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#Doctrina Embargo preventivo sobre un automotor para asegurar el pago de alimentos futuros

Autor: Squizzato, Susana M. – Ragazzini, María S.

Fecha: 18-oct-2021

Cita: MJ-DOC-16232-AR | MJD16232

Sumario:

I. Introducción. II. La resolución comentada. III. El análisis de la resolución en el caso concreto. IV. Algunas reflexiones.

Doctrina:

Por Susana M. Squizzato (*) y María S. Ragazzini (**)

I. INTRODUCCIÓN

En el presente comentario se aborda la cuestión relativa a la posibilidad de adoptar medidas asegurativas del pago de los alimentos futuros – cualquiera sea su naturaleza – cuando las circunstancias del caso permitan suponer que su cumplimiento podría tornarse imposible o demasiado difícil. Ello dado que la demora o el incumplimiento liso y llano de la prestación alimentaria por parte del obligado al pago incide de manera directa en el bienestar del alimentado o alimentada.

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A tal fin, se analizarán los fundamentos de un fallo judicial en el cual -poniendo énfasis en el carácter asistencial y urgente de la obligación alimentaria – el tribunal de alzada confirma la resolución que decretó un embargo preventivo sobre un automotor de titularidad del alimentante en concepto de alimentos futuros. Se distinguirán diferentes circunstancias objetivas que tornan razonable la procedencia de la medida cautelar o provisional en el caso concreto.

El fallo revela una problemática sumamente frecuente en los procesos vinculados con el derecho de las familias, esto es, el incumplimiento en el pago, cumplimiento parcial o tardío de la cuota alimentaria, situación que se ha intensificado con motivo de la pandemia (SARS COVID-19), y que el Código Civil y Comercial ha receptado expresamente en el art. 550 , en consonancia con los tratados internacionales de derechos humanos y demás normas de protección de las niñas, niños y adolescentes, facultando a los jueces a disponer «medidas razonables para asegurar su eficacia».

Se adelanta que la resolución tiene la particularidad de que los obligados alimentarios son los tíos y el alimentado es su sobrino adolescente. En cuanto a estos alimentos entre parientes no contemplados explícitamente en el art.537 del CCivCom., desde la doctrina y la jurisprudencia ya se viene sosteniendo que tienen fundamento suficiente en la solidaridad familiar y la socioafectividad, cuestión sobre la que se volverá más abajo.

A continuación, se describe la situación fáctica en la cual se dicta la medida analizada para su mejor entendimiento, y la oposición de la parte obligada que funda el recurso de apelación objeto de la decisión anotada.

Por último, se examinan los argumentos centrales del fallo, para concluir con algunas consideraciones que se estiman de interés.

II. LA RESOLUCIÓN COMENTADA

a. El marco fáctico

Ingresando al examen de la resolución anotada se advierte que, en primera instancia, se fijaron alimentos provisorios equivalentes al 40 % de un SMVM a favor del joven de autos y a cargo de sus tíos. Por falta de cumplimiento de la cuota alimentaria por parte de los obligados – períodos abril y mayo del 2020 – se despacharon dos requerimientos de pago. Al contestar el primer requerimiento, los demandados señalaron que por la situación de aislamiento les resultaba materialmente imposible cumplir con la manda judicial respecto a la mesada dispuesta a favor de su sobrino.

Frente a ello, y ante la persistencia de la falta de pago de la cuota correspondiente al mes de abril, el 22/06/2020 la actora solicitó embargo. Trabada la medida cautelar, el tío cumplimentó dicha cuota con intereses, solicitando su levantamiento el 27/07/2020.

En este contexto, por proveído de fecha 14/10/2020 y su aclaratoria del 15/10/2020, el Tribunal de grado decretó embargo preventivo sobre el automotor de titularidad del alimentante hasta cubrir la suma de $ 81.000, en concepto de alimentos futuros por 12 meses. Entre los fundamentos la jueza expresó que, si bien no se advertía un incumplimiento de la cuota decretada desde ese entonces, la situación planteada por ambos demandados respecto a la imposibilidad de hacer frente a la cuota por la situación de pandemia, no resultaba ajena a la cuestión a resolver.Destacó que la codemandada, tía del alimentado, había expresado que únicamente desarrollaba tareas como ama de casa, sin percepción de ingresos, con lo cual la cuota alimentaria estaría siendo afrontada por su hermano, el otro obligado, quien por su parte había advertido las consecuencias económicas de la pandemia en su rubro.

Adujo la magistrada que la medida resultaba razonable, en tanto surgían del relato previo las condiciones objetivas que eventualmente podían frustrar la percepción de la cuota por parte del adolescente, al cual en ejercicio de su legítimo derecho de defensa, el tío se había opuesto sufragar, considerando que no se encontraba obligado. Entendió, que la medida era la más idónea para proteger el crédito alimentario futuro y también proporcional, ya que no constituía una interdicción severa que restrinja injustificadamente los derechos del obligado. Ello sin perjuicio de que se contaba con la facultad de sustituirla por otra bajo la condición que satisfaga idéntica o mayor garantía de cumplimiento. Finalmente, en cuanto al alcance de la medida, la fijó en la suma correspondiente a 12 cuotas alimentarias al valor actual de su importe.

Contra dicho pronunciamiento el alimentante interpuso recurso de reposición con apelación en subsidio. Rechazado el primero, se concede el segundo remedio impugnativo y se elevan los obrados al tribunal de apelación. Los agravios centrales del apelante se resumen en que: a) El pago fuera de término de la cuota fijada ha sido excepcional, ante la pública y notoria circunstancia de la pandemia por Covid 19, por lo que la medida resulta excesiva; b) No existe ninguna deuda acumulada que amerite la fijación de alimentos futuros de acuerdo al art.550 del CCivCom., por lo que la resolución en crisis es arbitraria; y c) No se dan los presupuestos para el despacho de la medida dispuesta, no siendo la más adecuada para proteger el crédito alimentario y porque tampoco resulta proporcional a los intereses en juego, ya que no se tuvo en cuenta que son tíos, y que una medida de dicha magnitud trae aparejadas consecuencias económicas, tributarias y de capacidad de crédito.

Seguidamente, la parte apelada se opone al recurso planteado y denuncia que a los retrasos anteriores se le suma el cumplimiento parcial de los alimentos del mes de octubre del 2020. Explica que los alimentantes depositaron la suma de $ 6.750, cuando debieron depositar $ 7.560, ya que por resolución 4/20 el SMVM quedó establecido en $ 18.900 a partir del 01/10/2020, y solicita se los intime a abonar la diferencia. Sostiene que este nuevo incumplimiento demuestra por sí solo que el embargo preventivo fue razonablemente ordenado. Destaca que tanto el CCivCom. como la LPF habilitan esta medida en casos de alimentos provisorios, lo que se encuentra ampliamente justificado en el sub lite, por la falta de ingresos acreditables de los alimentantes.

A su turno, el representante del Ministerio Público de la Defensa se remite a su anterior dictamen donde expuso que, ante la actitud contumaz asumida y evidenciada por la parte alimentante a fin de dar cumplimiento al deber alimentario impuesto en autos en tiempo y forma, de acuerdo al extracto bancario incorporado por la requirente al proceso, adhería a las razones vertidas por la accionante, solicitando que se desestime el recurso interpuesto.

El tribunal de alzada rechaza el recurso interpuesto en subsidio contra la resolución dictada el día 14/10/2020 y su aclaratoria del 15/10/2020, confirmando lo resuelto en primera instancia.

b. El debate jurídico

De la reseña de los hechos efectuada surge claro el debate jurídico planteado en el caso que gira en torno a determinar si se encuentran acreditados los recaudos de admisibilidad de la medida cautelar ordenada (art.550 del CCivCom.), es decir, si existe o no fundamento legal para establecer el embargo preventivo sobre el automotor a los fines de asegurar el cumplimiento de alimentos futuros a cargo de los tíos y a favor del beneficiario (sobrino adolescente).

c. Los fundamentos del fallo

De la atenta lectura del fallo surge el itinerario racional seguido por la alzada a los fines de arribar a la solución recién referida, pudiendo extraerse tres argumentos centrales sobre los que se asienta su decisión: i) derecho a la tutela judicial efectiva (art. 550 del CCivCom.); ii) carácter asistencial y urgente de la cuota alimentaria; y iii) disposición de medidas cautelares para garantizar la percepción de alimentos futuros si existen motivos que permitan suponer fundadamente que su cumplimiento podría tornarse imposible o muy difícil.

En dicho camino, el tribunal parte de considerar en torno a la traba de medidas cautelares para asegurar el pago de cuotas futuras, que no sería procedente establecerlas, habida cuenta que constituyen prestaciones aún no adeudadas, y además la cuota puede ser modificada o cesar el derecho alimentario por diversas causas, pero por la naturaleza asistencial y urgente de la cuota y el carácter provisional de las medidas cautelares, corresponde hacer lugar a su decreto para garantizar la percepción de alimentos futuros si puede inferirse que no habrá un cumplimiento voluntario(1). Refiere que el art. 550 del CCivCom. se encuadra en el principio constitucional procesal del derecho a la tutela judicial efectiva, que requiere que la sentencia dictada en el juicio de alimentos se cumpla en tiempo oportuno, pues los alimentos son siempre urgentes.Añade que sobre el punto se ha dicho que la falta de pago íntegro y oportuno de la cuota alimentaria responde muchas veces a cuestiones que trascienden el tema económico y reflejan un profundo problema cultural derivado de la falta de conciencia personal y social sobre el real perjuicio que provoca la renuencia al cumplimiento, especialmente cuando los beneficiarios son niños, adolescentes o personas con discapacidad (2), como en el caso.

A continuación, manifiesta que, en relación a las cuotas futuras, se admite la traba de medidas cautelares cuando existen motivos que permitan suponer fundadamente que el cumpli miento por parte del alimentante podría tornarse imposible o muy difícil; y que el afectado, está facultado para ofrecer otras garantías suficientes en sustitución de la medida cautelar, con la condición de que representen igual seguridad que la trabada.

Bajo tales pautas sostiene que la resolución apelada aparece ajustada a derecho, fundada en la situación objetiva puesta de manifiesto por los propios demandados respecto a la imposibilidad de hacer frente a la cuota: La tía por carecer de ingresos suficientes, y el tío por verse afectada su actividad económica en virtud de la pandemia. Advierte que a ello se agregan, con posterioridad, nuevos incumplimientos denunciados por la apelada, los que si bien no son reiterados, sí resultan al menos tardíos, lo que coloca al alimentado en una situación de incertidumbre que no puede permitirse, dada la índole de la obligación, y su naturaleza asistencial y urgente.

Refiere a que no tienen asidero aquellos agravios vinculados a la desproporcionalidad de la medida, desde que las enunciadas por el apelante (intimaciones, intereses, astreintes, etc.) no satisfacen la garantía de cobro de cuotas futuras en los términos del art. 550 CCivCom., como bien fuera puesto de manifiesto por la magistrada de la anterior instancia. Concluye diciendo que tampoco el recurrente ha ejercido la facultad que le otorga la norma de sustituir la medida por otra que brinde igual seguridad al alimentado.

III. EL ANÁLISIS DE LA RESOLUCIÓN EN EL CASO CONCRETO

a.El contexto jurídico del caso

A los fines de situar el caso en la institución jurídica objeto de estudio se debe partir de considerar que las niñas, niños y adolescentes son sujetos vulnerables, por lo que se debe garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva, que requiere que las resoluciones adoptadas se cumplan de manera oportuna y efectiva.

A su vez, se impone recordar que la obligación de quienes los tienen bajo su cuidado -sus progenitores en primer lugar- de atender a su «alimentación» en sentido amplio, constituye para las niñas, niños y adolescentes un derecho humano fundamental por excelencia, en atención a su intrínseca vinculación con la subsistencia misma de la persona, y consecuente derecho a la vida (3), a la salud y al desarrollo integral (4).

Por su parte, los alimentos debidos a las niñas, niños y adolescentes también pueden estar a cargo de los abuelos paternos o maternos (art. 668 del CCivCom.), de otros parientes (ascendientes y hermanos, arts. 537 y 538 del CCivCom.), es decir alimentos derivados del parentesco; debiendo mencionarse además los debidos por el progenitor afín (art. 676 del CCivCom.).

Ahora bien, desde un sector de la doctrina y la jurisprudencia se sostiene que atento al principio de solidaridad familiar (5) a la luz de la Constitución Nacional, la Convención sobre los Derechos del Niño, los tratados de derechos humanos y las leyes de protección integral de la niñez y la adolescencia, el colateral del tercer grado (tío/tía) ostenta legitimación pasiva para cargar con la obligación alimentaria a partir de un fundamento supralegal, aun cuando no está expresamente incluido en la enumeración de los parientes del art. 537 del CCivCom.Ello por cuanto la solidaridad familiar es un principio general del derecho de las familias que nutre a todos los institutos jurídicos y que junto a los derechos que emanan de los convenios internacionales de derechos humanos, otorgan sustento suficiente para considerar al tío o a la tía, en cuanto miembro integrante de la familia, como responsable obligado al pago de los alimentos de sus sobrinos y sobrinas menores de edad (6). En este sentido se ha aseverado que ante un progenitor «abandónico» y reacio de sus obligaciones, los alimentos deberán ser prestados por los miembros del entorno familiar del obligado, apareciendo en escena así la familia ampliada, paterna o materna, que se encuentre en mejor situación para la colaboración en la asistencia de los alimentados (7). Es que el hecho «que no esté reglamentada en el CCivCom. no quiere decir que no se pueda extraer dicha conclusión de la razonable aplicación de otras normas, algunas de mayor jerarquía» (8).

Repárese que surge del fallo comentado, entre los argumentos del apelante para evadir al cumplimiento de la cuota fijada a su cargo, el hecho de no considerarse obligado por ser tío. Sin embargo, la obligación alimentaria le fue impuesta, de ahí que mal pueda eximirse de asumir la responsabilidad para con su sobrino, más aún siendo menor de edad y, de los parientes, el más vulnerables.Es que los tíos o tías son el eslabón más cercano al sistema familiar de todos los componentes del cuadro social (9), de allí que sobre ellos recaiga la obligación de satisfacer el sustento de los sobrinos y sobrinas en aquellos casos en que los principales y subsidiarios obligados no existen o carecen de recursos.

Ahora bien, fijada una cuota alimentaria a cargo de los tíos, se reitera, debe garantizarse el derecho a la tutela judicial efectiva, por lo que se requiere que las resoluciones adoptadas se cumplan de manera oportuna y efectiva.

En ese marco, la legislación brinda a los jueces y las juezas de familia múltiples herramientas tendientes al reconocimiento y a la protección del derecho humano fundamental de las niñas, niños y adolescentes y al respeto por su interés superior (art. 3 de la CDN) que debe primar por sobre el obligado alimentario.

Es así, que en el libro 2 «Relaciones de familia», al tratar los alimentos entre parientes (titulo 4, capítulo 2, sección 1 alimentos entre parientes), el CCivCom. consagra diferentes medidas tendientes a asegurar su pago. Desde la doctrina se ha enseñado que, a fin de garantizar la efectividad de los alimentos, existen medidas expresas y otras medidas denominadas abiertas. Entre las medidas para asegurar el pago de alimentos que surgen en forma expresa del articulado del CCivCom. podemos mencionar las del art. 550, que prevé específicamente la posibilidad de trabar medidas cautelares para asegurar el pago de alimentos futuros, provisionales, definitivos o convenidos.Se trata de las medidas cautelares tendientes – en principio – a evitar futuros incumplimientos, como el embargo de bienes, de indemnizaciones laborales, sobre lo cual la jurisprudencia local se ha expedido en numerosas oportunidades (10).

Tradicionalmente las medidas cautelares corresponden al trámite de ejecución para asegurar la percepción de las cuotas alimentarias devengadas y no pagadas; sin embargo, resultan también procedentes para garantizar el cumplimiento de cuotas futuras cuando las circunstancias del caso permitan suponer que el pago por parte del alimentante podría tornarse imposible o demasiado difícil. Es que la demora o el incumplimiento liso y llano de la prestación alimentaria incide de manera directa en el bienestar del alimentado. Por supuesto que el acreedor alimentario cuenta con todas las vías de ejecución y herramientas previstas por las normas procesales, conforme a cada legislación provincial.

La norma en estudio posibilita la adopción de medidas de tipo asegurativas del pago de alimentos hacia el futuro, cualquiera sea su naturaleza (provisionales, definitivos o convenidos) (11).

La admisibilidad del embargo de alimentos futuros encuentra justificación a través del análisis de los requisitos de las medidas cautelares en materia de alimentos; estos son: la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora o peligro de daño.

En cuanto a la concurrencia del recaudo relativo a la verosimilitud del derecho resulta procedente con la acreditación de un crédito alimentario, que puede surgir de una cuota provisoria fijada por el tribunal como el fallo en estudio.

El peligro en la demora o peligro de daño puede estar representado por el hecho cierto de haber revestido el alimentante la calidad de incumplidor, por la circunstancia actual de no contar con un trabajo registrado, por acreditarse una desvinculación laboral, entre otras causas.

En el supuesto bajo análisis, el cumplimiento parcial o tardío de la mesada alimentaria, incluso en la instancia recursiva, sumado a las causales objetivas puestas de manifiesto por los propios obligados:la carencia de ingresos suficientes y el impacto económico provocado por la pandemia, tornan incierta la percepción de la cuota por parte del alimentado, colocándolo en una situación de incertidumbre que debe ser contrarrestada, dada la naturaleza asistencial de la obligación que torna imperiosa la necesidad de asegurar su pago. Es decir que aun cuando al momento de trabar la medida cautelar no existan incumplimientos reiterados por parte del obligado, o no revista el carácter de incumplidor porque haya saldado la deuda alimentaria, el peligro se configura desde que el propio alimentante ha manifestado su dificultad para afrontar la mesada dispuesta a su cargo a raíz del impacto negativo que en su economía ha provocado la pandemia, dificultad que se pone de manifiesto en autos por medio del cumplimiento tardío o parcial.

Por ello, en el caso citado, el argumento del apelante respecto a que el embargo trabado en concepto de alimentos futuros sobre el vehículo de su propiedad resultaba arbitrario y desproporcionado, no pudo ser atendido por el tribunal de apelación interviniente, por estimar en definitiva acreditados los recaudos de admisibilidad de la medida cautelar ordenada.

En tal marco se ha sostenido que la medida cautelar no hace más gravosa la situación del obligado al pago, pues la suma embargada equivale a un pago adelantado que libera al deudor del desembolso mensual hasta el agotamiento de los fondos y los intereses que devengue (12).

En cuanto a los bienes sobre los que recae, la doctrina ha señalado que, para garantizar cuotas futuras, se pueden solicitar diferentes medidas precautorias; entre ellas, el embargo preventivo que puede re caer «sobre bienes inmuebles, bienes muebles registrables o bienes muebles cuyo registro no impone la ley, bienes muebles contenidos en cajas de seguridad del deudor alimentante, también sobre fondos depositados en cuentas bancarias de cualquier tipo, así como sobre inversiones o utilidades que él deba percibir, salarios y haberes previsionales, e incluso derechos hereditarios y hasta licencias de taxi» (13).

Como se dijo, el art. 550 del CCivCom.posibilita la fijación de medidas cautelares típicas, embargo de utilidades si el deudor es titular de acciones, designación de un interventor recaudador con facultades para acceder al establecimiento, controlar ingresos de caja y retener sumas de dinero (14), entre otras y variadas opciones.

En el fallo reseñado el embargo preventivo recae sobre un bien mueble registrable, como es el automotor, de titularidad del alimentante, hasta cubrir la suma de $81.000, en concepto de alimentos futuros por doce (12) meses.

El límite temporal denota los caracteres propios de este tipo de medidas, que son su provisionalidad y mutabilidad. Se trata de resoluciones interinas que mantienen su vigencia en tanto subsistan las circunstancias que motivaron su dictado, por lo que admiten modificación, sustitución o cese, en caso que se determine que han variado los presupuestos de hecho o de derecho en base a los cuales fueron decretadas.

Asimismo, cabe puntualizar que el art. 550 del CCivCom. admite expresamente que el obligado pueda ofrecer en sustitución otras garantías suficientes, a fin de solicitar la cancelación o modificación de la medida cautelar; circunstancia que no se verificó en el caso señalado.

b. La relevancia de la sentencia: su importancia y repercusiones

La resolución comentada tiene una importancia vital en torno a la efectividad de la sentencia de alimentos debidos a las niñas, niños y adolescentes. Ello es así desde que en las coyunturas familiares y la práctica judicial se revela el planteo de diversos casos concretos con similitudes fácticas al aquí analizado.

Todo lo señalado, a fin de garantizar la eficacia de la sentencia y con ello darle contenido al principio de tutela judicial efectiva (15) (art.706 del CCivCom., principio general de los procesos de familia).

En efecto, no basta que el juez o la jueza de familia declare mediante una resolución que existe una obligación alimentaria, si luego no se hace operativa a través de medios concretos (16).

La tutela judicial efectiva, no solo se encuentra al inicio de la causa y durante el proceso, sino que tiene especial relevancia al momento de la ejecución o cumplimiento de la resolución; y para lograr tal cometido el juez tiene amplias facultades y un abanico de medidas que debe aplicar teniendo en cuenta: los principios generales del ordenamiento jurídico, las normas de jerarquía constitucional- convencional (17), sin que exista un valladar en cuanto a la oportunidad de su decisión o aplicación.

Las medidas pueden ser sustituidas, ampliadas, e irse aplicando de manera progresiva ante un alimentante cada vez más reticente (18).

IV. ALGUNAS REFLEXIONES

Del fallo comentado se infiere que la solidaridad familiar es uno de los pilares constitucionales del derecho que regula las relaciones de las familias y responde a la finalidad de asegurar la digna subsistencia de los parientes más cercanos, en especial cuando se trata de niñas, niños y adolescentes.

Por ello, cuando está en juego su derecho a los alimentos, no solo se debe juzgar con perspectiva de vulnerabilidad para la fijación de una cuota justa que logre cubrir las necesidades de los alimentados, a cargo de quienes se encuentren en mejores condiciones de proporcionárselos, sino también se debe procurar a dar efectividad a las resoluciones que constriñan al pago de los mismos.

Es en este lineamiento, que el actual Código Civil y Comercial ha dotado a los magistrados de familia de amplias facultades a fin de asegurar y procurar el efectivo pago de los alimentos a las niñas, niños y adolescentes y así garantizar el respeto de su interés superior.Debe recordarse que los derechos y garantías de las niñas, niños y adolescentes, a más de gozar de jerarquía constitucional a partir de la inclusión de la Convención sobre Derechos del Niño en el art. 75 inc. 22 de la Constitución nacional, son de orden público, irrenunciables e intransigibles (Ley n.° 26061 ).

De allí la importancia de la aplicación del art. 550 del CCivCom. que establece la posibilidad de trabar medidas cautelares para asegurar el pago de alimentos futuros cuando hay indicios de que los demandados no cumplirán con su obligación. Así, verificada la concurrencia de los requisitos de las medidas cautelares en materia de alimentos: verosimilitud del derecho y peligro en la demora o peligro de daño, se abre un abanico de medidas tendientes a asegurar la percepción oportuna de alimentos por parte de los beneficiarios, evitando de antemano su insatisfacción.

El incumplimiento de la cuota alimentaria, el cumplimiento parcial o tardío, y la dificultad de afrontar la mesada en este contexto económico, agravado por la pandemia por Covid 19, constituyen situaciones objetivas que eventualmente podrían frustrar la percepción de la cuota por parte del alimentado, y habilitan a la magistratura al dictado de las medidas referidas.

Finalmente, para concluir corresponde enfatizar que el no pago de los alimentos es un flagelo que como sociedad debemos rechazar, y que requiere de una verdadera toma de conciencia (19) en pos de garantizar el interés superior del niño; eje central del tema abordado.

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(1) LORENZETTI, R.L. -director-, Código Civil y Comercial de la Nación comentado, Ed. Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2015, t. III, comentario al art. 550 CCCN, p. 448.

(2) HERRERA, Marisa; CARAMELO, Gustavo, PICASSO, Sebastián (Directores), Código Civil y Comercial de la Nación Comentado, Infojus, Buenos Aires, 2015, t. II, p. 267

(3) SQUIZZATO, Susana y SOLER, Guadalupe: «Los alimentos a cargo de los abuelos y a favor del niño, niña o adolescente:una cuestión de derechos humanos». Temas de Derecho de Familia, Sucesiones y Bioética. Ciudad autónoma de Buenos Aires: Erreius, Errepar SA., 2019, ps. 743/757.

(4) SOLER, Guadalupe y SQUIZZATO, Susana: «Medidas razonables frente al incumplimiento alimentario». Revista Actualidad Jurídica de Córdoba, Familia y Niñez, n.º 200, diciembre de 2020, ps. 469/474.

(5) MORELLO, Augusto M. y MORELLO DE RAMÍREZ, María S.: «El moderno derecho de familia», Ed. Librería Editora Platense, Bs.As., abril de 2002, p. 138/139.

(6) SQUIZZATO, Susana: «Alimentos entre parientes: ¿Deben los tíos alimentos a los sobrinos menores de edad?», Revista de Derecho de Familia, Octubre – 2021-V, Abeledo Perrot – ISSN 1851-1201 -p.164/172.

(7) Juzgado de Familia, Secretaria n.° 1, Oberá, Misiones, Auto interlocutorio Nº 1, 20 de Marzo de 2019: «Expte. Nº 62944/2018 – B.S.C. EN REP DE SHM C/ F.E.F. S/ Alimentos Conexidad Solicitada en autos 93947/2016 – B.S.C. Y L.G.R. S/DIVORCIO».

(8) JAUREGUI, Rodolfo G: «Otra condena alimentaria a un tío: nueva posibilidad de reflexionar sobre las prácticas judiciales y la pobreza en la argentina», DFyP 2020 (noviembre), 19/11/2020, 99. AR/DOC/3410/2020.

(9) LLUGDAR, Hugo A.: «Alimentos entre parientes: ¿y los tíos?, RDF 2021-II, 08/04/2021, 171, AR/DOC/435/2021.

(10) SQUIZZATO, Susana y SOLER, Guadalupe, Embargo de cuota alimentaria futura sobre la indemnización laboral del alimentante. Semanario Jurídico Nº: 2272, 24/09/2020, p.529/532.

(11) HERRERA, Marisa; CARAMELO, Gustavo, PICASSO, Sebastián (Directores), Código Civil y Comercial de la Nación Comentado, Tomo II. Infojus, Buenos Aires, 2015, ps. 266/268, comentario al art. 550.

(12) Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de San Isidro, en autos: «Messberg, Gabriela c/ Cuzzolino, José Luis s/ Alimentos – Causa Nº 80942, Reg. 473, de fecha 3/7/2003, cita: elDial.com – Al144.

(13) GUAHNON, Silvia V., Medidas cautelares y provisionales en los procesos de familia según el Código Civil y Comercial de la Nación. Ediciones La Rocca.Buenos Aires, 2016, ps. 370/371.

(14) MOLINA DE JUAN, Mariel en: Kemelmajer de Carlucci, Aída; Herrera, Marisa; Lloveras, Nora. Directoras. Tratado de Derecho de Familia según el Código Civil y Comercial de 2014. Rubinzal Culzoni Editores. Santa Fe, 2014. Tomo II, p. 357.

(15) NIETO, María M.:» La tutela judicial eficiente en los procesos de familia, en la actualidad» En: DFyP 2016 (diciembre), 10.

(16) A mayor abundamiento consultar: JURY, Alberto, «Incumplimiento de la cuota alimentaria», en «Alimentos», Tomo II; Kemelmajer de Carlucci y Molina de Juan (directoras), ed. Rubinzal -Culzoni, 1° ed. Santa Fe, 2014, p. 248 y sig.

(17) CURTI, Patricio Jesús, comentario al art. 553 del CCC, en «Código Civil y Comercial Explicado» – Doctrina y Jurisprudencia – Lorenzatti, Ricardo Luis (director general), Derecho de Familia, Herrera, Marisa (directora), Tomo I, Santa Fe, Rubinzal Culzoni, 2019, p. 410.

(18) ONOCKO, Sebastián, Incumplimiento del deber alimentario: medidas tradicionales e innovadoras, DFyP 2000 (noviembre), 19/11/2020, 87, Cita online: AR/DOC/3414/2020.

(19) MOLINA de JUAN, Mariel, en: Tratado de Derecho de Familia según el Código Civil y Comercial de 2014. Tomo II, Directoras: Aída Kemelmajer de Carlucci; Marisa Herrera y Nora Lloveras. Rubinzal Culzoni Editores. Santa Fe, 2014, comentario al art. 550 del CCC, p. 356.

(*) Abogada. Facultad de Derecho, UNC. Especialista en Derecho de Familia. Facultad de Derecho, UNR. Prosecretaria Letrada de la Cámara de Familia de Segunda Nominación de la ciudad de Córdoba. Adscripta de Derecho Privado VI (Familia y sucesiones), cátedra B, Facultad de Derecho, UNC.

(**) Abogada. Facultad de Derecho, UNC. Empleada del Poder Judicial de la provincia de Córdoba. Empleada de la Cámara de Familia de Segunda Nominación de la ciudad de Córdoba.

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