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#Fallos Covid19: Debe aplicarse a la accionante la segunda dosis de la vacuna, al encontrarse dentro del rango etario de riesgo y al haber vencido el plazo para la aplicación del segundo componente

Partes: L. D. H. c/ Ministerio de Salud s/ medida cautelar autónoma o anticipada

Tribunal: Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de San Martín

Fecha: 17-ago-2021

Cita: MJ-JU-M-134037-AR | MJJ134037 | MJJ134037

Se ordena a la Provincia de Buenos Aires inocular a la accionante con la segunda dosis de la vacuna contra el Covid-19, pues se encuentra dentro del rango etario considerado de riesgo, comprobado el vencimiento del plazo previsto por las autoridades sanitarias para la aplicación del segundo componente.

Sumario:

1.-Se encuentran prima facie reunidos los presupuestos de admisibilidad previstos en las normas procesales para la procedencia de la medida peticionada consistente en la aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra el Covid-19 a favor de la accionante, toda vez que pertenece a los grupos con mayor vulnerabilidad frente al virus y de vacunación prioritaria -conforme el plan provincial de vacunación- y el intervalo de tres meses entre dosis ha sido superado holgadamente.

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Fallo:

En la ciudad de General San Martín, en el día de la firma digital se reúnen en acuerdo ordinario los señores Jueces de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Martín, utilizando las herramientas tecnológicas provistas por la SCBA para el trabajo remoto (cfr. Anexo Resolución 10/20 SCBA), estableciendo el siguiente orden de votación de acuerdo al sorteo efectuado:

Jorge Augusto Saulquin y Ana María Bezzi , para dictar sentencia en la Causa N° SI2-9179/2021″L. D. Heaher c/ Ministerio de Salud s/ Medida cautelar autónoma o anticipada».

ANTECEDENTES

I.-

Con fecha 21/07/2020, el Señor Juez a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N° 2 del Departamento Judicial San Isidro, resolvió:

«Admitir la medida cautelar solicitada, ordenando a la demandada a que provea lo conducente, en la medida de la disponibilidad de la segunda dosis requerida, a fin de brindar una respuesta a la solicitud de la Sra. L. (de 79 años) atinente a que le sea aplicada la segunda dosis de la vacuna Sputnik V; en cuyo caso deberá arbitrar los mecanismos a su alcance para dar cumplimiento a dicha manda en el menor plazo posible, debiendo, en su caso, acreditar en autos la asignación de una fecha concreta para el turno de vacunación, dentro del plazo de cinco días hábiles; ello, previa caución juratoria que deberá prestar mediante escrito electrónico en esta dependencia (cfr. art 24 inc. 3 CCA, doct. CCASM causa n°9040, res. del 15/07/2021). 2) No imponer costas atento a la falta de sustanciación y diferir la regulación de honorarios para el momento procesal oportuno. REGISTRESE Y NOTIFIQUESE POR SECRETARÍAAL MINISTERIO DE SALUD Y A LA FISCALÍA DE ESTADO CON CARÁCTER URGENTE Y CONHABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES.» Para así decidir, el Sr.Juez de grado, luego de referirse a la competencia federal y provincial enel caso -con cita en la CCASM en causa N° 9040-, recordó lo dispuesto por los Decretos N° 260/20 y N°167/21. Señaló lo resuelto por los Decretos N° 132/20, 771/20 y N° 106/2021.

Por su parte, tuvo presente lo dictaminado por las Leyes Nacionales N° 27.491 y 27.573.

Asimismo, recordó que la Organización Mundial de la Salud recomienda la vacunación contra elCOVID-19 como una herramienta de prevención primaria fundamental para limitar las consecuencias sanitarias y económicas devenidas de la pandemia.

Recordó lo dispuesto -mediante Resolución N° 2883/20- por el Ministerio de Salud de la Nación.

Refirió lo resuelto por el Estado provincial mediante el Decreto N° 41/21 y por el Ministerio de Salud de la Provincia, mediante Resolución n° 629/21.

En este marco, con citas legales y jurisprudenciales, el Juez de grado procedió a expedirse respecto de los elementos necesarios para la procedencia de las medidas cautelares: la existencia de un derecho verosímil en relación al objeto del proceso, la posibilidad de sufrir un perjuicio inminente o la alteración o el agravamiento de una determinada situación de hecho o de derecho y que, con su dictado, no se afecte gravemente el interés público (cfr. art. 22 del C.C.A.).

Indicó que cuando se solicitaba una medida cautelar innovativa o anticipatoria, que constituía una decisión excepcional porque alteraba el estado de hecho y de derecho existente al tiempo de su dictado y un anticipo de jurisdicción favorable, se exigía mayor prudencia en la apreciación de los recaudos que hacen a su admisión (cfr. C.S.J.N., Fallos 325:2347; 326:2261; 326:3729; 327:2490).

Señaló que la medida autosatisfactiva concedía una tutela definitiva e irreversible, en una actuación autónoma que -debido a la propia naturaleza del pedimento incoado- se agotaba en sí misma, que no era accesoria, ni estaba subordinada a otro proceso (S.C.B.A.causa Ac 92.711″Fanessi», sent. del 26-IX-2007). Agregó que dado que su concesión implicaba el dictado inmediato dela sentencia de mérito, debían ser justipreciadas con un criterio sumamente restrictivo (doct. C.S.J.N.Fallos 323:3075), por lo que nos encontrábamos ante un proceso autónomo de neto carácter excepcionalísimo (doct. Cámara de Apelación Civil y Comercial del Departamento Judicial de Mar del Plata, Sala I in re «Consorcio de Propietarios Bolívar», sent. del 8-VII-2005)» (CCAMDP, causa n° 3694,sent. del 13/12/12, ver además CCASM, causas n° 3043 del 12/3/12, n° 3653, del 13/5/13, n° 3646 del9/5/13, doct. Cámara de Apelación Civil y Comercial del Departamento Judicial de Mar del Plata, Sala Iin re «Consorcio de Propietarios Bolívar», sent. del 8-VII-2005 y este Juzgado en causa n° 28106, res.del 17/6/21).

Y que su dictado estaba sujeto a la existencia de una fuerte probabilidad de que el derecho del postulante sea atendible -casi certeza- y no a la mera verosimilitud con la que se contentan las diligencias cautelares (doct. Cámara de Apelación Civil y Comercial del Departamento Judicial de Mardel Plata, Sala I in re «Bedoya», sent. del 20-V-2003; «Pietropaolo», sent. del 26-II-2004 -entre otros-;Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Martín in re «Karagozian»,sent. del 19-VII-2007); por lo que, en aquellos casos en los que la dilucidación del derecho esgrimido por el accionante requiriera de un cierto grado de verificación probatoria, la vía autosatisfactiva resultaría inadmisible (doct. esta Cámara causa C-3089-MP1 «Maldonado», sent. del 25-IX-2012).

Luego continuó, con citas doctrinales y jurisprudenciales, desarrollando el alcance del efecto autosatisfactivo de este tipo de medidas.

Citó lo dispuesto por la Constitución de la Provincia de Buenos Aires en el artículo 12, 36 inciso8°, art. 75, inciso 22°, 11, 12 de la C.N. y lo dispuesto por la O.G.14/00.

En ese marco, anticipó la admisión de la medida cautelar peticionada teniendo en cuenta que las particulares circunstancias del caso de autos -dada la avanzada edad de la actora y la superación del plazo de tres meses entre la primera dosis de Sputnik V y la segunda no asignada- y consideró que, de no acceder a la prestación requerida, se podía poner en riesgo su vida y su salud.

Luego, aclaró que la decisión era de carácter excepcional (CCASM, causas n° 8937, «Trunzo, Rocío Guadalupe c/ Gobierno de la Provincia de Buenos Aires s/ Pretensión Restablecimiento o Reconoc. de Derechos», res. del 03/05/2021 y n° 9026, «Barone Juan Andrés c/ Ministerio de Salud s/Amparo», res. del 31/05/2021).

Por todo ello, encontró prima facie fundados y acreditados los recaudos del art. 22 del CCA, y ordenó que la demandada provea lo conducente, en la medida de la disponibilidad de la segunda dosis requerida, a fin de brindar una respuesta a la solicitud de la Sra. L. (de 79 años) atinente a que lesea aplicada la segunda dosis de la vacuna Sputnik V; debiendo arbitrar los mecanismos a su alcance para dar cumplimiento a dicha manda en el menor plazo posible, acreditando la asignación de una fecha concreta para el turno de vacunación, dentro del plazo de cinco días hábiles.

Por último, advirtió que con el dictado de la tutela cautelar en cuestión no se afectaba el interés público (cfr. art. 22 del C.C.A., Ley n° 12.008, t.o. por Ley n° 13.101 y mod.; por remisión del art. 9 de laLey n° 13.928 y mod.), en la medida en que, la actora amparada en el Plan Nacional de Vacunación contra el Covid-19, llevado a cabo en el territorio de la Provincia de Buenos Aires, se encuentra adentro del grupo prioritario por su edad. Y citó lo dispuesto por CCASM, causa n° 9040, res.del15/07/2021.

II.-

Contra dicha sentencia, se alzó la parte demandada, interponiendo -mediante presentación electrónica de fecha 23/07/2021- recurso de apelación.

En primer término, señaló la falta de discusión respecto de la franja etaria de la actora (79 años);su condición de inscripta en el programa «Buenos Aires Vacunate», su pertinencia en el grupo poblacional de riesgo de personas. Y la necesaria finalización de su esquema de vacunación con el segundo componente de Sputnik V.

Sentado ello, se opuso a que dichas circunstancias habiliten a la actora a obtener judicialmente un turno inmediato para la vacunación contra el COVID-19, adelantándose al resto de las personas que integran el mismo grupo de riesgo y esperan a que el sistema general («turnera») les asigne un turno.

Consideró que no alcanzaba con considerar que la actora se encontraba comprendida en un grupo de riesgo y expuesta a formas graves de COVID-19 para disponer judicialmente respecto de ella una vacunación preferente, porque entendió necesario reparar que existe una cantidad relevante de personas que también tienen enfermedades preexistentes, integran en mismo grupo de riesgo ya guardan por la vacunación sujetándose al orden que surja del sistema general.

Afirmó que el Juez de grado no podía posicionar al actor en un orden preferencial respecto de todas las personas que también se encontraban inscriptas en el sistema e integran su grupo de riesgo, puesto que ello generaba -a su entender- un trato desigual con relación a las mismas (art. 11 CPBA y 16CN) y una alteración de la estrategia de vacunación desarrollada.

Señaló que era de público conocimiento, el hecho de que en este tiempo se había incrementado la velocidad y alcance del plan de vacunación, tanto a nivel nacional, cuanto provincial.Y que una demora causada por la ausencia del segundo componente de la vacuna aplicada a la actora, justificarla asignación prioritaria a la demandante.

Agregó que la omisión en convocar a la actora no era ilegítima sino que la asignación del segundo turno dependía de la disponibilidad del recurso, el cual era proveído por el Estado Nacional.

Refirió que el Juez consagraba un sistema que, en forma paralela y por fuera del plan de vacunación, ofrecía una suerte de «carrera» por plantear una medida autosatisfacía, un amparo o una cautelar antes que el resto de las personas que conforman el grupo de riesgo para, de ese modo, poder vacunarse antes que estos últimos.

Insistió en que la apelación tendía a resguar dar la rectitud del sistema y rechazar la idea que judicialmente se priorice a uno de los integrantes del grupo en desmedro del resto, porque ello implicaría -a su entender- alterar el orden de turnos que el sistema arroja automática y aleatoriamente, generando una suerte de salto o de «inaplicabilidad individual «de las normas generales a favor de la parte actora, con desconocimiento del principio de juridicidad y favoreciendo un otorgamiento inmediato de un turno, al que solo algunos habían accedido progresivamente a la fecha y el resto aún aguarda porel mismo.

Recordó lo resuelto por la CSJN en la causa «Bustos»»(26-X-2004), donde censuraba las resoluciones judiciales que permitían –vía autosatisfacía- la devolución de los depósitos a algunos ahorristas, en desmedro de quienes tenían una situación equiparable y no habían deducido este tipo de pretensiones.

Finalizando, sostuvo que el Juez había excedido los límites de su jurisdicción y solicitó la revocación de la medida autosatisfacía dictada en autos.

Por último, solicitó que el recurso sea concedido con efecto suspensivo (art.56.5 C.P.C.A).

III.

– Corrido el pertinente traslado, la actora lo contestó mediante presentación electrónica de fecha 28/07/2021.

IV.-

En fecha 05/08/2021, remitidas las actuaciones a esta Alzada en formato digital, y previo sorteo de ley, se llamaron para resolver (con fecha 09/08/2021).

En tales condiciones, este Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?

VOTACIÓN

A la cuestión planteada el Señor Juez Jorge Augusto Saulquin dijo:

1°)

Relatados los antecedentes relevantes de la causa, corresponde señalar en -primer lugar-que el recurso de apelación articulado por la parte demandada resulta formalmente admisible. Véase que fue presentado en escrito fundado, dentro del término de cinco (5) días (presentación electrónica del 23/07/2021) y se dirige contra la resolución de una medida cautelar (arts. 55 inc. 2° ap. b), 56 y 58del C.P.C.A.).

Sentado ello, el pedido para que el recurso sea concedido con efecto suspensivo carece -a mi juicio- de actualidad.

Es que, en primer lugar, en el marco del diseño procesal que establece el art. 59 del CCA, puede advertirse que -por vía de principio- la admisibilidad y resolución del recurso de apelación en el caso delas medidas cautelares se efectúa en forma conjunta por la Alzada al ingresar al tratamiento de la cuestión.

Tal circunstancia obsta -liminarmente- a que un pronunciamiento sobre el punto tuviere incidencia alguna en el cumplimiento o no de la medida cautelar hasta tanto se expida el Tribunal. Es que, desde esta óptica, carece de virtualidad alguna pronunciarse sobre el efecto suspensivo o devolutivo al declarar la admisibilidad formal de la impugnación recursiva, puesto que es en idéntica oportunidad en que ha de resolver -si fuere admisible- el recurso (conf.este tribunal en causa 8745-21 «Sosa MilcaSoledad c/ Concejo Deliberante de Tigre y otro/a s/ Pretensión Anulatoria», del 12/04/21, causa N°8937/21 «Trunzo» del 03/05/2021).

Lo expuesto, más allá de que, en la especie, el planteo debería haberse suscitado en el marco deun recurso de queja.

2°)

En segundo lugar -a fin de resolver el tema debatido- cabe recordar que el Código Contencioso Administrativo, en el art. 22, establece como requisito para el dictado de cualquier medida cautelar que: a) se invocare un derecho verosímil en relación con el objeto del proceso; b) existiere la posibilidad de sufrir un perjuicio inminente o la alteración o el agravamiento de una determinada, situación de hecho o de derecho; y c) la medida requerida no afectare gravemente el interés público.

A fin de resolver la cuestión, estimo pertinente tener el presente el bien jurídico tutelado y el marco legal aplicable.

Así, esta Cámara ha puntualizado -en un caso de aristas similares al presente (cfr. Causa N°9040/2021 del 13/07/2021)- que el Máximo Tribunal federal ha declarado que «.el derecho la vida es el primer derecho a la persona humana que resulta reconocido y garantizado por la Constitución Nacional(Fallos: 302:1284, 324:3569 ), y reafirmó el derecho a la preservación de la salud -comprendido dentro del derecho a la vida-, destacando el deber impostergable que tiene la autoridad pública de garantizar ese derecho con acciones positivas» (cfr. Fallos:321:1684 , 323:1339 , 324:3569 ).

Asimismo ha entendido «.que la vida de los individuos y su protección -en especial el derecho a la salud- constituyen un bien fundamental en sí mismo, que a su vez, resulta imprescindible para el ejercicio de la autonomía personal.» y que «.el derecho a la vida es un derecho implícito, ya que el ejercicio de los restantes derechos requiere necesariamente de él y a su vez, el derecho a la salud -especialmente cuando se trata de enfermedades graves- está íntimamente relacionado con aquél, toda vez que un individuo gravemente enfermo no está en condiciones de optar libremente por su propio plan de vida.» (cfr. dictamen del Procurador General de la Nación, op. cit.).

Por su parte, la Constitución de la Provincia de Buenos Aires prevé en el artículo 12 que:

«Toda persona en la Provincia goza, entre otros de los siguientes derechos: [.] 3) al respeto de la dignidad, al honor, la integridad física, psíquica y moral» y reconoce, entre los derechos sociales, el derecho a la salud. En efecto, el artículo 36 inciso 8° establece que: «La Provincia garantiza a todos sus habitantes el acceso a la salud en los aspectos preventivos, asistenciales y terapéuticos.».

Además, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, de jerarquía constitucional (cfr. art. 75, inciso 22° de la C.N.) dispone lo siguiente:

«Derecho a la preservación de la salud y bienestar. Toda persona tiene derecho a que su salud sea preservada por medidas sanitarias y sociales.» (art.11).

3°)

Cabe señalar también el marco normativo del plan que rige la vacunación contra el Covid 19.

Así, debe recordarse que mediante el dictado del Decreto N° 260/20 se amplió en nuestro país por el plazo de un (1) año la emergencia pública en materia sanitaria establecida por la Ley N° 27.541 en virtud de la pandemia de COVID-19 declarada con fecha 11 de marzo del 2020 por la Organización Mundial de la Salud (OMS). El mismo fue prorrogado hasta el día 31 de diciembre de 2021 mediante el Decreto N° 167/21.

En ese marco, mediante el Decreto N° 132/20, ratificado por la Ley N° 15.174, se declaró en la Provincia la emergencia sanitaria a tenor de la enfermedad causada por el coronavirus, por el término de ciento ochenta (180) días a partir de la fecha de su dictado, prorrogada por Decreto N° 771/20 y luego por Decreto N° 106/2021, en ambos casos, por idéntico plazo.

Por su parte, de tenerse presente que la Ley Nacional N° 27.491 entiende a la vacunación como una estrategia de salud pública preventiva y altamente efectiva y la considera como bien social, sujeta a principios de gratuidad, interés colectivo, disponibilidad y amplia participación, declarándola de interés nacional.

Y que la Ley Nacional N° 27.573 declaró de interés público la investigación, desarrollo, fabricación y adquisición de las vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida contra el COVID-19 en el marco de la emergencia sanitaria con el objetivo de asegurar la cobertura de la población con vacunas seguras y eficaces contra esta enfermedad.

Asimismo, debe recordarse que la Organización Mundial de la Salud recomienda la vacunación contra el COVID-19 como una herramienta de prevención primaria fundamental para limitar las consecuencias sanitarias y económicas devenidas de la pandemia.

En dicho contexto, con el objetivo de disminuir la morbilidad, la mortalidad y el impacto socioeconómico causados por la pandemia de COVID-19 en Argentina, a partir de lavacunación de la totalidad de la población objetivo en forma escalonada y progresiva, de acuerdo con la priorización de riesgo y la disponibilidad de dosis de vacunas, el Ministerio de Salud de la Nación -como organismo rector del sistema de sanitario nacional- aprobó mediante Resolución N° 2883/20 el «Plan Estratégico para la vacunación contra la Covid-19 en la República Argentina».

Por la mentada Resolución, el Ministerio de Salud de la Nación resolvió en su artículo 4° invitar «a todas las jurisdicciones provinciales y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a realizar las gestiones que sean necesarias para llevar adelante las acciones de planificación interna, a fin de atender los aspectos relacionados con la logística, distribución, recursos humanos, sistema de información, registro, monitoreo, supervisión y evaluación, como así también las acciones de vigilancia sobre la seguridad dela vacuna, a fin de implementar el Plan Estratégico para la Vacunación contra la COVID-19 de manera eficiente».

Dicha cartera nacional proveerá sin cargo a todas las jurisdicciones las vacunas que se encuentren debidamente autorizadas para su uso y de acuerdo a la disponibilidad de las mismas en el territorio nacional, como así también jeringas, agujas, descargadores y carnets de vacunación y respecto a su implementación establece:

«En el nivel jurisdiccional, los ministerios de salud provinciales serán los responsables de la conducción la implementación de la estrategia (.) Cada provincia debe elaborar un plan de acción que incluya la planificación por componente, organización, ejecución y evaluación de la introducción de la vacuna contra SARS-CoV-2, según objetivos».

Por su parte, el estado Provincial mediante el Decreto N° 41/21 designó al Ministerio de Salud como autoridad sanitaria responsable de llevar adelante la campaña de vacunación en la Provincia de Buenos Aires, en el marco del citado Plan Estratégico para la vacunación contra la COVID-19 en la República Argentina.Así en el artículo 2 se estableció:

«Encomendar al Ministerio de Salud la elaborac ión del plan de acción que incluya la planificación por componente, organización, ejecución y evaluación de la introducción de la vacuna contra SARS-CoV-2, según objetivos. El plan deberá consolidar las acciones por municipios y tendrá que considerar: 1. Análisis e identificación de la población objetivo según condiciones de riesgo. 2. Elaboración de estrategias individualizadas acordes la población a vacunar, para realizar un abordaje integral e intensivo».

En ese marco, el Ministerio de Salud de la Provincia, mediante Resolución N° 629/21, aprobó el «Plan Público, Gratuito y Optativo de Vacunación contra el Coronavirus en la Provincia de Buenos Aires «Buenos Aires Vacunate», a fin de llevar adelante la campaña de vacunación en la provincia de Buenos Aires, en el marco del citado «Plan Estratégico para la vacunación contra la Covid-19 en la República Argentina», aprobado por Resolución N° 2883/2020 del Ministerio de Salud de la Nación, que tiene como objeto disminuir la morbi-mortalidad por COVID-19 en la provincia de Buenos Aires.

De la página https://vacunatepba.gba.gob.ar surge que «El plan provincial de vacunación gratuito, público y optativo contra el coronavirus tiene como objetivo vacunar a toda la población mayor de 18años. La vacunación se llevará a cabo en etapas de acuerdo a los grupos establecidos. En una primera etapa se priorizará a los grupos con mayor vulnerabilidad frente al virus, mayor exposición o por las funciones estratégicas que tengan: Personal de salud; Otras poblaciones estratégicas definidas por las jurisdicciones y la disponibilidad de dosis; Adultos de 60 años y más; personas mayores residentes en hogares de larga estancia; Personal docente y no docente (inicial, primaria y secundaria); Fuerzas armadas, de seguridad y personal de servicios penitenciarios; Personas entre 18 y 59 años de alto riesgo de presentar formas graves de la enfermedad (con enfermedades como:enfermedad cardiovascular preexistente, diabetes mellitus, enfermedad pulmonar crónica, enfermedad renal crónica o obesidad con IMC mayor 35)».

4°)

Repasada dicha normativa y bajo tales perspectivas corresponde decidir la cuestión traída aestudio.

Sentado ello, cabe señalar que dentro del limitado marco de conocimiento que admite el presente pronunciamiento cautelar, y ponderando a su vez razonablemente los derechos que estarían en juego, desde mi óptica se encuentran prima facie reunidos los presupuestos de admisibilidad previstos en las normas procesales para la procedencia de la medida peticionada.

Es que, en la especie, la actora (L. D. H., DNI 4.291.989) es una persona mayor de 60 años a quien, en el marco del programa provincial «Vacunate», se le aplicó la vacuna Sputnik V, primera dosis, en fecha 08/04/2021.

En efecto, observo que la actora fue inoculada con la vacuna hace 4 meses (a la fecha de este pronunciamiento) superando -con holgura- el intervalo indicado por las autoridades sanitarias.

En ese marco, no puede soslayarse que la accionante pertenece a los grupos con mayor vulnerabilidad frente al virus y de vacunación prioritaria -cfr. plan provincial de vacunación citado precedentemente- y que el intervalo de tres meses entre dosis -como se dijo- ha sido superado holgadamente.

No obstante he de dejar aclarado que esta decisión es de carácter excepcional dada las características del caso. Ello, a efectos de no alterar el programa de vacunación que tiene previsto la Provincia de Buenos Aires (cfr. esta Cámara en causa Nº 9026 «Barone Juan Andrés c/ Ministerio de Salud s/ Amparo» Resol. del 31 de Mayo de 2.021, Causa N° 9040 «Bastieri» del 13/07/2021, Causa N°8937, «Trunzo», res.del 03/05/2021, entre otras).

Por último, entiendo que no se afecta el interés público puesto que es de público conocimiento que los accionantes se encuentran dentro de los grupos que deben ser priorizados en la vacunación en el marco de la disponibilidad de inoculantes.

Respecto del carácter autosatisfactivo de la medida, encuentro evidente la existencia de un peligro en la demora que justifica el otorgamiento de la misma.

Peligro que -como se viera con anterioridad- se encuentra debidamente acreditado con las condiciones personales de la actora (rango etario, inoculación de la primera dosis de Sputkin V y el vencimiento del plazo previsto por las autoridades sanitarias para la aplicación del segundo componente).

Respecto a los argumentos atinentes al impacto que ocasiona la medida con relación a otras personas, entiendo que una dosis no hace mella al volumen de las vacunas con las que hoy por hoy tiene la provincia de Buenos Aires, máxime teniendo en cuenta que es de público y notorio conocimiento que han llegado recientemente más vacunas al país y su inminente producción nacional.

En este sentido, a la luz de lo expuesto, no se advierte que exista una violación al orden público ni a la norma que prevé el Plan de Vacunación y las etapas y población priorizada.

Todo lo expuesto conduce al rechazo de la apelación interpuesta y la confirmación de la medida cautelar dispuesta por el Sr. Juez de grado.

Ello, destacando la posibilidad con la que cuenta la accionante de optar entre las distintas alternativas de vacunas que -a la fecha del presente decisorio- se encuentran disponibles a los fines de reemplazar el segundo componente de la Sputnik V (segunda dosis) y que ya han empezado a inocularse en la provincia de Buenos Aires.

En consecuencia, propongo a mi distinguida colega: 1) Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y confirmar la resolución atacada en todos sus términos.Ello, destacando la posibilidad con la que cuenta la accionante de optar entre las distintas alternativas de vacunas que -a la fecha del presente decisorio- se encuentran disponibles a los fines de reemplazar el segundo componente de la Sputnik V (segunda dosis) y que ya han empezado a inocularse en la provincia de Buenos Aires. 2) Imponer las costas a la demandada en su calidad de vencida (art 51 inc. 1C.P.C.A) y 3) Diferir la regulación de honorarios para el momento procesal oportuno.

ASÍ LO VOTO.

La señora Jueza Ana María Bezzi votó a la cuestión planteada en igual sentido y por los mismos fundamentos, con lo que terminó el Acuerdo dictándose la siguiente:

RESOLUCIÓN

Por todo lo expuesto, en virtud del acuerdo que antecede, este Tribunal RESUELVE:

1°) Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y confirmar la resolución atacada en todos sus términos. Ello, destacando la posibilidad con la que cuenta la accionante de optar entre las distintas alternativas de vacunas que -a la fecha del presente decisorio- se encuentran disponibles a los fines de reemplazar el segundo componente de la Sputnik V (segunda dosis) y que ya han empezado a inocularse en la provincia de Buenos Aires.

2°) Imponer las costas a la demandada en su calidad de vencida (art 51 inc. 1 C.P.C.A) .

3°) Diferir la regulación de honorarios para el momento procesal oportuno. Regístrese, notifíquese electrónicamente a las partes en sus domicilios electrónicos en forma urgente (cfr. art. 1° inc. 3 c. 2 de la Res. 10/20 SCBA) y, oportunamente, procédase a la radicación electrónica en el juzgado de origen.

SAULQUIN Jorge Augusto

JUEZ

BEZZI Ana Maria

JUEZ

SANTOS Alexandra Carolina

SECRETARIO

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