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#Fallos Relaciones de consumo: Se remite la causa relativa a un contrato de adhesión de consumo para que sea radicada entre los seis juzgados de primera instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario con competencia en la materia

Partes: L. M. D. A. y otros c/ Tarjeta Naranja S.A. s/ incidente de medida cautelar – otros contratos

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Sala/Juzgado: IV

Fecha: 25-mar-2021

Cita: MJ-JU-M-131885-AR | MJJ131885 | MJJ131885

Se remite la causa relativa a un contrato de adhesión para que sea radicada entre los seis juzgados de primera instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario que tienen competencia en materia de relaciones de consumo.

Sumario:

1.-Habida cuenta de que la Ley 6.286 ha ampliado las competencias del fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad , incorporando las Relaciones de Consumo -hasta tanto se transfiera la Justicia Nacional – y el límite temporal previsto oportunamente por el Consejo de la Magistratura – Res. 850/2020- no reviste actualidad, se ordena remitir la causa tendiente a controvertir un contrato de adhesión de consumo a la Secretaría General del Fuero a efectos que, mediante sorteo, asigne nueva radicación entre los seis juzgados con competencia en materia de de consumo indicados en el Anexo I de la Res. 850/202 del Consejo de la Magistratura.

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2.- La competencia de consumo es una cuestión eminentemente local y que la forma en que se decide es la única alternativa posible para cumplir con el mandato constitucional impuesto por la Ley Suprema porteña, y con la línea jurisprudencial sostenida por el Máximo Tribunal Federa

3.-Toda vez que las circunstancias temporales por las que el juez declaró su incompetencia -esto es la vigencia del plazo establecido en la Res. 850/2020 del Consejo de la Magistratura local- han sido consideradas con anterioridad al 1 de enero del 2021, y que no existe en la actualidad obstáculo alguno para que el fuero Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo asuma la competencia en la materia, corresponde remitir la causa – que cuestiona una contrato de adhesión de consumo- a la Secretaría General del Fuero a efectos que, mediante el pertinente sorteo, le asigne nueva radicación entre los seis juzgados con competencia en materia de relaciones de consumo a fin que continúen su trámite (del voto de la Dra. Macchiavelli por sus fundamentos- mayoria).

Fallo:

Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

1.- Mediante Actuación N° xxxxx/2020, con fecha 24 de noviembre de 2020, los Señores D. A. L. M., J. A. A., N. E. V. y P. D. G. iniciaron la presente acción con el objeto que, como medida cautelar innovativa, se disponga la inmediata suspensión de los pagos de las cuotas que se devengan mensualmente de la Tarjeta Naranja de la Señora G. a favor de Wyndham Vacation Resort Inc.

Señalaron que con el objeto de acceder a la propiedad de un Tiempo Compartido celebraron con este último, en el mes de octubre de 2019, un contrato de adhesión de consumo en Miami, Estados Unidos. Agregaron que su suscripción fue de modo digital y que las prestaciones se establecieron en dólares estadounidenses.

En cuanto al contrato, indicaron que estaba redactado en idioma inglés y que no se les entregó una traducción oficial en castellano, por lo que entendieron que no existió discernimiento, intención ni libertad al firmarlo.

Destacaron que la forma de pago acordada a diez años fue mediante cuotas mensuales en pesos a través de tarjeta naranja siendo su monto original de USD 19.874,00 suma que se incrementó en un 65% más de lo consentido al momento de celebrar el contrato.

Agregaron que el contrato debe ser caracterizado de leonino y fraudulento y que tiene cláusulas en virtud de las cuales los hacen renunciar a diversos derechos esenciales y de orden público en las relaciones de consumo. A saber: a) a la posibilidad de llevar a cabo acciones colectivas en defensa de sus derechos como consumidores; b) a la tutela judicial efectiva agregando que cualquier instancia de conflicto debe ser canalizada únicamente por el Tribunal Arbitral de Florida, USA, excluyendo otra vía; c) a efectuar reclamos al vendedor ante la imposibilidad de acceder a los servicios contratados; entre otros.

Destacaron que iniciarán demanda con el objeto de controvertir el contrato.

Señalaron que en oportunidad de suscribirlo fue imposible prever los acontecimiento gravosos e imprevisibles que vendrían:la pandemia, el impuesto PAIS (Ley N° 27.541) y la Resolución General de Administración Federal de Ingresos Públicos N° 4.815/2020.

Finalmente argumentaron que se encuentran cumplidos los requisitos para la admisibilidad de la medida cautelar solicitada y ofrecen prueba.

2.- Con fecha 27 de noviembre de 2020, dictaminó el Ministerio Público Fiscal (Actuación N° xxxx/2020). Allí sostuvo que en las presentes actuaciones no se verificaba una causa contencioso-administrativa porque la parte actora no demandó a ninguna autoridad administrativa local (cfr. arts. 1° y 2° del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad). Agregó que la competencia fue considerada por el legislador como de orden público (cfr. art. 2°, CCAyT).

Observó que la Ley N° 6286 (BOCBA n° 5779 del 14 de enero de 2020) modificó el art. 42 de la Ley N° 7.

Agregó que, la Presidencia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad dictó la resolución N° 850/2020 y asignó la competencia en materia de relaciones de consumo a los pares de Juzgados CAyT individualizados en su Anexo I.

Sin embargo, afirmó que la sanción de dicha ley no tendría gravitación, en la fecha en que dictaminó, para modificar su opinión sobre la incompetencia del fuero, porque en ese momento no se había implementado la norma.

3.- El juez de grado, mediante resolutorio del 30 de noviembre de 2020, compartiendo los argumentos desarrollados por el Ministerio Público Fiscal, se declaró incompetente (actuación N xxxxxxx/2020).

4.- Contra dicho decisorio, la parte actora, con fecha 3 de diciembre de 2020, interpuso un recurso de reposición con apelación en subsidio (Actuación N° xxxxx/2020).

Entre sus agravios expresó que la resolución impugnada posee un criterio lineal que conspira contra la preservación de derechos fundamentales al disponer no solo la incompetencia sino el archivo liso y llano de las actuaciones siendo incorrecto, a su criterio, que un expediente digitalizado no pueda ser remitido a otra jurisdicción.

Agregó que ese criterio pierde la coherencia con la finalidad de los principios constitucionales y de todala legislación regulatoria de las relaciones de consumo y por ende afecta la tutela judicial efectiva y el derecho de defensa en juicio.

Se agravió también de la aplicación a su criterio errónea que se efectuó del art. 179 del CCAyT, ello dado que la norma establece que, no obstante, el Tribunal debe abstenerse de dictar medidas cautelares fuera de su competencia, la misma será válida para el caso de ser emitida.

Así al referirse al dictamen fiscal de primera instancia expresó que lo allí sostenido conculca derechos constitucionales, dando preminencia a cuestiones presupuestarias y administrativas, por encima de la efectiva administración de justicia, tutela judicial y defensa en juicio, en franco desconocimiento del Artículo 31 de la Constitución Nacional.

Finalmente fundó la competencia de la Justicia de Relaciones de Consumo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para entender en la presente causa. Agregó que «La armónica interpretación con las normas de la Constitución Nacional, Constitución Local, Convenio de Traspaso de competencia, legislación local 6286 y la resolución mencionada en el párrafo anterior, debieron contribuir a la asunción de competencia en el caso concreto».

El juez de primera instancia, en idéntica fecha, desestimó el recurso de reposición y concedió el recurso interpuesto en subsidio (actuación N° xxxx/2020).

5.- Elevada que fue la causa, mediante Actuación N° xxxxx/2021, del 12 de marzo de 2021, dictaminó la Fiscalía ante la Cámara y sostuvo la competencia del fuero para entender en la causa.

6.- Ahora bien a los efectos de determinar la competencia del fuero debe tenerse en miras la normativa constitucional involucrada, así como la legislación vigente.

En este sentido, es dable recordar que a partir de la reforma constitucional del año 1994, la Ciudad de Buenos Aires adquirió un nuevo estatus constitucional de conformidad con el artículo 129 de la Constitución que establece:»La ciudad de Buenos Aires tendrá un régimen de Gobierno autónomo con facultades propias de legislación y jurisdicción, y su jefe de gobierno será elegido directamente por el pueblo de la ciudad. Una ley garantizará los intereses del Estado nacional mientras la ciudad de Buenos Aires sea capital de la Nación. En el marco de lo dispuesto en este artículo, el Congreso de la Nación convocará a los habitantes de la ciudad de Buenos Aires para que, mediante los representantes que elijan a ese efecto, dicten el estatuto organizativo de sus instituciones».

Sabido es que la naturaleza de la Ciudad como nuevo sujeto de la relación federal ha sido objeto de un fuerte debate; sin embargo, la jurisprudencia se inclinó por ir fortaleciendo la postergada autonomía porteña.

En efecto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación en autos «Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires c. Córdoba, Provincia de s/ejecución fiscal, en su sentencia del 4 de abril de 2019, definió a la CABA como una «ciudad constitucional federada», al decir que su estatus es el de «.ciudad, por sus características demográficas. Es ciudad constitucional, porque es la única designada expresamente por su nombre y con atributos específicos de derecho público en la Constitución Nacional, a diferencia de las otras ciudades que son aludidas genéricamente al tratar los municipios de provincia.Y es ciudad constitucional federada, porque integra de modo directo el sistema federal argentino conjuntamente con los restantes sujetos políticos que lo componen, tanto los de ‘existencia necesaria’ o ‘inexorables’, cuya identificación y regulación -o la previsión de su regulación- obra en la propia Ley Fundamental (el Estado Nacional, las provincias, los municipios de provincia y la ciudad autónoma de Buenos Aires), como los de ‘existencia posible’ o ‘eventuales’, aquellos cuya existencia depende de la voluntad de los sujetos inexorables (tal el caso de las regiones).» (Fallos 342:533) Así, la reforma constitucional de 1994 dotó a la Ciudad de autonomía «de legislación y jurisdicción». Por su parte, la Ley N° 24.588 restringió significativamente tal facultad al limitarlas a los fueros contravencional y de faltas, contencioso administrativo y tributario, y vecinal. De ello surge que dicha normativa importa una irrazonable reglamentación de la excepción contenida en la Constitución, en tanto reglamentó asuntos que no estaban vinculados a los intereses del Estado nacional, desvirtuando por completo la potestad jurisdiccional de la CABA.

Así y en virtud del deber de los magistrados de velar por la supremacía constitucional, impidiendo que cualquier norma de rango inferior amenace la virtualidad del texto de la Ley Fundamental, se declaró la inconstitucionalidad del artículo 8º de la Ley N° 24.588 en los autos «CONSORCIO DE COPROPIETARIOS DEL EDIFICIO CALLE JOSE BONIFACIO 2949/55/61 CONTRA INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE LA CABA y otros SOBRE EJECUCION DE EXPENSAS», Expte: B60635-2013/0 y «CONSORCIO DE PROPIETARIOS CALLE ALBARIÑO 3065/70 CONTRA GCBA y otros SOBRE EJECUCIóN DE EXPENSAS» Número:B1909-2014/0, -ambos del Juzgado CAyT N° 18- entre otros.

Ello con fundamento en que al disponer que la Ciudad de Buenos Aires sólo tendrá facultades propias de jurisdicción en materia de vecindad, contravencional y de faltas, contencioso administrativa y tributaria locales se opone a lo previsto por el artículo 129 Constitucional que le otorga autonomía a la Ciudad de Buenos Aires en materia de jurisdicción -entre otras- con la única limitación que surge del segundo párrafo del precepto en relación a los intereses del Estado Nacional mientras la Ciudad sea el asiento de las autoridades nacionales.

Ahora bien, es relevante mencionar que la Constitución Nacional prevé únicamente dos órdenes judiciales: el local o provincial, que es la regla general, y el federal, que constituye la excepción.

De ahí que la existencia de la ju sticia nacional no es ni más ni menos que el equivalente a la justicia ordinaria que rige en todas las provincias, pero ubicada en la órbita nacional desde que la Ciudad dejó de pertenecer a la Provincia de Buenos Aires.

Por su parte, la Constitución porteña dispuso en su artículo 106 que:

«Corresponde al Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires el conocimiento y decisión de todas las causas que versen sobre puntos regidos por esta Constitución, por los convenios que celebre la Ciudad, por los códigos de fondo y leyes y normas nacionales y locales (.)». En consonancia, la cláusula transitoria decimotercera faculta al Gobierno de la Ciudad para convenir con el Gobierno Federal que los jueces nacionales de los fueros ordinarios de la Ciudad, de cualquier instancia, sean transferidos al Poder Judicial de la Ciudad y,, la cláusula transitoria segunda, dejó en suspenso la aplicación de las disposiciones de la Constitución local que no puedan entrar en vigor en razón de limitaciones de hecho impuestas por la ley N° 24.588, hasta que una reforma legislativa o los tribunales competentes habiliten su vigencia.

A más de lo señalado, el artículo 6º de la Constitución de laCiudad de Buenos Aires impone un mandato expreso a las autoridades constituidas, permanente e irrenunciable, para garantizar la plena vigencia de la autonomía de la Ciudad.

No es ocioso señalar, que dicha cláusula fue aprobada sin generar ningún tipo de debate en la Convención Constituyente de 1996, y con la sola abstención del Partido Justicialista (Conf. Diario de Sesiones de la Convención Constituyente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, t. III, Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, Buenos Aires, 2004, p. 562).

En este sentido se ha expedido la Corte Suprema de Justicia de la Nación desarrollando, a partir de la sentencia recaída en «Corrales, Guillermo Gustavo y otros s/hábeas corpus», del 9 de diciembre de 2015, una línea jurisprudencial reivindicatoria de la autonomía jurisdiccional de la CABA.

En su decisorio sostuvo que: «en esta línea, el Tribunal ha remarcado, valorando los antecedentes parlamentarios que precedieron al dictado de dicha ley, que el legislador tuvo el propósito de «generar, gradualmente, un traspaso ordenado de distintas competencias nacionales a la órbita judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sin que, por esa razón, se altere la prestación correcta de la administración de justicia» (.) Que en atención a que la Constitución federal le reconoce a la Ciudad de Buenos Aires su autonomía no puede sino concluirse que el carácter nacional de los tribunales ordinarios de la Capital Federal es meramente transitorio y su continuidad se encuentra supeditada a que tengan lugar los convenios de transferencia de competencias antes aludidos. En efecto, si bien el carácter nacional de los tribunales de la Capital Federal pudo tener sustento en el particular status que esta tenía con anterioridad a la reforma constitucional de 1994, lo cierto es que, producida esta modificación fundamental, las competencias que actualmente ejerce la justicia nacional ordinaria, que vale reiterar, no son federales, deben ser transferidas a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.(.) Que transcurridos ya más de veinte años de la reforma constitucional de 1994 , resulta imperioso exhortar a las autoridades competentes para que adopten las medidas necesarias a los efectos de garantizarle a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el pleno ejercicio de las competencias ordinarias en materia jurisdiccional» (Fallos: 338:151).

Más recientemente, en el fallo «Bazán Fernando s/amenazas», del 4 de abril de 2019, el Alto Tribunal robusteció sus argumentos a favor de la autonomía de las facultades jurisdiccionales de la CABA. Así, enfatizó: «(.) frente al escaso -casi nulo – acatamiento del texto constitucional en punto al reconocimiento jurisdiccional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el año 2015 este Tribunal advirtió que transcurridos ya más de veinte años de la reforma constitucional de 1994, resulta imperioso exhortar a las autoridades competentes para que adopten las medidas necesarias a los efectos de garantizarle a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el pleno ejercicio de las competencias ordinarias en materia jurisdiccional» Y agregó: «.a cuatro años de la mencionada exhortación, a veintitrés de la sanción de la constitución porteña y a veinticinco de la reforma de la Constitución Nacional, el panorama actual muestra que el Gobierno Nacional y el Gobierno de la Ciudad han avanzado mínimamente en las gestiones tendientes a concretar de manera íntegra y definitiva la transferencia de la justicia nacional ordinaria al ámbito que constitucionalmente le corresponde. La Ciudad permanece por esa razón con sus instituciones inconclusas.» (Fallos 342:509).

Por su parte, el Tribunal Superior de Justicia en la causa «Levinas, Gabriel Isaías s/ SAG – otros (queja por recurso de inconstitucionalidad denegado) en/ Ferrari, María Alicia y otro c/ Levinas, Gabriel Isaías s/ rendición de cuentas» (Expte.n° QTS 16374/2019-0, del 30/09/2020), estableció que conocerá en las causas que las partes interpongan recursos de inconstitucionalidad y queja conforme el artículo 113 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y la ley 402, contra las sentencias dictadas por los tribunales de la justicia nacional ordinaria, posicionándose así como el «superior tribunal de la causa» en los términos requeridos en el artículo 14 de la Ley Nº 48.

En tal sentido cabe destacar que mediante Res. CM N° 30/2021 el Consejo de la Magistratura dispuso aprobar y poner en conocimiento de la opinión pública la declaración «Reivindicar la Autonomía». En su Anexo estableció que: «Los miembros del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hemos asumido el mandato expreso, permanente e irrenunciable de preservar la autonomía local, conforme lo dispuesto en el artículo 6 de la Constitución porteña.- En cumplimiento de dicho mandato este Consejo se ha pronunciado con anterioridad a través de las declaraciones «Defender el traspaso es respetar la Constitución» y «Declaración sobre la autonomía de la Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires», aprobadas por las Resoluciones CM Nros. 23/2017 y 126/2019, respectivamente.- Han pasado casi 25 años de la sanción de la Constitución la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el proceso de transferencia de la justicia nacional ordinaria ha sido lento e incompleto y, ante a la ausencia de consensos entre los poderes políticos, el control judicial se ha circunscripto a la corrección formal de las fallas en el funcionamiento de la plena autonomía en materia jurisdiccional.».

En virtud ello y luego de reseñar lo resuelto por el Tribunal Superior de Justicia y la Corte Suprema de la Nación destacó que:»En atención a ello, en la sintonía de lo expresado en declaraciones mencionadas anteriormente, poniendo especial énfasis en los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el fallo «Levinas» del Tribunal Superior de Justicia, y con el fin de preconizar las facultades jurisdiccionales que constitucionalmente pertenecen a la Ciudad y a su Poder Judicial, corresponde a este Consejo volver a poner de resalto y reivindicar la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires.» Finalmente, en lo que específicamente respecta a la competencia de consumo, es del caso mencionar lo decidido por la Sala II de la Cámara Contenciosa Administrativa Federal en el caso «Ministerio Público Fiscal CABA c/ Estado Nacional s/ proceso de conocimiento», (sentencia del 1° de septiembre de 2015) al reconocer que: «(.) la definición de competencia de los nuevos tribunales (.) provoca, prima facie considerar la lesión a las atribuciones que derivan de la autonomía con que esta investida la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no es posible considerar que los pasos encaminados a la constitución y funcionamiento de aquellos puedan proseguir válidamente sólo en forma parcial y respecto -estrictamente- de la regulación que ejecuta las facultades que se otorgan al Congreso Nacional en los términos del art. 108 in fine, de la Ley Fundamental, atenientes al establecimiento de tribunales inferiores en el territorio de la Nación; ello así, en tanto la Ley n° 26.993 plasma una regulación sistemática y de alcance global que impide, según se aprecia en este estado liminar (.) la segmentación o escisión conceptual que deje debidamente a salvo las atribuciones que se reputan lesionadas».

Expuesto ello corresponde remarcar la gran importancia que reviste la decisión del legislador de dotar de competencia seis (6) juzgados de Primera Instancia de la Justicia en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad en materia de relaciones de consumo, a través de la modificación dispuesta por Ley N° 6.286 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad N° 7.Ello, hasta tanto se transfiera la Justicia Nacional en las Relaciones de Consumo, a fin de garantizar los derechos mencionados de los consumidores y usuarios porteños.

La norma incorpora en la competencia del fuero Contencioso Administrativo y Tributario la incumbencia de «Relaciones de Consumo» (art. 1), aplicada a los juzgados de primera instancia y a esta cámara de apelaciones (arts. 5 y 3) respectivamente.

Asimismo, reglamentaciones posteriores avanzaron normativamente sobre la implementación material y presupuestaria de la competencia legislativamente atribuida al fuero para asuntos en los que se encuentre involucrada una relación de consumo en términos de los artículos 42 CN y 46 CCABA, artículo 3 de la ley nacional N° 24.240 y artículo 1093 del Código Civil y Comercial de la Nación.

A mayor abundamiento, cabe señalar que por Resolución N° 180/2020 el Consejo de la Magistratura estableció a partir del 1° de enero de 2021 la incorporación al fuero de estos asuntos. Posteriormente, el Plenario la ratificó mediante Resolución CM Nº 267/2020.

Por otro lado, mediante Resolución de Presidencia Nº 83/2021 determinó que los jueces con competencia en relaciones de consumo contarán con una Oficina de Gestión Judicial, compuesta por una Secretaría para los expedientes en trámite por ante la Cámara de Apelaciones y por tres Secretarías para los expedientes que se desarrollen en primera instancia.Asimismo, mediante la Resolución Nº 152/2021 se asignaron dichas Secretarías a los distintos pares de Juzgados indicados en el Anexo I de la Resolución Nº 850/2020.

Es menester hacer hincapié en la caracterización de la normativa previamente citada; ello atento que se trata nada más ni nada menos que de la reglamentación de derechos fundamentales, de cuya interpretación dependerá el acceso a la jurisdicción.

En tal sentido, cabe recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostuvo que «las garantías individuales existen y protegen a los individuos por el solo hecho de estar consagradas por la Constitución e independientemente de las leyes reglamentarias» y que «los preceptos constitucionales tanto como la experiencia institucional del país reclaman de consuno el goce y ejercicio pleno de las garantías individuales para la efectiva vigencia del Estado de derecho e imponen a los jueces el deber de asegurarlas» (Fallos 239:459).

En este orden de ideas, no cabe duda que la competencia de consumo es una cuestión eminentemente local y que la forma en que se decide es la única alternativa posible para cumplir con el mandato constitucional impuesto por la Ley Suprema porteña, y con la línea jurisprudencial sostenida por el Máximo Tribunal Federal.

No obstante ello corresponde señalar que lo decidido por el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 17 al sostener la incompetencia para entender en la causa, remitiéndose en sus fundamentos a lo dictaminado por el Fiscal, resultó ajustado a las circunstancias existentes en esa oportunidad. Véase que el decisorio es del 30 de noviembre de 2020 y los juzgados con competencia en relaciones de consumo comenzaron a funcionar a partir del 1° de enero de 2021.Más aún corresponde destacar que el juzgado N° 17 no se encuentra dentro de los seis juzgados con competencia en esta materia para el primer semestre del año.

En esta misma línea se ha pronunciado la Señora Fiscal de Cámara, Nidia Karina Cicero, en cuanto sostuvo en su dictamen que: «(.) de conformidad con el régimen de competencia actualmente vigente (.) cabe concluir que la competencia de este fuero resulta procedente en autos. Sin perjuicio de ello, y dado los juzgados determinados en el Anexo I de la Resolución de Presidencia Nº 850/2020, el juez interviniente resulta incompetente para entender en la causa, por lo cual correspondería su remisión a la Secretaría General para un nuevo sorteo entre los juzgados designados en dicha normativa».

En este sentido cabe poner de resalto que el Juzgado de Primera Instancia CATyRC N° 24 ya se ha pronunciado al respecto declarando la competencia para entender en esta materia en la causa «VILLAR LOOS, LUCRECIA SOLEDAD Y OTROS CONTRA SIKER S.A. SOBRE RELACION DE CONSUMO», Expte. N° 90079/2021-0 (Secretaría N° 1 de la Oficina Gestión Judicial en Relaciones de Consumo).

Más aún es dable señalar que por Ley N° 6.407 se aprobó el Código Procesal para la Justicia en las Relaciones de Consumo (BOCBA N° 6082 del día 19 de marzo de 2021), el que entrará en vigencia treinta días después de su publicación en el Boletín Oficial.

En consecuencia, en virtud de las consideraciones antes expuestas y por todo el fundamento normativo reseñado, no cabe más que concluir la competencia de la justicia Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo para entender en estos actuados.

La Dra.Macchiavelli dijo, adhiero al voto de mis colegas y agrego:

Tal como lo viene sosteniendo el Tribunal Superior de Justicia, de conformidad con la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sentada en fallos 342:509, 338:1517 y 339:1342, debe reconocerse al Poder Judicial de la Ciudad como «el ámbito que constitucionalmente le corresponde a las competencias que transitoriamente ejerce la justicia nacional ordinaria en el territorio de la Ciudad (Expediente nº 16398/19 «Incidente de competencia en autos Giordano, Hugo Orlando y otros s/ infr. art. 89, CP, lesiones leves s/ conflicto de competencia I».

En ese esquema, los tribunales que ejercen jurisdicción no federal dentro de los límites territoriales de la Ciudad de Buenos Aires, ostentan naturaleza local en tanto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ya ha advertido que «el carácter nacional de los Tribunales ordinarios de la Capital Federal es meramente transitorio» (338:1517 , considerando 5º).

Con la sanción de la Ley 6.286, quienes integran la Legislatura Porteña han decidido ampliar las competencias del fuero Contencioso Administrativo y Tributario, incorporando las Relaciones de Consumo, en las condiciones que allí se establecen y hasta tanto se transfiera el fuero nacional de Consumo.

Sentadas esas bases, encuentro que, lo relativo al límite temporal previsto oportunamente por el Consejo de la Magistratura mediante Resolución N° 850/2020 y, sobre lo cual se rechazó la competencia del fuero, no reviste actualidad.

En efecto, conforme reiterada jurisprudencia, las sentencias han de ceñirse a las circunstancias dadas cuando son pronunciadas, aunque sean sobrevinientes a la interposición del recurso (conf. TSJ «Pérez David Alejandro c/ GCBA y otros s/ apelación – amparo habitacionales y otros subsidios s/ recurso de inconstitucionalidad concedido», Expte N° 15154/18, sentencia del 17/10/2018, entre muchos otros y CSJN Fallos:269:31; 292:140; 300:844, 308:1489; 310:1927; 311:787 y 313:344, entre muchos otros). Por tanto, dado que nos encontramos transitando el 2021 y que, «[.] las leyes modificatorias de la jurisdicción y competencia se aplican de inmediato a las causas pendientes, (Fallos: 249:343; 321:1865 ; 326:2805 -voto del juez Maqueda-entre otros)», encuentro que no existe duda alguna en que, a la fecha, el fuero resulta competente.

En este contexto, toda vez que las circunstancias temporales por las que el juez declaró su incompetencia -esto es la vigencia del plazo establecido en la Resolución N° 850/2020 del Consejo de la Magistratura local- han sido consideradas con anterioridad al 1 de enero del 2021, y que no existe en la actualidad obstáculo alguno -en cuanto pudiere haberlo-para que el fuero Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo asuma la competencia en la materia, corresponde remitir la causa a la Secretaría General del Fuero a efectos que, mediante el pertinente sorteo, le asigne nueva radicación entre los seis juzgados con competencia en materia de relaciones de consumo a fin que continúen su trámite.

Por todo ello, el Tribunal RESUELVE: 1) Hacer lugar al recurso interpuesto por la parte actora y revocar el pronunciamiento apelado, sin costas por no haber mediado sustanciación (Conf. Art. 62 del CCAyT); 2) Remitir la causa a la Secretaría General del Fuero a efectos que, mediante el pertinente sorteo, le asigne nueva radicación entre los seis juzgados con competencia en materia de relaciones de consumo a fin que continúen su trámite y proceda a la recaratulación del expediente en virtud de la materia.

Oportunamente, regístrese y notifíquese electrónicamente a la parte actora por Secretaría.

Maria de las Nieves Macchiavelli Agrelo

JUEZ/A DE CAMARA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CATyRC – SALA IV

Laura Alejandra Perugini

JUEZ/A DE CAMARA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CATyRC – SALA IV

Marcelo Lopez Alfonsin

JUEZ/A DE CAMARA

CÁMARA DE APELACIONES EN LO CATyRC – SALA IV

FIRMADO DIGITALMENTE 25/03/2021 16:29

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