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#Fallos Dé marcha atrás: La imputada por defraudación en perjuicio de su empleador que pretende ampararse en el beneficio de la suspensión del proceso a prueba, debe pronunciarse acerca del desistimiento del proceso laboral iniciado contra aquel

Partes: Causa 43670/2019/TO1/CNC1 s/

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional

Sala/Juzgado: I

Fecha: 10-nov-2021

Cita: MJ-JU-M-135444-AR | MJJ135444 | MJJ135444

La imputada por defraudación en perjuicio de su empleador que pretende ampararse en el beneficio de la suspensión del proceso a prueba, debe pronunciarse acerca del desistimiento del proceso laboral iniciado contra aquel.

Sumario:

1.-Cabe disponer la remisión de las actuaciones a primera instancia para que la imputada sea consultada sobre la posibilidad de desistir de la acción laboral interpuesta contra el querellante, bajo apercibimiento de revocar la suspensión del proceso a prueba en caso de no hacerlo, pues la subsistencia de aquella demanda, considerando la línea jurisprudencial en sede laboral que no atiende a las causales del sobreseimiento dictado en la causa penal y que, en otras ocasiones, rechaza las defensas opuestas por la parte demandada a partir de la concesión del juicio a prueba, en modo alguno permite considerar que el conflicto pueda reputarse como superado máxime cuando en aquel proceso se reclama un monto más de diez veces superior a la maniobra defraudatoria imputada y, además, se sostiene que el distracto fue injustificado para lo que niega la ocurrencia de los actos de infidelidad que en esta sede se le atribuyen.

2.-Corresponde considerar razonable el monto pecuniario ofrecido por la imputada a los fines de la suspensión del proceso a prueba y para reparar el daño ocasionado ya que la reparación debe ser ‘en la medida de lo posible’, esto es, según las condiciones personales de quien demanda el instituto y, bajo estas consideraciones, no existe mayor margen para tacharse de irrazonable el monto nominal ofrecido, máxime si se tiene presente que a la querella le asiste la opción de rechazarlo y perseguir la reparación integral del daño ante otra sede judicial.

Fallo:

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 10 días del mes de noviembre de 2021 se constituye el tribunal, integrado por los jueces Gustavo A. Bruzzone, Jorge L. Rimondi y Horacio L. Días, asistidos por el secretario actuante, por videoconferencia (cfr. acordadas n° 1, 2, 3 y 11/2020 de esta Cámara), a fin de resolver el recurso de casación interpuesto por la defensa en esta causa 43670/2019/TO1/CNC1, caratulada «B., J. E. s/ recurso de casación». El tribunal deliberó, en los términos de los arts. 396 y 455, CPPN, por videoconferencia en presencia del actuario, y se tuvo presente el escrito digital aportado por la defensa. En consecuencia, se arribó al siguiente acuerdo.

El juez Rimondi dijo:

1. Se le imputa a B. «el haber defraudado a su empleador, el Consejo de Profesionales de Arquitectura y Urbanismo y por consiguiente a sus matriculados. Ello, por cuanto, en su calidad de ‘visadora de trámites’, recibía dinero en efectivo de parte de los profesionales y/o gestores para el pago de trámites (encomiendas, habilitaciones, etc.) y en vez de emitir un recibo conforme lo requería el sistema de facturación, registraba los cobros emitiendo un «aviso de pago» utilizando su usuario ‘eB.’. De este modo, evitaba que los pagos quedaran registrados en el sistema, no figurando los mismos al efectuarse el arqueo de caja diario, persistiendo el trámite como adeudado por los profesionales y apoderándose del dinero recibido. A raíz de estas maniobras fraudulentas, ocurridas en ocho ocasiones, efectuadas los días 19 de septiembre, 9, 16 y 23 de octubre, 1, 5, 9 y 13 de noviembre todos del año 2018″. Los hechos fueron calificados por la acusación pública como constitutivos del delito de defraudación por administración fraudulenta, reiterado en ocho oportunidades.

2. En el marco de este trámite, la acusada solicitó acogerse a la suspensión de su proceso a prueba. Para ello efectuó el siguiente ofrecimiento económico:en el primer año de suspensión, 12 cuotas mensuales de $2000 pesos cada una; en el segundo año de suspensión: 12 cuotas mensuales de $3000 pesos cada una; y, por último, 12 cuotas mensuales de $4000 pesos cada una en el último año de la suspensión. De tal modo, la defensa ofreció el total de $108.000 pesos a completar en los tres años de suspensión del proceso, con el fin de aproximarse nominalmente al monto que, según las acusaciones, B. habría retenido para sí. Preguntada respecto de la demanda laboral iniciada contra los querellantes, B. manifestó que «no tiene decidido lo vinculado con el desistimiento de esa demanda laboral, ni lo habló con su abogado interviniente en esa acción». Luego, debieron expedirse el Ministerio Público Fiscal y los querellantes del caso. éstos últimos, representados por el Dr. Durrieu, no aceptaron el ofrecimiento realizado a raíz de la subsistencia de una demanda laboral por parte de la imputada contra el CEPAU. En la inteligencia de que B. puede desistir de la mentada acción laboral, sostuvo que el ofrecimiento es, a su criterio, irrazonable y parcial. Ello, puesto que el conflicto, a su modo de ver, no se vería superado si persiste la demanda. También señaló que no se configura una verdadera voluntad conciliadora por parte de la imputada siempre que esta acción contra el damnificado siga en pie. A su turno, la auxiliar fiscal interviniente, Dra. Eisenchlas, prestó su conformidad para la concesión del beneficio. La titular de la acción pública afirmó que existe una voluntad superadora del conflicto y un intento de acercarse al monto del perjuicio mencionado en los requerimientos de elevación a juicio por parte de la acusada. Paralelamente, sostuvo que no corresponde exigirle a la imputada que desista del ejercicio de un derecho, como resulta ser el reclamo perseguido en sede laboral.

3.Sobre la base de los dictámenes de las partes, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 20 de esta ciudad, integrado unipersonalmente por el juez Leif Guardia, resolvió el pasado 6 de septiembre «I. CONCEDER LA SUSPENSIóN DEL JUICIO A PRUEBA solicitada en la presente causa, respecto de J. E. B., de las demás condiciones personales obrantes en autos, por el término de TRES AñOS, en razón de encontrarse satisfechos los requisitos del artículo 76 bis del Código Penal. (.) III. CONSIDERAR RAZONABLE Y TENER PRESENTE la reparación económica ofrecida por J. E. B., en virtud del daño presuntamente ocasionado, y que asciende a la suma de $108.000 pesos, la que NO deberá hacerse efectiva, debido al rechazo manifestado por la querella». Para así resolver indicó que se encuentran reunidos los requisitos legales demandados para la suspensión del juicio a prueba y se han cumplido con todos los ofrecimientos que establece la ley de fondo. Agregó que es difícil soslayar el consentimiento que prestó la fiscalía a la pretensión de la imputada, sin perjuicio de la posición desfavorable de la parte querellante en torno a la reparación ofrecida. Respecto de los reparos opuestos por la querella, el juez efectuó algunas consideraciones. Por una parte, que el monto de la reparación económica ofrecida luce razonable y demuestra una voluntad superadora del conflicto, en tanto excede la cifra nominal del perjuicio reprochado a la imputada. De otra parte, que la vía solicitada no está dirigida a satisfacer una reparación integral, pues para ello está la vía civil que conserva la parte damnificada si no acepta el ofrecimiento realizado. Por último, el magistrado consideró que intimar a la acusada a desistir de la demanda laboral implicaría exigir el desistimiento del ejercicio de un derecho. Agregó el juez que si bien puede existir directa o indirectamente una vinculación entre este proceso y el expediente que tramita en el fuero laboral, lo cierto es que son cuestiones que tramitan por canales judiciales diferentes.

4.Frente a ello la querella interpuso recurso de casación. El impugnante planteó la errónea aplicación de la ley sustantiva ­artículo 456 inciso 1° del Código Procesal Penal­, por cuanto el magistrado interpretó, a su entender, equivocadamente el artículo 76 bis del Código Penal. El recurrente reafirmó la irrazonabilidad del ofrecimiento que efectuó la pretensa probada, sobre la base de dos argumentos. En primer lugar, alegó que sin perjuicio de que el monto nominal que aportó B. excede el daño imputado, en términos reales ­debido al fenómeno inflacionario al que se ve sujeto nuestro país­ el ofrecimiento es insuficiente respecto del dinero defraudado. En segundo lugar, recordó que B. interpuso demanda laboral por despido injustificado contra el CEPAU, expediente que tramita ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo No 29. En esa sede, donde también se ventilan los hechos aquí investigados, la acusada reclama la suma de $ 1.205.786 (un millón doscientos mil setecientos ochenta y seis pesos), sin devengar los intereses correspondientes, y reputa como «totalmente falsa» la imputación de los hechos de defraudación detectados. Es por ello que la querella afirma que no puede existir voluntad superadora del conflicto por parte de la acusada si ésta elige retener parte del conflicto para sí (en referencia a la demanda laboral), máxime si como resultado dicho conflicto genera la expectativa de un perjuicio económico aún mayor para la parte damnificada. Bajo estas circunstancias, el recurrente considera que si bien el resarcimiento integral por los daños y perjuicios resultantes de la comisión de un delito debe ser perseguido por otra vía, y que los pormenores del juicio laboral que enfrenta a las partes deben ser ventilados en su respectiva jurisdicción, sí debe remarcar que la posición de la imputada debe revelar una mínima vocación de superación del conflicto. El recurrente concluye que «siempre que B.mantenga su millonaria demanda laboral en la que alega que la presente imputación es totalmente falsa y que no existieron los hechos defraudatorios detectados y debidamente acreditados, aparece como francamente incoherente la pretensión de reparar el daño causado mediante el ofrecimiento simbólico que ha sido considerado razonable por V.E, para luego continuar avanzando en otro proceso en el que echa por tierra todo lo que aquí pretende significar y reclama que la víctima de su defraudación (CPAU) le pague a ella una suma millonaria».

5. Ingresando en la solución del caso, se deben abordar dos cuestiones por separado: determinar si el monto pecuniario ofrecido es razonable y, seguidamente, considerar si es factible superar el conflicto en tanto subsista la demanda laboral incoada por la imputada contra la querella. Respecto del primero de estos asuntos, el impugnante refiere que el ofrecimiento económico que efectuó B. es insuficiente a la luz del daño económico producido. En la materia, he tenido oportunidad de expedirme en el caso «Siri y Quiroz»1 y allí referí que el análisis de razonabilidad respecto del ofrecimiento prescripto por ley debe acogerse a los términos establecidos por el propio mandato legal. De tal modo, la reparación debe ser «en la medida de lo posible», esto es, según las condiciones personales de quien demanda el instituto. Bajo estas consideraciones, no existe mayor margen para tacharse de irrazonable el monto nominal ofrecido por la defensa, máxime si se tiene presente, tal como afirma el propio recurrente, que a la querella le asiste la opción de rechazar el ofrecimiento y perseguir la reparación integral del daño ante otra sede judicial.Ahora bien, distinta es la consideración que debo efectuar respecto de la subsistencia de la demanda laboral por parte de B., máxime si se tiene en cuenta la línea jurisprudencial en sede laboral que no atiende a las causales del sobreseimiento dictado en la causa penal y que, en otras ocasiones, rechaza las defensas opuestas por la parte demandada a partir de la concesión del juicio a prueba («RAMíREZ CARDOZO, Cintia c/ Catalaa, Jorge Jean y Toloza, Manuel Alberto s. de hecho y otros s/ despido, de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo , Sala X, del 6 de marzo de 2007, S.D. n° 26.885/2004)2. En resumidas cuentas, el impugnante alega la incompatibilidad de una «voluntad superadora del conflicto» con la subsistencia de la demanda laboral por parte de la acusada contra su antiguo empleador ­el querellante­. Cierto es que el instituto de la suspensión de juicio a prueba tiene como principio rector la composición total del conflicto a través de medidas alternativas a la prisión. Bajo esta lógica restaurativa, la probation se ofrece como una vía que permitiría a todos los interesados acordar y comprometerse para superar el conflicto que subyace tras la supuesta infracción a la ley penal. A la luz de estos principios, acierta el querellante cuando tacha al ofrecimiento de la defensa como irrazonable. Es que en modo alguno el conflicto puede reputarse como superado en caso de que se encuentre vigente una demanda laboral, en la que no solo se reclama un monto más de diez veces superior a la maniobra defraudatoria imputada, sino que, además y fundamentalmente, se sostiene que el distracto laboral fue injustificado para lo que niega la ocurrencia de los actos de infidelidad que en esta sede se le atribuyen.Coincido con la recurrente en que, de existir una verdadera voluntad superadora del conflicto, la acusada debería adoptar una conducta consistente y coherente en el marco de los distintos procesos judiciales que se han disparado a partir de los hechos acaecidos, cuestión incompatible con la solicitud de una vía alternativa composicional en sede penal a la vez que mantiene una demanda de semejante envergadura en la justicia laboral. De adverso a lo que sostuvo el juez de grado, una regla de conducta en tal sentido no conculca en modo alguno los derechos que le asisten a B., sino que sencillamente se le está requiriendo un ofrecimiento coherente, restaurativo y composicional en caso de escoger un método alternativo para superar el conflicto penal. Así como, por ejemplo, a la querella le asiste la opción de aceptar o no la reparación ofrecida en el marco de esta petición; también la acusada está facultada a escoger, o no, someterse a las exigencias que demanda resolver el conflicto penal a través de esta vía o, por contrario, continuar las acciones ante otras sedes que considere pertinentes. Como se señaló, si lo que se persigue es la composición total del conflicto, no puede alcanzarse si subsisten acciones judiciales contra la querellante en otros fueros. En este sentido también se ha expedido recientemente la Sala 2 de esta Cámara en el caso «Sagastizabal»3, donde validó la imposición como regla de conducta del desistimiento de la acción laboral interpuesta contra el querellante con argumentos similares a los ya invocados.Por otra parte, al votar en «Escobar»4 entendí razonable la oposición fiscal que consideró que «la solicitud del imputado no responde a esta finalidad restaurativa del instituto», elemento que dedujo » de la desproporción del monto de reparación total ofrecido respecto del perjuicio económico supuestamente irrogado (menos del 5%)». En virtud de ello, concluí que «no se opuso a la ‘probation’ por considerar que el ofrecimiento no era razonable, sino que así se pronunció por entender que su aplicación en el caso con las condiciones dadas no respondía a la finalidad del instituto». En un modo similar, cabe pronunciarse sobre la oposición de la recurrente. Lo último que debo apuntar, es que no dejo de advertir que la incidencia cuenta con un dictamen fiscal favorable, motivo que también señaló el juez para resolver en sentido señalado. Sin perjuicio de ello, en múltiples precedentes5he señalado que el dictamen acusador resulta vinculante siempre y cuando supere exitosamente el sobreviniente control de logicidad y razonabilidad por parte de la jurisdicción. A ello también se agrega la manifiesta oposición que expresó la parte querellante. Por las consideraciones ya efectuadas, entiendo que tanto la fiscal del caso como el magistrado interviniente no analizaron debidamente la razonabilidad del ofrecimiento de la acusada, que se aparta del espíritu del instituto, porque el efecto (sobreseimiento) que habrá de tener el cumplimiento de las pautas que se le apliquen a la imputada en esta sede, por tres años, incidirá directamente en su condición de actora de la demanda laboral contra el querellante, porque la jurisprudencia laboral no distingue los motivos por los que se llega al sobreseimiento en la causa penal, lo que determina que la posición de la fiscalía, en la que se apoyó la decisión recurrida, no sea derivación razonada del derecho de aplicación al caso y, por ello, debe ser descalificada.

6.No obstante, puesto que lo único que se encuentra en discusión es la ausencia de desistimiento de la demanda laboral para completar el ofrecimiento que efectuó B., y a fin de no generar mayores dilaciones, considero oportuno hacer lugar parcialmente al recurso de la parte querellante y remitir las actuaciones a la instancia de origen para que la imputada sea consultada sobre la posibilidad de desistir de la acción laboral interpuesta contra la querellante, bajo apercibimiento de revocar el instituto concedido en caso de no hacerlo para que continúe el procedimiento común (arts., 454, 455, 465 bis, 470, 530 y 531 CPPN; art. 76 bis CP). El juez Dias dijo: por los mismos argumentos desarrollados en extenso por el colega Jorge Rimondi en su voto, entiendo que la solución del caso ha de ceñirse a hacer lugar al recurso de casación deducido por el acusador privado, y en consecuencia casar y revocar la resolución impugnada en cuanto fuera materia de recurso, sin costas en esta instancia. Fuera de ello, si en el futuro la imputada tuviese la iniciativa de renunciar a su reclamo en sede laboral, bien podría con ello mocionar «otra» petición de suspensión del juicio a prueba que deberá ser sustanciada en la instancia. Pero en aquello que nos concierne como jueces de impugnación, la resolución impugnada ha de ser revocada como consecuencia del éxito de la parte recurrente. Así lo voto. El juez Bruzzone dijo: Que voy a acompañar la propuesta que formula el colega Rimondi en su voto, por compartir sus fundamentos, a los que me remito en honor a la brevedad. De tal modo, emito mi voto en igual sentido, esto es haciendo lugar parcialmente al recurso de la parte querellante y remitiendo las actuaciones a la instancia de origen para que la imputada sea consultada sobre la posibilidad de desistir de la acción laboral interpuesta contra la querellante, bajo apercibimiento de revocar el instituto concedido como propone el colega Rimondi (arts., 454, 455, 465 bis, 470, 530 y 531 CPPN; art.76 bis CP). En consecuencia, esta Sala 1 de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de esta ciudad, por unanimidad, RESUELVE: HACER LUGAR PARCIALMENTE al recurso interpuesto por el querellante y REMITIR las actuaciones a la instancia de origen para que la imputada sea consultada sobre la posibilidad de desistir de la acción laboral interpuesta contra el recurrente, bajo apercibimiento de revocar el instituto en caso de no hacerlo (arts., 454, 455, 465 bis, 470, 530 y 531 CPPN; art. 76 bis CP). El juez Horacio L. Días emitió su voto en el sentido indicado, pero no suscribe la presente en cumplimiento de las Acordadas no 4/2020 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y las acordadas no 1, 2, 3 y 4/2020 y Acordada n° 12/2021 de esta Cámara. Regístrese, comuníquese (Acordada no 15/13, C.S.J.N.; Lex 100) y remítase el incidente tan pronto como sea posible.

Ante mí:

GUSTAVO A. BRUZZONE

JORGE LUIS RIMONDI

JUAN IGNACIO ELIAS

Prosecretario de Cámara

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