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#Fallos Clases presenciales: Un Tribunal del Trabajo de La Plata juzgó que la competencia federal debe resolver el pedido de ilegitimidad del comunicado de suspensión de clases presenciales dispuesto a partir del DNU N° 241/2021

Partes: EIPEF S.R.L. c/ Gobernación de la Provincia de Buenos Aires s/ amparo

Tribunal: Tribunal de Trabajo de la Plata

Sala/Juzgado: V

Fecha: 19-abr-2021

Cita: MJ-JU-M-131639-AR | MJJ131639 | MJJ131639

Prevalece la competencia federal para resolver la procedencia el amparo y la declaración de ilegitimidad del comunicado de suspensión de clases presenciales en los establecimientos educativos de todos los niveles y modalidades de enseñanza de esta ciudad, para la gestión estatal y privada, dispuesto en consonancia con las medidas sanitarias dispuestas por el PEN en el DNU N° 241/2021.

Sumario:

1.-Se juzga que debe prevalecer la competencia federal toda vez que se encuentra en juego la interpretación de una norma federal que excede en mucho el marco de la jurisdicción provincial de conformidad con lo previsto en los arts. 116 de la CN. y 2 de la Ley 48, a poco que se observe que en cuanto a la competencia en razón de la materia, el amparista hace referencia a un Decreto de Necesidad y Urgencia Nacional que no solo se refiere a la educación, sino a la salud, a la seguridad y al orden publico nacional, tanto en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, como en el de Capital Federal, sancionado en el marco de una Pandemia de carácter mundial producto del virus SARS-CoV-2, conocido como COVID-19.

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2.-Corresponde a este tribunal inhibirse para entender en la presente acción de amparo, toda vez que resulta competente la Justicia federal (arts. 4 del CPCC., 116 CN.; 2 de la Ley 48) y consecuentemente debe rechazarse la protección precautelar y la medida cautelar requerida (art. 63 de la Ley 11.653; 196 y ccdtes. del CPCC) entendiendo que la intervención de la justicia federal es privativa en cuanto excluye a la provincia de las causas que la Constitución y las Leyes le asignen a aquella y no advirtiéndose razón jurídica idónea para negar el fuero federal que es propio y específico en causas de esta naturaleza.

3.-Resulta evidente que se encuentra en juego la interpretación de normativa federal que excede el marco de la jurisdicción provincial, en tanto se trata de un DNU relativo a la pandemia de COVID-19 que azota a nuestro país (y al mundo) desde el año pasado, donde se prescriben medidas respecto de más de una jurisdicción, que no se limitan al área educativa sino que se integran como un paquete de medidas con otras vinculadas al orden público, seguridad y salud pública.

4.-Resulta competente la justicia federal en materias que interesan esencialmente a la Nación, no pudiendo la justicia ordinaria avocarse a un asunto sobre la política sanitaria nacional en el marco de una pandemia, dada la trascendencia que semejante tarea abarca y el control de la salud que en todo el país ejerce el Estado Nacional.

5.-Las pretensiones deducidas por el amparista afectan, modifican y/o alteran la respuesta que el estado nacional ha planificado con el objetivo de disminuir la circulación de personas y, por lo tanto, la circulación del virus en atención al crecimiento exponencial de contagios que se ha observado en los últimos días (con especial incidencia en nuestra ciudad), evidentemente interfiere con la política nacional en materia de salud pública frente a la pandemia, por lo que resulta propio de la competencia de los tribunales federales, y ajeno al conocimiento de los órganos jurisdiccionales de la Provincia.

Fallo:

En la Ciudad de La Plata, reunidos los Sres. Jueces del Tribunal de Trabajo Nº 5 de La Plata, Doctores Daniel Sánchez Sierra y Federico Javier Escobares, con la integración del Dr. Enrique Catani, Juez del Tribunal del Tribunal de Trabajo Nº 3 departamental, bajo la Presidencia del primero, a fin de dictar resolución en los autos caratulados «EIPEF S.R.L. C/ GOBERNACION DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ AMPARO» s/ AMPARO» (Expte. 27.442)

Practicado el sorteo de ley, resultó que en la votación los Sres. Jueces debían observar el siguiente orden: Dres. Escobares – Sánchez Sierra – Catani.

El Tribunal decidió plantear y votar la siguiente

CUESTION

¿Es competente el Tribunal para entender en la presente causa?

A la cuestión planteada el Dr. ESCOBARES dijo:

ANTECEDENTES:

Que mediante escrito electrónico de fecha 16/04/21 se presenta el letrado apoderado de la actora EIFEC S.R.L, promoviendo formal acción de amparo conforme lo dispone el inciso 2 del artículo 20 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y normas concordantes, así como la declaración de ilegitimidad contra los hechos y actos del Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires, y el acto administrativo de fecha 16 de abril de 2021 -Comunicado de Suspensión de Clases dispuesto por la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires-, que en consonancia con las medidas sanitarias definidas por el Gobierno Nacional por medio del art.2 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nacional Nro.241/2021 del Poder Ejecutivo Nacional de fecha 15/04/2021 (publicado en el Boletín Oficial el 16/04/21) desde el lunes 19 de abril y hasta el próximo 30 de abril inclusive, suspende las clases presenciales en los establecimientos educativos de todos los niveles y modalidades de enseñanza de esta ciudad, para la gestión estatal y privada.

De igual manera, asevera que existe un daño irreparable a derechos y garantías de raigambre constitucional, y en particular, los consagrados en los artículos 14, 17, 28, 33, y 75 incs. 22 y 24 de la Constitución Nacional, así como los artículos 12, inciso 3, 27; 39; 128 y 200 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, solicitando en consecuencia, que se declare la inconstitucionalidad de las normativas dictadas en violación a los preceptos y derechos constitucionales invocados.

Es por ello que requiere en los términos de los artículos 195, 230 y concordantes del CPCCPBA, el dictado urgente de una MEDIDA CAUTELAR INNOVATIVA que suspenda los efectos y ejecución de la Comunicación 225 y del artículo 2 del DNU 241/21, que sustituye el artículo 10 del Decreto Nro.235/21 y -que esencialmente suspende la presencialidad escolar, desconociendo de este modo el acceso a derechos constitucionales básicos de los niños, niñas y adolescentes de la Provincia de Buenos Aires, y en particular de los alumnos del Colegio ESSERI, institución a través de la cual EIPEF ejecuta, dirige, desarrolla y asiste en servicios educativos, enseñanza inicial-, hasta tanto se dicte sentencia definitiva en las presentes actuaciones.

Asimismo, y como medida previa a la cautelar solicitada, requiere se dicte una PROTECCION PRECAUTELAR URGENTE, que declare el carácter de esencial de la continuidad del dictado de clases presenciales con el estricto cumplimiento de los protocolos elaborados, y cumplidos por el Colegio ESSERI, requiriendo la inmediata y expedita tutela de los intereses afectados de los alumnos de dicho colegio, así como del personal docente y no docente.

Es porello que solicita se ordene al Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires y/o Dirección General de Cultura y Educación de la PBA, con carácter precautelar, a abstenerse de aplicar las disposiciones del Comunicado de Suspensión de Clases dispuesto por la DGCE y del DNU Nro.241/2021, y a iniciar y/o impulsar o proseguir medidas de ejecución -administrativas y/o sancionatorias-, a través de actos administrativos tendientes a garantizar el efectivo derecho de educación, y de integridad física, psíquica y moral a su representada, hasta que este Tribunal cuente con toda la documentación necesaria para resolver en definitiva sobre el planteo cautelar realizado.

En síntesis, lo que se peticiona es una medida precautelar, que provisoriamente suspenda la ejecución del decreto provincial 181/21, y la comunicación N° 225/21 DGCYE y su rectificatoria (sin número) de fecha 16/04/21 y de cualquier otro acto administrativo que pueda dictarse en consonancia con el DNU 241/21.

Asimismo, y con posterioridad al inicio de las presentes actuaciones, en fecha 19/04/21, la parte actora presenta un nuevo escrito, denunciando que en fecha 16/04/21, la Provincia ha dictado el Decreto 181/21 que faculta al Ministro Secretario en el Departamento de Jefatura de Gabinete de Ministros y a la Directora General de Cultura y Educación, de manera conjunta, a suspender, en forma temporaria y focalizada a nivel distrital, las clases presenciales; y una Comunicación Rectificatoria en la órbita de la Dirección General de Cultura y Educación (sin número), pero de fecha 16/04/21, que reemplaza a la Comunicación N°225, anunciando la suspensión de las clases presenciales en los establecimientos educativos de todos los niveles y modalidades de enseñanza.

En función de ello, y conforme a los argumentos oportunamente expuestos en su primer presentación, es que solicita ampliar la petición de declaración de ilegitimidad contra el Decreto N° 181/21 y Comunicación N° 225 y su rectificatoria (sin número) de fecha 16/0421; y requerir el dictadode una medida cautelar que suspenda la vigencia y aplicación de los mismos, así como, el dictado de una medida precautelar, que provisoriamente suspenda la ejecución del Decreto 181/21, y la comunicación N° 225/21 y su rectificatoria (sin número) de fecha 16/04/21 y de cualquier otro acto administrativo que pueda dictarse en consonancia con el DNU 241/21.

Finalizando su presentación, expone que en fecha 18/04/21, en las actuaciones caratuladas «FUNDACIÓN CENTRO DE ESTUDIOS EN POLÍTICAS PUBLICAS SOBRE INCIDENTE DE QUEJA POR APELACIÓN DENEGADA – QUEJA POR APELACION DENEGADA», Número: INC 108441/2021-1 CUIJ: INC J-01-00108768-8/2021-1, Actuación Nro: 616158/2021, de la sala IV de la Cámara de Apelaciones del fuero Contencioso Administrativo Tributario y de Relaciones de Consumo, se ha resuelto, «.disponer la suspensión de lo dispuesto en el art. 2°, párrafo tercero del DNU n° 241/21, y ordenar al GCBA que en el marco de su autonomía y competencias propias disponga la continuidad de la presencialidad de las clases en el ámbito del territorio de la Ciudad de Buenos Aires, conforme la resolución conjunta del Ministerio de Educación y de Salud N° 1/21.»

PROPUESTA DECISORIA

La acción de amparo es una acción expedita y rápida, que procede frente a actos, hechos, decisiones u omisiones de particulares o de autoridad pública, que en forma actual o inminente lesionen, restrinjan, alteren o amenacen con arbitrariedad derecho constitucional, y constituye un proceso breve y de pronta resolución, frente a aquellos actos u omisiones que impidan gozarlo en plenitud.La Ley Suprema establece que aquélla es viable siempre que no exista otro medio judicial más idóneo -más rápido o eficaz- y no se restringiera la libertad física en cuyo caso procedería el «habeas corpus».

Es importante resaltar que el art.2 de la Ley Provincial 13.928 establece que en la acción de amparo será competente cualquier Juez o Tribunal letrado de primera o única instancia con competencia en el lugar donde el hecho, acto u omisión cuestionados tuviere o hubiese de tener efectos.

Por su parte, el art.4 del C.P.C.C., establece la necesidad de interposición de la demanda ante juez competente, exigiendo la inhibitoria de oficio, en los casos en los que «de la exposición de los hechos resultare no ser de la competencia del juez ante quien se deduce». Ello implica que, una vez que el órgano jurisdiccional, verifica que no es competente, así deberá declararlo de oficio.

Brindando un concepto genérico, podemos definir a la competencia como la facultad que tiene el Tribunal o el Juez para ejercer la jurisdicción en un asunto determinado. Es la medida de la jurisdicción asignada a un órgano del Poder Judicial, a efecto de la determinación genérica de los procesos en que es llamado a conocer por razón de la materia, de la cantidad o del lugar.

Para la determinación de la competencia corresponde atender de modo principal a la exposición de los hechos que el actor hace en la demanda y, sólo en la medida que se adecue a ellos, al derecho que invoca como fundamento de la pretensión.

Es decir la competencia se determina, en principio, por la naturaleza de la cuestión que el interesado propone a decisión, o sea, por la índole de la acción ejercitada (SCBA, Ac.44.648, 27-2-90).

En virtud de ello, debemos considerar que la competencia en razón de la materia, se rige por el principio «ratione materiae», el cual es de orden público, no pudiendo alterarse o dejarse sin efecto por voluntad de las partes, debiendo los jueces velar por su estricto cumplimiento, aún de oficio (SCBA, DJBA 123-379).-

Visto el objeto de la acción promovida, cabe en primer término analizar la competencia de éste órgano para entender en la misma, atento a la materia que se ventila en autos como a la naturaleza jurídica de la persona de la demandada.

Ahora bien, adentrándonos al análisis del caso de autos, podemos observar que en cuanto a la competencia en razón de la materia, el amparista hace referencia a un Decreto de Necesidad y Urgencia Nacional que no solo se refiere a la educación, sino a la salud, a la seguridad y al orden publico nacional, tanto en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, como en el de Capital Federal, sancionado en el marco de una Pandemia de carácter mundial producto del virus SARS-CoV-2, conocido como COVID-19.

Es por tales argumentos que adelantamos que prevalece la competencia federal toda vez que s e encuentra en juego la interpretación de una norma federal que excede en mucho el marco de la jurisdicción provincial de conformidad con lo previsto en los arts.116 de la Constitución Nacional y 2 de la Ley 48 .

Por otra parte, también debemos considerar que el amparista al solicitar la medida cautelar innovativa, incluye expresamente al Poder Ejecutivo Nacional, lo que, independientemente de que existan otros legitimados pasivos, determina asimismo la competencia federal.

Ahora bien, atento lo precedentemente expuesto, podemos observar que de los considerandos del DNU impugnado surge:

«Que luego de SIETE (7) días de dictado el Decreto N° 235/21 y en el marco de la evaluación diaria de la situación sanitaria y epidemiológica del ÁREA METROPOLITANA DE BUENOS AIRES (AMBA), se ha adoptado la decisión de implementar nuevas medidas focalizadasen este territorio tendientes a disminuir la circulación de personas y, por lo tanto, la circulación del virus. El crecimiento exponencial de contagios que se ha observado en los últimos días, proyectado hacia las próximas semanas, evidencia un panorama inquietante con riesgo de saturación del sistema de salud y de aumento de la mortalidad, lo que amerita el establecimiento de medidas urgentes destinadas a evitar estas gravosas consecuencias.»

«Que la velocidad en el crecimiento de los contagios en el marco de la segunda ola de la pandemia de COVID-19 ha exhibido, a nivel internacional, escenarios dramáticos en términos de consecuencias para la vida y la salud de las personas y para las economías de países con más fortalezas que el nuestro. Omitir la adopción de medidas oportunas y razonables, focalizadas y transitorias, fundadas en evidencia científica y en la experiencia internacional para evitar estas consecuencias, significaría asumir el riesgo de que ocurran consecuencias irreversibles para la salud pública y que solo quede lamentarlas, cuando ya sea demasiado tarde»

«Que se reconoce sin dudas la importancia de la presencialidad en la actividad escolar, pero la situación epidemiológica en el ÁREA METROPOLITANA DE BUENOS AIRES (AMBA) demuestra una gravedad que exige la adopción de medidas inmediatas para disminuir la circulación de las personas, con el fin de disminuir, también, la velocidad en el crecimiento de los contagios. Por ese motivo deberán realizarse los mayores esfuerzos, durante las DOS (2) semanas de suspensión de clases presenciales para garantizar el derecho a estudiar con la modalidad virtual, hasta el reinicio posterior luego de transcurrido ese plazo.En este sentido se comparte el criterio de que la suspensión de la presencialidad en las aulas debe llevarse adelante por el menor tiempo posible, tal como han indicado prestigiosos organismos vinculados a los derechos de niños, niñas y adolescentes, como UNICEF y la Sociedad Argentina de Pediatría.»

«Que las medidas temporarias, intensivas, focalizadas geográficamente y orientadas a las actividades y horarios que conllevan situaciones de mayores riesgos y que generan gran movilidad de personas se adoptan para mitigar el incremento exponencial de casos de COVID-19.»

«Que, como ha sido expresado en los decretos que establecieron y prorrogaron las anteriores medidas de protección sanitaria, los derechos consagrados por el artículo 14 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL resultan ser pilares fundamentales de nuestro ordenamiento jurídico y están sujetos a limitaciones y restricciones que pueden disponerse por razones de orden público, seguridad y salud pública.»

Planteado el tema resulta evidente que se encuentra en juego la interpretación de normativa federal que excede el marco de la jurisdicción y transitorias, fundadas en evidencia científica y en la experiencia internacional para evitar estas consecuencias, significaría asumir el riesgo de que ocurran consecuencias irreversibles para la salud pública y que solo quede lamentarlas, cuando ya sea demasiado tarde»

«Que se reconoce sin dudas la importancia de la presencialidad en la actividad escolar, pero la situación epidemiológica en el ÁREA METROPOLITANA DE BUENOS AIRES (AMBA) demuestra una gravedad que exige la adopción de medidas inmediatas para disminuir la circulación de las personas, con el fin de disminuir, también, la velocidad en el crecimiento de los contagios. Por ese motivo deberán realizarse los mayores esfuerzos, durante las DOS (2) semanas de suspensión de clases presenciales para garantizar el derecho a estudiar con la modalidad virtual, hasta el reinicio posterior luego de transcurrido ese plazo.En este sentido se comparte el criterio de que la suspensión de la presencialidad en las aulas debe llevarse adelante por el menor tiempo posible, tal como han indicado prestigiosos organismos vinculados a los derechos de niños, niñas y adolescentes, como UNICEF y la Sociedad Argentina de Pediatría.»

«Que las medidas temporarias, intensivas, focalizadas geográficamente y orientadas a las actividades y horarios que conllevan situaciones de mayores riesgos y que generan gran movilidad de personas se adoptan para mitigar el incremento exponencial de casos de COVID-19.»

«Que, como ha sido expresado en los decretos que establecieron y prorrogaron las anteriores medidas de protección sanitaria, los derechos consagrados por el artículo 14 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL resultan ser pilares fundamentales de nuestro ordenamiento jurídico y están sujetos a limitaciones y restricciones que pueden disponerse por razones de orden público, seguridad y salud pública.»

Planteado el tema resulta evidente que se encuentra en juego la interpretación de normativa federal que excede el marco de la jurisdicción provincial, en tanto se trata de un DNU relativo a la pandemia de COVID-19 que azota a nuestro país (y al mundo) desde el año pasado, donde se prescriben medidas respecto de más de una jurisdicción, que no se limitan al área educativa sino que se integran como un paquete de medidas con otras vinculadas al orden público, seguridad y salud pública.

En ese sentido cabe señalar que resulta competente la justicia federal en materias que interesan esencialmente a la Nación, no pudiendo la justicia ordinaria avocarse a un asunto sobre la política sanitaria nacional en el marco de una pandemia, dada la trascendencia que semejante tarea abarca y el control de la salud que en todo el país ejerce el Estado Nacional .

Por lo demás cabe señalar que las pretensiones deducidas por el amparista afectan, modifican y/o alteran la respuesta que el estado nacional ha planificado con el objetivo de disminuir la circulación de personas y, por lo tanto, la circulación del virus enatención al crecimiento exponencial de contagios que se ha observado en los últimos días (con especial incidencia en nuestra ciudad), lo que evidentemente interfiere con la política nacional en materia de salud pública frente a la pandemia, por lo que resulta propio de la competencia de los tribunales federales, y ajeno al conocimiento de los órganos jurisdiccionales de la Provincia.-

Sin perjuicio de que lo expuesto alcanza para definir como federal la cuestión traída a conocimiento de este Tribunal, y como ya se adelantara, del objeto de la pretensión cautelar surge que el amparista pretende también un pronunciamiento que incluya al Poder Ejecutivo Nacional en tanto requiere que: «Hasta tanto se resuelva el fondo de la litis solicito de V.S. que disponga MEDIDA CAUTELAR INNOVATIVA, ordenando al Poder Ejecutivo Nacional y de la PBA y organismos competentes, la suspensión de la aplicación del DNU que establece la suspensión temporaria de la continuidad pedagógico de manera presencial, así como de la Comunicación arbitraria de la DGCE» (el resaltado me pertenece).-

En tal sentido, la doctrina legal de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ha declarado en forma reiterada que -en virtud de lo que prescribe el art. 116 de la Constitución Nacional- le corresponde conocer a la justicia federal en las controversias suscitadas con entidades nacionales, ya sean organismos autárquicos o empresas del Estado nacional, así como en aquellos casos en que existe la posibilidad de resultar afectada la responsabilidad de la Nación, o comprometidos sus intereses patrimoniales (cfr. SCBA, causa L. 101.591, «Smith, Federico Roberto c/Universidad Nacional de La Matanza s/Despido», sent. del 13/5/2009; L.106.847, «García, Sonia Stella Maris c/Nación Seguros de Vida S.A. s/Despido» , sent. del 13/6/2012; entre muchas). Para más, ese criterio ha sido refrendado por la propia Corte Federal (causas «Rac, Roberto Ricardo c/ Banco de la Nación Argentina» , sent.de 10-X-2000, publicada en «El Derecho», 196-599; «Banco de la Nación Argentina c/ Programa de Defensa del Consumidor y Cooperativas de la Provincia de San Luis» , sent. de 28-VII-2005, publicada en «La Ley» de 26-IX-2005, entre otras).

En tales condiciones, la competencia para entender en la causa que nos convoca recae, claramente, en la Justicia Federal, criterio que por otra parte responde a la doctrina de la Suprema Corte de Justicia cuando, como en el caso, concurre un interés nacional, elemento excluyente -«ratione personae»- para que conforme lo ordenado por el art. 116 de la Constitución nacional y 2 inc. 6 de la ley 48, prevalezca tal justicia de excepción (conf. causas A. 68235, res. del 26-5-05; B 69.266, res. del 19-9-07; Rc 113.507, res. del 16-3-11; Ac.58.089 S 3-9-1996 «Droguería Junín S.A. C/Asociación de Obras Sociales de Coronel Suárez S/Cobro de Pesos; Ac.94.405 I 8-3-2006 C.G. C/U.P. S/Medida Cautelar Autosatisfactiva»).

Las mismas razones expuestas determinan el rechazo de la pretensión cautelar y precautelar requerida por el amparista, toda vez que el requisito de verosimilitud en el derecho no se encuentra acreditado en esta instancia en tanto la pretensión cautelar implica un complejo análisis constitucional y normativo a los fines de discernir sobre la constitucionalidad de normas

nacionales en el marco de una pandemia, cuyas medidas no parecen divorciadas del objetivo de disminuir la circulación de personas y, por lo tanto, la circulación del virus en atención al crecimiento exponencial de contagios.

En consecuencia y entendiendo que la intervención de la justicia federal es privativa en cuanto excluye a la provincial de las causas que la Constitución y las Leyes le asignen a aquella («Fallos», 308:1560; 325:1723; Cám.1ª, Sala 2ª, LP, causa 210972 del 26-11-91) y no advirtiéndose razón jurídica idónea para negar el fuero federal que es propio y específico en causas de esta naturaleza, corresponde a este Tribunal inhibirse para entender en la presente acción de amparo, toda vez que resulta competente la Justicia Federal.

VOTO POR LA NEGATIVA

A la misma cuestión planteada, y compartiendo fundamentos, los Dres. Sánchez Sierra y Catani VOTAN EN IGUAL SENTIDO.

Autos: «EIPEF S.R.L. C/ GOBERNACION DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ AMPARO» – (Expte. 27.442)

SENTENCIA

Por los fundamentos vertidos en el Acuerdo que antecede, el Tribunal RESUELVE: 1.- Inhibirse para entender en la presente acción de amparo, toda vez que resulta competente la Justicia federal (arts. 4 del C.P.C.C., 116 Constitución Nacional; 2 de la Ley 48). 2.- Rechazar la protección precautelar y la medida cautelar requerida, conforme los fundamentos expuestos en la cuestión anterior (art. 63 de la ley 11.653; 196 y ccdtes. del CPCC). REGISTRESE. NOTIFIQUESE y oportunamente ARCHÍVESE.

Suscripto en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de firma digital (Ac. 3975).

REFERENCIAS:

Funcionario Firmante: 19/04/2021 18:49:58 – ESCOBARES Federico Javier – MAGISTRADO SUPLENTE

Funcionario Firmante: 19/04/2021 18:50:42 – SÁNCHEZ SIERRA Daniel – JUEZ

Funcionario Firmante: 19/04/2021 18:55:43 – CATANI Enrique – JUEZ

Funcionario Firmante: 19/04/2021 18:55:59 – ALONSO Estefania Elisabeth

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