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#Fallos Fotoperiodismo: El Estatuto del Periodista es aplicable a la trabajadora que cumplía tareas de fotógrafa para una página web

Partes: Rubio Jennifer c/ Compañía de Medios Digitales CMD S.A. y otro s/ despido

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: VII

Fecha: 14-jul-2021

Cita: MJ-JU-M-133595-AR | MJJ133595 | MJJ133595

El Estatuto del Periodista es aplicable a la trabajadora que cumplía tareas de fotógrafa para una página web.

Sumario:

1.-Es aplicable el Estatuto del Periodista respecto de la trabajadora que realizaba tareas de fotógrafa para una página web, siendo sus fotografías las que acompañaban notas que se publicaban en el portal, realizando cobertura de eventos, guardias periodísticas, noticiosos e ilustraciones, todo lo cual está corroborado por un acta notarial donde se constató que en la página web existían pantallas con artículos periodísticos relativos a miembros del ambiente artístico y al mundo de los famosos en los cuales se leía que la actora era la fotógrafa y que hay más de mil notas periodísticas y todas ellas tienen al menos una foto, por lo cual al menos parte de la actividad de la demandada es periodística y, por ende, las tareas que realizaba la actora, son propias de la actividad (art. 2 , Ley 12.908).

2.-Es procedente confirmar la aplicación de los arts. 29 y 14 de la Ley de Contrato de Trabajo al estar acreditado que la actora durante la relación laboral se desempeñó como fotógrafa para la sociedad propietaria de una página web, quien era la que se beneficiaba en forma directa por sus servicios, fijaba los horarios de trabajo y las jornadas, además de haber estado bajo las órdenes, dirección y control de los superiores de ella, todo ello con la interposición fraudulenta de una cooperativa de trabajo.

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3.-Siendo aplicable el Estatuto del Periodista, no es procedente la integración del mes de despido, porque el art. 43 de la Ley 12.908 (que contiene una regulación de la indemnización sustitutiva del preaviso notoriamente más favorable que la de la LCT) no contempla ese rubro.

4.-Procede la integración del mes de despido, porque si bien la Ley 12.908 no menciona explícitamente el rubro, no es menos cierto que se encuentre prevista implícitamente en el art. 43, inc. a) ,que establece que el plazo del preaviso comenzará a computarse a partir del día hábil del mes siguiente de su notificación, debiendo practicarse ésta por escrito, que adopta el mismo sistema que luego recibió la Ley de Contrato de Trabajo (art. 233, párr. segundo ), conforme el cual cuando la extinción del contrato de trabajo se produzca sin preaviso y en fecha que no coincida con el último día del mes, la indemnización sustitutiva debida al trabajador se integra con una suma igual a los salarios por los días faltantes hasta el último día del mes que el despido se produjera (voto en disidencia parcial de la Dra. Carambia).

Fallo:

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 14 días del mes de julio de 2021, para dictar sentencia en estos autos: «RUBIO, JENNIFER c/ COMPAÑÍA DE MEDIOS DIGITALES CMD S.A. y OTRO s/DESPIDO», se procede a votar en el siguiente orden:

LA DOCTORA GRACIELA L. CARAMBIA DIJO:

I. La sentencia de primera instancia, que hizo lugar a la demanda ha sido apelada por la parte actora y codemandada Compañía de Medios Digitales CMD S.A. (hoy «GC Gestión Compartida S.A.») de los memoriales que han sido presentados en formato digital, los cuales recibieron oportuna réplica.

El perito contador, apela los honorarios que le fueron regulados, por considerarlos bajos.

II. La demandada afirma que la sentencia le causa agravio en tanto la Juez «a quo» realizó una errada valoración de la prueba testimonial, rendida a instancias de la parte actora (testigos Barreiro y Reyes), en tanto sostiene que no se han tenido en cuenta las impugnaciones formuladas y descartado las declaraciones de los testigos ofrecidos por su parte y haber considerado la sentenciante aplicable los arts. 29 y 14 LCT.

Adelanto que, analizadas las constancias de la causa y los términos del recurso, a mi juicio, la queja intentada no puede prosperar.

En efecto, el apelante intenta restarle credibilidad a los dichos de los testigos que declararon a propuesta del accionante para lo cual se limita a reiterar las impugnaciones efectuadas en su oportunidad las que a mi juicio, no son tales.

En sentido coincidente con el «a quo» considero que los testigos citados (ver fs. 71/72 Barreiro Nadia y fs.88 Reyes Felix), fueron contestes en señalar que la actora era la fotógrafa de la página web «Ciudad.com» (la página web perteneciente a CMD).

Nótese que al respecto la testigo Barreiro declaró: «.que la actora era la fotógrafa oficial de la página «ciudad.com» y tenía un trabajo de cooperación entre los periodistas y la fotógrafa Jennifer bajo las ordenes de los editores responsables, la actora sacaba las fotos de las notas que la testigo y otros escribían, esto incluye cobertura de eventos como por ej.: un Martin Fierro, guardias periodísticas, noticiosos e ilustraciones, como dijo a entrevistas que se planifican, por ejemplo la dicente le hizo una nota a Juan Marconi con una producción en exteriores y con Lucas Beltramo que era el jefe de la actora y la testigo, organizaron la locación de las fotos que fue en Palermo.» Luego Reyes refirió: «.sabe que la actora trabajaba para «ciudad.com» porque compartía jornadas laborales, que la actora era fotógrafa.Que la actora se acreditaba por ciudad.com y lo sabe porque muchas veces se han acreditado juntos.

Y el testigo que declarara por impulso de la demandada Duhalde (fs. 73) dijo:

«.que CMD contrataba a Cooperativa Plasman trabajos eventuales, con muy poca frecuencia, que Plasman contrato a la actora, lo sabe porque la contratación indicaba que la actora le brindaba servicios a plasman. Que el servicio de fotografía se efectuaba para ciudad.com, que no puede precisar con qué frecuencia se subía fotos a ese sitio, cree que esporádicamente.».

El recurrente insiste en restarle credibilidad a los dichos de los testigos impulsados por la parte actora, pero lo cierto es que su recurso se encuentra plagado de manifestaciones dogmáticas de disconformidad y apreciaciones subjetivas que no logran conmover el análisis efectuado por el sentenciante de grado en términos que comparto.

A mayor abundamiento cabe memorar que la sentenciante para decidir como lo hizo tomó en cuenta el acta notarial de fs.06/09/2014 (obrante en el anexo 14334), que conforme lo constato la escribana interviniente, en la página web «ciudad.com.», existen 55 pantallas con artículos periodísticos relativos a miembros del ambiente artístico y al mundo de los famosos y en todos los artículos se lee la leyenda «fotos: Jennifer Rubio», que hay más de mil notas periodísticas y todas ellas tienen al menos una foto.

Desde tal perspectiva, deseo aclarar que comparto el análisis integral de la prueba efectuado por la sentenciante de grado, por la cual se ha logrado demostrar que el accionante durante la relación laboral se desempeñó para COMPAÑÍA DE MEDIOS DIGITALES (hoy GESTION COMPARTIDA S.A.), cuya página web es «ciudad.com», quien era la que se beneficiaba en forma directa por sus servicios, fijaba los horarios de trabajo y las jornadas, además de haber estado bajo las órdenes, dirección y control de los superiores de ella; todo ello con la interposición fraudulenta de COOPERTATIVA DE TRABAJO PLASMAN LIMITADA., por lo que corresponde confirmar el encuadramiento jurídico del caso en el art. 29 LCT; En consecuencia, propongo desestimar el recurso intentado en este sustancial aspecto.

III. La demandada se queja por la aplicación al caso del Estatuto del Periodista pero, en este aspecto los agravios intentados tampoco tendrán favorable acogida pues sella la suerte del agravio lo decidido en cuanto al fondo del asunto, ya que del plexo probatorio anteriormente analizado surge indubitado que la actora realizaba tareas de fotógrafa para la página de CMD «ciudad.com». Siendo su fotografías las que acompañaban notas que se publicaban en el portal; realizando cobertura de eventos como el Martin Fierro, guardias periodísticas, noticiosos e ilustraciones.

Todo ello corroborado por el acta notarial (obrante en el anexo 14334), donde la escribana interviniente constato que en la página web «ciudad.com.», existen 55 pantallas con artículos periodísticos relativos a miembros del ambiente artístico y al mundo de los famosos en los cuales se lee la leyenda «fotos:Jennifer Rubio» y que hay más de mil notas periodísticas y todas ellas tienen al menos una foto.

Consecuentemente, al igual que ha concluido la Sra. Jueza de grado, entiendo que, al menos parte de la actividad de CMD es periodística, por ende las tareas que realizaba la actora, son propias de la actividad (art. 2 ley 12908) y resulta aplicable al caso el estatuto señalado.

En este sentido abundante jurisprudencia ha concluido que: una empresa proveedora de servicio de internet, que cuenta con un portal de contenido de información y entretenimiento se encuentra comprendida dentro del estatuto bajo análisis, no solo porque resulta innegable que en virtud de las nuevas expresiones del periodismo, producto de la proliferación de distintos medios de comunicación, la actividad periodística no puede ser limitada por la idea tradicional de noticia y por el contrario comprende el concepto de información tanto general como especializada, sino porque, además es claro que dicho portal cumple con la finalidad de propalar o exhibir noticias de carácter periodístico (CNTrab., sala V 4/9/2008, «Arias, Rodrigo Hugo c. Uolsinectis SA», La Ley online entre otros).

Por lo tanto, la queja no prosperara y resultan procedentes las indemnizaciones reclamadas previstas por la legislación especial (Estatuto del empleado de Empresas Periodísticas) para los supuestos de despido injustificado.

IV. Se queja, también, por la condena dispuesta en relación a las multas previstas en la Ley de Empleo.

Adelanto que, en virtud de las circunstancias del caso, así como los términos del recurso, el agravio no debe tener favorable acogida.

En efecto, acreditada en el caso la contratación fraudulenta a través de una intermediación en los términos del art. 29 LCT, el tema ha quedado debidamente zanjado mediante el dictado del Fallo Plenario Nro. 323 del 30.6.10, autos: «Vázquez, María Laura c/ Telefónica de Argentina S.A. s/ Despido», en el cual se decidió que cuando de acuerdo con el primer párrafo del artículo 29 de la L.C.T.se establece que el trabajador ha sido empleado directo de la empresa usuaria de sus servicios, procede la indemnización del art. 8° de la ley 24.013 aunque el contrato de trabajo haya sido inscripto solamente por la empresa intermediaria.

En consecuencia, estando acreditados los requisitos de procedencia conforme lo normado en el artículo 11 de la ley 24.013 ( cfrm fs. 195 y 196 del informe del Correo Oficial) corresponde confirmar la condena al pago de la multa del art. 8º de dicho cuerpo normativo, así como la prevista en el art. 15 por haberse producido el despido dentro del plazo establecido en dicho ordenamiento.

Por lo expuesto, la crítica no tendrá favorable andamiento.

V. Se queja la demandada por la procedencia de la integración mes despido, argumentando que la ley 12.908, no prevé dicho rubro.

La queja no tendrá favorable recepción por cuanto si bien la ley 12908 no lo menciona explícitamente, no es menos cierto que se encuentre prevista implícitamente en el art. 43 inc. a) que establece que:.el plazo del preaviso comenzará a computarse a partir del día hábil del mes siguiente de su notificación, debiendo practicarse ésta por escrito.», que adopta el mismo sistema que luego recibió la ley de contrato de trabajo (art. 233 párrafo segundo), según el cual cuando la extinción del contrato de trabajo se produzca sin preaviso y en fecha que no coincida con el último día del mes, la indemnización sustitutiva debida al trabajador se integra con una suma igual a los salarios por los días faltantes hasta el último día del mes que el despido se produjera.

VI.A continuación, la accionada también se queja por la procedencia de las horas extras denunciadas en el inicio pero, en este aspecto tampoco cabe atender su recurso.

Analizando el planteo recursivo, adelanto que el mismo no constituye una crítica concreta y razonada de la sentencia cuya revocatoria pretende.

En tal sentido, cabe señalar que la apelante se limita a mostrar su disconformidad con lo resuelto, sin siquiera hacerse cargo e intentar controvertir los argumentos esgrimidos por la magistrada de origen para fundar su decisión, lo que impide considerar que el recurso cumple con las previsiones del art. 116 LO.

Creo conveniente recordar aquí que la expresión de agravios debe constituir una exposición jurídica que contenga el análisis serio, razonad o y crítico de la sentencia recurrida, a través de manifestaciones idóneas tendientes a descalificar los fundamentos en los que se sustenta la solución adoptada en el decisorio, mediante la invocación los argumentos que considera desacertados o a la puesta de manifiesto de la incorrecta interpretación del derecho declarado aplicable a la controversia (en similar sentido esta Sala, in re: «Tapia, Román c/ Pedelaborde Roberto», S.D. Nº 73117, del 30/03/94, entre otras).

Ha sostenido la jurisprudencia, con criterio que comparto, que la expresión de agravios debe contener una crítica concreta y razonada del fallo en grado. Debe ser precisa, expresando con claridad y corrección, de manera ordenada, los motivos de disconformidad, facilitando al tribunal de alzada el examen de la sentencia sometida al recurso y, sobre todo, de limitar el ámbito del reclamo. Disentir con el criterio del Juez, sin fundamentar la oposición o sin dar bases a un distinto punto de vista, no es expresar agravios (CJSalta, 12-3-03, Libro de Protocolo 83, págs.805/812).

Vale recordar que, en este momento procesal ya se tiene toda la prueba realizada, es decir el presentante, cuenta con toda la información necesaria como para fundar su petición y expresar la medida de su interés, cuestión que no sucede en este punto.

Sin perjuicio de lo expuesto señalo que, considerando la jornada denunciada, la prueba testimonial producida (Reyes y Barrientos) y la ausencia total de registro, cabe tener por acreditado que el actor prestaba servicios en horas extraordinarias, y por lo tanto el demandado estaba obligado a llevar el registro del art. 6 Ley 11.544. Al no haber sido exhibido el mismo, y atento lo dispuesto por el art. 52 incs. g) y h) LCT., corresponde tener por acreditadas la cantidad de horas extras reclamadas al inicio conforme art. 55 LCT.

En consecuencia, propongo desestimar el recurso intentado en el punto.

VII. En orden al planteo vinculado al art. 80 LCT respecto de la obligación de entrega de los certificados, he de señalar que la responsabilidad que dimana del art. 29 LCT, se extiende a la totalidad de las obligaciones laborales, y Compañía de Medios Digitales S.A.

(hoy Gestión Compartida S.A), la verdadera empleadora de la actora, no puede pretender sustraerse de los deberes impuestos por la norma citada.

En lo que hace a la procedencia de la multa, en virtud de que la actora procedió a intimar la entrega de los certificados conforme Dec. 146/01 (ver fs. 198 del informe del correo argentino), y los mismos no le fueron entregados, concluyo que la imposición de la multa en el caso se encuentra plenamente justificada.

VIII. Finalmente, agravia a la parte demandada los intereses dispuestos en grado y, en este punto, tampoco le asiste razón.

En mi opinión, la justa reparación al trabajador ante el cumplimiento tardío de la obligación por parte del deudor se encuentra resarcido desde que cada suma fue debida y hasta su efectivo pago, con la aplicación de la tasa nominal anual para préstamos personales libre destino del Banco Nación (cfr.Acta 2601) conforme las facultades conferidas por el artículo 767 del Código Civil y Comercial de la Nación con los alcances del Acta 2630 del 27/4/2016 y, a partir del 1/12/2017, conforme tasa activa efectiva anual vencida, cartera general diversa del Banco Nación (cfr. Actas CNAT 2658 pto.3 del 8/11/2017).

En consecuencia, teniendo en cuenta los parámetros utilizados en primera instancia, propongo confirmar lo allí decidido en el punto.

IX. Con relación al agravio de la parte actora, respecto del rechazo de la multa prevista en el art. 2 de la ley 25323, comparto la aplicación realizada por la magistrada a quo, de la doctrina plenaria Nº 313 del 05/06/07 en autos: «Casado, Alfredo c/ Sistema Nacional de Medios Públicos», en tanto establece que el recargo previsto por el art. 2º ley 25.323 no se aplica a las relaciones regidas por la ley 12.908, a las indemnizaciones dispuestas en el artículo 43, incisos b) y c), de esta última ley. Asimismo, tampoco se aplica a la indemnización dispuesta en el inciso d) del mismo artículo»; por lo que no advierto motivos para apartarme de lo resuelto en origen, ateniendo a que los argumentos del recurso no pasan de ser meras manifestaciones dogmáticas y subjetivas inconducentes para alterar la conclusión de grado (cfr. art. 116 LO).

X. Con relación al rechazo por diferencias salariales e item antigüedad comparto el rechazo dispuesto en la sede de grado.

En efecto, de la atenta lectura del escrito de inicio, no se invoca el convenio colectivo de trabajo aplicable por el cual pretende las diferencias convencionales, como así tampoco la normativa por la cual pretende el ítem antigüedad reclamado.

De esta forma, sólo puedo concluir que el sustento normativo que arguyen en esta instancia luce claramente extemporáneo (cfr. art.277 CPCCN), destacando en el punto que los recurrentes no puede pretender introducir por vía de la prueba que citan, argumentos que no fueron expuestos oportunamente al iniciar demanda.

Repárese que de conformidad con los lineamientos del art. 65 de la LO, la demanda laboral debe ser precisa en cuanto a la cosa demandada, los hechos en que se funde, y el reconocimiento jurídico que se pretende.

Jurisprudencialmente se ha hecho hincapié en que el reclamante tiene la carga de invocar claramente los hechos en los que sustenta su pretensión haciendo una exposición circunstanciada de los hechos configurativos de la relación jurídica en que se basa la petición judicial. Es decir, deben describirse los hechos que, previstos por las normas con efectos jurídicos, hagan operar la regulación jurídica del caso, pues no basta invocar simplemente un marco jurídico de una situación sin explicar los hechos cuyo encuadre legal se pretende.

La claridad en la exposición tiene importancia fundamental pues pone en juego las garantías de congruencia y de defensa en juicio, ya que el demandado corre con la carga de negar o desconocer los hechos (cfr. art. 65 de la Ley 18.345).

Asimismo, el derecho debe exponerse aunque sea en forma sucinta. La pretensión es una articulación combinada de hechos jurídicos que, de enmarcarse en los tipos o previsiones legales permitirán la entrada en operación de normas jurídicas.

Señalado lo anterior, y en tanto la pretensión a los rubros reclamados, no luce adecuadamente fundada fáctica y jurídicamente, propongo sin más confirmar lo actuado en origen (cfr. art. 8 LCT y art. 65 L.O.) XI. En cuanto al cuestionamiento de los honorarios regulados a los profesionales intervinientes en autos, resultan adecuados a las tareas cumplidas y pautas arancelarias aplicables por lo que propongo confirmarlos, como así la imposición de costas (cfr. art. 68 CPCCN).

En virtud de la solución alcanzada considero justo que las costas de alzada sean soportadas por la demandada GESTION COMPARTIDA S.A.quien ha sido vencida en lo principal del reclamo (art. 68 CPCCN). A dicho efecto estimo los honorarios de los letrados intervinientes en esta etapa en el 30% de lo que les corresponda percibir por su actuación en primera instancia (art. 14 ley 21.839).

EL DOCTOR HECTOR C. GUISADO DIJO:

Comparto, en lo sustancial, los fundamentos y conclusiones del voto que antecede, a excepción de lo referente a la integración del mes de despido, pues, como he tenido oportunidad de expresar, en mi calidad de juez de la Sala IV, En cambio, no es procedente la «integración mes de despido», el art. 43 de la ley 12.908 (que contiene una regulación de la indemnización sustitutiva del preaviso notoriamente más favorable que la de la LCT) no contempla ese rubro (CNAT, Sala IV, 12/6/07, «Di Mango, Marcelo Claudio y otro c/ América TV S.A. s/ despido»; en igual sentido: íd., Sala II, 20/9/06, S.D. 94.462, «Esteban, Alicia Beatriz c/ Cámara Argentina de la Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias s/ despido»).

Propicio entonces detraer del monto de condena la suma de $ 3.674,30 y, consecuentemente, reducir el monto de condena a la cantidad total de $ 509.335,91, con más sus intereses.

Asimismo, considero que las costas de la alzada deben ser soportadas por GESTIÓN COMPARTIDA SA (art. 68 Cód. Procesal) En síntesis, voto por: 1) Modificar parcialmente la sentencia apelada, reduciendo el monto de condena a la cantidad total de $ 509.335,91, con más sus intereses en la forma establecida en origen. 2) Confirmar el pronunciamiento en lo demás que ha sido motivo de recurso. 3) Imponer las costas de alzada a GESTIÓN COMPARTIDA SA. 4) Regular los honorarios. 4) Regular los honorarios de segunda instancia para la representación y patrocinio letrado de la parte actora y de GESTIÓN COMPARTIDA SA en el (%) de lo que en definitiva le correspondiere por la actuación en primera instancia. 5) Oportunamente, cúmplase con lo dispuesto en el art.1º de la ley 26.856 y con la Acordada de la CSJN 15/2013.

LA DOCTORA BEATRIZ E. FERDMAN DIJO:

En lo que resulta objeto de disidencia entre mis distinguidos colegas preopinantes, adhiero al voto del Dr. Héctor C. Guisado.

A mérito de lo que resulta del precedente acuerdo, el Tribunal RESUELVE: 1) Modificar parcialmente la sentencia apelada, reduciendo el monto de condena a la cantidad total de $ 509.335,91 (QUINIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS), con más sus intereses en la forma establecida en origen. 2) Confirmar el pronunciamiento en lo demás que ha sido motivo de recurso. 3) Imponer las costas de alzada a GESTIÓN COMPARTIDA SA. 4) Regular los honorarios. 4) Regular los honorarios de segunda instancia para la representación y patrocinio letrado de la parte actora y de GESTIÓN COMPARTIDA SA en el (%) de lo que en definitiva le correspondiere por la actuación en primera instancia. 5) Oportunamente, cúmplase con lo dispuesto en el art. 1º de la ley 26.856 y con la Acordada de la CSJN 15/2013.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

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