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#Doctrina La efectividad de la sentencia de alimentos

Autor: Squizzato, Susana – Soler, Guadalupe Soler

Fecha: 25-abr-2021

Cita: MJ-DOC-15841-AR | MJD15841

Sumario:

I. Introducción. II. Medidas para garantizar la efectividad de la sentencia de alimentos. II.a. Medidas expresas. 1. Medidas cautelares. 2. Responsabilidad solidaria. 3. Intereses. II.b. Medidas abiertas. Análisis del art. 553 del Código Civil y Comercial. III. Algunas medidas conminatorias-sancionatorias. IV. Reflexiones finales.

Doctrina:

Por Susana Squizzato (*) y Guadalupe Soler (**)

I. INTRODUCCIÓN

Al abordar la temática vinculada con la efectividad de la sentencia de alimentos, partimos del reconocimiento que el Código Civil y Comercial de la nación (en adelante CCC) realiza de una dura realidad, la cual se ha intensificado con motivo de la pandemia (SARS COVID-19): la falta del debido cumplimento en el pago de los alimentos. Ello, tanto en general y a partir de todas sus fuentes, como especialmente en relación a los niños, niñas y adolescentes (en adelante NNA), sujetos vulnerables respecto de los cuales debe garantizarse el derecho a la tutela judicial efectiva, que requiere que las resoluciones adoptadas se cumplan de manera oportuna y efectiva.

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El incumplimiento al deber alimentario, particularmente en relación a los hijos e hijas menores de edad, importa una violación a un derecho humano fundamental, dado a su intrínseca vinculación con el derecho a la salud, al desarrollo y a la vida misma. Todos derivados de la dignidad humana.

En ese marco, la legislación brinda a los jueces y las juezas de familia múltiples herramientas tendientes al reconocimiento y a la protección del derecho humano fundamental del hijo o hija menor de edad y al respeto por su interés superior (art. 3 CDN) que debe primar por sobre el del progenitor o progenitora (obligado alimentario (1)).

Es así, que en el libro 2 «Relaciones de familia», al tratar los alimentos entre parientes (titulo 4, capítulo 2, sección 1 alimentos entre parientes), el CCC consagra diferentes medidas tendientes a asegurar el pago de alimentos, las que resultan aplicables a los alimentos derivados de la responsabilidad parental en virtud de la remisión del art. 670 del CCC.

Desde la doctrina se ha enseñado que, a fin de garantizar la efectividad de los alimentos, existen medidas expresas y otras medidas denominadas abiertas.

II. MEDIDAS PARA GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DE LA SENTENCIA DE ALIMENTOS

II.a.MEDIDAS EXPRESAS:

Entre las medidas para asegurar el pago de alimentos que surgen en forma expresa del articulado del CCC podemos mencionar:

1. Medidas cautelares

El art. 550 del código de fondo prevé específicamente la posibilidad de trabar medidas cautelares para asegurar el pago de alimentos futuros, provisionales, definitivos o convenidos. Se trata de las medidas cautelares tendientes -en principio- a evitar futuros incumplimientos, como el embargo de bienes, de indemnizaciones laborales, sobre lo cual la jurisprudencia local se ha expedido en numerosas oportunidades (2).

Tradicionalmente las medidas cautelares corresponden al trámite de ejecución para asegurar la percepción de las cuotas alimentarias devengadas y no pagadas; sin embargo, resultan también procedentes para garantizar el cumplimiento de cuotas futuras cuando las circunstancias del caso permitan suponer que el pago por parte del alimentante podría tornarse imposible o demasiado difícil. Es que la demora o el incumplimiento liso y llano de la prestación alimentaria incide de manera directa en el bienestar del alimentado. Por supuesto que el acreedor alimentario cuenta con todas las vías de ejecución y herramientas previstas por las normas procesales, conforme a cada legislación provincial.

La norma en estudio posibilita la adopción de medidas de tipo asegurativas del pago de alimentos hacia el futuro, cualquiera sea su naturaleza (provisionales, definitivos o convenidos) (3). La admisibilidad del embargo de alimentos futuros encuentra justificación a través del análisis de los requisitos de las medidas cautelares en materia de alimentos; estos son:la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora o peligro de daño.

En cuanto a la concurrencia del recaudo relativo a la verosimilitud del derecho resulta procedente con la acreditación de un crédito alimentario, que puede surgir de una cuota provisoria o definitiva fijada por el tribunal e incluso convenida.

El peligro en la demora o peligro de daño puede estar representado por el hecho cierto de haber revestido el alimentante la calidad de incumplidor, por la circunstancia actual de no contar con un trabajo registrado, por acreditarse una desvinculación laboral, entre otras causas.

En el supuesto de despido o desvinculación laboral se ha sostenido que aun cuando de momento no exista incumplimiento, si el alimentante se ha mostrado reticente con anterioridad, en el futuro puede reiterarse tal situación. Incluso si hubiera voluntad de cumplir, la carencia de un trabajo estable genera una situación de incertidumbre que debe ser contrarrestada, dada la naturaleza asistencial de la obligación que torna imperiosa la necesidad de asegurar su pago (4).

Por lo demás, la naturaleza alimentaria que reviste la indemnización laboral por despido injustificado, no obsta a la procedencia de la medida cautelar. Ello es así desde que los límites de embargabilidad que establece la legislación laboral no son de aplicación en el caso de cuotas por alimentos, debiendo fijarse el monto de modo que permita la subsistencia del alimentante.

2. Responsabilidad solidaria

Seguidamente el art. 551 del CCC establece la responsabilidad solidaria por el pago de la cuota alimentaria a quien no cumple la orden judicial de depositar la suma que debió descontar a su dependiente u otro acreedor. Al respecto también existen importantes pronunciamientos de la magistratura de familia en este sentido (5).

Como se sostiene doctrinariamente, esta disposición evidencia la preocupación del legislador por la eficacia de la sentencia que fija una cuota alimentaria.Está dirigida a ciertos terceros que, por disposición judicial, deben actuar colaborando con la justicia para la retención de la suma alimentaria (6). En otras palabras, el espíritu y finalidad teleológica de la mencionada regla, es bregar por el cumplimiento efectivo de la mesada alimentaria, es decir, que ciertos terceros, colaboren con la retención de la suma de dinero correspondiente a la cuota alimentaria. Siendo ello así, de su tenor literal y desde una perspectiva sistémica (arts. 1 y 2 del CCC), en principio, pueden extraerse los siguientes presupuestos como condicionantes de la solidaridad legalmente impuesta (arts. 551 y 828 del CCC). Ellos serían:

a. – Que exista un deudor alimentario obligado al pago.

b. – Que el alimentante perciba ingresos o tenga alguna suma de dinero disponible respecto de la cual se haya ordenado retener judicialmente el importe correspondiente a la cuota alimentaria. Ello implica que el agente de retención en lugar de entregar la totalidad de la suma que corresponde al acreedor (deudor alimentario), deberá previamente efectuar la retención y depositar los montos correspondientes para la subsistencia del alimentado en la cuenta designada a tal fin.

c. – Que en caso de no cumplir con lo señalado en el punto que antecede, surgirá legalmente la responsabilidad solidaria, pues se ha infringido con la orden judicial de depositar la suma de dinero correspondiente a los alimentos.

El fundamento de la solidaridad prevista por el art. 551 del CCC se afinca en la no retención de los montos cuando existe una orden judicial de hacerlo, y no como sanción al incumplimiento del deber de no informar la extinción o modificación de la relación laboral.Adviértase que tanto la normativa sustancial como la procesal prevén diversos tipos de sanciones al deber de no informar, fijando las condiciones necesarias para su aplicación, pero no puede hacerse extensivo el supuesto de solidaridad legal del 551 del CCC, a situaciones no previstas por el ordenamiento, pues los supuestos de solidaridad legal deben estar expresamente determinados por la texto de la ley (7).

3. Intereses

En la misma línea se encuentra el art. 552 del CCC, el cual establece que las sumas debidas por alimentos por incumplimiento en el plazo previsto devengan una tasa de interés equivalente a la más alta que cobran los bancos a sus clientes (ej. las de descuento) más la que el juez fije según las circunstancias del caso.

Se trata de una medida de tipo resarcitoria. Desde la jurisprudencia se ha precisado que la tasa de interés debe ser fijada por el juez (8). Y teniendo en cuenta que la pensión alimenticia se traduce en una obligación de pagar suma de dinero, debe devengar intereses a partir de la fecha de la mora (artículo 768 inc. b) del CCC), que se fija el día de vencimiento de la obligación cada mes.

Al respecto se ha señalado que el reclamo dado a conocer de un modo fehaciente tiene la virtualidad de retrotraer los efectos de la sentencia y, por ende, determinar desde cuando se hacen exigibles los alimentos impagos y, además, de constituir en mora automática (art. 886 del CCC) al deudor de alimentos (9).

Ahora bien, los intereses debidos a raíz del incumplimiento en tiempo de la obligación alimentaria son intereses «moratorios» pero no compensatorios. Es que la postergación en el cumplimiento de la obligación alimentaria genera un perjuicio adicional, representado por la pérdida de la productividad potencial del capital que integra la prestación alimentaria al que el alimentado tenía derecho a partir del momento mismo en que la obligación alimentaria debió cumplirse.De lo contrario es el alimentante quien vendría a enriquecerse injustificadamente con la productividad de un capital dinerario que no le pertenecía ya jurídicamente. En este mismo sentido se ha sostenido los intereses moratorios, constituyen un débito resarcitorio que se impone a quien incumple una obligación de dar sumas de dinero (o de valor) y no se requiere de un acuerdo que los establezca, en cuyo caso, se aplica la tasa legalmente establecida o, si no existiera una ley especial que los determine, serán los jueces que entiendan en el caso, los encargados de fijarla (10).

Resta señalar que si bien en la práctica de los tribunales locales de la provincia de Córdoba se recurre a la planilla de uso judicial y, por ende, los intereses se fijan en el criterio sentado por el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia (es decir, Tasa Pasiva Promedio Mensual que publica el BCRA con más el 2% mensual (11)), lo cierto es que en definitiva el cálculo arroja intereses inferiores a los que se pueden peticionar por la aplicación inmediata del art. 552 del CCC. Así, doctrinariamente se ha sostenido que el artículo 552 del CCC es aplicable específicamente a las obligaciones alimentarias en situación de mora en su pago y que son objeto de reclamo judicial, ya que el propósito de la norma es desalentar el incumplimiento y la mora de las obligaciones alimentarias (12); mas no resulta de aplicación al caso en que aún no puede hablarse de reticencia del deudor (13).

III.b. MEDIDAS ABIERTAS: ANÁLISIS DEL ART. 553 DEL CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL

En este camino encontramos el art.553 del Código Civil y Comercial (CCC), que establece que «El juez puede imponer al responsable del incumplimiento reiterado de la obligación alimentaria medidas razonables para asegurar la eficacia de la sentencia» (14).

Esta disposición opera a manera de cierre del plexo normativo orientado a la eficacia de la sentencia de alimentos; y constituye una «norma abierta» que faculta al magistrado para disponer medidas razonables para asegurar el cumplimiento de los alimentos fijados en la sentencia o convenio homologado.

Se orienta dotar de eficacia a la sentencia de alimentos a través de la implementación de un abanico de herramientas tendientes a conminar, resarcir, asegurar y sancionar al deudor para que cumpla su obligación alimentaria. Desde prestigiosa doctrina (15) se ha señalado que proceden todas las vías de ejecución para lograr la satisfacción del acreedor, incluso decretar la suspensión de procesos conexos, como el juicio por reducción, en forma restrictiva y sin afectar el derecho de defensa.

Al desmenuzar la norma advertimos que:

a) El juez «puede imponer» al responsable del incumplimiento medidas. Al referirnos a esta disposición (que funciona a modo de sanción, y para compeler al cumplimiento) debemos considerar que generalmente se realiza a pedido de parte. Es aquí que corresponde efectuar un paréntesis para destacar el rol fundamental del abogado/as de familia, quienes en forma previa a efectuar la petición concreta de la medida realizan una investigación a los fines de precisarla, considerando las características, personalidad, modo de vida, hobbies, entre otras cuestiones del incumplidor al cual va dirigida.Así, difícilmente una medida como la prohibición de salir del país logrará la finalidad persuasiva buscada en un progenitor o progenitora incumplidora que normalmente no viaja o no tiene previsto hacerlo; o la suspensión del carnet de conducir para quien no conduce, o no tiene vehículo.

A su vez, las medidas suelen ser requeridas por el asesor/a de familia en su rol de representante complementario del NNA, por el propio hijo (NNA) con el patrocinio del abogado del niño e incluso de oficio por el juez o la jueza, que normalmente emplaza a acreditar el cumplimiento bajo apercibimiento de adoptar estas medidas (medida conminatoria pura) y luego las aplica.

b) La norma continúa refiriéndose «al responsable»: se observa el concepto de responsabilidad familiar, de solidaridad familiar, tan arraigado en la historia del derecho de las familias.

c) Seguidamente especifica que el incumplimiento debe ser «reiterado», no obsta a que sea total o parcial. La legislación no requiere que se encuentre en trámite una etapa de ejecución de sentencia, pero sí deviene imprescindible que cuente con la debida fundamentación (art. 3 del CCC). A modo de ejemplo, cabe señalar que a los efectos de inscribir a un alimentante en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos de la Provincia de Córdoba, deben cumplirse los requisitos establecidos por la Ley n.° 8892 (16) modificada por Ley n.° 9998, que en su art. 2 establece: «Corresponde al Registro de Deudores Alimentarios Morosos, a) Llevar un listado de todos los obligados que adeudan tres (3) o más cuotas alimentarias consecutivas o cinco (5) alternadas, ya sea que correspondan a alimentos provisorios o definitivos fijados u homologados por sentencia firme».

d) El «incumplimiento debe ser de la obligación alimentaria», entendiendo a los alimentos como un derecho humano básico.

e) La «razonabilidad» de la medida:es el magistrado/a de familia quien efectúa un test de razonabilidad en el caso concreto, dado a que se presenta una puja o tensión entre distintos derechos involucrados y se deben adoptar soluciones en las que el perjuicio no sea mayor que el beneficio. A modo ilustrativo, recordamos un fallo de una jueza de familia (17), donde se reseña que el progenitor alimentante desarrollaba su actividad como chofer de taxi y entre las medidas requeridas se encontraba la suspensión de la licencia de conducir. Allí la magistrada consideró que «dada la actividad laboral del alimentante y las dificultades actuales en el cumplimiento de su obligación alimentaria, se incrementarán las posibilidades de incumplimiento de la prestación vigente, repercutiendo ello negativamente en el derecho alimentario de C., generando un efecto contraproducente con lo que se pretende lograr con la aplicación de ésta medida. Por ello, considera que, en ésta oportunidad la suspensión del carnet de conducir no resultaría ‘razonables’ para compeler al alimentante al acabado cumplimiento de su deber alimentario».

Así, al efectuar el test de razonabilidad, se parte de la necesidad, de la urgencia, del carácter asistencial que justifica la adopción de la medida (18); es precisamente la subsistencia del alimentado -cuyo interés superior debe primar-, pero sin cohonestar un abuso del derecho (art. 10 del CCC). Con el despacho de la medida, no deben contrariarse los fines del ordenamiento jurídico ni excederse los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres, es el juez quien debe evitar los efectos del ejercicio abusivo o de la situación jurídica abusiva.

Entonces, ante un conflicto entre el derecho a los alimentos, a la vida, a la salud, y por ejemplo el derecho a transitar libremente, acceso a la justicia, entrar y salir del país, se ha señalado que se «.debe encontrar un equilibrio razonable, desde que todos son derechos fundamentales garantizados en la Convención Americana y de gran importancia en una sociedad democrática.Adquiere relevancia aquí la regla de proporcionalidad que debe mediar entre la herramienta procesal y la solución buscada» (19). Se ha sostenido que el principio de proporcionalidad, derivación del principio de razonabilidad, se utiliza como herramienta de interpretación a los fines de resolver problemas de compatibilidad de derechos en el caso concreto, valorándose la funcionalidad de la misma (20).

En este marco, destacada doctrina alerta que la disposición legal bajo estudio debe ser utilizada con cautela. Así, resulta provechosa su aplicación para evitar eventuales conductas incumplidoras, «pero no tiene que llegar al límite de afectar a los alimentantes regularmente respetuosos de sus deberes» (21), por lo que el tribunal deberá actuar en búsqueda del justo equilibrio.

Mas lo cierto es que en caso de un conflicto debe decidirse qué derecho prevalece sobre otro, lo cual es examinado de acuerdo con las características del caso y teniendo como norte siempre el interés superior del NNA.

f) Todo lo señalado, a fin de garantizar la eficacia de la sentencia y con ello darle contenido al principio de tutela judicial efectiva (22) (art. 706 del CCC, principio general de los procesos de familia).

En efecto, no basta que el juez/a de familia declare mediante una resolución que existe una obligación alimentaria, si luego no se hace operativa a través de medios concretos (23).

La tutela judicial efectiva, no solo se encuentra al inicio de la causa y durante el proceso, sino que tiene especial relevancia al momento de la ejecución o cumplimiento de la resolución; y para lograr tal cometido el juez tiene amplias facultades y un abanico de medidas que debe aplicar teniendo en cuenta: los principios generales del ordenamiento jurídico, las normas de jerarquía constitucional- convencional (24), sin que exista un valladar en cuanto a la oportunidad de su decisión o aplicación.

Las medidas pueden ser sustituidas, ampliadas, e irse aplicando de manera progresiva ante un alimentante cada vez más reticente (25).

III.ALGUNAS DE LAS MEDIDAS CONMINATORIAS – SANCIONATORIAS.

A continuación, detallamos algunas de las medidas conminatorias – sancionatorias más frecuentes, recordando que pueden aplicarse muchas otras, conforme a los límites señalados, a la creatividad y la razonabilidad.

1) Suspensión del trámite de procesos conexos

La propuesta consiste en dilatar el dictado de resolución en aquellos procesos conexos al de alimentos, en los cuales el deudor alimentario tenga interés, y sin afectar el derecho de acceso a la jurisdicción. Las hipótesis que se presentan en la práctica judicial son múltiples. A modo de ejemplo puede citarse: la suspensión del incidente de reducción o cesación de cuota alimentaria pues importa una sanción tendiente a conminar al alimentante a que, previo a la continuación del trámite, abone las cuotas atrasadas (26); la paralización de tramitación del recurso de apelación interpuesto por el alimentante contra la resolución que determinó la cuota provisoria o definitiva, condicionando la concesión del traslado del memorial a la contraparte, o la remisión de las actuaciones a la cámara de apelaciones, al pago efectivo de la prestación (27); la suspensión del trámite de la incidencia de modificación del cuidado personal que planteara el incumplidor (28), entre otros.

2) Suspensión de la licencia de conducir

Los tribun ales locales se han pronunciado al respecto, tanto suspendiendo la licencia de conducir en la vía pública como ordenando la prohibición de su renovación. Ello, con el fin de compeler al deudor alimentario a modificar su conducta remisa. Para garantizar el cumplimiento de la sentencia se ha oficiado al Municipio que había expedido la licencia (29).

3) Prohibición de salir del país

En un caso en el cual se ordenó la prohibición de salir del país del deudor alimentario se señaló que la medida no afectaría el derecho constitucional de libertad de entrar y salir del país contemplado en el art.14 de la Constitución nacional, desde que cesaría una vez cumplida la obligación o prestada garantía suficiente, y que frente a la pugna de los derechos en juego, debía prevalecer el interés superior del niño (30). En otro pronunciamiento también se ordenó prohibir la salida del país del progenitor de una joven menor de edad, debido al sistemático incumplimiento de la cuota alimentaria y hasta tanto regularizara el pago de la obligación alimentaria a su cargo. A dichos efectos se ofició a la Dirección Nacional de Migraciones y a la Policía Aeronáutica (31).

4) Prohibición de asistencia a espectáculos públicos

Otra medida tendiente a lograr el cumplimiento es la prohibición de asistencia, ingreso y permanencia del obligado alimentario a diversos espectáculos que sean de su interés o preferencia. En esta hipótesis se ha dispuesto la prohibición a la asistencia y/o entrada a todo espectáculo deportivo y bailable (32). Especialmente se denegó el ingreso del alimentante, a todo espectáculo deportivo en el que participe el «Club Atlético Talleres» y para ello se ofició a la Policía de Córdoba y a la Dirección Nacional de Seguridad en Espectáculos Futbolísticos, para incluir progenitor en la lista de personas que tienen restringido el ingreso a los encuentros futbolísticos, dentro del marco del «Programa tribuna segura» (Sistema de Seguridad en Espectáculos Futbolísticos «SISEF» Resolución N° 33, del 29/01/2016, «Registro Nacional de Personas Con Derechos De Admisión En Espectáculos Futbolísticos»). En la misma resolución se dispuso también denegar la asistencia y/o entrada y/o participación alimentante a todo espectáculo bailable de los artistas musicales «Damián Córdoba», «Sabroso» y/o cualquier otro de similares características (33).

5) Inscripción en registros de deudores alimentarios

La mayoría de las provincias han creado dentro de su jurisdicción los denominados Registros de Deudores Alimentarios Morosos (34). Las implicancias de resultar inscripto en dichos registros se vinculan cuestionesreferidas al ámbito público. Entre otras, se pueden señalar la imposibilidad de obtener licencias o permisos de las instituciones u organismos públicos provinciales, ni ser designado como funcionario jerárquico en la administración pública, o ser proveedor de ningún organismo del Estado, como tampoco pueden ser postulantes a cargos electivos de la provincia, desempeñarse como magistrados o funcionarios del Poder Judicial, obtener viviendas sociales, etc. (35).

6) Arresto los fines de semana

La ley nacional n° 13.944 (y modificatorias) (36) establece penalidades para el incumplimiento de los deberes de asistencia familiar en consonancia con la Convención Americana de Derechos Humanos. Dicho convenio internacional dispone, en su art. 7 inc. 7 : «Nadie será detenido por deudas. Este principio no limita los mandatos de autoridad judicial competente dictados por incumplimientos de deberes alimentarios». En tal marco se ha establecido un plazo para que el deudor cancele la deuda alimentaria bajo apercibimiento de proceder a su arresto en la comisaría de su localidad desde la 13.00 horas de los días sábados hasta las 06.00 horas del día lunes posterior (37).

7) Realización de tareas comunitarias y cursos de género

Tal el caso de un incumplidor alimentario de profesión abogado a quien se le ordenó dar charlas, cursos sobre derechos y deberes del sistema jurídico (38). Recordamos otro precedente en el que la Oficina Única de Violencia Familiar y de Género de la ciudad de Alta Gracia, en un caso de divorcio con situaciones de violencia, la magistrada emplazó al agresor, abogado de profesión, a realizar una capacitación obligatoria en la materia por espacio de ocho meses.

8) Exclusión del inmueble donde habita

En un precedente jurisprudencial el magistrado ordenó la exclusión o el desalojo a través de la policía del deudor alimentario (39).

9) Suspensión de la portabilidad numérica del celular

Se ha establecido que corresponde suspender la portabilidad numérica del celular a los fines de forzar al incumplidor al pago de los alimentos adeudados (40).

IV.REFLEXIONES FINALES

A modo de conclusión en torno al interés superior del niño y la iniciativa judicial en la utilización de métodos novedosos para dar de efectividad a sus resoluciones, debemos resaltar que el actual Código Civil y Comercial ha dotado a los magistrados de familia amplias facultades a fin de asegurar y procurar el efectivo pago de los alimentos a las NNA y así garantizar el respeto de su interés superior.

Deber recordarse que los derechos y garantías de los NNA, a más de gozar de jerarquía constitucional a partir de la inclusión de la Convención sobre Derechos del Niño en el art. 75 inc. 22 , son de orden público, irrenunciables e intransigibles (Ley n° 26061 ). Como consecuencia de ello es que, en la materia que abordamos, el código de fondo recepta con énfasis el principio de la oficiosidad (art. 706 y cc del CCC).

La temática -como dijimos más arriba- tiene directa vinculación con la subsistencia de la persona y derecho a la vida. El no pago de los alimentos es un flagelo que como sociedad debemos rechazar, y requiere de una verdadera toma de conciencia (41).

En la mayoría de los casos a su vez, el incumplimiento alimentario no solo impacta directamente en los NNA, sino que también tiene incidencia en las mujeres cuidadoras, y aquí resulta necesario el examen del contexto a los fines de juzgar con perspectiva de género y neutralizar la violencia económica que importa el no pago de los alimentos, dando así cumplimiento a las pactos internacionales.Se ha sostenido que la conducta omisiva del progenitor configuraba un supuesto de violencia de género (económica o patrimonial) en los términos de la Ley n.° 26.485 de «Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Integral contra las mujeres», ocasiona un deterioro de su situación económica ya que debe cubrir de manera exclusiva las necesidades materiales de sus hijos, con la consiguiente limitación de sus recursos (42).

Puntualmente, el art. 553 del CCC establece que el juez puede imponer «medidas razonables para asegurar la eficacia de la sentencia» a quienes resulten responsables de incumplimiento reiterado de la obligación alimentaria. Se recepta de este modo el principio constitucional de tutela judicial efectiva.

En tal senda la jurisprudencia de los últimos años viene elaborando y aplicando una serie de medidas conminatorias-sancionatorias tendientes a compeler al deudor alimentario a cumplir y a modificar su conducta remisa.

Hoy más que nunca cobra plena vigencia la célebre frase del Dr. Morello, en cuanto a que el juez no puede ser un prófugo de la realidad; realidad económica, social, familiar, de allí que debe resolver el conflicto de la manera más justa, para que la resolución no se vuelva irrazonable.

Se debe juzgar con perspectiva de vulnerabilidad, asegurando una sociedad justa, pacífica e inclusiva, integrando las normas de modo coherente con todo el ordenamiento jurídico, efectuando el test de constitucionalidad y convencionalidad, y brindando soluciones concretas según las particularidades del caso.

En las cuestiones vinculadas con el derecho de las familias debe atenderse a las especiales circunstancias y pormenores de cada caso en particular, para así evitar, por ejemplo, que la aplicación de ciertos principios aceptados torne a la decisión que se adopte en intrínsecamente injusta o abusiva.Cobra aquí gran relevancia el actuar oficioso y comprometido del juez, de un juez artesanal como se ha dicho reiteradamente, así como también el destacado rol de todos los operadores jurídicos.

Se requiere ajustar la mirada desde lo normado por la Constitución nacional y tratados de derechos humanos, para así contemplar la relación alimentaria a partir del diálogo de fuentes, de manera de alcanzar respuestas jurídicas integrales y valiosas para todas las personas protagonistas de la interacción.

La aplicación de las medidas que analizamos constituyen, justamente, una medida de acción positiva en los términos del art. 75 inc. 23 Constitución nacional, en cuanto se debe legislar y promover medidas de acción positiva (y aplicarse judicialmente).

Así, en el diario quehacer judicial se presentan casos en los cuales se evidencia una verdadera tensión de derechos humanos. Debe recordarse también, que la solidaridad familiar no puede poner en riesgo la propia subsistencia del alimentante, motivo por el cual se debe buscar la solución que garantice la protección integral de la familia (art. 14 bis de la CN).

Solo nos queda reiterar el rol fundamental que cumple el abogado/abogada de familia, en el acompañamiento, la investigación, petición concreta, con una permanente actividad colaborativa y de comunicación con el tribunal.

En líneas generales, con la adopción de las diferentes medidas comentadas se observa un plus en el esfuerzo por garantizar la percepción de los alimentos por parte de la persona necesitada.

Al ponderar los diferentes bienes jurídicos protegidos y su posible tensión, se concluye que en determinadas circunstancias deben primar las medidas tendientes a resguardar el derecho a los alimentos, el derecho a la vida y al desarrollo frente a otros intereses también legítimos y garantiz ados constitucionalmente.

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(1) SOLER, Guadalupe y SQUIZZATO, Susana: Medidas razonables frente al incumplimiento alimentario. Revista Actualidad Jurídica de Córdoba, Familia y Niñez, n.° 200, diciembre de 2020.

(2) SQUIZZATO, Susana y SOLER, Guadalupe: Embargo de cuota alimentaria futura sobre la indemnización laboral del alimentante.Semanario Jurídico N°: 2272, 24/09/2020, p.529/532.

(3) HERRERA, Marisa; CARAMELO, Gustavo y PICASSO, Sebastián (Directores): Código Civil y Comercial de la Nación Comentado, Tomo II. Infojus, Buenos Aires, 2015, ps. 266/268, comentario al art. 550 .

(4) CFlia2NomCba., en autos: «M., A. F. M. c/ B., F. – Juicio de alimentos – Contencioso – Cuerpo de copias – Recurso de apelación», Auto n.° 28 del 27/3/2018.

(5) Respecto a las medidas que alcanzan a terceros, tales como la responsabilidad solidaria de empleadora del deudor alimentario (art. 551 del CCC) se recomienda la lectura de: Juzgado de Familia de Quinta Nominación de la ciudad de Córdoba, Auto del 9/5/2016, cita online AR/JUR/23760/2016.

(6) MOLINA DE JUAN, Mariel, comentario al art. 551 en Código Civil y Comercial de la Nación Comentado, Tomo II- Directores Herrera, Marisa- Caramelo, Gustavo- Picasso, Sebastián – 1a ed., Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Editorial Infojus, 2015, p. 358.

(7) CFlia2NomCba., en autos: «G, Y B y otro – Solicita homologación – Cuerpo de Apelación de Sanciones Conminatorias y Responsabilidad del art. 551 del CCCN», Auto n.° 71 del 19/6/2018.

(8) CFlia2NomCba., «Cuerpo de incidente de aumento de cuota alimentaria en autos: C. S. I. c/ F., R. A. – Juicio de alimentos – Contencioso – Recurso de apelación», Auto n.° 105 del 20/9/2017.

(9) CFlia2NomCba., «Cuerpo de apelación en autos: L. F., J. L. B. y otro c/ G., M. N.- Juicio de alimentos- Contencioso», Auto n.° 63 del 1/6/2018.

(10) TSJCba., «Lauricella Héctor Pedro y otro c/ TRV SRL – Ordinario – Otros – Recurso de casación», expediente n.° 4772626, Sentencia n.° 146 del 15/11/2017.

(11) TSJCba., Sala Civil, «Espinosa Daniel c/ Ciudad de Córdoba Sacie y otros-Ordinario-Daños y Perjuicios-Accidentes de tránsito-Recurso de Casación (E 05/12), Sentencia n.° 181 del 8/10/2013; «Hernández, Juan Carlos C/ Matricería Austral S.A. – Demanda – Rec. de Casación», Sentencia n.° 39 del 25/6/2002.

(12) CEJAS, Alejandro A.y PETERELLI, M. Elisa: «Nuevas normas para la ejecución de alimentos. Aplicación del art. 552 del Código Civil y Comercial de la Nación sobre la aplicación de intereses bancarios», El Derecho. Diario de doctrina y jurisprudencia, 15/08/2017, N° 14245, año LV – ED 273, Buenos Aires.

(13) CFlia2NomCba., en autos: «P M, R G c/ P, J O – Juicio de alimentos – Contencioso – Cuerpo – recurso de apelación», Auto n.° 125 del 19/9/2019.

(14) HERRERA, Marisa; CARAMELO, Gustavo y PICASSO, Sebastián (Directores): Código Civil y Comercial de la Nación Comentado, Tomo II. Infojus, Buenos Aires, 2015, p. 264, comentario al art. 553.

(15) MOLINA DE JUAN, Mariel, comentario al art. 553 del CCC, en «Tratado de Derecho de Familia según el Código Civil y Comercial de 2014» – Kemelmajer de Calucci, Herrera y Lloveras (directoras), Tomo II, Santa Fe, RubinzalCulzoni, 2014, p. 364.

(16) http://www.saii.gob.ar/legislacion/ley-cordoba-8892-creacion registro deudores alimentarios.htm?44

(17) Juzgado de Familia de Tercera Nominación de la ciudad de Córdoba. Autos: «B., M.G. c/ F., J.J. – Medidas urgentes». Resolución: Auto n.° 163. Fecha: 29/5/2020. Jueza: Julia Rossi. Boletín Judicial Digital. https://www.iusticiacordoba.gob.ar/JusticiaCordoba/TSJ/boletin judicial

(18) FARAONI, Fabian y SQUIZZATO, Susana: «El incumplimiento de la cuota de alimentos (con especial referencia a la insolvencia alimentaria fraudulenta)», Temas de Derecho Civil, Persona y Patrimonio, Colección compendio Jurídico, Errerlus, Errepar SA, Noviembre de 2016. Ciudad autónoma de BS. As., ps. 39/57. ISBN 978-987-3953-61-3. http://erreius.errepar.com/sitios/ver/html/20161020121526867.html?k=El%20incumplimiento%20de%20 la°/o20cuota%20de%20alimentos

(19) GARCIA SOLA, Marcela y BARBERIO, Sergio J. «Lineamientos del principio de la Tutela Judicial efectiva. Principios procesales», Director PEYRANO, Jorge, T. II, Ed. Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2011, p. 255.

(20) MASCIARELLI, Carolina M.: «El rol del juez frente al incumplimiento de la obligación alimentaria. Una puerta a la creatividad judicial», enhttp://actualidadjuridica.com.ar/oldoctrina_viewview.php?id=995.

(21) MIZRAHI, Mauricio L.: Responsabilidad parental.Cuidado personal y comunicación con los hijos. Astrea. Buenos Aires, 2915, p. 349.

(22) NIETO, M. Marta: «La tutela judicial eficiente en los procesos de familia, en la actualidad» En: DFyP 2016 (diciembre), 10.

(23) A mayor abundamiento consultar: JURY, Alberto, «Incumplimiento de la cuota alimentaria», en «Alimentos», Tomo II; Kemelmajer de Carlucci y Molina de Juan (directoras), ed. Rubinzal -Culzoni, 1° ed. Santa Fe, 2014, p. 248 y sig.

(24) CURTI, Patricio J., comentario al art. 553 del CCC, en «Código Civil y Comercial Explicado» – Doctrina y Jurisprudencia – Lorenzatti, Ricardo Luis (director general), Derecho de Familia, Herrera, Marisa (directora), Tomo I, Santa Fe, Rubinzal Culzoni, 2019, p. 410.

(25) ONOCKO, Sebastián: Incumplimiento del deber alimentario: medidas tradicionales e innovadoras, DFyP 2000 (noviembre), 19/11/2020, 87, Cita online: AR/DOC/3414/2020.

(26) BELLUSCIO, Claudio: «Prestación Alimentaria – Régimen Jurídico», Ed. Universidad, Bs. As., 2006, p. 870.

(27) ALESI, Martín, Principios rectores del debido proceso de infancia. Garantías mínimas de procedimiento administrativo y judicial, en FERNÁNDEZ, Silvia (dir.): Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Visión constitucional, legal y procesal, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2014, t. III, en prensa. En: LORENZETTI, R. L., «Código Civil y Comercial de la Nación – Comentado», RubinzalCulzoni Editores, 1a ed., Santa Fe, año 2014, Tomo III, p. 457, comentario al art. 553.

(28) CFlia2NomCba., Autos: «R. G., N. E. c/ P. A., A. F. – Medidas urgentes – Cuerpo de apelación del acta de audiencia de fecha 23/10/2018». Resolución: Auto n.° 22. Fecha: 30/4/2020. https://www.justiciacordoba.gob.ar/JusticiaCordoba/TSJ/boletin_judicial

(29) Juzgado de Familia de Octava Nominación de la ciudad de Córdoba en autos «M., E. E. y otro- Solicita homologación», resolución de fecha 27/4/2020 https://www.justiciacordoba.gob.ar/JusticiaCordoba/Imcio/indexDetalle.aspx?codNovedad=22182 Juzgado de Familia de Primera Nominación de la ciudad de Córdoba en «M., S. c/ F., J. A.- Acciones de filiación». Auto n.° 821 del 23/9/2016.

(30) Autos 3474, del 29-10-10, caratulados «PAJ c RGA s/ Alimentos, Litisexpensas, Tenencia» expte. 1152/09, Revista de Derecho de Familia y de las Personas, año 3, N°1, enero/febrero 2011, con nota aprobatoria de BELLUSCIO, Claudio, «Prohibición de salir del país ante el incumplimiento alimentario», en LL 2011-A-227, con nota adversa de KIELMANOVICH, Jorge, «¿Prohibición de salir del país contra el deudor alimentario?» citados en JURY, Alberto, ob. cit., p. 271.

(31) Juzgado de Familia de Cuarta Nominación de la ciudad de Córdoba, «M., F. R. – L., M. S. – Divorcio vincular». Auto n.° 1023 del 25/10/2018 https://www.justiciacordoba.gob.ar/JusticiaCordoba/TSJ/boletin_judicial

(32) Juzgado de Familia de Segunda Nominación de la ciudad de Córdoba en «B., P. B. c/ G., D. A. – Régimen de visita/alimentos – Contencioso». Auto n.° 1299 del 26/12/2018. http://jurisprudenciacba.justiciacordoba.gob.ar/cordoba.php

(33) Juzgado de Familia de Segunda Nominación de la ciudad de Córdoba en «B., P. B. c/ G., D. A. – Régimen de visita/alimentos – Contencioso». Auto n.° 1299 del 26/12/2018. http://jurisprudenciacba.justiciacordoba.gob.ar/cordoba.php

(34) Tal es el caso, en la Provincia de Córdoba, de la Ley n° 8892 y modificatorias http://www.saij.gob.ar/legislacion/ley-cordoba-8892-creacion registro deudores alimentarios.htm?44 consultada 11/3/2021.

(35) HERRERA, Marisa; CARAMELO, Gustavo y PICASSO, Sebastián (Directores): Código Civil y Comercial de la Nación Comentado, Tomo II. Infojus, Buenos Aires, 2015, p. 271, comentario al art. 553.

(36) http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/125000-129999/129755/texact.htm consultada el 11/3/2021.

(37) Juzgado de Familia de Cipolleto, Autos: «Ch., B. E. c/ P., G. E. s/ incidente de aumento cuota alimentaria», 28/8/2018.

(38) Juzgado de Mendoza, «B. E. L. c/ C., C. D. G. por ejecución de alimentos», 17/02/2016.

(39) Juzgado de Familia de Rawson, «T., c. J.s/ alimentos», 04/10/2017.

(40) Juzgado de Familia de Rawson, «S. s/ violencia familiar», 01/09/2017.

(41) MOLINA DE JUAN, Mariel en: Kemelmajer de Carlucci, Aída; Herrera, Marisa; Lloveras, Nora. Directoras. Tratado de Derecho de Familia según el Código Civil y Comercial de 2014. Rubinzal Culzoni Editores. Santa Fe, 2014. Tomo II, p. 356.

(42) Juzgado de Familia de Octava nominación de la ciudad de Córdoba, auto n.° 125 del 27/4/2020 en «M.,E. E. y otro- Solicita homologación», publicado en https://www.justiciacordoba.gob.ar/JusticiaCordoba/Imcio/indexDetaUe.aspx?codNovedad=22182

(*) SUSANA SQUIZZATO. Abogada. Facultad de Derecho. UNC. Especialista en Derecho de Familia. Facultad de Derecho. UNR. Funcionaría judicial del Poder Judicial de la provincia de Córdoba.

(**) GUADALUPE SOLER. Abogada. Especialista en Derecho de Familia. Facultad de Derecho, UNC. Docente autorizada de la Cátedra «C» de Derechos Humanos. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, UCC. Funcionaría judicial suplente del Poder Judicial de la provincia de Córdoba.

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