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#Fallos Violencia de género en el Poder Judicial: Medidas protectorias luego de denunciarse hechos de violencia de género y violencia institucional de un juez de familia hacia una funcionaria del Ministerio Público de la Defensa

Partes: B. N. c/ S. V. R. s/ Violencia de género

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Salta

Sala/Juzgado: II

Fecha: 13-ago-2021

Cita: MJ-JU-M-134943-AR | MJJ134943 | MJJ134943

Se dictan medidas protectorias luego de denunciarse hechos de violencia de género y violencia institucional de un juez de familia hacia una funcionaria del Ministerio Público de la Defensa, dentro del mismo ámbito del Poder Judicial Provincial.

Sumario:

1.-Corresponde dictar medidas protectorias establecidas con el propósito de evitar mayores daños por la situación de peligro que se configura, pues los hechos denunciados que constituyen maltrato y hostigamiento psicológico hacia la actora por parte del juez denunciado desde una posición de poder y de fuerza dados por su propia masculinidad y condición de juez a cargo de las causas en las que ella interviene como defensora; la situación denunciada presenta un agravante aún mayor desde el punto de vista institucional, por la circunstancia de manifestarse en el propio ámbito judicial, con repercusión directa en procesos de familia en los que se debaten derechos fundamentales de los justiciables y, en la mayoría de los casos, intereses de niños, niñas, adolescentes y personas con discapacidad.

2.-Las constancias incorporadas el proceso permiten advertir un contexto de vulnerabilidad y discriminación en el ámbito laboral o profesional que puede configurar violencia de género, es decir, subsumirse el cuadro fáctico en el tipo específico de violencia descripto en el art. 5º, inc. 2 , y art. 6º inc. ‘c’ de la Ley 26.485.

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3.-La jueza de primera instancia ha incurrido en un notorio yerro, pues no solamente coloca en un mismo plano a víctima y victimario al momento de disponer una medida de protección que hace extensiva a ambos, sino que los insta a sostener un diálogo pacífico en abierta vulneración del art. 9º de la Ley 7888 de Salta y no obstante haberse informado la existencia de riesgo grave para la denunciante; por otra parte, la mención a un diálogo ‘libre de estereotipos de género’, implica presumir que la víctima de violencia invoca o sostiene tal clase de representaciones simbólicas propias de una cultura machista y patriarcal, lo cual resulta a todas luces ilógico y frustrante de las legítimas expectativas de la mujer que acude a la justicia en busca de protección.

4.-El presente proceso de violencia de género responde a una esfera jurídica distinta e independiente de la superintendencia sobre el denunciado por su carácter de juez de Salta, de allí que los mismos hechos, que aquí se analizan y resuelven en el marco de las normas de protección integral de la mujer que sufre violencia de género puedan, a la vez y con motivo del cargo de juez de familia que ejerce la persona denunciada, eventualmente ser examinadas desde la perspectiva disciplinaria; se trata de órbitas de actuación diferentes que en modo alguno se excluyen ni se hallan sujetas la una a la otra.

5.-Las Leyes son iguales para todos en una república democrática, sin exclusión alguna y, de tal manera, la superintendencia de la administración de justicia no constituye un privilegio sino que, por el contrario, es signo de las exigencias que supone el ejercicio de la función jurisdiccional y que no rigen para el resto de los ciudadanos.

6.-El juzgar con perspectiva de género es una obligación que encuentra su respaldo en el derecho a la igualdad y a la no discriminación reconocido en la Constitución Nacional y en los tratados internacionales de derechos humanos de raigambre constitucional; implica interpretar los hechos de una manera neutral y sin estereotipos discriminatorios, detectar e identificar las normas y argumentaciones jurídicas que sostengan roles asignados de manera diferenciada a varones y mujeres, cuestionando su pretendida neutralidad, detectar los estereotipos que vulneran en forma constante este principio, y que se constituyen en causa y consecuencia de la violencia de género.

Fallo:

Salta, de agosto de 2021.

Y VISTOS: Estos autos caratulados «B., N. vs. S., V. R. POR VIOLENCIA DE GÉNERO», Expediente Nº Inc.- 730949/1/21 del Juzgado de Violencia Familiar y de Género 1ª Nominación (INC – 730949/1/21 de Sala II) y,

C O N S I D E R A N D O :

1º) Vienen los autos a la alzada en virtud de los recursos de apelación interpuestos por la denunciante, doctora N. B., a foja 14 y por el denunciado, doctor V. R. S., a foja 15, en contra de la sentencia de fojas 2/9 que dispuso lo siguiente: «(I) Notificar al señor juez del Juzgado de Personas y Familia de Segunda Nominación – doctor V. R. S. – a dar trato igualitario a la doctora N.

B., en ocasión del ejercicio de sus funciones como Defensora Oficial Civil Nº 4, en las causas que tramiten ante el Juzgado de Personas y Familia Nº 2, a su cargo, o en los que intervenga como interino. Evitar expresiones verbales o gestuales que pudieren afectar la integridad pisco-física de la misma, especialmente en las audiencias en las que la Sra. Defensora Civil participe.

Todo en cumplimiento de la normativa internacional protectoria de la mujer.

(II) Hacer conocer al doctor V. R. S. el contenido de las presentes actuaciones, en copia, a los fines que en el plazo de 5 (cinco) días formule descargo y/o efectúe las presentaciones que considere pertinentes. (III) Instar a ambas partes a gestionar herramientas y mecanismos que les permitan sostener un diálogo pacífico, libre de estereotipos de género, en cada proceso de que se trate, en consideración al ejercicio de sus funciones atento al cargo que ambos detentan y en defensa de los intereses de los justiciables. (IV) Hacer conocer de la presente a la Secretaría de Superintendencia de la Corte de Justicia de Salta a los efectos que hubiere lugar.(V) Notificar de la presente a la Defensoría General de la Provincia (Ministerio Público de Salta), para que, en el plazo de 5 (diez) (sic) días de su notificación, diseñe y ejecute medidas de acción positiva concretas y efectivas, a fin de evitar el sostenimiento y agravamiento de la conflictiva denunciada, en el ámbito de su competencia, debiendo informar las medidas adoptadas en dicho plazo, dando cumplimiento a la normativa internacional protectoria de los derechos de la/s mujere/s. (VI) Remítanse copia de la presente a la señora Defensora Oficial Civil Nº 4, doctora N. B. y al doctor V. R. S., y atento a la confidencialidad en sobre cerrado, a los fines de su notificación.»

Para así decidir, la señora jueza a quo, luego de invocar el artículo 72 inciso 22 de la Constitución Nacional, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la recomendación Nº 35 del Comité de CEDAW, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (Convención de Belém Do Pará), el fallo González vs. México de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Ley de Protección Integral de las Mujeres Nº 26.485, la ley provincial Nº 7.888 y doctrina sobre la discriminación contra las mujeres, ponderó que, de la denuncia obrante a fojas 6/9 y de la documentación agregada y reservada en autos, surge un conflicto real entre las partes que probablemente se originó en el año 2018, sin solución hasta la fecha no obstante haber transitado la denunciante andamiajes administrativos solicitando su resolución.

Señaló que los antecedentes son suficientes para llevarla a la convicción de la necesidad de disponer medidas inaudita parte. Expresó que en ocasiones las situaciones de violencia pueden suscitarse entre pares en donde, visto sin perspectiva de género, las partes parecen equivalentes, pero desde un enfoque de género debe analizarse todo el contexto presentado.Destacó que, por ser su intervención preventiva, coactiva y/o disuasiva según lo requiera el caso en particular, basta la sospecha de maltrato psíquico, físico, moral, laboral para expedirse tutelando y dando protección a la afectada, sin que a través de este mecanismo se puedan sustituir las acciones ordinarias que correspondan en los casos que se planteen. Estimó que, por ello, prima facie correspondía imponer medidas de carácter cautelar y/o preventivo, atendiendo a la naturaleza de la denuncia efectuada y valorando sobre todo el estado de salud y emocional de la denunciante que surge del informe psicosocial de fojas 19/21 -que transcribe en sus partes pertinentes3 donde se valora la problemática como de riesgo grave, así como los certificados médicos, estudios y las manifestaciones de haber sido ingresada a la guardia médica e internada por unas horas los días 1/04/2021 y 12/03/2021.

Puso de resalto que no considera adecuada la medida unilateral adoptada por la denunciante, esto es, que sea función del doctor M. B. la de proteger a la titular de la Defensoría donde él se desempeña, sino que es de la Defensoría General de quien depende la adopción de medidas al respecto dado el carácter privado de las audiencias en materia de familia, aunque surge de las constancias de autos que ha sido la única forma para la denunciante de seguir llevando adelante su trabajo. Agregó que la envergadura de este conflicto entre dos integrantes de la magistratura ha terminado perjudicando a terceros ajenos y a los justiciables, afectando el derecho a la tutela judicial efectiva, por lo que estima necesario que se activen resortes administrativos en todos los estamentos y poderes del Estado a fin de canalizar situaciones como la presente, evitando su judicialización.

Por último, recordó que el objeto del presente proceso consiste en la protección de la víctima de violencia en el que debe prevaler la celeridad; por lo que, en un principio, la bilateralidad se ve postergada.Destacó que no es procedente la intervención del autor de los hechos en esta oportunidad, pero que su defensa se verá asegurada una vez comunicada la medida que busca prevenir que se susciten nuevas situaciones que afecten el servicio de justicia.

Los agravios de la denunciante (fs. 19/25):

En su memorial de agravios de fojas 19/25, la doctora N. B. objeta la resolución en crisis por resultar arbitraria y violentar su derecho a la salud, a la dignidad, a la integridad personal, física, psíquica y moral, a la libertad, a vivir una vida libre de violencias y de tratos crueles, inhumanos o degradantes, al trabajo, a la igualdad y a la no discriminación. Sostiene que lesiona, además, el principio de legalidad, el debido proceso adjetivo y el principio de congruencia.

Asevera que el fallo pierde de vista que se debe proteger el derecho a su integridad psico-física reconocido en el corpus iuris internacional, nacional y provincial compuesto por la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (Convención Belém Do Pará), la Ley Nacional de Protección Integral de las Mujeres Nº 26.485 y la ley provincial 7.888.

Objeta el punto III de la resolución en crisis que ordena: «Instar a ambas partes a gestionar herramientas y mecanismos que les permitan sostener un diálogo pacífico, libre de estereotipos de género, en cada proceso de que se trate, en consideración al ejercicio de sus funciones atento al cargo que ambos detentan y en defensa de los intereses de los justiciables». Considera desacertado el inicio de la manda judicial por cuanto contraviene los más elementales principios en materia de género al dar el tratamiento de «partes» en un proceso de violencia.Afirma que dicha medida es ilegítima y revela el error conceptual que fulmina de inválida la decisión, ya que la jurisdicción de las violencias no admite la categoría de «partes», y ello significa asumir como presupuesto que agredida y agresor se encuentran en un plano de igualdad.

Refiere que el artículo 13 de la ley provincial 7888 y el punto «e» de la ley nacional 26.485 son contundentes en que se encuentra prohibida la mediación o conciliación en todos los trámites relacionados con casos de violencia, al no existir igualdad de posiciones sino una asimetría que nace en la intención de someter o subordinar a las mujeres; y que por ello, al exhortar a un diálogo pacífico sin entender que se trata de un contexto de sucesivas violencias con consecuencias disvaliosas para la su salud física, psíquica y emocional, la jueza a quo desconoce que el diálogo no tiene lugar ni espacio e imposibilita un pretendido paso constructivo.

Puntualiza que no se trata de pares -como surge del exhorto al diálogoque tienen alguna ocasional desavenencia en torno a cuestiones jurídicas, sino que es un caso indudable dentro de un esquema de violencia, lo que torna incongruente la sentencia y el remedio legal otorgado.

Agrega que promover una suerte de acuerdo entre agresor y agredida responde a uno de los cimientos más relevantes e inadvertidos de la cultura que justifica y soslaya la violencia y la discriminación de género, justamente aquella que sostiene que la violencia contra las mujeres es un asunto de índole privada que puede remediarse mediante la promoción de un diálogo.

Pone de resalto que las mujeres víctimas de violencia, cualquiera fuere su tipo, gozan en el proceso judicial de un especial estándar de protección como consecuencia de las particulares condiciones que definen su estado de vulnerabilidad, lo que determina la necesidad de una protección más robusta por parte del sistema judicial.Refiere que en el caso se han generado situaciones de violencia desde el año 2018, lo que generó un desequilibrio de posiciones; que por ello no puede admitirse que el remedio judicial pueda estar orientado a instar a las «partes» a gestionar herramientas y mecanismos que les permitan sostener un diálogo pacifico, pues resolver en tal sentido implica desconocer que la violencia se encuentra acreditada a través del contundente informe de la Oficina de Violencia Familiar y de Género (en adelante, OVFG).

En s egundo lugar, invoca una discriminación proveniente de un tratamiento diferenciado de las violencias en, al menos, dos sentidos, vinculado el primero con el hecho de que la violencia por sí misma se tipifica como una forma de discriminación por constituir la manifestación directa de la ruptura de la regla de justicia que se basa en la igualdad de géneros, según la recomendación general Nº 19 de la CEDAW. Remarca que la violencia contra las mujeres resulta la expresión más evidente de las relaciones estructurales de poder.

Postula que, en un segundo sentido, la sentencia incurre en una flagrante discriminación por no aplicar al caso el mismo tratamiento judicial que a las demás víctimas que recurren a ese estrado, y que prueba de ello es el dato de la innecesaria dilación en el primer decreto notificado en comparación con la inmediatez de las medidas que se dictan en los restantes procesos.

Refiere que a pesar del riesgo grave señalado por el informe de la OVFG, no se consideró urgente la protección de la denunciante, contrariando el artículo 4º de la ley 7888. Añade que las medidas adoptadas no se orientaron a la protección de la agredida sino a promover un diálogo con el agresor.Alega que el hecho de que la mujer agredida no se ajuste al estereotipo de víctima no significa que deba descreerse de su relato y que puedan negarse sus experiencias de maltrato verbal y psicológico; que, de la misma manera, la circunstancia que el denunciado ejerza la magistratura no puede implicar que se desacrediten o se desatiendan situaciones de violencia por él generadas.

Concluye que se verifica un trato diferenciado en el proceso en razón de la investidura del denunciado, lo cual configura una discriminación arbitraria e irrazonable.

Recuerda que la más básica noción formal del principio de igualdad prohíbe diferencias de trato irrazonables, caprichosas y arbitrarias, aun más cuando las diferencias se entablan en razón de estereotipos de género que tienden a responsabilizar a las propias mujeres víctimas por las situaciones de violencia. Manifiesta que es la jueza a quo, y en particular la jurisdicción especializada en violencia, la que tiene el deber de poner fin a todas las desigualdades, eliminar las prácticas judiciales portadoras de estereotipos de género y no permitir situaciones de privilegio sostenidas sobre la base de criterios diferenciados injustificados.

En tercer lugar, se queja porque la sentencia no tuvo en consideración el acoso laboral que se encuentra probado por las repetidas actitudes hostiles del juez denunciado, a través de las cuales intentó restringir su libertad de trabajo. Alega que esos gestos y actitudes hostiles constituyen acoso moral u hostigamiento.

En cuarto lugar, cuestiona la falta de respuesta adecuada por parte del sistema judicial durante tres años, lo que perpetuó un estado de cosas que cristaliza y reedita situaciones de discriminación que configuran violencia de tipo institucional de acuerdo con la ley 26.485.A continuación objeta la falta de congruencia del fallo ya que se comienza analizando el caso en el marco de las normativas locales, nacionales e internacionales referidas a violencia, pero luego, en el punto III, se desentiende de tal marco normativo al generar una orden a denunciante y denunciado.

Como sexto agravio, afirma que resulta grave y paradojal que una sentencia emanada de un juzgado de violencia familiar y de género no incluya perspectiva de género, resaltando que no resulta lógico que una víctima de violencia deba, ella misma, gestionar herramientas para dejar de serlo.

Indica que el enfoque de género constituye una herramienta de análisis fundamental para los operadores judiciales en los casos traídos a su consideración y que su uso es ineludible en todas las decisiones judiciales y en particular en las de violencia, no sólo porque es un deber legal sino porque resulta imprescindible en orden a prevenir y erradicar situaciones de violencia.

Por último, se queja de la falta de debida diligencia demostrada y advierte que la consolidación del punto de la resolución que cuestiona configuraría una ineficiente respuesta judicial que permitiría la perpetuación de la violencia contra las mujeres. Solicita que se deje sin efecto el punto III de la sentencia de grado y se dicten medidas protectorias que le garanticen desarrollar sus actividades en un ambiente libre de violencias.

Los agravios del denunciado (fs. 26/36):

En su memorial de fojas 26/36, el doctor V. R. S. se agravia, en primer lugar, de que se le imponga un deber que se funda en un hecho que ya tuvo tratamiento institucional, que fue introducido por la denunciante ante diversos organismos y que cuenta con resoluciones administrativas e institucionales.

Entiende que la presentación de la doctora B.ante esta instancia constituye una reedición de un hecho que ya fue tratado y resuelto y que no existen nuevos hechos que puedan ser considerados como violencia de género entre las partes, por lo que no corresponde volver a expedirse sobre su mérito sino bajo el riesgo de vulnerar evidentes defensas constitucionales. Agrega que los hechos de supuesta violencia de género institucional y verbal ya tuvieron recepción oportuna en tanto fue presentado el caso y resuelto por la Defensora General y, por ello, descartada toda falta de tratamiento.

Expresa que el establecimiento de una regla de conducta a su parte que implique dar trato igualitario luce excesiva en orden a que presupone la existencia de ello sobre la base de un informe de la Oficina de Violencia Familiar y de Género que sólo recoge datos parciales de la denunciante/víctima y que elabora un perfil del apelante sobre la base del exclusivo relato de ella.

Finalmente se queja porque considera que no resulta acertado el establecimiento de regla de conducta alguna a su persona en tanto no sea coordinada, analizada y articulada, con debido respeto a garantías constitucionales, por la Corte de Justicia de Salta en su caso, y por la Defensoría General, en el caso de la denunciante.

Agrega que le causa agravio la resolución en tanto se fundamenta en un informe psicosocial elaborado por la Oficina de Violencia Familiar y de Género que carece de toda fundamentación metodológica en su elaboración y presentación, para concluir en indicadores de riesgo al que se califica como grave. Asevera que existen errores, imprecisiones y falta de transparencia tanto en el acta de denuncia como en el informe psicosocial, según detalla, sin respeto de los lineamientos que establece la acordada Nº 12.704 de la Corte de Justicia con sus anexos I al IX.Se agravia, asimismo, de que la señora jueza de grado no haya advertido que los hechos denunciados no encuentran basamento en una relación de poder desigual sustentada en el género de la denunciante, pues se trata de relación de juez y de parte, en la que esta última puede estar en desacuerdo con el desempeño, medidas o decisiones judiciales pero no justifica que tal actividad jurisdiccional se encuentre basada en su condición de mujer. Alega que los supuestos hechos invocados bajo ningún aspecto constituyen hechos susceptibles de ser juzgados bajo el marco legal previsto para los casos de violencia de género. Refiere que la actividad jurisdiccional de los magistrados no solo está sujeta a revisión judicial por parte de los tribunales superiores mediante la interposición de los recursos procesales previstos por la ley, sino que también es susceptible de ser sometida a enjuiciamiento por la vía y forma específicamente prevista; y que si se pretende su apartamiento, cuenta con la facultad de recusarlo; pero que tratar de influir en una resolución judicial a través de una denuncia constituye un embate al normal funcionamiento de la justicia. Aduce que corresponde hacer lugar a su recurso y desestimar la denuncia de la doctora B. dejando sin efecto las medidas ordenadas en autos.

Corrido traslado de los memoriales, el denunciado contesta a fojas 40/43 solicitando que se desestime el recurso. Por su parte, la denunciante contesta el memorial del doctor S. a foja 44/48, donde solicita que se lo declare desierto por no constituir una crítica concreta y razonada de la resolución apelada; subsidiariamente, contesta los agravios y pide el rechazo del recurso.

A fojas 55/58 dictamina el señor Fiscal de Cámara en el sentido de que corresponde hacer lugar al recurso interpuesto por la doctora B. y desestimar el articulado por el doctor S.

A fojas 69 se llaman autos para sentencia, providencia que ha quedado consentida.2º) Antes de ingresar al tratamiento de los recursos, cabe efectuar dos aclaraciones previas:

Primero, que las citaciones de fojas que se realizan en la sentencia corresponden a estas piezas pertenecientes s/Recurso de apelación, y en los casos en que correspondan al expediente principal, así se consignará expresamente.

Por otra parte, se aclara que se va a tratar en primer lugar el recurso de apelación del denunciado, doctor S., en atención a que los agravios se dirigen a obtener la desestimación de la denuncia; mientras que la denunciante, doctora B., centra sus agravios en el punto III de la resolución en crisis.

3º) En forma preliminar, deviene necesario resaltar la particular gravedad institucional que reviste la presente causa, toda vez que se denuncia violencia de género y violencia institucional de un juez de familia hacia una funcionaria del Ministerio Público de la Defensa, dentro del mismo ámbito del Poder Judicial de nuestra provincia.

Tal gravedad no se ciñe al aspecto institucional solamente, sino que alcanza a la misma problemática que la situación denunciada genera en el servicio de administración de justicia en cada uno de los procesos en que intervienen denunciante y denunciado. No obstante, es preciso puntualizar que la competencia de este Tribunal se encuentra limitada a la resolución de los recursos de apelación interpuestos en el marco del presente proceso de violencia.

E l recurso de apelación del denunciado, doctor V. R. S.:

4º) Que atento el planteo de la doctora B. y las atribuciones de la Alzada en el examen de la admisibilidad del recurso, es necesario tener presente que en orden a establecer si la expresión de agravios contiene una crítica concreta y fundada del fallo en los términos del artículo 255 del Código ritual debe seguirse un criterio de interpretación amplio, por ser el que mejor preserva la garantía constitucional de defensa en juicio y el principio de doble instancia que adopta nuestra ley positiva.Esta doctrina ha sido recogida en reiterados precedentes de esta Cámara y de la Corte de Justicia de Salta (CJS, «Rondoni vs. Ekhardt», Libro 44, fº 1109/1113; esta Sala, «Murillo y Otros c/ Hospital de Vespucio S.A. por Medida Cautelar», Libro Año 2006 2ª Parte, fs. 300/301; id., Sala III, t. 2002, fs. 267/70; id. id., t. 2003, fs. 232/234; id., Sala IV, t. XXI, año 1999, fs. 576; entre muchos otros). Es decir que en caso de duda sobre los méritos exigidos para la expresión de agravios, debe estarse a favor de su idoneidad.

Con esta pauta, de la lectura del escrito de expresión de agravios presentado por el denunciado surge que contiene elementos críticos concretos y argumentaciones tendientes a rebatir los fundamentos del decisorio por lo que alcanza a cumplir las exigencias prescriptas por el citado artículo 255, y corresponde ingresar al tratamiento de su recurso.

5º) El procedimiento que se inicia como consecuencia de la denuncia de violencia de género reviste el carácter urgente exigido por la propia ley Nº 7888, que es de orden público e interés social y tiene por objeto establecer los principios, las garantías y el procedimiento para la aplicación de la Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la Violencia contra las Mujeres Nº 26.485 (conf. art. 2º).

En su artículo 3º, la ley provincial citada define como violencia contra las mujeres toda conducta, acción u omisión que, de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal.Determina que se considera violencia indirecta, a los efectos de la ley, toda conducta, acción, omisión, disposición, criterio o práctica discriminatoria que ponga a la mujer en desventaja con respecto al varón; y aclara que la violencia de género incluye entre sus modalidades la violencia doméstica, laboral, institucional, financiera, obstétrica, y contra la libertad reproductiva; quedando comprendidas las perpetradas desde el Estado o por sus agentes.

Específicamente, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer -«Convención de Belém Do Pará» de la que nuestro país es signatario (ley 24.632)- define como violencia contra la mujer a «cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado» (art. 1), incluyéndose a «la violencia física, sexual y psicológica» (art 2) «en cualquier relación interpersonal» (art.

2 inc. a), «tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona» (art. 2 inc. b) o «perpetrada o tolerada por el estado» (art. 2 inc. c), consagrando asimismo que toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia y el reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos entre los que se comprenden: el derecho a que se le respete su vida, su integridad física, psíquica y moral (art. 4, inc. a, b y c). Asimismo, insta a los Estados a «establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo a resarcimiento, reparación del daño u otros medios de compensación justos y eficaces» (art. 7 inc. g).

A la luz de tales conceptualizaciones, puede advertirse que el presente proceso de violencia de género responde a una esfera jurídica distinta e independiente de la superintendencia sobre el denunciado por su carácter de juez de esta Provincia.De allí que los mismos hechos, que aquí se analizan y resuelven en el marco de las normas de protección integral de la mujer que sufre violencia de género puedan, a la vez y con motivo del cargo de juez de familia que ejerce la persona denunciada, eventualmente ser examinadas desde la perspectiva disciplinaria de superintendencia que ejerce la Corte de Justicia de acuerdo con las facultades que le asigna el artículo 153 inciso I «a» de la Constitución provincial.

Se trata de órbitas de actuación diferentes que en modo alguno se excluyen ni se hallan sujetas la una a la otra.

Por lo tanto, deviene inatendible el argumento del apelante de estar exento de la imposición de una regla de conducta a su persona en el marco del proceso de violencia de género, por considerar que solamente la Corte de Justicia puede establecérsela en razón del cargo que ostenta. Las leyes son iguales para todos en una república democrática, sin exclusión alguna y, de tal manera, la superintendencia de la administración de justicia no constituye un privilegio sino que, por el contrario, es signo de las exigencias que supone el ejercicio de la función jurisdiccional y que no rigen para el resto de los ciudadanos, tal como lo resalta el Código Iberoamericano de Ética Judicial al que adhirió nuestra Corte de Justicia mediante acordada Nº 12.128.

Con respecto a los restantes agravios, el Tribunal tiene dicho que la presentación que da inicio al proceso tiene como finalidad esencial la petición de medidas tendientes a hacer cesar una conducta perjudicial, siendo necesario para adoptar dichas medidas, demostrar la verosimilitud de los hechos y la urgencia de su adopción (CApel.CC Salta, Sala II, Libro Interloc. Año 2018, 1º parte, fº 57/59).

Se trata de medidas de urgente amparo que puede disponer el juez de oficio o a pedido del interesado, ante una situación de violencia familiar o de género (art. 8 de la Ley nº 7403 y art.10 de la Ley nº 7888). No obstante su naturaleza de remedio autónomo y sus específicos contornos, tienen dos características propias de las medidas precautorias en tanto son decretadas inaudita parte y de modo provisorio, ya que pueden ser dejadas sin efecto por el juez en cuanto se modificaran o alteraran las circunstancias que hubiesen sido tenidas en cuenta al momento de su dictado. Por otra parte, responden a una situación de urgencia y riesgo o peligro implicado en la demora.

De tal manera, basta en principio una verosimilitud o viso de verdad para disponerlas, sin que sea susceptible de mayores pruebas o evidencias por su misma naturaleza de remedio urgente.

Con arreglo a ello, a los fines de analizar si se presenta la verosimilitud exigida para el dictado de medidas preventivas de protección de la mujer denunciante, es preciso realizar una relación somera de las circunstancias acaecidas y los actos procesales desarrollados en la causa.

Así, de las constancias certificadas del expediente principal, reservadas en Secretaría, surge que el 22 de marzo de 2021 la doctora N. B. realizó denuncia por violencia de género en contra del doctor V. R. S. ante la Oficina de Violencia Familiar y de Género de la Corte de Justicia (v. fs. 7/10). Relata allí que el denunciado siempre se dirigió mal hacia ella y que probablemente la bronca hacia su persona pudo tener inicio en el año 2011 cuando, en su rol de Defensora Oficial, interpuso acciones de habeas corpus y otras en defensa de tres chicos que estaban institucionalizados a cargo del doctor S. Continúa diciendo que en el año 2018 debía celebrarse una audiencia en el Juzgado de Personas y Familia de 4ª Nominación, en la cual intervenía el doctor S. como Juez interino, pero que se negaron a tomar el acta de comparendo a una señora que era de Güemes.Refiere que en el Juzgado fue atendida por la Secretaria, quien ante el requerimiento de la confección del acta se molestó y convocó al Juez quien expresó que de ese modo no se haría y le dijo que publique lo que quiera en diario El Tribuno, a lo que la denunciante respondió que radicaría denuncia en Superintendencia de la Corte de Justicia, a lo que el doctor S. le contestó que ella no tiene estatura moral para hacerle una denuncia a él, y les cerró la puerta. Agrega que gritaba en medio de los empleados, en el pasillo interno del Juzgado y que salió gente a ver qué pasaba. Refiere que hizo la denuncia en Superintendencia junto a la señora y, a partir de allí se daba cuenta que no podría volver al juzgado del Juez S., por lo que remitió una nota a la doctora M. I. D.explicándole la situación y solicitándole que llamara una defensora oficial ad hoc que la reemplazar en las audiencias con el doctor S., a quien ella se ofrecía a reemplazar en otros casos, a lo que la señora Defensora General no hizo lugar. Explica que luego fue al Observatorio de la Mujer, donde la escucharon pero no hicieron absolutamente nada, y que con posterioridad la Corte desestimó la denuncia luego de tomar declaración testimonial a dos empleados del Juzgado pero nunca le hicieron conocer el contenido, no le permitieron conocer día y hora de la audiencia y no le recibieron la grabación del hecho. Expresa que ante la falta de respuesta adoptó como medida de protección que un funcionario varón de la Defensoría, el doctor M. B., la acompañara a las audiencias, lo que así hizo durante el 2018 y 2019, y en las pocas que se realizaron en 2020, tiempo durante el cual el doctor S. «se cuidaba», no es que no fuera violento ya que mantenía una violencia gestual, el ninguneo y humillación total, que saludaba al doctor Martearena pero no a ella, ella era transparente.Denuncia otro hecho de violencia sucedido en el 2018, en ocasión d e una medida en el Hospital Materno Infantil, en donde el doctor S. le dijo que la Asesora de Incapaces iba a hablar pero que ella no iba a hablar, cuando era ella la que había interpuesto la acción de amparo a favor de un niñito que pedía la donación de médula ósea. Afirma que ese día la sometió, logró que le pidiera permiso. Agrega que el 28 de diciembre de 2020 el doctor S. no le permitió el ingreso al doctor M.

B. a una audiencia, que pensó que el Juez había pedido la sala grande dadas las normativas del COE y no que se celebraría en su despacho, pero que no fue así y que al impedirle el ingreso al doctor Martearena ella tampoco ingresó, ante lo cual el juez le dijo de modo autoritario que se retire y presente un acuerdo por escrito. Refiere que el 20 de febrero de 2021 tenía otra audiencia y concurrió con el doctor Martearena pero que en tal oportunidad el doctor S. le dijo que pase ella sola porque no necesitaba testigos ni que lo graben, a lo que ella respondió que pasaría con el doctor M. B. o pediría instrucción al Defensor General. Destaca que esta situación le está afectando su salud, que no duerme bien cuando sabe que tiene audiencia con el doctor S., que en mayo de 2019 tuvo una neuropatía periférica en la pierna derecha, no podía caminar con aparente causa nerviosa. Describe al denunciado como machista, prepotente, un hombre violento en todo, que tiene dos denuncias una de las personas que lo denuncia es la madre de su hijo, que incurrió también en violencia institucional al impedir el aborto a una niña de 13 años, que tiene una personalidad con rasgos de narcisismo y sociopatía, que es cruel y que ella nunca le faltó el respeto, sin embargo él la ningunea.Acompaña constancias de ingreso al sanatorio Altos de Salta el 12 de marzo y el 1º abril de 2021 (v. reserva fs. 36, expte. ppal.).

A fojas 20/22 del mismo expediente obra agregado informe psicosocial de la situación de riesgo, emitido por el equipo interdisciplinario de la Oficina de Violencia Familiar y de Género de la Corte de Justicia, integrado por la Lic. Flavia Marina López (Asistente Social) y la Lic. María Eugenia Belmonte Justicia (Psicóloga), realizado según lo establecido por el artículo 5º de la acordada 12.704 de la Corte de Justicia, el cual determina los siguientes indicadores de riesgo: (i) Violencia de género, violencia psicológica direccionada a amedrentarla; (ii) Existirían situaciones de reiterado maltrato psicológico y verbal a la dicente en frente de otras personas; (iii) La violencia de género dentro del contexto laboral estaría destinada al ejercicio del poder y la dominación; (iv) Antecedentes de denuncias por violencia familiar hacia el denunciado; (v) Antecedentes de problemas de violencia del denunciado en relación a terceros; (vi) Conductas de posible intimidación que limitarían que se radicaran denuncias de parte de otras personas en su contra; (v) Vulnerabilidad de la denunciada frente a las reiteradas situaciones vividas, sintiéndose dañada en forma personal, con manifestaciones corporales reactivas, entre ellas trastorno del sueño, estado de ánimo y posiblemente su enfermedad neurológica; (vi) Situación de salud sufrida el año pasado que podría considerarse reactivo a sumatoria de situaciones de estrés; (vii) Desde que fuera agredida toma como salida alternativa ser acompañada por secretario hombre a fin de tener cierta protección, a partir de esto el denunciado se cuidaba en sus expresiones, sin embargo continuarían los comportamientos de agresión sutil; (viii) La denunciante tiene temor frente a posibles represalias sintiendo que el denunciado es una persona que ostenta poder, gozando de impunidad, sintiendo que ella podría salir perjudicada a pesar de lo denunciado; (ix) La entrevistada presenta un estado de decepción por no ser escuchada en su reclamo institucional, porlo que decide radicar denuncia como último recurso.

En dicho dictamen se concluyó que, de acuerdo con los indicadores, factores de riesgo y de protección, la problemática denunciada por la doctora B. es de RIESGO GRAVE dadas las connotaciones de lo denunciado y de la afectación y síntomas observados en su salud psicofísica. Asimismo, se orientó a la víctima a buscar ayuda terapéutica para superar las situaciones de violencia vividas y la afectación que presenta.

A foja 27 contesta oficio la Secretaría de Superintendencia de la Corte de Justicia y remite al Juzgado los siguientes expedientes en copia certificada:

(i) Expte. NAS Nº 24.444/18 originado por las denuncias de la señora R. Y. M. L.y de la doctora N. B. el 29 de mayo de 2018. A fojas 75/76 de esas actuaciones recayó resolución el 15 de agosto de 2018 mediante la cual el señor Presidente de la Corte de Justicia desestimó las actuaciones por no existir mérito para la apertura de un sumario disciplinario, al no verificarse de los hechos denunciados la existencia de faltas pasibles de sanción administrativa. Con independencia de ello, llamó la atención sobre la falta de respeto puesta de manifiesto por la señora Defensora Oficial Nº 4 al extraer su aparato celular y explicar que tenía que grabar el diálogo mantenido con el señor Secretario de Sumarios, e indicó que de las constancias del expediente – en el que obra a fs. 72 copia de una publicación periodística atinente a las actuaciones – surgía que la conducta de la señora Defensora Oficial Civil Nº 4 evidenciaba una violencia institucional que atentaba contra el adecuado servicio de justicia por lo que dispuso poner en conocimiento de ella tales antecedentes. (ii) Expte. NAS Nº 32.540/21, iniciado con nota del 19 de febrero de 2021 dirigida por la doctora N. B. a la Directora de la Oficina de Violencia de Género de la Corte de Justicia, doctora Sandra Bonari; (iii) Expte.NAS Nº 25.186/18 iniciado con la presentación del doctor V. R. S. del 21 de agosto de 2018 ante la Secretaría de Superintendencia de la Corte de Justicia, haciendo conocer que, ante la denuncia pública de la doctora N. B., excusaba su intervención en todos los procesos donde ella se encontraba designada y solicitaba que se articularan los medios necesarios ante la Mesa Distribuidora de Expedientes a los fines de prescindir el sorteo de causas en las cuales se encontraba interviniendo como titular o interino. Dicha presentación fue rechazada por la Secretaria de Superintendencia, haciéndole saber que debía estar a las normas procesales vigentes en la materia. (iv) Expte. NAS Nº 25.165/18 relacionado a un oficio dirigido al Observatorio de Violencia contra las Mujeres.

Como última actuación previa al dictado de la resolución en crisis, a foja 28 se agrega escrito de la doctora B. acompañando certificados médicos.

Las constancias analizadas permiten advertir un contexto de vulnerabilidad y discriminación en el ámbito laboral o profesional que puede configurar violencia de género, es decir, subsumirse el cuadro fáctico en el tipo específico de violencia descripto en el artículo 5º, inciso 2, y artículo 6º inciso «c» de la ley 26.485. Asimismo, persuaden en el grado de verosimilitud requerido de los hechos denunciados que constituyen maltrato y hostigamiento psicológico hacia la señora B. por parte del señor S., desde una posición de poder y de fuerza dados por su propia masculinidad y condición de juez a cargo de las causas en las que ella interviene. No puede dejar de decirse que la situación denunciada presenta un agravante aún mayor desde el punto de vista institucional, por la circunstancia de manifestarse en el propio ámbito judicial, con repercusión directa en procesos de familia en los que se debaten derechos fundamentales de los justiciables y, en la mayoría de los casos, intereses de niños, niñas, adolescentes y personas con discapacidad.De allí, entonces, que al existir la verosimilitud exigida para el dictado de las medidas de protección previstas en la ley 7888 y un dictamen psicosocial de riesgo grave expedido por el equipo interdisciplinario de la Oficina de Familia y de Género a fojas 20/22 del expediente principal (que se tiene a la vista), deben desestimarse los agravios del magistrado denunciado en contra de las medidas protectorias establecidas con el propósito de evitar mayores daños por la situación de peligro que se configura, y garantizar todos los derechos reconocidos por los tratados internacionales y, en particular, el derecho de las mujeres a una vida sin violencia (art. 3 inc. «a» ley 26.485, Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra la Mujer).

Por lo tanto y atento a la finalidad preventiva de las medidas previstas en la ley 7888, resulta adecuado su dictado en autos y debe desestimarse el recurso articulado.

Apelación de la denunciante, doctora N. B.: 6º) Los agravios se centran, en primer lugar, en el cuestionamiento de la medida dispuesta en el punto III de la sentencia en crisis en cuanto dispone:

«Instar a ambas partes a gestionar herramientas y mecanismos que les permitan sostener un diálogo pacífico, libre de estereotipos de género, en cada proceso de que se trate, en consideración al ejercicio de sus funciones atento al cargo que ambos detentan y en defensa de los intereses de los justiciables».

La ley provincial 7888, en términos similares a los establecidos por la norma internacional aludida precedentemente, garantiza el derecho de las mujeres a vivir una vida sin violencia y promueve las condiciones necesarias para sensibilizar, prevenir, sancionar y erradicar la violencia de las mujeres en los ámbitos que se desarrollen sus relaciones interpersonales (arts. 2, inc. b y c, 3 inc. a), tanto el público como el privado.En este punto, asiste razón a la apelante en cuanto la jueza a quo ha incurrido en un notorio yerro, pues no solamente coloca en un mismo plano a víctima y victimario al momento de disponer una medida de protección que hace extensiva a ambos, sino que los insta a sosten er un diálogo pacífico en abierta vulneración del artículo 9º de la ley 7888 y no obstante haberse informado la existencia de riesgo grave para la denunciante. La disposición citada prescribe expresamente que: «En todos los casos se evitará la coincidencia física entre agresor y víctima. Excepcionalmente, cuando fuere necesaria e inevitable la coincidencia, se arbitrarán los medios para prestar especial atención a la víctima. En toda instancia, la misma podrá estar acompañada de persona de su confianza y/o asistida por profesional como ayuda protectora ad-honorem, siempre que lo solicitare y con el único objeto de preservar su salud física y psicológica. Este derecho le será notificado en el primer acto en que la víctima intervenga.» Esta normativa responde a la finalidad de evitar la revictimización de la mujer que sufre violencia y prevenir que sucedan nuevos hechos que afecten su dignidad, salud e integridad psicológica. Es por ello que el artículo 10 del mismo cuerpo legal prevé como medida preventiva, de acuerdo con la correspondiente evaluación del riesgo, la prohibición de acercamiento del agresor a la víctima (inc. «c»).

Por otra parte, la mención a un diálogo «libre de estereotipos de género», implica presumir que la víctima de violencia invoca o sostiene tal clase de representaciones simbólicas propias de una cultura machista y patriarcal, lo cual resulta a todas luces ilógico y frustrante de las legítimas expectativas de la mujer que acude a la justicia en busca de protección.Al respecto, la doctrina remarca que los jueces tienen el imperativo constitucional y supranacional de hacer efectiva la igualdad sin ignorar la existencia de patrones socioculturales, y en consecuencia no pueden decidir este tipo de cuestiones como si se tratase de un caso en el que se definen los derechos de dos varones o dos empresas, sino que deben juzgar con perspectiva de género. Y razona, con acierto, que no basta contar con legislaciones supranacionales, nacionales y provinciales de última generación si a la hora de aplicarlas se ignora la perspectiva de género; si se sustancia el proceso con idénticos mecanismos procesales que cualquier proceso y se lo juzga olvidando la cuestión del género y su problemática, que es en definitiva lo que da origen al conflicto (Medina, Graciela, Juzgar con perspectiva de género ¿Por qué juzgar con perspectiva de género? y ¿cómo juzgar con perspectiva de género?, La Ley, Cita Online AR/DOC/455/2016).

Cabe recordar que el concepto de perspectiva de género se consolidó en la Conferencia de Beijing (China, 1995) donde por primera vez se abordó como vulneración de los derechos humanos; y debe entenderse como una mirada que permite identificar, cuestionar y valorar la discriminación, la desigualdad y la exclusión de las mujeres. El juzgar con perspectiva de género es una obligación que encuentra su respaldo en el derecho a la igualdad y a la no discriminación reconocido en la Constitución Nacional y en los tratados internacionales de derechos humanos de raigambre constitucional. Implica interpretar los hechos de una manera neutral y sin estereotipos discriminatorios, detectar e identificar las normas y argumentaciones jurídicas que sostengan roles asignados de manera diferenciada a varones y mujeres, cuestionando su pretendida neutralidad, detectar los estereotipos que vulneran en forma constante este principio, y que se constituyen en causa y consecuencia de la violencia de género (conf. Sosa, María Julia, Investigar y juzgar con perspectiva de género, en Rev.Jurídica AMFJN, http://www.amfjn.org.ar/revista-jurídica/-Ejemplar Nº8-ISSN2683-8788).

Se evidencia entonces que la visión con perspectiva de género debe actuar como un principio general de aplicación a todo tipo de acciones y actuaciones judiciales en las que la mujer fuera víctima en base a su condición, dentro de la que encontramos comprendidas la presente causa en que se alega precisamente violencia de género.

De lo expuesto, se desprende sin hesitación que la medida dispuesta en el punto III de la resolución impugnada no respeta los principios que sustentan las normas internacionales, nacionales y locales de protección de las víctimas de violencia de género, por lo que procede acoger el agravio y dejar sin efecto alguno el mentado punto III.

7º) Se agravia además la denunciante de las medidas de protección fijadas, que considera insuficientes y diferentes injustificadamente de las que se disponen los demás procesos de violencia de género.

Asiste razón a la agraviada en cuanto es práctica usual en este tipo de procesos disponer como una de las primeras medidas, si la evaluación del riesgo y la urgencia así lo amerita, la de prohibir el acceso del agresor al domicilio o lugar que habita o desempeña su trabajo la víctima (conf. inc. «b», art. 10 de la ley 7888) así como el acercamiento a la víctima o a determinados sitios que ella frecuenta (conf. inc. «c»). En el caso, tales medidas de protección no fueron consideradas por la señora Jueza de grado, a pesar de haberle sido sugerido por la Oficina de Violencia Familiar y de Género, el dictado de prohibición de acercamiento hacia la víctima, conforme a los indicadores y factores de riesgo evaluados por la misma Oficina (Legajo OVF-174173/21, fs.23 expte, ppal.).

Del informe interdisciplinario ya citado así como de los certificados médicos agregados en el proceso principal, surge que existe riesgo grave para la salud psicofísica de la doctor B., por lo cual deviene necesario fijar medidas suficientes que tiendan a evitar que se susciten nuevos hechos de violencia; en cumplimiento de la manda que exige la protección integral de las mujeres víctimas de violencia de género. A tal fin, es adecuado establecer preventivamente una prohibición de acercamiento a la denunciante y de acceso a las oficinas de la Defensoría Oficial Civil Nº 4 situadas en la Ciudad Judicial, sin perjuicio de las demás medidas que pudieran adoptarse durante la tramitación del expediente a efectos de superar la situación de violencia y riesgo, siguiendo las pautas establecidas en el Protocolo de Organización y Actuación para casos de Violencia Familiar y de Género aprobado mediante acordada Nº 12.704 de la Corte de Justicia.

En efecto, debe garantizarse el derecho de la denunciante a trabajar y desempeñar sus funciones en un ambiente libre de violencia por razón de su género. Así lo exige además el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo ratificado por nuestro país mediante ley Nº 27.580 y que entrará en vigor a fines de este año, el cual reconoce el derecho de toda persona a un ambiente de trabajo libre de violencia y acoso, incluidos la violencia y acoso por razón de género, tanto en el ámbito público como en el privado, y determina que tales comportamientos pueden constituir una violación de los derechos humanos. A su vez, brinda una definición de esta clase de violencia:

«Artículo I.a) la expresión «violencia y acoso» en el mundo del trabajo designa un conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables, o de amenazas de tales comportamientos y prácticas, ya sea que se manifiesten una sola vez o de manera repetida, que tengan por objeto, que causen o sean susceptibles de causar, un daño físico, psicológico, sexual o económico, e incluye la violencia y el acoso por razón de género, y b) la expresión «violencia y acoso por razón de género» designa la violencia y el acoso que van dirigidos contra las personas por razón de su sexo o género, o que afectan de manera desproporcionada a personas de un sexo o género determinado, e incluye el acoso sexual».

Obsérvese que los certificados médicos presentados por la denunciante evidencian distintas sintomatologías e internaciones sufridas en la época de los hechos denunciados, compatibles con cuadros de estrés generados ante la necesidad de comparecer a audiencias en el Juzgado a cargo del doctor S. para ejercer su labor de defensa de los intereses de sus clientes, y conjeturar que va a padecer situaciones de violencia en lugar de recibir el trato igualitario y respetuoso que debe existir entre un magistrado y los letrados litigantes o funcionarios del Ministerio Público. Ello indica que la medida preventiva de prohibición de acercamiento es necesaria y adecuada a la situación de riesgo evaluada.

Atento las funciones que desempeñan tanto la denunciante como el denunciado, no cabe duda de que el cumplimiento de esta medida requiere que desde la Corte de Justicia y desde la Defensoría General se arbitren de manera urgente las medidas necesarias y pertinentes para evitar que ambos magistrados intervengan en los mismos procesos, sin que se vea afectado el servicio de administración de justicia.Por último, es conveniente agregar que, tal como lo ha puesto de relieve la Corte Interamericana de Derechos Humanos -aun cuando en referencia a otro país latinoamericano pero claramente aplicable a nuestra comunidad-, «debe reconocerse que una cultura fuertemente arraigada en estereotipos, cuya piedra angular es el supuesto de inferioridad de las mujeres, no se cambia de la noche a la mañana» (González y otras -«Campo algodonero» vs. México, 16/11/2009). No obstante, es preciso construir en ese camino desde los poderes del Estado y, sobre todo, desde el Judicial que es el que tiene a su cargo garantizar los derechos fundamentales de las personas en un Estado constitucional de derecho. Al igual que lo enfatizó Dworkin en el siglo pasado como cuestión central de su pensamiento iusfilosófico, hoy y aquí (en nuestra Salta) hace falta tomarse los derechos humanos de las mujeres en serio. Como lo explica la Convención de Belém Do Pará, la violencia contra la mujer no sólo constituye una violación de los derechos humanos, sino que es una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y varones, que trasciende todos los sectores de la sociedad independientemente de su grupo étnico, nivel de ingresos, cultura, nivel educacional, edad o religión y afecta negativamente sus propias bases. 8º) En virtud de los fundamentos expuestos, corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto por el denunciado V. R. S. y hacer lugar al interpuesto por la denunciante N. B., revocando y dejando sin efecto el punto tercero de la resolución apelada, y disponiendo como medida preventiva la prohibición al doctor V. R. S.de acercamiento a la persona denunciante y de acceso a las oficinas de la Defensoría Oficial Civil Nº 4 situadas en la Ciudad Judicial, de conformidad al artículo 10, incisos «b» y «c» de la ley 7888.

Atento a la medida preventiva que se ordena, corresponde solicitar a la Corte de Justicia y a la Defensoría General que se sirvan adoptar las medidas necesarias y conducentes para que pueda efectivizarse sin que se vea afectado el servicio de administración de justicia en las causas en que intervienen actualmente y pudieren intervenir en el futuro ambos magistrados. A tal fin se oficiará con copia de lo resuelto. Asimismo, cabe exhortar a la señora Jueza de grado a la preservación y observancia de la disposición del artículo 9º de la ley 7888 en la tramitación de la causa.

9º) Con respecto a las costas de esta instancia, no obstante las particularidades que presenta este tipo de procesos, deviene adecuado imponerlas al denunciado que resulta íntegramente vencido en sus peticiones y oposiciones, por aplicación de los principio general objetivo consagrado en el artículo 67 del Código Procesal Civil y Comercial.

Por ello,

LA SALA SEGUNDA DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL,

I.- RECHAZA el recurso de apelación interpuesto por el denunciado V. R. S. a foja 15. II.- HACE LUGAR al recurso de apelación interpuesto por la denunciante N. B. a foja 14. En su mérito, REVOCA el punto tercero de la resolución de fojas 2/9, y DISPONE como medida preventiva la prohibición de acercamiento del doctor V. R. S. a la doctora N. B. y de acceso a las oficinas de la Defensoría Oficial Civil Nº 4 situadas en la Ciudad Judicial. III.- SOLICITA a la Excma. Corte de Justicia y a la Defensoría General de la Provincia que se sirvan adoptar las medidas necesarias y conducentes a efectos de que pueda efectivizarse la medida preventiva de protección ordenada en autos, evitándose la afectación del servicio de administración de justicia en las causas en que intervienen actualmente y pudieren intervenir en el futuro ambos magistrados. A tal fin, ofíciese con copia de lo resuelto. IV.- EXHORTA a la señora Jueza de grado a la preservación y observancia de la disposición del artículo 9º de la ley 7888 en la tramitación de la causa. V.- IMPONE las costas al denunciado, doctor V. R. S. VI.- ORDENA que se registre, notifique, oficie y baje.-

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