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#Fallos La compra que nunca llegó: Procede demanda contra una empresa vendedora de electrodomésticos, por no haber cumplido con la entrega de los productos por ‘falta de stock’, y por no haber atendido los reclamos de los compradores

Partes: C. M. C. y U. I. c/ Cetrogar S.A. s/ juicio sumarísimo

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Resistencia

Sala / Juzgado / Circunscripción / Nominación:

Fecha: 7 de septiembre de 2022

Colección: Fallos

Cita: MJ-JU-M-138281-AR||MJJ138281

Voces: PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR – DAÑOS Y PERJUICIOS – COMPRAVENTA – CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN – DAÑO MORAL – DAÑO PUNITIVO

Procedencia de una demanda de daños -incluido el daño punitivo- contra una empresa que vende electrodomésticos, por no haber cumplido con la entrega por ‘falta de stock’ y por haber actuado desinteresadamente frente a los reclamos de los compradores.

Sumario:
1.-Es procedente la demanda de daños, ya que los actores cumplieron con todas las obligaciones a su cargo y el producto no fue entregado; la obligación de entregar el bien objeto del contrato tiene fundamento legal y consensual, y es consecuencia clara de los principios de conservación y protección de la confianza que regulan los arts. 1066 y 1067 del CCivCom..

2.-La empresa demandada no acreditó las circunstancias alegadas para sustraerse de la responsabilidad que se le imputa -falta de entrega del bien adquirido-, quien, a pesar de encontrarse en mejores condiciones para hacerlo, no logró demostrar que la modificación del lugar de entrega del bien se debió a la actitud asumida por los accionantes, como lo alegara.

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3.-En el derecho de consumo, cuando un proveedor incumple las prestaciones a que se encontraban comprometidos, generan una frustración del contrato que se traduce en el fin del vínculo consumeril, lo cual lógicamente genera un daño que debe ser resarcido; en efecto, lesionan la confianza depositada y los sentimientos y afectos del consumidor o usuario, quedando claramente tipificado así el daño moral, que no requiere prueba de su existencia.

4.-Es procedente la indemnización del daño punitivo, dado que ha quedado demostrado por parte de la demandada una permanente falta de respuestas y desentendimiento de los reclamos denunciados, por un extenso lapso de tiempo.

5.-Pese a los reclamos efectuados por los actores, la empresa demandada persistió en su actitud renuente de destrato, incumpliendo los deberes a su cargo al no dar respuesta oportuna y satisfactoria al reclamo del consumidor; transgrediendo también las disposiciones de la Ley 24.240 violando el deber de trato digno, el deber de información, al no poner en conocimiento en momento alguno cual era el inconveniente que impedía finalizar el proceso de entrega de la mercadería.

6.-Corresponde otorgar a los actores la indemnización del daño punitivo, ya que ha quedado demostrada la actitud desaprensiva de la empresa, con evidente falta de colaboración, al no haber aportado prueba alguna, tendiente a acreditar el cumplimiento de su obligación en lugar, tiempo y forma, o que al menos haya intentado hacerlo.

Fallo:
Resistencia, 07 de Septiembre de 2022.

Y VISTOS:

Estos caratulados: «C., M. C. Y U., I. C/ CETROGAR S.A. S/ JUICIO SUMARISIMO», EXPTE. Nº 1.717 AÑO: 2.021-1-C, venidos del Juzgado Civil y Comercial de la Séptima Nominación de esta ciudad, y CONSIDERANDO:

I.- Que acceden los autos a este tribunal de Alzada en virtud del recurso de apelación interpuesto y fundado en fecha 05/04/22 por la parte demandada -Cetrogar S.A.- contra la sentencia del 01/04/22. Concedido en relación y con efecto no suspensivo el 13/04/22 y, corrido traslado de la expresión de agravios, el mismo es evacuado por la contraria el 18/04/22. Elevadas las actuaciones a la Alzada, son recibidas el 11/05/22 y radicadas en esta Sala Tercera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial en fecha 16/05/2022. Atento la recusación formulada a la Dra. F. Andrea Bardiani para entender la causa, por Presidencia de la Cámara se integra la Sala con la Dra. Gladys Esther Zamora, notificándose ambas providencias a las partes automáticamente sin haber merecido objeciones. En fecha 09/06/22 dictamina la Sra. Fiscal de Cámara en lo Contencioso Administrativo y el 30/06/2022 se llama Autos. Asimismo, existiendo disidencia entre los integrantes de la Sala, el 17/08/22 se deja sin efecto el llamado a Autos, y en ese mismo acto las actuaciones pasan a Secretaría Administrativa. El 25/08/22 queda integrada la Sala con Sr.Juez Diego Gabriel Derewicki y, en fecha 31/08/22 se llama Autos, quedando la presente en condiciones de dictar sentencia.

II.- Del escrito recursivo surge que agravia a la apelante la sentencia de fecha 01/04/22 que hace lugar a la demanda de daños y perjuicios deducida por los actores y, en consecuencia declara rescindido el contrato de compraventa celebrado el día 09/04/2020.

En aras de fundar su postura, señala que la sentenciante de grado omitió considerar que las partes pactaron en forma expresa como domicilio y forma de retiro la sucursal de Cetrogar Resistencia -calle Juan Domingo Perón 201-.

Explica que la entrega del producto en el domicilio de los accionantes se debió a una cuestión de fuerza mayor, atento a la situación epidemiológica que afrontaba el país pero que dicha circunstancia no modificó los términos del contrato.

Que debe considerarse como ratificación de voluntad de cumplimiento y buena fe por parte de la empresa accionada, que no fue aceptada por los compradores so-pretexto de haber adquirido dos productos -heladera y tostadora-, rehusando esa recepción.

Alega que la prueba fehaciente del rechazo del ofrecimiento de entrega en el domicilio fue con el pretexto de que se había comprado también una tostadora, con retiro voluntario y personal de ésta última en la sucursal, pero no de la heladera.

Entiende que jamás se modificó -por propia decisión de los actores- el pacto expreso y consensuado del retiro del bien por la sucursal.

Se agravia de la falta de ponderación del Decreto Ley Nº 297/20 -ASPO- de fecha 19/03/2020 y sus sucesivas prórrogas, como así también el Decreto Nacional 260/2020.Que la falta de retiro del bien es por exclusiva voluntad y decisión de los accionantes.

Resalta que el electrodoméstico siempre estuvo disponible para su retiro y que no concurrieron a buscarlo, ni aceptaron las circunstancias excepcionales del período de cierre del establecimiento ni su recepción.

En relación a los rubros y montos condenados «2.022 – Año de la memoria en homenaje a trabajadores y trabajadoras esenciales y a fallecidos en contexto de la pandemia COVID19 – Ley 3473-A» sostiene, en primer lugar, que no procede el reintegro de gastos por la suma de $739 -que entiende innecesario-, ya que se encontraba disponible la comunicación gratuita vía internet, whatsapp y correos electrónicos.

Respecto al daño punitivo efectúa consideraciones atinentes a la multa civil condenada y, – básicamente- sostiene que debe existir una conducta especialmente reprochable, lo que -a su entender- no se verifica en el caso. Se agravia que se condene intereses con efecto retroactivo al 09/04/2020.

En cuanto al daño moral, remarca que al encontrarse denegado el rubro privación de uso -ante la inexistencia de toda prueba del daño-, deviene inadmisible el daño moral retroactivo a la fecha de la celebración del contrato. Asimismo, critica la indemnización fijada en la suma de $100.000.

Asevera que en la responsabilidad contractual el daño moral no se presume, que exige una prueba clara y categórica, carga que pesaba sobre los actores. Que la cuantificación pecuniaria fijada por el concepto pre citado es desmedida en relación al precio pactado en el contrato -heladera-, que a su criterio resulta un enriquecimiento sin causa a favor de los accionantes. Cita jurisprudencia en apoyo de su postura.

Se agravia por la condena en costas y solicita la aplicación del art.730 del CCyC.

Cuestiona los honorarios regulados a los letrados de la parte actora, por elevados.

Funda en derecho, efectúa reserva de cuestión federal y finaliza con petitorio de estilo.

Corrido el traslado de rigor, el mismo es contestado en fecha 18/04/2022 solicitando su rechazo, a cuyos términos nos remitimos en honor a la brevedad y los damos por reproducidos.

III.- Liminarmente y, no sólo por haberlo planteado la parte actora en su contestación de fecha 18/04/22, sino en ejercicio de las facultades propias de esta Alzada como Juez del recurso, corresponde considerar si el contenido del memorial de fecha 05/04/22 se ajusta a las exigencias formales del art. 270 del Código de rito en lo que atañe a las cualidades que debe revestir la crítica del fallo, de modo que quede habilitado el análisis sustancial de la materia sometida a revisión.

Siguiendo el criterio amplio adoptado por esta Sala Tercera, en anteriores pronunciamientos precisamente por la gravedad con que el art. 281 del ritual sanciona la deficiencia del memorial, que el mismo expresa la razón de la disconformidad de los recurrentes respecto de la sentencia en crisis. Reiteradamente, se ha sostenido que «la eficacia de los agravios no demanda un preciosismo extremo» (ésto es, el escrito recursivo no debe desmerecerse por insuficiente si llena su finalidad, aunque lo haga con estrechez o bordeando los límites técnicos tolerables), por lo que concluímos que el recurso en trato debe ser examinado.

IV.- Sentado lo que antecede, nos abocaremos a las quejas vertidas por la demandada respecto a la apreciación de la prueba efectuada por la sentenciante de grado y el marco normativo que entiende pertinente para la resolución del caso. Tal temperamento, impone revisar las constancias de autos y relacionarlas con la concreta actividad desplegada de acuerdo a lo preceptuado por el art. 367 del CPCC, 53 Ley 24.240 y modif. y arts.1094, 1095 y 1735 del CCyC.

Ante todo, resaltamos que el vínculo que existió entre los litigantes -relación de consumo expresamente reconocido por ellos, art. 3 LDC- consistió en la adquisición de una heladera con freezer Side By Side, marca Philco 580 litros PHSB530 XT, en el sitio web de la firma CETROGAR S.A. El contrato se efectuó el día 09/04/2020 (ver escrito postulatorio).

Dicha circunstancia -oferta a través del sitio web y aceptación por parte de los actores- implicó la celebración del contrato de compraventa en los términos del art. 1123 del Cód. Civ. y Com., en el que se identificó perfectamente el bien adquirido, el precio a pagar por el mismo y la modalidad de pago, particularidades que no se encuentran controvertidas.

Ahora bien, en prieta síntesis, rememoramos que la demandada aduce que se pactó en forma expresa como domicilio y forma de retiro del electrodoméstico: la sucursal de Cetrogar Resistencia -calle Juan Domingo Perón Nº 201-; que la entrega del producto en el domicilio de los accionantes se debió a la situación epidemiológica que afrontaba el país, no modificándose los términos del contrato, circunstancias que – a su entender- no fueron merituadas por la juez de grado. Cabe destacar que devienen insustanciales tales consideraciones, ello así toda vez que del análisis integral de la plataforma fáctica efectuada en la recurrida (documental reservada bajo sobre Nº 3136 y a la vista en este acto), dan cuenta tanto de la modificación del lugar de entrega de la heladera -con envío gratis- como la situación epidemiológica que azotaba al país.

En efecto, iniciada la relación consumeril entre las partes -09/04/20-, se remarcó que la empresa demandada remitió correo electrónico informando lo siguiente: «.Hola C. C.(.)Si realizaste una compra online te confirmaremos por email, dentro de los 10 días hábiles, cuando tu producto se encuentre disponible en la sucursal de Chaco, Juan D.Perón 201, Resistencia.».

Luego, se remarcó que en fecha 17/04/20 la accionada reconoce la demora en la recepción del producto y, con el objetivo de brindarles una solución les ofreció entregar su pedido sin cargo en el domicilio, enviándoles un correo electrónico con los detalles de la propuesta; oportunidad en que los accionantes requirieron información respecto a cuál de los producto se referían.

Es más, el 24/04/20 los actores se comunicaron vía whatsapp para informar que se remitió correo electrónico en relación a los pedidos efectuados, sin recibir respuesta alguna.

Así, el 07/05/20 la empresa demandada nuevamente les remite correo electrónico ofreciéndoles el envío a su domicilio sin cargo, debiendo completar un formulario – https://www.cetrogar.com.ar/covid19-envio (conf. Dec. Ley Nro. 297/20 ASPO y Dec. Nacional 260/20). En aquella oportunidad, los actores alegaron que el mismo fue rellenado, sin respuesta alguna.

Incluso, se visualiza que en fechas 02/07/20, 06/07/20 y 22/07/20 recepcionaron mails de la dirección newslatter@cetrogar.com.ar, mediante los cuales se les informaba que el producto se encontraba disponible en la sucursal contratada para su r etiro; lo que luego fue desvirtuado por un correo de FE DE ERRATAS informándose que se debió a un error de plataforma.

Junto a esto, se ponderó que de las comunicaciones telefónicas -vía whatsapp- se observan una serie de reclamos en los cuales la empresa reconoce que en fecha 03/08/20 el producto se encontraba disponible y que tenían fletes gratis; que debían acercarse a la sucursal a corroborar datos de envío.

Tan es así que los accionantes -de acuerdo a lo sostenido en su escrito postulatorio- manifestaron que al concurrir a la sucursal de la empresa, se les informó que todo lo vinculado a ventas online debían canalizarse por internet, no obrando en autos pruebas que acrediten lo contrario.

Abunda, cuando se recalca que en fecha 25/01/21 remiten un nuevo correo electrónico a la empresa, afin de que se les informe la situación de la heladera adquirida en el mes de abril/2020 por su parte, sin respuestas.

A todo esto, en fecha 09/02/21 remiten CD Nº E 3328745-1 intimándolos a la entrega del electrodoméstico, bajo apercibimiento de iniciar acciones legales.

Y, contrariamente a lo sostenido por la apelante en su líbelo recursivo, el correo electrónico de fecha 19/02/21 informa que el producto no se encuentra en stock y el remitido el 01/03/21 -casilla ventaonline@cetrogar.com.ar-, les hace saber que su caso fue tomado y que se encuentran trabajando con el área correspondiente.

Por todo lo dicho, no caben dudas que la sentenciante de grado analizó correctamente el material probatorio recolectado en la causa, donde se advierten las dilaciones e incomodidades innecesarias que han padecido los accionantes y, sobre la base de ello, es que consideró a los demandantes merecedores del resarcimiento pretendido a raíz del incumplimiento contractual -solución que compartimos-, ya que los actores cumplieron con todas las obligaciones a su cargo y el producto no fue entregado.

La obligación de entregar el bien objeto del contrato tiene fundamento legal y consensual, y es consecuencia clara de los principios de conservación y protección de la confianza que regulan los arts. 1066 y 1067 del mismo cuerpo normativo.

Más aún, los consumidores no pudieron ni siquiera hacer uso de lo estipulado por el art. 1.110 del CCyC -art.34 LDC-, que brinda la posibilidad a los adquirentes que dentro de los diez días de recibida la mercadería, pueda revocar la decisión de compra, habida cuenta que nunca les fue entregado el bien mueble adquirido, por falta de stock.

Por cierto, no es un dato menor subrayar que en oportunidad de celebrarse el contrato, la empresa ofertaba productos con retiro de la sucursal, cuando era de público y notorio conocimiento las restricciones a la libre circulación -ASPO- vigentes en aquella fecha -abril/20-, sumado a que tal actividad no revestía el carácter de esencial.

Entonces, resulta claro que Cetrogar S.A. no acreditó las circunstancias alegadas para sustraerse de la responsabilidad que se le imputa, quien a pesar de encontrarse en mejores condiciones para hacerlo, no logró demostrar que la modificación del lugar de entrega del bien se debió a la actitud asumida por los accionantes, como lo alegara. Por contraste, fue la propia apelante quién brindó la opción de hacer entregar el bien en el domicilio de los consumidores sin costo alguno, lo que fue aceptado por los mismos, tal se destaca supra.

Corolario de ello, demostradas las infracciones a la LDC (arts. 4, 8 bis y concs.) y el código de fondo (arts. 1097 y 1100), y no habiéndose probado alguna eximente que la exonere de responsabilidad, corresponde desestimar el recurso incoado por la accionada -Cetrogar S.A.- y en consecuencia, confirmar esta parcela de la sentencia en crisis. a) Reintegro de gastos:

Por el presente ítem, la magistrada de grado otorgó la suma $739 -gastos de envío de carta documento. Ahora bien, del análisis supra efectuado, surge prístino que tras los infructuosos resultados para obtener la información requerida -respecto a la falta de cumplimiento injustificado de la accionada- a través de las plataforma electrónicas disponibles a su alcance, es claro que los actores se vieron en la obligación acudir a la intimación por vía de carta documento.De allí que las críticas al respecto resultan insuficientes para lograr descalificar la justicia de procedencia del rubro, por lo que se desestima la queja en trato. b) Daño Moral:

Los accionantes peticionaron la suma de $400.000, en tanto que la sentenciante otorgó la suma de $100.000, lo que motivara las quejas de la condenada.

Es preciso destacar, que en el derecho de consumo, cuando por hecho/s notorio/s o aparente/s una empresa o personas expendedoras de bienes o servicios, incumplen las prestaciones a que se encontraban comprometidos, generan una frustración del contrato que se traduce en el fin del vínculo consumeril -tal el caso en estudio-, lo cual lógicamente genera un daño que debe ser resarcido. En efecto, lesionan la confianza depositada -en situaciones como las que se describen y los sentimientos y afectos del consumidor o usuario, quedando claramente tipificado así el daño moral, que no requiere prueba de su existencia.

Obviamente se presumen las molestias, incomodidades, padecimientos, aflicciones sufridos por el actor consumidor (arts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 8 bis, 10 bis, 13, 17, 18, 37, 38, 40 y concs. L.D.C.; art. 1741 y concs. CCyC).

Ello por cuanto, donde existe una relación de consumo, hay una presunción invencible que, considerando la debilidad del consumidor o usuario -favor debilis-, admite que en casos de duda se aplique la interpretación más favorable para el afectado; lo que resulta conteste con la flexibilización de la carga probatoria consagrada en el art. 53 párrafo tercero de la Ley Nº 24.240.

Atento los lineamientos vertidos, estamos persuadidas que la admisión del rubro no constituye un enriquecimiento sin causa -como lo entiende la apelante-, pues aún en el supuesto de una cuantía relativamente reducida que tenga el bien del que derivan los daños, el incumplimiento del mismo ocasiona una auténtica situación de angustia, desazón, desesperanza para el afectado ante la falta de respuesta oportuna y eficaz.Todo ello en consonancia con el principio de «Reparación Integral» y los derechos emergentes del bloque consumeril (arts. 42, 43 CN), de neto corte constitucional y convencional (Ley Nº 27.360).

De las constancias de autos ya relatadas de modo minucioso y preciso, observamos que tanto la Sra. C. C. como el Sr. I. U. han efectuado diversos reclamos a Cetrogar S.A, por lo que deben hacerse extensivas las consideraciones efectuadas precedentemente, toda vez que la cuestión relativa al incumplimiento en cabeza de la proveedora demandada en autos ha quedado -a esta altura del análisis- absolutamente despejada, como así también la conducta asumida por aquella, quienes luego de haber traicionado su confianza les dispensaron un trato indigno, haciéndole sentir el desconocimiento de sus derechos, forzándolos remitir un sinnúmero de mensajes vía mails y whatsapp, incluso la carta documento para luego acudir y transitar la vía judicial a fin de encontrar satisfacción a sus requerimientos y molestias.

En consecuencia, no resulta atendible la quejas relativas al presente ítem, ya que los actores se vieron envueltos en un largo peregrinar sin éxito, quedando evidente que la negativa reiterada e inexplicable a cumplir con lo pactado no tiene justificación, y sin duda se traduce en una modificación disvaliosa del espíritu que posee virtualidad suficiente para dar lugar a la reparación en examen, ya que trasciende la normal adversidad que puede darse frente a contingencias ordinarias en materia contractual, por lo que el agravio en este sentido debe ser rechazado.

Daño Punitivo:

La parte demandada desplegando un esfuerzo argumental, a partir de diversas consideraciones sobre la naturaleza jurídica y ponderación de las circunstancias efectivamente suscitadas en autos, entiende concretamente que no se reúnen los presupuestos para la procedencia del rubro del epígrafe.

Al respecto, cabe recordar que la referida figura es una sanción que se impone al infractor de una norma civil, aplicable en casos de conductas dolosas que exhiben un desprecio por los derechos del consumidor-víctima.Tiene una finalidad ejemplificativa a efectos de prevenir futuras acciones semejantes.

En otras palabras, consiste en adicionar al dañador un «plus» de condena pecuniaria sancionando su grave inconducta. Tiene carácter esencialmente sancionatorio y disuasivo, autónoma de la indemnización, cuya cuantificación y destino debe resultar de la ley, respetando los principios de razonabilidad y legalidad, la cual rige en caso de daños graves causados con culpa grave o dolo, a contrario sensu de lo sostenido por la demandada.

Es que el derecho de daños ya no se conforma con la reparación de aquellos injustamente causados, sino que va más allá, y donde le es factible, busca la propia evitación del perjuicio, por ello la responsabilidad civil ha sido ampliada, dando cabida a instituciones que exceden la mera reparación de los perjuicios.

Si bien es cierto que ha sido criticado el alcance amplio con el que fue legislada la multa civil, en cuanto alude a cualquier incumplimiento legal o contractual, existe consenso dominante en el derecho comparado en el sentido de que las indemnizaciones o daños punitivos sólo proceden en supuestos de particular gravedad, calificados por el dolo o la culpa grave del sancionado o por la obtención de enriquecimientos indebidos derivados del ilícito o, en casos excepcionales, por un abuso de posición de poder, particularmente cuando ella evidencia menosprecio grave por derechos individuales o de incidencia colectiva (Stiglitz, Rubén S. y Pizarro, Ramón D., ob.cit.).

Incluso, mucho se ha dicho respecto a las notas típicas, requisitos o presupuestos de procedencia, lo que si queda claro es que no basta con la conducta del mero incumplimiento de las obligaciones legales, pero nos remitimos a las notas dadas por Pizarro:»a) la gravedad de la falta, b) la situación particular del dañador, especialmente en lo atinente a su fortuna personal, c) los beneficios procurados u obtenidos con el ilícito, d) la posición de mercado o de mayor poder del punido, e) el carácter antisocial de la inconducta, f) la finalidad disuasiva futura perseguida, g) la actitud ulterior del demandado, una vez descubierta su falta, h) el número y nivel de empleados comprometidos en la inconducta de mercado, i) los sentimientos heridos de la víctima.» (PIZARRO, Daniel Ramón, Daños punitivos, en: Derecho de Daños, Homenaje al Profesor Félix Trigo Represas, La Roca, Buenos Aires, 1.993, p. 283.).

Al respecto, la Sala Civil, Comercial y Laboral del Alto Tribunal local, ha resuelto que «.La pena privada está estrechamente asociada a la idea de prevención de ciertos daños, y también a la punición y al pleno desmantelamiento de los efectos de ilícitos que, por su gravedad o por sus consecuencias, requieren algo más que la mera indemnización resarcitoria de los perjuicios causados» (Stiglitz, Rubén S. y Pizarro, Ramón D., «Reformas a la ley de defensa del consumidor», LL 2009-B-949) (Extraído de STJ del Chaco in re: «BEAUVAIS, MARIA ESTHER C/ HSBC BANK ARGENTINA S.A. SUCURSAL RESISTENCIA S/ DAÑO Y PERJUICIOS Y DAÑO MORAL», Nº 1663/12-1-C, Sentencia Nº 87 del 23/03/2.016).

Los argumentos vertidos resultan aplicables al sub-júdice, toda vez que se ha determinado la inconducta de la empresa -Cetrogar S.A.- en el caso concreto, ya que ha quedado demostrado una permanente falta de respuestas y desentendimiento de los reclamos denunciados, por un extenso lapso de tiempo.

Es decir que, sin dudas, se han violado los deberes de información y trato digno, amparados por los arts. 4º y 8º bis de la Ley Nº 24.240, además de las infracciones a los derechos humanos que custodian la dignidad humana y el «favor debilis» (conf.leyes supra citadas).

A ello se suma el hecho de que pese a los reclamos efectuados por los actores, la empresa demandada persistió en su actitud renuente de destrato, incumpliendo los deberes a su cargo al no dar respuesta oportuna y satisfactoria al reclamo del consumidor; transgrediendo también las disposiciones de la Ley N° 24.240 violando el deber de trato digno (art. 8 bis de dicho cuerpo legal) el deber de información (art. 4) al no poner en conocimiento en momento alguno cual era el inconveniente que impedía (a su juicio) finalizar el proceso de entrega de la mercadería.

Es decir que no cumplió ni solucionó en tiempo y forma los inconvenientes ocasionados al consumidor, quien se vió obligado a acudir a sede judicial para obtener la solución a la dificultosa situación.

Lo reseñado pone de manifiesto el destrato que sufrió la parte actora y la irreverente e irrespetuosa conducta de la empresa demandada (elemento subjetivo) la que en ningún momento procuró compensar o atemperar las molestias causadas. La plataforma fáctica relatada justifica debidamente la procedencia de la sanción punitiva.

Expuesto el marco jurídico que gira en torno al presente instituto y reconocida su procedencia en el supuesto de marras, estimamos prudente efectuar -de acuerdo al tenor de los agravios vertidos- las siguientes consideraciones.

La sentenciante cuantificó el rubro en examen conforme las atribuciones conferidas por el art.181 del C.P.C.C., en la suma de $200.000, que es criticado sin mayores fundamentos ante esta Alzada.

Sin embargo, observamos que además de los antecedentes citados en forma precisa por la sentenciante -que compartimos-, ha quedado demostrada la actitud desaprensiva de la empresa, con evidente falta de colaboración, al no haber aportado prueba alguna, tendiente a acreditar el cumplimiento de su obligación en lugar, tiempo y forma, o que al menos haya intentado hacerlo.

Por su parte, la Magistrada de grado ha ponderado cada una de las circunstancias padecidas por los actores, como así también la conducta dilatoria, negligente y abusiva de Cetrogar S.A., resultando la suma otorgada por el presente ítem, ajustada a derecho y, siendo que la apelante solo demuestra una disconformidad con el modo de valorar la prueba aportada, pero sin incidencia como para rebatir sus conclusiones, estamos convencidas de que corresponde confirmar la presente parcela del fallo.

d) Imposición de costas:

Con respecto al planteo esgrimido en este aspecto, los mismos son inaudibles. Es que el art. 83 del ritual cimenta la condena en costas en el hecho objetivo de la derrota y en consecuencia, la liberación de las mismas depende en todo caso del conjunto de circunstancias de hecho que rodean a cada pleito, siendo la exención prevista en el párrafo segundo del citado dispositivo de interpretación restrictiva; que no es el caso.

Más aún, como ha quedado expuesto en los párrafos precedentes, las circunstancias fácticas y jurídicas que demuestran el obrar de la demandada con su consecuente responsabilidad en el presente caso, por lo que corresponde confirmar también este aspecto de la recurrida. d) Intereses: El presente ítem se encuentra íntimamente relacionado con los rubros supra desarrollados (daño moral y punitivo). Al respecto, cuadra rememorar que la sentencia de grado estableció como inicio del cómputo para los réditos la fecha del evento -09/04/2020- y hasta su total cancelación.Ello fue motivo de quejas por la accionada.

En cuanto al primero de ellos, en relación al momento desde el cual deben correr los aludidos accesorios, es criterio sentado por esta Sala Tercera que los intereses deben liquidarse desde la fecha del evento dañoso, a los fines de la reparación integral reconocida por jurisprudencia de la Corte Suprema plasmada en el art. 1.748 del nuevo Código Civil y Comercial y por ésta Sala en Sentencia Nº 33 del 19/04/2.001 – Expte. Nº 1.234 año 2.009-1-C-, donde se ha fijado el cómputo de intereses a partir de la fecha del evento dañoso, entre otros (véase Sent. Nº 90 en Expte. Nº 1.234/09, de esta Sala III-, con distinta integración).

Como ya lo señaláramos, la empresa ofertaba productos con retiro de la sucursal cuando era de público y notorio conocimiento las restricciones a la libre circulación -ASPO- vigentes en aquella fecha -celebración del contrato abril/20-, ya que tal actividad no revestía el carácter de esencial. Asimismo, las misivas remitidas por las partes – debidamente detallados- justifican sobradamente la falta de entrega por la demandada, en el domicilio de los accionantes del producto adquirido. Por lo cual, corresponde confirmar éste punto de la sentencia.

En relación al daño punitivo, ante todo y siguiendo los lineamientos sostenidos en las Resoluciones N° 123 de fecha 04/06/20 (Expte. N° 12331/16-1-C de esta Sala III) y N° 376 de fecha 12/08/19 (Expte.N° 3437/13-1-C de la Sala IV de esta CACC), somos de la opinión en cuanto no corresponde liquidarlos desde la fecha estipulada por la sentenciante de grado -es decir desde la inconducta contractual-, sino a partir del incumplimiento de su pago, para el supuesto en que éste tuviera lugar luego de la firmeza de la presente sentencia.

Es que el daño punitivo -como ya se lo caracterizara precedentemente- consiste en un adicional que puede concederse al perjudicado por encima de la indemnización de los daños y perjuicios que pudiera corresponder, apreciándose su propósito meramente sancionatorio inspirado en el common law.

Asimismo, la jurisprudencia nacional ha señalado que: «.No puede ser otra la solución en tanto la imposición del art. 52 bis de la LDC no resulta una indemnización ni tiene por objeto mantener la indemnidad de la víctima, encontrándose vinculada a la idea de prevención de daños futuros (cfr. Vázquez Ferreyra, Roberto, «La naturaleza jurídica de los daños punitivos», en Daño punitivo, Rev. de Dcho. de Daños, 2011-2, Rubinzal-Culzoni, p. 104 y ss.)(Conf. Cám. 1a Apel. Civ. y Com. de San Nicolás; «Asociación Nicoleña Antipoliomielítica y de Rehabilitación del Lisiado c. Telecom Argentina SA s/ daños y perjuicios», 12/06/2018; Cita Online: AR/JUR/22564/2018; en Sent. Nº 138 del 23/06/2020, Expte. Nº 9584/18-1-C esta Sala, confirmada por Sent. Nº 15/21 de fecha 26/02/2021 STJCh).

Consecuentemente, corresponde modificar esta parcela en trato, con lo cual el «daño punitivo» devengará intereses a tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta (30) días del Banco de la Nación Argentina, desde que quede firme la presente condena y hasta su efectivo pago (conf. Sent. Nº 138 del 26/06/2020 y Sent. Nº 92 del 09/05/22 – Sala III de la CACC). ASI VOTO.

LA DRA.GLADYS ESTHER ZAMORA DIJO:

Disiento con mi colega preopinante específicamente en lo que atañe a la fecha de inicio del cómputo de intereses del daño punitivo condenado.

Es que si bien es cierto que una postura pregona que por la falta de iliquidez los intereses corren a partir de la fecha del vencimiento del plazo fijado por la sentencia, la mayoría sostiene que la «falta de liquidez no impide la configuración de la situación jurídica de mora del deudor porque no es exigible normativamente la liquidez para la constitución en mora, y también la deuda ilíquida es apta para generar la mora del deudor, pues solo se requiere respecto de ella que llegue a liquidarse ulteriormente. Además, se evita que el deudor pueda enriquecerse indebidamente a expensas del acreedor, invocando la mentada iliquidez» (Molina Sandoval, Carlos A. – Pizarro, Ramón D. «Los daños punitivos en el derecho argentino» DCCyE 2010 (septiembre), 01/09/2010, 65, Cita Online: AR/DOC/5372/2010). Estos autores propician que se compute como fecha de arranque la de la demanda en la que el actor hace valer sus der echos. En parecido sentido una postura se inclina por la fecha del primer requerimiento (en el caso por carta documento: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala F, 23/02/2017, «Palazzo Mauro y otros c.Peugeot Citröen Argentina SA y otros s/ ordinario», en MJJ108773).

Sin embargo a mi juicio, y según postura de la Sala que integro, cabe acudir al criterio general, aplicable al resarcimiento de daños, de que los intereses se devengan a partir de la fecha de ocurrencia del hecho, que es a partir de la cual se produjeron los efectos nocivos del acontecimiento que origina la condenación pecuniaria disuasiva.

Digo así porque en las obligaciones de dar sumas de dinero como consecuencia de un hecho ilícito -u obligación de indemnizar el daño injustamente sufrido por el demandante- la mora se produce automáticamente con el acaecimiento del hecho dañoso o bien, con la aparición de las consecuencias dañosas del evento cuando no coinciden ambas circunstancias. (Res. Nº 246 de fecha 08/07/2021 en el expediente Nº 6380/15-1-C).

El fundamento de esta tesitura reside en el principio de reparación integral -que tiene jerarquía constitucional en nuestro sistema jurídico- y que orienta la conducta del sindicado como responsable hacia la finalidad de colocar a la víctima en la misma condición en que se encontraba antes del hecho dañoso, indemnizando todos y cada uno de los menoscabos sufridos en relación causal adecuada, desde el instante en que se verifican (Busso, Eduardo B., Código Civil comentado, nº 255, pág 322, t. IV, Ediar, Buenos Aires, 1951).

En esta senda, tiene dicho la Corte Federal que: «El interés moratorio encuentra justificación en la mora del deudor que retiene en forma indebida una suma de dinero que corresponde al acreedor; es decir, no tiene como función compensar la depreciación monetaria, la inflación ni la devaluación de la moneda, sino fundamentalmente sancionar la actitud del deudor, funcionando como indemnización en favor del acreedor a causa de tal comportamiento» (Fallos:340:141). Si el damnificado debe recurrir a los tribunales para hacer valer la responsabilidad civil del autor del hecho, y la sentencia que la admite liquida los perjuicios teniendo en cuenta valores de una fecha posterior al estado de mora del responsable, conforme el principio antes enunciado, esta circunstancia en nada incide en el devengamiento paulatino de los intereses hasta ese momento o su curso inicial.

En otro términos, encontrándose en mora el responsable al momento del dictado de la sentencia definitiva que lo condena al pago de los daños y perjuicios, éstos comprenden los intereses moratorios que corren desde la fecha en que cada detrimento tuvo existencia.

Como consecuencia de lo expuesto, propongo confirmar la sentencia apelada. ASI VOTO.

EL SR. JUEZ DIEGO GABRIEL DEREWICKI DIJO:

Llamado a dirimir la disidencia planteada entre las colegas preopinantes, adhiero a la posición sustentada por la Dra. María Teresa Varela, por ser la que en mi opinión, se ajusta al criterio legal y jurisprudencial prevaleciente.

Es dable señalar al efecto, en orden a los intereses del daño punitivo, que existen diferentes tesituras en la doctrina atinentes al punto de inicio para el cálculo de los mismos.

Siguiendo los lineamientos sostenidos en la Sentencia Nº 376/19 (Expte. Nº 3437/13-1-C Sala IV de esta CACC, entre otras), entiendo que corresponde admitir la vía recursiva articulada por la demandada sobre esta cuestión, en tanto no corresponde liquidarlos desde la fecha indicada en el pronunciamiento que ha venido en apelación, sino a partir del incumplimiento de su pago, para el supuesto en que éste tuviera lugar luego de la firmeza de la presente sentencia. Ello así toda vez que la prevención que plasman los daños punitivos se edifica en gran medida sobre la idea de sanción. Es justamente la entidad y envergadura de la sanción (que debe ponderar múltiples aspectos a la hora de su aplicación) la que plasma el mensaje preventivo (ver CCCom. de Morón, 10-9-2020, «García, Hernán Federico c/ Frávega SACIEI», L. L.del 29-10-2020; RC J 5733/20)(Conf. Mosset Iturraspe (Dir.) – Lorenzetti (Dir.) – Pizarro Ramón Daniel, «Cuantificación de Del Daño – II Revista de Derecho de Daños», Doctrina y Jurisprudencia, Ed. Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2021, p. 152).

Del mismo modo, el quid de la cuantificación del daño punitivo radica en una cantidad encuadrable en el concepto de sanción con función estrictamente preventiva que no sea inferior ni superior a la suma necesaria para generar incentivos económicos suficientes en el infractor como para disuadirlo de incurrir en conductas análogas (Conf. Mosset Iturraspe (Dir.) – Lorenzetti (Dir.) – Irigoyen Testa Matías, ob. cit. p. 185).

Así, los réditos no podrían comenzar a calcularse desde el acaecimiento del hecho productor del daño, como está plasmado en el ordenamiento fondal para la producción de cada perjuicio (art. 1748 CCC); porque para el caso del daño punitivo (más allá de su terminología) es la sentencia la que impone la sanción (constitutiva) y no existe mora sino a partir de su incumplimiento.

Por consiguiente, como ya lo adelantara, la solución propiciada en cuanto a que los accesorios del daño punitivo deben correr a partir de la firmeza de la sentencia que así lo declare, me llevan a adherir a la posición de la Juez de primer voto. ASI VOTO

LAS DRAS. MARIA TERESA VARELA Y GLADYS ESTHER ZAMORA DIJERON:

Atento la forma en que se ha resuelto la disidencia suscitada en autos corresponde MODIFICAR el punto I) del pronunciamiento recurrido respecto al cómputo de intereses correspondientes al daño punitivo, que devengará réditos a tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta (30) días del Banco de la Nación Argentina desde que quede firme la presente condena y hasta su efectivo pago.

ADECUACION DE COSTAS Y HONORARIOS DE PRIMERA INSTANCIA:

Habiendo variado la solución del litigio, de conformidad a la disposición del art. 298 del ritual, corresponde adecuar las costas y los honorarios de Primera Instancia al nuevo pronunciamiento.Por tal motivo, no corresponde considerar los agravios seguidos contra los honorarios regulados, toda vez que han devenido abstractos.

En cuanto a las primeras, subsistiendo en la demandada la calidad de vencida, las mismas se mantienen cargo de esta última (art. 83 del C.P.C.C.), desde que la sola circunstancia de que el éxito de la demanda sea parcial no le quita tal calidad; máxime teniendo en cuenta que sólo se trata de la fecha de computo de intereses del daño punitivo y el de reparación integral (art. 19 CN).

En cuanto a los emolumentos de los profesionales intervinientes, deberán ser fijados atendiendo a las pautas de los arts. 3º, 5º (16%), 6º (40%), 7º (70%) y 10 de la Ley arancelaria vigente, tomando como base la suma por la que procede el presente ($390.738) y sus intereses de la siguiente manera: $739 (reintegro de gastos) desde la fecha de su remisión -09/02/2021-, $100.000 (daño moral) desde la fecha del evento -09/04/2020- y $200.000 (daño punitivo) -Caja Forense Entre Ríos (06/09/22)-, arrojando una suma de $402.521,71 ($739 + int. gastos $533,13 + $100.000 + int. daño moral $101.249,58 + $200.000 daño punitivo); todo ello, al sólo efecto regulatorio.

En tal cometido y valorando la labor cumplida por los profesionales intervinientes en la causa, mérito, extensión, eficacia y resultado obtenido, así como el carácter y etapa en que actuaron, propicio que se fijen de la siguiente manera: para la Dra. E. E. V. en la suma de $32.202 como patrocinante; para el Dr. N. I. U. en LA suma de $32.202 y $25.761 como patrocinante y apoderado respectivamente; para la Dra. C. J. de K. en la suma de $45.082 y $18.033 como patrocinante y apoderado respectivamente. Todo con más I.V.A. si correspondiere.

COSTAS Y HONORARIOS DE ALZADA:

Atento al resultado del recurso en trato, y no habiendo variado en lo sustancial la sentencia cuestionada, las costas se imponen a la demandada vencida (art.83 del CPCC).

En cuanto a los honorarios profesionales, deberán ser fijados atendiendo a las mismas pautas establecidas en la instancia anterior, en función del art. 11 (50%) de la Ley 288-C.

En dicha tarea, ponderando la labor cumplida por los profesionales intervinientes en esta Alzada, en atención al mérito, eficacia y resultado obtenido, así como el carácter en que actuaron, se fijen de la siguiente manera: para la Dra. E. E. V. en la suma de $16.101 como patrocinante; para el Dr. N. I. U. en la suma de $16.101 y $12.881 como patrocinante y apoderado respectivamente; para la Dra. C. J. de K. en las sumas de $22.541 y $9.016 como patrocinante y apoderado respectivamente. Todo con más I.V.A. si correspondiere.

Por todo ello, la Sala Tercera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, con la integración dispuesta en autos, R E S U E L V E:

I.- MODIFICAR el pto. I) de la sentencia dictada en fecha 01/04/2022, en cuanto al ítem «daño punitivo», debiendo computarse los intereses condenados desde la fecha dispuesta en el Acuerdo que antecede.

II.- IMPONER las costas de ambas instancias a la demandada vencida.

III.- ADECUAR los honorarios profesionales de Primera Instancia como sigue: para la Dra. E. E. V. en la suma de PESOS.($.) como patrocinante. Para el Dr. N. I. U. en las sumas de PESOS.($.) y PESOS.($.) como patrocinante y apoderado respectivamente. Para la Dra. C. J. de K. en las sumas de PESOS .($.) y PESOS .($.) como patrocinante y apoderada respectivamente. Todo con más I.V.A. si correspondiere. Notifíquese a Caja Forense y cúmplase con los aportes de ley.

IV.- REGULAR los emolumentos de Alzada para la Dra. E. E. V. en la suma de PESOS.($.) como patrocinante. Para el Dr. N.

I. U. en la suma de PESOS. ($.) y PESOS.($.) como patrocinante y apoderado respectiv amente. Para la Dra. C. J. de K. en las sumas de PESOS .($.) y PESOS.($.) como patrocinante y apoderada respectivamente. Todo con más I.V.A. si correspondiere. Notifíquese a Caja Forense y cúmplase con los aportes de ley.

IV.- NOTIFIQUESE, regístrese, protocolícese y oportunamente vuelvan los autos al Juzgado de origen.

Dra. Gladys Esther Zamora

Dra. María Teresa Varela

Juez Sala Tercera

Diego Gabriel Derewicki

Juez

Sala Tercera Cámara de Apelaciones Civil y Comercial

 

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