiente a amparar los derechos del trabajador, sino que tiende a proteger los intereses de la sociedad provincial en este caso.

4.-La nulidad del contrato celebrado entre las partes es de carácter absoluto, por estar afectado el orden público y que, a consecuencia de ello, no genera efectos entre las partes.

Fallo:
En la ciudad de General Pico, provincia de La Pampa, a los veintisiete días del mes de septiembre del año dos mil veintidós, se reúne en ACUERDO la SALA B de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial para resolver el recurso de apelación interpuesto en los autos caratulados «Á., L. G. y otros c/C., S. s/ DESPIDO INDIRECTO» (expte. Nº 7238/22 r.CA), venidos del Juzgado de Primera Instancia en lo Laboral Nº 2 – Circ. II.

El Dr. Rodolfo Fabián RODRÍGUEZ, sorteado para emitir el primer voto, dijo:

Hechos del caso: a fs. 16/17 comparecen las Sra. L. G. Á., C. B. B. y F. D. C., mediante letrados apoderados, y promueven demanda por despido indirecto contra la Sra. S. C. Reclaman las indemnizaciones por antigüedad y preaviso por las sumas de $ 446.383,86 para la primera de las nombradas, los importes de $ 154.517,49 para la segunda y la tercera trabajadora (según detalles consignados a fs. 15). La empleadora desarrolla la comercialización de juegos de azar (específicamente quiniela) y utilizaba la prestación laboral de las accionantes.- – – – – – – Sentencia de primera instancia: el sentenciante constató que se trataba de un contrato del tipo laboral de objeto ilícito así como la contravención a la ley Nº 808, que dispone «. Artículo 1º: Oficialízase en la Provincia de La Pampa el sistema de juego denominado ‘QUINIELA’, facultándose al Poder Ejecutivo Provincial a determinar la fecha de implementación.Artículo 2º: EL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA tendrá a su cargo la organización, que implementará mediante un Consejo de Administración que actuará bajo su jurisdicción y competencia, el que tendrá como objeto el funcionamiento, explotación, administración y demás actividades inherentes al sistema de juego basado en el azar denominado ‘QUINIELA’ oficializado en el territorio provincial . «.

Por su parte, el magistrado constató la manera irregular con que la demandada ejercía su actividad a través del Legajo Penal Nº 41888, en el marco del cual se efectuaron allanamientos en dos domicilios de General Pico donde se encontraban las actoras cuya denuncia fue presentada ante el Instituto de Seguridad Social de La Pampa. La acción penal resultó extinguida mediante la resolución del 24/09/2018, en la cual el magistrado dispuso el sobreseimiento.

Expresó el sentenciante que la comercialización de juegos de azar (quiniela) sin contar con la autorización o habilitación del organismo estatal de aplicación (que en nuestra pcia. es el Instituto de Seguridad Social) resulta una actividad ilícita; quienes desempeñen tareas en relación de dependencia relacionadas con la misma quedarán incursos precisamente en dicho tipo de objeto contractual, y que aún para el caso hipotético de que las actoras no tuvieran conocimiento (al inicio y durante el transcurso del vínculo laboral) de tal irregularidad, la LCT específicamente fija los efectos al disponer en el art. 41 que «. El contrato de objeto ilícito no produce consecuencias entre las partes que se deriven de esta ley.».-

En mérito de ello rechazó la demanda, con costas a las actoras.

Agravios de las actoras:

Primer agravio:Se agravian porque el sentenciante permitió que la demandada funde la oposición únicamente en la circunstancia de su actividad comercial ilegal, y como consecuencia de ello decretó la falta de derecho a reclamar por tratarse de contratos de objeto ilícito.

Entienden las recurrentes que en nuestro sistema legal no está permitido alegar la nulidad del objeto de un contrato por vicios atribuíbles a quien lo invoca, con la finalidad de beneficiarse, postura que interpretan asumida por la demandada en este proceso. Resaltan que el actual ordenamiento legal (art. 387 Cód. Civil) mantiene el mismo principio a pesar de configurarse una nulidad absoluta.

Segundo agravio: El agravio consiste en que el juez de grado concluyó que el trabajo desarrollado por las actoras era ilícito, y en consecuencia rechazó la demanda. Aducen que el magistrado no fundamenta claramente cuál es la causa por la que considera que el trabajo es de objeto ilícito y no de objeto prohibido.

Dicen que tanto los actos de objeto ilícito como de objeto prohibido son actos ilícitos, por lo que entienden que, lo que se debe analizar es si el caso encuadra o pudiese encuadrar en alguno de los supuestos contemplados en el artículo 40 LCT, en cuyo caso el acto no será de objeto ilícito sino de objeto prohibido. Además sostienen que la quiniela sin habilitación de la autoridad competente es ilícita porque es contraria a la ley, pero también que es una actividad reglada o regulada, que puede ser realizada en determinadas condiciones, circunstancia que va a permitir el encuadre de los hechos en la norma del art. 40. Dicho análisis no fue efectuado por el juez y que si la alguna duda subsistiera en el encuadre a acordar al caso, por aplicación del art. 9 de la LCT (in dubio pro operario) la resolución debió haber sido la inversa a la resuelta.Afirman por ello que tratándose de una actividad regulada no se trata de una actividad ilícita, y la prohibición del objeto del contrato está siempre dirigida al empleador.

Finalmente sostienen las recurrentes que queda en evidencia el erróneo encuadre realizado por el juez de grado, toda vez que el contrato de trabajo que unía a las partes queda viciado de nulidad porque la empleadora no cumplió con los recaudos que la ley le exigía para poder desarrollar la actividad. El contrato resulta igualmente nulo por su objeto, pero la empleadora que se benefició con el desarrollo de la actividad en condiciones irregulares debe responder frente a sus empleados por las diferencias en los haberes y la indemnización por la pérdida del trabajo.

Argumentación: A fin de resolver los planteos esgrimidos en los dos agravios del presente recurso debo, en principio, definir el contrato de trabajo de objeto ilícito. Así Grisolía nos dice que: «La licitud está referida a la exigencia de que el objeto del contrato (la prestación) no contraríe ninguna prohibición legal, pero tampoco a la moral y las buenas costumbres. El objeto ilícito es contrario a la moral y las buenas costumbres (art. 39, LCT), es decir que, es reprochable desde el punto de vista ético. Se puede citar, como ejemplo, el ‘prestar servicios’ para una banda que se dedica a delinquir o al juego clandestino.» (la negrilla y el subrayado me pertenece) (Julio Armando GRISOLÍA, Tratado del Derecho del Trabajo, y de la Seguridad Social, T° I, pág. 380/381). Sobre esta base y tal como pacíficamente lo viene afirmando esta alzada, es conveniente expresar que: «. los jueces no están obligados a analizar todas y cada una de las argumentaciones de las partes, sino tan solo aquéllas que son conducentes y poseen relevancia para decidir el caso» (cfr. CSJN, Fallos: 258:304, 262:222, LL 123-167, 265:30 1, 272:225, entre otras).

Primer agravio:En principio en el análisis de este primer agravio, en el cual las apelantes observan que no se puede alegar la nulidad por parte de quien ha ejecutado el acto, debo afirmar que en este caso, esta nulidad por objeto ilícito es de carácter absoluto, por estar afectado el orden público y que, a consecuencia de ello, no genera efectos entre las partes. Por lo tanto ni el trabajador ni el empleador puede efectuar reclamo alguno. En el caso de autos la nulidad del objeto es manifiesta y no requiere de una investigación específica en estos actuados, ya que el juego clandestino está expresamente prohibido por el Código Penal en el artículo 301 bis que estipula que «Será reprimido con prisión de tres (3) a seis (6) años el que explotare, administrare, operare o de cualquier manera organizare, por sí o a través de terceros, cualquier modalidad o sistema de captación de juegos de azar sin contar con la autorización pertinente emanada de la autoridad jurisdiccional competente» y también por la legislación provincial (ley 808), como bien explica el magistrado de grado y se puntualizó anteriormente. Nos dice Krotoschin: «. el contrato de trabajo que tuviese objeto o causa ilícitos resulta nulo en el sentido de que no sólo carece de todo efecto contractual, sino que tampoco produce los efectos cuasicontractuales de una simple relación de trabajo, pues se entiende que las normas concernientes tanto al contrato como a la relación efectiva de trabajo sólo comprenden situaciones lícitas, es decir, relaciones de trabajo que podrían ser objeto de un contrato válido. De suerte que la nulidad (por objeto ilícito del contrato de trabajo) siempre produce efectos ex tunc.Dicha declaración de nulidad, tanto en los contratos de objeto prohibido como en los de objeto ilícito, debe ser efectuada por los jueces de oficio, es decir, aun sin mediar petición de parte o del Ministerio Público.» (la negrilla y el subrayado me pertenece). Siguiendo nuevamente a Krotoschin, «en el caso del contrato de trabajo de objeto ilícito estamos ante el único caso en que ni siquiera se forma una relación efectiva de trabajo, puesto que en esta hipótesis no hay nada más que la apariencia de una relación de trabajo, al establecer el art. 41 LCT. que el contrato de objeto ilícito ‘no produce consecuencias entre las partes que se deriven de esta ley’. Ergo, no habría en este caso un real contrato de trabajo, sino una mera apariencia de tal». (Krotoschin, Ernesto, «Tratado práctico de Derecho del Trabajo», t. I, 1978, Ed. Depalma, p. 189).

Aquí no cabe alegar la propia torpeza de la supuesta empleadora. Para graficar la situación tomaré un ejemplo extremo: si una parte contrata a otra para robar un banco el objeto del contrato es absoluta y manifiestamente ilícito. En el caso de autos «. no nos encontramos en autos frente a un juego costumbrista o no regulado, sino ante uno que lo está y de forma monopólica por parte del Estado en interés público. La explotación u organización de un juego en forma privada que compite con el Estado le siona, entonces, el interés público y el patrimonio de la administración pública.» (Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sala II o Oniszczuk, Carlos Alberto y Villar, Valeria o 20/07/2007 o La Ley Online o AR/JUR/7415/2007). Por ello entiendo que este primer agravio debe ser rechazado, sin perjuicio de tener estrecha relación con el segundo que examinaré a continuación.

Segundo agravio:Aquí la recurrente sostiene que el objeto del contrato no es ilícito sino de objeto prohibido, cuya prohibición está dirigida al empleador. El art. 40 de la L.C.T. referenciado por la apelante estipula supuestos en que la actividad no constituye un delito penal, o que la misma no es inmoral o contraria a las buenas costumbres. El objeto prohibido se configura cuando se infringe alguna norma imperativa del derecho del trabajo, como por ejemplo, la tarea insalubre o el trabajo de menores de 14 años (arts. 176, 189, 191 de la L.C.T), o bien actividades referidas al orden público en materia de talleres de inmigrantes clandestinos; siempre en protección de los derechos del trabajador.

Pero lo que aquí sucedió no tiene nada que ver con estos supuestos de objeto prohibido, ya que el impedimento de la actividad de quiniela clandestina no es tendiente a amparar los derechos del trabajador, sino que tiende a proteger los intereses de la sociedad provincial en este caso. Y efectivamente, el hecho de no haber obtenido la habilitación -que le debe otorgar el Estado- es una clara violación que merece un reproche penal y que obsta a considerarla como objeto posible del contrato de trabajo. Pero repito, la prohibición de la quiniela clandestina no está destinada a la protección del trabajador o trabajadora, sino que es en defensa del interés del Estado y su contravención constituye una actividad ilícita. Así se resolvió en «Curdi, Rubén josé c/Casino de Buenos Aires S.A. s/Despido» Juz. Nac. Trab. 16, 20-03-2007- Rubinzal Culzoni 35921/2002; RC J 11756/16.

Por estos motivos el presente contrato de trabajo contiene un objeto ilícito que lo hace ineficaz entre las partes.En consecuencia de lo dicho, cabe el rechazo de este agravio.

Siendo que los dos agravios han sido desestimados, cabe no hacer lugar al recurso de apelación.-

En cuanto a las costas diré que las impuestas en Primera Instancia no han sido materia de agravio, y al confirmar la sentencia de grado esta alzada se ve impedida de revisarlas (art. 258 del C.Pr.). En relación a las costas de segunda instancia propongo se impongan por su orden, pues entiendo que la parte actora pudo creerse con derecho a litigar y plantear el recurso pertinente en función de que las cuestiones controversiales suscitadas han sido complejas (conforme ha sido reflejado a lo largo de este fallo), además de la falta de contestación del traslado recursivo por parte de la demandada. En la materia, la CSJN ha resuelto que «Corresponde distribuir las costas en el orden causado teniendo en cuenta para ello la complejidad de la cuestión y la calificación jurídica efectuada en la sentencia (art. 68, segunda parte, Cód. Procesal Civil y Comercial de la Nación)» (Corte Suprema de Justicia de la Nación o 29/03/2005 o Coco, Fabián A. c. Provincia de Buenos Aires y otros o La Ley Online o AR/JUR/7155/2005). Es mi voto.

El Dr. Horacio A. COSTANTINO, sorteado para emitir el segundo voto, dijo:

La LCT establece que «no podrá ser objeto del contrato de trabajo la prestación de servicios ilícitos o prohibidos». Tal terminología es cuestionada, básicamente porque todo lo ilícito es prohibido y lo prohibido es ilícito (Pirolo (dir) – Palmieri (aut.), Derecho del trabajo comentado, T. I, p. 240; Rodríguez Mancini (dir.) – Otero (colab.), T. II, p. 517).

El art.39 LCT dice que «se considerará ilícito el objeto cuando el mismo fuese contrario a la moral y a las buenas costumbres pero no se considerará tal si, por las leyes, las ordenanzas municipales o los reglamentos de policía se consintiera, tolerara o regulara a través de los mismos». Por tal razón, se entiende que el objeto de los contratos es ilícito cuando lo afecta una ilicitud esencial, es decir, en «. aquellos supuestos en los que la prestación es contraria a la moral y a las buenas costumbres» (Pirolo (dir) – Palmieri (aut.), Derecho del trabajo comentado, T. I, p. 240).

Pero es acaso el juego contrario a la moral y a las buenas costumbres? Desde ya que el juego clandestino está prohibido, pero es público y notorio que el practicado como entretenimiento está permitido y regulado por leyes y ordenanzas municipales.

La redacción del art. 39 LCT despierta dudas, pues pareciera que la norma «. ha excluido otros supuestos de ilicitud que se configuran cuando el trabajo en sí constituye un delito penal o se lo presta en beneficio de actividades delictivas. Sin embargo, (.) ya sea por aplicación de los principios generales o por entender que el legislador los ha considerado incluidos dentro del concepto de trabajo inmoral, estos actos también deben ser considerados inválidos por ilicitud del objeto» (Rodríguez Mancini (dir.) – Otero (colab.), T. II, p. 517/8; en igual sentido, Pirolo (dir) – Palmieri (aut.), Derecho del trabajo comentado, T. I, p. 241).-

«Llamativamente, la ley no hace referencia expresa a los supuestos en los que el trabajo en sí constituye un delito penal. No obstante, ya sea en virtud de los principios generales mencionados (arts. 279, 1003, 1004 del CCyCN) o que se acepte que el legislador ha considerado incluidos estos supuestos de ilicitud penal dentro del concepto de trabajo inmoral, el contrato con objeto delictivo debe considerarse también trabajo ilícito, en la terminología de la ley laboral» (Pirolo (dir) – Palmieri (aut.), Derecho del trabajo comentado, T. I, p.241). En tales casos, debe entenderse que la ilicitud del objeto del contrato es directa derivación de la ley que tipifica el delito.

En tal sentido, se ha dicho que «sería ilícito el contrato para trabajar en una organización de juego clandestino o en el contrabando u otra organización delictiva» (Etala, Contrato de trabajo, p. 134). La doctrina se manifiesta en forma coincidente (Mark, Ley de contrato de trabajo, p. 87) y en general, se considera que es ilícito el objeto del contrato cuando la prestación configura un delito.

Siendo así las cosas, el contrato de trabajo invocado por las demandantes se encuentra viciado de nulidad por ilicitud de su objeto (art. 41 LCT) y, por lo tanto, no puede producir consecuencias entre las partes.

Por todo lo expuesto, adhiero al voto precedente, incluso en materia de costas, pues las apelantes pudieron considerarse con derecho a entablar la demanda. Es mi voto.

En consecuencia, la SALA B de la Cámara de Apelaciones:

RESUELVE: I.- Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora.

II.- Imponer las costas de Alzada en el orden causado.-

III.- Regular los honorarios del Dr. Fernando Savid Buteler en el (%) de los fijados a los abogados de las actoras para la instancia anterior, y los del Dr. Raúl Alberto Quiroga en el (%) de los regulados a los abogados de la demandada por sus labores en primera instancia; en todos los casos más el IVA si correspondiere.-

Protocolícese, notifíquese y oportunamente devuélvase.-

Dr. Horacio A. COSTANTINO

Juez de Cámara

Dr. Rodolfo F. RODRÍGUEZ

Juez de Cámara

Dra. María Teresa SALVATIERRA

Secretaria de Cámara Civil

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