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#Fallos Sueldo policial: No puede suspenderse la aplicación de normas que modificaron la escala salarial de un empleado del Servicio Penitenciario Federal pues no se evidencia el importante perjuicio confiscatorio denunciado

Partes: Aponte Diego c/ Servicio Penitenciario Federal s/ Medida cautelar

Tribunal: Cámara Federal de Chaco

Sala / Juzgado / Circunscripción / Nominación:

Fecha: 24 de octubre de 2022

Colección: Fallos

Cita: MJ-JU-M-138994-AR|MJJ138994|MJJ138994

Se rechaza una medida cautelar innovativa tendiente a la suspensión de la aplicación de normas que modificaron la escala salarial de un empleado del Servicio Penitenciario Federal pues en ninguno de los recibos se evidencia el importante perjuicio confiscatorio denunciado en el escrito introductorio.

Sumario:
1.-En ninguno de los recibos se evidencia el importante perjuicio confiscatorio denunciado en el escrito introductorio, toda vez que de los totales de los haberes brutos surge que el percibido por el mes de septiembre resulta superior.

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2.-No se halla acreditado el peligro en la demora desde que, al encontrarse el accionante percibiendo un salario de mayor cuantía, no se advierte que los derechos invocados en relación a determinados rubros pudieran tornarse ilusorios durante el tiempo que transcurra hasta el dictado de la sentencia de mérito.

3.-Se presume la legitimidad de los actos administrativos dictados en ejercicio de la facultad propia del Poder Ejecutivo de fijar las escalas salariales, y por ende, la falta del requisito de verosimilitud del derecho que trae aparejada la imposibilidad de acceder a la medida cautelar tendientes a la suspensión de la aplicación de tales normas.

4.-No corresponde reconocer al accionante un derecho más extenso que el que en los hechos ostenta el resto del personal en idénticas condiciones y con el mismo grado de revista.

Fallo:
Resistencia, 24 de octubre de 2022.- DG

VISTOS:

Estos autos caratulados: «APONTE, DIEGO C/ SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL s/MEDIDA CAUTELAR», Expte. Nº FRE 5296/2021/CA1 provenientes del Juzgado Federal de Presidencia Roque Sáenz Peña, y CONSIDERANDO:

I- Que el Sr. Diego Aponte solicita medida cautelar a fin de que se disponga la suspensión de la aplicación de los arts. 7° y 8° de la Resolución 607/2019, emitida en el marco de lo dispuesto en el Decreto 586/2019 (vigentes a partir del 01/09/2019), por ser contrarios y violatorios de la normativa constitucional invocada en el escrito introductorio (26/12/2021), y en consecuencia se ordene al Servicio Penitenciario Federal que proceda a abonar sus haberes mensuales con la liquidación de los rubros «Suplemento General por Antigüedad de Servicios (S.A.S.)» y «Título Académico» en forma idéntica a la percibida hasta el mes de agosto de 2019:es decir, el «S.A.S.» en el porcentaje del 2% del haber mensual por año de servicio y «Título Académico» en el 25% del haber mensual, conforme percibían con anterioridad a la aplicación de la Resolución 607/2019.- Señala que con la aplicación del Decreto 586/19 que consiste en una suma fija mensual se evidencia una notable disminución de los haberes, ocasionando de esta forma una quita confiscatoria de sus haberes y que tales reducciones revisten carácter regresivo y menoscabo del derecho alimentario.- El Señor Juez de primera instancia (01/02/2022) en lo que aquí interesa y es motivo de agravios, decretó la medida cautelar innovativa solicitada por el actor, disponiendo la suspensión de la aplicación de los artículos 7 y 8 de la Resolución 207-2019-APN-MJ emitida en el marco de lo dispuesto en el Decreto 586/2019 en la liquidación del haber mensual del accionante, y en consecuencia, ordenó al Servicio Penitenciario Federal que proceda a abonar los haberes en cuestión con la incorporación del rubro «Suplemento por Años de Servicio» -S.A.S- conforme Decreto N° 215/89, art. 1° inc. c) y Decreto 970/2015 art. 6°, fijado en el 2% del haber mensual por años de servicios, y «Bonificación por Título Académico» fijado en 25% del haber mensual para Aponte. Todo bajo caución juratoria que deberá prestar el accionante, beneficiado de la presente cautelar, por los eventuales daños que la medida pudiera irrogar en caso de haber sido solicitada sin derecho. Asimismo, hace saber que la medida cautelar tendrá vigencia hasta tanto se dicte sentencia definitiva en la acción principal.

Para así decidir, consideró que el supuesto de autos se encuentra dentro de los casos que excepcionan la aplicación de la Ley 26.854 por hallarse comprometido el derecho alimentario.Que la medida cautelar innovativa instaurada pretende en alguna medida la modificación del status quo existente.

En relación a los extremos de concurrencia de tal especie de cautelar y medidas de la índole de la presente consideró que sólo deben decretarse ante la presencia de los recaudos generales de verosimilitud del derecho, peligro en la demora y contracautela como asimismo concurran requisitos específicos como un posible daño irreparable arbitrariedad o ilegalidad manifiesta y no haberse perjudicado el interés público en juego.

Respecto a la cuestión relativa a los efectos del acto administrativo cuestionado, advirtió que de los recibos de haberes mensuales del accionante surge que se produjo una reducción importante en dichos rubros, atento al monto de los correspondientes haberes mensuales. Ello, conforme se sostiene desde la perspectiva doctrinaria, tratándose de actos administrativos individuales, su retroactividad sería improcedente cuando ella apareje el desconocimiento de derechos adquiridos por los administrados.

En este contexto, consideró acreditados los supuestos necesarios para otorgar la medida cautelar solicitada, entendiendo que la suspensión inmediata de los arts. 7 y 8 de la Resolución 607-2019-APN-MJ en la liquidación de los haberes del accionante, evitaría poner en riesgo la calidad de vida del trabajador y de su correspondiente familia a cargo teniendo en cuenta el momento económico y sanitario que atraviesa el país. Agregó que deviene integrada la trilogía sobre la que se asienta toda medida cautelar y con el dictado de la misma no se ocasionaría un grave perjuicio al demandado.

II- Disconforme con tal pronunciamiento el Estado Nacional -SPFinterpuso recurso de reposición con apelación en subsidio (29/04/2022), siendo concedido este último en fecha 10/05/2022, luego de desestimada la reposición. Los agravios merecieron la réplica de la contraria (16/05/2022).- Se agravia la recurrente en los siguientes términos: a. Manifiesta que ha sido soslayada en casi todos sus postulados la ley 26.854 que regula la materia.- b.Señala que las medidas cautelares resultan accesorias de un proceso principal, por lo que la situación de demandabilidad del Estado afecta tanto a una como a otra, y de tal manera -dice- si no se encuentran reunidos los requisitos para la procedencia del proceso ordinario lo que hace mella sobre la verosimilitud del progreso de la acción principal, se desvanece el sentido protectorio de una tutela anticipada. c. Afirma que la sentencia puesta en crisis no ha acreditado un perjuicio de imposible reparación ulterior y que se reduce a meras afirmaciones genéricas sin profundizar en la extensión y concreción de los derechos de carácter alimentario que serían afectados de manera irreparable por el curso del trámite normal y habitual de un proceso ordinario, lo que las erige como meramente dogmáticas. d. Alega que el pronunciamiento criticado constituye un vedado anticipo de jurisdicción y ha afectado el debido proceso y el derecho de defensa en juicio del Estado Nacional.- e. Denuncia que el interés público ni siquiera es considerado por el sentenciante. La decisión que se cuestiona -afirma- proyecta efectos jurídicos y materiales en violación de los principios de juridicidad y de igualdad ante la ley -consagrado este último en el artículo 16 de la Constitución Nacional- en franca violación de los dispuesto en los artículos 13 y 14 de la ley 26.854.- f. Señala que la parte actora pretende erigir una cualidad de perennidad en el modo en que se calcula un rubro de su salario, lo que en ningún caso surge del marco normativo aplicable (Dto. 586/19 y Resolución 607/19), del cual selecciona caprichosamente las reglas que arbitrariamente se le apliquen y requiere la pervivencia de otras -no vigentes- armando su propio y particular régimen salarial.- g. Sostiene que es imposible pensar en confiscatoriedad conforme surge de los recibos de sueldo del actor.Considera que la resolución cautelar no tuvo en consideración estas elementales pautas de análisis, y de esa forma no se puede considerar un acto jurisdiccional válido, ya que de la evaluación global de la prueba de la parte actora, la cual abarca varios periodos, surge una situación de sustancial crecimiento del monto de haber mensual, en franco cumplimiento de los estándares de progresión en cuanto a la normativa internacional que, paradojamente, se sostiene incumplida.- h. Realiza otras consideraciones a las cuales remitimos en honor a la brevedad.- Hace reserva del Caso Federal y finaliza con petitorio de estilo.-

III- Considerando los agravios a) y c), lo cierto es que el supuesto de autos, de naturaleza alimentaria, resulta ser uno de los casos que prevé como excepción la ley 26.854, y así fue declarado expresamente por el Juez «a quo».- Así planteada la cuestión y adentrándonos al planteo principal del recurso, lo que esta Cámara debe decidir es si la medida cautelar fue bien o mal otorgada por el Juez de la instancia anterior.- En este marco, y en relación a los requisitos para el otorgamiento de la medida precautoria en el caso, corresponde señalar inicialmente que para la viabilidad de la medida requerida, deben configurarse los presupuestos que exige el art. 230 del CPCCN, esto es, la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora. Estos requisitos se encuentran de tal modo relacionados que, a mayor verosimilitud del derecho, menos rigurosa será la exigencia con respecto a la inminencia del daño, y viceversa, cuando exista el riesgo de un daño de extrema gravedad e irreparable, el rigor acerca del derecho invocado, se puede atenuar.- El actor solicita en la presente que se decrete la suspensión de los efectos generados por la aplicación de los arts.7º y 8º de la Resolución 607/19 sobre sus haberes, y por ende, que se le siga abonando el «S.A.S.» y la «Bonificación por Título» de la misma forma en que se los liquidaban hasta el mes de agosto de 2019, de conformidad con lo previsto por los Decretos 970/15 y 361/90, respectivamente, es decir, fijados el «S.A.S.» en el porcentaje del 2 % del haber mensual por año de servicio y la «bonificación por título» en el 25 % del haber mensual.- Con el objeto de decidir la cuestión cabe advertir inicialmente que el Poder Ejecutivo Nacional mediante el Dto. 586/19 (arts. 1 y 2) fijó una nueva escala de haberes para el personal del S.P.F., el Ministerio de Justicia y DDHH reglamentó tal decreto por Resolución 607/19 y, en lo que al caso concierne, derogó a partir del 1° de septiembre de 2019 (cfr. art. 3 del decreto citado), el Decreto 361/90 que estableció el beneficio en cuestión sujeto a aporte previsional (arts. 1 y 2) y el Decreto 243/15 (art. 14) que sustituyó el art. 1 del decreto 361/90 estableciendo que el personal del SPF que posea título universitario de grado con una duración de cuatro años o más, percibirá una bonificación del 25 % y el que posea título terciario con una duración de dos y tres años, percibirá una bonificación del 15 %, ambos calculados sobre el haber mensual correspondiente al grado de revista. Y se derogó -asimismoel Decreto 970/15 que en su art. 6° establecía que la asignación que el personal del SPF percibirá por cada año de servicio prestado en la institución (S.A.S.), equivalía al 2 % del haber mensual correspo ndiente al grado de revista del agente.

Por su parte, el inc. f) del art.2° del referido texto legal reformuló el suplemento general por «Antigüedad de Servicios (S.A.S.)» disponiendo que el mismo consistirá en una suma mensual remunerativa proporcional del haber mensual por cada año de servicio prestado en la institución.

Además, el inc. g) del art. 2° del Decreto 586/19 reformuló dicho beneficio creando el suplemento particular por «Título Académico» el cual consiste ahora en una suma fija mensual con carácter remunerativo, no bonificable y no acumulativo respecto a la cantidad de títulos, que se liquidará al personal en actividad que posea título terciario o de educación superior con una duración mínima de dos años, título universitario de grado o posgrado de maestría o doctorado con reconocimiento del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología atinente a la función.

Y el inc. d) del art. 1° del aludido decreto dispuso que «Se deberá compensar la eventual diferencia entre la retribución bruta vigente a la fecha (conf. Res. Conjunta 3/2019 -Anexo I) y la nueva retribución bruta resultante de la fijación del nuevo Régimen Salarial (según Dto. 586/19 y Res. 607/2019 -Anexo I), hasta su absorción por incrementos salariales futuros, incluyendo los correspondientes ascensos del personal».- A su vez, la Resolución 607/19 (reglamentaria del Decreto 586/19) en el art. 8° dispuso, en relación al suplemento por ´Título Académico´, que el mismo se liquidará «con carácter remunerativo y no bonificable, para el personal del SPF en actividad que posea título terciario o de educación superior con una duración mínima de dos años, título universitario de grado con una duración mínima de cuatro años, o posgrado de maestría o doctorado con reconocimiento del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, vinculado a la función desempeñada o bien relacionado específicamente con la ciencia criminológica.Este suplemento, consiste en una suma fija, no es acumulativo respecto de la cantidad de títulos, y será abonado mensualmente de acuerdo con el detalle establecido en el Anexo VII.».- Y en el art. 7° estableció, con carácter remunerativo y no bonificable, que el suplemento general por «Antigüedad de Servicios (S.A.S.) será el equivalente al 0,5 % del haber mensual.» Sentado lo anterior, cabe destacar que las medidas cautelares de índole innovativa -como la peticionada en autos- importan una decisión excepcional porque alteran el estado de derecho existente al tiempo de su dictado, y es en este marco que corresponde efectuar una evaluación de la normativa y de la documental aportada para arribar a las conclusiones que seguidamente se exponen en punto a la apreciación de los recaudos que hacen a la admisión (o no) de la medida cautelar.- En virtud de dicha circunstancia y dentro del acotado marco cognoscitivo de este proceso cautelar, se advierte que el principal y más urgente objetivo que el accionante pretende alcanzar por este medio, es evitar la disminución de los ingresos que ostentaba hasta el mes de agosto de 2019.- Así, conforme los recibos de sueldo digitalizados, surge que el SPF ha liquidado al Sr. Diego Aponte por el período agosto/19 (durante la vigencia de la Res. Conjunta 3/2019) el «Total Bruto de su Haber Mensual» la suma de $67.895,23, la «Bonificación por Título» en $3.764,82 (Dto. 361/90 – 243/15), y el «S.A.S.» (por 18 años de servicios) en $5.421,33 (Dto 970/15, art. 6º).

Y por el período septiembre/19 (conf. Res. 607/19 -Anexo I) el «Total Bruto de su Haber Mensual» ascendía en $76.121,50, la asignación por «Título Académico» (suma fija) en $3.800,00 (art. 8° -Anexo VII, Res. 607/19), y el «S.A.S.» (por 18 años de servicios) en $5.971,50 (art.7° de dicha Res.).- Así, con la provisoriedad de todo lo que se analiza y decreta en materia de medidas cautelares, puede entenderse, en principio, que no corresponde reconocer al accionante un derecho más extenso que el que en los hechos ostenta el resto del personal en idénticas condiciones y con el mismo grado de revista. Es de puntualizar aquí que los decretos cuya continuidad de aplicación se pretende en autos (Dtos. 361/90, 243/15 y 970/15), fueron expresamente derogados por el Decreto 586/19 y una decisión que excediera tal límite estaría dando ultractividad a una norma derogada.- Asimismo, no se puede soslayar que si bien el Decreto 586/19 y su reglamentación por Resolución 607/19 han reformulado la forma de liquidar los suplementos en cuestión por «Título Académico» y «S.A.S.», tales rubros se ven reflejados en las liquidaciones de haberes del actor según los recibos de sueldos acompañados. No obstante, en ninguno de los recibos se evidencia el importante perjuicio confiscatorio denunciado en el escrito introductorio, toda vez que de los totales de los haberes brutos surge que el percibido por el mes de septiembre resulta superior.

Razón por la cual, consideramos que no se encuentra acreditada en autos la verosimilitud del derecho invocado por el accionante.- Ello así, en tanto que de la reseña de la normativa vigente efectuada «supra» surge la presunción de legitimidad de que gozan dichos actos administrativos (art. 12 Ley 19.549) dictados en ejercicio de la facultad propia del Poder Ejecutivo de fijar las escalas salariales, y por ende, la falta del requisito de verosimilitud del derecho que trae aparejada la imposibilidad de acceder a la medida cautelar en los términos en que fue requerida por la parte actora, y en este punto el agravio en análisis debe desestimarse.

IV- Las consideraciones efectuadas y las constancias arrimadas a la causa nos eximen de un mayor análisis en este limitado contexto de evaluación.En tales condiciones, consideramos que no se halla acreditado el peligro en la demora desde que, al encontrarse el accionante percibiendo un salario de mayor cuantía que el del mes de agosto de 2019 (más allá de la consideración en especial que sobre el S.A.S. y el Suplemento particular por Título Académico se haga al dictarse sentencia definitiva), por aplicación de la Resolución 607/19, no se advierte que los derechos invocados en relación a los referidos rubros pudieran tornarse ilusorios durante el tiempo que transcurra hasta el dictado de la sentencia de mérito, en el caso de que se estimare viable la acción iniciada a su respecto.- V- Por las razones de hecho y de derecho desarrolladas en los considerandos precedentes en relación a la normativa vigente (Dto. 586/19 y Res. 607/19) que resultan aplicables al «sub lite» corresponde revocar la resolución de primera instancia, difiriéndose la imposición de costas y la regulación de honorarios para cuando concluya el principal (esta Cámara en Fallos T XXVI, Fº 11.903; T. XXVIII, Fº 13.513; T XLVIII, Fº 22.654, entre otros).

Por lo que resulta del Acuerdo que antecede, SE RESUELVE:

I.- HACER LUGAR al recurso interpuesto por el Estado Nacional en fecha 29/04/2022, y en consecuencia, REVOCAR la resolución de fecha 01/02/2022, desestimando la cautelar incoada.- II.- DIFERIR la imposición de costas y la regulación de honorarios profesionales para cuando concluya la causa principal.- III.- COMUNICAR al Centro de Información Judicial, dependiente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (conforme Acordada Nº 5/2019 de ese Tribunal.- IV.- Regístrese, notifíquese y devuélvase.-

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