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#Fallos Pérdida de chance: Contrató un curso de auxiliar de enfermería que carecía de la autorización del Ministerio de Educación

Partes: López Raquel Susana c/ García Mauricio y otro s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de Santa Rosa

Sala / Juzgado / Circunscripción / Nominación: I

Fecha: 27 de mayo de 2022

Colección: Fallos

Cita: MJ-JU-M-137471-AR|MJJ137471|MJJ137471

Procede indemnizar la pérdida de chance a quien contrató un curso de auxiliar de enfermería que carecía de la autorización del Ministerio de Educación. Cuadro de rubros indemnizatorios.

Sumario:
1.-Corresponde admitir la indemnización por pérdida de la chance reclamada por quien realizó un curso de auxiliar de enfermería que carecía de la autorización del Ministerio de Educación conforme el marco normativo de la Ley de Educación Provincial N° 2079 (art. 101 ) porque si bien no puede asegurarse que por la sola finalización del curso conseguiría trabajo con la consecuente obtención de ingresos ni su cuantía, esa chance de lograrlos porta verosímil pertinencia (art. 1739 , CCivCom.) y, por lo demás, no obsta a ello que la actora tenga o tuviera ingresos por otras actividades, en tanto lo que le privó es la chance de obtener otros -sean en exclusividad o complementarios de aquellos-.

2.-La demandada debe indemnizar el daño sufrido por la actora que sostiene haber contratado la realización de un curso de auxiliar de enfermería que carecía de la autorización del Ministerio de Educación pues la calificación de ‘laboral’ dada a la capacitación por parte de quienes la ofrecieron al público exalta su finalidad práctica y es razonable que haya podido inducir a la actora a albergar legítimas expectativas de obtener una formación que la habilitara a trabajar, más allá de que después lograra o no insertarse en el mercado laboral y lo relevante es que esa posibilidad integró la oferta (Del voto de la Dra. Berardi).

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3.-Si bien todo mensaje publicitario debe estar desprovisto de ilicitud, evitando inducir a los destinatarios a engaños, errores o confusiones sobre las características y bondades de los productos y servicios comercializados -arts. 5 , 9 , Ley 22.802-, en el ámbito educativo la eticidad de la publicidad debe extremarse (Del voto de la Dra. Berardi).

4.-Es improcedente el reclamo indemnizatorio iniciado por quien afirma haber realizado un curso de auxiliar de enfermería que carecía de la autorización del Ministerio de Educación y que ello implicó un incumplimiento contractual, pues sin perjuicio que la alegada ‘falta de información y adecuada publicitación’ fallada no integró la pretensión actoral, lo esencial es que tales omisiones no se configuraron en el caso y mucho menos que lo publicitado y ofertado pueda catalogarse como una publicidad engañosa y se observa que de la prueba producida no surge que se hubiera incumplido con lo ofertado; sino que, por el contrario, se cumplió con ello, siendo que se dió el curso en su totalidad, con el diseño publicitado y en el tiempo acordado (Del voto en disidencia de la Dra. Torres).

5.-La Ley de Defensa del Consumidor alcanza a las personas que hacen de la provisión de servicios (educativo, en este caso) una tarea habitual lucrativa, para cuyos fines tiene montada una organización de medios conducentes a prestar sus servicios profesionales, y en ese sentido me expido (Del voto en disidencia de la Dra. Torres).

Fallo:
En la ciudad de SANTA ROSA, capital de la Provincia de La Pampa, a los veintisiete ( 27) días del mes de mayo de 2022, se reúne en ACUERDO la SALA 1 de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería para resolver los recursos de apelación interpuestos en la causa: «LOPEZ, RAQUEL SUSANA c/GARCIA, MAURICIO y OTRO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS» (Expte. No 128410 – No 22053 r.C.A.) originaria del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería No 3 de la Ira. Circunscripción Judicial, y de acuerdo al orden de votación sorteado: 1o) jueza Marina E. ALVAREZ; 2o) jueza Laura B. TORRES y 3o) Fabiana B. BERARDI ( cfe. art. 51 ley 2574) dicen:

La jueza ALVAREZ:

I.- La sentencia en recurso Viene impugnada la sentencia dictada por el juez Pedro A. CAMPOS (act. 938205, de fecha 17/06/2021) en el marco de la demanda promovida por Raquel Susana LOPEZ contra Mauricio GARCIA y Fundación Castex Universitaria, mediante la cual tuvo por acreditado el incumplimiento contractual que denunció a resultas del curso de auxiliar de enfermería que aquellos dictaron (por el cual abonó un precio a cambio de recibir formación académica válida) a sabiendas que no contaban con la habilitación de la autoridad competente (Ministerio de Educación de la provincia) de lo que deriva que el certificado extendido no resulta válido para obtener matriculación alguna a fin de prestar el servicio ( sea en instituciones públicas o privadas) de acuerdo a los términos de la normativa aplicable (ley 2079) ni acreditaron haberle informado a la actora dichas circunstancias como los alcances de la formación educativa ofertada ( cfe. arts.4 y 7 de la LDC).

Por consiguiente, condenó solidariamente GARCIA y a la FUNDACIÓN a resarcir los perjuicios irrogados, admitiendo el daño emergente (comprensivo de las sumas que López abonó mensualmente ($ 250) durante 20 meses -9 meses del año 2010 y los restantes 11 del siguiente- con más intereses desde que las abonó y hasta su efectivo pago, como los demás gastos en los que incurrió -traslado y estadía desde General Pico a Eduardo Castex- durante esos 20 meses, con más intereses desde el inicio de la demanda y hasta su pago) como el daño moral ($ 40.000 a la fecha de la demanda con más intereses a tasa mix, cfe. art. 157 del CPCC, y arts. 1717, 1741 y cc. del CCyC), no así los restantes (lucro cesante, pérdida de chance y daño al proyecto de vida), por cuanto consideró que la actora LOPEZ no acreditó la plataforma fáctica para su procedencia.

Asimismo, le impuso las costas del proceso a los codemandados (cfe. art. 62 CPCC) y reguló los honorarios profesionales.

II.- Las apelaciones Lo así decidido fue recurrido por la parte actora LOPEZ como por el demandado GARCIA, no así por la restante demandada Fundación Castex Universitaria, para quien la sentencia devino firme y consentida.

II.- a) De la actora LOPEZ Conforme el memorial presentado (act. No 987642), la apelante se agravia, primeramente, por el rechazo de los rubros «lucro cesante y pérdida de chance», luego de la cuantía fijada como indemnización del daño moral ($ 40.000) y por la desestimación del daño al «proyecto vida» para, finalmente, hacerlo respecto de los intereses en lo que respecta al daño moral en cuanto, dice, deben liquidarse desde que se causó el perjuicio(cfe. lo prevé el art. 1748 del CCyC).

II.- b) Del codemandado GARCIA De acuerdo a su memorial (act.No 1010819,) se agravia, en primer término, porque, al atribuirle incumplimiento contractual, el juez efectuó una forzada aplicación de la ley de defensa del consumidor siendo que, al tratarse de una locación de servicios se rige conforme los términos del art. 1251 del CCyC; en segundo lugar, sostiene que de su parte no existió incumplimiento contractual, mientras que, en el tercero, esgrime que el juez realiza una equívoca aplicación de la ley 2079; para luego, en el cuarto, reprochar los rubros admitidos (daño emergente y daño moral) y, finalmente, porque le impuso las costas en forma solidaria a las codemandadas, cuando al haber progresado parcialmente el reclamo de la actora (en un 23,7%, dice) corresponde le sean atribuidas a aquella por los rubros rechazados (cfe. art. 65 CPCC).

III.- Su tratamiento y decisión A tenor de los respectivos agravios propuestos y que delimitan la materia recursiva (arts. 257 y 258 del CPCC), comenzaré por abordar la impugnación propuesta por GARCIA (en sus primeros tres agravios) en cuanto se orientan a reprochar el marco legal aplicable como que de su parte exista el incumplimiento contractual atribuido porque, de lo que decida al respecto, dependerá el tratamiento de las restantes objeciones ( la demandada pide la revocación de los rubros indemnizatorios admitidos, mientras que la actora que se admitan los desestimados como la cuantía e intereses del daño moral otorgado) y, en ese marco, lo atinente a la imposición de costas.

III.- a) Los argumentos sentenciantes En ese orden, el juez, previo memorar los términos en los cuales se trabó la controversia, señaló que «el dictado del curso de auxiliar de enfermería en la Fundación Castex Universitaria por parte del Sr.García» no importa un hecho controvertido, pero, sí lo eran «1°) El supuesto incumplimiento contractual imputado a los demandados y su responsabilidad», así también «.2°) Los supuestos daños y perjuicios sufridos por la demandante» y «3° La procedencia de los rubros y montos reclamados».

Bajo tales premisas (en punto a la primera cuestión) señaló que la cuestión controversial se suscitó a partir del certificado obtenido por la actora como «auxiliar de enfermería general», el que fue otorgado por USIS (Unidad Capacitadora Integral de Salud) y materializado en las instalaciones de Fundación Castex Universitaria, durante «veinte meses con 1.200 horas cátedras» y finalizado el 19.12.2011.

Expresó que, de acuerdo a la documental agregada (Estatuto, fs. 73) la Fundación Castex Universitaria es una persona jurídica cuyos objetivos institucionales, entre otros, son «.propulsar la formación y capacitación de los cuadros técnicos, administrativos y fomentar el intercambio con otros centros de estudios y/o fundaciones, entes o empresas que se dediquen al mejoramiento de la educación.».

Respecto de Mauricio GARCIA, indicó que es una persona (de profesión médico) que dicta Cursos en Salud en distintas áreas y si bien no se ha acreditado que UCIS sea una persona jurídica, sin embargo se trata de una marca registrada por aquel en el Departamento de Marca de la Subsecretaría de Cultura desde el 28.04.2009 (cfe.consta en el legajo penal no 5013) y utilizada para publicitar sus servicios comerciales (cursos referidos a temáticas de salud).

Refirió que las demandadas, al tiempo de sustentar su defensa, sostuvieron, básicamente, que aquel curso dictado en la Fundación Castex Universitaria fue «no formal orientado a salud» y, para lo cual, no se requiere aprobación del secundario, por lo cual se trata, según dijeron, de «una mera capacitación laboral» pero no de un título universitario habilitante o de otorgamiento de matrícula, ni tampoco importa una garantía de salida laboral.

También expresaron -señaló el juez- que para su dictado cuentan con la aprobación de la Dirección de Educación del Adulto y Capacitación No Formal, dependiente del Ministerio de Cultura y Educación desde el año 2008, aportando, a ese fin, la Disposición 30/08.

Indicó a su vez que en el certificado que le fue entregado a la actora (fs. 4) se expresa que ‘Aprobó la capacitación laboral en «auxiliar de enfermería general» dictado por UCIS, en la ciudad de Eduardo Castex durante 20 meses (1.200 hs. Cátedra)’.

III.- a) 1. En ese contexto, consideró el juez que «.si bien la parte demandada acompañó la disposición no 030/09 (fs. 37/39 y 103).», aquella se refiere a una aprobación estatal para cursos de «Promotor de Salud, Cuidado Primario Gerontológico y Auxiliar de Farmacia, mas no en Auxiliar de Enfermeria.», pero «.carece de soporte probatorio para el tema controvertido.», esto es, la aprobación del curso «Auxiliar de Enfermería General».

Señaló que del legajo penal n° 5013 (en el cual la denunciante es otra persona de apellido Arzuaga) surge que se le entregó un certificado similar al de la actora en «Auxiliar de Enfermería General» y, en aquel trámite, al declarar García en relación a dicho certificado, expresó que «.consideré factible el tramite de matriculacion por eso firme las constancias en el cual expresa que la matricula esta en tramite.e inclusive

existe un compromiso por parte del Ministerio de Cultura y Educación por intermedio de Educación de Jóvenes y Adultos de verificar dicho curso a traves de un convenio.».

Dijo también el juez que consta incorporado al proceso fotocopia de un folleto (por parte de la Unidad de Capacitadora Integral en Salud, Fundación Colegio Médico de La Pampa, Fundacion Castex Universitaria y Fundación Lago Di Como) del cual se desprende que tales entidades promocionan cursos y, entre ellos, el de «Auxiliar en Enfermería General», como «cursos de capacitación con novedoso diseño pedagógico.

Dictado con Técnicas de Ultima Generación.Destacados Docentes. Inscriptos en el Ministerio de Justicia de la Nacion-Dirección Nacional de Derecho de Autor. Originales Cursos de Capacitacion Laboral en Salud».

Por su parte -agregó- en el legajo penal n° 17.787 se incorporó nota del Dr. Federico Rodríguez Teruel (Jefe del Dto. Fiscalización y Regulación de Salud) quien dijo que «para iniciar los títulos de matriculación en la Subsecretaría de Salud, es requisito indispensable tener el título debidamente legalizado por el Ministerio de Cultura y Educación de La Pampa y por el Ministerio de Interior».

Asimismo, señaló que la Ministra de Educación en ese entonces (Jacqueline Evangelista) elevó nota del Licenciado Otero (Subsecretario de Educación) en la cual se indica que esa subsecretaria «.no ha autorizado el dictado de la propuesta denominada «Auxiliar en Enfermería General», y no ha autorizado a la «Fundación Castex Universitaria-Unidad Capacitadora Integral de Salud» el dictado de cursos en el área de Salud.

Así también ponderó que consta nota del Ministerio de Salud (n° 65/20) de la cual surge que el certificado que le fue entregado a la actora no está en condiciones de obtener matriculación en el área de auxiliar de enfermería «. por no tener acreditación por parte del Ministerio de Educación de la Provincia de La Pampa.».

Adujo también que el Colegio Médico, en su informativa del 05/10/2020 (donde la demandada expusoque ha dictado cursos de igual tenor a los dictados en Fundación Universitaria Castex) señala que «no se tiene constancia que los cursos tuvieran el aval de alguna institución y/o repartición pública o privada» (punto 5) ofreciéndose como capacitación laboral (punto 6).

Agregó que la Municipalidad de Catriel, al informar sobre cursos dados por UCIS (con modalidad presencial primero y on line después) desde la «Escuela de Oficios y Capacitaciones», dijo que se tratan de cursos de capacitación y que no se obtiene matrícula ni título por no ser una carrera universitaria, pero que desde la escuela «. siempre se aclara a la hora de inscribirse.».

Consideró asimismo que los testigos Ardohain, Monteiro, Birollo y Domínguez (quienes hicieron cursos para UCIS), al preguntárseles sobre algún aval o repartición pública o privada de los cursos, respondieron negativamente.

III.-a) 1.2 Esgrime que, a su vez, conforme lo previsto en la Ley de Educación Provincial N° 2079, la autoridad de aplicación en nuestra provincia es el Ministerio de Educación (art. 138); por lo que, aún de considerarse que el dictado del curso de «auxiliar en enfermería general» lo fue dentro del área no formal (por no requerir título universitario conforme testificaron los testigos arriba referidos), igualmente debe contar con la aprobación de aquella (art. 101).

Explica, concretamente, que el certificado otorgado a la actora (fs. 4) claramente dice «auxiliar en enfermería general» (similar al entregado a las denunciantes penales López y Bravo conforme consta en el legajo penal agregado), por lo cual, la formación que brindaron las demandadas es una «actividad de salud» y, por ser este un derecho humano fundamental (art. 2 de la ley 2079), los recaudos de contralor para la formación en esa área deben extremarse.

En tal sentido, señala que cuando se trata de un título auxiliar en salud, aquella normativa dispone (en el art. 5 inc. a.3) que «.Las personas que posean títulos otorgados por Universidades Nacionales, Provinciales o Privadas o Institutos de educación superior no Universitaria o Institutos de formación aprobados por Autoridad correspondiente o Colegio Universitario, que otorguen título técnico-profesional que tengan incumbencias exclusivas referidas al proceso de salud enfermedad o dentro de un marco científico pluralista referidos a salud y/o que habiliten para continuar estudios en otros ciclos o niveles. Las mismas son: Tecnicaturas superiores, Tecnicaturas y Auxiliarías. La nómina de las mismas será agregada en el Anexo I de la presente Ley», resaltando lo allí regulado.

Por su parte, dice que el art. 98 indica que «Para ejercer las actividades dispuestas por el Artículo 5o, inciso a), b), c), y d) de la presente Ley, las

personas comprendidas en la misma, deberán inscribir previamente sus títulos o certificados habilitantes con el fin de matricularse, ante las siguientes autoridades: a) Organismos de Ley que rijan la matrícula a nivel provincial. b) Ministerio de Bienestar Social -Subsecretaría de Salud- para todas las actividades del Artículo 5o, incisos a), b), c) y d) de la presente Ley que no posean organismos de ley según lo considerado en el inciso a). c) El Ministerio de Bienestar Social -Subsecretaría de Salud- deberá REGISTRAR la actividad reconocida por los Organismos de Ley. d) La Subsecretaría de Salud está facultada para la implementación de las modalidades de registro, certificación y recertificación de Títulos según lo disponga la reglamentación de todas las actividades que no posean Ley específica en tal sentido».

A su vez, refiere que el art.100 prevé que «Los locales o establecimientos donde ejerzan las personas comprendidas en la presente Ley, deberán estar previamente habilitados por el Ministerio de Bienestar Social -Subsecretaría de Salud y sujetos a su fiscalización y control, la que podrá suspender la habilitación, y/o disponer su clausura cuando las condiciones higiénico – sanitarias, la insuficiencia de elementos o insumos, condiciones técnicas y/o eficiencia de las prestaciones y/o atenciones públicas así lo hicieren pertinente. La Reglamentación determinará las condiciones y requisitos exigidos para la habilitación de los locales o establecimientos donde se ejerzan las actividades que regula la presente Ley».

Es decir, dice el juez, que la certificación otorgada por las demandadas si bien dice textualmente «auxiliar», no reviste ese tenor en términos legislativos y como tal jurídicos «.por cuanto no cuenta con la aprobación de la autoridad de aplicación, y consecuentemente no otorga habilitación alguna sea para trabajar en el ámbito privado (por ej. en una institución de salud o afín o habilitar un comercio sobre ese rubro) ni público».

III.-a) 1.3 Dicho lo cual, se pregunta «.¿si la actora concurre (atraída por folletos publicísticos) a la fundación «Castex Universitaria» cuyo objeto estadual es promover la educación, y en dicho ámbito realiza un curso de veinte meses con entrega de certificado que dice «auxiliar en enfermería general», con 1.200 horas cátedra a través de UCIS, puede razonablemente esperar que a cambio de la prestación dineraria recibirá la formación de auxiliaria publicitada con sustento legal?.

Para dar respuesta a tal interrogante -dice- debe encuadrar en derecho el servicio prestado por los demandados (art. 155 inc. 5 del CPCC y art.3 CCyC), mas allá del que invocaron las partes, en tanto en esa función «. el juez es soberano.».

Refiere así a la vital función que cumple la educación en la sociedad como la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra «el educando frente a quien ofrecen al público en general formaciones académicas de distintos ámbitos.», por lo que, según entiende, no corresponde encuadrarlo como «.un típico contrato de locación de servicio u obra en los términos de los moldes clásicos y paritarios.», sino que, a su entender «.la relación existente entre las partes se trató de un contrato innominado con aristas especiales y encuadre específico.».

En tal sentido, expresa que se trata de «.una enseñanza no estatal de tipo oneroso, esto es una operatoria jurídica mediante el cual un médico matriculado en el Colegio Médico conforme surge del legajo Penal (García) a través de un nombre de fantasía (UCIS) ofreció en un lugar específico (Fundación Universitaria Castex), un servicio de formación en salud (al que denominó en el certificado entregado «auxiliar en enfermería general») a un educando, que a cambio pagó un canon durante un período prolongado de tiempo (20 meses).».

Bajo tales consideraciones concluye que «no hay duda que ha existido entre los codemandados una organización tendiente a prestar con habitualidad un servicio de educación, máxime cuando ese mismo servicio fue ofrecido también de manera habitual en otras entidades (como Colegio Médico, Municipalidad de Catriel, según dieron cuentas las informativas acompañadas).».

Por ello (parafraseando doctrina que cita) entiende que «la atipicidad se ve mitigada atento la posibilidad de recurrir a las normas de la Ley de Defensa del Consumidor, dado que este contrato de prestaciones de servicios educativos privados puede ser calificado como contrato de consumo» (cfe. «Perspectivas contractuales de los servicios educativos Privados» de Carlos A.Hernández y Julieta Trisonno, Infojus).

De lo cual y recurriendo al estatuto del consumidor (CN, CCyC y LDC), tiene a la actora como consumidora y a las demandadas como proveedoras de un servicio educativo privado de consumo.

Señala que no existe duda en cuanto a la «la obligación cardinal de los proveedores respecto a lo informado y publicitado en la prestación del servicio ofrecido.», en tanto se trata de «una herramienta para lograr la captación de interesados en adquirir los servicios prestados», mas aún, dice, cuando se está ante una capacitación en una temática de salud.

III.-a) 1.4 En definitiva, en base a ese análisis antecedente, considera que si el curso se publicita y realiza en una entidad como una fundación (cuyo objetivo estadual es (entre otros) propulsar la formación y capacitación de los cuadros técnicos, administrativos y fomentar el intercambio con otros centros de estudios y/o fundaciones, entes o empresas que se dediquen al mejoramiento de la educación), si el mismo se materializa a través de un médico (quien utiliza para ello una marca inscripta regularmente) durante un período relativamente prolongado (20 meses) y se lo denomina «auxiliar en enfermería general», por el cual se paga un precio, es de esperar razonablemente -por el o la consumidora que concurre- que recibirá a cambio «una formación de auxiliaduría en los términos de la normativa citada en párrafos anteriores, y va a estar avalada por la autoridad de aplicación (Ministerio de Educación y/o Salud)».

En consecuencia, dice, el servicio brindado (durante veinte meses y a cambio de una prestación económica) no tiene autorización estatal alguna ni habilita para ninguna de las actividades referidas por la normativa que los rige y «. eso debió ser previamente informado y publicitado al o la consumidora (art.4 y 7 LDC).» pero las demandadas (teniendo la carga de hacerlo por estar en mejores condiciones) no acreditaron que así lo hubieran cumplido previamente.

Por el contrario – dice- del folleto considerado aquello no surge probado sino que, además, despué s de realizado el curso, se le entregó una certificación que dice «Capacitación Laboral» que, por la amplitud del término, no solo es sumamente vago sino que quedó también demostrado que esa certificación no goza de aprobación de la autoridad de aplicación.

En ese orden -agrega-, frente a la duda en el cumplimiento de esas exigencias publicistas e informativas a cargo de las demandadas corresponde interpretarla a favor de la consumidora (in dubio pro consumidor conf. art. 37 LDC) y, por tanto, tiene por acreditado que no publicitaron ni informaron previa y debidamente a la actora que el servicio ofrecido «no gozaba de autorización estatal, y consecuentemente no posibilitaba matriculación alguna para prestar el servicio de auxiliar enfermería que reza el certificado en los términos de la normativa aplicable.».

Señala que las demandadas se limitaron a desconocer la documental donde constan asistencias y pagos realizado por la

actora (fs.5) pero lo cierto – dice- es que la entrega del certificado da cuenta tanto de su asistencia a Fundación Castex como de la culminación del curso de veinte meses y del consecuente pago.

Razón por la cual, a tenor del paradigma objetivo de responsabilidad como la inversión de la carga probatoria (art. 5 y 40 LDC) y al no haber acreditado las demandadas (debiéndolo hacer) que lo ofrecido a la actora (curso de capacitación laboral que no goza de aprobación estatal y como tal no posibilita matriculación para actividad pública o privada como auxiliar de enfermería general) hubiera sido debidamente publicitado e informado, concluye que las demandadas incumplieron los deberes cardinales previstos (arts.4 y 8 de la LDC) y frente a ella, deben responder civilmente y de manera solidaria por tal proceder.

III.- a) 2 Los agravios Al tiempo de reprochar el incumplimiento contractual atribuido, el demandado GARCIA sostiene que el juez, al considerar que la vinculación habida importa un contrato innominado aplica forzadamente la Ley de Defensa del Consumidor cuando, en realidad, se trata de un contrato de locación de servicios (art. 1251 CCCN) y por lo tanto, aquella norma no le es aplicable.

Sostiene, además, que parte de una errónea premisa, cual es considerar que el curso de auxiliar de enfermería se trata de una «CARRERA» que otorga un «TITULO», para lo cual cita – ilegítimamente, dice- prueba documental y declaraciones efectuadas en legajos penales que resultan ajenos a la causa y, por tanto, solicita se declare su nulidad.

Dice que quedó demostrado «que los CURSOS se ofrecían como capacitación laboral en salud, no siendo necesario siquiera contar con título primario o secundario para poder inscribirse, lo que surge de la propia documental que aportara la actora (folleto de fojas 106) no surgiendo del mismo que se prometiera validez de título alguno y/o salida laboral, ni ningún tipo de promesa por el estilo», y que los testigos que depusieron «fueron contestes en afirmar que UCIS dicta cursos de capacitación laboral inclusive varias de ellas señalando que eso era informado previo al inicio de cursos, y que consiguieron trabajo con la certificación otorgada.».

Afirma que de su parte «.no ha existido.ningún tipo de incumplimiento contractual .atento que se celebró un contrato mediante el cual la actora abonó un precio cierto en dinero y como contraprestación UCIS dictaba cursos de aprendizaje para adquirir conocimientos y habilidades para el desempeño de un empleo, en nuestro caso, auxiliar de enfermería».

Refiere que se trata de cursos de capacitación no formal, como hay miles en otros rubros, donde no se entrega título sino una constancia o certificado de que aquel se ha realizado.

Afirma que el juez cita equívocamente la Ley de Educación Provincial no 2079, en tanto aquella «.se aplica para TITULOS que habilitan el ejercicio de una profesión, lo cual no se condice con todo lo que fué materia probatoria en autos.» y que la constancia que emite FUNDACION UNIVERSITARIA dice «CERTIFICO QUE. APROBO LA CAPACITACION LABORAL EN AUXILIAR DE ENFERMERIA GENERAL.», por lo cual forzar un interpretación «como lo hace el a-quo para entender que se trata de un TITULO.», no se condice con la prueba producida en este proceso.

III.- a) 2.1 Del marco legal aplicable Confrontados los agravios con los fundamentos sentenciados, en principio, se colige que el apelante cuestiona el encuadre legal acordado ( la LDC) no así la potestad jurisdiccional de aplicar la normativa que considere pertinente allende el derecho que pudieran haber invocado las partes, sino que lo que en realidad invoca es que, a este caso, no le corresponde el régimen consumeril sino que la relación habida es propia de una locación de servicios regida por el art.1251 del CCyC.

Más, si bien postula esa premisa luego no dice -en franco perjuicio de su postura- en que reside e influye, a los fines de la solución del caso, la elección del marco normativo dado por el juez (de base constitucional y legal) y el que su parte propicia.

Ello a fin de demostrar, en concreto, que la aplicación de un régimen normativo u otro conlleva a este tribunal a variar sustancialmente lo decidido respecto del incumplimiento contractual sentenciado.

Pero sucede que la objeción del marco normativo optado por el juez es formulada en abstracto, sin que desconozca los extremos fácticos que fundan la vinculación existente entre la actora y las demandadas a resultas de la cual -como bien apuntó el juez en su fallo- se suscitó la controversia.

En efecto, aquella advino del reconocido dictado -por su parte y de la Fundación Castex Universitaria- del curso de «auxiliar de enfermería general» que se materializó en la sede de la Fundación Castex Universitaria (situada en la localidad de Eduardo Castex) y por lo cual le extendieran a LOPEZ certificado de su finalización (obrante a fs. 4).

Por tanto, sea que esa plataforma fáctica no controvertida (la prestación de servicios educativos) se considere encuadrada en una relación de consumo -donde las demandadas por su calidad de organizadoras de aquel son proveedores y la actora que contrató ese servicio para sí, es una consumidora- o en una vinculación regida por el art. 1251 del CCyC (donde la actora sería la comitente y las demandadas las prestatarias del servicio) lo determinante para desvirtuar la responsabilidad atribuida residía -antes y ahora- en demostrar que de su parte no existió el incumplimiento contractual endilgado.

III.a) 2.2.Del deber de información Tan es así que el apelante no cuestiona – según dijo el juez-, que fue a resultas de aquella oferta educativa que la actora pagó un precio por esa capacitación y contrató la prestación de ese servicio educativo conforme los términos publicitados, marco en el cual tuvo por acreditado que no le informaron los alcances ni los términos de ese curso, en el sentido que afirmaron hacerlo.

De allí que la obligación de informar se encuentra presente tanto si se considera que la contratación de la prestación de servicios educativos se enmarca en una relación de consumo como si se la sitúa en el andarivel de la prestación de servicios que regla el art. 1251 del CCyC.

Así, de optarse por la LDC (como lo estimó el juez) se encuentra previsto en el artículo 4o que estatuye » Información. El proveedor está obligado a suministrar al consumidor en forma cierta, clara y detallada todo

lo relacionado con las características esenciales de los bienes y servicios que provee, y las condiciones de su comercialización. La información debe ser siempre gratuita para el consumidor y proporcionada en soporte físico, con claridad necesaria que permita su comprensión. Solo se podrá suplantar la comunicación en soporte físico si el consumidor o usuario optase de forma expresa por utilizar cualquier otro medio alternativo de comunicación que el proveedor ponga a disposición».

Mientras que, el artículo 1251 del CCyC, dentro de las obligaciones del contratista o prestador de servicios dispone la de «b) Informar al comitente sobre los aspectos esenciales del cumplimiento de la obligación comprometida».

Asimismo, no puede obviarse que en toda contratación rige el principio general y rector de buena fe, según el cual de acuerdo al marco normativo que el apelante entiende aplicable (en el art. 961 del CCyC), se estatuye que los contratos deben » .celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe.Obligan no sólo a los que estén formalmente expresado, sino a todas las consecuencias que puedan considerarse comprendidas en ellos, con los alcances en que razonablemente, se habría obligado un contratante cuidadoso y previsor».

Directriz incluida además, específicamente, en cuanto a la interpretación de los contratos (art. 1061 del CCyC), al señalar que «.el contrato debe interpretarse de acuerdo a la intención común de las partes y el principio de buena fe».

Además, en cuanto a la formación del consentimiento contractual, se establece que «.La oferta es la manifestación dirigida a persona determinada o determinable, con la intención de obligarse y con las precisiones necesarias para establecer los efectos que debe producir de ser aceptada» (cfe. art. 972 del CCyC); como también lo prevé la LDC, al tiempo de estatuir » Condiciones de la oferta y venta» ( arts. 7, 8 y sgtes.).

Por tanto, como dije, no obstante la calificación jurídica de la relación contractual existente, lo dirimente del incumplimiento atribuido a las demandadas en este proceso advino porque no acreditaron, según afirmaron al proponer su defensa (fs. 39/40 vta., contestación de demanda) que hubieran informado a la actora que la prestación de los servicios educativos ofrecida no le otorgaba título habilitante ni salida laboral a tenor de la fromación recibida.

III.-a) 2.3 De la carga probatoria Es claro también que el aporte de esa prueba le correspondía a la parte ahora apelante puesto que esa carga no deriva exclusivamente del régimen previsto en la LDC sino que tiene anclaje en las consabidas reglas probatorias generales a tenor del cual, quien dice haber satisfecho sus obligaciones debe por tanto el regular cumplimiento de las mismas.

Nótese que, en ese sentido, al contestar demanda (fs.40 final) el ahora apelante sostuvo que «.Jamás se le comunicó al alumnado que los cursos otorgaban título habilitante, ni salida laboral», sino que «INSISTO» -dijo- «son CURSOS DE CAPACITACION LABORAL», tan simple como eso, agregó.

De lo así postulado, dable es esperar que si la parte demandada afirmó que esos cursos nunca fueron ofrecidos en el sentido que la actora consideró (que tenían validez y estaban autorizados por la autoridad competente y podría matricularse a fin desarrollar la formación adquirida) quien debía probar la modalidad como los alcances en los cuales publicitados y convenidos esos servicios educativos eran las demandadas, por ser quienes los organizaban y dictaban, por lo cual, contaban con los elementos a su alcance para sí demostrarlo.

Sucede que ni el ahora apelante GARCIA pero tampoco la FUNDACIÓN, aportaron siquiera el contrato marco ni en particular con la actora, que diera cuenta de los alcances y modalidad en los cuales esa prestación de servicios fue ofrecida y eventualmente convenida; ni trajeron al proceso ninguna prueba de cómo o en qué condiciones se publicitó esa oferta educativa.

Por el contrario, la única folletería existente (la obrante a fs. 106 de este proceso) y según se observa, ninguna aclaración efectúa al respecto -como bien apuntó el juez- sino que incluso (remarco) lo que se hace constar, inicialmente, es lo siguiente: «Cursos pensados para que además de aprender, encuentres trabajo»; y, luego, se efectúa el detalle de esos cursos, entre los cuales, consta el de «Auxiliar de Enfermería General».

Entonces, frente a ese panorama de carestía probatoria de las demandadas como la ponderación de la prueba existente aportada por LOPEZ, es claro que las consecuencias desfavorables asignadas por el juez en relación a la postura defensiva no advino de la aplicación de la ley 24240 y como propugna la apelante debía serlo conforme al art. 1251 del CCyC, sino porque de conformidad al régimen general probatorio a quien afirma un hecho, le incumbe probarlo, en tanto tiene anclaje en el art.360 del CPCC.

Precisamente, esa carga probatoria incumplida como sus efectos – puntualmente explicados por el juez-, no resultan motivo de objeción concreta por parte del apelante ni esa exigencia se abastece, claro está, limitándose a invocar genéricamente y en abstracto -como lo hace la apelante- que el juez realiza una forzada aplicación de la LDC cuando, como antes dije, omite explicar -aun someramente- de qué modo la aplicación del art. 1251 del CCyC que pretende influiría, sustancialmente, en la solución dada por el juez al caso para motivar, fundadamente, la modificación de lo sentenciado.

III.-a) 2.4 De los alcances de la prestación de servicios educativos ofrecida y su falta de autorización Por lo demás, no es cierto tampoco ( como sostiene el apelante) que en algún pasaje del pormenorizado abordaje dado por el juez a la cuestión, este hubiera expresado o considerado que el curso de auxiliar de enfermería se trataba de una carrera o que a resultas de ello se obtuviera un título universitario; ni fue esa la pretensión de la actora conforme surge de los términos demandados (fs. 14/18).

Lo que explicó el juez -según lo referenciado en el acápite III.a1.2 y no resulta cuestionado idóneamente por el apelante- es que de conformidad a la prueba colectada, sea que ese curso fuera dictado en el marco de la educación formal o no formal, igualmente debía contar con la autorización del Ministerio de Educación conforme el marco normativo que prevé la Ley de Educación Provincial N° 2079 ( art.101, como le indicó el juez) Y, como quedó acreditado, en lo que respecta al curso de «Auxiliar de Enfermería General» dictado por las demandadas, esa autorización, (de acuerdo a lo informado por el Ministerio de Educación de esta provincia), resultaba inexistente.

Puntualmente, en lo atinente a esa carencia de autorización para el dictado de ese curso, fuera en la modalidad formal o no formal, el apelante ninguna objeción efectúa; máxime cuando al contestar demanda (fs. 39vta.) sostuvo que «.Los cursos que se dictaron en FCU están aprobados por la Dirección de Educación del Adulto y capacitación no Formal, dependiente del Ministerio de Cultura y Educación desde el año 2008, conforme surge de la disposición no 30/08 suscripta por el Licenciado Martín MOHAISER».

Por el contrario, incluso los términos de la Disposición N° 30/08 que el apelante citó en apoyo de su versión son los que la desmienten.

Justamente, el juez le indicó que de ese acto administrativo (obrante a fs.31/31vta.) no surge esa mentada autorización respecto del «Curso de Auxiliar de Enfermería General» sino que aquella fue expedida respecto de los cursos de Formación Laboral en «Promotor de Salud», «Cuidador Primario Gerontológico» y «Auxiliar de Farmacia» ; términos que ahora corroboro dado que tengo esa disposición a la vista.

Por lo demás, el apelante no cuestiona tampoco las restantes pruebas ponderadas por el juez (tales como los informes del Ministerio de Educación y del Ministerio de Salud expresamente ponderados al sentenciar) ni su eficacia probatoria, a resultas de lo cual concluyó en la inexistente autorización para el dictado de ese curso (aun cuando fuera educación no formal) y, por consiguiente, en el incumplimiento contractual incurrido en virtud de esa prestación de servicios educativos ofertada.

Por el contrario, se limita a señalar que la prueba documental agregada en el legajo penal (sin explicitar tampoco cual, concretamente) es nula por ser ajena a este proceso; sin embargo, esas actuaciones, no son ajenas probatoriamente a este trámite; confunde el apelante -o intenta hacerlo-, al expresar que esa extrañeza radica en que quien lo denunció penalmente en aquellas actuaciones no fue LOPEZ sino otra persona.

Pero, lo cierto es que no desconoce que quien sí tuvo participación e intervención en aquella investigación tramitada en el fuero penal como también en el marco de esta demanda civil ha sido su parte, motivo por el cual, esa ajenidad a su respecto no es tal; y, por ende,

la nulidad que pretende ahora, en este estadio recursivo, bajo tal premisa, no tiene andamiaje.

Es que, sin perjuicio de lo dicho, sucede que al tiempo de ofrecerse esa prueba documental por la actora, como al agregarse luego a este proceso, el ahora apelante no dedujo objeción alguna.Razón por la cual, pretender la nulidad de la prueba documental obrante en el legajo penal ( en el que tuvo participación) y que fuera incorporado como probanza en este trámite, a tenor de su propio accionar antecedente, no sólo se presenta infundada sino también, manifiestamente tardía.

III.-a) 2.4 En suma, los agravios que dirige contra la responsabilidad atribuida (al sostener que de su parte no hubo incumplimiento, que se aplicó un erróneo encuadre legal al caso conforme la LDC y así también una equívoca aplicación de la ley 2079) se presentan carentes de idoneidad crítica conforme le es exigible al tiempo de proponerse la revisión de lo decidido (art. 246 CPCC).

Esa inoperancia recursiva deriva de omitir ( al proponer sus tres primeros agravios) la impugnación de las principales y sustanciales aristas analizadas por el juez para concluir en el incumplimiento contractual de su parte ( que fueron debidamente explicitadas), dejando incólumes los argumentos dados por el juez de la anterior instancia y que derivan en una sentencia razonablemente fundada ( cfe. art.155 – inciso 6) del CPCC y arts. 1, 2 y 3 del CCyC), motivo por el cual, me conduce al rechazo de las pretendidas objeciones allí formuladas.

III.- b) De los restantes agravios III.- b) 1 Del daño emergente admitido Luego de tener por acreditado el incumplimiento de las demandadas, sostuvo el juez que «.estando acreditado que la actora recibió el certificado de auxiliar de enfermería integral, y que el mismo no goza de autorización estatal, y esa carencia no fue debidamente publicitada ni informada a la actora, es que a partir de tal certificación, he de tener acreditado que el mismo fue abonado en su integralidad durante el plazo de veinte meses; por lo que meritando la documental de fs.5, procede el rubro por la suma de $ 200 por los tres primeros meses, $ 300 por los cuatro meses siguientes, $ 400 en el período 09.11, $ 300 por los períodos 10.11 y 11.11 y $ 400 hasta el final del curso (diez meses)» y que «.a pesar de estar en blanco algunos casilleros, la entrega del certificado sin reserva alguna da cuenta que el curso estaba pagado en su integridad.».

Sumas que, como también dijo, «.generará intereses desde que los montos fueron abonados (mensualmente durante la duración del curso) y hasta su efectivo pago.».

También expresó que al no estar en discusión «.que la actora vivía en la ciudad de General Pico al momento de realizar el curso (ver fs.

2).», proceden los gastos de traslado desde dicha ciudad hacia Eduardo Castex, como los de estadía por el plazo de veinte meses (no veinticuatro como requiere la actora); y a ese fin, consideró «el monto reclamado de $ 250 mensuales.» sumas que, además, generarán intereses «desde la fecha de interposición de demanda y hasta su efectivo pago».

III.- b) 1. a) El agravio Contra lo así decidido, el demandado sostiene que a tenor del folleto adjuntado por la actora como el relato de los testigos que depusieron en este proceso, no existió publicidad engañosa y la actora no «aportó en autos ninguna prueba que tienda a acreditar el pago de las cuotas y mucho menos en los montos que señala V.S., máxime teniendo en cuenta que el desconocimiento efectuado por la contraria»; prueba que, dice, no puede ser suplantada o equiparada con la entrega del certificado al que refiere el juez.

Respecto a los gastos de traslado y estadía, consid era que la actora no ofreció prueba alguna al respecto por lo que el juez hizo lugar basándose «en meras suposiciones» (cita los arts. 17 y 18 CN).

III.- b) 1.b) De acuerdo a los términos propuestos y conforme quedó dicho en el acta de audiencia preliminar, el dictado del curso de auxiliar de enfermería que originó el reclamo actoral no importó un hecho controvertido; por lo cual, no se colige -ni tampoco indica el apelante- que otra prueba debía de efectuar la actora para acreditar que cursó su dictado y abonó por ello el precio durante el tiempo que duró (20 meses, 1.200 horas cátedra), cuando, esa cuestión quedó reconocida desde el inicio como la entrega del certificado que da cuenta de su finalización (fs. 4).

Entonces, esa pretendida objeción que ensaya respecto de ese rubro y a resultas de su accionar antecedente se presenta inocua en tanto pretende desconocer su existencia cuando, como bien dijo el juez, si otorgó un certificado en los términos indicados ello implica que la actora cumplimentó el pago de las referidas cuotas; de las cuales, además, aportó las constancias de esos pagos, las que no fueron cuestionadas.

De ello deriva que, el cursado de aquel, le insumió a la actora los gastos de traslado y estadía que reclamó, en tanto tampoco se encuentra discutido que – como dijo el juez-, el curso se materializó en las instalaciones de la Fundación sitas en Eduardo Castex y que la demandante vivía en la ciudad de General Pico, por lo cual, debía trasladarse a esa localidad, mensualmente, para cumplir con las cursadas.

De lo antes dicho deriva que, al no negar el apelante el dictado del curso como el lugar en el cual se materializó ni el tiempo por el cual se concretó como el precio pactado, otorgándole, además, el certificado de finalización, es lógico determinar que por parte de la actora existió el desembolso de dinero que dijo haber efectuado.

Por tanto, contrariamente a lo dicho por el apelante, el juez no suplió prueba no producida sino que, consideró que la aportada por la actora le daba verosímil sustento al reclamo realizado, tanto respecto al pago efectuado por aquella de las cuotas como demás gastos -detraslado y estadía- derivados de cursar en otra localidad distante de su domicilio habitual.

Por tanto, los agravios propuestos contra la admisión del rubro «daño emergente» se encuentran desiertos de argumentación crítica y razonada (art. 246 CPCC.) y, por ello, me conduce a su rechazo.

II.- b) 2. Del daño moral Al reclamar ese rubro, señala el juez que la actora invocó la mala fe y actitud dolosa de los demandados en tanto sabían de la falta de autorización del curso y dejó su cuantificación sujeta al criterio judicial.

En ese sentido el juez ponderó que el daño moral implica las consecuencias disvaliosas producidas a partir del evento ilícito (daño no justificado) y en el caso, «.no hay duda que la información obtenida por la actora después de terminado el curso de veinte meses, respecto a la carencia de habilitación de la autoridad de aplicación (conforme probanza de la causa penal del lic. Otero y adjuntada en autos), repercutió negativamente en su espíritu, produciendo sensaciones de frustración y angustia».

De ello derivó que «.tratándose de un rubro que se prueba per se, estimo el daño en la suma de $ 40.000 a la fecha de la demanda, más intereses a tasa mixta (art. 157 del CPCC, 1717, 1741 y cc del CCyC)».

III.-b) 2. a) El agravio Contra lo así decidido, el demandado -al desarrollar su agravio- sostiene que «.es falso lo señalado por el juez respecto de la supuesta carencia de información de los cursos, quien además se basó «en una causa penal en la cual la actora NO ES PARTE (ni denunciante ni damnificada) y que las actuaciones penales fueron archivadas por ausencia de delito alguno, no habiendo existido siquiera una condena penal contra su representado que amerite o justifique que se haga lugar a éste rubro indemnizatorio.» III.- b) 2.b) Se advierte que, en principio, reitera el apelante su queja respecto de la carencia de información que el juez determinó, cuando, como ya se dijo pero se remarca, esa falencia no surge sólo por el análisis de las pruebas colectadas en el legajo penal referido sino, concretamente, por la total ausencia de actividad probatoria que, pudiendo hacerlo, no desplegó en este proceso.

Cabe reiterar que fue en este proceso en el cual el demandado afirmó que la actora tenía conocimiento que el curso de enfermería no era un título habilitante ni otorgaba salida laboral y que, tales alcances, le fueron informados; sin embargo, no aportó contrato en el cual se hiciera saber a aquella de sus términos, tampoco folletos en los cuales, al menos, se publicitaran sus alcances; en rigor, no aportó prueba alguna en ese aspecto no obstante ser quien estaba a cargo del dictado de los mismos.

Confunde el apelante la inexistencia de delito en la instancia penal con la ausencia de prueba, en este proceso, respecto de la obligación de brindar una adecuada información en torno a la oferta

educativa que prestaba y de la cual, independientemente que el dictado de los cursos en esos términos (por no estar autorizada por el Ministerio de Educación) pudiera derivar en la comisión de un delito, lo que aquí debía determinarse era si ese accionar importa un proceder antijurídico (art. 1717 CCyC) y que, como tal, de cauce a la reparación de los daños -patrimoniales y extrapatrimoniales- derivados del incumplimiento contractual reprochado.

Razón por la cual, el agravio en los términos propuestos, no abastece una crítica idónea para revertir lo decidido, sino que lleva a confirmar la procedencia del rubro admitido en la anterior instancia.

III.- b) 3.La cuantificación del daño moral y el curso de los intereses La actora, a su vez, cuestiona que el juez estimó el rubro en $ 40.000, pero sin explicar cómo llegó a esa exigua suma, lo que implica que es sumamente difícil criticarlo en forma concreta y razonada, cuando no hay argumento que criticar; refiere así que «la suma alcanzada no representa ni un salario básico de auxiliar de enfermería conforme CCT 122/75 ($ 50.739.00) lo que denota lo insuficiente de esta reparación».

Cierto es que el juez al admitir la procedencia del rubro si bien explica en qué se basa, luego no es lo suficientemente explícito en cuanto al porqué arriba a esa suma; por lo cual, desde esa óptica, asiste razón a la apelante; no obstante, en cuanto a la suma asignada, se limita a señalar que la reparación otorgada es insuficiente, pero no indica en qué medida o porqué lo es.

En ese orden, memorando los términos de la demanda (fs. 17) se observa que, al reclamarlo, tampoco invocó pautas de ponderación, ni suma tentativa alguna; por el contrario, señaló allí «cuyo monto se reserva para su cuantificación al prudente arbitrio de V.S. (art. 522 CC)».

En consecuencia, objetar ahora la suma otorgada cuando antes no estimó siquiera un monto por tal concepto ni las pautas que a ese fin debían de considerarse, dan cuenta que su queja porta sólo un disenso pero sin demostrar en qué reside el error del juez al otorgar la suma asignada.

Asimismo se agravia -respecto del daño moral-, porque conforme lo previsto por el art. 1748 CCyCN los intereses deben computarse desde el momento en que se causó cada perjuicio -desde que se consolidó el acto ilícito-, es decir «. desde la fecha en que fue emitido el título de auxiliar de enfermería:12/12/2011.».

Ahora bien, de lo sentenciado, se observa que el juez no negó la aplicación de intereses, tampoco surge que hubiera determinado una forma distinta de cálculo a la que pretende la apelante o desde cuándo los ha liquidado; lo que sí dijo es que la suma otorgada de $ 40.000 es «.calculada a la fecha de la sentencia con más intereses.».

Sin embargo, la parte actora no pidió aclaración en su momento (al menos no surge así pedida en la anterior instancia) sino que ahora, directamente, impugna lo decidido pero, como dije, sin explicar por qué motivo considera que el juez calculó los intereses de modo distinto a lo previsto en el art. 1748 del CCyC que propicia o, en qué reside el gravamen concreto o el ligamen con lo decidido.

Por lo cual -como tengo reiteradamente dicho-, este estadio revisor está dado para examinar los agravios propuestos pero, para ello, las partes deben no sólo proponer la impugnación sino fundarla idóneamente, dado que no le es exigible a este tribunal que tentativamente interprete un eventual error en lo fallado, sino expedirse sobre la atinencia o no de la crítica que se propone para demostrarlo; y, a resultas de cómo fue invocada, no logra tal objeto (art. 246 CPCC) sino que deriva en su rechazo.

III.- b) 4. De los rubros desestimados Se agravia también la actora porque el juez bajo el «.erróneo argumento.que su parte al momento de prestar declaración dijo ser empleada doméstica siendo que estudió para trabajar de auxiliar de enfermería pero por la invalidez de su título debió ejercer dicho trabajo.», desestimó el rubro.

Agrega que -al demandar- propuso como fórmula reparadora «.la diferencia que existe entre el salario básico del personal de cuidados gerontológicos (categoría IV CCT 459/75) y el de enfermería de establecimientos geriátricos (CT122/75).», dado que -conforme lo prevé el art. 313 inc.7 CPCC-, se requiere a esta parte que especifique «cómo se arriba al monto del reclamo» pero, ello no implica que el juez no pudiera proponer otra base de cálculo, en tanto, la suya no resulta vinculante.

Dice que el error del juez fue «cerrarse en la idea de un único calculo posible del daño a indemnizar, lo que lo condujo a presumir que no existió perdida de chance ni lucro cesante» y, por tanto, confundió «el daño causado con la forma de calcularlo.».

III.- b) 4. a) Cierto es que, en principio, en el desarrollo de los considerandos existe una confusión en los argumentos dados por el juez al tiempo de abordar tales rubros; ello por cuanto el lucro cesante es aquella ganan cia que se ha dejado de percibir mientras que la chance, es la posibilidad eventual de haberla obtenido.

En tal sentido, al no tener autorización la capacitación cursada, no le permitió a la actora matricularse para el ejercicio de la misma; por lo cual, no pudo ni tuvo ingresos como auxiliar de enfermería general; por tanto, no hubo ganancia que se percibiera y luego cesó de continuar obteniéndola.

Mas ello no implica que, el finalizar el curso -y así fue certificado por las demandadas- y al no haber tenido la habilitación pertinente, de ello se derivó la frustración de una verosímil chance de obtener ingresos a resultas de esa capacitación lograda.

Por tanto, si bien no puede asegurarse que por la sola finalización del curso de auxiliar de enfermería conseguiría trabajo con la consecuente obtención de ingresos ni su cuantía, esa chance de lograrlos sin embargo porta verosímil pertinencia (art.1739 del CCyC); por lo demás, no obsta a ello que la actora tenga o tuviera ingresos por otras actividades, en tanto lo que le privó es la chance de obtener otros -sean en exclusividad o complementarios de aquellos-.

En consecuencia, entiendo que cabe admitir -parcialmente- el agravio de la actora, confirmándose el rechazo del rubro lucro cesante pero, admitiéndolo en cuanto a la pérdida de chance y, en consecuencia, condenar a las demandadas a que, junto con los rubros ya admitidos, también resarzan aquel, debiendo abonarle las sumas que por tal concepto reclamó en la demanda ($ 41.375).

Ello por cuanto las pautas allí estimadas resultan adecuadas y, además, no fueron objetadas en modo alguno por las demandadas (tanto al tiempo de contestar demanda como tampoco al contestar ese agravio en este estadio revisor).

III.- b) 5. Del daño al proyecto de vida Al desestimar el juez dicho rubro, sostuvo que «.en su ampliación de demanda, la actora acotó que pretendía desempeñarse como auxiliar en enfermería y formar así su futuro profesional, y por la invalidez del título se frustro su proyecto de vida, y si bien ya reclama la frustración del lucro cesante, pérdida de chance y daño moral, la jurisprudencia ha diferenciado los conceptos, citando jurisprudencia sobre incapacidad psicofísica, estimando el rubro reclamado por pérdida de chance.».

Señaló que, el art. 1738 última parte del CCyC, después de deslindar en el primer párrafo lo que comprende la indemnización (daño emergente, lucro cesante, pérdida de la chance), refiere que incluye especialmente a «las consecuencias. que resultan de la interferencia en su proyecto de vida».

Asimismo, señaló que «.La Corte Interamericana de Derechos Humanos abordó el tema por primera vez en el conocido caso «Loayza Tamayo Vs.Perú» (27.11.1998); acotando que dicho rubro implica «una expectativa razonable y accesible en el caso concreto, implica la pérdida o el grave menoscabo de oportunidades de desarrollo personal, en forma irreparable o muy difícilmente reparable».

Expresó que, «atento que la actora no acreditó que antes del curso haya estado trabajando en la actividad a la que hizo referencia al estimar el lucro cesante (institución geriátrica), es que no puede arribarse a la conclusión que su falta de legalización de la autoridad de aplicación haya alterado y/o intervenido gravemente su curso de vida, de manera tal que pueda derivarse en un reclamo indemnizatorio autónomo de los concedidos en autos (daño emergente y daño moral)» y, por tanto, se expidió por el rechazo del rubro.

III.- b) 5. a) El agravio Contra lo así decidido, expresa la actora que si estudió auxiliar de enfermería y encausó su vida como empleada doméstica -porque el título otorgado era inválido- no puede sostenerse que no existe constancia de daño al proyecto de vida, pues resulta notorio que se

gana la vida en algo que no guarda relación alguna con aquello que infructuosamente estudió.

Ahora bien, su impugnación, se reduce a ello; lo que a simple vista se presenta no sólo escueto en su desarrollo sino, principalmente, en cuanto a su argumentación; dado que, aun cuando se disienta con la interpretación del juez, no basta con ello, sino que debe demostrarse porqué, ese criterio, resulta errado, en concreto y en contexto; porque, como todo daño, para su procedencia, deben de acreditarse los extremos fácticos que le den sustento.

De allí que, si bien antes ponderé que existía base fáctica para dar curso a la indemnización de la pérdida de chance, sucede que no acontece lo mismo con el daño al «proyecto de vida» que resulta tan sustancial e inherente a la persona que, al menos, merecía que la actora produjera la prueba que diera cuenta en qué consistía ese proyecto que, dice, se lefrustró ineludiblemente, y su relación o ligamen con el incumplimiento contractual denunciado.

Mas, al no hacerlo, la indemnización admitida en la anterior instancia (por daño emergente, daño moral y en esta instancia la pérdida de chance) importa, conforme la prueba rendida, una adecuada indemnización de los perjuicios efectivamente sufridos; por lo que, no cabe extenderla a otros rubros que se invocan genéricamente pero no se encuentran siquiera indiciariamente probados; de allí la desestimación de su agravio en ese aspecto.

III.- b) 6. De la imposición de costas Por último, el demandado GARCIA se queja de la imposición de costas en forma solidaria (cfe. art. 62 -primera parte- CPCC) sin tener en cuenta que la sentencia resolvió hacer lugar parcialmente a la demanda, existiendo rubros reclamados por la actora que no prosperaron (lucro cesante y pérdida de chance, daño al proyecto de vida).

Refiere que la demanda prosperó en un 23,51%, correspondiendo por ello que las costas respecto al monto que no prosperó sean soportadas por la actora (art. 65 CPCC).

El juez, al decidir, dijo: Costas «.atento el resultado obtenido, las impongo solidariamente a las partes demandadas (art. 62 del CPCC).», y,

como se advierte, sin mayor explicación que lo así dicho; dado que hace referencia al resultado obtenido pero no indica si lo es a los fines cualitativos o cuantitativos o ambos; es decir, al progreso de la acción (favorable a la actora) o también en cuanto al progreso de los rubros o sumas pretendidas (parcialmente admitidos).

Desde esa óptica, la imposición de costas no se encuentra suficientemente fundada y, cierto es, dificulta la refutación de argumentos en tanto lo así dicho no los contiene explícitamente.

Razón por la cual ha de examinarse ahora si la imposición de costas así determinada resulta ajustada o no, a resultas del proceso, dado que si bien acuerdo con la aplicación del art. 65 del CPCC, su aplicación no resulta automática ni meramente aritmética, sino que ha de ser ponderada en cada caso (cfe.dijimos en esta Sala 1 en » LO BRUNO ESTRUCTURAS S.A. Y OTRO c/Néstor Javier ELERO- «Danomet» s/ DAÑOS Y PERJUICIOS» 21508 rCA, sent.8.7.2021, entre otras).

En tal sentido, en este caso, el apelante se limita a pedir su aplicación conforme el resultado porcentualmente obtenido por la actora (según dice, en un 23.51%) dado el progreso parcial de la demanda; pero, sucede que, en principio, a resultas de lo decidido antes -la admisión del rubro pérdida de chance- ese alcance se modifica y aquella obtiene una mayor procedencia de los rubros como en la cuantía de su resarcimiento.

Pero aun así, para peticionar la aplicación del art. 65 del CPCC, no se trata sólo de cálculos aritméticos sino de demostrar porqué la actora es vencida sustancialmente frente a su parte y que, por ello, amerite una distinta distribución de las costas.

De allí que siendo que la demandada por incumplimiento contractual prosperó y que se condenó a las codemandadas a abonarle los daños y perjuicios causados, admitiéndose el daño emergente, el daño moral como ahora la pérdida de chance, no obstante que no se acceda al daño proyecto de vida como tampoco el lucro cesante no transforma a aquella en vencida frente al apelante – al menos no categóricamente, por el contrario, lo aquí decidido viene a confirmar es su parte quien asume esa calidad.

Máxime cuando aquella imposición de costas y regulación de honorarios a cargo de las codemandadas – según se estableció en la anterior instancia- se encuentra circunscripta a los rubros admitidos no así por la totalidad de lo demandado y, esa base regulatoria no vino cuestionada ni corresponde, en caso de disenso y a fin de establecer los honorarios sobre los rubros desestimados, que sea la parte demandada quien la titularice sino, por su propio derecho, los abogados actuantes.

Lo dicho entonces me conduce a desestimar ese agravio porque más allá de la premisa que invoca, el apelante no demuestra razones que autoricen a variar el signo de loasí decidido IV.- De las costas y honorarios de Segunda Instancia Atento el resultado obtenido por las partes apelantes, si bien se admite el recurso de la actora, lo es parcialmente (la pérdida de chance) mientras que el de la parte demandada lo es en su totalidad pero, ninguna resulta categóricamente vencedora frente a la otra, las costas generadas en este estadio serán impuestas en el orden causado (art. 62 -parte final- del CPCC).

Se regulan los honorarios profesionales de Fernando Daniel CANEPINI (abogado apoderado de la actora ) en el .%, mientras que, a favor de Fernando DE GIOVANNI (abogado apoderado de Mauricio GARCIA) en el .%, ambos porcentuales a liquidarse sobre los honorarios que, respectivamente, les fueron fijados en la anterior instancia (punto 2), act. 938205), con más IVA en caso de así corresponder, de acuerdo a la condición tributaria de los profesionales frente a ese impuesto (arts. 6, 7 y 14 ley 1007).

La juez Laura TORRES:

El juez de la anterior instancia, luego de dejar sentado (en el «RESULTA») la pretensión de la actora y las defensas articuladas por las demandadas, inició su evaluación del caso a partir de los hechos fijados como controvertidos (cfe. acta de audiencia preliminar): «incumplimiento contractual de los demandados, respons abilidad, daños y rubros».

Señaló, en ese marco, que «La cuestión controversial objeto de litis, se sustenta a partir del certificado obtenido por la actora como «auxiliar de enfermería general» otorgado por UCIS (Unidad Capacitadora Integral de Salud), y materializado en las instalaciones de Fundación Castex Universitaria, durante veinte meses con 1.200 horas cátedras, finalizado el 19.12.2011″.

Advierto así, y en primer lugar, que dado el meticuloso análisis y consideración de la cuestión controvertida en la instancia anterior efectuada por mi colega Alvarez y que viene en apelación, determinan que mi voto se limite a marcar las coincidencias (contrato de consumo) y a fundar mi disidencia respecto a la existencia de un incumplimiento contractual, responsabilidad endilgada y consecuente improcedencia de los rubros y montos demandados.

I.- Del contrato de consumo.Coincido, tal como bien se explicita en el voto precedente y a cuyos fundamentos me remito, en que resulta indiferente a los fines aquí discutidos que el contrato que uniera a las partes se trate de un contrato de consumo o de locación de servicio; en todo caso el apelante no explica (debiendo hacerlo) en qué variaría la obligación de informar de aplicarse uno (LDC) u otro ordenamiento jurídico (CCyC); en tanto se trata de una obligación inherente a ambos contratos.

Observo también que el apelante no efectuó una crítica razonada (art. 246 CPCC) sobre el encuadre realizado por el juez de que se trató de un contrato innominado inserto en el marco de una organización empresarial y regido por la la ley de defensa del consumidor (LDC), en la cual (cfe. al Estatuto) la actora es una consumidora y las demandadas proveedoras del servicio educativo privado de consumo y que, por tanto, era obligación cardinal sustantiva de los proveedores informar y publicitar adecuadamente cuál es o en qué consiste el servicio ofrecido.

Comparto, por tanto y bajo tales premisas, que la LDC alcanza a las personas que hacen de la provisión de servicios (educativo, en este caso) una tarea habitual lucrativa, para cuyos fines tiene montada una organización de medios conducentes a prestar sus servicios profesionales, y en ese sentido me expido.

II.- Del incumplimiento contractual de la demandada – su responsabilidad.

II.-a) Lo fallado.El magistrado interviniente analizó la controversia en los términos reseñados en el voto antecedente y se preguntó (luego) «¿si la actora concurre (atraída por folletos publicísticos) a la fundación «Castex Universitaria» cuyo objeto estadual es promover la educación, y en dicho ámbito realiza un curso de veinte meses con entrega de certificado que dice «auxiliar en enfermería general», con 1.200 horas cátedras a través de UCIS, puede razonablemente esperar que a cambio de la prestación dineraria recibirá la formación de auxiliaria publicitada con sustento legal?».

El sentenciante razonó, en ese marco y ante dicho interrogante, que «si el curso se publicita y realiza en una entidad como una fundación, cuyo objetivo estadual es (entre otros) propulsar la formación y capacitación de los cuadros técnicos, administrativos y fomentar el intercambio con otros centros de estudios y/o fundaciones, entes o empresas que se dediquen al mejoramiento de la educación, y el mismo se materializa a través de un médico (quien utiliza para ello una marca inscripta regularmente), durante un período relativamente prolongado (20 meses), y se denomina «auxiliar en enfermeria general», pagando un precio por ello, el o la consumidora que concurre, ha de esperar razonablemente que a cambio recibirá una formación de auxiliaduria en los términos de la normativa citada en párrafos anteriores, y va a estar avalada por la autoridad de aplicación (Ministerio de Educación y/o Salud)».

Tuvo por acreditado así y ante la duda (in dubio pro consumidor conf. art. 37 LDC), «.que las demandadas no publicitaron ni informaron previa y debidamente a la actora, que el servicio ofrecido no gozaba de autorización estatal, y consecuentemente no posibilitaba matriculación alguna para prestar el servicio de auxiliar enfermería que reza el certificado en los términos de la normativa aplicable».

Concluyó, por ende, de acuerdo al «paradigma objetivo de responsabilidad con inversión de la carga probatoria (art.5 y 40 LDC)», que las demandadas no acreditaron, debiendo hacerlo, «que lo ofrecido (curso de capacitación laboral que no goza de aprobación estatal y como tal no posibilita matriculación para

actividad pública o privada como auxiliar de farmacia), haya sido debidamente publicitado e informado a la actora» que, precisamente, esa falta de información y adecuada publicitación configuró el incumplimiento de «los deberes cardinales de los arts. 4 y 8 de la LDC» y, por tanto, «que deben responder civilmente y de manera solidaria por tal proceder frente a la consumidora».

II.-b) «La publicidad engañosa y su influencia en las expectativas razonables del consumidor» Sostienen al respecto Ramón Pizarro y Ruben Stiglitz («Tratado jurisprudencial y doctrinario – Defensa del consumidor»; Carlo A Ghersi – Cecila Weingarten . Directores; Ed. L.L.2011, t. II – Textos completos. 9. 732 y ss.): «El fenómeno de la publicidad en los tiempos que corren encierra, por cierto, algunos riesgos de importancia para los legítimos intereses de los consumidores y usuarios. Nos detendremos en uno de ellos: el que dimana de la contradicción del contenido del mensaje con la verdad. Hemos señalado que las expectativas razonables del consumidor pueden frustrarse cuando la publicidad es engañosa y conduce a inducir en el error a sus destinatarios. El carácter engañoso puede presentarse de distintas maneras, a veces bajo maquillajes muy sutiles, ya en forma positiva, a través de lo que la publicidad «dice» explícitamente o «sugiere» a través de imágenes, ora en forma omisiva, por todo lo que aquella deliberadamente silencia, cuando se trata de aspectos relevantes que, de buena fe, deberían ser difundidos para una cabal información del potencial consumidor o usuario. Dicho de otro modo, la publicidad engañosa se sustenta en la aptitud «de inducir a error a los destinatarios, quienes pueden elaborarse representaciones acerca de los beneficios o ventajas de la contratación con el anunciante que no se corresponden con la realidad.En lo que nos interesa, el mensaje publicitario engañoso que incita o impulsa a contratar conduce a la insatisfacción del interés contractual del consumidor, quien tiene legítimo derecho a decidir el acto de consumo en base a una información veraz. La publicidad engañosa está en pugna, además con tres principios fundamentales del derecho del consumo: el de equilibrio, el de veracidad y el de confianza en la apariencia desplegada y, por último se erige en un instrumento de distorsión del mercado, al permitir que ciertos proveedores profesionales puedan obtener

réditos económicos indebidos, a expensas de otros que actúan honestamente, a través de ese tipo de prácticas» (énfasis propio).

II.-c) Mi decisión.

Interpreto, a diferencia de la conclusión judicial arribada en la anterior instancia y el voto de mi colega, que en el contexto reseñado y más allá de la inversión de la carga probatoria y el principio in dubio pro consumidor, no se ha verificado en el caso el incumplimiento contractual originante de la responsabilidad demandada (cfe. arts. 1137 y 1138 C.C.): «.curso identificado como «auxiliar de enfermería» con título que se prometía de validez oficial» y en condiciones matriculables»; que «UCIS y FCU necesitaban para el dictado de los cursos que recibió la actora la aprobación de la autoridad de aplicación. para ejercer válidamente su actividad»; (h. 14 vta.).

Entiendo que, sin perjuicio que la (alegada) «falta de información y adecuada publicitación» fallada no integró la pretensión actoral, lo esencial es, a mi criterio, que tales omisiones no se configuraron en el supuesto bajo tratamiento; mucho menos que lo publicitado en el diario «La Reforma» y en radio 37 de la ciudad de General Pico (según señala en su denuncia ante el MPF -actuación A2826- de fecha 15/3/2013) y ofertado pueda catalogarse, conforme lo trascrito (pto II- b), como una publicidad engañosa.

Observo sí que de la prueba acercada y producida en el expediente (informes, testimonios y documental anexada), primordialmente el folleto de h.116, no surge que se hubiera incumplido con lo oportunamente ofertado; sino que, por el contrario, se cumplió con ello.En efecto, se dió el curso en su totalidad, con el diseño publicitado y en el tiempo acordado; a tal punto que ningún incumplimiento se aduce a ese respecto.

Recuerdo, a esos fines, que en la constancia de asistencia y pagos de FCU (obrante a h. 12) en la parte superior se lee «cursos de capacitación para la salud. AUXILIAR DE ENFERMERIA GENERAL» (énfasis propio); por lo que no encuentro causa ni razón suficiente para considerar que la actora desconociera que se trataba de una capacitación en salud, no de una carrera a cuya

finalización se extendería un titulo habilitante que le asegurara conseguir un trabajo.

Constato, además, que lo publicitado era el dictado de: «originales cursos de capacitación laboral en salud». La misma sigla UCIS: «UNIDAD CAPACITADORA INTEGRAL EN SALUD» así lo revela. Así también se encuentra plasmado en la publicación «.cursos pensados para que además de aprender, encuentres trabajo», lo que permite extraer una primera conclusión: no se aseguraba un título ni matriculación, sino una capacitación laboral en salud, en este caso: «auxiliar de enfermería general»; o sea adquirir una formación que posibilitara una eventual salida laboral, pero de ello no se deriva que se lo asegurara ni que se esté en presencia de una obligación de resultado.

Refuerzo esa primera conclusión en que en el mismo folleto (h.

116) se consignó: «cursos de capacitación con novedoso diseño pedagógico. Dictado con técnicas de última generación. Proyecto Multim edia – Videos – Talleres interactivos – Prácticas – Destacados docentes». «Inscriptos en el Ministerio de Justicia de la Nación – Dirección Nacional de Derecho de Autor. Expediente No 813368. Formulario 1. No 183509».

Aprecio también que en el mentado folleto se indicó que el autor y director de UCIS era del codemandado, Dr.Mauricio García Muñoz, quien diseñó el curso que consistía en «.Una jornada intensiva por mes de 4 a 8 horas de duración según sea el curso elegido por el alumno. Consultas permanentes a Docentes, a través de internet. Material exclusivo entregado a los alumnos, formulado y actualizado permanentemente por el autor de los cursos. Una clase adelantada y el CD del Curso, la anteúltima clase».

Considero, por tanto, que el folleto publicitado contiene la información adecuada; máxime cuando, conforme se desprende del texto previamente citado, de presentarse algún tipo de dudas la misma podía ser evacuada de modo personal, o por medio de internet por los docentes a cargo; cuestión esta que no se alega incumplida.

Tengo en cuenta, además, que en la parte final del folleto se consigna: «¿QUE HACE UCIS? Es una actividad profesional de servicios educativos, de carácter privado, dedicado a la formación y capacitación que desarrolla labores de consultoría en salud hacia instituciones públicas y privadas, desde un enfoque pluralista y respetuoso de la diversidad. Dirige su quehacer a todas aquellas instituciones interesadas en actualizar conocimientos en temas relativos a salud, y a quienes requieren formación y apoyo para llevar a cabo actividades de prevención y promoción de una mejor calidad de vida»; y añade: «Dictado de clases: Santa Rosa y General Pico: Auditorio Colegio Médico; Eduardo Castex:Fundación Castex Universitaria».

Reitero, la actora no ha planteado que se hubiera incumplido el contrato en cuanto al dictado de clases, diseño de la oferta académica, entrega del material o cualquiera de los ítems propuestos a fin de dar cauce a su demanda; ergo, el objeto de su acción carece de sustento en tanto no se probó de modo alguno (cfe. art.360 CPCC) que la demandada se hubiera comprometido a entregar, al finalizar el curso contratado, un»título» de auxiliar de enfermería.

El hecho que el curso de «capacitación laboral en salud» se hubiera impartido en el ámbito de Fundación Castex Universitaria no significa ni implica que se deba emitir un «título con salida laboral» ni que permita la matriculación; pues probado está y también surge publicitado que en otras localidades (Santa Rosa y General Pico) se dictaba en el Auditorio del Colegio Médico y no por ello variaba el contenido ni el alcance de la capacitación/formación ni del certificado otorgado.

Valoro, en ese contexto, que las testigos, Silvia DOMINGUEZ, María Belén BIROLLO, Alicia Beatriz MONTEIRO y María ARDOHAIN (con conocimiento directo de los hechos objeto de litis) que depusieron en autos fueron contestes en señalar que se trató de cursos de capacitación en salud, que ello les fue informado de forma verbal y/o por el folleto (vgr. cartelito), incluso algunas consiguieron trabajo o trabajaban de acuerdo a la capacitación realizada, pero ninguna afirmó que se le hubiera informado algo distinto de lo que surge de la publicación obrante a h. 116.

Noto, asimismo, que en ningún lugar se informa ni el texto del folleto permite inferir que UCIS se arrogara contar con autorización estatal provincial o de algún Ministerio; sin perjuicio de advertir que, de la documental adjunta, surge que se han tramitado y obtenido aprobación durante el año 2008 (disposición 30/08) de la Dirección de Educación del Adulto y Capacitación no Formal dependiente del Ministerio de Cultura y Educación de La Pampa (suscripta por el Licenciado Martin MONHAISER) del cual se desprende (h. 31) que se aprobaron los cursos dictados por Fundación Castex Universitaria de promotor de salud, cuidador primario gerontológico y de auxiliar de farmacia; que en 2009 se suscribió un convenio entre Fundación Castex Universitaria y UCIS (h.29/30) para el dictado de cursos de capacitación en salud de fecha 09/03/2009 y que convenios similares (agregados a act. 63495) se firmaron, luego, con la Fundación Colegio Médico.

Observo también que el 20/10/2010 se suscribió un «convenio de cooperación» (h. 38/39) entre la Dirección de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos, dependiente del Ministerio de Cultura y Educación de La Pampa (La Dirección), suscripta por el Licenciado Martin MONHAISER y la Fundación Colegio Médico de La Pampa (La Fundación), «con el fin de integrar esfuerzos para lograr la aprobación, implementación y certificación de cursos de Formación Laboral de Auxiliar Enfermería General.» y mediante el cual «La Dirección» se comprometió a aprobar los perfiles laborales conjuntamente con «La Fundación» de los cursos de «Auxiliar de enfermería General»; realizar acciones de seguimiento y evaluación del desarrollo de los cursos y certificar en forma conjunta los cursos de formación laboral de auxiliar de enfermería general, auxiliar de farmacia, auxiliar de odontología y administración y gestión de la oficina de farmacia.

Deviene claro entonces para mi, luego de analizar la totalidad de la prueba producida, que existió una genuina preocupación de los operadores involucrados en el dictado de estos cursos de «formación» y «capacitación,» de aunar esfuerzos para lograr contar con el reconocimiento estatal; mas ello no prueba, como he dicho, que se hubiera prometido, informado u obligado UCIS a dar un curso que permitiera matricularse y obtener una salida laboral asegurada.

Valoro, a esos fines, que Fundación Castex Universitaria, al contestar demanda (aunque luego no apeló la sentencia condenatoria) ratificó y reiteró que «para acceder al dictado de los cursos reseñados no se exigía ni estudios primarios o secundarios al alumnado, correspondiendo los cursos a lo que se denomina estudio no formal, que sirve para generar oportunidades laborales y formación extracurricular a los asistentes.Que no se le prometió validez oficial en condiciones matriculables a la actora, y que a la finalización de los cursos se otorgaba un certificado donde claramente y expresamente posee una leyenda que dice «APROBO CAPACITACIÓN LABORAL EN AUXILIAR DE ENFERMERIA GENERAL».

La Fundación colegio Médico, por su parte, informó en el año 2020 (y adjuntó convenios suscriptos del año 2012, mediante actuación SIGE 638495) que UCIS dictó varios cursos de capacitación laboral, entre ellos de auxiliar de enfermería, sin que le conste, según señala, que tuvieran el aval de alguna institución o repartición pública ni que se garantizara salida laboral, pero sí afirmó que se daban como de capacitación laboral y que al finalizar se le hacía entrega de un certificado en tal carácter.

Constato, por cierto, que dicho certificado fue otorgado (h.13) por Fundación Castex Universitaria – Unidad Capacitadora Integral de Salud, de fecha 12/12/2011 y que refleja, tal lo reseñado precedentemente, que Raquel Susana LOPEZ «Aprobó la Capacitación Laboral en AUXILIAR DE ENFERMERÍA GENERAL. Duración del curso 20 meses (1.200 hs.Cátedra) Dictado por USIS»; a la par que demuestra, por las circunstancias relatadas previamente, que existió por parte de UCIS un efectivo cumplimiento del contrato.

Corroboro también dicha apreciación con «lo informado» por la Municipalidad de Catriel (de fecha 22/2/21, adjuntada con 790613 el 1/3/21): «los cursos de Ucis que llevan 3 años trabajando en Nuestra localidad con modalidad presencial al inicio y desde el año pasado con modalidad online desde la Escuela de Oficios y Capacitaciones se llevan a cabo las inscripciones y el seguimiento de los cursos pidiendo siempre toda la documentación correspondiente para comenzar a trabajar en nuestra localidad cabe destacar que son cursos de capacitación no se obtiene ni matrícula ni título ya que no

es una carrera universitaria esto desde la Escuela siempre se le aclara a la hora de inscribirse».

Concluyo, en consecuencia, que el juez al resolver se excedió de los términos demandados en tanto más allá que, como dije, comparto que se trata de un contrato de consumo, ello no significa ni se ha probado de modo alguno (cfe. art. 360 CPCC) que los demandados hubieran incumplido lo informado y publicitado, en tanto las demandadas, repito, no afirmaron ni aseguraron contar con habilitación de la autoridad de aplicación ni ello es posible inferir de los términos de la oferta educativa publicitada.

No existió, a mi criterio, insuficiente ni ambigua información que determine la procedencia de la demanda. En otras palabras, no estamos en presencia de una publicidad engañosa que hubiera violentado expectativas razonables de López al decidir el cursado, tampoco se acercó ni produjo prueba atinente que demostrara que su toma de conocimiento del curso (Radio 37 y diario La Reforma) la indujeron engañosamente o que lo publicitado no fuera veraz.

Sucede que, sus expectativas:obtener un título de «auxiliar de enfermería general», que le permitiera matricularse y ejercer como tal, no se condice con la oferta publicitada (al menos la aportada a autos y que pude cotejar), ni con los convenios firmados entre los demandados, ni siquiera con los aprobados (vgr. disposición 30/08, h. 31); menos aún con lo testimoniado. Toda la prueba producida refiere que se trató de «cursos de formación laboral», circunscripta al marco de educación no formal y por el cual lo que se entregaba no eran títulos, sino certificados.

Estimo, en definitiva, que en autos no se configuró la responsabilidad demandada ya que no se acreditó debidamente que se hubieran reunido los presupuestos (daño, antijuridicidad, factor de atribución y nexo causal adecuado) que la viabilicen y, por tanto, propicio se revoque la sentencia dictada en la anterior instancia que condenó solidariamente a ambos codemandados.

En definitiva, dado el modo como propongo resolver (revocar la sentencia y rechazar la demanda), ocioso resulta ingresar en el análisis y consideración de los restantes agravios.

Entiendo, finalmente, en cuanto a las costas del juicio, dado el modo que propongo resolver, que corresponde imponerlas en el orden causado (art. 62, 2o pfo.y 258 CPCC), en tanto la temática involucrada pudo hacer creer objetivamente a la demandante que le asistía derecho a reclamar los daños y perjuicios a los que se considera acreedora.

La jueza Fabiana BERARDI:

Convocada a dirimir la disidencia existente entre las conclusiones de las votantes que me antecedieron, aprecio que ambas realizaron un pormenorizado análisis de los antecedentes fácticos de la presente causa, la decisión adoptada y las críticas formuladas que me exime de volver sobre esos tópicos para no abundar.

En consecuencia me ceñiré a la consideración de la cuestión acerca de la cual no hay acuerdo, que gira en torno a los alcances del título de auxiliar de enfermería otorgado a la demandante por Mauricio GARCIA y Fundación Castex Universitaria.

En primer término destaco la corrección del encuadre legal efectuado por el magistrado que enmarcó el vínculo entre las partes del contrato de servicios educativos que motiva esta litis, en las previsiones de la Ley de Defensa del Consumidor y con base en ese estatuto analizó la publicidad del servicio ofrecido y la información brindada a la tomadora de aquel.

La complejidad propia del objeto del contrato de prestación de servicios -explican Hernández y Trivisonno- «nos ha llevado a calificarlo como atípico, evitando un encuadramiento lineal y simplista dentro del ámbito de la locación de servicios.» y destacan que tal calificación resulta de enorme importancia práctica en varios aspectos, entre ellos algunos vinculados a la protección del consentimiento de la parte tomadora de ese servicio, tales como la publicidad y el deber de información. (Hernández, Carlos A., y Trivisonno, Julieta B. «Perspectivas contractuales de los servicios educativos privados. Una mirada desde el Código Civil y Comercial unificado.» Infojus, p. 81 y ss).

Con respecto a este último deber de conducta -reconocido como derecho fundamental (art.42 de la CN)- han destacado los autores

citados que «la creciente ‘comercialización’ de la educación ha hecho que las instituciones educativas recurran con frecuencia a la publicidad, como forma de lograr presencia e inserción social y promoción de sus servicios. Ello es así dado que el recurso a la publicidad constituye una eficaz e imprescindible herramienta a fin de ingresar con éxito a un determinado mercado. Si bien todo mensaje publicitario debe estar desprovisto de ilicitud, evitando inducir a los destinatarios a engaños, errores o confusiones sobre las características y bondades de los productos y servicios comercializados -arts. 5o 9o, ley 22.802-, en el ámbito educativo la eticidad de la publicidad debe extremarse. El bien jurídico comprometido así lo exige. Por ello no resulta sorprendente que muchos de los precedentes nacionales y comparados sobre la publicidad ilícita, en particular engañosa por omisión, refieran a contratos educativos.» (énfasis agregado).

En cuanto a los alcances del título obtenido con la capacitación en cuestión, resulta oportuno citar la explicación dada por la propia prestadora de los servicios educativos, quien al respecto, aseguró que «Jamás se le comunicó al alumnado que los cursos otorgaban título habilitante, ni salida laboral, insisto son CURSOS DE CAPACITACIÓN LABORAL, tan simple como eso.» (del escrito de contestación de demanda).

La simpleza que la parte demandada adjudica al razonamiento sobre el cual estructura su defensa (los cursos de capacitación laboral no otorgan título habilitante ni salida laboral), no es tal, ya que omite explicar qué sentido tendría para alguien contratar cursos de capacitación laboral que no prepararan a para el trabajo en determinado oficio, actividad o disciplina.

La calificación de «laboral» dada a la capacitación por parte de quienes la ofrecieron al público exalta su finalidad práctica y es razonable que haya podido inducir a los interesados a albergar legítimas expectativas de obtener una formación que los habilitara a trabajar, más allá de que después lograran o no insertarse en el mercado laboral.Lo relevante es que esa posibilidad integró la oferta.

Siendo así, considero que el ofrecimiento de «capacitación laboral» no pudo desentenderse de las condiciones que ésta debía reunir para que quienes la recibieran obtuvieran luego la habilitación para trabajar. Y de no haber sido así, esa circunstancia debería habérseles comunicado en forma cierta y detallada, como prevé el art. 4o Ley de defensa del consumidor y los arts. 1100 y 1101 del CcyC.

Sin embargo, el material probatorio reunido en autos no incluye constancia alguna de que la demandante hubiera sido advertida por el prestador de los servicios educativos de los reales alcances de la capacitación que contrató, que, a falta de autorización oficial, no habilitaba para el desempeño laboral.

En esas condiciones, encuentro acertada la decisión apelada.

Finalmente, creo también destacable la consideración efectuada en la sentencia acerca del contenido de la capacitación involucrada (salud) y las mayores exigencias que éste imponía en materia regulación estatal.

Al respecto, el art. 61 de la Ley de Educación provincial, establece que «Los diseños curriculares de las ofertas de Educación Técnico Profesional, que se correspondan con profesiones cuyo ejercicio pudiera poner en riesgo de modo directo la salud, la seguridad, los derechos o los bienes de los habitantes deberán respetar las regulaciones de los distintos ejercicios profesionales.» En función de las consideraciones expuestas y coincidiendo con las efectuadas por la jueza Alvarez, voto en idéntico sentido.

Por ello, la SALA 1 de la Cámara de Apelaciones, por mayoría, R E S U E L V E:

I.- Admitir, parcialmente, el recurso de apelación deducido por la parte actora Raquel Susana LOPEZ contra la sentencia de fecha 17/06/2021 (act.No 938205) y, en consecuencia, admitir el rubro pérdida de chance reclamado -en los términos y alcances señalados en la presente-, desestimando los restantes agravios, según las razones expresadas en los considerandos de la presente.

II.- Desestimar el recurso de apelación deducido por el codemandado -Mauricio GARCIA- contra la sentencia de fecha 17/06/2021 (act. No 938205) y en lo que fue motivo de agravios, según las razones dadas en los considerandos de la presente.

III- Imponer las costas de esta Segunda Instancia en el orden causado (art. 62 parte final CPCC) y regular los honorarios de Fernando Daniel CANEPINI en el .%, mientras que, a favor de Fernando DE GIOVANNI en el .%, ambos porcentuales a liquidarse sobre los honorarios que, respectivamente, le fueron fijados en la anterior instancia (punto 2, -, act. 938205), con mas IVA en caso de así corresponder (arts. 6, 7 y 14 ley 1007), conforme se explica en el considerando IV).

IV.- Regístrese, notifíquese y, firme que se encuentre la presente, devuélvase al juzgado de origen.

Firmado: Marina E. ALVAREZ

Laura B. TORRES

Fabiana B. BERARDI

(juezas de cámara)

Juan Martín PROMENCIO

(secretario de cámara)

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