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#Fallos Revise donde paga: El depósito de la indemnización por muerte del trabajador, efectuado en la cuenta sueldo de éste, carece de efectos cancelatorios de la obligación del empleador

Partes: C. E. H. c/ Instituto River Plate (Asociación Civil) y otro s/ Indemnización por fallecimiento

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala / Juzgado / Circunscripción / Nominación: II

Fecha: 6 de julio de 2022

Colección: Fallos

Cita: MJ-JU-M-137947-AR|MJJ137947|MJJ137947

El depósito de la indemnización por muerte del trabajador, efectuado en la cuenta sueldo de éste, carece de efectos cancelatorios de la obligación del empleador.

Sumario:
1.-De acuerdo con el art. 248 de la Ley de Contrato de Trabajo, como consecuencia del fallecimiento del trabajador, nace una relación obligacional entre la empleadora como sujeto pasivo y de los causahabientes como sujeto activo y que genera el nacimiento de una obligación en cabeza de éstos que lo reclamen como acreedor iure propio y la empleadora como deudor del mencionado vínculo y en tal línea de razonamiento, es evidente que el pago efectuado por la demandada en la cuenta sueldo del trabajador, es un pago erróneamente efectuado en los términos del art. 883 del CCivCom. pues el acreedor de la relación obligacional no puede disponer de esos fondos.

2.-Si la cuenta elegida para abonar la indemnización por fallecimiento del trabajador ya no tenía vigencia por muerte de la titular, no puede otorgársele el efecto cancelatorio que pretende la empleadora, al no poder ser dispuesta por el legitimado activo de la relación obligacional.

3.-La suma depositada pro el empleador en la cuenta sueldo del trabajador fallecido no constituye el acervo hereditario del causante pues la indemnización abonada en los términos del art. 248 de la Ley de Contrato de Trabajo, nunca pudo haber constituido parte de los bienes hereditarios justamente porque se abona a los herederos legítimos como consecuencia de la muerte del principal.

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4.-El art. 248 de la Ley de Contrato de Trabajo establece una indemnización a cargo del empleador, en virtud del fallecimiento del trabajador y el texto legal determina los beneficiarios, que están legitimados para reclamarla por la sola acreditación de su vínculo con el trabajador fallecido.

5.-En el art. 12 de la Ley 24.241 no existe disposición análoga a la del último párrafo del art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo por lo que, en tal razonamiento, al no ser los certificados del art. 80 los que debían entregarse al causante, sino el previsto en el mentado art. 12 de aquella disposición legal, no existe fundamento normativo para avalar una condena.

6.-La indemnización del art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo deriva de la omisión de cumplir con la entrega del certificado de trabajo previsto en la mencionada disposición y esta entrega está vinculada -también- a los fines de la petición de la prestación previsional, de allí que no sólo se encuentra legitimada la trabajadora para solicitarlo, sino también quien tenga derecho a gozar de una prestación previsional con motivo del fallecimiento de aquélla (voto en disidencia parcial de la Dra. García Vior).

Fallo:
En la Ciudad de Buenos Aires, luego de deliberar, a fin de considerar los recursos deducidos en autos y para dictar sentencia definitiva en estas actuaciones, los integrantes de la Sala II, practicado el sorteo pertinente, en la fecha de firma indicada al pie de la presente proceden a expedirse en el orden de votación y de acuerdo con los fundamentos que se exponen a continuación.

La Dra. Andrea Érica García Vior dijo:

Contra la sentencia dictada el 25/2/2022, se alza la parte demandada en los términos que vierte en el escrito incorporado al sistema Lex 100 el 28/3/2022 que mereció réplica de la contraria. Asimismo, la representación letrada de la parte demandada, por su propio derecho, cuestionó la regulación de honorarios efectuada en su favor, por reducida.

Se queja la accionada porque el Sr. Juez de la anterior instancia la condenó al pago de la indemnización establecida en el Art. 248 de la LCT; porque consideró al demandante como el único heredero legitimado para accionar en su condición de viudo; porque se hizo lugar a la indemnización prevista en el art. 80 LCT y porque se hizo lugar al reclamo en concepto de pago del seguro de vida obligatorio. También critica el modo en que fueron impuestas las costas.

I.- Delimitados de este modo los temas traídos a conocimiento de este Tribunal, por razones de orden metodológico, analizaré, en primer lugar, la queja de la accionada en torno a la condena al pago de la indemnización prevista en el art. 248 LCT.

Se agravia la accionada pues si bien el Sr. Juez de grado reconoció la existencia del pago efectuado con fecha el 3/12/2018 en concepto de indemnización art.248 LCT y por la suma de $338.608,41.- luego consideró que dicho pago no resultó cancelatorio porque el accionante no habría podido disponer de esos fondos.

Los términos en que fueran expresados los agravios imponen memorar que el actor relató en el escrito inicial que, desde el día 13 de julio de 1989 contrajo matrimonio en primeras nupcias con la Sra. Sandra Judith Neira, con quien convivía normalmente y que, de dicha unión, nacieron tres hijos Gonzalo, Tomás y Lucas Carpinelli. Indicó que la causante -fallecida con fecha 18/8/2018 como consecuencia de un cáncertrabajó para la demandada desde el 23/08/2004 como profesora y Maestra de Educación Física tanto en nivel primario como secundario.

Agregó que, luego de entregar a la accionada el correspondiente certificado de defunción, reclamó durante casi tres meses el pago de la indemnización art. 248, en forma telefónica y personalmente, pero ante las negativas y silencio no le quedo más alternativa que comenzar el intercambio telegráfico que describe en el inicio.

La demandada, en el responde (fs. 87/92), opuso defensa de pago y explicó que transfirió la suma de $338.608,41 el día 29/11/2018 en la Cuenta del Banco Credicoop Nro. 387-5247406, abonando la indemnización por fallecimiento y la liquidación final de la Sra. Neira.

Destacó que la suma depositada supera, inclusive, el monto reclamado por el actor de $319.467,00 por los conceptos de Art. 247, Días Agosto, Sac. Proporcional, Vacaciones y Sac sobre Vacaciones y que dicho pago fue denunciado por el actor en la sucesión de la Sra. Sandra Neira, que tramita ante el Juzgado Civil 42, Expte. 90525/2018, autos «NEIRA, SANDRA JUDITH S/SUCESION AB-INTESTATO». Reconoce los extremos fácticos relacionados con la relación laboral de la causante y la accionada y refirió que tomó conocimiento del fallecimiento de la Sra. Neira a fines del mes de Agosto/2018 cuando el actor se lo comunicó verbalmente.Indicó que, en dicha oportunidad, le solicitó al actor la documentación pertinente y le solicitó que informara su número de CBU para transferirle el importe de la indemnización por fallecimiento de la Sra. Neira.

Considero que no asiste razón a la accionada. En efecto, el art. 248 LCT claramente dispone que «En caso de muerte del trabajador, las personas enumeradas en el art. 38, dec. -ley 18.037/1969 tendrán derecho, mediante la sola acreditación del vínculo, en el orden y prelación allí establecido, a percibir una indemnización igual a la prevista en el artículo 247 de esta ley». Es decir que, la Ley de Contrato de Trabajo, en la norma referida, establece una indemnización a cargo del empleador, en virtud del fallecimiento del trabajador y el texto legal determina los beneficiarios, que están legitimados para reclamarla por la sola acreditación de su vínculo con el trabajador fallecido.

No se encuentra controvertido en estos autos (y así lo corrobora el informe del perito contador de fs. 128/129) que en el mes de agosto de 2018 la accionada liquidó la suma de $338.608,41 en concepto de indemnización art. 248 LCT y que dicho importe, a su vez, era el que figuraba depositado en «la cuenta sueldo de Nº002-524740-6 de quien en vida fuera Sandra Judith Neira, en fecha 3/12/2018» (el destacado me pertenece).

De tal manera, de acuerdo a lo expresamente establecido en el art. 248 LCT, como consecuencia del fallecimiento de la Sra. Neira nace una relación obligacional entre la empleadora como sujeto pasivo y el actor como sujeto activo de la misma y que genera el nacimiento de una obligación en cabeza causahabientes que lo reclamen como acreedor iure propio y la empleadora como deudor del mencionado vínculo.

En tal línea de razonamiento, es evidente que, tal como fue señalado por el Sr.Juez de la anterior instancia, el pago efectuado por la demandada en la cuenta sueldo de la trabajadora que fuera utilizada en vida, se trata de un pago erróneamente efectuado en los términos del art. 883 del CCyCN pues el acreedor de la relación obligacional no puede disponer de esos fondos.

La accionada incurre en un desacierto al concluir que la suma depositada constituyó el acervo hereditario de la causante pues, la indemnización que abonó en los términos del art. 248 LCT, nunca pudo haber constituido parte de los bienes hereditarios justamente porque se abona a los herederos legítimos como consecuencia de la muerte del principal.

Cabe resaltar -pues parece que la demandada no lo advirtió- que la cuenta que eligió para abonar la indemnización por fallecimiento ya no tenía vigencia por muerte de la titular, por lo que no puede otorgársele el efecto cancelatorio que pretende la accionada al no poder ser dispuesta por el legitimado activo de la relación obligacional.

Además, ni siquiera existen elementos en las presentes actuaciones que permita inferir que la parte actora pudo acceder a dicha suma en momento oportuno, por lo que es del todo claro que, tal como señaló el Sr. Juez a quo, la transferencia o depósito no fue efectuado correctamente. Por otra parte, si la empleadora tenía la intención de abonar la indemnización en cuestión, lo cierto es que lo que debió haber efectuado fue -acaso- una consignación judicial de la suma adeudada a quien considerase comprendido dentro de los sujetos legitimados en el art. 248 LCT (cfr. art. 38, dec. -ley 18.037/1969), cuestión que, como se vió, no fue efectuada.

No se trata de reconocer o desconocer la existencia del pago que se encuentra acreditado en autos sino, entonces, de señalar que la suma depositada a favor de la trabajadora fallecida en los términos establecidos en el art.248 LCT y en la cuenta sueldo que ella utilizaba -en vida- fue erróneamente efectuado pues ella ya no era la destinataria de la suma abonada y por ello nunca debió haber constituido el acervo sucesorio de la fallecida Sra. Neira.

Entonces, considero que no resultan «equivocadas las argumentaciones utilizadas por el sentenciante» (como señala la accionada) a la hora de señalar que el pago estuvo mal efectuado en los términos del art. 883 del CCYCN pues, la suma que depositó, no ingresó en el patrimonio del actor (como debió haber sido) sino, al contrario, en el de la causante , por lo que no cabe otra conclusión que considerar que el efecto cancelatorio que pretende darle la accionada al depósito efectuado -incorrectamenteen una cuenta que a ese momento no tenía vigencia por muerte de la titular y que no podía ser dispuesta por el legitimado activo de la relación obligacional indicada, no se cumplió adecuadamente.

Por ello, propicio desestimar el segmento recursivo de la accionada y confirmar lo decidido en la sede de origen en cuanto concluyó que el pago efectuado por el demandado resulta ser incorrecto y deberá volverse a cumplir esta vez al legítimo acreedor.

II.- Con relación al destino que debe tener la suma depositada y la distribución entre los sujetos legitimados que señala la accionada, considero que la parte demandada carece de interés recursivo para cuestionar quiénes serán los destinatarios de la suma que debe depositar, por lo cual, dicha apelación debe ser desestimada.

Sin perjuicio de lo expresado, cabe señalar que los argumentos en los cuales se pretende sustentar la queja relacionados con los sujetos legitimados al cobro de la indemnización del art. 248 LCT no fueron expresamente invocados en el inicio. Cabe señalar que las cuestiones tardíamente planteadas en esta instancia no fueron sometidas a consideración del magistrado interviniente en la instancia de grado; porque la recurrente, al iniciar su acción, limitó los hechos y el derecho de conformidad con lo expuesto a fs.87/92 invocando que la suma en concepto de indemnización art. 248 LCT había sido depositada en la cuenta de la causante, sin aducir cuestiones relacionadas con los sujetos legitimados al cobro de aquella y por las que ahora intenta sean debatidas en esta Alzada. En consecuencia la valoración favorable al recurrente de dichas circunstancias, implicaría apartarse de los términos en los cuales quedó constituido el objeto del litigio, con grave afectación de la garantía de defensa en juicio y del principio de congruencia (cfme. art. 18 CN y arts. 34, inc. 4, 163 y 277 CPCCN.).

Por ello, propicio desestimar el agravio y mantener lo resuelto en la instancia de grado anterior, en este aspecto.

III.- El segmento recursiv o de la apelante referido a que no corresponde condenarla al pago de la multa del art. 80 LCT pues el demandante no había dado cumplimiento con los requisitos previstos en la norma reglamentaria, debe ser desestimado pues, tal como se desprende del oficio diligenciado a Correo Argentino que fue informado en forma virtual con fecha 10/6/2021, la demandada fue notificada de la intimación efectuada con fecha 30/10/2018 (ver c.d. de fs. 47), por lo que corresponde mantener lo decidido en la instancia a quo, en este punto.

Por lo demás, en cuanto a la queja que gira en torno a que no podría condenársela a hacer entrega del certificado de trabajo ni a la multa que prevé el art. 80 LCT, basada en que sólo puede reclamar el trabajador tales certificados, no puede resultar viable pues, la indemnización del art. 80 LCT deriva de la omisión de cumplir con la entrega del certificado de trabajo previsto en la mencionada disposición y esta entrega está vinculada -tambièn- a los fines de la petición de la correspondiente prestación previsional, de allí que no sólo se encuentra legitimada la trabajadora para solicitarlo, sino también quien tenga derecho a gozar de una prestación previsional con motivo del fallecimiento de aquélla.En consecuencia, resulta evidente que el demandante (esposo de la causante) se encuentra legitimada a solicitar su otorgamiento pues reviste especial interés a los efectos previsionales, máxime si además y como se vió, cumplió la exigencia legal que permite su viabilización.

IV.- Se queja la parte demandada porque el Sr. Magistrado de grado la condenó al pago del seguro de vida obligatorio.

Cuestiona los argumentos del fallo y señala que adjuntó en el escrito de contestación de demanda la póliza contratada con la aseguradora CNP Seguros S.A., por lo que no corresponde condenarla al pago de la suma establecida en la sentencia de grado. Agrega que la parte actora nunca se presentó a denunciar el fallecimiento (siniestro) y tampoco para cobrar el seguro.

El Sr. Juez de la anterior instancia señaló en este punto que «Conforme acredita con el despacho telegráfico glosado a fs. 47, la accionante emplazó a la demandada en orden al cobro del referido concepto; sin embargo, la aseguradora CNP Seguros manifestó que no se registra en la base de datos de la empresa siniestro alguno con relación a la Sra. Sandra Judith Neira. En virtud de lo expresado y teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 3º del decreto 1567/74 en cuanto responsabiliza al empleador en forma directa por el pago de dicho seguro en el supuesto de no haberlo contratado y no habiéndose impugnado el monto denunciado por la reclamante, el que -a su vez- se condice con el consignado en el instrumento de fs. 81 (acompañado por la demandada), el concepto prosperará por la suma denunciada de $68.750».

El art. 4º del Reglamento de Seguro de Vida Obligatorio.Decreto 1567/74, establece que «Las pólizas, de Seguro Colectivo de Vida Obligatorio Decreto Nº 1567/74, autorizadas a las entidades, serán tomadas por los empleadores en cualquier entidad aseguradora pública o privada, que se encuentre inscripta en el Registro Especial de carácter público que lleva Superintendencia de Seguros de la Nación». «El empleador será directamente responsable por el pago del beneficio, ante la falta de concertación del seguro».

Asimismo, el art. 17 del mismo reglamento dispone que «.Los aseguradores liquidarán el siniestro de los seguros en vigencia una vez que cuenten con los siguientes elementos: 1. Partida de Defunción del Asegurado. 2. Certificado del empleador que acredite que el asegurado se encontraba empleado al momento del siniestro o último recibo de sueldo del que pueda deducirse esta circunstancia», entre otros requisitos.

De acuerdo a lo expuesto, es evidente que, de acuerdo a lo establecido en el decreto 1567/74, ante el fallecimiento de un trabajador/a debía ser la empresa demandada quién inicie el trámite para el cobro de la indemnización y esto encuentra justificación en que el empleador es el contratante de la póliza y por lo tanto es a quién corresponde presentar la documentación a la aseguradora contratada.

En el caso, si bien consta en estos autos la respuesta de la compañía de seguros CNP Seguros S.A en la cual se informa la existencia de póliza de seguro de vida obligatorio contratada con la aquí accionada al tiempo del fallecimiento de la Sra. Neira, lo cierto es que dicha aseguradora también indicó que no tenían registrado ningún siniestro de la causante.

Como fue destacado en el fallo de grado, a través del despacho telegráfico glosado a fs. 47 y resultado de oficio a Correo Argentino del 10/6/2021, el demandante emplazó a la demandada en orden al cobro del referido concepto y pese a ello, la aseguradora CNP Seguros manifestó que no se registra en la base de datos de la empresa siniestro alguno con relación a la Sra.Sandra Judith Neira.

La accionada era quien debió informar el fallecimiento de la trabajadora y quien debió presentar ante la aseguradora la documentación correspondiente a fin de proceder al pago del seguro de vida contratado; pero, no sólo ello no ocurrió sino que, ni siquiera frente a la intimación de la parte actora, formuló la denuncia pertinente. Por ello, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 3º del decreto 1567/74, propicio desestimar el agravio de la demandada, confirmar lo resuelto en la sede de grado anterior en el punto.

V.- Con relación al agravio vertido por la accionada en torno a las costas, se debe puntualizar que el pronunciamiento de origen se ha ceñido a aplicar la regla básica en la materia, derivada del principio objetivo de la derrota (art. 68 CPCCN), que ha recaído sobre la demandada y dado que no se advierten elementos que puedan justificar apartarse de tal directriz, estimo que corresponde mantener la solución que al respecto se adoptó en la instancia de grado anterior.

Por lo expuesto, sólo cabe confirmar lo decidido en la sentencia de la anterior instancia.

VI.- Por otra parte y de acuerdo con el resultado que se ha dejado propuesto para resolver la apelación, estimo que las costas de alzada deben ser impuestas a cargo de la recurrente vencida (art.68 CPCCN).

VII.- En atención al mérito y extensión de la labor desarrollada durante el trámite en primera instancia y a las pautas que emergen, del art. 6 y subs. de la ley 21.839 (actualmente contempladas en sentido análogo en el art. 16 y conc. de la ley 27.423), del art. 38 de la LO, considero que los honorarios correspondientes a la totalidad de los profesionales intervinientes, se adecua a las normas arancelarias vigentes, por lo que propicio confirmarlos.

VIII.- Por otra parte, con arreglo a lo establecido en el art.30 la ley 27.423, habida cuenta del mérito y extensión de labor desarrollada en esta instancia por la representación y patrocinio letrado de la parte actora y de la parte demandada, propongo que se regulen los honorarios por esas actuaciones en el (%) y (%), respectivamente, de lo que les corresponda, por lo actuado en la instancia anterior.

El Dr. José Alejandro Sudera dijo:

I.- Disiento parcialmente del voto de mi distinguida colega preopinante, la Dra. Andrea García Vior.

En efecto, no comparto la solución establecida con relación al agravio de la accionada que gira en torno a la condena a abonar la multa del art. 80 LCT, en tanto el art. 12 de la ley 24241 establece como obligación del empleador: «. g) Otorgar a los afiliados y beneficiarios y sus derechohabientes, cuando éstos lo soliciten, y en todo caso a la extinción de la relación laboral, las certificaciones de los servicios prestados, remuneraciones percibidas y aportes retenidos y toda otra documentación necesaria para el reconocimiento de servicios u otorgamiento de cualquier prestación».

En la mencionada regulación de la ley 24241 no existe disposición análoga a la del último párrafo del art. 80 LCT por lo que, en tal razonamiento, al no ser los certificados del art. 80 LCT los que debían entregarse al causante, sino el previsto en el mentado art. 12 de aquella disposición legal, no existe fundamento normativo para avalar una condena.

Por ello, propicio acoger el segmento recursivo de la accionada, modificar lo resuelto en este aspecto en la sentencia recurrida y deducir del monto diferido a condena en la anterior instancia la suma de $106.810,41.- en concepto de indemnización art.80 LCT.

II.- Asimismo, disiento de la solución determinada por mi colega preopinante en lo que respecta al agravio que gira en torno a la condena al pago del seguro de vida obligatorio.

En efecto, en las presentes actuaciones la condena tiene origen en la inexistencia de póliza y, acaso, en que la empleadora no habría gestionado su cobro; pero lo cierto y concreto es que, tal como surge de la respuesta de la compañía de seguros CNP Seguros SA , existía una póliza de seguro de vida obligatorio contratada con la aquí accionada al tiempo del fallecimiento de la Sra. Neira y de ninguna disposición surge (ni de la lógica) que deba ser el empleador quien gestione su cobro, sino el beneficiario.

En virtud de los fundamentos expresados, propicio acoger el segmento recursivo de la demandada, modificar en este punto el decisorio recurrido y deducir del monto diferido a condena en la anterior instancia, la suma de $68.750.- III.- De acuerdo a todo lo expuesto, corresponde reducir el monto total de condena establecido en la sentencia recurrida en la suma de $551.077,51.- ($726.637,92.- monto de condena menos $175.560,41.- en concepto de los rubros que se propician deducir), más los intereses establecidos en el fallo de grado, no cuestionados en esta Alzada.

IV.- Por lo demás, adhiero los restantes fundamentos expresados por mi distinguida colega; sólo agrego que la indemnización que regula el artículo 248 LCT se adquiere iure propio, por lo que no se requiere la demostración del carácter de heredero o la apertura del trámite sucesorio, sino que basta con acreditar el v ínculo, y en el caso de la concubina o el concubino, las circunstancias de hecho que prevé la norma.A influjo de lo expuesto, la legitimación de iure propio que tiene el mencionado crédito, echa por tierra la validez del pago realizado en una cuenta a la cual sólo podría acceder el sucesorio, por lo que el agravio en este punto resulta inadmisible.

V.- Como la modificación que se propicia admitir en esta Alzada no resulta significativa, no corresponde aplicar la directiva general del art.279 CPCCN, por lo que he de abocarme al tratamiento de los recursos relativos al monto de los honorarios profesionales.

VI.- Por otra parte y de acuerdo con el resultado que se ha dejado propuesto para resolver la apelación, estimo que las costas de alzada deben ser impuestas a cargo de la accionada, por resultar vencida en los aspectos principales de la contienda (art.68 CPCCN).

VII.- En atención al mérito y extensión de la labor desarrollada durante el trámite en primera instancia y a las pautas que emergen, del art. 6 y subs. de la ley 21839 (actualmente contempladas en sentido análogo en el art. 16 y conc. de la ley 27423), del art. 38 de la LO, considero que los honorarios correspondientes a la totalidad de los profesionales intervinientes, se adecua a las normas arancelarias vigentes, por lo que propicio confirmarlos.

VIII.- Por otra parte, con arreglo a lo establecido en el art. 30 la ley 27423, habida cuenta del mérito y extensión de labor desarrollada en esta instancia por la representación y patrocinio letrado de la parte actora y de la parte demandada, propongo que se regulen los honorarios por esas actuaciones en el (%) de lo que les corresponda por lo actuado en la instancia anterior.

El Dr. Víctor A. Pesino dijo:

Que adhiere a las conclusiones del voto del Dr. José Alejandro Sudera, por análogos fundamentos.

Por lo que resulta del acuerdo que antecede (art. 125 de la ley 18.345), el Tribunal RESUELVE: 1) Modificar parcialmente el fallo recurrido y reducir el monto diferido a condena en la suma de $ $551.077,51.-, más intereses. 2) Imponer las costas de alzada a la demandada. 3) Regular los honorarios de los profesionales firmantes de los escritos dirigidos a esta Cámara, en el (%) de los asignados en origen.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Vìctor A. Pesino

Juez de Cámara

José Alejandro Sudera

Juez de Cámara

Andrea García Vior

Jueza de Cámara

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