fbpx

#Fallos La importancia del examen: Se condena a la ART pues no existió examen preocupacional ni periódicos y se acreditó que la actividad laboral incidió negativamente en la salud de la peona rural

Partes: Reynals Castillo Silvia Andrea c/ La Segunda ART S.A. s/ enfermedad profesional s/recurso extraordinario provincial

Tribunal: Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza

Sala / Juzgado / Circunscripción / Nominación: Segunda

Fecha: 10 de mayo de 2022

Colección: Fallos

Cita: MJ-JU-M-137481-AR|MJJ137481|MJJ137481

Procedencia de una demanda contra una ART debido a las secuelas incapacitantes padecidas por una peona rural y sobre la cual no se realizó ni el examen preocupacional ni exámenes periódicos.

Sumario:
1.-Debe admitirse la demanda contra la ART por las afecciones de índole laboral padecidas por la actora, no sólo por la pericia médica en la que se apoya, las constancias del expediente o las testimoniales que describieron las tareas de esfuerzo realizadas por la actora como peón rural, sino que también por el hecho de que no se hicieran los exámenes preocupacional, periódico y posocupacional.

¿Aún no estás suscripto a Microjuris? Ingresá aquí.

2.-Si no existió el examen preocupacional ni periódicos y se acreditó que la actividad laboral incidió negativamente en la salud de la trabajadora y la parte recurrente nada dice respecto de todas estas consideraciones, debe confirmarse el fallo condenatorio.

3.-Al aferrarse el recurrente a la existencia de una arbitraria valoración de la prueba e interpretación de las cuestiones fáctico-jurídicas en juego sin fundamento eficaz o certero, no hace más que vislumbrar una discrepancia valorativa carente de fuerza para torcer el resultado del juicio.

4.-Surge clara la existencia del contrato de afiliación vigente inclusive con posterioridad a la desvinculación de la actora por lo que se desvanece la defensa de falta de legitimación sustancial pasiva que intenta sostener.

Fallo:
En Mendoza, a 10 días del mes de mayo de 2022, reunida la Sala Segunda de la Excma.

Suprema Corte de Justicia, tomó en consideración para dictar sentencia definitiva la causa N° 13-05708342-9/1, caratulada: «LA SEGUNDA EN J° 16133 REYNALS CASTILLO SILVIA ANDREA C/ LA SEGUNDA ART S.A. P/ ENFERMEDAD PROFESIONAL (16133) P/ RECURSO EXTRAORDINARIO PROVINCIAL».-

De conformidad con lo decretado a fojas 54 quedó establecido el siguiente orden de estudio en la causa para el tratamiento de las cuestiones por parte de los Señores Ministros del Tribunal: primero: DR. JOSÉ V. VALERIO; segundo: DR. MARIO DANIEL ADARO; tercero: DR. OMAR ALEJANDRO PALERMO.

ANTECEDENTES:

A fs. 21/24vta se presentó La Segunda ART por medio de apoderado e interpuso recurso extraordinario provincial contra la sentencia dictada a fs. 117/122 de los autos N° 16133, caratulados «Reynals Castillo, Silvia Andrea c/ La Segunda ART SA p/ enfermedad accidente», originarios de la Excma. Cámara Primera del Trabajo, de Paz y Tributario de la Cuarta Circunscripción Judicial de Mendoza.

A fs. 39 se admitió formalmente el recurso interpuesto, se ordenó la suspensión de los procedimientos en la causa principal, y se corrió traslado a la parte contraria quien contestó a fs. 42/44vta. de autos.

A fs. 47/49 se agregó dictamen del Procurador General, quien propició el rechazo.

A fs. 54 se llamó al Acuerdo para sentencia y, se dejó constancia del orden de estudio de la causa por parte de los Señores Ministros del Tribunal.

De conformidad con lo establecido por el art. 160 de la Constitución de la Provincia, esta Sala se plantea las siguientes cuestiones a resolver:

P R I M E R A: ¿Es procedente el recurso interpuesto?

S E G U N D A: En su caso, ¿qué solución corresponde?

T E R C E R A: Pronunciamiento sobre costas.

SOBRE LA PRIMERA CUESTIÓN EL DR. JOSÉ V. VALERIO, dijo:

I.La sentencia de Cámara hizo lugar a la demanda interpuesta por Silvia Andrea Reynals Castillo en contra de La Segunda ART como consecuencia de las secuelas incapacitantes sufridas durante la relación laboral.

Para así decidir, en lo que resulta materia de agravio, el Tribunal de origen dijo:

1. Tuvo por acreditado mediante las constancias expediente n° 15.865 caratulados «Reynals Castillo, Silvia Andrea C/ Manzano Archilla, Simos P/Despido» ofrecidos como prueba AEV, y de los bonos de sueldos allí aportados, que la actora ingresó el 08/10/2004 como peón general a tiempo parcial, y se extinguió el 30/06/2017, a lo que se suma, lo dicho en la pericia contable.

Entendió acreditadas la forma en que las tareas se desarrollaron desde su ingreso en la firma Manzano, las que le demandaban esfuerzo físico, movimientos repetitivos en posiciones antiergonómicas, y que esas tareas las cumplió durante 14 temporadas aproximadamente, lo que también coincide con la pericia contable.

Por otra parte, señaló que el perito médico ha constatado la afección lumbar, manifestando que en caso de acreditarse las tareas de peón rural y que trabajó las temporadas mencionadas en el escrito de demanda, se podría considera la relación concausal con las mismas.

Razón por la cual juzgó que la dolencia que presenta en su salud física la accionante, ha sido acreditada en autos, como así también que la misma guarda relación con el trabajo desarrollado durante largos años.

Resaltó como dato de valor el contenido y las exigencias de la Resolución N° 37/2010 que reglamenta los exámenes médicos en salud incluidos en el sistema de riesgos del trabajo. Los exámenes en salud son los siguientes:1) preocupacionales o de ingreso; 2) periódicos; 3) previos a una transferencia de actividad; 4) posteriores a una ausencia prolongada, y 5) previos a la terminación de la relación laboral o de egreso.

Que la mentada resolución establece que es obligatoria la realización de estos exámenes siempre y cuando el trabajador esté expuesto a un agente de riesgo, debiéndose efectuar el estudio indicado con una frecuencia semestral, incluyendo un análisis clínico anual obligatorio. Por la realización de estos exámenes periódicos es responsable la ART o el empleador autoasegurado.

Afirmó que de las constancias de la causa, y ante la ausencia de tales revisiones periódicas como la correspondiente a la finalización de la relación laboral respecto de la Sra. Reynals, concluyó que la accionada ha incumplido tal obligación legal, siendo que conforme los principios de la carga dinámica de la prueba es la parte procesal que se encontraba en mejores condiciones de probar su efectiva realización.

II. Contra dicha decisión la parte demandada interpone recurso

extraordinario provincial.

Se queja por cuanto considera que la sentencia incurre en arbitrariedad, se

aparta de las constancias de la causa, la inexistencia de cobertura y errónea interpretación de la primera manifestación invalidante. Cita jurisprudencia.

III. Anticipo que, si mi voto es compartido por mis distinguidos colegas de

Sala, el recurso interpuesto será rechazado.

1. Surge de la causa que la actora inicia su reclamo como consecuencia de las dolencias por lumbalgia con alteraciones clínicas y radiológicas sufridas durante la relación laboral y que le generaron una incapacidad parcial y permanente del 5.6% mientras se desempeñó en tareas propias de peón rural.

Que la pericia médica es conteste con el reclamo, el que sumado a las constancias del AEV y de las testimoniales dan certidumbre a la Juzgadora que la demanda debe prosperar.

2.De la lectura de la sentencia recurrida, la queja interpuesta contra la misma y las constancias obrantes en el proceso, tal como anticipara, el recurso no prospera.

En efecto, esta Corte tiene dicho que la doctrina de la arbitrariedad, receptada desde antiguo por este Cuerpo, respeta ciertos lineamientos fundados en principios liminares para la validez de los fallos, cuya transgresión puede provocar, en determinadas condiciones, la nulidad de los mismos, pero que, por la misma razón; esto es la gravedad que implica la anulación de un acto jurisdiccional regularmente expedido, la verificación del vicio ha de juzgarse severamente a los efectos de no invadir jurisdicción extraña al remedio extraordinario.

Así también se ha dicho que la tacha de arbitrariedad en el orden local, no importa admitir una tercera instancia ordinaria contra pronunciamientos considerados erróneos por el recurrente. En principio tal doctrina reviste carácter excepcional y su procedencia requiere una decisiva carencia de razonabilidad en la fundamentación; por lo que, si la sentencia es suficientemente fundada, es insusceptible de la tacha de arbitrariedad (LS423-129, entre otros).

Por ello, al aferrarse el recurrente a la existencia de una arbitraria valoración de la prueba e interpretación de las cuestiones fáctico-jurídicas en juego sin fundamento eficaz o certero, no hace más que vislumbrar una discrepancia valorativa carente de fuerza para torcer el resultado del juicio.

En efecto, surge clara la existencia del contrato de afiliación vigente inclusive con posterioridad a la desvinculación de la actora por lo que se desvanece la defensa de falta de legitimación sustancial pasiva que intenta sostener, ello así por cuanto además del escrito de contestación de demanda, la pericia contable obrante a fs.82/84 indica con claridad que el contrato de afiliación se encontraba vigente al momento del hecho invalidante (año 2014) que tal vinculación lo fue desde el año 2008 y a la fecha del informe seguía vigente, es decir año 2018.

Dicha pericia, si bien fue impugnada por el recurrente, el cuestionamiento sólo se dirigió respecto a la liquidación.

En relación a las dolencias incapacitantes y su posible calificación como inculpables lo cierto es que no rebate las razones por las que se tuvo a las mismas como de índole laboral, no sólo por la pericia médica en la que se apoya, las constancias del expediente ofrecido como AEV o las testimoniales que describieron las tareas de esfuerzo realizadas por la actora como peón rural, sino que también apoyó el análisis y conclusión arribada por la Jueza el hecho de que no se hicieran los exámenes preocupacional, periódico y posocupacional.

Como tengo dicho en mi voto en la causa «Rajoy» (8.7.2021, CSJN fallos: 342:609, año 2019), la Resolución 37/2010 con sus modificatorias y disposiciones complementarias, estableció que los exámenes preocupacionales tienen como propósito determinar la aptitud del postulante conforme sus condiciones psicofísicas para el desempeño de las actividades que se le requerirán. En ningún caso pueden ser utilizados como elemento discriminatorio para el empleo. Servirán, asimismo, para detectar las patologías preexistentes y, en su caso, para evaluar la adecuación del postulante -en función de sus características y antecedentes individuales- para aquellos trabajos en los que estuvieren eventualmente presentes los agentes de riesgo determinados por el Decreto Nº 658 de fecha 24 de junio de 1996 (apartado 1).

Asimismo, establece que la realización de tales exámenes preocupacionales es obligatoria, debiendo efectuarse de manera previa al inicio de la relación laboral.La realización del examen preocupacional es responsabilidad del empleador, sin perjuicio de que el empleador pueda convenir con su Aseguradora de Riesgos del Trabajo (A.R.T.) la realización del mismo (apartado 2).

Luego, respecto de los exámenes periódicos dice expresamente en el art. 3º que tienen por objetivo la detección precoz de afecciones producidas por aquellos agentes de riesgo determinados por el Decreto Nº 658/96 a los cuales el trabajador se encuentre expuesto con motivo de sus tareas, con el fin de evitar el desarrollo de enfermedades profesionales (apartado 1).

Y establece que estos exámenes también son obligatorios (apartado 2) y la realización de los mismos es responsabilidad de la ART o el Empleador autoasegurado, sin perjuicio de que la ART puede convenir con el empleador su realización (apartad o 3).

En sentido contrario a lo sucedido en la presente causa, en donde no existió el examen preocupacional ni periódicos y se acreditó que la actividad laboral incidió negativamente en la salud de la trabajadora y la parte recurrente nada dice respecto de todas estas consideraciones de valor que hacen que el fallo se encuentre suficientemente fundado y por ende se sostenga como acto jurisdiccional válido.

3. En este aspecto, sus afirmaciones constituyen a la postre una mera apreciación personal carente de todo sustento argumental autosuficiente, que de ninguna manera resulta idóneo para conmover los fundamentos del inferior.

Además, la recurrente no ha acreditado en forma válida y convincente la decisividad del agravio, o sea la vinculación del caso en examen con la Constitución, a efectos de que la ofensa constitucional tenga eficacia para modificar la decisión recurrida.

Muy por el contrario, la impugnante sólo se limita a denunciar la supuesta errónea valoración de las pruebas, lo que, de acuerdo con lo anteriormente expresado, resulta insuficiente para conmover los fundamentos del inferior en tal aspecto.

Ya esta Corte ha tenido oportunidad de expedirse en el sentido de que el escrito recursivo debe contener una crítica seria, razonada y prolija de la sentencia impugnada (LA 109-7,82-1, 90-472, 85-433, 97-372). Ello es así toda vez que el escrito de interposición del recurso extraordinario, tiene análogas exigencias que las requeridas para la expresión de agravios en la segunda instancia, particularmente acentuadas incluso, en razón de la naturaleza excepcional de la vía.

Consecuentemente, debe contener una crítica razonada de la sentencia, con desarrollo expreso de los motivos de impugnación contra la totalidad de los elementos de igual rango que sustentan el decisorio recurrido. Por lo mismo, la ausencia de impugnación de las conclusiones principales del acto sentencial o de sus fundamentos autónomos con eficacia decisoria, obsta a la procedencia de la vía excepcional (arts. 145, 152 y nota, 161, Código Procesal Civil) (LA 85-433, 90-374, 97-372, 109-7, 151- 471, 169-85 170-204, 172-163).

Aplicando estos principios al caso en estudio, se observa que el remedio extraordinario intentado, adolece de falta de autoabastecimiento argumental suficiente y sustentable, que obsta su abordaje por este Cuerpo, atento la excepcionalidad de la vía intentada

4. Por todo lo expuesto y si mi opinión es compartida por mis distinguidos Colegas de Sala, me pronuncio por el rechazo del recurso extraordinario provincial interpuesto por La Segunda ART S.A.

ASÍ VOTO.

Sobre la misma cuestión, los Dres. MARIO D. ADARO y OMAR A. PALERMO adhieren por los fundamentos al voto que antecede.

SOBRE LA SEGUNDA CUESTIÓN EL DR. JOSÉ V. VALERIO, dijo:

IV. Corresponde omitir pronunciamiento sobre este punto, puesto que se ha

planteado para el eventual caso de resolverse afirmativa la cuestión anterior.

ASÍ VOTO.

Sobre la misma cuestión, los Dres. MARIO D. ADARO y Dr. OMAR A. PALERMO adhieren al voto que antecede.

SOBRE LA TERCERA CUESTIÓN EL DR. JOSÉ V. VALERIO, dijo:

V. Atento al resultado a que se arriba en el tratamiento de la cuestión que antecede, corresponde imponer las costas a la recurrente por resultar vencida. (art. 36 C.P.C.C.T.M).

ASI VOTO.

Sobre la misma cuestión, los Dres. MARIO D. ADARO y Dr. OMAR A.PALERMO adhieren al voto que antecede.

Con lo que terminó el acto, procediéndose a dictar la sentencia que a continuación se inserta:

S E N T E N C I A:

Y VISTOS:

Por el mérito que resulta del acuerdo precedente la Sala Segunda de la Excma. Suprema Corte de Justicia fallando en definitiva,

R E S U E L V E:

1°) Rechazar el recurso extraordinario provincial interpuesto a fs. 21/24vta., por La Segunda S.A. contra la sentencia dictada en los autos N° 16133, caratulados «Reynals Castillo, Silvia Andrea c/La Segunda ART SA p/enf.prof.» originarios de la Excma. Cámara Primera del Trabajo de la Cuarta Circunscripción Judicial de Mendoza».

2°) Imponer las costas de instancia extraordinaria a la recurrente por resultar vencida (art. 36 C.P.C.C.T.M.)

3°) Regular los honorarios profesionales de los Dres. Vicente Mestre y Marina P. Bustamante en forma conjunta, en el .%, o .%, o .% de la base regulatoria actualizada que se establezca en la instancia de origen limitada a lo que ha sido materia de agravio, conforme dicha base se encuentre comprendida en los distintos supuestos del art. 2 de la ley 9131 (Arts. 2, 3, 15 y 31 de la ley 9131). Considérese el art. 16 de dicha norma.

Regular los honorarios profesionales del Dr. Miguel Ángel Morado, en el .%, o .%, o .% de la base regulatoria actualizada que se establezca en la instancia de origen limitada a lo que ha sido materia de agravio, conforme dicha base se

encuentre comprendida en los distintos supuestos del art. 2 de la ley 9131 (arts. 2, 3, 15 y 31 de la ley 9131). Considérese el art. 16 de dicha norma.

Las regulaciones precedentes no incluyen el IVA, monto que -en su caso- deberá ser adicionado conforme a la subjetiva situación de los profesionales beneficiarios frente al citado tributo «(CS expte. 4120/200002 «Carinadu SA c/. Banco de la Provincia de Buenos Aires «, 02/03/2016).

4°) Dar a la suma de $14.300 (pesos catorce mil trescientos), de la que dan cuenta los comprobantes adjuntados a fs. 30 y vta., el destino previsto por el art. 47 ap. IV del C.P.C.C.yT. Al efecto transfiérase el importe a través del sistema BNA NET consignándose los siguientes datos: TIPO DE TRANSFERENCIA: MIN3, CONCEPTO: CAPITAL, CBU: 0110606620060610011759, CUIT: 30999130700.

NOTIFÍQUESE.

DR. JOSÉ V. VALERIO

Ministro

DR. OMAR ALEJANDRO PALERMO

Ministro

DR. MARIO DANIEL ADARO

Ministro

A %d blogueros les gusta esto: