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#Fallos Trabajo agrario: Si el empleador tomó a su cargo la obligación de brindarle vivienda al trabajador agrario, ante un incendio, debe indemnizar los daños ocasionados a los bienes del dependiente que se encontraban en el inmueble

Partes: Retamozo Raúl Alberto c/ Antonio Santinelli S.A. s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara de Apelaciones de Curuzú Cuatiá

Sala / Juzgado / Circunscripción / Nominación:

Fecha: 9 de mayo de 2022

Colección: Fallos

Cita: MJ-JU-M-137085-AR|MJJ137085|MJJ137085

Si el empleador tomó a su cargo la obligación de brindarle vivienda al trabajador agrario, ante un incendio, debe indemnizar los daños ocasionados a los bienes del dependiente que se encontraban en el inmueble.

Sumario:
1.-Ante la vivienda en llamas, provista por el empleador al trabajador rural para que habite en el establecimiento en los que presta sus servicios, con suministro incluso de energía eléctrica por línea, el riesgo latente de incendio se actualiza por lo que los daños que pudo haber causado en los bienes del trabajador allí situados resulta del hecho de la cosa.

2.-Si la empleadora tomó a su cargo la obligación de dar vivienda al trabajador, debió velar para que ofrezca la seguridad y habitabilidad que corresponden a las condiciones del trabajo y del lugar en que se presta.

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3.-El deber de protección, prevención o seguridad, se potencia aún más -y con mayor precisión ante el riesgo de incendios- en el marco del trabajo agrario dadas las condiciones del lugar en las que se lo desarrolla y su lejanía de los centros urbanos y de los servicios que en éstos se pueden brindar más o menos inmediatamente.

4.-El deber de protección, seguridad o previsión que establecen los arts. 75 y 76 , se intensifica, agudiza, potencia o cualifica cuando el trabajador habita en el establecimiento, supuesto del art. 77 de la LCT.

Fallo:
En la ciudad de Curuzú Cuatiá, Provincia de Corrientes, República Argentina, a los 09 días del mes de mayo del año dos mil veintidós, estando reunidos en la Sala de Acuerdos de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral, el Señor Presidente de la misma, Dr. Claudio Daniel FLORES y los Sres. Jueces Titulares, Dres. César H. E. Rafael FERREYRA y Ricardo Horacio PICCIOCHI RÍOS, asistidos de la Señora Secretaria Autorizante, tomaron en consideración el juicio caratulado:

«RETAMOZO RAUL ALBERTO C/ANTONIO SANTINELLI SA S/DAÑOS Y PERJUICIOS», Expte. N° RXP 8104/17, venidos en apelación y que practicado el Sorteo de la causa, resultó para votar en primer término, el Dr. César H. E. Rafael FERREYRA, en segundo término el Dr. Ricardo Horacio PICCIOCHI RIOS y para el caso de disidencia, el Dr. Claudio Daniel FLORES.

RELACIÓN DE CAUSA

El Dr. César H. E. Rafael FERREYRA dijo:

Como la practicada por el a-quo se ajusta a las constancias de autos, a ella me remito a fin de evitar repeticiones.

A fs. 105/107 y vta., el Sr. Juez de primera instancia dicta la Sentencia N° 131 de fecha 15/09/2020, rechazando la demanda de daños y perjuicios deducida por RAUL ALBERTO RETAMOZO contra ANTONIO SANTINELLI S.A. por improcedente, imponiendo las costas a cargo de la actora vencida; difiriéndose la regulación de los honorarios de los profesionales intervinientes.

Contra dicho resolutorio, a fs. 112/125 y vta., en fecha 01/10/2020, la Dra.DANIELA VERONICA BARRENECHE, apoderada del actor, interpone recurso de apelación, cuyo traslado es ordenado a fs. 126 por auto N° 8.400, el que es contestado a fs. 127/130 por el Dr. NESTOR ALEJANDRO DUHALDE, apoderado de la firma demandada.

El recurso interpuesto es concedido libremente y con efecto suspensivo a fs. 131 por auto N° 8.922 de fecha 22/10/2020.

Ingresada la causa a esta Alzada, por auto N° 102 de fecha 17/02/2022, se integra Cámara con los Sres.Miembros titulares; y por auto N° 141 de fecha 25/02/2022 se llama autos para sentencia y se realiza el sorteo de ley.

Habiéndose cumplimentado los pasos procesales preindicados y firmes los mismos, los autos quedan en estado de resolverse en definitiva.

Los Dres. Ricardo Horacio PICCIOCHI RIOS y Claudio Daniel FLORES manifiestan conformidad con la precedente relación de causa y seguidamente la Cámara de Apelaciones plantea las siguientes:

CUESTIONES

PRIMERA: ¿Es nula la Sentencia recurrida?

SEGUNDA: En caso contrario, ¿Debe la misma ser confirmada, modificada o revocada?

A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, EL SEÑOR CAMARISTA DR. CÉSAR H. E. RAFAEL FERREYRA DIJO:

El recurso no fue interpuesto, y no advirtiéndose vicios de fondo o de forma que invaliden la sentencia recurrida, no corresponde considerar la cuestión. ASÍ VOTO.

A LA MISMA CUESTIÓN PLANTEADA, EL SEÑOR CAMARISTA DR. RICARDO HORACIO PICCIOCHI RIOS DIJO: Que adhiere.

A LA MISMA CUESTIÓN PLANTEADA, EL SEÑOR CAMARISTA DR. CLAUDIO DANIEL FLORES DIJO: Que adhiere.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, EL SEÑOR CAMARISTA DR. CÉSAR H. E. RAFAEL FERREYRA DIJO:

§ 1.- Introducción.-

En la Sentencia de primera instancia se rechazó la pretensión del actor a ser resarcido por la demandada -su ex empleadora- del daño patrimonial que le habría causado el incendio de la vivienda provista por aquélla para el desempeño de sus tareas rurales como puestero en su establecimiento, consistente en la destrucción total de ciertos bienes muebles que detalló en su demanda, por un valor que estimó en $ 108.000,00.

A juicio del sentenciante, el actor no probó cuáles eran los bienes existentes en el interior de la vivienda, resultando auto contradictoria el acta policial según la cual los bienes fueron consumidos por el fuego en su totalidad y al mismo tiempo los detalla. Agregó que el personal policial carece de atribuciones fedatarias por lo que el acta carece de todo valor probatorio. Tampoco estimó acreditado el Provincia de Corrientes Poder Judicial factor de atribución, ni subjetivo ni objetivo.Señaló que el actor no explicó en su demanda cómo se originó el siniestro ni acreditó la existencia de cables colgando del techo y paredes.

Agregó que si bien las empresas asumen el «riesgo de autoridad» garantizando la cobertura de sus trabajadores «en caso de accidente por los hechos propios de su trabajo», en el caso no se trató -dijo- de un accidente de trabajo, sino de una pretensión civil originada en la pérdida de bienes materiales causada por un siniestro con aplicación global del Código Civil y Comercial, encontrándose vedada la aplicación de normas y principios del derecho laboral.

Finalmente argumentó sobre la inaplicabilidad de las normas de los arts. 76 y 77 de la LCT. Sobre la primera dijo que no impone el resarcimiento de los daños causados a todos los bienes (personales) del trabajador sino a aquéllos que le pertenecen y que fueron incorporados al proceso productivo teniendo relación directa o indirecta con el trabajo. En cuanto a la segunda, la estimó inaplicable porque «hace referencia a la ‘alimentación y vivienda’ y el actor no reclama el precio de la vivienda ni alimentación al empleador, sino el valor de los bienes muebles existentes en dicha vivienda».

§ 2.- Agravios del actor.- Son expuestos en el cap. II y IV del escrito recursivo. Extraigo del primero que los desperfectos por los cuales se incendia la vivienda «puestera» han sido bien detallados y descriptos en la demanda, así como probados por el acta policial y la prueba testimonial rendida en el expediente por despido que tramitó ante el mismo juzgado (n° RXP 7975/17). Afirma dificultad e imposibilidad, dada la lejanía del lugar y la condición del trabajador rural, para recabar otra prueba que determine de manera rápida y precisa la causa del incendio.

Sobre la preexistencia de los bienes denunciados en la demanda sostienen que ellos son necesarios e imprescindibles para poder vivir, siendo imposible que el actor careciera de ellos.

Sostiene que el empleador tiene un deber de seguridad para con el trabajador conforme las previsiones de los arts.75, 76 y 77 de la LCT y los arts. 4°, 5° y 9° de la ley 19.587, que cita. Entiende que la normativa es muy clara en cuanto a la obligación de responder por daños causados por defectos de la propiedad proporcionada al actor para su trabajo. Advierte que la demandada reconoció el material del que estaba hecha la vivienda y ha quedado acreditada la falta de elementos contra incendios. El relato de cómo se originó el incendio surge del acta policial. Cita extensamente las declaraciones de los testigos Bogado, Antonia Gutiérrez y Beatriz Gutiérrez, para culminar agraviándose porque no se tomaran en cuenta los informes de la entidades financieras.

§ 3.- Preliminar.- Al contestar la demanda refiere la demandada que en el expediente n° RXP 7975/17 ya le habría sido rechazada al actor la pretensión que dedujo en este proceso, por improponible. Sin embargo, no opuso la excepción de cosa juzgada ni el primer juez lo consideró -tácitamente- un impedimento para juzgar sobre el mérito de dicha pretensión, esta vez, en este proceso civil.

Ciertamente que los dogmáticos argumentos de la providencia n° 10.024 de fecha 18 de septiembre de 2017 del citado expediente que puedo -y debo- compulsar por IURIX por lo que más adelante se aclarará, no ayudan a desentrañar, frente a todo lo actuado posteriormente en este expediente, la real inteligencia de la disposición de su pto. 9.

De todos modos, el proceder de la jurisdicción, consentido por la parte, más bien se compadece con la interpretación que al rechazo «in limine» de este reclamo en el citado expediente le dio la parte actora a fs. 103, esto es, como una manda a reconducir el reclamo por la vía civil.De manera tal que lo decidido, en sustancia, sería más bien un rechazo por improponibilidad objetiva de la acumulación de pretensiones en un mismo proceso laboral, en lugar de un rechazo por improponibilidad objetiva de la pretensión en sí misma, lo que de suceder y en todo caso, no habría posibilitado el juicio de mérito que finalmente el señor juez de primera instancia emitió en la Sentencia apelada sin agravio al respecto de la parte demandada.

De allí que esta Cámara esté habilitada a revisarlo con la amplitud de jurisdicción consabida.

§ 4.- Deber de protección. Vivienda.- El art. 77 de la LCT, aplicable de forma supletoria al Régimen de Trabajo Agrario (conf. art. 2°, inc. c], LCT, texto según art. 104, ley 26.727), no habilita una pretensión del actor para -en caso de Provincia de Corrientes Poder Judicial destrucción total por incendio como aquí- hacerse del precio de la vivienda provista por el empleador, como equivocadamente el primer sentenciante argumentó para desestimar su aplicación al caso -más allá de la innecesaria referencia al precio de la alimentación. Lo que tiende a proteger la norma es, precisamente, «la vida y los bienes del trabajador cuando éste habite en el establecimiento», atribuyendo al empleador el deber de protección, que supone la provisión de una vivienda «adecuada a las necesidades del trabajador y su familia. Debe efectuar a su costa las reparaciones y refacciones indispensables, conforme a las exigencias del medio y confort».

El deber de protección, seguridad o previsión que establecen los arts. 75 y 76, se intensifica, agudiza, potencia o cualifica cuando el trabajador habita en el establecimiento, supuesto del art. 77 de la LCT. «KROTOSCHIN distingue frente a este deber ordinario de previsión un deber cualificado que existe cuando el trabajador se ha incorporado a la familia del patrono con el cual convive:‘En esta hipótesis todas las cosas del trabajador se han introducido en la empresa a causa de la relación de trabajo’ y la responsabilidad del empresario se amplía» (Fernández Madrid, Juan C., en Ley de contrato de trabajo comentada, 2ª ed., Ediciones Contabilidad Moderna, Buenos Aires, 1987, t. I, ps. 539/40).

«La directiva tiende a proteger al dependiente aun cuando no se encuentre en horario de trabajo o no se halle prestando servicios por lo cual puede hablarse de una forma potenciada o cualificada del deber de seguridad» (Pose, Carlos, Ley de contratado de trabajo, 3ª ed., David Grinberg, Buenos Aires, 2014, p.

248). «El deber de previsión adquiere una intensidad mayor cuando el empleador provee al trabajador de alimentación y de vivienda, o cuando éste habita en el propio establecimiento de trabajo» (art. 77, LCT)» (Caparrós, Fernando J., en Tratado de derecho del trabajo, 2ª ed., dir. por Mario E. Ackerman, Rubinzal- Culzoni, Santa Fe, 2014, t. III, p. 32, y en Ley de contrato de trabajo, 2ª ed., dir. por Mario E. Ackerman, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2019, t. I, p. 663).

«En el caso de la norma sub examine, se advierte que el legislador agudiza el deber de previsión del empleador, extendiéndolo a la familia del trabajador y a los bienes de su pertenencia» (Meilij, Gustavo R., Contrato de trabajo, Depalma, Buenos Aires, 1989, t. I, p. 310). «El deber de previsión es más amplio cuando el trabajador convive con el empleador, puesto que en este caso el empleador, por lo general, tiene deberes especiales relativos a la habitación, alimentación, etc., del trabajador» (Etala, Carlos A., Contrato de trabajo, 6ª ed., Astrea, Buenos Aires, 2010, t. 1, p. 255).

De modo que, si como sucede en este caso, la empleadora tomó a su cargo la obligación de dar vivienda al trabajador, debió velar para que ofrezca la seguridad y habitabilidad que corresponden a las condiciones del trabajo y del lugar en que se presta.Si el incumplimiento de este deber es causa de daños en los bienes (cosas) personales del trabajador que habita en el establecimiento «deberán ser reparados por el empleador, en cuanto se acrediten los recaudos de antijuridicidad, imputabilidad, producción del daño y en especial, la relación causal adecuada cuya prueba está a cargo del trabajador, excepto si ello surge evidente en razón de graves presunciones» (Vázquez Vialard, Antonio, La responsabilidad en el derecho del trabajo, Astrea, Buenos Aires, 1988, p. 203).

§ 5.- Incendio. Riesgo. Facto objetivo.- Ese deber de protección, prevención o seguridad, se potencia aún más -y con mayor precisión ante el riesgo de incendios- en el marco del trabajo agrario dadas las condiciones del lugar en las que se lo desarrolla y su lejanía -como en este caso- de los centros urbanos y de los servicios que en éstos se pueden brindar más o menos inmediatamente.

Particularmente, los arts. 24 y 26 de la ley 26.727, disponen que la vivienda que el empleador provea al trabajador «deberá ser sólida, construida con materiales adecuados», debiendo aquél «instrumentar las acciones necesarias a fin de que [.] se encuentren controladas las fuentes de riesgos eléctricos y de incendios», en concordancia con lo dispuesto en el art. 5° del decreto 617/97 que – antes- aprobara el Reglamento de Higiene y Seguridad para la Actividad Agraria.

Se trata de las normas mínimas de alojamiento para los trabajadores que por la índole de su trabajo tengan que vivir temporal o permanentemente en la explotación, que exige el art. 19 inc.b) del Convenio C 184 adoptado por la 89° CG de la OIT en 2001, aprobado en nuestro país por ley 25.739.

En el ámbito rural, parece innecesario decirlo, la existencia de riesgo Provincia de Corrientes Poder Judicial eléctrico como potencial fuente de incendios, mereció la atención particular de la Comisión de Trabajo Agravio cuando al regular las condiciones de la vivienda de los trabajadores agrarios temporarios, cíclicos y estacionales, por Resolución 11/2011, dispuso que el alojamiento, provisto de energía eléctrica suministrada mediante línea, debería contar con tablero seccional provisto de disyuntor puesto a tierra.

Por su lado, también la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, por Resolución 79/97 dispuso, a su turno, que todo empleador debía proveer equipos de lucha contra el fuego en instalaciones fijas donde exista riesgo de incendio.

Y lo apuntado interesa al caso puesto que si bien una vivienda no debería ser considerada en sí misma una cosa riesgosa -cuyo dueño es el empleador-, cuando ella se incendia lo es. El incendio es un hecho que convierte en riesgosa la cosa que por sí misma y en condiciones normales no lo es. Y tratándose del incendio de una vivienda que el empleador provee al trabajador rural para que habite con su familia en el establecimiento en el que presta sus servicios, vivienda a la que se le provee de energía eléctrica y que por ello porta un riesgo potencial de incendio, razón por la cual se impone en el empleador especial cuidado en su prevención, si ese incendio causa la destrucción de bienes del trabajador situados en la vivienda incendiada, la responsabilidad del empleador pasa a ser objetiva por aplicación de los arts. 1757 y 1758 del CCyC.

En tal sentido se ha juzgado -en apreciaciones que refieren al incendio de un campo en relación a los animales de un vecino lindero, pero que con mayor razón considero pertinentes cuando se trata del incendio de la vivienda del trabajador en relación a sus bienes- que:»Un incendio no es una cosa propiamente dicha pero hay algo que se incendia y que provoca un daño, por lo que cabe hablar de responsabilidad a causa de la cosa, es decir, proveniente del riesgo de la cosa y por ello puramente objetiva, no eximiéndose por falta de intención y la ausencia de imputación. «Es que la responsabilidad por riesgo es ajena a la idea de culpa, de la que se ha prescindido. [.] Ello así, pues cuando una cosa arde, escapa activamente al dominio material de su guardián, lo mismo que cuando cae por efecto de la gravedad o cuando prosigue su camino por efecto de la velocidad adquirida, o cuando estalla a consecuencia de la dilatación de los gases [.]. Ante un campo en llamas, no se está frente a un supuesto de cosa inerte, el riesgo resulta del hecho de la cosa (campo con fuego) [.] En consecuencia, sus dueños o guardianes no pueden, en los términos del art. 1113 2° párrafo in fine del Código Civil (hoy arts. 1757 y 1758 del CCCN) eludir su responsabilidad por los daños ocasionados, a menos que pruebe el hecho de la víctima, de un tercero por quien no deben responder, o el caso fortuito» (STJ de Corrientes, Sent. civ. n° 99/2019).

De modo que ante la vivienda en llamas, provista por el empleador al trabajador rural para que habite en el establecimiento en los que presta sus servicios, con suministro incluso de energía eléctrica por línea, el riesgo latente de incendio se actualiza por lo que los daños que pudo haber causado en los bienes del trabajador allí situados resulta del hecho de la cosa (vivienda con fuego). En consecuencia, su dueño, el empleador en este caso, responde en los términos de los artículos ya citados, pudiendo eludir su responsabilidad si alega y acredita como eximente:el hecho del trabajador, el hecho de un tercero por el cual no debe responder o el caso fortuito o fuerza mayor.

Descarto, desde ya, la posible consideración del trabajador como guardián de la vivienda que habita en el establecimiento. «Es claro que el art. 1758 CCCN requiere, para que surja la figura del guardián, que se encuentren reunidos los tres presupuestos, es decir, que el sindicado como responsable debe tener el uso, la dirección y el control de la cosa. El mencionado es claro al utilizar el término copulativo ‘y’ que, valga la redundancia, sirve para unir palabras o cláusulas en concepto afirmativo. Por ende, si quien utiliza la cosa lo hace siguiendo instrucciones u órdenes de otro, no es guardián, pues dicho carácter le corresponde a quien le imparte las indicaciones en cuyo interés se ejerce la guarda» (STJ de Corrientes, Sent. civ. n° 60/2020).

En definitiva, considero equivocado el razonamiento del primer juez cuando descarta el factor de atribución objetivo argumentando que aquí no se trata de un accidente de trabajo sino del pretendido resarcimiento de daños originados en la pérdida de bienes materiales causados por un siniestro, sin advertir que ese siniestro consistió en el incendio de una vivienda provista por su dueño, el empleador, para que el trabajador Provincia de Corrientes Poder Judicial la habite y preste servicios en el establecimiento rural. El factor objetivo opera por esta vía -ya indicada- y no descarta que concurra el factor subjetivo por aplicación del art. 77 de la LCT, por negligencia en el cumplimiento de los deberes de previsión específicamente impuestos por los arts. 24 y 26 de la ley 26.727, sólo que aquél (objetivo) generalmente se impone pues no le exige al actor la prueba de la culpa del empleador, que a los efectos de la atribución de responsabilidad, deviene irrelevante.

Sobre este último tema se ha explicado: «La culpa y el riesgo tienen un punto de contacto: se reconocen en situaciones donde existe un deber de prever y de evitar el daño.En efecto, la culpabilidad se verifica en un contexto donde surge un deber de actuar con diligencia o prudencia para no dañar. A su vez, el riesgo implica la introducción de elementos que acentúan la expectativa de perjuicios y, por dicho motivo, impone la carga de adoptar precauciones que los impidan.

«La diferencia radica en que en el riesgo basta la injusticia del daño resultante, mientras que en la culpa se agrega un reproche subjetivo contra la conducta del obligado. En el primer supuesto puede haber culpas, pero su prueba puede ser diabólica o imposible y no se indaga a los efectos de la responsabilidad» (Zavala de González, Matilde, Resarcimiento de daños, vol. 4, Presupuestos y funciones del derecho de daños, Hammurabi, Buenos Aires, 1999, p. 404).

§ 6.- Incendio de la vivienda del actor (trabajador).- Éste expuso en su demanda que la vivienda provista por su empleadora era de madera, totalmente precaria y que contaba con una «instalación eléctrica riesgosa e insegura» sin «ningún sistema de prevención de incendios», y que el 4 de diciembre de 2016, en horas de la madrugada, en «forma abrupta y sorpresivamente, prendió fuego dentro de la vivienda», logrando salvar sus vidas el trabajador y su familia al salir por una ventana que rompieron, pero todos sus bienes quedaron dentro y se destruyeron. Añadió, transcribiéndolo, el relato que brindara al personal policial interviniente, según el cual, como bien lo señala la apelante, «debido a un cortocircuito en la instalación eléctrica se inició un foco ígneo dentro de la vivienda» que se expandió rápidamente porque la vivienda tenía «cielo raso de tergopol» (sic).

Es equivocado, por tanto, sostener, como se lo hizo en la Sentencia apelada, que el actor no explicó cómo se inició el fuego. Lo hizo, basta leer el escrito de demanda completo, más precisamente la fs. 29 vta. del expediente.Así, el inicio del fuego en la vivienda por un cortocircuito en la instalación eléctrica no sólo que fue alegado por el actor sino que no luce controvertido por la demandada en el cap. 4 (Negativas) del escrito de contestación de la demanda, donde en relación al punto sólo negó que la vivienda tuviera una instalación eléctrica riesgosa e insegura con cables que colgaban del techo y paredes, pero no que el fuego se iniciara en un cortocircuito en dicha instalación eléctrica.

Tanto la precariedad de la vivienda como el riesgo que implicaba su deficiente instalación eléctrica fueron acreditados por el actor con las testimoniales rendidas en el expediente n° RXP 7975/1, al que me referiré más adelante.

Tampoco en el cap. 5 (La realidad) del escrito de contestación de demanda, la demandada explica su versión del origen del incendio. Soslaya el punto. Limítase a reconocer el evento, como también que la vivienda era de madera y que «Contaba con instalación eléctrica, que fue realizada a costo de mi conferente, quien llevó energía hasta su predio rural».

Dijo, nada más, que la vivienda se trataba de «construcciones homologadas técnicamente y techo de cinc con cielorraso adecuado», sin explicar de qué material era el cielorraso, teniendo en cuenta que según el actor, habría sido de telgopor, facilitador de la rápida propagación del fuego.

Pero en concreto no expresó -y debió hacerlo pues no controvirtió el hecho de que el incendio se originó en un cortocircuito en la instalación eléctrica- qué acciones instrumentó a fin de controlar las fuentes de riesgos eléctricos y de incendios (art. 26, ley 26.727), mucho menos que a tal fin la vivienda contara con tablero seccional provisto de disyuntor puesto a tierra (arg. conf. Res. SRT 79/97 y Res. CNTA 11/2011).

La demandada dijo sí, genéricamente, que de modo alguno el fuego se generó por su culpa y que la normativa de seguridad e higiene se encontraba cumplimentada.Pero no alegó eximente alguna de responsabilidad, ni atribuyendo el incendio de la vivienda a un hecho del trabajador o de otra persona por la cual la empleadora no debía responder ni a un caso fortuito o de fuerza mayor.

De modo que, de haber causado daños en bienes del trabajador el incendio Provincia de Corrientes Poder Judicial de la vivienda, su ex empleadora, propietaria de la misma, debe responder objetivamente por el daño causado por el riesgo de la cosa (arts. 1757 y 1758, CCyC) y subjetivamente por incumplimiento negligente de los deberes impuestos por el art. 77 de la LCT y arts. 24 y 26 de la ley 26.727 y normas concordantes, cuyo cumplimiento no acreditó, pesando sobre sí la consecuencia de no hacerlo toda vez que se encontraba en mejor situación para prueba en tal sentido (art. 1735, CCyC).

§ 7. Existencia de bienes del trabajador. Destrucción y cuantía. – La Sentencia de primera instancia fue dictada, evidentemente, sin apreciación de las constancias del expediente n° RXP 7975/17. Este expediente fue ofrecido como prueba por la parte demandada al contestar la demanda (cap. 7, pto. 7.2). Por providencia n° 5301 de fecha 25 de junio de 2018 se lo tuvo por ofrecido disponiéndose que se agregue por cuerda en la oportunidad pertinente de conformidad con lo que preveía el art. 376 del CPCC derogado por ley 6556. Sin embargo, en oportunidad de encontrarse el expediente en estado de dictar Sentencia, no se lo agregó y, tal vez por ello, el sentenciante no apreció que en él obraban declaraciones testimoniales que ilustraban sobre los hechos ventilados en éste.

En efecto, si bien omitió referirlo en su alegato, la apelante acierta cuando sugiere en el recurso que no sólo del acta policial -cuyo valor probatorio descartó el sentenciante-, surge acreditada la existencia de los bienes del trabajador destruidos totalmente por el fuego, sino también:a) de la presunción de su existencia por tratarse de bienes muebles de imprescindible y básico uso en una vivienda, y b) de los testimonios de Sergio Oscar Bogado, Antonia Jorgelina Gutiérrez y Graciela Beatriz Gutiérrez, rendidos en el expediente n° RXP 7975/17 y que fielmente transcribe, según puedo comprobar con la compulsa electrónica del expediente (en sistema IURIX). En efecto, la circunstancia de que la pieza en papel no haya sido agregada al momento de encontrarse esta causa en condiciones de sentenciarse, no impide que se la aprecie en este momento toda vez que ha sido una prueba ofrecida y admitida en primera instancia y, en todo caso, un hecho judicial notorio tanto para las partes como para esta Cámara que intervino en la tramitación de aquél expediente dictando la Sentencia laboral n° 32 del 20 de abril de 2021.

El recurso sugiere, entonces, la siguiente pregunta: ¿pudo habitar el trabajador con su familia una vivienda en el establecimiento de la demandada sin los bienes de uso doméstico indispensable que hagan digna la habitación? Quien así lo afirme debería probarlo. Pero lo cierto no es eso lo que afirmó la demandada al contestar la demanda en este expediente; no negó que el actor tuviera los bienes que indicó en la vivienda ni alegó que tuviera otros o de menor valor. Se limitó a negar que, a causa del incendio de la vivienda, se destruyeran o quemaran los bienes que se individualizaron en el escrito de demanda.Sin embargo, al mismo tiempo, reconoció la destrucción total de la vivienda de madera y la necesidad del traslado del trabajador y de su familia, habiéndole ofrecido el casco de la estancia con comodidades, las cuales serían innecesarias si los bienes del trabajador no hubieran perecido pues, como él y su familia, serían trasladables a la nueva vivienda que le proveyera el empleador.

Al referirse al valor probatorio del acta de constatación policial, el planteo de la demandada -que en cierto modo adopta el sentenciante- ha sido ambivalente.

Pues, al mismo tiempo que dice de la imposibilidad de que la actuación policial certifique sobre la existencia de los bienes del trabajador y de su destrucción o consumo por el fuego, le asignan valor para corroborar que sólo se constató la existencia de los cimientos como únicos restos de lo que fuera la vivienda, y no de restos de los bienes del trabajador.

En mi parecer, la alusión a los cimientos como «únicos restos de lo que fuera la vivienda», no excluye la existencia de restos de los bienes domésticos y personales que el trabajador poseía en ella, conforme dieron cuenta los testigos que declararon en el expediente n° RXP 7975/17 y, en todo caso, su existencia cabe presumir pues responde a un hecho de la vida cotidiana y normal, incluso de un trabajador rural que habita en el establecimiento del empleador en una vivienda provista por éste.

En cuanto a la individualización de los bienes y al valor estimado por el actor, la demandada sólo objetó concretamente las ropas personales de dos menores de edad y de su ex conviviente y el celular de ésta, afirmando que sus (reales) importes no se acercan a los abultados montos reclamados, pero no indica cuáles serían a su parecer esos reales importes de los bienes no concretamente objetados, por lo que, de no coincidir con la mera apreciación de lo abultado de los montos, bien puede fijárselos, en Provincia de Corrientes Poder Judicial principio, en los estimados por el actor (arg. art.330, CPCyC), con las siguientes observaciones: a) de los indicados, la heladera es el electrodoméstico de mayor valor, por ello estimo que ni las camas (2, según testimonio de la ex conviviente) ni las ropas de los menores la pueden superar; b) ni las ropas ni el celular de la ex conviviente del actor deben integrar el resarcimiento, pues no son bienes de su propiedad ni el segundo fue particularmente señalado en el acta policial como destruido; c) el valor de los demás bienes, incluidos los de quienes serían sus hijos -ver referencia de la demandada a fs. 51- deben guardar cierta proporcionalidad, con aquél primero que hemos de tomar como parámetro y entre ellos, como el caso de las ropas de cama y la cocina.

De allí que la cuenta que propongo sea la siguiente: cocina, $ 4.500; heladera, $ 12.000; camas, $ 8.000; juego de ropa de camas, $ 2.500; colchones, $ 7.000; ropas personales del actor incluido calzado, $ 5.000; ropas personales de los hijos incluido calzados, $ 7.500; vajilla y utilitarios de cocina, $ 2.000; elementos de higiene incluidas toallas, $ 2.000; televisor, $ 7.000 = $ 53.000. No dejo de advertir que, por alguna razón no explicada, el actor no incluyó en la cuenta indemnizatoria ni integró su valor el monto reclamado, otros bienes a los que los testigos aludieron e incluso el acta policial como, por ejemplo, «sillas, mesas», «ropero», «aparador». Tal vez, allí radique la desproporcionada cuantificación en la cuenta del actor de, por ejemplo, la ropa de cama (de dos camas), superior al de la cocina, levemente inferior al de la heladera e igual al de los colchones.

§ 8.- Conclusión.Costas.- Entiendo, pues, que el recurso de apelación debe progresar parcialmente condenando a la demandada a abonarle al actor la suma antes indicada en concepto de resarcimiento de daños patrimoniales ocasionados por la destrucción de sus bienes existente en la vivienda provista por su ex empleadora a causa del incendio ocurrido en la madrugada del 4 de diciembre de 2016, con más interés y costas en ambas instancias en un 93% a cargo de la demandada (art. 336, CPCyC), puesto que el actor vence en la totalidad de un 50% del litigio (atribución de responsabilidad) y en un 86% de la otra mitad discutida (progreso de cada uno de los daños materiales reclamados), es decir, 50% + 43%. No incide la cuantificación de estos últimos (rubros procedentes) pues se trata de una obligación de valor y su determinación depende de la (razonable y argumentada) decisión judicial.

En definitiva, la Sentencia de primera instancia debe ser revocada, por lo que propongo para el Acuerdo de Cámara el siguiente pronunciamiento: 1°) Hacer lugar parcialmente el recurso de apelación interpuesto por el actor en fecha 1 de octubre de 2020 y condenar a la demandada Antonio Santinelli SA, a pagarle la suma de pesos cincuenta y tres mil ($ 53.000.-) en concepto de daños patrimoniales, con más intereses a calcularse desde la fecha del siniestro 4 de diciembre de 2016 hasta su efectivo pago con aplicación de la tasa activa que aplica el Banco de la Nación Argentina para sus operaciones normales de descuento de documentos comerciales. 2°) Distribuir las costas de ambas instancias en un 93% a cargo de la demandada y en el 7% restante a cargo del actor. ASI VOTO.- A LA MISMA CUESTIÓN PLANTEADA, EL SEÑOR CAMARISTA

DR. RICARDO HORACIO PICCIOCHI RIOS DIJO: Que compartiendo el criterio y doctrina sustentado por el Señor Vocal preopinante, voto en idéntico sentido.

A LA MISMA CUESTIÓN PLANTEADA, EL SEÑOR CAMARISTA

DR. CLAUDIO DANIEL FLORES DIJO:Que compartiendo el criterio y doctrina sustentado por el Señor Vocal preopinante, voto en idéntico sentido.

Con lo que terminó el Acuerdo pasado y firmado por ante mí, Secretaria de todo lo cual doy fé.

Curuzú Cuatiá, 09 de mayo de 2022.

Y VISTOS: Por los fundamentos que instruye el Acuerdo precedente, SE RESUELVE:

1°) Hacer lugar parcialmente el recurso de apelación interpuesto por el actor en fecha 1 de octubre de 2020 y condenar a la demandada Antonio Santinelli SA, a pagarle la suma de pesos cincuenta y tres mil ($ 53.000.-) en concepto de daños patrimoniales, con más intereses a calcularse desde la fecha del siniestro 4 de diciembre de 2016 hasta su efectivo pago con aplicación de la tasa activa que aplica el Banco de la Nación Argentina para sus operaciones normales de descuento de documentos comerciales.

2°) Distribuir las costas de ambas instancias en un 93% a cargo de la demandada y en el 7% restante a cargo del actor.

3°) Regístrese, insértese, agréguese, notifíquese y vuelvan los autos al Juzgado origen.

Dr. CÉSAR H. E. RAFAEL FERREYRA

Dr. RICARDO HORACIO PICCIOCHI RÍOS

Dr. CLAUDIO DANIEL FLORES JUEZ

Dra. MARÍA ISABEL RIDOLFI

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