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#Fallos Tweet contra el Gobierno: Procesamiento del imputado ante una publicación efectuada contra el Gobierno Nacional por las medidas tomadas durante la emergencia sanitaria

Partes: P. E. M. s/ amenazas e incitación a la violencia colectiva

Tribunal: Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba

Sala/Juzgado: B

Fecha: 12-oct-2021

Cita: MJ-JU-M-134753-AR | MJJ134753 | MJJ134753

Se confirma el sobreseimiento del imputado por el delito de incitación a la violencia colectiva respecto de una publicación en una red social, pero se lo procesa respecto el mismo delito por otra publicación efectuada en el marco de un estallido social contra el gobierno nacional por las medidas tomadas durante la emergencia sanitaria.

Sumario:

1.-Se encuentra el dolo del imputado en los términos de los delitos previstos en el art. 212 del CPen. y art. 3 segundo párr. de la Ley 23.592, ya que no podía desconocer su capacidad de influenciar en terceras personas y el contexto en que publicó el mensaje, dado que se trataba de un momento en que existía un creciente disgusto social contra el gobierno nacional contra las medidas tomadas en virtud de la emergencia sanitaria.

2.-No puede soslayarse la capacidad del imputado de ‘influenciar’ en la voluntad de otras personas, toda vez que el nombrado es un periodista con mucha actividad y presencia en las redes sociales donde ha recogido el seguimiento de miles de adhesiones a sus postulados.

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3.-Resulta acertada la decisión del Juez instructor de sobreseer al imputado en orden a los delitos previstos en el art. 212 del CPen. y art. 3 segundo párr. de la Ley 23.592, pues, sin perjuicio del tono agresivo que podría adjudicársele al mensaje publicado por el encartado en una red social en cuanto propone ‘aniquilar’ a los líderes y seguidores de la izquierda, la indeterminación de un destinatario tangible y de circunstancias de tiempo, lugar y modo que rodeen al mismo, impide concluir en la existencia de una conducta tendiente a incitar un accionar concreto de aniquilación o de persecución u odio contra un grupo de personas; limitándose su contenido a una simple prédica de naturaleza ideológica desprovista de toda referencia específica.

4.-La vaguedad de la expresión concebida en forma integral y la ausencia de personas o instituciones concretas identificadas como destinatarios concretos de aquella, impiden formular reproche penal alguno en contra de su autor, correspondiendo su sobreseimiento en los términos del art. 336 inc. 3 del CPPN.

5.-El Tweet publicado por el imputado debe ser considerado como un estímulo al odio o persecución en razón de ideas políticas orientado hacia los seguidores de los partidos de izquierda (Del voto en disidencia parcial del Dr. Sánchez Torres).

Fallo:

Cordoba, 12 de octubre de 2021.

Y VISTOS:

Estos autos: «Imputado: P., E. M. s/ Amenazas e incitación a la violencia colectiva.

Denunciante: E., G. B.» Expte 8585/2020/CA1″, radicados en la Sala B de esta Cámara Federal de Apelaciones, puestos a despacho a fin de resolver sobre el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público Fiscal en contra de la resolución dictada con fecha 4.12.2020 por el Juez Federal N° 2 de Córdoba, en cuanto dispuso: «RESUELVO: I – Ordenar el sobreseimiento de E. M. P., ya filiado, en orden a los delitos previstos en el art. 212 del CP y art. 3 segundo párrafo de la ley 23.592 (hecho 1), 149 bis, art. 212 del CP y art. 3 segundo párrafo de la ley 23.592 (hecho 2) y 139 del CP (hecho 3) por los que fuera oportunamente indagado, de conformidad con lo dispuesto en el art. 336 inc. 3 del CPPN, con la expresa mención que la formación del presente no afecta el buen nombre y honor del que hubiere gozado el imputado.»

Y CONSIDERANDO:

I.- Con fecha 4.12.2020 el Juez Federal N° 2 de Córdoba ordenó el sobreseimiento de E. M. P., en orden a los delitos previstos en el art.

212 del CP y art. 3 segundo párrafo de la ley 23.592 (hecho 1), 149 bis, art. 212 del CP y art. 3 segundo párrafo de la ley 23.592 (hecho 2) y 139 del CP (hecho 3).

Respecto del hecho primero, y en particular a la figura prevista por el art. 212 del CP, apuntó que la expresión «SE LOS ANIQUILA» en el contexto de la oración en la que se expresa, resulta vaga y carece de elementos que permitan inferir una convocatoria concreta a actos de violencia. Cita doctrina y jurisprudencia. En relación a la figura contenida en el art.3 de la ley 25.592, en cuanto sanciona a quienes alentaren a la persecución o el odio contra una persona o grupos de personas, refirió que si bien la palabra «aniquilar» utilizada por el encartado resulta agresiva, lo indeterminado de los términos de su afirmación impide entender que el acusado fomente la persecución de un colectivo de personas.

Expone que si bien el twit expresa claramente la posición antagónica del autor con los postulados de lo que el imputado denomina «la izquierda progre», no se deriva de su publicación que se estimule a colectar voluntades que alberguen sentimientos de odio, sino que expresa -en términos por cierto agresivos y confrontativos- su desacuerdo con esa ideología.

Respecto al hecho nominado segundo, señaló que de las palabras del twit no se desprende que sea su autor quien vaya a ejecutar medida alguna para acabar con la vida de la Sra. Vicepresidenta sino que entiende que ese resultado dañoso acontecerá como consecuencia de un «estallido social».

La interpretación del texto publicado permite entender que P. cree que está próximo un estallido social, al que la Sra. Vicepresidenta no logrará sobrevivir.

De ese modo, expresa que sin perjuicio de lo inapropiado del contenido del mensaje, que en definitiva confía en la resolución de la situación política que denosta a través episodios violentos, no se desprende de sus palabras una amenaza concreta respecto de la Sra.

Vicepresidenta, y mucho menos existen elementos que permitan inferir que una acción de este tipo podría ser emprendida por el imputado. Con respecto a las figuras de incitación a la violencia colectiva y aliento al odio de personas por sus ideas (art. 212 CP y art.3 segundo párrafo de la ley 23.592), se remitió a los argumentos desplegados en relación al hecho primero, a los que se hace lo propio en razón de la brevedad.

Sin perjuicio de ello, subraya que las manifestaciones del imputado, con arreglo a las circunstancias del caso, no constituyen una expresión destinada a determinar, mover o estimular a otros a la comisión de un ilícito; tampoco tienen entidad suficiente para crear un peligro serio, actual e inminente en la afectación del bien jurídico tutelado. Razonando de este modo se evita la confusión de lo que en esencia es la manifestación de una opinión ideológica, con la utilización de un lenguaje que puede calificarse como agresivo, desmesurado e irritativo, que causa ciertamente desagrado y perturba la sensibilidad de un importante sector de la sociedad, pero que no produce un potencial efecto lesivo individual o colectivo.

En orden a la infracción prevista en el art. 3, 2º párrafo de la Ley 23.592, que prohíbe conductas discriminatorias y que en doctrina moderna se conoce como «discurso del odio», advirtió que la expresión discriminatoria para que sea punible debe estar enderezada a excluir, apartar, segregar a quien no comulga con el pensamiento de quien emite el discurso y que tenga como objeto o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y las libertades fundamentales que nuestra Carta Magna consagra y reconoce.

Consideró que las expresiones emitidas vía Twitter por el imputado no alcanzan a configurar objetiva ni subjetivamente el tipo penal previsto en el art.3, 2ª párrafo de la Ley 23.592.

Por último y con respecto al hecho tercero, argumentó que de los propios términos del acta de allanamiento, se desprende que el imputado no obstaculizó de forma alguna el ingreso a la vivienda -esto es no emprendió una acción en concreto para impedir el acceso de la fuerza a su departamento- sino que la dificultad para ingresar residió en que la puerta se encontraba cerrada con llave, sin adicionar a este recaudo ningún otro que pudiera impedir el accionar ordenado al personal judicial.

En tal sentido, tuvo en cuenta que la situación reflejada en el acta policial coincide con el relato realizado por el propio imputado en su declaración indagatoria en la que señaló que en esa oportunidad, cuando llegó la policía a allanar su domicilio se encontraba durmiendo luego de pasar la noche en vela en razón de su actividad profesional, ya que había realizado un vivo en la red social instagram en la madrugada de ese día 10 de septiembre.

II.- Con fecha 13.12.2020, la Fiscalía Federal N° 2 de Córdoba interpuso recurso de apelación en contra de dicho pronunciamiento.

En dicho libelo argumentó que causa agravio lo resuelto respecto de los hechos nominados primero y segundo, en cuanto decide sobreseer al imputado P. por considerar que los mismos no encuadran en una figura legal (art. 336 inc. 3 del CPPN).

Apunta que las conductas atribuidas al imputado son constitutivas de ilícitos penales en cuanto afirma que los mensajes publicados en la red social Twitter por éste con fecha 1.6.2020 y con fecha 27.8.2020, encuadran en las figuras penales previstas en los arts.212 del Código Penal «Incitación a la violencia colectiva» y en el 2° párrafo del artículo 3 de la Ley 23.592 «Alentar o incitar a la persecución o al odio contra una persona o grupo de personas a causa de sus ideas políticas».

En tal sentido, detalló que las características de ambos delitos son similares, se trata de delitos dolosos, de pura actividad y de peligro abstracto, es decir, que la consumación se produce con la realización de la acción, esto es, por la sola incitación aunque no se hayan producido los actos de violencia generalizada que tuvo en mira el autor.

Apunta que la expresión «aniquilar» no es solo agresiva como expuso el Instructor por varios elementos a considerar. En primer lugar señaló que conforme la Real Academia Española, aniquilar significa «reducir a la nada», «destruir o arruinar enteramente», a lo que debe agregarse la consideración del sentido que tiene esa palabra para los argentinos, ya que nos remite a decretos y épocas oscuras de nuestra historia Argentina, a las que sin lugar a duda el imputado nos quiso remitir y trasladar a nuestros días.

Por otro lado, señala que discrepa con la interpretación del Juez instructor en cuanto hizo referencia a «lo indeterminado de los términos de su afirmación», toda vez que en su publicación el imputado hizo expresa y concreta referencia a un colectivo de personas con ideas políticas determinadas y lo que se debía hacer con ellos, cuando refirió «con los líderes y los seguidores de la izquierda progre. no se debate. SE LOS ANIQUILA»; «Vas a ser la primera -junto con tus crías políticas- en pagar todo el daño causado.TE QUEDA POCO TIEMPO»; «Vos no vas a salir VIVA de este estallido social».

Alega que el contenido de las expresiones bajo análisis, además de tener un innato significado violento, permiten inferir una concreta convocatoria pública por parte del imputado a personas indeterminadas a generar «violencia colectiva» contra un grupo de personas e instituciones, buscando incitar a la ciudadanía a un estallido social, sin perjuicio de que efectivamente el imputado logre su cometido.

Entiende que se ha realizado una errónea interpretación de los hechos y del tipo penal previsto en el art. 212 del Código Penal, toda vez que las expresiones utilizadas por P. si tienen entidad suficiente para «incitar» a la violencia colectiva, correspondiendo revocar la resolución recurrida.

III.- En esta Instancia, con fecha 10.2.2021, la Fiscalía General ante esta Alzada presentó informe escrito en los términos del art. 454 del C.P.P.N., al cual me remito por cuestiones de brevedad.

Asimismo, con fecha 17.2.2021, la Defensoría Pública Oficial también presentó informe escrito en los términos del art. 454 del C.P.P.N., mediante el cual cuestiono la temporaneidad del informe escrito presentado ante esta Alzada por el Ministerio Público Fiscal y alegó que el mismo fue presentado una vez vencido el plazo que le fuera conferido a dichos fines.

IV.- Sentadas así las posturas asumidas por las partes, corresponde introducirse propiamente en el tratamiento de la apelación deducida, ello de acuerdo al sorteo de votación realizado en autos.

La señora Juez de Cámara, Dra. Liliana Navarro, dijo:

I.- En primer lugar, corresponde examinar la temporaneidad del informe escrito presentado por el Fiscal General ante esta Alzada.

A tal fin, efectuaré un breve repaso de ciertas circunstancias procesales acaecida s en autos.Con fecha 28.12.2020, las presentes actuaciones fueron recibidas por este Tribunal y con fecha 29.12.2020 se notificó al Ministerio Público Fiscal el proveído mediante el cual se intimó a este último a los fines de que manifieste si mantiene o no el recurso deducido en el término de tres días y se le hace saber que estará facultado para presentar informe escrito en el término de cinco (5) días hábiles posteriores a la fecha de mantenimiento del recurso, bajo apercibimiento de tener por desistido el mismo (fs. 169/170 vta.).

Con fecha 2.2.2021 a las 13:33 hs -fuera del horario de oficina-, el Fiscal General ante esta Alzada presentó escrito mediante el cual expresó que mantenía el recurso de apelación interpuesto por el Fiscal Federal de primera instancia (fs. 170).

Finalmente, con fecha 10.2.2021 a las 12:41 hs, el Fiscal General presentó el informe escrito en los términos del art. 454 del CPPN (fs.171/174).

Del repaso precedentemente practicado, se advierte que el Ministerio Público Fiscal presentó informe escrito una vez transcurridos los cinco días contemplados en el trámite ante esta Alzada, incluso vencido el plazo de gracia (cargo de hora) del día siguiente.

Ahora bien, con fecha 27.7.2020 la Corte Suprema de Justicia de la Nación, mediante Acordada N° 31/2020 y con motivo de la aplicación exclusiva del Sistema Informático de Gestión Judicial, dispuso que «.Las presentaciones que las partes u otros sujetos procesales realicen fuera del horario de funcionamiento de los tribunales, establecido en cada jurisdicción, se tendrán por presentadas en la primera hora del día hábil posterior».

De ese modo, si tenemos en cuenta que el cómputo de los plazos judiciales estipulado en el CPPN fue concebido en un contexto totalmente diferente al actual, en donde ya rige la estricta aplicación del Sistema Informático de Gestión Judicial, es dable interpretar que la Acordada 31/2020 viene a adecuar y compatibilizar el cómputo de los plazos con la aplicación del referido sistema informático.

Bajo dicho entendimiento, si reparamos en que el mantenimiento del recurso de apelación por parte del Fiscal General ante esta Alzada tuvo lugar con fecha 2.2.2021 a las 13:33 hs, el plazo para presentar el informe escrito en los términos del art. 454 del CPPN ante esta Alzada vencía el día 11.2.2021 a las 9:30 hs.

En virtud de ello, considero que el informe escrito en cuestión fue presentado en tiempo y forma.

II.- Dicho ello, cabe aclarar que el Fiscal Federal N° 2 de Córdoba apeló la resolución dictada con fecha 4.12.2020 por el Juzgado Federal N° 2 de Córdoba sólo en cuanto dispuso el sobreseimiento del imputado P. respecto de los delitos previstos por el art. 212 del CP y art.3 segundo párrafo de la ley 23.592, imputados en los hechos nominados primero y segundo respectivamente.

De ese modo y dejando a salvo mi criterio, ha quedado firme lo dispuesto por el Juez respecto del sobreseimiento por el delito de amenazas (art. 149 bis del CP) imputado en el hecho nominado segundo y el delito de resistencia a la autoridad (art.239 del CP) endilgado en el hecho nominado tercero.

Asimismo cabe señalar que de la lectura de la resolución impugnada y del recurso de apelación interpuesto por el Fiscal Federal, se advierte que la existencia material de los hechos no se encuentra controvertida, limitándose la cuestión a resolver a determinar si los hechos nominados primero y segundo encuadran en una figura legal (art. 336 inc. 3 del CPPN), en concreto en los delitos previstos por el art. 212 del CP y art. 3 segundo párrafo de la ley 23.592.

Practicada dichas aclaraciones, corresponde comenzar el análisis de la situación procesal del imputado E. M. P.: a) A esos fines, es pertinente traer a colación el hecho nominado primero según ha sido descripto en la resolución objeto de recurso: «Con fecha 1 de junio de 2020 a las 12.52 hs. en la ciudad de Córdoba, E. M. Presto, utilizando la cuenta de la red social twitter @ElPrestoOK «El Presto», habría alentado e incitado al odio y a la violencia colectiva contra un determinado grupo de personas a causa de sus ideas políticas, publicando un mensaje que dice: «Con los líderes y los seguidores d la izquierda progre (sea d EEUU o d Argentina, d Chile o d Francia, etc.) no se debate, SE LOS ANIQUILA. Intentan arrebatarte tu LIBERTAD, tu PATRIA, tu FUTURO y tu DIGNIDAD como ser humano. Más de 100 años de historia mundial lo demuestran».

Fijado así el hecho y luego de examinar las constancias obrantes en la causa, a criterio de la Suscripta resulta acertada la decisión del Juez instructor de sobreseer al imputado E. M.P., en orden a los delitos previstos en el art. 212 del CP y art. 3 segundo párrafo de la ley 23.592.

En tal sentido, cabe señalar que el CP expresamente establece en su art. 212: «Será reprimido con prisión de tres a seis años el que públicamente incitare a la violencia colectiva contra grupos de personas o instituciones, por la sola incitación».

Respecto de esta figura penal se tiene dicho que: «Es un delito común, ya que autor puede ser cualquiera. Sujeto pasivo solo pueden serlo las personas o instituciones mencionadas en la proclama violenta.

(.) este delito demanda que el autor lleve a cabo una acción de incitar de manera pública al ejercicio de la violencia contra personas o instituciones determinadas. Se incita no sólo cuando se crea la resolución criminal en otro, sino también cuando se auspicia o favorece el uso de violencia contra terceros determinados (.) (ABOSSO, Gustavo E. Código Penal de la República Argentina. Comentado, concordado. Con jurisprudencia. Cuarta edición actualizada. Ed. B de F, 2017, p. 1223).

El medio empleado puede ser cualquiera, sea escrito u oral. Lo comete tanto el orador público en una reunión política como el que lo hace mediante radio, televisión o cualquier otro medio de comunicación masivo (.).

El tipo subjetivo se satisface con el dolo directo (.)» (ABOSSO, Gustavo E. Ob. cit, p. 1224.).

Por su parte, el art. 3 segundo párrafo de la ley 23.592 dispone:»Serán reprimidos con prisión de un mes a tres años (.) quienes por cualquier medio alentaren o incitaren a la persecución o el odio contra una persona o grupos de personas a causa de su raza, religión, nacionalidad o ideas políticas».

Con respecto a la acción típica de esta figura penal, se tiene dicho que «alentar» significa animar o infundir aliento o esfuerzo, dar vigor (.) a la persecución o al odio; mientras que «incitar» entraña el mover o estimular a alguien para que ejecute una cosa (.) (D´ALESSIO, Andrés José. CÓDIGO PENAL DE LA NACIÓN.

COMENTADO Y ANOTADO. 2da Edición Actualizada y Ampliada.

Ed. LA LEY, 2011, p. 1001.).

En relación al sujeto activo, puede ser autor cualquier persona, y respecto del sujeto pasivo, se tiene dicho que el tipo no exige ninguna condición o calidad especial en la víctima, la conducta podrá estar dirigida contra una persona o grupo de personas. A su vez la ley no exige ningún medio determinado, pudiendo ser en forma escrita, oral, a través de internet o cualquier otro medio idóneo (D´ALESSIO, Andrés José. Ob. cit, p.1001/1003.).

Bajo dichos lineamientos y de un atento repaso de las constancias obrantes en la causa, advierto que de la descripción del hecho bajo estudio surge con meridiana claridad la improcedencia de encuadrarlo en las figuras endilgadas.

Sin perjuicio del tono agresivo que podría adjudicársele al mensaje publicado por el encartado en cuanto propone «aniquilar» a los líderes y seguidores de la izquierda, considero que la indeterminación de un destinatario tangible y de circunstancias de tiempo, lugar y modo que rodeen al mismo, impide concluir en la existencia de una conducta tendiente a incitar un accionar concreto de aniquilación o de persecución u odio contra un grupo de personas; limitándose su contenido a una simple prédica de naturaleza ideológica desprovista de toda referencia específica.

De ese modo, la vaguedad de la expresión concebida en forma integral y la ausencia de personas o instituciones concretas identificadas como destinatarios concretos de aquella, impiden formular reproche penal alguno en contra de su autor, correspondiendo su sobreseimiento en los términos del art. 336 inc. 3 del CPPN.

En virtud de lo expuesto, encuentro acertada la decisión del Magistrado instructor de de sobreseer al imputado E. M. P., en orden a los delitos previstos en el art. 212 del CP y art. 3 segundo párrafo de la ley 23.592. b) Continuando con el análisis de la situación procesal del imputado de mención toca ahora abordar la revisión del hecho nominado segundo, descripto en el auto de mérito en los siguientes términos: «Con fecha 27 de agosto de 2020, desde la ciudad de Córdoba, E. M. P., utilizando su cuenta de la red social twitter @ElPrestoOk «El Presto» , habría amenazado a la Vicepresidente de la Nación, Cristina Fernandez de Kirchner, alentando e incitando al odio y a la violencia colectiva hacia un determinado grupo de personas afín a la funcionaria por sus ideas políticas, mediante la publicación de un mensaje que, para alarmar o amedrentar, anuncia: «Vos no vas a salir VIVA de este estallido social.Vas a ser la primera -junto con tus crías políticas- en pagar todo el daño que causaron. TE QUEDA POCO TIEMPO».

Por ese hecho, el nombrado fue imputado como presunto autor de los delitos previstos en el art. 212 del CP y art. 3 segundo párrafo de la ley 23.592, y posteriormente sobreseído por el Juez instructor en los términos del art. 336 inc. 3 del CPPN.

Sin embargo, un atento examen de las constancias de la causa y de los términos de la imputación efectuada me conduce a disentir con dicho entendimiento. Doy razones:

En primer lugar, y teniendo en cuenta que las figuras cuyo análisis corresponde llevar adelante en el marco de este hecho nominado segundo son idénticas a las endilgadas en el hecho nominado primero, me remito a las consideraciones allí efectuadas respecto de las mismas.

E n segundo lugar advierto que la descripción del hecho que nos ocupa y el mensaje publicado por el encartado reúnen los elementos de ambos tipos penales mencionados que permiten calificar pluralmente al hecho imputado.

Ello es así en la medida que, del mensaje cuestión, se infiere -con el grado de probabilidad requerido en esta instancia- una incitación pública por parte del imputado a apoyar un «estallido social», favoreciendo el uso de violencia en contra de un grupo de personas determinadas e incitando al odio en contra de éstas con motivo de sus ideas o pertenencia política.

Resulta del caso aclarar que si bien no menciona su nombre, indubitablemente se refería a la Vicepresidente de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, ya que junto a su twit aparece una foto de esta última.

No puede soslayarse la capacidad del imputado P. de «influenciar» en la voluntad de otras personas toda vez que el nombrado es un periodista con mucha actividad y presencia en las redes sociales donde ha recogido el seguimiento de miles de adhesiones a sus postulados.

Prueba de ello es la presentación hecha con fecha 17.9.2020 por G. B.Estévez, en donde acompaña la constancia de diferentes mensajes muy agresivos por parte de distintas personas que habría recibido a través de las redes sociales con motivo de ser denunciante en las presentes actuaciones. Entre dichos mensajes, a modo de ejemplo, estimo propicio destacar:

«Hola hija de puta! Sos parte de la dictadura de la libre expresión! Vamos a escracharte adonde vayas no vas a dormir en paz! Vamos a tirarte bolsas de mierda todo los diaa en tu casa! No tenemos miedo hdp»; «Peronista tenías que ser, Cáncer del país, Seguí haciendo denuncias falsas q la que no va a salir viva literalmente vas a ser vos»; «Hijaaa de puutaaaa!!, a mi tmb me vas a denunciar?, o voy a aparecer suicidado?, a vos y a toda la mafia les queda poco tiempo LACRAS, HIJA D PUTA»; «Basura, cuando se arme el estallido te vas a podrir»; «Forra hija de mil puta, Te voy a matar cuando te vea, Apenas pueda viajar voy a hacerlo sólo para verte tirada en el suelo, Con sangre por todos lados, Tomalo como se te cante el 5to forro del culo mal cogida pero yo te voy a matar»; «Te metiste con el presto, te metes conmigo, ahora, tené cuidado cuando salgas a la calle, rubia hueca de mierda.»; «Libera al presto rata inmunda a vos y a Cristina le queda poco tiempo de vida»; «Todo sea para salvarle el culo a tu jefa no? Zurdita, Al Falcon, Sonaste conchuda al Presto no se lo toca» (fs.87/99).

Dicha circunstancia pone de manifiesto la capacidad real de influenciar en terceras personas por parte del encartado toda vez que se pudo corroborar que el mensaje publicado por éste y que motiva la presente imputación tuvo un efecto concreto en sus seguidores, quienes al anoticiarse del proceso penal iniciado en su contra, actuaron en consecuencia -con independencia de que dicho extremo configure o no un requisito de los tipos penales endilgados-.

Por otro lado, estimo propicio formular un breve repaso respecto del contexto en que se sitúa la presente imputación delictiva, ya que en agosto del año 2020 proliferaban distintas manifestaciones sociales en el país (17A por ejemplo) en protesta contra el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio dispuesto por el gobierno y que aún aplicaba en algunas provincias, mientras que en el resto del país regía el Distanciamiento Social.

Es decir que nos ubicamos en una época en la que, por diferentes razones, se percibía una significativa irritación social en donde mucha gente se manifestó públicamente contra el gobierno nacional con motivo de las restricciones impuestas en el marco de la pandemia que nos aqueja aún en estos días.

Respecto al dolo requerido por ambas figuras, entiendo que se encuentra acreditado dicho elemento a partir de: los términos del mensaje publicado por el imputado P., en cuanto fomenta un estallido social en contra de personas determinadas, la circunstancia de que el nombrado no podía desconocer su capacidad de influenciar en terceras personas y el contexto en que publicó el mensaje ya que se trataba de un momento en que existía un creciente disgusto social contra el gobierno nacional.

Así las cosas, y establecida la responsabilidad penal del encartado, debo decir que considero ajustado a derecho el encuadre jurídico realizado por el Ministerio Público Fiscal como presunto autor de los delitos previstos en el art. 212 del CP y art.3 segundo párrafo de la ley 23.592.

Es bien sabido que ningún derecho o garantía constitucional es absoluto sino que puede y debe garantizarse su ejercicio sin que implique la lesión a derechos de terceros.

En tal sentido, considero que intentar caratular los dichos del imputado P. bajo el rótulo de su derecho de libertad de expresión, no justifica su proceder por el contenido y alcance de su mensaje, toda vez que a partir del mismo se han traspasado -de manera evidente- los límites de dicha garantía.

En definitiva, entiendo que debe revocarse la resolución dictada con fecha 4.12.2020 por el Juzgado Federal N° 2 de Córdoba, en cuanto dispuso sobreseimiento de E. M. P. (DNI xx.xxx.xxx) en orden a los delitos previstos en el art. 212 del CP y art. 3 segundo párrafo de la ley 23.592 imputados en el hecho nominado segundo y, en consecuencia, disponer el procesamiento del nombrado debiendo el Juez de instrucción pronunciarse sobre la prisión preventiva y embargo, a los fines de garantizar la doble instancia (art. 306, 310, 312 y 518 del CPPN). Sin Costas (art. 530 y 531 del CPPN). Así voto.- El señor Juez de Cámara, doctor Abel G. Sánchez Torres, dijo:

Llegan los autos a esta instancia a fines de resolver el recurso interpuesto por el Sr. Fiscal Federal N°2 de Córdoba en contra de la resolución dictada por el Juzgado Federal N°2 en cuanto dispuso el sobreseimiento del imputado P. por los delitos que se le imputan.

I. En primer lugar, corresponde tratar el planteo formulado por la Defensoría Pública en cuanto a la extemporaneidad del informe presentado por el Ministerio Público Fiscal ante esta Alzada y previsto en el art. 454 del CPPN.

Con fecha 29.12.2020 se notificó al Sr.Fiscal General ante esta Cámara el proveído mediante el cual se le concedía el plazo de 3 días para manifestar si mantenía el recurso interpuesto en primera instancia y se le informaba que, en caso de hacerlo, contaba con cinco días hábiles posteriores al mantenimiento del recurso para presentar el informe en forma digital (conf. decreto de fs. 169/vta.).

El Sr. Fiscal General presentó escrito informando la decisión de mantener el recurso interpuesto con fecha 02.02.2021 a las 13.33 hs. Conforme lo prevé el art. 164 del CPPN, «Si el término fijado venciere después de las horas de oficina, el acto que deba cumplirse en ella podrá ser realizado durante las dos primeras horas del día hábil siguiente.». Por su parte, en el Anexo II de la Acordada N°31/2020, en el apartado II, punto 2) se establece que todas las presentaciones efectuadas fuera del horario de funcionamiento de los tribunales, se tendrán por presentadas en la primera hora del día hábil posterior.

Si bien, conforme lo habilita el Código Procesal vigente, el término que vencía para el Fiscal el día 02.02.2021, se pudo presentar durante las dos primeras horas del día hábil siguiente, ello no implica una extensión del plazo que se le otorga a la parte, el cual seguirá siendo de tres días, sino que se trata simplemente de un plazo de gracia que permitirá cumplir el acto una vez vencido el término y considerarlo como si hubiera sido realizado dentro del plazo legal.

De tal forma se lo ha entendido (si bien con relación al plazo previsto en el ordenamiento procesal civil), al sostener «que el plazo de gracia instituido por el art.124 del citado código no constituye una prolongación del término ya fenecido a las 24 del día anterior, sino precisamente un remedio para impedir las consecuencias perjudiciales que podría ocasionar una situación de fuerza mayor que no hubiese permitido hacer la presentación judicial en tiempo oportuno.» (del voto en disidencia de los Sres. Ministros de la Corte Suprema de la Nación, Dres. Petracchi, Belluscio, Boggiano y Maqueda en autos «C. 1071. XXXIX. RECURSO DE HECHO Cantera Timoteo S.A. c/ Mybis Sierra Chica S.A. y otros.», del 03.03.2005).

Es decir, que el plazo de tres días que se le otorgó al Fiscal para manifestar su intención de mantener el recurso venció el día 02.02.2021 (mismo día que se presentó su escrito, aunque fuera del horario judicial) y a partir del día siguiente (cuarto día desde la notificación efectuada) comenzó a correr el plazo de los cinco días hábiles para presentar el informe escrito en los términos del art. 454 del CPPN y Acuerdo 276/2008 de esta Cámara.

Dicho ello, se advierte que el plazo para presentar ese informe venció el día 09.02.2021, otorgándosele el plazo de gracia para presentarlo, hasta las dos primeras horas del día 10 de ese mes. Tal como surge de las constancias de autos, el informe del art. 454 fue presentado a las 12.41 hs. Del día 10.02.2021, esto es, fuera del plazo que le había sido otorgado para hacerlo.

Ahora bien, no escapa al suscripto que la implementación del procedimiento de forma totalmente digital para las partes, así como la interpretación de proveídos y Acordadas de reciente dictado, puede dar lugar a confusiones y distintas interpretaciones que no pueden ser valoradas en perjuicio del recurrente. Así, a los fines de resguardar el derecho al recurso y de evitar un excesivo rigor formal, entiendo que corresponde tratar el recurso interpuesto.

II.Entrando entonces ya al tratamiento de la cuestión objeto de recurso, adelanto mi criterio de que la resolución apelada debe ser parcialmente revocada. Doy razones.

II. a) En relación a los delitos de incitación a la violencia colectiva y aliento al odio de personas por sus ideas (conf. art. 212 del C.P. y art. 3 segundo párrafo de la ley 23.592), imputados por los he chos nominado primero y segundo (correspondientes al requerimiento de fs. 50/2vta.), coincido con la colega preopinante en que la apelación interpuesta sólo cuestiona la tipicidad de los hechos endilgados a P., sin negar su existencia material.

Empezaré el análisis por el primero de ellos.

Conforme la pieza requisitoria de fs. 50/2vta., el hecho primero fue descripto en los siguientes términos: «Con fecha 1 de junio de 2020 a las 12.52 hs. en la ciudad de Córdoba, E. M. Presto, utilizando la cuenta de la red social twitter @ElPrestoOK «El Presto», habría alentado e incitado al odio y a la violencia colectiva contra un determinado grupo de personas a causa de sus ideas políticas, publicando un mensaje que dice: «Con los líderes y los seguidores d la izquierda progre (sea d EEUU o d Argentina, d Chile o d Francia, etc.) no se debate, SE LOS ANIQUILA. Intentan arrebatarte tu LIBERTAD, tu PATRIA, tu FUTURO y tu DIGNIDAD como ser humano. Más de 100 años de historia mundial lo demuestran».» Respecto del delito previsto en el art. 212 del C.P., la conducta típica requiere que públicamente se incite a la violencia colectiva contra grupo de personas o instituciones, por la sola incitación. El incitar, ha sido descripto como el hecho o la acción de estimular o aconsejar de forma indeterminada y por cualquier medio, a otras personas a que realicen actos de violencia.Se dice que esta figura penal requiere la estimulación a actuar.

La figura descripta se encuadra dentro de los delitos de peligro, es decir, aquellos que no precisan que produzcan un daño o lesión concreta, sino que es suficiente para su comisión la amenaza real al bien jurídico protegido por la norma- la tranquilidad pública o el orden público, según distintos autores-, sin que sea necesario que ese bien jurídico sea menoscabado, es decir que la incitación prospere o logre los efectos deseados.

Con la mera existencia del peligro, independiente de la repercusión que tales acciones pudieran tener en los receptores del mensaje emitido por el imputado, se tiene por configurada la acción típica.

Pero según se ha sostenido, no cualquier expresión encuadra en esta figura penal sino que debe «empujarse a actuar» en contra de grupos de personas o instituciones.

En tal sentido, la jurisprudencia se ha expedido señalando que las expresiones que constituyen una demostración de discurso político y de prédica ideológica, en las que no se especifica cómo, dónde ni cuándo debería cometerse la acción promovida, resultan atípicas pues «las garantías constitucionales que amparan la libertad de pensamiento y expresión, exigen la aplicación de un criterio restrictivo para precisar las conductas que, escapando a tal protección, serán alcanzadas por el Derecho penal» (conf. C. Nac. Crim. y Corr. Fed., Sala I, en autos «Bonafini, Hebe», sent. del 27/04/2006, publicado en TR LA LEY 70023786).

En tal precedente, y citando lo dicho en un fallo anterior del mismo Tribunal, se recordó las palabras del miembro de la Corte Suprema, Dr. Luis Linares, quien expresó que: «La enunciación de ideas, por extremas, erróneas, por funestas que sean, y su prédica, no constituye por sí un delito castigado por nuestras leyes.

La propaganda doctrinaria no comporta otra cosa que el ejercicio de un derecho perfecto y natural reconocido por la Constitución a todo ser libre:el de la libertad de conciencia, el de pensar y emitir ideas conforme la conciencia las dicta.».

De igual forma, la jurisprudencia ha sostenido que «la mera impopularidad de las ideas o su impacto alarmante no serán suficientes para la configuración de este ilícito, si no se advierte en la emisión de las palabras la creación de un peligro cierto para causar actos de violencia, además de la intención de incitar a cometer actos ilícitos» (cfr. C. Crim. y Corr. Fed., en autos «Recurso de queja por apelación denegada interpuesto por el Dr. Hugo Wortman Jofre en autos NN s/ incitación colectiva», resolución del 08.08.2013, el resaltado es propio).

Así las cosas, entiendo que la publicación efectuada por el imputado en la red social Twitter, descripta en el hecho primero, no encuadra en el tipo penal descripto en el art. 212 del Código Penal.

II. b) Distinta es la conclusión a la que cabe arribar respecto del delito previsto en el art. 3 de la ley 23.592, segundo párrafo. La referida norma establece que serán reprimidos con prisión de un mes a tres años «quienes por cualquier medio alentaren o incitaren a la persecución o el odio contra una persona o grupos de personas a causa de su raza, religión, nacionalidad o ideas políticas.».

La acción típica prevista en esta norma se ha explicado diciendo que consiste en «alentar o incitar a la persecución o al odio, alentar,.significa animar o infundir aliento o esfuerzo, dar vigor, en este caso, a la persecución o al odio.» (conf CNCP, Sala II, Russo Ricardo y otro s/recurso de casación, sent.del 12.04.1999). En ese precedente, también se sostuvo que «en términos de política criminal, la ley 23.592 se halla orientada a tutelar la dignidad de la persona como bien jurídico protegido, es decir que el valor al cual el legislador le reconoce protección penal es la dignidad del hombre, la que se ve afectada con los actos discriminatorios que la norma tipifica siendo que, precisamente en atención a la importancia del bien tutelado, el órgano legislativo no se conformó con establecer una sanción pecuniaria y quiso brindarle una mayor protección a través de las penas privativas de la libertad que prescribe.».

A diferencia de lo dicho con respecto a la norma del art. 212, entiendo que la publicación realizada por P. tuvo entidad suficiente para alentar al odio contra un grupo de personas a causa de sus ideas políticas.

Respecto de la norma en cuestión, la jurisprudencia ha dicho que lo que se tipifica en el segundo párrafo de la misma son las acciones de alentar o incitar, que según se sostiene, «se dirigen a animar, infundir o estimular una finalidad persecutoria hacia una determinada raza [en este caso una orientación política] por el sólo hecho de pertenecer a ella». (conf. Cám. Fed. San Martín, Sala I, en autos «P., D.H. s/inf. Ley 23.592, del 27.10.2020).

En el mismo sentido se ha dicho que configuran en el delito tipificado en el art. 3, segundo párrafo de la ley 23.592, las publicaciones que reúnen la entidad necesaria para ser consideradas como un estímulo al odio o persecución en razón de ideas políticas (Cám. Nac. de Apel. en lo Crim. y Corr. Fed., sala I, sent. del 26.12.2017 en autos «E., I. N.s/ procesamiento con prisión preventiva», TR LALEY AR/JUR/95723/2017).

No puede dejar de resaltarse que el límite a la libertad de expresión se encuentra justificado en razón del mayor disvalor del injusto que la conducta penalizada por esta norma tuvo para el legislador. Sin perjuicio de ello, deberán considerarse los hechos a la luz del contexto en el cual se desarrollaron y conforme a una prudente valoración judicial. En virtud de ello, considero que el Tweet publicado por el aquí imputado (Con los líderes y los seguidores d la izquierda progre (sea d EEUU o d Argentina, d Chile o d Francia, etc.) no se debate, SE LOS ANIQUILA. Intentan arrebatarte tu LIBERTAD, tu PATRIA, tu FUTURO y tu DIGNIDAD como ser humano. Más de 100 años de historia mundial lo demuestran -el resaltado me pertenece-) debe ser considerado como un estímulo al odio o persecución en razón de ideas políticas orientado hacia los seguidores de los partidos de izquierda.

Desde la doctrina se sostiene en relación a los delitos de provocación a la discriminación, a la violencia y al odio racial que son «delitos de peligro abstracto, cuyo objetivo no es evitar situaciones inmediatas, sino antes bien, impedir la generalización de expresiones que puedan crear un envenenamiento del clima social, un ambiente hostil respecto de determinados grupos humanos.» (conf. De Llano Hernán G. y Slonimsqui, Pablo, Discriminación, medios de comunicación y derecho penal, TR LALEY AR/DOC/1460/2006).

Todo lo dicho, me permite sostener que el sobreseimiento dispuesto por el juez de primera instancia, respecto del hecho nominado primero, por el delito previsto en el art. 3, segundo párrafo de la ley 23.592, respecto del imputado P., debe ser revocado y corresponde ordenar su procesamiento.

III. En cuanto al recurso interpuesto en contra del sobreseimiento del imputado por el hecho nominado segundo, entiendo que debe ser revocado y corresponde ordenar su procesamiento.Adhiero al respecto a las consideraciones y fundamentos dados por la señora magistrada preopinante y me expido en idéntico sentido.

Sin costas (conf. art. 530 y 531 del CPPN). Así voto.

El señor Juez de Cámara, Dr. E. Ávalos, dijo:

Que en razón de coincidir con los fundamentos expuestos por la señora Juez de Cámara del primer voto, me expido en igual sentido. Así voto.

Por lo expuesto; RESUELVO:

Por mayoría:

I.- CONFIRMAR la resolución dictada con fecha 4.12.2020 por el Juzgado Federal N° 2 de Córdoba, en cuanto dispuso el sobreseimiento de E. M. P. (DNI xx.xxx.xxx) en orden a los delitos previstos en el art. 212 del CP y art. 3 segundo párrafo de la ley 23.592 imputados en el hecho nominado primero.

Por unanimidad:

II.- REVOCAR la resolución dictada con fecha 4.12.2020 por el Juzgado Federal N° 2 de Córdoba, en cuanto dispuso el sobreseimiento de E. M. P. (DNI xx.xxx.xxx) en orden a los delitos previstos en el art. 212 del CP y art. 3 segundo párrafo de la ley 23.592 imputados en el hecho nominado segundo, y en consecuencia disponer el procesamiento del nombrado, debiendo el Juez de instrucción pronunciarse sobre la prisión preventiva y embargo, a los fines de garantizar la doble instancia (art. 306, 310, 312 y 518 del CPPN).

III.- Sin costas (arts. 530 y 531 del C.P.P.N.).

IV. Regístrese y hágase saber. Cumplimentado, publíquese y bajen.

LILIANA NAVARRO

JUEZ DE CÁMARA

ABEL G. SÁNCHEZ TORRES

E. ÁVALOS

JUEZ DE CÁMARA

JUEZ DE CÁMARA

(En disidencia parci al)

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