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#Fallos Sin acceso a la Justicia: La cesantía de la prosecretaria letrada de la oficina de violencia de género no es irrazonable pues fue acreditado que le impidió el acceso a la justicia a una persona que se presentó a denunciar un hecho de violencia doméstica

Partes: Y. S. M. c/ Estado Nacional – CSJN s/ proceso de conocimiento

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal

Sala/Juzgado: III

Fecha: 31-mar-2022

Cita: MJ-JU-M-136603-AR | MJJ136603 | MJJ136603

La cesantía de la prosecretaria letrada de la oficina de violencia de género no resulta irrazonable ni desproporcionada pues fue acreditado que la imputada impidió el acceso a la justicia de una persona que se presentó como afectada por un hecho de violencia doméstica.

Sumario:

1.-Corresponde concluir que la sanción de cesantía dispuesta respecto de la actora, -quien detentaba el cargo de prosecretaria letrada de la oficina de violencia de género-, no resulta irrazonable ni desproporcionada toda vez que cabe poner de relieve que la Resolución sancionatoria señaló que fue ponderado en primer lugar, la gravedad de la conducta que se le reprocha en la medida en que, por un lado, la imputada impidió el acceso a la justicia de una persona que se presentó como afectada por un hecho de violencia doméstica y, por otro, con su accionar y consecuencia omisión, puso en peligro la confianza en las instituciones que toda persona debe tener.

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2.-No luce arbitraria ni desproporcionada la resolución sancionatoria que dispuso la cesantía pues si bien la actora no registra sanciones disciplinarias anteriores, la de cesantía resulta justa y equitativa, pues no puede permitirse, sin sancionar como corresponde, que se provoquen situaciones que generen inquietudes públicas sobre irregularidades cometidas por empleados judiciales, resintiendo la imagen y dignidad del Poder Judicial, como órgano encargado de la correcta administración de justicia.

3.-El concepto de ‘conducta irreprochable’ del art. 8 del Reglamento para la Justicia Nacional constituye un deber caracterizado por la generalidad en su configuración, que bien podría ser encuadrable, técnicamente, como un concepto jurídico indeterminado, cuya concreción corresponde a la autoridad en cada caso puntual, y siendo así, la pauta hermenéutica a seguir debe ser que a mayor generalidad del deber -y el consecuente tipo infraccional-, mayor cuidado y estrictez debe tener la autoridad al momento de encuadrar la conducta y graduar la sanción, así como de fundamentar su decisión.

4.-Corresponde confirmar la sentencia en tanto rechazó la excepción de prescripción pues el plazo de prescripción liberatoria para promover esta acción contra el Estado Nacional comenzó a correr a partir del momento en que la pretensión demandable pudo ser ejercida, esto es al momento en que la Secretaria Letrada del organismo donde presta servicios la accionante, tomó conocimiento del documento titulado ‘Borrando a Papá’ ante lo cual convocó a la parte actora, quien se reconoció en la grabación pero no brindó explicación alguna, y la instrucción del sumario se ordenó a los pocos días.

5.-La prueba pericial no puede dejarse de lado pues si bien es cierto que del acta efectuada por los peritos se desprende que señalaron que los treinta segundos que cuentan con el apto a los fines identificatorios no eran suficientes para determinar a quién corresponde la voz femenina del documento, también es cierto que no puede dejarse de lado que del informe realizado por la Secretaria Letrada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, surge que la funcionaria judicial señaló que la actora fue convocada personalmente, se la hizo escuchar la grabación y se reconoció a sí misma.

Fallo:

En la ciudad de Buenos Aires, a los 31 días del mes de marzo del año dos mil veintidós, se reúnen en acuerdo los señores Jueces de la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, para resolver los recursos interpuestos contra la sentencia de primera instancia dictada en los autos «Y., S. M. c/ EN-CSJN s/ Proceso de Conocimiento, Causa Nº 11.387/2017, planteado al efecto como tema para decidir si se ajusta a derecho el fallo apelado, el Dr. Sergio Gustavo Fernández dice:

I. Que mediante sentencia del 8/3/2021, la Sra. Jueza de primera instancia resolvió rechazar la demanda interpuesta por S. M. Y. contra el Estado Nacional -Ministerio de Justicia, Corte Suprema de Justicia de la Nación-, y confirmar la Resolución CS Nº 13/2016 del 24/5/2016, mediante la cual se dispuso la cesantía de la actora en el cargo de Prosecretaria Letrada de la Oficina de Violencia de Género. Asimismo, impuso las costas a la parte actora vencida.

Para decidir de ese modo, en relación con el planteo del demandado en punto a la imposibilidad de someter a control judicial las resoluciones administrativas emitidas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en ejercicio de la facultad de superintendencia, la magistrada citó doctrina de la propia Corte Suprema en la cual la mencionada había destacado que la formulación sostenida por la accionada «introduce una cuestión inmune a todo control judicial», que no condice con la doctrina según la cual se ha admitido «un estándar de sentido opuesto al indicado, con arreglo al cual los actos emanados de este cuerpo en ejercicio de las funciones típicamente administrativas que le reconoce la Constitución Nacional y sus leyes reglamentarias, están sometidas al control de los tribunales competentes del Poder Judicial de la Nación, con igual alcance al que NAI lo están los actos de naturaleza análoga llevados a cabo por los otros departamentos del Gobierno Federal».

Por otro lado, en cuanto a que la facultad sancionatoria del demandado se encontraría prescripta, la Sra. Jueza de grado puso de resalto que el plazo de prescripción debe computarse desde que la autoridad sancionatoria tuvo conocimiento de los hechos imputados, lo que en el caso ocurrió una vez que se hicieron públicos los hechos endilgados a través de la publicación del documental titulado «borrando a papá».

Seguidamente, respecto de la inconstitucionalidad planteada del artículo 8 del Reglamento para la Justicia Nacional, la magistrada señaló que la declaración de invalidez de una norma es un acto de suma gravedad institucional que debe ser considerada la ultima ratio del orden jurídico, y en caso de duda debe estarse por su constitucionalidad.Ello así, entendió que la genérica impugnación de la disposición reglamentaria que prevé la obligación general de observar una conducta acorde con la jerarquía de los cargos judiciales bajo el argumento de la generalidad de sus términos no podía prosperar.

En este mismo sentido, indicó que previo a la declaración de inconstitucionalidad de una norma se requiere de un examen de su razonabilidad en el caso concreto, el que no podía efectuarse en autos atento a la falta de elementos aportados por la parte actora a tal fin.

Además, destacó que la jerarquía judicial impone deberes y otorga derechos conforme a las leyes y los reglamentos, y al que la actora había ingresado voluntariamente, lo cual había implicado para ella la sujeción a un régimen especial y la aceptación de tales reglas, acorde a la función desempeñada que presupone el sometimiento del personal a las normas que organizan la Institución de una manera especial dentro del esquema del Poder Judicial de la Nación, con fundamento en la subordinación jerárquica.

A continuación, respecto del planteo efectuado con relación a los presuntos vicios del acto administrativo, señala que si bien las constancias del expediente administrativo pueden ser contestadas, no bastan para ello meras impugnaciones, sino que se requiere prueba de la existencia de los errores o inexactitudes que les pretenden atribuir, atento a que ellas gozan de una especial eficacia probatoria, con base en la presunción de validez y regularidad que acompaña los actos de los funcionarios públicos.En esta línea, la Sra. Jueza de grado consideró que no correspondía invalidar el informe suscripto por una funcionaria judicial que había dejado constancia de la situación verificada en ocasión de solicitar a la aquí actora explicaciones en punto a los hechos que daba cuenta el documental, en su carácter de superior jerárquico.

En este entendimiento, puntualizó que los hechos ocurridos encuadraban en las normas previstas, y que la decisión adoptada en consecuencia no resultaba ilegitima, irrazonable o arbitraria. Así las cosas, destacó que a causa de la decisión aquí cuestionada la actora no había visto mermado su derecho material de defensa, en tanto pudo acceder a todas las actuaciones y proponer los medios de prueba que estimó pertinentes para ejercer su defensa cuando el avance del procedimiento administrativo determinó que se ordenara la instrucción de un sumario y, en consecuencia, se le corriera vista de los cargos para que pudiera presentar su descargo.

Asimismo, en cuanto a las copias del material que se había remitido a la División de Acústica Forense de la Policía Federal Argentina, señaló que la resolución cuestionada no se había basado en las conclusiones de la pericia que sobre el material audio visual se había llevado a cabo en el sumario involucrado en autos.

Así las cosas, respecto de la prueba testimonial, advirtió que en el caso bajo análisis las preguntas realizadas habían apuntado más a ilustrar sobre el desempeño profesional de la actora, el funcionamiento de la dependencia en que prestaba funciones y las tareas de la Oficina de Violencia de Género, más que a desentrañar los hechos puntuales que se le imputaron en el sumario.

A su vez, respecto de la sanción impuesta, la Sra.Jueza a quo señaló que, en razón del poder disciplinario propio, tanto la gravedad de las faltas cometidas como la graduación de las sanciones aplicables es materia de apreciación discrecional, motivo por el cual salvo que surgiera de la relación de proporción directa entre estas y aquellas una clara irrazonabilidad por parte de la autoridad de aplicación, dichas decisiones no resultaban modificables.

En concordancia, la magistrada sostuvo que la conducta desplegada por la Prosecretaria letrada de la Oficina de Violencia de Género, en la atención de Sr. Shubin al concurrir con fecha 3/3/2011 a presentar una denuncia, había inspirado una absoluta pérdida de confianza en la funcionaria judicial, en tanto dicho elemento resultaba fundamental en la relación de empleo público. Ello así, destacó que del examen de dicha resolución se desprendía que la demandada al aplicar la sanción bajo análisis había evaluado en forma razonable las conductas de la parte actora que habían dado origen el sumario y que, la conducta reprochable imputada resultaba incompatible con la jerarquía y responsabilidad de su función, de cuyo correcto desempeño depende el acceso a la jurisdicción de personas especialmente vulnerables.

Finalmente, consideró que no eran irrazonables las consideraciones en las que se había fundado el acto administrativo que había dispuesto la cesantía de la aquí actora, en tanto la conducta de la Sra. S. M. Y. había sido considerada por la autoridad competente dentro del régimen jurídico pertinente, como una falta grave. Ello así, puso de resalto que no se había demostrado que la resolución impugnada fuera irrazonable o estuviera viciada de nulidad.

II. Que el 16/3/2021 apeló la parte actora y expresó agravios el 19/4/2021, los que fueron contestados por el Estado Nacional -Poder Judicial de la Nación- el 6/5/2021.

En primer lugar, aduce que la Sra.Jueza de grado no valoró los medios probatorios ofrecidos por la recurrente, así como tampoco tuvo en cuenta la falta de prueba de la parte demandada mediante la cual se hubieran podido desvirtuar las constancias probatorias de autos.

En este sentido, expresa que la sentencia de grado es arbitraria en tanto si bien los jueces no están obligados a hacer referencia a todas las pruebas, los mismos no pueden legítimamente apartarse de las pruebas aportadas como si las mismas no existieran.

Así las cosas, entiende que la sentencia recurrida resuelve rechazar el reclamo de la parte actora sin haber analizado las cuestiones fácticas y jurídicas realmente involucradas en la causa y conducentes al esclarecimiento de los hechos.

En concordancia, refiere que tanto en el expediente administrativo como en las presentes actuaciones no existe una sola prueba que acredite que la actora hubiera participado del hecho que motivó el sumario administrativo. En este orden de ideas, considera que en el expediente administrativo se obstaculizó de manera evidente el derecho a defensa de la accionante, en tanto se le negó el desarrollo de la prueba pericial completa, ya que, de los 11 puntos periciales ofrecidos por la parte actora, solo se dio lugar a uno de ellos, con el argumento de que no se podía contar con «los archivos originales e íntegros que fueron utilizados para la realización del contenido del DVD», lo cual a su entender constituye el efectivo reconocimiento de que la resolución final se basó en peritaje de material no original.

Seguidamente, puntualiza que la grabación a la que se alude en el sumario administrativo, inserta en el documental conocido como «Borrando a Papá», no solo adolece de múltiples ediciones que obstaron su validez en el proceso, por lo que no reunió los requisitos mínimos para poder ser aceptada como legítima, sino que tampoco el audio fue acompañado de acta notarial que certifique dicha legitimidad.A su vez, destaca que la Resolución N° 13/2016, mediante la cual se dispone la cesantía, reconoce expresamente la imposibilidad técnica de determinar si la voz femenina es o no la de la Sra. S. M. Y.

Así las cosas, se agravia en tanto considera que la resolución de cesantía se basó solamente en el supuesto ocultamiento deliberado de la parte actora del hecho imputado. En esta línea, señala que de la prueba informativa surge que durante el año 2011 (año en el que se confeccionó la Planilla de Admisión Nº 15781) la Oficina de Violencia de Género había registrado la cantidad de once mil ciento cuarenta y siete (11.147) Planillas de Admisión y solamente ocho mil cuatrocientos sesenta y un (8.461) Legajos. Por lo tanto, casi el 25% de las Planillas de Admisión abiertas en la Oficina de Violencia de Género durante el año 2011, no derivaron luego en Legajos Judiciales, motivo por el cual destaca que no es «llamativo» que la Planilla de Admisión Nº 15781 no se corresponda con un legajo, ya que lo mismo sucedió con 2.686 Planillas de Admisión más.

En consecuencia, puntualiza que debido a que no se encuentra comprobado que la persona del audio sea la Sra. Y., ni el supuesto ocultamiento de la mencionada a sus superiores, el expediente administrativo no tiene respaldo probatorio alguno. Por lo tanto, refiere que todo se reduce a un informe de una funcionaria judicial que solo se sustenta en un documental y en falsedades.

Por otro lado, aduce que no fueron tenidos en cuenta los expedientes administrativos acompañados por la parte actora respecto de casos análogos en donde el tratamiento del sumariado y la sanción al mismo fue absolutamente diferente al sufrido por la Sra.Y. Ello así, destaca que en el caso bajo análisis hay un exceso de punición, ya que ante hechos de mayor gravedad la sanción fue mucho menor que la cesantía.

En consecuencia, destaca que hay una animosidad contra la accionante, la cual se desprende del hecho que la mencionada no fue trasladada a otra dependencia, lo cual a su entender era una práctica habitual y se ajustaba a lo indicado en el Reglamento, situación que demuestra una flagrante violación al principio de igualdad ante la ley consagrado en la Constitución Nacional.

También, sostiene que a fin de evaluar si el grado de una sanción es razonable, deben valorarse los antecedentes del funcionario como un componente importante. Así, refiere que la parte actora no solo poseía un legajo intachable sino que los testimonios en su favor dan cuenta de su profesionalidad y su excelente desempeño en su cargo. Por lo tanto, manifiesta que atento a que los supuestos hechos no están fehacientemente probados, debió tenerse en cuenta la circunstancia que la conducta que se le imputa a la Sra. Y. resulta totalmente ajena para varios testigos que la conocen, los cuales también resaltaron la vocación, el respeto y la profesionalidad de la mencionada en su desempeño laboral.

Finalmente, se agravia que la sentencia de grado rechazó el planteo de prescripción efectuado. A tal fin, expresa que la Sra. Jueza de grado resolvió el planteo apartándose de lo dispuesto en el artículo 35 inciso c) del Reglamento de Investigaciones de la Secretaria de Auditores Judiciales de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

III. Que, preliminarmente, es necesario advertir que no me encuentro obligado a seguir al apelante en todas y cada una de las cuestiones y argumentaciones que propone a consideración de la Alzada, sino tan sólo aquéllas que son conducentes para decidir el caso y bastan para dar sustento a un pronunciamiento válido (confr.CSJN, Fallos: 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; 278:271; 291:390; 297:140; 301:970; esta Sala, in rebus:»ACIJ c/ EN- ley 24240- Mº Planificación s/ proceso de conocimiento», del 29/5/2008; «Multicanal S.A. y otro c/ EN- SCI DLC (Actas 2600/09 y otras) s/ amparo ley 16.986», del 21/5/2009; «Ciudadanos Libres Calidad Institucional Asoc Civil c/ EN- Dto 67/10 s/ medida cautelar (autónoma)», del 21/10/2010; «CPACF- Inc Med (2-III-11) c/ BCRAComunicación ‘A’ 5147 y otro s/ proceso de conocimiento», del 18/4/2011; «Nardelli Moreira Aldo Alberto c/ EN- DNM Disp 1207/11 -Legajo 13975- (S02:9068/11) s/ medida cautelar (autónoma)», del 25/8/2011; «Rodríguez Rubén Omar c/ DGI s/ Recurso directo de organismo externo», del 7/8/2014; «Laham, Alberto Elías c/ DGI s/ Recurso directo de organismo externo», del 7/5/2015; «Araujo Medina Alexander Javier c/ EN -M Interior OP y V-DNM s/ recurso directo DNM», del 27/4/2018, entre otros).

IV. Que, con el propósito de lograr una mejor comprensión de la problemática involucrada en autos, resulta conveniente reseñar las circunstancias fácticas del caso según surge de las pruebas que se tienen a la vista.

Bajo esta perspectiva, de las constancias acompañadas al sub lite surge que:

(i) El 3/3/2011 se confeccionó la Planilla de Admisión en la cual consta que el Sr. Yura Shubin se presentó ante la Oficina de Violencia de Género con el fin de comunicar una situación de violencia doméstica (confr. fs. 2 del expte. admin. EXP/14/2014).

(ii) El 2/9/2014 se dirigió una nota a la Sra. Vicepresidente, Dra. Elena Highton de Nolasco, mediante la cual la Secretaria Letrada, Dra. Analia S. Monferrer, informó que el 1/9/2014 había tomado conocimiento de una grabación de la Oficina de Violencia de Género en la que habría intervenido la Sra. Y. -como jefa del equipo del turno fin de semana noche- en la cual se habría incurrido en irregularidades, por lo cual solicita la evaluación de la decisión acerca de iniciar las correspondientes investigaciones administrativas (confr. fs. 3 del expte. admin. EXP/14/2014).

(iii) El 3/9/2014 se efectúa un informe mediante el cual se determina que debido a que la conducta imputada a la Sra. Y. podría implicar una infracción al deber genérico de observar una conducta irreprochable correspondería disponer la instrucción de sumario administrativo (confr. fs. 7/8 del expte. admin.EXP/14/2014).

(iv) El 3/9/2014 la Corte Suprema dicta la Resolución Nº 17/14 mediante la cual se resuelve instruir sumario administrativo a la Sra. Y. y suspenderla hasta la finalización de las actuaciones (confr. fs. 10/12 del expte. admin. EXP/14/2014).

(v) El 9/9/2014 la Sra. Y. presenta ante la Corte Suprema el escrito caratulado «Interpone excepción de prescripción.

Interpone revocatoria subsidiariamente. Apela subsidiariamente» (confr. fs. 21/23 del expte. admin. EXP/14/2014).

(vi) El 9/9/2014 se realiza el informe mediante el cual se deja constancia que la Sra. Y. no posee sanciones disciplinarias ni sumarios administrativos en trámite (confr, fs, 25 del expte. admin.EXP/14/2014).

(vii) El 21/10/2014 Corte Suprema dicta la Resolución Nº 24/14 en la cual se difiere el tratamiento de la excepción de prescripción para el momento de dictarse la decisión final en la causa, y se rechazan los recursos interpuestos por la Sra. Y. (confr. fs. 30/31 del expte. admin. EXP/14/2014).

(viii) El 18/9/2014 la Sra. Y. presenta un escrito en el cual efectúa su descargo en relación con el sumario iniciado (confr. fs. 33/46 del expte. admin.EXP/14/2014).

(ix) El 26/11/2014 se remite una copia del documental que obra en soporte digital a la división Acústica Forense de la Superintendencia de la Policía Científica de la Policía Federal Argentina a fin de que determine si dicho material es apto a los fines identificatorios de la voz femenina (confr. fs. 56 del expte. admin.EXP/14/2014).

(x) Seguidamente, la Sra. Y. presenta un escrito mediante el cual solicita la reincorporación a sus funciones de Prosecretaria Letrada de la Corte Suprema (confr. fs. 59 del expte. admin. EXP/14/2014).

(xi) El 30/12/2014 la Corte Suprema dicta la Resolución Nº 33/14 del 30/12/2014 mediante la cual se rechaza el pedido de reincorporación de la Sra. Y. y se determina que la suspensión continuará hasta que finalice el sumario administrativo (confr. fs. 62/63 del expte. admin. EXP/14/2014).

(xii) El 1/4/2015 los peritos de la división Acústica Forense de la Superintendencia de la Policía Científica de la Policía Federal Argentina presentaron un Acta en la cual se determinó que los treinta (30) segundos del audio que se encuentran aptos a los fines identificatorios no son suficientes para determinar a quién corresponde la voz femenina (confr. fs. 123/124 del expte. admin. EXP/14/2014).

(xiii) El 20/5/2015 se provee la prueba ofrecida (confr. fs. 131 del expte. admin. EXP/14/2014).

(xiv) El 8/10/2015 se presentó el informe pericial realizado por los profesionales de la Sección Acústica de la Policía Federal Argentina (confr. fs. 161/169 del expte. admin. EXP/14/2014).

(xv) El 19/10/2015 el perito de parte de la Sra.Y. presentó su informe pericial (confr. fs. 174/176 del expte. admin. EXP/14/2014).

(xvi) A fs. 186/194 del expediente administrativo EXP/14/2014 constan las declaraciones testimonial de los testigos Grunfeld, Ferreira, Tomé, y Bulcourf.

(xvii) El 29/12/2015 la Sra. Y. presenta el escrito caratulado «Presenta alegatos» (confr. fs. 201/212 del expte. admin.EXP/14/2014).

(xviii) El 11/2/2016 se da por concluida la instrucción sumarial (confr. fs. 214 del expte. admin. EXP/14/2014).

(xix) El 22/2/2016 se realiza el informe mediante el cual se señaló que no obstante la imposibilidad técnica de determinar si la voz femenina que aparece en el video es o no la de la Sra. Y., existían otros elementos que permitían resolver la cuestión. Ello así, se consideró que la mencionada resultaba responsable administrativamente de las imputaciones que se le efectuaron, en tanto con posterioridad a atender al Sr. Shurin, la misma había ocultado a sus superiores deliberada y continuamente el resultado de la entrevista. Por todo ello, se establece que la conducta reprochable de la aquí accionante amerita la aplicación de una severa sanción, para la cual a los fines de su graduación deberá tenerse en cuenta que la inexistencia tanto de sanciones disciplinarias anteriores como de sumarios administrativos en trámite de la Sra. Y., que los testigos poseen buen concepto de ella, y las manife staciones vertidas respecto de la Ofician de Violencia de Género (confr. fs. 215/222 del expte. admin. EXP/14/2014).

(xx) El 24/5/2016 la Corte Suprema dicta la Resolución Nº 13/2016 en la cual resolvió rechazar el planteo de prescripción, y aplicar a la Sra. S. M. Y. la sanción de cesantía (confr. fs. 224/233 del expte. admin. EXP/14/2014).

(xxi) El 1/6/2016 la actora presentó el escrito caratulado «Interpongo Recurso de Reconsideración» contra la Resolución Nº 13/2016 (confr. fs. 239/245 del expte. admin.EXP/14/2014).

(xxii) El 26/9/2016, mediante Resolución Nº 23/2016 la Corte Suprema rechaza el recurso de reconsideración interpuesto por la accionante (confr. fs. 248/250 del expte. admin.EXP/14/2014).

V.Que, en atención a la naturaleza del acto impugnado, debo recordar que el suscripto ya como juez del fuero admitió reiteradamente la revisión judicial de los actos administrativos dictados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en las causas «Zoppia Alicia Argentina y Otros c/ Estado Nacional (Ministerio de Justicia) s/ Empleo Público», causa n° 10464/1992; y «Bazzano Alberto Agustín y Otros c/ Estado Nacional (M° de Justicia) s/ Empleo Público», causa n° 3367/1992, ambos del mes de mayo de 1995; y ya como integrante de esta Sala, con otra integración, admitió la revisión judicial de los actos administrativos dictados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el precedente «Rodríguez Varela s/cesantía», sentencia del 7/9/1991.

En este orden de ideas, cabe mencionar que tanto las acordadas como las resoluciones de alcance individual dictadas en carácter de superintendencia por parte del Poder Judicial trasuntan el ejercicio de la función administrativa que, por tal motivo, son susceptibles de revisión judicial por los tribunales del mismo poder pero distintos al emisor del acto. Esta revisión debe ser con el mismo alcance, en principio, que los actos de la misma especie dictados por los demás poderes (confr. esta Sala, in re: «Saban José Daniel c/ EN – PJN-OSPJN-Resol 6/12 s/ Empleo Público», causa nº 48476/2012, del 17/12/2019).

No empece a ello el hecho que los actos bajo revisión sean dictados por los órganos encargados por la Constitución Nacional para administrar justicia, dado que cuando ejercen función administrativa, no pueden, al mismo tiempo, ejercer función jurisdiccional, pues el órgano del Poder Judicial que emite el acto carece de las características esenciales de esta última función: la imparcialidad y la impartialidad (confr. esta Sala, in re:»Saban José Daniel», cit.).

Bajo esos parámetros, la Resolución Nº 13/2016, del 24/5/2016, dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, constituye un acto administrativo por haber sido dictado en ejercicio de función administrativa -en la especie, potestad disciplinaria de un empleado público-, por lo cual resulta susceptible de revisión judicial con el alcance indicado.

VI. Que, en primer lugar, corresponde expedirse respecto al agravio relativo al rechazo del planteo de prescripción oportunamente efectuado por la parte actora.

En este sentido, cabe destacar que el Reglamento de la Secretaria de Auditores Judiciales aprobado por Acordada Nº 8/96 establece en el artículo 35, inc. c), que la potestad disciplinaria se extingue «[p]or el transcurso de tres años, contado a partir del momento en que se produjo la irregularidad, o desde que ella dejó de cometerse (.) Los términos establecidos en los incisos c) y d) se interrumpen por la instrucción de una información sumaria o de un sumario».

En la Resolución bajo análisis, la Corte Suprema entendió que no había operado la prescripción en tanto puso de relieve que «la prosecretaria letrada Y. debió haber puesto en conocimiento de sus superiores la situación irregular que se produjo con quien se presentaba como víctima ante una situación de violencia doméstica. El ocultamiento deliberado y continuo en el tiempo es lo que impidió el control sobre las consecuencias de su actividad respecto de la persona afectada y dejó subsistente la potestad de supervisar el trabajo de la agente» (confr. fs. 226vta. del expte. admin. EXP/14/2014).

Al respecto, en relación con el instituto de prescripción, es dable recordar que la Corte Suprema ha destacado que hay razones de seguridad jurídica y, paralelamente, de conveniencia general que justifican la figura de la prescripción, como medio de contribuir a la estabilización de las relaciones entre los habitantes de la Nación (confr. CSJN, Fallos:317:1816). A su vez, ha afirmado que la finalidad de la prescripción reside en la conveniencia general de concluir situaciones inestables y dar seguridad y firmeza a los derechos, aclarando la situación de los patrimonios ante el abandono que la inacción del titular hace presumir (confr. CSJN, Fallos 313:173; 318:1416), y que la prescripción constituye, por un lado, una sanción para el negligente, para quien permanece inactivo (confr. CSJN, Fallos: 312:2352).

Sentado lo expuesto, cabe señalar que el Reglamento de la Secretaria de Auditores Judiciales aprobado por Acordada Nº 8/96 en el artículo 35 determina que el plazo de prescripción en supuestos como el presente debe ser computado desde que se cometió la irregularidad o desde que ella dejó de cometerse, que la conducta imputada no fue -conforme surge de las constancias de autos- puesta en conocimiento de la autoridad administrativa al momento de su producción, si no que la misma fue oculta, y que -en sentido similar- la jurisprudencia tiene dicho en forma pacífica que la prescripción de la acción de reparación por hechos dañosos excepcionalmente debe ser computada desde que el damnificado tuvo conocimiento del hecho y de sus consecuencias dañosas (confr. CSJN, Fallos: 310:626), pues como regla el curso liberatorio se computa desde que la acción puede ser ejercida (confr. CSJN, Fallos: 299:149 y 320:2289 ). Circunstancia que es claramente asimilable a la causa de autos, ya que la acción recién pudo ser ejercida una vez que la autoridad superior de la Sra. Y. tomó conocimiento del hecho imputado.

En estos autos, entonces, el plazo de prescripción liberatoria para promover esta acción contra el Estado Nacional comenzó a correr a partir del momento en que la pretensión demandable pudo ser ejercida, es decir, el 1/9/2014 cuando la Secretaria Letrada Dra. Monferrer, tomó conocimiento del documento titulado «Borrando a Papá» ante lo cual convocó a la parte actora, quien se reconoció en la grabación pero no brindó explicación alguna (confr. fs. 226vta. del expte.admin. EXP/14/2014).

Por las razones expuestas, y siendo que del hecho imputado a la parte actora la autoridad sancionatoria tomó conocimiento el 1/9/2014, y que mediante la Resolución Nº 17/14 del 3/9/2014 se ordenó instruir sumario a la Sra. Y. (confr. fs. 3 y 226vta. del expte. admin. EXP/14/2014), considero que corresponde confirmar la sentencia de grado en tanto rechazó la excepción de prescripción.

VII. Que, seguidamente, en relación con los alcances de la valoración de las actuaciones administrativas, cabe señalar que aun admitiendo que las actuaciones administrativas no son instrumentos públicos, no puede negarse que gozan de la presunción de legitimidad propia de los actos de los órganos del estado, y que tienen -como principio- valor de prueba en juicio (confr. CSJN, Fallos: 260:189 y 268:425; esta Cámara, Sala IV, in re: «Romera, Marcos c/ B.C.R.A. s/ cobro de australes», del 21/9/1993), y para apartarse de sus constancias, no es suficiente un desconocimiento genérico de su contenido siendo necesario que se especifiquen sus fallas suministrando prueba de ellas (confr. esta Sala, in rebus:»Acosta, Rigabier c/ EN – M Seguridad – PNA s/ Personal Militar Y Civil de las FFAA y de SEG», causa nº 27.034/2017; del 7/12/2021, y «Nuestra Señora de la Asunción CISA c/ CNRT s/ Secretaría Transporte – Ley 21844», causa nº 89.797/2018, del 22/10/2019; esta Cámara, Sala II, in re: «Lemos Marta Luisa y otros c/ EN-Mº InteriorDNM s/ Empleo Público», causa n° 39.011/2012, del 9/8/2018; Sala V, in re: «Alles Gerónimo c/ P.N.A.-Disp JS1 75 ‘A’/05 8Expte R -6243-C-B-05», causa nº 46.483/06, del 20/2/2007).

De esta forma, los documentos que son expedidos o elaborados por agentes en ejercicio de sus funciones no son instrumentos públicos, pero tampoco son instrumentos privados por no ser privadas sus actuaciones. Son pruebas escritas que se presumen documentos auténticos, mientras no se pruebe lo contrario. Hacen fe de su otorgamiento, de la fecha y de las declaraciones que haga el funcionario que los suscribe. Pero no hace falta la tacha de falsedad para desvirtuarlos -como en el instrumento público- pudiendo ser destruidos con cualquier clase de prueba (confr. CSJN, Fallos:259:398; 260:189; 263:425; 281:173).

VIII. Que, en cuanto al agravio relativo a la prueba pericial, mediante el cual la parte actora invoca que la grabación a la que se alude en el sumario administrativo no logra determinar que la persona del audio sea la Sra. Y., corresponde señalar que dicho elemento probatorio no fue el único tenido en cuenta por la Corte Suprema al dictar la Resolución Nº 13/2016 (confr. fs. 224/233 del expte. admin. EXP/14/2014).

En este orden de ideas, cabe puntualizar que si bien es cierto que del Acta de fecha 1/4/2015 efectuada por los peritos de la división Acústica Forense de la Superintendencia de la Policía Científica de la Policía Federal Argentina se desprende que los peritos oportunamente designados señalaron que los treinta (30) segundos que cuentan con el apto a los fines identificatorios no eran suficientes para determinar a quién corresponde la voz femenina (confr. fs.123/124 del expte. admin. EXP/14/2014), lo cierto es que no puede dejarse de lado el informe realizado por la Secretaria Letrada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el cual la funcionaria judicial señaló que «se convocó a la nombrada a esta sede, a quien se le hizo escuchar la grab ación, reconociéndose en la misma, sin brindar ninguna otra explicación, retirándose de mi despacho» (confr. fs. 3 del expte. admin.EXP/14/2014).

Así las cosas, debe recordarse que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha señalado reiteradamente que los dictámenes periciales en nuestro sistema no revisten el carácter de prueba legal y están sujetos a la valoración de los jueces con arreglo a las pautas del artículo 477 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, esto es, teniendo en cuenta la competencia del perito, los principios científicos o técnicos en que se funda, la concordancia de su aplicación con las reglas de la sana crítica, las observaciones formuladas por los consultores técnicos o los letrados y los demás elementos de convicción que la causa ofrezca.

De ahí que los dictámenes periciales no sean obligatorios para los jueces cuando las circunstancias objetivas de la causa aconsejan no aceptar plenamente sus conclusiones (confr.CSJN, Fallos: 317:1716) o bien cuando el dictamen carece de una explicación fundada que las justifique (confr. CSJN, Fallos: 318:1632 ; 334:1821 ) (confr. esta Sala, in re: «Vargas, Héctor Luis c/ EN-M Defensa-FAA s/ Daños y Perjuicios», causa nº 2.494/2015, y su acumulado «Vargas, Héctor Luis c/ EN-M Defensa-FAA s/ Proceso de Conocimiento», causa nº 47.929/2016, del 14/5/2019).

En este mismo sentido, ha sostenido esta Sala que la fuerza probatoria del dictamen pericial debe ser estimada en función de su ajuste a los extremos de hecho debidamente acreditados y a los principios científicos en que se funde, y en tanto y en cuanto las conclusiones a que se arriben resulten concordantes con los principios de la sana crítica, los del sentido común y los demás elementos de convicción que resulten de las constancias de la causa (artículos 473 y 474 y argumento artículo 163, inciso 5 del Código Procesal; esta Sala, in rebus:»Acosta, Rigabier», cit., «Trivento Bodegas y Viñedos SA c/ EN- SENASA-Resol 828/10 551/12 (EXPTE S01:319252/10) s/ Proceso de Conocimiento», causa nº 48.062/2012, del 23/6/2021; «Gutierrez Fabio Eduardo c/ EN Mº Defensa – EMGA s/ Personal Militar y Civil de las FFAA y de Seg.», causa nº 16.184/2004, del 25/3/2015, y sus citas).

Por lo tanto, a la luz de lo expuesto, corresponde desestimar el agravio deducido por la parte actora respecto de la prueba pericial.

IX. Que, por otro lado, respecto de la prueba testimonial, no puede perderse de vista que las declaraciones testimoniales deben ser apreciadas dentro del contexto probatorio del expediente. La valoración de la prueba no se limita a un análisis aislado de los distintos elementos de juicio obrantes en la causa sino que los integra y armoniza debidamente en su conjunto, circunstancia que lleva a meritar la eficacia que, según las reglas de la sana crítica, corresponde a los distintos elementos probatorios (confr. esta Sala, in re: «Votta, Sandra Marcela c/ EN-M RREE y C. s/ Empleo Público», causa nº 15.394/2015; del 23/4/2019; y esta Cámara, Sala II, in rebus: «Muller, Alfredo», causa n° 10.088/2009, del 1/12/2009; «Cancinos Miriam Sofia c/ UBA-Consejo Superior Resol. 1056/10 (Expte. 1239604/04)», causa nº 45.004/10, del 17/5/2012).

Este examen contextual o global, que implica que los diversos medios aportados deben apreciarse en un todo, es lo que justifica que su resultado pueda ser adverso a quien la aportó, ya que no existe un derecho sobre su valor de convicción; una vez que han sido aportadas legalmente, su resultado depende sólo de la fuerza de convicción que en ellas se encuentre (confr. DEVIS ECHANDÍA, Hernando, Teoría general de la Prueba Judicial, Zavalía, Buenos Aires, 1976, t. I, pág.305).

En otras palabras, el magistrado debe apreciar la prueba de conformidad con las reglas de la sana crítica (artículo 386 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación) con un criterio lógico jurídico, valorando sólo aquella que considere conducente e inequívoca para arribar a la decisión definitiva, máxime si existe una notoria contradicción de los hechos esgrimidos por las partes (confr. esta Cámara, Sala II, in re: «Miguel, Alfredo c/ E.N. s/ Retiro Policial», causa nº 11.892/92, del 14/9/1993).

En lo que respecta, particularmente, a la prueba testimonial, tiene dicho el Máximo Tribunal que corresponde al juzgador, de acuerdo con las reglas de la sana critica, valorar los dichos de los testigos frente a las demás pruebas rendidas en la causa, a fin de emitir un juicio imparcial y justo (confr. CSJN, Fallos 281:182).

Esta sana crítica, se sintetiza en el examen lógico de los distintos medios (en el caso, los diferentes testigos aportados), la naturaleza de la causa y las máximas de experiencia, es decir, el conocimiento de la vida y de los hombres que posee el juez, simples directivas, indicaciones o consejos rígidos al sentenciador y respecto de los cuales éste es soberano en su interpretación y aplicación (confr.FENOCHIETTO – ARAZI, Código Procesal Civil y Comercial, Comentado y Concordado con el Código Procesal Civil y Com. de la Prov. de Bs. As., Astrea, Buenos Aires, t. II, pág. 356; esta Cámara, Sala II, in re:»Cancinos Miriam Sofia», cit.; y Sala V, in re: «Martínez Eliseo», del 16/3/2001).

De todo lo cual se extrae, que los jueces deben examinar los testimonios según las reglas de la sana crítica, lo cual implica que, en el supuesto de mediar contradicción entre las declaraciones prestadas por los testigos propuestos por cada una de las partes, o entre los testimonios y otras pruebas -como sucede en este caso- el juez debe otorgar prevalencia a aquella que a su juicio revista mayor credibilidad, siempre, desde luego, que no se oponga a ello alguna norma que declare la inadmisibilidad del medio o medios de prueba de que se trate (confr. PALACIO, Lino Enrique, Derecho Procesal Civil, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1994, t. IV).

Sentado ello, cabe señalar que de la prueba testimonial tanto del expediente bajo análisis como de las actuaciones administrativas surge que todos los testigos -entre otras cuestiones- detallaron cómo era el trato de la accionante respecto de las personas en general y con aquellas que asistían a la Oficina de Violencia de Género, como era su desempeño en la Oficina de Violencia Doméstica, y como atravesó la mencionada los meses de suspensión.

Sin embargo, ninguno de ellos hizo referencia alguna de manera puntual al hecho que se le imputa a la Sra. Y. (confr. fs. 191/197 y fs. 189/194 del expte. admin. EXP/14/2014).

En este sentido, no puede sino advertirse -al igual que lo hizo la Sra. Jueza de grado- que las preguntas efectuadas a los testigos no lograron desentrañar los hechos imputados a la Sra. Y. en el respectivo sumario.

X.Que, asimismo, debo expedirme respecto al agravio relativo a la alegada falta de prueba realizada por la demandada mediante la cual la misma hubiera podido desvirtuar las constancias probatorias de la causa.

En este sentido, cabe recordar que en virtud del artículo 377 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, la carga de la prueba incumbe a aquella parte que afirme la existencia de un hecho controvertido, y supone un imperativo del propio interés del litigante, quien a su vez puede llegar a obtener una decisión desfavorable en el caso de adoptar una actitud omisiva (confr. CSJN, Fallos: 318:2555, in re: «Kopex Sudamericana S.A.I.C. c/ Bs. As., Prov. de y Otros s/ daños y perjuicios» , del 19/12/1995).

Asimismo, la carga de la prueba es la circunstancia de riesgo que consiste en que quien no prueba los hechos que alega, pierde el pleito, si de ello depende la suerte de la litis (confr. esta Sala, in rebus: «Rovella Carranza S.A. c/ EN-DNV s/ Proceso de Conocimiento», causa n° 24607/2015, del 8/2/2022 y, «Marcaba S.A.c/ EN – DNV – Resol 777/01 s/ Proceso de Conocimiento», causa nº 9396/2013, del 12/6/2018; y, esta Cámara, Sala II, in re «Miguel Alfredo c/ EN s/ Retiro Policial», del 14/9/1993).

Ello así, cabe advertir que le corresponde a la parte actora probar de manera concreta la nulidad de la Resolución Nº 13/2016, así como la nulidad y los vicios invocados respecto de las Resoluciones Nº 17/2014, 24/2014 y 23/2016.

Por ello, y según se deprende de la compulsa de las probanzas obrantes en autos, cabe adelantar que, dicha circunstancia no fue acreditada en las presentes actuaciones.

Así las cosas, y sin perjuicio de los ineficaces intentos de la recurrente, corresponde poner de relieve que la prueba producida en autos no resulta concluyente a los fines de desvirtuar la participación de la mencionada en el hecho imputado.

En virtud de lo descripto, cabe concluir que la prueba rendida en autos resulta insuficiente para formar convicción acerca de lo esgrimido por la parte actora.

XI. Que, respecto a la arbitrariedad planteada cabe señalar que la sentencia recurrida de modo alguno luce arbitraria, pues la Sra. Jueza a quo fundo la misma en las constancias que surgen del expediente. En concordancia, no puede perderse de vista que la mencionada no solamente efectúo un análisis de las constancias de la causa, sino que -entre otras cuestiones- destacó que no podía invalidarse el informe suscripto por una funcionaria judicial que había dejado constancia de la situación verificada en ocasión de solicitar a la recurrente explicaciones respecto de los hechos que surgían de la prueba documental, en tanto la misma lo había realizado en su carácter de superior jerárquico.

A su vez, cabe puntualizar que -contrariamente a lo que sostiene la parte actora en su expresión de agravios-, la Sra.Jueza de grado en la sentencia aquí recurrida analizó las cuestiones fácticas y jurídicas involucradas en la causa, lo cual surge claramente del análisis de los considerandos de la sentencia apelada.

En este sentido, es dable precisar que la magistrada – conforme surge de los considerandos IX y X de la sentencia de grado- no solo consideró que no se había violado el derecho de defen sa de la accionante, sino que también valoró la prueba testimonial producida y analizó el acto administrativo mediante el cual se dispuso la cesantía de la Sra. Y.

En este contexto, corresponde recordar que la expresión de agravios debe contener el análisis serio, razonado y crítico de la resolución recurrida y que sea idóneo para demostrar la errónea aplicación del derecho o la injusta valoración de las pruebas producidas (confr. esta Sala, in rebus: «AMX Argentina SA c/ EN – M Comunicaciones – ENACOM y Otros s/ Proceso de Conocimiento», causa n° 22.003/2017, del 10/12/2021, «Telecom Argentina SA c/ ENACOM s/ Proceso de conocimiento», causa n° 11.365/2017, del 28/2/2019, «NOA Transport SRL c/ EN -M Planificación IP y S – ST s/ Proceso de Conocimiento», causa nº 46.482/2013, del 4/11/2020; y esta Cámara, Sala II, in re: «Musso, Carlos Alberto c/ E.N. – Mº Defensa s/ Personal militar y civil de las FF.AA. y Seg.», del 11/7/2013, y sus citas, entre muchos otros), ya que el mero hecho de disentir con la interpretación dada por el juez, sin suministrar las bases fácticas y jurídicas del distinto punto de vista, no alcanza para sostener un recurso de apelación (confr. esta Sala, in rebus:»Luo Chao Xi (TF 18453-A) c/ DGA», Causa Nº 4623/2005, del 22/9/2011, «González, José Andrés c/ DGA s/ Recurso Directo DE Organismo Externo», causa nº 72998/2018, del 17/4/2019, «Boehringer Ingelheim SA c/ EN-DGA s/ Dirección General de Aduanas», causa nº 46.816/2018, del 17/2/2021; y «BCRA- c/ Romero Días, José Ignacio s/ Proceso de Conocimiento», causa nº 4087/2014, del 29/9/2021).

Por lo expuesto, en tanto no se advierte que en la sentencia de grado se hubiera efectuado una interpretación irrazonable de los hechos y del derecho sometido a su consideración, corresponde rechazar el agravio deducido por la parte actora.

XII. Que, respecto a la graduación de la sanción impuesta, cabe señalar que en la Resolución Nº 13/2016 la Corte Suprema de Justicia de la Nación consideró que la actora inobservo el deber de «conducta irreprochable» prescripto por el artículo 8 del Reglamento para la Justicia Nacional, lo cual genero una pérdida de confianza, por su conducta. La entidad de la falta justificó imponer la sanción de cesantía prevista en el artículo 16 del Decreto-Ley Nº 1285/58 (modificado por la Ley Nº 24.289, artículo 1º).

Asimismo, el Reglamento para la Justicia Nacional (aprobado por Acordada del 17/12/1952) prevé en el artículo 8 las obligaciones de magistrados, funcionarios y empleados. A tal fin, establece que: «Los magistrados, funcionarios y empleados deberán observar una conducta irreprochable». Seguidamente, enumera supuestos a los que están «especialmente obligados» tales sujetos, como residir en el lugar en que desempeñen sus tareas o dentro de cierto radio, guardar absoluta reserva con respecto a los asuntos vinculados con las funciones de los respectivos tribunales, no evacuar consultas ni dar asesoramiento en los casos de contienda judicial actual o posible, entre otros.

Por su parte, el Decreto-Ley Nº 1285/58, en su artículo 16 dispone que:»Los magistrados, funcionarios, empleados y auxiliares de la Justicia de la Nación, excepto los agentes dependientes de otros poderes, podrán ser sancionados con prevención, apercibimiento, multa, suspensión no mayor de treinta (30) días, cesantía y exoneración, conforme lo establecido en este decreto ley y los reglamentos. La multa será determinada en un porcentaje de la remuneración que por todo concepto perciba efectivamente el sancionado, hasta un máximo del 33 % de la misma.

La cesantía y exoneración serán decretadas por las autoridades judiciales respectivas que tengan la facultad de designación. Los jueces serán punibles con las tres (3) primeras sanciones mencionadas en el primer párrafo, sin perjuicio de lo dispuesto sobre enjuiciamiento y remoción».

En resumen, el Reglamento para la Justicia Nacional establece las obligaciones, y el Decreto-Ley Nº 1285/58 determina las sanciones, pero no existe una vinculación entre ambos a fin de indicar, ante el incumplimiento de cada obligación, que sanción corresponde.

La graduación de la sanción a aplicar en cada caso concreto, en consecuencia, incumbe a la autoridad (confr. esta Sala, in re: «Saban José Daniel», cit.).

Por otro lado, cabe advertir que el concepto de «conducta irreprochable» del artículo 8 del Reglamento para la Justicia Nacional constituye un deber caracterizado por la generalidad en su configuración, que bien podría ser encuadrable, técnicamente, como un concepto jurídico indeterminado, cuya concreción corresponde a la autoridad en cada caso puntual.Siendo así, la pauta hermenéutica a seguir debe ser que a mayor generalidad del deber -y el consecuente tipo infraccional-, mayor cuidado y estrictez debe tener la autoridad al momento de encuadrar la conducta y graduar la sanción, así como de fundamentar su decisión.

En el caso de autos, el carácter «reprochable» de una conducta en los términos del artículo 8 del Reglamento para la Justicia Nacional es un juicio de valoración, que corresponde a la autoridad administrativa, y al que solo se puede arribar al confrontar el hecho del agente con reglas que, necesariamente, deben ser jurídicas, y concluir la falta de adecuación del primero con las segundas (confr. esta Sala, in re: «Saban José Daniel», cit.).

Desde esta perspectiva, corresponde poner de relieve que la Resolución Nº 13/2016 en su considerando 20º) señaló que a los fines de graduar la sanción «corresponde ponderar en primer lugar, la gravedad de la conducta que se le reprocha en la medida en que, por un lado, la imputada impidió el acceso a justicia de una persona que se presentó como afectada por un hecho de violencia doméstica y, por otro, con su accionar y consecuencia omisión, puso en peligro la confianza en las instituciones que toda persona debe tener; por ello si bien la Dra. Y. no registra sanciones disciplinarias anteriores, la de cesantía resulta justa y equitativa, pues no puede permitirse, sin sancionar como corresponde, que se provoquen situaciones que generen inquietudes públicas sobre irregularidades cometidas por empleados judiciales, resintiendo la imagen y dignidad del Poder Judicial, como órgano encargado de la correcta administración de justicia».

Todo lo expuesto permite concluir que la sanción impuesta no se presenta como irrazonable o desproporcionada.

XIII. Que, en atención al resultado del recurso intentado y por no advertirse motivos valederos para apartarse del principio objetivo de la derrota (confr. artículo 68, primera parte, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación), las costas de Alzada se imponen a la parte actora vencida.

Por las razones expuestas, voto por:confirmar la sentencia en cuanto fue materia de agravios, e imponer las costas de Alzada a la parte actora vencida (artículo 68, primera parte, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

El Dr. Carlos Manuel Grecco dice:

Adhiero al voto de mi estimado colega de Sala, Dr.Fernández. Sin perjuicio de lo expuesto, como lo exprese en mi voto en la causa Nº 48476/2012, in re: «Saban José Daniel c/ EN – PJNOSPJN-RESOL 6/12 s/ Empleo Público», del 17/12/2019, quiero destacar que en el precedente «Rodríguez Varela, Florencio c/ Corte Suprema de Justicia de la Nación s/ ordinario», sentencia del 23/12/1992 registrado en Fallos:315:2990, la Corte Suprema rechazó la irrevisabilidad de la resolución cuestionada dejando asentado «el carácter excepcional que este criterio supone».

Por lo tanto, siguiendo el criterio sentado en el precedente «Rodríguez Varela» de la Corte Suprema, considero que no resultaría revisable judicialmente la Resolución 13/2016, del 24/5/2016, dictada en el expediente EXP/14/2014 por dicho tribunal, toda vez que en estos autos existió un sumario administrativo previo al dictado de la sanción, cuyo procedimiento no está cuestionado, y no está puesto en duda que la actora haya tenido oportunidad de ejercer adecuadamente su derecho de defensa. Por los motivos expuestos, entiendo que el recurso de apelación de la actora debe ser rechazado.

En virtud del resultado que informa el acuerdo que antecede, el Tribunal RESUELVE: confirmar la sentencia en cuanto fue materia de agravios, e imponer las costas de Alzada a la parte actora vencida (artículo 68, primera parte, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

A los fines del art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional, se deja constancia que suscriben la presente dos vocales por hallarse vacante el tercer cargo.

Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.

SERGIO GUSTAVO FERNÁNDEZ

CARLOS MANUEL GRECCO

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