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#Fallos Identidad: Se permite el cambio de nombre y género de una persona en situación de vulnerabilidad que carece de familiares que puedan asistirla y que padece además la enfermedad de Huntington con pronóstico malo

Partes: C. H. D. s/ determinación de la capacidad jurídica

Tribunal: Juzgado de Familia de San Martín

Sala/Juzgado: IV

Fecha: 17-feb-2021

Cita: MJ-JU-M-132020-AR | MJJ132020 | MJJ132020

Formalización del cambio de nombre y de género de una persona en situación de vulnerabilidad, alojada en un establecimiento asistencial, quien carece de familiares que puedan asistirla y padece la enfermedad de Huntington con pronóstico malo.

Sumario:

1.-Corresponde ordenar al Registro Nacional de las Personas, en el marco de un proceso de determinación de capacidad que, con carácter de urgentes despacho, formalice el cambio de nombre y género del causante, en situación de vulnerabilidad -alojada en un establecimiento asistencial, que carece de familiares que puedan asistirla y padece la enfermedad de Huntington con pronóstico malo-, en garantía de su derecho a peticionar, por sí, según los términos del art. 3° de la Ley 26.743, el reconocimiento de su identidad de género, sin que corresponda otorgar autorización judicial para tal fin, con fundamento, por un lado, en el principio de igualdad y no discriminación, al existir un vínculo indisoluble entre tal principio y la obligación general contenida en el art. 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos de respetar los Derechos Humanos y, por el otro, en el derecho a igual protección de la ley, consagrado en el art. 24 del referido tratado, comprensivo de todas las leyes dictadas por el Estado y su aplicación.

2.-Los Estados Partes de la Convención Americana sobre Derechos Humanos se deben abstener de acciones que, de cualquier manera, vayan dirigidas directa o indirectamente a crear situaciones de discriminación de jure o de facto, siendo que, en la actual etapa de la evolución del Derecho internacional, el principio fundamental de igualdad y no discriminación ha ingresado en el dominio del ius cogens y, sobre tal principio, descansa el andamiaje jurídico del orden público nacional e internacional, el cual permea todo el ordenamiento jurídico.

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3.-El derecho al reconocimiento de la autopercepción de género es un derecho humano básico, de carácter personalísimo, que hace a la identidad personal, define la mismidad del sujeto y, con ello, atañe a la dignidad de la persona, por lo que el Estado debe dictar medidas efectivas para su aseguramiento, debiendo reputarse discriminatorio, en los términos del art. I.2.a) de la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, toda distinción, exclusión o restricción basada en una discapacidad, antecedente de discapacidad, consecuencia de discapacidad anterior o percepción de una discapacidad presente o pasada, que tenga el efecto o propósito de impedir o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los Derechos Humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad.

4.-La presunción de capacidad de las personas, desde una perspectiva de Derechos Humanos, se traduce en la garantía mediante la cual se prioriza que cada persona pueda ejercer sus derechos por encima de cualquier otra circunstancia que no sean las condiciones expresas y precisas que el CCivCom. habilita para la restricción de la capacidad -art. 32 , cuerpo legal citado-, por lo que, ante la duda, se debe estar siempre por el reconocimiento de la aptitud de la persona, dado que la capacidad jurídica es la regla y debe presumirse, de conformidad con el art. 31, inc. a) del CCivCom., incluso cuando la persona se encuentre internada en un establecimiento asistencial.

5.-El régimen del CCivCom. en materia de capacidad de las personas recepta los principios ya consagrados en el Derecho internacional de Derechos Humanos, que merecieron una nueva lectura en el orden jurídico nacional a partir de la reforma constitucional de 1994 y, particularmente, de la promulgación de las Leyes 25.280 , de aprobación de la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, y 26.378 , de aprobación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Protocolo Facultativo, como asimismo de la Nueva Ley de Salud Mental 26.657 .

Fallo:

N.R: Se advierte que este fallo no se encuentra firme.

General San Martín, 17 de Febrero de 2021-

AUTOS Y VISTOS: Estos autos caratulados «C. H. D. S/ DETERMINACION DE LA CAPACIDAD JURIDICA», que tramitan por ante este Juzgado de Familia nº 4, del departamento Judicial de General San Martín, a mi cargo, Secretaría a cargo de la Dra. Inés Sofía Mogaburu, los cuales se encuentran en estado de dictar sentencia: RESULTA: 1) Que llegan los presentes obrados en virtud a la incompetencia que fuera planteada por el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 56, conforme surge de las constancias incorporadas digitalmente a la historia informática de la causa el día 20 del mes de noviembre de 2020, habida cuenta que el domicilio de residencia del interesado resulta ser «Hogar San Francisco de la Virgen de la Merced S.A.», sito en la calle Olavarría Nº4759, de la Localidad de Caseros, Partido Tres de Febrero. Que corresponde entonces luego de la detenida lectura de todo lo obrado en aquella sede judicial mencionar que:

A) En principio ( cargo de fecha 5/10/2017); se presenta la señora A. C. LEY 26743 ( H. D. C.) con patrocinio lertado del Dr. Carlos Alberto Villar T 112 F 566 CPACF, solicitando se declare la incapacidad de su persona, designandosele un curador provisional. En el relato de los hechos informa que ha vivido en situacion de calle y fue sometida a situaciones de explotaciòn sexual. En razón de ello ha tomado intervenciòn el Programa Andares dependiente de la Dirección General de Niñez y Adolescencia de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires. Asimismo denuncia que en los dispositivos en los cuales ha estado alojada no se ha tenido su situacion de genero.Relata luego circunstancias familiares en virtud de las cuales ah sido victima de abusos y violencia, como asimismo que ha existido negaciòn por parte de su madre respecto a su identidad de genero. Padece enfermedad de Corea de Huntington, fue atendida por la Dra.Tomoko en el servicio de Neurologia del Hospital Ramos Mejia (HC 30141). Refiere que su padre y su hermano fallecieron ambos en virtud a esa enfermedad, siendo la misma hereditaria geneticamente. Debido a esta enfermedad, presenta movimientos involuntarios que le dificultan la movilidad, asimismo debido al deterioro progresivo resulta muy dificultoso comunicarse de manera verbal. Desde el año 2010 asiste al Centro Educativo Isauro Arancibia dependiente de la Direcciòn de Educaciòn del Adulto y el Adolecente del Ministerio de Educaciòn de la Ciudad de Buenos Aires.- Solicita designaciònd e curador provisional, y luego definitivo, y el dictado de medidas cautelares necesarias para formalizar su ingreso a un Hogar que contemple las necesidades descriptas. Fundamenta su pedido en los arts. 1386 y 1397 del CCyC y art. 34 y 35 del mismo código. B) Posteriormente ya alojada la señora A. C. en el Hogar San Francisco de la Virgen de la Merced, se presenta el Dr. Enrique Alberto Gamerro en su carácter de apoderado del Hogar que alberga la y manifiesta que en razón a que el causante carece de todo tipo de contacto con sus familiares solicita y propone la designación de un nuevo sistema de apoyo o curador para el mismo; proponiéndose para detentar ese cargo a la Directora del Hogar San Francisco de la Virgen de la Merced, Dra. Griselda Mabel Rossitto, DNI Nº 12.439.728, Médica especialista en Psiquiatría. Se infiere de la información digitalizada que el interesado padece la enfermedad de «Corea de Huntington» y que se identifica como mujer y se hace llamar A. 2) Que con la presentación electrónica de fecha 11 de febrero de 2020 la Sra. Asesora de Incapaces, Dra. Viviana N. Ramirez se interiorizó de la pretensión y tomó intervención por el interesado.- 3) Que conforme auto del 13 de marzo de 2020 en virtud a la carencia de bienes de la interesada, tal como lo autoriza los arts. 31 inc. e), 32 y 36 del C.C.C.N. y 622 del Código de Rito se designó al Sr.Defensor Oficial, Dr. Diego Nestor Dagorret, Defensor Oficial a cargo por Disposición Superior de la Unidad de Defensa Civil de Casos de Fondo N°6, Departamental para representar y brindar asistencia letrada a la interesada, quien tomó intervención y aceptó el cargo en la presentación electrónica de fecha 10 de junio de 2020.-4) Que abierto el juicio a prueba (13/03/2020), se requirió un informe multidisciplinario de conformidad con lo establecido con los arts. 32 y 37 del Código de Fondo.- 5) Que con fecha 08 de junio de 2020 se efectuó informe multidisciplinario firmado por los peritos integrantes del Hogar San Francisco de la Virgen de la Merced conforme art. 37 del CCCN. 6) Que, de la Planilla de Juicios Universales firmada electronicamente con fecha 22 de noviembre de 2020 consta que no existen actuaciones iniciadas por el mismo objeto respecto del Sr. H. D. C., nombre con el cual figura inscripta la señora A. a esta fecha. 7) Que por el auto de fecha 08 de junio de 2020 se dispuso el traslado previsto por el art. 626 del Código Procesal Civil y Comercial del informe multidisciplinario; providencia ésta que a la fecha se encuentra firme.- 8) Que conforme presentación electrónica del 24 de junio de 2020, la Sra. Asesora de Incapaces interviniente, dictaminó respecto al dictado de sentencia. 9) Por último previo dictámenes del Sr. Defensor Oficial y de la Sra. Fiscal mediante presentaciones electrónicas del 25/11/2020 y 01/12/2020, respectivamente, se llamaron con fecha 09 de diciembre de 2020 estos autos para dictar sentencia.- 10) Venidos estos autos para el dictado de sentencia y de la lectura detenida del informe multidisciplinario se resolviò, con fecha 2/2/2021: : .se desprende que la señora C. , se autopercibe con el genero femenino, se viste como mujer y se hace llamar Ariadna o A., sin tener cambio de nombre ni de DNI.Atento ello, y venidos a despachar respecto al regimen de protecciòn de sus derechos, en el marco de este proceso, entiendo que corresponde ampliar el informe presentado respecto al punto . Esto es si el/la justiciable ha manifestado deseo de cambio de genero, epoca desde la cual mantiene su autopercepcion con el genero femenino, si en virtud a su patologia ha podido manifestar y exteriorizar su deseo de cambio de genero. Y todo dato de interes al respecto que permita ampliar la sentencia pedida incluyendo la recepción del cambio de genero, o si resulta indiferente su consideración a los intereses personales. Esto a los fines de dictar las medidas tenientes a hacer efectivo sus derechos. 11) Presentada la ampliaciòn de la Pericia encomendada, ( ver presentacion electronica de fecha 3/2/2021) se reanudo el llamado de autos para sentencia y; y advirtiendo luegod e la detenida lectura la Suscripta, que existia un tema pendiente respecto al enfocque total de, providencia que se encuentra consentida y luego de las vistas del referido informe, vienen a dictar sentencia y ; CONSIDERANDO:

I.- Las normas del Código Civil y Comercial hoy vigente que establece en su artículo 32 que el juez «puede restringir la capacidad para determinados actos de una persona mayor de trece años que padece una adicción o una alteración mental permanente o prolongada de suficiente gravedad siempre que estime que el ejercicio de su plena capacidad puede resultar un daño a su persona o a sus bienes». Ello así dado que, toda persona humana puede ejercer por sí misma sus derechos, excepto las limitaciones expresamente previstas en el Código Civil y Comercial (conf. art. 23 C.C.C.), por tanto: la capacidad jurídica de las personas es la regla y debe presumirse, incluso cuando la persona se encuentre internada en un establecimiento asistencial (art. 31 inc.a) C.C.C.). «La presunción de capacidad desde una perspectiva de derechos humanos se traduce así en una garantía mediante la cual se prioriza que la persona pueda ejercer sus derechos por encima de cualquier otra circunstancia que no sean las expresas y precisas condiciones legales que el Código habilita para la restricción de la capacidad (cfr. art. 32). Consecuentemente, ante la duda, se debe estar siempre por el reconocimiento de la capacidad de la persona» (conf. KRAUT, Alfredo Jorge y Agustina PALACIOS en LORENZETTI, Ricardo Luis – «Código Civil y Comercial de la Nación Comentado», t. I, Ed. Rubinzal Culzoni, Sta. Fe 2014, p. 128). A su vez, la capacidad jurídica sólo puede ser restringida en carácter de excepción (art. 31, inc. b). Las excepciones se encuentran exhaustivamente determinadas en el Código y sujetas a una serie de garantías (cfr. arts. 32, 36, 43 y 48). La restricción a la capacidad, sin perjuicio de su justificación, puede importar una afectación al ejercicio de derechos fundamentales de la persona, y como tal, debe administrarse bajo un estricto contralor jurisdiccional y desde un criterio de excepcionalidad (conf. Kraut y Palacios…, ob.cit., p. 128). Explican estos autores que «El Código establece expresamente que la restricción a la capacidad jurídica sólo puede ser en beneficio de la persona (art. 31, inc. b).

II.- Respecto de la curatela, hoy se ha incorporado el concepto legal de apoyos. – El término «beneficio de la persona» significa que la restricción de la capacidad jurídica no puede tener otro fin que el respeto y la promoción de su autonomía y la protección de sus derechos.Esto se deriva claramente del artículo 43 del Código, al establecerse que la función del apoyo es la de «promover la autonomía y facilitar la comunicación, la comprensión y la manifestación de voluntad de la persona para el ejercicio de sus derechos». El beneficio de la persona va de la mano del respeto del principio de autonomía, mediante el cual la persona deja de ser un sujeto pasivo de la relación para convertirse en activa protagonista de sus decisiones…» (conf. Kraut y Palacios…, ob.cit., p. 131). A su vez, siendo la incapacidad lo excepcional reservado para casos en que la persona se encuentre absolutamente imposibilitada de interaccionar con su entorno y expresar su voluntad, se ha regulado un sistema de apoyo que facilite a la persona que lo necesita la toma de decisiones para dirigir su persona, administrar sus bienes y celebrar actos jurídicos en general.

III.- Asimismo cabe poner de resalto que el nuevo contexto normativo aplicable a la materia recepta los principios ya consagrados en el derecho internacional de derechos humanos en materia de capacidad que merecieron una nueva lectura en el orden jurídico nacional a partir de la reforma constitucional de 1994 y particularmente a partir de la promulgación de las leyes 25.280 de Aprobación de la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad y 26378 de Aprobación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Protocolo Facultativo como asimismo de la Nueva Ley de Salud Mental – nro. 26.657.- En efecto, de conformidad con lo dispuesto por el art. 75 incs. 22 y 23 de nuestra Ley Fundamental – con el bloque de constitucionalidad que aportan los tratados internacionales incorporados a nuestra Carta Magna (inc. 22) y con la promoción del goce efectivo de las normas por aquéllos contenidas (inc.23)-, se otorga preeminencia al «principio del interés superior» en el respeto de los derechos humanos; en particular, respecto de las personas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad en el ejercicio de sus derechos: entre ellos las personas afectadas por discapacidades. Debe destacarse que, en el caso especial de la persona con discapacidad, la Convención -ley 26378- establece en su art. 12 el igual reconocimiento como persona ante la ley. Asimismo, en el punto 1 los Estados Partes reafirman que las personas con discapacidad tienen derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica. 2. Los Estados Partes reconocerán que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida. 3. Los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para proporcionar acceso a las personas con discapacidad al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica. 4. Los Estados Partes asegurarán que en todas las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica se proporcionen salvaguardias adecuadas y efectivas para impedir los abusos de conformidad con el Derecho Internacional en materia de derechos humanos. Esas salvaguardias asegurarán que las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica respeten los derechos, la voluntad y las preferencias de la persona, que no haya conflicto de intereses ni influencia indebida, que sean proporcionales y adaptadas a las circunstancias de la persona (.) Las salvaguardias serán proporcionales al grado en que dichas medidas afecten a los derechos e intereses de las personas. (…)» Es decir que, el principio rector de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad es la igualdad. En igual dirección el preámbulo en su apartado n) expresa que Los Estados Parte al convenir los puntos que trata la Convención lo hacen «reconociendo la importancia que para las personas con discapacidad reviste su autonomía e independencia individual, incluida la libertad de tomar sus propias decisiones».

IV.- Por otra parte , el art.3 de la Nueva ley de Salud Mental establece que se debe partir de la presunción de la capacidad de las personas en tanto en el art. 5 se fija el principio consistente en que «la existencia de diagnóstico en el campo de la salud mental no autoriza en ningún caso a presumir riesgo de daño o incapacidad, lo que sólo puede deducirse a partir de una evaluación interdisciplinaria de cada situación particular en un momento determinado».- A su vez, la citada Convención reconoce que algunas personas con discapacidad necesitan ayuda para ejercer su capacidad jurídica, por lo cual los Estados deben hacer lo posible para prestar apoyo a esas personas.» (Manual para parlamentarios sobre la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. N. 14 2007 De la exclusión a la igualdad hacia el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. Capitulo 6: De las disposiciones a la practica: aplicación de la Convención pp 96-99 ONU).

V.- En este contexto legal, consecuentemente, ha de valorarse la prueba rendida en autos, a los fines de constatar la resolución del pedido de determinaciòn de la capacidad de la señora A. C. como asimismo resolver las medidas necesarias para efectivizar cuanto antes su voluntad de registrar legalmente su identidad de genero . INFORME MULTIDISCIPLINARIOS AGREGADOS: De acuerdo a la normativa vigente corresponde abordar, por un lado, el aspecto psiquiátrico, a los fines de acreditar el estado actual de las facultades mentales del interesado, debiendo expedirse los profesionales intervinientes sobre los puntos enumerados por el art. 32, y 37 de la normativa de fondo y el art. 625 del ordenamiento procesal. A su vez, en dicho informe los expertos deben también profundizar en la faz psicológica del interesado como asimismo en su entorno socio familiar. -Que de los informes interdisciplinarios remitidos con fecha 08 de junio de 2020 por el Equipo Profesional del Hogar San Francisco de la Virgen de la Merced, tras la entrevista realizada con H. D.C., (A.) DNI Nº xx.xxx.xxx, argentino, aclaran previamente que el interesado se considera y viste como mujer, se hace llamar A., pero aún no se ha modificado su DNI. a) En el citado informe los expertos dejaron sentado que la interesada es dependiente total en todas las actividades de su vida diaria: no puede vivir sola; no puede cumplir las indicaciones terapéuticas, requiere apoyo; no puede prestar consentimiento para el suministro de medicación y/o realización de tratamiento psicológico, psiquiátricos, y/o médicos que le propongan; tampoco puede contraer matrimonio; no tiene hijos y tampoco debido a su enfermedad los puede tener; no puede trasladarse solo por la vía pública; no conoce el valor del dinero; requiere supervisión y apoyo para su vida cotidiana; no puede realizar una actividad laboral remunerada; no puede cobrar y administrar un salario o percibir y administrar un beneficio previsional solo o con apoyo; no puede efectuar compras o ventas que resulten necesarias para satisfacer sus necesidades básicas de subsistencia solo o con apoyo; debido a su patología no puede interactuar con su entorno y expresar su voluntad y deseos, problemas relacionados con la necesidad de supervisión continua. b) Asimismo formularon diagnostico de «Enfermedad de Huntington» evidenciada en la pubertad, enfermedad hereditaria, crónica y con pronóstico malo, en el que presenta en el interesado un cuadro de anormalidades de la marcha y de la movilidad; trastornos de los hábitos y de los impulsos. c) En lo atinente a su contención familiar y red social se consignó que «el interesado no tiene familia continente, sin apoyo familiar, no posee recursos personales y en lo referente a los recursos sociales no existen pues es dependiente total en las actividades de la vida diaria.» Por otra parte en la ampliación de la Pericia solicitada a la Perito Medico Psiquiatra del Equipo Tecnico de este Juzgado, Dra. Ibolja Pinter se desprende que: Estado actual:Ya no puede deambular por sus propios medios, precisando silla de ruedas «especial» para que pueda sostener la posición de sentando, con almohadón antiescaras y demás protecciones en apoyabrazos y pies. Usa pañales, también colchón antiescaras específico. Ya se lo tiene que alimentar por sonda nasogástrica por la pérdida de la deglución. En cuanto al habla fue perdiendo progresivamente la posibilidad de hacerlo, presentando ya trastornos en esa área cuando fue evaluada por la Dra. Tomoko Arakiki, años atrás. Reconoce a todas las personas con las que se encuentra en contacto, y tiene conciencia de situación y del deterioro que tiene, conoce su enfermedad, si bien ya también hay deterioro en las funciones cognitivas. Diagnóstico: Trastorno psicoorgánico: Deterioro Neurocognitivo por Enfermedad de Huntington. Esta enfermedad es hereditaria- de transmisión genética- en la que se produce una degradación progresiva de las neuronas primero en los Ganglios Basales del Cerebro que intervienen en la regulación del músculo estriado- (los que intervienen en los movimientos voluntarios)- y, en su inexorable evolución se van degradando todas las neuronas del Sistema Nervioso Central, produciendo progresivo deterioro de todas las funciones orgánicas y mentales. El diagnóstico de A. ha sido corroborado también por la realización de estudios genéticos, además de por las ya evidentes alteraciones de sus movimientos, patognomónicos, cuando la enfermedad ya se encuentra avanzada, cuando fue a las consultas al Consultorio de Trastornos del Movimiento, de la División Neurología del Hospital J.M. Ramos Mejía de C.A.B.A., certificado sobre el diagnóstico y estado de A., emitido por la Dra. Tomoko Arakiki, especialista de referencia en lo relacionado al estudio y tratamiento de movimientos anómalos, (está agregado en los inicios del Expte.) cuando recomendó que fuese incluida en una institución donde pudiese vivir y recibir los tratamientos necesarios, a través del área de Trabajo Social.Fecha aproximada en que la situación se manifestó: a los 17 años de edad comenzó a tener alteración de los movimientos y hace 5 años aproximadamente la afectación de las funciones neurocognitivas. Tratamiento actual: Recibe los cuidados que precisa para el mantenimiento de su vida del mejor modo posible, ante el avance del deterioro generalizado, seguimiento médico estrecho de varias especialidades, con tratamiento farmacológico para morigerar los graves alteraciones sensoriomotrices (Risperidona, Haloperidol, clonazepam en dosis indicadas para la enfermedad específica en dosis que se van adecuando según el estado que presenta) y para mantener en las mejores condiciones posibles sus funciones orgánicas vitales. Desde su ingreso al Hogar está teniendo también atención psicopedagógica, psicológica, talleres recreativo sociales, de terapia ocupacional, musicoterapia, evaluación y tratamientos por fisiatría y kinesiología. Las salidas recreativas con Acompañamiento Terapéutico han quedado suspendidas oportunamente, por las limitaciones devenidas por la Emergencia Sanitaria debido a la circulación del virus SARS Cov2, que aún persiste. Pronóstico: sombrío. Necesidad de internación: no en institución para tratamiento de descompensaciones en trastornos mentales. Capacidad para dirigir su persona: En la actualidad no puede tomar decisiones responsables y necesita supervisión permanente, apoyos y asistencia para sus cuidados personales básicos, en resumidas cuentas para toda actividad, pues ya no dispone ni de los niveles de autonomía que tenía cuando llegó al Hogar. Capacidad para administrar sus bienes: carece pues está perdiendo las habilidades que tenía para la lectoescritura y para la realización de cálculos numéricos, tampoco reconoce ya adecuadamente el valor del dinero. Contención familiar y red social: Está dada por el personal y los residentes del Hogar. Antes de su ingreso también fueron Lic. En Trabajo Social quiénes se ocuparon de su persona, sobre todo los pertenecientes al grupo del Programa Andares, quiénes lo hicieron desde su niñez hasta para gestionar su traslado desde Rosario (Pcia. De Santa Fe) hacia la Ciudad de Bs.As.en el año 2017; realizando gestiones siempre para que no viva en la calle, para su inclusión escolar, para que lleve a cabo las consultas adecuadas por su salud, etc. De hecho han ido a visitarla al Hogar para su cumpleaños (anterior a la emergencia sanitaria por circulación del virus SarsCov2) y también la ha visitado allí personal del Área de Género del Ministerio Público Tutelar del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, con quienes habló de la posibilidad de los cambios en su Documento de Identidad, alegrándose mucho cuando se le planteó que ello era posible. (ver informe de la Lic. En Trabajo Social MA. Pisano del 22-10-2018, donde figura también el número del Expediente que se iniciara ante Incluir Salud PROFE y el número de afiliado que le han asignado). Tiene Certificado Único de Discapacidad emitido en el año 2016 que es válido hasta el año 2026. La madre se ha contactado en solo una oportunidad, en muchos años, para plantear que ella quería cobrar la pensión que se le asignara, sin expresar ningún otro ofrecimiento o interés por retomar algún tipo de contacto con A. Regimen aconsejado:- que se lleve a cabo el cambio de nombre y género en la Documentación de Identidad, lo que resulta de suma importancia para A., para beneficio de su estado emocional el que se concrete su anhelo vital de ser reconocida como mujer con el nombre A., más aún en las presentes circunstancias en las que tiene conciencia y mucho sufrimiento por el agravamiento del deterioro generalizado que tiene; – que continúe viviendo en el Hogar con Centro de Día como pupila permanente, (en el que se encuentra), ya que allí recibe los cuidados que necesita, además de todos los tratamientos específicos, donde con afecto se le respetan los gustos y preferencias, dedicados a que tenga la mejor calidad de vida posible; – que los tratamientos y los elementos que resultan necesarios para llevarlos a cabo, no se modifiquen por motivos ajenos a indicaciones terapéuticas específicas de los profesionales tratantes; – que continúe teniendo los apoyos y la asistencia que precisa para sus cuidados básicos personales, para el mantenimiento de su vida; – que tenga apoyo por representación para la toma de decisiones, sobre todo las responsables, como las relacionadas a dar consentimientos informados válidos, las consultas por su salud, las gestiones y trámites relacionados a todo ello, a la obtención de la pensión que le corresponde por las múltiples discapacidades físicas y mentales. Así como también requiere de apoyo por representación para percibir, administrar, disponer de dinero/bienes.

VII.-Identidad de Genero: La identidad es un derecho humano personalisimo que tutela la «mismidad de la persona, su «coincidencia con su «verdad historica», y encuentra fundamento axiologico en la dignidad del ser humano.- La ley 26.743, de identidad de genero , sancionada el dia 9 de mayo del año 2012, garantiza en el art. 1 que toda persona tiene derecho al reconocimiento de su identidad de genero, al libre desarrollo de su vida conforme a su identidad , a ser tratada de acuerdo a su identidad de genero a ser identificada de ese modo en los instrumentos que acredidtan su identidad.De la lectura de la causa se colige que tanto en sede judicial en jurisdiccion de la Ciudad Autnonoma de Buenos Aires, como en los informes medicos agregados, o bien en las comunicaciones cursadas a PROFE se ha identificado a la señora A. C. como mujer; pero hasta hoy no se ha reconocido en lo formal, es decir registralmente y en su documentación la realidad de su identidad de genero. Que la exteriorizaciòn de su elecciòn vital en cuanto al genero femenino, viene con ella desde alrededor a sus 8 años de edad; y desde esa corta edad, se ha reconocido ella, como mujer y ha elegido el nombre de A. Ha sufrido por ello, discriminaciones, y violaciones reiteradas a sus derechos en razon de su elecciòn de vida. Que esta dicriminaciòn incluso ha sido vivenciada por ella en el ámbito de su familia, quien se ha desentendido de su situaciòn, primero social ( viviò en situaciòn de calle), y luego de salud, a mas de la falta total de asistencia material, emocional y amorosa hacia su persona. El interrogante principal a resolver: Llegados a este estado del analisis cabe preguntarse y luego resolver, si hoy a sus 30 años de edad, y encontrandose en clara situaciòn de vulnerabilidad debido al avance de la enfermedad que adolece, corresponde restringir en funciòn a los informes Multidiciplinarios agregados su derecho a peticionar ante la Autoridad Adminsitrativa por si, en los terminos del art. 3 de la ley 26.743 su derecho al reconocimiento de su identidad de gènero. Adelanto opinión en el sentido de que rotundamente la respuesta es que no corresponde restringir ese derecho, como tampoco otorgar autorizacion judicial alguna; sino que muy por el contrario corresponde sea garantizado su derecho a «preservar sus anhelos vitales » ( conforme tan graficamente lo apunto la Perito Medica Psiauiatra, Dra. Pinter en su onforme) VII.- Fundamentaciones de ello: A) Principio de igualdad y no discriminaciòn: En la OPINION CONSULTIVA NRO.24/12 2017 » ( solicitada por la Republica de Costa Rica) la CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, cuyo tema fue (IDENTIDAD DE GÉNERO, E IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN A PAREJAS DEL MISMO SEXO OBLIGACIONES ESTATALES EN RELACIÓN CON EL CAMBIO DE NOMBRE, LA IDENTIDAD DE GÉNERO, Y LOS DERECHOS DERIVADOS DE UN VÍNCULO ENTRE PAREJAS DEL MISMO SEXO (INTERPRETACIÓN Y ALCANCE DE LOS ARTÍCULOS 1.1, 3, 7, 11.2, 13, 17, 18 Y 24, EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS); ha se señalado que: la noción de igualdad se desprende directamente de la unidad de naturaleza del género humano y es inseparable de la dignidad esencial de la persona, frente a la cual es incompatible toda situación que, por considerar superior a un determinado grupo, conduzca a tratarlo con privilegio; o que, a la inversa, por considerarlo inferior, lo trate con hostilidad o de cualquier forma lo discrimine del goce de derechos que sí se reconocen a quienes no se consideran incursos en tal situación. Los Estados deben abstenerse de realizar acciones que de cualquier manera vayan dirigidas, directa o indirectamente, a crear situaciones de discriminación de jure o de facto ( 61) .- La jurisprudencia de la Corte también ha indicado que en la actual etapa de la evolución del derecho internacional, el principio fundamental de igualdad y no discriminación ha ingresado en el dominio del ius cogens. Sobre él descansa el andamiaje jurídico del orden público nacional e internacional y permea todo el ordenamiento jurídico. En este sentido, la Corte ha establecido que el artículo 1.1 de la Convención es una norma de carácter general cuyo contenido se extiende a todas las disposiciones del tratado, y dispone la obligación de los Estados Parte de respetar y garantizar el pleno y libre ejercicio de los derechos y libertades allí reconocidos sin discriminación alguna.Es decir, cualquiera sea el origen o la forma que asuma, todo tratamiento que pueda ser considerado discriminatorio respecto del ejercicio de cualquiera de los derechos garantizados en la Convención es, per se, incompatible con la misma. Y el incumplimiento por el Estado de la obligación general de respetar y garantizar los derechos humanos, mediante cualquier trato diferente que pueda resultar discriminatorio, es decir, que no persiga finalidades legítimas, sea innecesario y/o desproporcionado, le genera responsabilidad internacional1. Es por ello que existe un vínculo indisoluble entre la obligación de respetar y garantizar los derechos humanos y el principio de igualdad y no discriminación. B) Por otra parte, mientras que la obligación general del artículo 1.1 se refiere al deber del Estado de respetar y garantizar sin discriminación los derechos contenidos en la Convención Americana, el artículo 24 protege el derecho a igual protección de la ley. Es decir, el artículo 24 de la Convención Americana prohíbe la discriminación de derecho, no sólo en cuanto a los derechos contenidos en dicho tratado, sino en lo que respecta a todas las leyes que apruebe el Estado y a su aplicación. (64):- En resumen, no cabe efctuar discriminaciòn alguna siendo un derecho humano basico a ser garantizado el derecho al reconocimiento de la autopercepcion de genero. Tratandose de un derecho personalisimo que hace a la identidad personal, define la mismidad del sujeto, y con ello a la dignidad de la persona, el Estado debe dictar medidas e fectivas para asegurar estos derechos. Especificamente para este caso, y a diferencia de la Convenciòn Americana de derechos Humanos, el artículo I.2.a) de la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad define que es discriminaciòn:estipula que el término discriminación contra las personas con discapacidad significa toda distinción, exclusión o restricción basada en una discapacidad, antecedente de discapacidad, consecuencia de discapacidad anterior o percepción de una discapacidad presente o pasada, que tenga el efecto o propósito de impedir o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por parte de las personas con discapacidad, de sus derechos humanos y libertades fundamentales. Consecuentemente corresponde librar oficio al Registro Nacional de las Personas a los fines de que envie al Hogar San Francisco de la Merced ( sito en la calle Olavarria 4759, de la localidad de Caseros, Provincia de Buenos Aires) ; en el plazo de cinco dias personal habilitado y con los recursos administrativos necesarios, (valija con material identificatorio) a los fines de formalizar en los terminos del art. 3 de la ley 26.743, el cambio de nombre y de genero de la señora A. C. (Identificada en su partida de nacimiento como H. D.C.-DNI nro. xx.xxx.xxx).

VIII.- Determinaciòn de la Capacidad: Respecto del régimen aconsejado para la protección, asistencia y promoción del joven para lograr mayor autonomía posible se estima la modalidad: Hogar con Cet jornada doble Pupilo Permanente con Dependencia, requiere supervisión continua. En cuanto al Art. 32 del CCCN estiman que el causante padece una alteración permanente grave que permite que del ejercicio de la plena capacidad puede provocar un daño a sí mismo o sus bienes, pues carece de coeficiente intelectual que le permita reconocer el valor del mismo, siendo el C.I. de 30. Ademas refieren que no puede realizar actos y/o actividades por sí solo, requiere ayuda de otras personas, concluyendo que en consecuencia el interesado requiere se le designe un curador en función a las anormalidades que padece. IX Que, llegados a este punto, ponderando el informe interdisciplinario y no hallando mérito para apartarme de las conclusiones a la que se arriba (arts. 375, 384 y 474 del C.P.C.C.), cabe merituar la situación de la señora A. C.( H.D.). X) A la luz de los principios esbozados precedentemente aplicados en el caso particular y contando entonces con la totalidad de los instrumentos en virtud de los cuales puede la Suscripta evaluar las condiciones en las que la interesada vive y se desarrolla, como así también el encuadre legal dado po la Perito Psiquiatra al que otorgo plena fuerza probatoria y habiéndose establecidos los parámetros de capacidad de A. C. (INSCRIPTO como H. D. C.) en este especial supuesto corresponde restringir su capacidad para determinados aspectos de su vida, disponiendo un sistema de apoyos que integren o complementen la autonomía de la voluntad de la interesada, procurando desde luego la menor injerencia posible, pero facilitando la comunicación, comprensión y manifestación de la voluntad de la persona para el ejercicio de sus derechos. VIII) Por lo tanto, encuentro que se ha acreditado debidamente que la señora A. C. padece «Enfermedad de Huntington» evidenciada en la pubertad, enfermedad hereditaria, crónica y con pronóstico malo, en el que presenta en el interesado un cuadro de anormalidades de la marcha y de la movilidad; trastornos de los hábitos y de los impulsos, lo que hace que sea dependiente total en todas las actividades de su vida diaria.- En la actualidad no puede tomar decisiones responsables y necesita supervisión permanente, apoyos y asistencia para sus cuidados personales básicos, en resumidas cuentas para toda actividad, pues ya no dispone ni de los niveles de autonomía que tenía cuando llegó al Hogar. Carece pues está perdiendo las habilidades que tenía para la lectoescritura y para la realización de cálculos numéricos, tampoco reconoce ya adecuadamente el valor del dinero. Regimen aconsejado:- que se lleve a cabo el cambio de nombre y género en la Documentación de Identidad, lo que resulta de suma importancia para A., para beneficio de su estado emocional el que se concrete su anhelo vital de ser reconocida como mujer con el nombre A., más aún en las presentes circunstancias en las que tiene conciencia y mucho sufrimiento por el agravamiento del deterioro generalizado que tiene. En cuanto a su vida diaria: debe continuar viviendo en el Hogar con Centro de Día como pupila permanente, (en el que se encuentra), donde recibe los cuidados que necesita, además de todos los tratamientos específicos, donde con afecto se le respetan los gustos y preferencias, dedicados a que tenga la mejor calidad de vida posible. Requiere apoyos y asistencia para sus cuidados básicos personales, para el mantenimiento de su vidaEn cuanto a la toma de decisiones responsables requiere apoyos por representacion , como las relacionadas a dar consentimientos informados válidos, las consultas por su salud, las gestiones y trámites relacionados a todo ello, a la obtención de la pensión que le corresponde por las múltiples discapacidades físicas y mentales. Así como también requiere de apoyo por representación para percibir, administrar, disponer de dinero/bienes. Asimismo, cabe dejar sentado que, de acuerdo a las previsiones del art. 40 del C.C. y C. «la sentencia debe ser revisada por el juez en un plazo no superior a tres años sobre la base de nuevos dictámenes multidisciplinarios.». En la misma dirección ya lo establecía el art. 152 ter del C.C. incorporado por la Ley de Salud Mental que a su vez incorpora los lineamientos esbozados en el art. 12 inc. 4 de la Convención aprobada por la ley nro.26.378 consagrando la necesidad que las medidas que se adopten en salvaguarda de los derechos de las personas con discapacidad «.se apliquen en el plazo más corto posible y que estén sujetas a exámenes periódicos por parte de una autoridad o un órgano judicial competente, independiente e imparcial» y el Principio 1.6 parte de los Principios de las Naciones Unidas para la Protección de los Enfermos Mentales y para el Mejoramiento de la Atención de la Salud Mental aprobados en el año 1991 que reza «. las decisiones sobre la capacidad y la necesidad de un representante personal, se revisarán en los intervalos razonables previstos en la legislación nacional»; la declaración de incapacidad -pretensión sub examine y que en el particular corresponde hacerle lugar- deberá revisarse en el plazo de tres años. En igual dirección el art. 7 inc. n de la citada Ley de Salud Mental establece entre los derechos de las personas con padecimientos mentales que dicho estado no sea considerado inmodificable. Respecto a los actos juridicos relativos a la adminsitración y a la disposición de sus bienes ( como vender, donar, ceder bienes, cobrar, gastar o gestionar dinero) considero que la interesada no puede realizarlos por si misma sino a traves de la persona de Apoyo designada, quien ejerceria un apoyo con representación, mas alla de la intervención legal que para esos actos disponga por parte de la Asesoria de Menores e Incapaces en la esfera de su función. IX) DESIGNACION DE APOYOS : Analizando la procedencia de la petición, y los informes multidisciplinarios y no hallando mérito para apartarme de las conclusiones arribadas (arts. 100, 101, 138, 139, 375, 384 y 474 del C.P.C.C.), se desprende, en lo esencial que la Sra. GRISELDA MABEL ROSSITTO, DNI Nº 12.439.728, Directora de la institución que aloja al interesado, es quien se encuentra en condiciones de asumir legalmente la figura de apoyo de la señora A. C.(DNI xx.xxx.xxx).-

XI) Que en razón de lo antes desarrollado y lo dispuesto por el art. 628 del Código Procesal, las costas del juicio serán soportadas por el causante. – Así las cosas, en virtud de las consideraciones efectuadas y normas legales citadas, RESUELVO:

1º) Ordenar al Registro Nacional de las Personas a formalizar con caracter urgente despacho en los terminos del art. 3 de la ley 26.743, el cambio de nombre y de genero de la señora A. C. (Identificada en su partida de nacimiento como H. D.C.-DNI nro. xx.xxx.xxx). A esos efectos se solicita se envie al Hogar San Francisco de la Merced ( sito en la calle Olavarria 4759, de la localidad de Caseros, Provincia de Buenos Aires) ; personal habilitado y con los recursos administrativos necesarios, (valija con material identificatorio) dado que la ciudadana interesada, se encuentra imposibilitada de concurrir por sus propios medios a la dependencia Adminsitrativa.

2º) Hacer lugar a la demanda de determinación de la capacidad jurídica de H. D. C. , quien procederá a ser inscripta ( art. 3 de la ley 26.743) como A. C. (DNI nro. xx.xxx.xxx).- Estableciendo que: a) se encuentra en condiciones de solicitar a la Autoridad Administrativa su decisión de cambio de nombre y sexo en los terminos del art. 3 de la ley 26.743, b) se hace entender por gestos cuando quiere comunicar algo, c) tiene conciencia y sufrimiento por el estado de agravamiento de su enfermedad; d) requiere apoyo en todas las actividades de su vida diaria; trasladarse sola por la vía pública y cumplir las indicaciones terapéuticas, no puede vivir sola, ;e) requiere apoyo por representación para la toma de decisiones, sobre todo las responsables, como las relacionadas a dar consentimientos informados válidos, las consultas por su salud, las gestiones y trámites relacionados a todo ello, a la obtención de la pensión que le corresponde por las múltiples discapacidades físicas y mentales.Así como también requiere de apoyo por representación para percibir, administrar, disponer de dinero/bienes.f) No puede realizar actividad laboral remunerada, cobrar y administrar un salario o percibir y administrar un beneficio previsional sola , requieriendo para ello apoyo por representación. (arts.23, 24,31,32,33,34 , 38, 261 y ccdts. del C.C.; 627 y ccdts. del C.P.C.C.).

3º) Nombrar como personas de apoyo de la señora A. C. , DNI Nº xx.xxx.xxx, a la Directora del Hogar San Francisco de la Virgen de la Merced, DRA. GRISELDA MABEL ROSSITTO, DNI Nº 12.439.728 (arts. 31, 32 tercer párrafo, 43 y 44, en concordancia con art. 390 del C.C.C.N.) quien deberá promover la autonomia y favorecer las decisiones que respondan a las preferencias de A. C.-

4º) Haciendo saber que la presente sentencia deberá ser revisada en un plazo no mayor a los tres años sin perjuicio de hacer constar que dicho plazo es referencial pudiéndose rever la situación del causante en cualquier momento a petición de parte. (Art. 40 del C.C.C.N en concordancia con lo establecida con el art. 629 CPCC).-

5º) SOLICITAR , en aras del Derecho de Identidad de Genero a DRA. GRISELDA MABEL ROSSITTO, DNI Nº 12.439.728, y al personal profesional del Hogar y al SEÑOR DEFENSOR OFICIAL , quien ejerce la asistencia tecnica legal de la señora C. ; a instrumentar , asistir y facilitar el tramite administrativo respectivo de rectificación de sexo y cambio de nombre de pila de la partida de nacimiento del interesado y la expedición del nuevo DNI con los datos actuales del mismo, de conformidad con el art. 6 y ccdtes. de la Ley 26.743. (arts. 1, 2, 4, 6, 7, 12 y ccdtes. Ley 26.743). Consentida o ejecutoriada la presente y cumplido que sea con lo dispuesto por los arts. 21 y 22 de la Ley 6716 t.o. Ley 10.268, comuníquese la presente mediante instrumento de estilo respectivo al Registro de Incapaces y al Registro de las Personas (arts. 627 del C.P.C.C. y 80, 88 y ccdts. Ley 26.413). Fecho, líbrese testimonio para la parte.-REGISTRESE. NOTIFIQUESE al Ministerio Pupilar, a la Sra. Fiscal y al Sr. Defensor Oficial en la sala de sus públicos despachos (art. 135 incs. 12 y 14 del C.P.C.C.) DRA. MARIA SILVINA D’AMICO JUEZ En igual fecha se cumplieron con las notificaciones ordenadas. Conste. REFERENCIAS:

Funcionario Firmante: 17/02/2021 13:07:04 – D AMICO Maria Silvina – JUEZ

JUZGADO DE FAMILIA Nº 4 – SAN MARTIN

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