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#Fallos Proceso laboral: No procede la declaración de incompetencia si el demandado había sido declarado rebelde y por lo tanto la posibilidad de oponer esa defensa estaba precluida

Partes: Iriarte Roberto Fernando c/ Mellana Juan Alberto s/ Despido

Tribunal: Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires

Fecha: 14-mar-2022

Cita: MJ-JU-M-136637-AR | MJJ136637 | MJJ136637

Se revoca una resolución que hizo lugar a la excepción de incompetencia, porque el demandado había sido declarado rebelde, y por lo tanto la posibilidad de oponer esa defensa, estaba precluida.

Sumario:

1.-La decisión que hizo lugar a la excepción de incompetencia, tras la declaración de rebeldía del demandado merece revocarse, pues mal pudo el juzgador de grado abordar esa defensa planteada, cuando la oportunidad procesal se encontraba precluida.

2.- El pronunciamiento objetado contradice la otra resolución anterior y firme, que importó que la cuestión vinculada con la supuesta ausencia de competencia territorial -temática, por cierto, prorrogable e inabordable de oficio- quedara marginada de todo tratamiento.

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3.-Si bien nada impide al rebelde incorporarse al juicio y que en uso de sus derechos lleve adelante actividad procesal útil a sus intereses, toma el proceso en el estado en que se encuentra, perdiendo toda posibilidad de ejercer actos procesales que correspondan a etapas preclusas.

Fallo:

La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 124.442, «Iriarte, Roberto Fernando contra Mellana, Juan Alberto. Despido», con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Soria, Kogan, Genoud.

A N T E C E D E N T E S

El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Trenque Lauquen admitió la excepción de incompetencia opuesta por el accionado y dispuso el archivo de las actuaciones (v. fs. 76/77 vta.).

Se interpuso, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 82/88).

Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente

C U E S T I Ó N

¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?

V O T A C I Ó N

A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:

I. El señor Roberto Fernando Iriarte promovió demanda contra Juan Alberto Mellana, en procura del cobro de diferencias salariales, vacaciones, salarios adeudados, rubros derivados del despido, y las penalidades previstas en los arts. 8 y 15 de la ley 24.013; 2 de la ley 25.323 y 80 de la Ley de Contrato de Trabajo (texto según ley 25.345; v. fs. 19/25).

El tribunal interviniente ordenó el traslado de la acción. Vencido el término conferido, consideró que el demandado se encontraba debidamente notificado, ante su incomparecencia y la petición expresa de la actora, lo declaró rebelde (v. fs. 37).

Con posterioridad, el accionado se presentó, solicitó la nulidad de la notificación del traslado de la demanda y opuso excepción de incompetencia en razón del territorio.

El juzgador de grado rechazó el planteo nulitivo por extemporáneo y dispuso el cese del estado de rebeldía. Además, ordenó correr vista a la actora -por el plazo de cinco días- de la referida defensa previa interpuesta (v. fs.75 vta.).

Pasados los autos al Acuerdo, el órgano interviniente hizo lugar a la excepción de falta de aptitud jurisdiccional, se declaró incompetente y ordenó el archivo de las actuaciones (conf. art. 352, CPCC). Además, condenó a la accionante al pago de las costas (art. 19, ley 11.653; v. fs. 76/77 vta.).

Señaló que de los hechos narrados en la demanda y en la presentación del accionado, surgía que la prestación de tareas fue realizada -principalmente- en la ciudad de Villa Mercedes, Provincia de San Luis. Resaltó que la actora no negó las afirmaciones del excepcionante, limitándose a efectuar algunas aclaraciones respecto de la modalidad de trabajo al inicio de la relación laboral.

Por los motivos expuestos y lo normado en el art. 3 de la ley 11.653, acogió la excepción de incompetencia territorial articulada por la demandada.

II. Contra dicho pronunciamiento, la actora interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia violación de los principios de primacía de la realidad, protectorio, in dubio pro operario, igualdad de trato, equidad y justicia social, como así también de los arts. 14 bis, 16, 18 y 33 de la Constitución nacional; 11, 15, 25, 39 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 64 del Código Procesal Civil y Comercial; 3 de la ley 11.653 y de la doctrina legal que cita (v. fs. 82/88).

II.1. Plantea que el tribunal no debió tratar la excepción de incompetencia por encontrarse fenecido el plazo para contestar la acción y oponer defensas.

Considera que, habiéndose desestimado el pedido de nulidad de la notificación del traslado de la demanda, el auto que declaró la rebeldía se hallaba firme. Alega, sobre el punto, que se tornó operativo el principio de preclusión procesal.

Aduce que cuando se corrió el traslado de la excepción planteada por la parte demandada en su presentación de fs. 54/67, el tribunal de grado incurrió en violación al art.64 del Código Procesal Civil y Comercial, que -según dice- establece que la comparecencia tardía de aquel declarado rebelde, no puede retrogradar la sustanciación del proceso.

Cita la doctrina legal emergente de la causa B. 72.670, «Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata», resolución de 21-VIII-2013, que transcribe en los siguientes términos: «.la declaración de incompetencia no puede ser decretada en cualquier momento, debiendo proponerse por regla- en la etapa procesal oportuna y una vez precluida la misma, tanto las partes como el órgano jurisdiccional, se encuentran limitados para volver sobre la materia ya resuelta, porque lo contrario supone retrotraer el proceso con el consecuente dispendio jurisdiccional y agravio a los principios de seguridad jurídica y economía procesal.» (fs. 84 y vta.).

II.2. Alega que el juzgador de la instancia de origen interpretó erróneamente el art. 3 de la ley 11.653, vulnerando los arts. 14 bis y 18 de la Constitución nacional y 39 de la Constitución provincial.

Expresa que la conclusión del fallo atacado es contraria a lo establecido en el referido precepto, en tanto el sujeto tutelado por la norma es el trabajador que puede ejercer el derecho de elección de la jurisdicción ante la cual pretende litigar -claro está- haciendo uso de las opciones allí enunciadas.

Manifiesta que -como señaló en el escrito liminar y en la oportunidad de contestar el traslado de la excepción- el trabajador optó por el fuero provincial porque la localidad de Piedritas, del partido bonaerense de General Villegas, es el lugar de celebración del contrato de trabajo, siendo jurisdicción del Departamento Judicial de Trenque Lauquen.Por ello, entiende que el órgano de grado resulta plenamente competente para conocer en autos.

Insiste en que, de conformidad con la norma procesal citada y según los hechos sobre los cuales se funda el reclamo, su parte optó por uno de los supuestos posibles.

Expone que el tribunal infringió la norma adjetiva citada y -con ello- se declaró incompetente de modo erróneo, contrariando el principio protectorio inspirado en la viabilidad de la elección que se pone en cabeza del trabajador.

Sostiene que el órgano de origen ni siquiera proveyó la prueba ofrecida en sustento de sus dichos antes de decidir del modo en que lo hizo.

III. El recurso prospera.

III.1. En el caso se controvierte la aptitud jurisdiccional de la justicia provincial para entender en el pleito y se halla en juego, conforme se expuso la posible atribución de competencia a un juez extraprovincial, por lo que la decisión que admite la excepción de incompetencia debe considerarse definitiva en los términos del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (causas L. 115.653, «Torres», sent. de 6-III-2013; L. 121.232, «Arquilla», resol. de 30-V-2018 y L. 120.325, «Perez», sent. de 29-V-2019).

En este orden, cabe recordar que ha dicho esta Corte que las decisiones en materia de competencia no revisten carácter definitivo en tanto no atribuyan el conocimiento de la causa a una jurisdicción extraprovincial o se pronuncien sobre la naturaleza de la relación jurídica que vincula a las partes o sobre la suerte o existencia del derecho de fondo (causas L. 109.402, «Cuellar», sent. de 4-V-2011; L. 117.445, «Municipalidad de Bragado», sent. de 8-IV-2015 y L. 121.358, «Ojeda», sent. de 7-VIII-2019).

III.2. Sentado lo anterior, por las motivaciones que expondré, entiende que acierta el recurrente cuando impugna la conclusión a la que arribó el tribunal inferior en grado.

Desde la atenta lectura de las reseñadas constancias del proceso, observo una excepcional situación, incompatible con el debido proceso adjetivo (art. 18, Const.nac.), tal y como se ocupa de denunciar el agraviado.

En efecto, el órgano de origen soslayó la regla de la preclusión procesal, que impide retrogradar el trámite y reeditar cuestiones clausuradas, según destaca el recurrente.

Así, la decisión que hizo lugar a la excepción de incompetencia, tras la declaración de rebeldía del demandado, merece revocarse, pues mal pudo el juzgador de grado abordar esa defensa planteada, cuando la oportunidad procesal se encontraba precluida.

El pronunciamiento aquí objetado contradice la otra resolución anterior y firme, que importó que la cuestión vinculada con la supuesta ausencia de competencia territorial -temática, por cierto, prorrogable e inabordable de oficio- quedara marginada de todo tratamiento.

Este extremo basta para propiciar la revocación del fallo censurado.

III.3. En estas condiciones, el remedio ensayado ha de prosperar, ya que está a la vista -como adelanté- que el interesado logra evidenciar con éxito que el principio de preclusión procesal que contiene el art. 64 del Código Procesal Civil y Comercial (art. 63, ley 11.653) y la doctrina legal citada -en lo pertinente- han sido transgredidos.

A esta altura, no cabe sino memorar que la presentación del declarado rebelde no puede, en ningún caso, retrogradar el procedimiento. Nada impide a este último incorporarse al juicio y que en uso de sus derechos lleve adelante actividad procesal útil a sus intereses. Sin embargo, su desenvolvimiento tiene un límite: el rebelde toma el proceso en el estado en que se encuentra, perdiendo toda posibilidad de ejercer actos procesales que correspondan a etapas preclusas.

Sobre el particular, conviene insistir en que la preclusión opera como un impedimento o una imposibilidad de reeditar las cuestiones que ya han sido objeto de tratamiento y resolución anterior (causas L. 96.275, «S., A.», sent. de 15-IV-2009; L. 99.432, «González», sent. de 14-VII-2010; L. 103.400, «Crespín», sent. de 12-XII-2012 y L. 122.658, «Santillan», sent.de 18-VIII-2020).

Más allá de otras consideraciones que pudieran derivarse del análisis del contenido del embate (art. 279, CPCC), por las motivaciones expuestas y siendo que el tribunal de grado incurrió -como dije en párrafos precedentes- en una situación incompatible con el debido proceso adjetivo (art. 18, Const. nac.), cu yo quebranto es invocado en el recurso, corresponde casar la resolución dictada a fs. 76/77 vta.

III.4. Lo resuelto me exime de ingresar en el estudio del restante cuestionamiento, que deviene carente de virtualidad.

IV. Por todo lo dicho, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y revocar la decisión impugnada con arreglo a la cual el tribunal declaró su falta de aptitud territorial para conocer en la presente causa, cuya competencia -por las razones expuestas- se declara. En consecuencia, los autos han de remitirse a la sede de grado para que continúe la tramitación según su estado.

Costas de ambas instancias al vencido (arts. 19, ley 11.653; 289, CPCC).

Voto por la afirmativa.

El señor Juez doctor Soria, la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Genoud, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron también por la afirmativa.

Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente

S E N T E N C I A

Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se casa la decisión impugnada con arreglo a la cual el tribunal de grado se desprendió del conocimiento de la causa, cuya competencia se declara. En consecuencia, se remiten los autos a la instancia de origen a fin que continúe el tramite según su estado.

Las costas de ambas instancias se imponen al demandado vencido (arts. 19, ley 11.653; 289, CPCC).

Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 «c»; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda. Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).

REFERENCIAS:

Funcionario Firmante: 11/03/2022 09:48:59 – GENOUD Luis Esteban – JUEZ

Funcionario Firmante: 11/03/2022 10:14:53 – TORRES Sergio Gabriel – JUEZ

Funcionario Firmante: 11/03/2022 17:41:32 – KOGAN Hilda – JUEZA

Funcionario Firmante: 14/03/2022 11:54:40 – SORIA Daniel Fernando – JUEZ

Funcionario Firmante: 14/03/2022 12:11:45 – DI TOMMASO Analia Silvia – SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

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