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#Fallos Que sí que no: Se hace lugar al pedido de inhibitoria y se deja sin efecto la resolución que ordenó a la Ciudad mantener las clases presenciales

Partes: Jefatura de Gabinete de Ministros s/ inhibitoria

Tribunal: Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal

Sala/Juzgado: 2

Fecha: 20-abr-2021

Cita: MJ-JU-M-131609-AR | MJJ131609 | MJJ131609

Se hace lugar al pedido de inhibitoria promovido por el Estado Nacional y, en virtud del carácter federal de las cuestiones debatidas, se deja sin efecto la resolución de la Cámara de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que -suspendiendo la aplicación del DNU 241/2121- ordenó a la Ciudad mantener las clases presenciales dentro de su ámbito.

Sumario:

1.-Cabe estar a la prerrogativa que le asiste al Estado Nacional sobre el fuero federal, a través del pedido de inhibitoria, toda vez que la única forma de conciliar ese derecho con el derecho del Estado Nacional al fuero federal es mediante la radicación de la causa por ante aquella instancia originaria del cimero tribunal.

2.-Independientemente de que se comparta o no el criterio atinente a la intervención subjetiva del Estado Nacional en las causas de que se trata, la competencia originaria de la Corte Suprema resulta procedente, por cuanto en los casos objeto de esta inhibitoria es parte el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires -equiparado a estos efectos, a los demás estados federados-, a la vez que tales causas tienen un manifiesto contenido federal, frente a lo cual resulta indiferente el recaudo de la distinta vecindad de los contrincantes.

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3.-Les asiste razón a los presentantes, en cuanto a que el interés del Estado Nacional en los pleitos con relación a los cuales se ha impulsado la presente inhibitoria resulta manifiesto, habida cuenta que es la autoridad emisora del acto -consistente en la suspensión de las clases presenciales en el territorio del AMBA- cuya validez ha sido puesta en tela de juicio por los accionantes y que, a la postre, resultó suspendido; de tal modo, dichas causas no pueden ser válidamente falladas sin la intervención de aquél en el proceso, esto es, sin admitir un amplio derecho de audiencia del órgano emisor del acto atacado, por cuanto es quien se halla en mejores condiciones para dar razón de lo decidido y, eventualmente, defender su validez.

4.-La pretensión esgrimida en las causas que tramitan ante el fuero local se encuentra dirigida, en definitiva, a impugnar una norma dictada por el PEN -en el caso, el DNU que suspende las clases presenciales en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires-, para cuyo examen será menester la aplicación de normas y principios de derecho público, y en particular del derecho público administrativo, circunstancia que bien podría llevar a encuadrar la litis en el art. 45 de la Ley No 13.998, que expresamente atribuye competencia al fuero frderal en las causas contencioso-administrativas .

5.-Media en el caso un problema de insuficiente integración de la litis, ello así, por cuanto el adecuado direccionamiento de la pretensión –con miras a procurar la participación de las partes interesadas- hace a la pertinencia o justicia del reclamo; la resolución que dispone la integración de la litis se encuentra comprendida en el deber impuesto a los jueces en el art. 34, inc. 5° del Código Procesal, en tanto constituye una obligación de aquellos.

6.-Los accionantes creyeron encontrar en su particular modo de proponer la demanda, un camino para sortear las consecuencias procesales que apareja la citación del Estado Nacional a juicio, aspecto que no escapa a la valoración que corresponde efectuar el juzgador.

7.-La propia Corte ha señalado que una causa suscita competencia federal ratione materia, cuando versa sobre la preservación de las órbitas de competencia entre las provincias argentinas y el gobierno federal; también la inconstitucionalidad de las leyes y decretos nacionales constituye per se una típica cuestión federal.

8.-El proceder del tribunal no resultó ajustado a derecho, pues, aun cuando el art. 2 de la Ley 26.854 sobre medidas cautelares en las que intervenga el Estado sostiene como pauta ordenadora que los jueces deben pronunciarse sobre su competencia, y que deben abstenerse de decretar medidas cautelares cuando el conocimiento de la causa no fuese de su competencia, lo cierto es que la cuestión atinente a la competencia del tribunal de alzada que otorgó la medida consistente en suspender la aplicación del DNU que dispone la suspensión de las clases presenciales en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, está sencillamente ausente en su pronunciamiento. 9-Ante la presencia de un acto jurisdiccional inválido, un magistrado del fuero federal no puede permanecer indiferente, habida cuenta que es precisamente de la esencia del mismo la de velar por la supremacía de la Constitución Nacional, una de cuyas manifestaciones más destacadas es la organización vertical del poder de un modo que permita garantizar la unidad de la Nación, haciendo prevalecer las autoridades y los actos federales en todos los supuestos que resulten controvertidos o admitan interpretaciones disímiles.

10.-La revisión judicial de los actos dictados por el Poder Ejecutivo y sus órganos y entes subordinados sólo procederá cuando haya existido alguna violación normativa que ubique tales actos fuera de lo establecido en el ordenamiento jurídico, lo que traduce un típico control de legalidad que excluye el referente a la oportunidad, mérito o conveniencia de los actos, salvo que estos últimos ingresen en las hipótesis de arbitrariedad o irrazonabilidad manifiesta.

11.-Los decretos de necesidad y urgencia continúan produciendo sus efectos propios plenamente en tanto no sean rechazados por ambas Cámaras del Congreso de la Nación, en la forma establecida por la Ley 26.122 .

12.-Cualquier resolución que pudiera adoptar el órgano judicial previniente ajeno a la causa, y que a su vez generase un avance o interferencia en las decisiones del que resultare competente, implica el serio riesgo de causar un inaceptable escándalo jurídico derivado ya de la indebida intromisión en una causa ajena o del dictado de pronunciamientos contradictorios.

Fallo:

N.R: Se advierte que este fallo no se encuentra firme.

Buenos Aires, 20 de abril de 2021.

AUTOS Y VISTOS:

El pedido de inhibitoria promovido por el Estado Nacional – Jefatura de Gabinete de Ministros con fecha 19 de abril de 2021, y lo dictaminado por el Sr. Fiscal Federal en esa misma fecha.

CONSIDERANDO:

I. Que el 19 de abril de 2021, se presenta ante este Tribunal el Estado Nacional – Jefatura de Gabinete de Ministros, a través de sus mandatarios, quienes plantean una cuestión de competencia por vía inhibitoria -en los términos del artículo 7º y ss.

CPCCN-, respecto de las siguientes causas (y sus incidentes), que se encuentran actualmente en trámite por ante el fuero en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de las Relaciones de Consumo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:

-Expte. 108081/2021-0; «Ortiz Romero, Lucía Concepción c/ GCBA s/ amparo – educación – otros».

-Expte. 108437/2021-0; «Palacios, María Soledad y otros c/ GCBA y otros s/ amparo – educación – otros».

-Expte.108441/2021-0; «Fundación Centro de Estudios en Políticas Públicas c/ GCBA y otros s/ amparo – educación – otros» .

Exponen que la causa mencionada en primer término quedó radicada en el Juzgado CAyT nº 1, al cual fueron remitidas por conexidad las causas 108437/2021-0 y 108441/2021-0 -originarias del Juzgado CAyT nº 17-, las cuales -a su vez- se encuentran acumuladas en virtud de lo así decidido con fecha 18 de abril de 2021.

Agregan que, en el marco de estas últimas, los accionantes promovieron sendas acciones de amparo (con arreglo a la ley local 2145) contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA), con relación a lo dispuesto a través del decreto de necesidad y urgencia 241/2021 dictado por el Poder Ejecutivo Nacional con fecha 15 de abril de 2021, en punto a la suspensión del dictado de clases presenciales y de las actividades educativas no escolares, en todos los niveles y en todas las modalidades, desde el 19 hasta el 30 de abril inclusive, en el Área Metropolitana de Buenos Aires, incluyendo a la Ciudad Autónoma (art. 2º, modificatorio del art. 10 del anterior DNU 235/21). Mencionan también que, en el marco de dichas causas, se solicitó el dictado de medidas cautelares consistentes – resumidamente- en la suspensión del DNU 241/2021 en lo tocante a esta materia, respecto de la jurisdicción demandada.

Refieren que, tras admitir los recursos de queja por apelaciones denegadas con relación al temperamento adoptado por el juez local que primigeniamente conoció, la Sala IV de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de las Relaciones de Consumo de la Ciudad -con la opinión favorable del Ministerio Público Fiscal ante la segunda instancia- reputó admisibles aquellas quejas y se avocó al conocimiento de las medidas cautelares solicitadas. Relatan, en lo que ahora importa, que la mentada Sala se expidió finalmente el 18 de abril próximo pasado -por unanimidad en lo sustancial-, hizo lugar a tales medidas, decretó la suspensión de lo dispuesto en el art.2°, párrafo tercero del DNU 241/21 y ordenó al GCBA que en el marco de su autonomía y competencias propias disponga la continuidad de la presencialidad de las clases en el ámbito del territorio de la Ciudad de Buenos Aires, conforme la resolución conjunta del Ministerio de Educación y de Salud n° 1/21.

Respecto de tal escenario, que -en su criterio- da lugar a un supuesto de suma gravedad institucional, arbitrariedad y escándalo jurídico, postulan -en somera síntesis- (i) que el Estado Nacional tiene interés en el pleito, que constituye, de hecho, el único legitimado pasivo de cara a la cuestión debatida y que, por lo tanto, debe ser tenido por parte en el proceso; (ii) que, por otra parte, la decisión de la Cámara ha puesto en jaque la validez y la aplicación del DNU 241/21, lo que es materia de naturaleza federal; y (iii) que tales circunstancias suscitan la competencia de este fuero en lo Contencioso Administrativo Federal.

Sobre tales premisas, justifican la procedencia del pedido de inhibitoria formulado y solicitan, asimismo, que de manera urgente se revoque o se disponga el levantamiento de la medida cautelar dictada mediando incompetencia, en aras de resguardar la salud pública conforme los objetivos plasmados en el DNU 241/21.

Acompañan documental y ofrecen otros medios de prueba, e introducen la cuestión federal para el momento procesal oportuno.

II. Que remitidas las actuaciones al Ministerio Público Fiscal ante esta instancia -a fin de que se expida sobre la competencia del Tribunal-, produce su dictamen el Sr. Fiscal Federal con fecha 19 de abril de 2021.

III. Que, ello sentado, resulta preciso recordar que es regla y deber de los jueces analizar y determinar los efectos de los actos y comportamientos de las partes y dirimir los conflictos conforme a derecho, calificando autónomamente la realidad fáctica y subsumiéndola en las normas y principios que la rigen, aún con prescindencia de los fundamentos que enuncian los litigantes (art. 163, inc. 6, CPCCN; CSJN, Fallos:297:42 y 548; 298:78 y 429; 299:291; 300:1034; 302:329, 896, 1008, 1393 y 1564; 303:386; 305:405, 1669 y 1975; 307:1487; 308:778; entre muchos otros).

IV. Que, sobre la base de lo anterior, y estando a la descripción de más arriba, encuentro -primeramente- que les asiste razón a los presentantes en cuanto a que el interés del Estado Nacional en los pleitos con relación a los cuales se ha impulsado la presente inhibitoria resulta manifiesto, habida cuenta que es la autoridad emisora del acto cuya validez ha sido puesta en tela de juicio por los accionantes y que, a la postre, resultó suspendido.

De tal modo, dichas causas no pueden ser válidamente falladas sin la intervención de aquél en el proceso; esto es, sin admitir un amplio derecho de audiencia del órgano emisor del acto atacado, por cuanto es quien se halla en mejores condiciones para dar razón de lo decidido y, eventualmente, defender su validez (en el mismo sentido, este Juzgado in re «Oroño, Nilda Noemí c/ EN – Mº Seguridad s/ personal militar y civil de las FFAA y de Seg», expte. 43654/2013, sentencia del 20 de marzo de 2018, confirmada por Sala V; «Lapenta, Silvia Patricia y otro c/ Transportadora Gas del Sur S.A. s/ proceso de conocimiento», expte. 37.140/2017, sentencia del 19/06/2019, confirmada por Sala IV, mediante su fallo del 2 de marzo de 2021; e «IBM Argentina S.A. c/ EN – AFIP Resol 52/09 s/ proceso de conocimiento», expte. 971/2010, sentencia del 11 de diciembre de 2019; como así también el suscripto en JNCAF10, autos «Esquivel, Andrea Noemí y otros c/ EN – M Seguridad – PFA s/ personal militar y civil de las FFAA y de Seg», expte. 91.335/2017, sentencia del 2 de diciembre de 2019, confirmada por Sala III, fallo del 2 de septiembre de 2020; y «Benítez, Luis Alberto y otros c/ EN – Mº Seguridad – PFA s/ personal militar y civil de las FFAA y de Seg», expte.13103/2018, sentencia del 10 de diciembre de 2019; confirmada por la Sala II, fallo del 1º de septiembre de 2020).

Es que «[c]uando los efectos de la cosa juzgada han de extenderse a otro interesado, corresponde su participación en la causa (Fallos: 256:198), ya que el reconocimiento del carácter inmutable de una decisión judicial requiere la existencia de un trámite anterior contradictorio en el que se hayan respetado sustancialmente las exigencias de la garantía de la defensa en juicio (Fallos: 238:18; 255:162; 261:322; 310:2063)…» (Sala I, «Segovia Claudio Ramón c/ EN – Mº de Defensa – EMGE s/ retiro militar y fuerzas de seguridad», sentencia del 8 de junio de 1999; en el mismo sentido, Sala IV, «Jensen Cristian Alcides y Otro c/ Comfer y Otro – Resols 1/97 y 6/97 s/ daños y perjuicios», sentencia del 11 de febrero de 2010; y Sala II, «Borda Osvaldo y otro c/ PEN – Ley 25.561 – Dtos. 1570/01 – 214/02 s/ Amparo ley 16.986», sentencia del 7 de diciembre de 2004).

De tal modo, «…la falta de participación en el proceso de quien puede ver lesionados sus derechos, impide el dictado de una sentencia útil. Ciertamente, una sentencia dictada en esas condiciones podría acarrear efectos no deseados por el ordenamiento jurídico (v.gr., pronunciamientos de ejecución imposible, por ser inoponibles a terceros; vulneración del derecho de defensa de los otros sujetos de una relación jurídica, etc.), siendo obligación, tanto de las partes como de los jueces, evitar que ello suceda (cfr. CNACAF, Sala IV, ‘Guinzburg, Mario C. c/ U.T.N.- M° de Ed. Cult. Nación – Facultad Regional Bs.As. s/ amparo ley 16.986’, del 23/12/1997, y ‘Teledelta Escobar Codificado Aereo SA c/ Comfer – Resols. 206 y 306/97 s/ proceso de conocimiento’, del 31/05/2000)» (Sala III, «Aguilar, Walter Javier c/ EN – Mº Seguridad – PFA s/ personal militar y civil de las FFAA y de Seg», expte.87453/2017, sentencia del 2 de septiembre de 2020; véase también Sala I, «Calaresu García, Alexander Pablo René y otros c/ EN – Mº Seguridad – PFA s/ cit. 3° (inc. art. 94 CPCC)», expte. 23460/2018, interlocutorio del 11 de marzo de 2020.

En base a lo expuesto, más allá de lo que eventualmente quepa decidir en punto a la legitimación pasiva en el demandado, es posible anticipar -a esta altura- que cuanto menos media en el caso un problema de insuficiente integración de la litis, lo que es comprobable de oficio por el Tribunal. Ello así, por cuanto el adecuado direccionamiento de la pretensión -con miras a procurar la participación de las partes interesadas- hace a la pertinencia o justicia del reclamo (conf. Kielmanovich, Jorge L.; Código Procesal Civil y Comercial de la Nación comentado y anotado, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2015, tomo II – pág. 347, y tomo I, pág. 277; en el mismo sentido, este Tribunal in re «Lapenta» cit., como así también el suscripto en JNCAF10, autos «Administración Aquilino C Colombo SA y otro c/ Termoeléctrica Manuel Belgrano SA s/ expropiación – servidumbre administrativa», expte. 36856/2012, sentencia del 8 de noviembre de 2018, firme e n este aspecto).

En el mismo sentido, se ha pronunciado recientemente la Sala III de la Excma. Cámara, al decretar la nulidad de todo lo actuado en el marco de una causa que había avanzado sin observarse las directrices antes descriptas. Dijo en su fallo: «…toda pretensión requiere la verificación de su proponibilidad subjetiva, es decir, la presencia actual o eventual en el proceso, de todos aquellos sujetos imprescindibles para el logro de una sentencia válida.De conformidad con lo dispuesto en el artículo 89 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, esa verificación debe ser realizada por el juez no sólo a pedido de parte sino también de oficio y, en ese caso, no en ejercicio de una facultad sino como un deber procesal, para que la sentencia pueda dictarse útilmente con relación a todas las partes (en este sentido, mutatis mutandi, CNACAF, Sala IV, ‘Impsat S.A. c/ Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos’, del 21/12/1995). La resolución que dispone la integración de la litis se encuentra comprendida en el deber impuesto a los jueces en el artículo 34, inciso 5° del Código Procesal, en tanto constituye una obligación de aquellos» (autos «Aguilar», cit.).

Por otra parte, en circunstancias análogas se ha decidido también que las actoras deben asumir los riesgos inherentes a su propia conducta en punto a la traba de la litis contra quien no resulta deudor de lo debido, de manera que acoger el reclamo de autos importaría tanto como admitir que las interesadas aleguen su propia torpeza, lo que no es admisible (CNCAF, Sala II, «Del Río Alejandro Antonio c/ Ivanoff Roberto Claudio y otro s/ daños y perjuicios», sentencia del 5 de abril de 2016; cons. VI.3 y sus citas). Dicha doctrina resulta aplicable al sub lite, a poco que se repare en que evidentemente los accionantes creyeron encontrar en su particular modo de proponer la demanda, un camino para sortear las consecuencias procesales que apareja la citación del Estado Nacional a juicio, aspecto que no escapa a la valoración que corresponde efectuar el juzgador (cfr. art. 163, inc.5º, CPCCN).

Para terminar este apartado, resta puntualizar que las consideraciones hasta aquí formuladas no se ven neutralizadas por el carácter accesorio o aún incidental del pedimento precautorio que los magistrados locales juzgaron procedente, como así tampoco pueden ser soslayadas con la excusa del estado preliminar del proceso principal que acompaña, pues es éste el que -aún en la acepción más clásica de la figura cautelar- limita o condiciona sus características o alcances. Así, cabe mencionar -a título ejemplificativo- que, tanto bajo las normas adjetivas que se aplican en este fuero (art. 2º de la ley 26.854 y, supletoriamente, art. 6º, inc.

4, y art. 196 CPCCN) como en el código de rito de la jurisdicción cuya inhibición se pretende (arts. 158 y 179 del CCAyT), la competencia en las medidas de carácter preliminar o precautorio corresponde -como principio- al juez que deba conocer en el proceso principal. De allí que, por su carácter definitorio y ordenador, éste deba ser tenido en miras en todo momento; lo que resulta consistente -por otra parte- con la esencia de las medidas cautelares, cual es su sentido asegurativo de la decisión jurisdiccional posterior de carácter definitivo que habrá de recaer en él. En consecuencia, cualquiera sea el encuadramiento normativo que en concreto corresponda (v. infra mi postura al respecto), el defecto que se reprocha en torno a la integración de la litis ya ha cobrado virtualidad para el caso, incidiendo negativamente en la esfera de derechos del destinatario de la medida; en el caso, el Estado Nacional, cuyo decreto -de sustancia legislativa- resultó suspendido por la decisión de los jueces locales.

Las razones hasta aquí expuestas me convencen sobre la necesidad de garantizar -desde la hora inicial- la intervención del Estado Nacional en las causas alcanzadas por el pedido de inhibitoria aquí promovido.

V. Que lo anterior proyecta para el caso dos consecuencias principales:una referente al Tribunal que ostenta la competencia para conocer en tales causas, y otra atinente a los recaudos que resultan de aplicación -por imperativo legal- para discernir sobre la admisibilidad de un pedido precautorio de la magnitud y alcances como el admitido en autos. VI. Que, con relación a lo primero, hay un doble enfoque que es posible, pero que conduce a un mismo y único resultado.

VI.1. Así, por una parte, cabe estar a la prerrogativa que le asiste al Estado Nacional sobre el fuero federal (cfr. 313:532; 314:830; 317:746, etc.), reivindicada -precisamente- a través del pedido de inhibitoria promovido por esa parte ante este Tribunal.

No resulta posible soslayar, sin embargo, que las acciones promovidas en las causas bajo estudio fueron entabladas contra el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el cual no resulta prima facie ajeno a las cuestiones debatidas, ni mucho menos inerte a las consecuencias concretas que puedan tener los fallos a dictarse, como de hecho lo ha puesto en evidencia el interlocutorio dictado por los jueces locales, que gobernó la situación hasta ahora.

En tales condiciones, teniendo en cuenta que, en tiempo relativamente reciente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha reconocido a la mentada jurisdicción el carácter de parte aforada a su competencia originaria según lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la C.N. (autos «Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires c/ Córdoba, Provincia de s/ ejecución fiscal», expte. 2084/2017, sentencia del 4 de abril de 2019; doc. reiterada en el acuerdo del 11 de marzo próximo pasado, causas 1580/2019, 1957/2019 y 2249/2019; entre otras), encuentro aplicable al caso la aceptada doctrina con arreglo a la cual la única forma de conciliar ese derecho con el derecho del Estado Nacional al fuero federal es mediante la radicación de la causa por ante aquella instancia originaria del cimero tribunal (cfr. Fallos:320:2567 ; 332:1043 y 2263; 323:1110 ; 324:2042 y 2859 ; 331:1427 , entre muchos otros).

Dicha doctrina -vale destacarlo- fue precisamente la que impulsó a la Procuración General de la Nación -en su dictamen del pasado viernes 16 de marzo- a propiciar la radicación en competencia originaria de la Corte, de la acción promovida por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el marco del expediente 567/2021/1 -relativo a circunstancias de hecho análogas a las invocadas en las demandas cuyo llamamiento a este fuero se pretende-; temperamento que fue compartido por el alto tribunal mediante la resolución fechada el 19 de abril de 2020.

También el suscripto ha procedido de ese modo en supuestos análogos al de autos (v. este Tribunal in re «GCBA c/ Policía Federal Argentina s/ ejecución fiscal», expte. 18724/2019, del 24/05/2019; y JNCAF10, autos «GCBA c/ Honorable Senado de la Nación s/ ejecución fiscal», expte. 7622/2019, del 30/04/2019; ambos por remisión al dictamen del Ministerio Público Fiscal, en este mismo sentido).

VI.2. En cualquier caso, la misma implicancia material tiene la consideración de que, independientemente de que se comparta o no el criterio del suscripto atinente a la intervención subjetiva del Estado Nacional en las causas de que se trata -según lo expresado supra-, la competencia originaria de la Corte Suprema resulta procedente, por cuanto en los casos objeto de esta inhibitoria es parte el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires -equiparado a estos efectos, según lo dicho, a los demás estados federados-, a la vez que tales causas tienen un manifiesto contenido federal (cfr. Fallos: 324:4226 , 330:2470 , 330:3126 ), frente a lo cual resulta indiferente el recaudo de la distinta vecindad de los contrincantes (cfr. Fallos:311:1812, 329:3890 , etc.).

Así lo ha decidido recientemente el máximo tribunal al discernir un conflicto de competencia en una causa seguida contra esa jurisdicción, luego de que este fuero se declarara incompetente y dispusiera la intervención de la justicia local (autos «Derudder Hermanos SRL y otros c/ EN – AGIP – DGR y otro s/ proceso de conocimiento» , expte. 24474/2015/CS1, del 23 de marzo de 2021, y sus citas).

Cabe puntualizar, a estos efectos, que la propia Corte ha señalado que una causa suscita competencia federal ratione materia -en la forma reclamada por el artículo 2º, inc. 1º, de la ley 48-, cuando versa -entre otros supuestos- sobre la preservación de las órbitas de competencia entre las provincias argentinas y el gobierno federal. Ha interpretado también que la inconstitucionalidad de las leyes y decretos nacionales constituye per se una típica cuestión federal (Fallos: 333:1386 , con cita de Fallos 322:2624 y 329:4829).

VI.3. Por tales motivos, en vista de lo solicitado y en consonancia con uno de los andariveles concebibles para el caso en opinión del Sr. Fiscal Federal (v. ap. IV de su dictamen), corresponde hacer parcialmente lugar al pedido de inhibitoria promovido por el Estado Nacional con relación a las causas 108081/2021-0, 108437/2021-0 y 108441/2021-0 y sus incidentes; y declarar que el caso corresponde a la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, debiendo remitírsele la totalidad de esas actuaciones.

VII.Que, resuelta esta primera cuestión, corresponde recordar que las pretensiones cautelares contra toda actuación y omisión del Estado Nacional o sus entes descentralizados -como las promovidas por éstos- se rigen por las disposiciones de la ley nacional 26.854.

Más allá de que, en virtud de la forma en que la Sala IV de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de las Relaciones de Consumo presentó las cuestiones ventiladas en aquellos expedientes y el elenco de sujetos alcanzados por la controversia -en lo que tengo una visión diferente, según se desprende de los considerandos de más arriba-, no es posible soslayar que, en los hechos, lo que ha pretendido poner en suspenso son los efectos de un decreto dictado por el Poder Ejecutivo Nacional, en ejercicio de prerrogativas acordadas en el artículo 99, inc. 3º, de la Constitución Nacional. Ello se hace especialmente patente cuando, en la parte dispositiva de su fallo, resuelve «disponer la suspensión de lo dispuesto en el art. 2º, párrafo tercero del DNU nº 241/21 y ordenar al GCBA que en el marco de su autonomía y competencias propias disponga la continuidad de la presencialidad de las clases en el ámbito del territorio de la Ciudad de Buenos Aires» (v. resulta 2), lo que constituye una medida de índole cautelar de las receptadas, precisamente, en el artículo 13 y cc. de la ley 26.854 citada.

Por otra parte, no es dable suponer que la mentada circunstancia pasara desapercibida para la Sala interviniente, habida cuenta que -como es requerido para el ejercicio de la magistratura- en el proceso cognoscitivo que se cristaliza con el dictado de la decisión, no debe prescindirse de las consecuencias que se derivan de cada criterio, pues ellas constituyen uno de los índices más seguros para verificar la razonabilidad de lo decidido y la coherencia con el sistema en el que está engarzada la norma que se aplica (Fallos: 310:464; v. tmb. Fallos: 243:80:249:37; 253:209; 272:139; 302:1284; 312:156; 318:817 ; en el mismo sentido, este Tribunal, en autos «IBM Argentina S.A. c/ EN – AFIP Resol 52/09 s/ proceso de conocimiento»).

A la luz de ello, corresponde efectuar una serie de consideraciones.

VII.1. En primer término, por el artículo 2º de la mentada norma general se establece -como pauta ordenadora- que los jueces a cuyo conocimiento quede sometido un pedido precautorio de los comprendidos en el ámbito de aplicación de la ley 26.854, deben pronunciarse primeramente sobre su competencia al respecto. Asimismo, deben abstenerse de decretar medidas cautelares cuando el conocimiento de la causa no fuese de su competencia. Se dejan a salvo, a renglón seguido, los casos en que la tutela esté llamada a contemplar la situación de sectores socialmente vulnerables acreditados en el proceso, o cuando se encuentre comprometida la vida digna conforme la Convención Americana de Derechos Humanos, la salud o un derecho de naturaleza alimentaria, o asimismo cuando la medida esté referida a un derecho de naturaleza ambiental. No obstante, se aclara que, aun tratándose de algunos de estos supuestos de excepción, el juez que la otorgue debe remitir inmediatamente las actuaciones al juez que considere competente.

Sobre la base de este dispositivo legal, se ha relacionado que «el principio que fija la ley adjetiva es el de la inconveniencia de que los tribunales incompetentes dicten medidas de carácter cautelar, sentando así el principio abstencionista (conf. también art. 196, primer párrafo, CPCCN; y esta sala, causa nº 32.000/11, ‘Comoglio Laura Ines y otro c/ CONICET – Resol 1548/11 y otro exp 1616/09’, res. del 15 de noviembre de 2011)» (Sala IV, «Balassa, Arturo Juan c/ UBA – Facultad Arquitectura s/ medida cautelar autónoma», expte. 37922/2013, resolución del 3 de diciembre de 2013, voto del Dr. Vincenti; en el mismo sentido, Sala II, in re: «Incidente N 1 – ACTOR:

Domínguez, Héctor Alfredo Demandado: GCBA y otros s/ Inc Apelación», Expte.No 18.373/17, del 30/5/17; Sala III, in re:»Incidente de Medida Cautelar en Autos: «Consumidores Argentinos – Asociac. Para la Defensa, Educación e Información de los Consumidores c/ PEN y otros s/ Proceso de Conocimiento», Expte. No 25.131/2018/5; del 27/6/19; y Sala V, in re: «Inspección General de Justicia C/ Asea Asociación Emprendedores Argentinos Asociación Civil y Otros S/Inhibitoria», Expte. No 10.445/2020, del 24/09/2021).

A la luz de lo expuesto, cuadra advertir que la cuestión atinente a la competencia del tribunal de alzada que otorgó la medida que aquí nos ocupa está sencillamente ausente en su pronunciamiento: no aparece declaración alguna en este sentido. Por otra parte, tampoco se observa que se haya remitido o haya hecho reposar este tramo de su decisión en el dictamen producido con fecha 18/04/2021 por el Ministerio Público Fiscal porteño. Por el contrario, se aprecia que, mediante dicha intervención, la Srta.

Fiscal ante la Cámara afirmó rotundamente la incompetencia del fuero local y la competencia de la justicia federal en razón de la materia (v. ap. B.1. de su dictamen), aunque consideró que de todas formas el Tribunal estaba facultado a expedirse sobre el pedido formulado, en virtud de lo dispuesto en diversas normas igualmente locales, como lo son el artículo 179 del Código Contencioso Administrativo y Tributario y el artículo 15 de la ley 2145 referente a la acción de amparo en el ámbito de la Ciudad). La falencia apuntada explica, ciertamente, el curso que siguió el proceso decisorio, el cual – no es aventurado decir- hubiera arrojado un resultado diferente mediando una inicial y prudente meditación por parte de los magistrados en torno a la competencia del Tribunal que integran, como la reclamada -no en vano- por la norma legal aplicable.

Naturalmente, el Tribunal también pasó por alto la interdicción legal más arriba reseñada, con arreglo a la cual -mediando incompetencia de su parte- debió abstenerse lisa y llanamente de decretar la medida cautelar solicitada.Por otro lado, no invocó ni mucho menos fundamentó -al menos en la forma somera y superficial que, como regla, admite el instituto precautorio-, que concurriera en el caso alguno de los supuestos de excepción contemplados en el artículo 2º de la norma adjetiva que vengo analizado, concebidos en atención a las particulares características de ciertos individuos o grupos de individuos, o en razón de la índole del derecho o interés comprometido.

Como corolario de todo ello, siempre guiado por el germinal error sobre su aptitud legal para conocer en la causa, el Tribunal no dispuso comunicación alguna al juez efectivamente competente, según lo previsto en la parte final del artículo 2º de la ley 26.854.

No se trata, por cierto, de aspectos menores. Por el contrario, según se ha expresado la doctrina, la competencia es la aptitud otorgada a los jueces por la ley para conocer en causas determinadas, según la materia, grado, valor o territorio; paralelamente; desde un ángulo objetivo, es la enunciación de las reglas dadas para atribuir a los distintos jueces el conocimiento de determinados casos. De allí que si la jurisdicción es la facultad de juzgar, la competencia son los límites dentro de los cuales el juez ejerce su jurisdicción. De esta manera, cada juez ejerce su jurisdicción en la medida de su competencia, en virtud de lo cual las normas que organizan ambas nociones son caracterizadas como de orden público y, salvo concretas excepciones, no pueden ser modificadas o alteradas (cfr. FURNARI, E. – FURNARI, R.; Proceso Contencioso Administrativo Federal, Buenos Aires, Astrea, 2018, págs. 11 y 12; con cita de CSJN, «BCRA c/ Luciano S.A.», del 27/03/2001).

VII.2. Por otro lado, se hace nítida también la inobservancia en el caso de otros dispositivos de carácter procedimental contenidos en la ley 26.854.Me refiero concretamente al recaudo de previa sustanciación -bien que rápida y sumaria- con el ente público eventualmente afectado por la medida que se solicita, según lo establecido en el artículo 4º; norma cuya entrada en vigencia allá por el año 2013 -vale destacarlo- trasuntó un verdadero cambio de paradigma en materia de medidas cautelares aplicables al ámbito del derecho público.

De igual manera que en lo tocante a la competencia, lejos se halla de ser una cuestión insignificante. No sólo por cuanto se conecta con el derecho de defensa del destinatario de la medida (en tanto le permite manifestarse sobre la concurrencia o no de los presupuestos de admisibilidad de la cautelar, en los términos de la ley), sino principalmente porque da la ocasión para que el Tribunal interviniente se informe de manera adecuada acerca del interés público que pueda aparecer comprometido en el caso, según la perspectiva del órgano estatal o en ejercicio de funciones estatales que tenga a su cargo la consecución de cometidos asociados a dicho interés (inc. 1º, párrafos segundo y primera, en forma respectiva).

Sin que quepa abrir juicio aquí sobre la validez de esa clase de reglamentación, fue ésta -en definitiva- la posición que adoptó el Congreso de la Nación en cuanto a los rasgos peculiares que han de presentar las medidas cautelares que afecten al Estado Nacional y sus entes -como se advierte que ha ocurrido en el sub lite-; lo cual fue seguido -a su vez- por un profuso desarrollo jurisprudencial referente a la constitucionalidad del artículo 4º en cuestión, salvo en supuestos demasiado específicos (véase Sala IV, «Romeri, Ariel L. c/ Estado Nacional – AFIP – DGI res 1279/2012 (CRSS) s/ Dirección General Impositiva», del 5/11/2013; Sala III, «TNT Argentina SA c/ Estado Nacional – Mº Economía y FP s/ Código Aduanero – Ley 22.415- art.70», del 24/10/2013; Sala I, «Daher, Julio (TF 26997-I) c/ DGI», del 5/12/2013; entre muchos otros).

Así, tales medidas se han separado de su clásica caracterización en la doctrina del derecho procesal, a la que parece haberse ceñido la Cámara; caracterización que, por estar presente en el CPCCN -en una forma equiparable al CCAyT-, enfatiza precisamente el carácter supletorio de aquel cuerpo legal para este fuero (cfr. Sala III, «Centro Instrumental S.R.L. c/ CNEA», sentencia del 26 de septiembre 1991, LL 1992-B, 50; «Avanzada S.A. c/ Gas del Estado», sentencia del 16 de agosto de 1990, LL 1990-E, 468; entre otros).

En suma, el proceder del Tribunal local tampoco resultó ajustado a derecho, desde la perspectiva del procedimiento.

VII.3. Puede verse en lo anterior que, en definitiva, la pretensión llevada a conocimiento de esos jueces fue resuelta con total prescindencia de la nor ma específicamente aplicable al caso, lo que descalifica su decisión en los términos de la conocida doctrina de la Corte Suprema sobre arbitrariedad de sentencias (cfr. Fallos: 304:275; 310:132; 323:1504; 324:309 ; entre muchos otros).

VIII. Que, mediando tal estado de cosas, resultan pertinentes – a esta altura- las siguientes consideraciones.

VIII.1. Es dable recordar que las medidas cautelares poseen un carácter esencialmente provisional, motivo por el cual no resultan de aplicación directa a su respecto las reglas relativas a la preclusión procesal y la cosa juzgada.

Asimismo, cabe poner de relieve que las medidas cautelares se otorgan no sólo en el interés del solicitante de aquellas, sino también en el interés propio de la administración de justicia. Tal es así, que cuando el Estado pone su autoridad de Justicia no actúa sólo en defensa de la satisfacción de un interés privado, sino también en beneficio del orden jurídico en su integridad. En efecto, esas decisiones se dirigen a defender los derechos subjetivos de los ciudadanos y, prioritariamente, a garantizar la eficacia de la función jurisdiccional.En consecuencia, es claro que el análisis de las condiciones de su dictado y mantenimiento no constituye sólo una atribución del juzgador, sino que incluso se erige como una obligación primigenia e indelegable de éste, en tanto es su principal función el velar por una adecuada y eficaz administración de justicia (cfr. lo decido por el suscripto en JNCAF2, causa Nº 36598/2010, autos «TORANZO HECTOR OMAR Y OTROS c/ EN-M° JUSTICIA-GN-DTO 1246/05 752/09 s/PERSONAL MILITAR Y CIVIL DE LAS FFAA Y DE SEG», resol. del 13/05/2011; causa Nº 1538/2011, autos: «CARREGA JORGE CARLOS Y OTROS c/ EN-M§ SEGURIDAD-PNA DTO 1126/06 752/09 s/PERSONAL MILITAR Y CIVIL DE LAS FFAA Y DE SEG», resol. del 19/05/2011; causa Nº 6418/2011, autos: «MACIEL SERGIO MARTIN Y OTROS c/ EN-M° SEGURIDAD-GN-DTO 1246/05 752/09 s/PERSONAL MILITAR Y CIVIL DE LAS FFAA Y DE SEG», resol. del 06/06/2011; y causa Nº 11068/2011, autos: «VALENZUELA ERNESTO VICTORINO Y OTROS c/ EN-M§ SEGURIDAD-PNA-DTO 1246/05 752/09 s/PERSONAL MILITAR Y CIVIL DE LAS FFAA Y DE SEG», resol. del 10/06/2011; entre muchas otras).

VIII.2.Partiendo de tales preceptos, no es posible desentenderse sin más de los efectos que dimanan de la decisión adoptada por la justicia local, cuando media -como en el caso- una evidente amenaza al desenvolvimiento de las instituciones en la forma prevista en la Constitución Nacional.

Ante la presencia de un acto jurisdiccional inválido, un magistrado del fuero federal no puede permanecer indiferente, habida cuenta que es precisamente de la esencia del mismo -en coadyuvancia con la Corte Suprema de Justicia de la Nación como máximo responsable de este cometido- la de velar por la supremacía de la Constitución Nacional, una de cuyas manifestaciones más destacadas es la organización vertical del poder de un modo que permita garantizar la unidad de la Nación, haciendo prevalecer las autoridades y los actos federales en todos los supuestos que resulten controvertidos o admitan interpretaciones disímiles. Así, ha dicho la Corte que «[s]i bien es cierto que todo aquello que involucre el peligro de limitar las autonomías provinciales ha de instrumentarse con la prudencia necesaria para evitar el cercenamiento de los poderes no delegados de las provincias; también lo es que, el ejercicio de las facultades delegadas que la Constitución asigna a la Nación, no puede ser enervado por aquéllas, so pena de convertir en ilusorio los propósitos y objetivos de las citadas facultades que fincan en la necesidad de procurar eficazmente el bien común de la Nación toda, en el que necesariamente se encuentran engarzadas y del cual participan las provincias. ‘De no ser así, aquellos poderes resultarían ilusorios y condenados al fracaso por las mismas provincias que los otorgaron’ (Fallos: 329:2957)» (Fallos: 333:2367; cons. 7º).

Desde esta perspectiva, es claro que no puede haber mayor gravedad que la deparada por decisiones que impliquen subvertir la forma en que nuestra sociedad ha decidido organizarse y darse sus instituciones, cristalizada en la carta fundacional.

VIII.3.Es jurisprudencia consolidada que la revisión judicial de los actos dictados dictados por el Poder Ejecutivo y sus órganos y entes subordinados sólo procederá cuando haya existido alguna violación normativa que ubique tales actos fuera de lo establecido en el ordenamiento jurídico, lo que traduce un típico control de legalidad que excluye el referente a la oportunidad, mérito o conveniencia de los actos, salvo que estos últimos ingresen en las hipótesis de arbitrariedad o irrazonabilidad manifiesta (cfr. CSJN in re A.508.XXIII. «Astilleros Alianza S.A. de Construcciones Navales, Industrial, Comercial y Financiera c/ E.N. (P.E.N.) s/ daños y perjuicios-incidente», del 08/10/1991, y C.437.XXIII. «Consejo de Presidencia de la Delegación Bahía Blanca de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos s/ acción de amparo», del 23/06/1992; CNACAF, Sala I, in re «EDENOR S.A. c/ Estado Nacional (Secretaría de Energía Resol. 198/94», del 05/09/1995 y Sala II, in re «TRENCH EDUARDO ROBERTO C/EN – M INTERIOR- RENAR – DISP 197/06 S/PROCESO DE CONOCIMIENTO», del 15/12/11)

En este sentido, cuando en el juicio técnico no aparece la nota de la arbitrariedad o ilegalidad, el juez debe aceptar o tolerar lo decidido, puesto que si pretende ir más allá de ese margen de tolerancia invadiría la zona de reserva propia de la administración en aquellos aspectos que -luego de efectuado, lógicamente, el control que le compete- por principio le están vedados, salvo ilegalidad o irrazonabilidad, puesto que sustituiría el criterio de los expertos por su criterio personal.

Por ello, cuando el orden jurídico se remite a cuestiones técnicas complejas de difícil comprensión o de imposible reproducción probatoria (por su característica intrínseca), la solución dada por la administración debe ser controlada limitadamente por el juez, quien ha de contentarse con un juicio ‘tolerable’, es decir, una ‘aserción justificada’ (cfr. Sala I de este fuero, in re:causa 240088/2001, «Rocco, Emma Adelaida c/UBA – Resol nº 4.923/00», sent. del 19/02/2000).

Dicho en otras palabras, no nos está permitido a los jueces sustituir el criterio de la administración por el propio; una decisión puede agradarnos más que otra, pero no por ello será inválida. No se trata de imponer un criterio personal -por más acertado que parezca-, sino de verificar la legalidad de la decisión en crisis en contraposición al texto constitucional.

Desde este punto de vista, no puede pasar inadvertido que la decisión del órgano judicial local soslaya la presunción de legitimidad del decreto cuyos efectos suspende sin más; presunción que -como es sabido- acompaña a toda clase de actos estatales (cfr. CNACAF, Sala II, «Ar Co Arquitectura Construcciones SRL c/EN – Mº Educación – (ex Dirección Gral. Arquitectura Educ.) y otro s/contrato obra pública», expte. 30.021/2000, sent. del 19/02/2019; en el mismo sentido, el suscripto en JNCAF10, autos «Adibe, Chijioke Solomon c/ EN – M Interior y Transporte – CONARE s/ proceso de conocimiento», expte. 75482/2015, sentencia del 20/12/2019 y sus citas).

Esta circunstancia no se ve alterada por tratarse específicamente de un decreto de necesidad y urgencia, dictado en ejercicio de facultades extraordinarias y excepcionales. Ello es así porque, conforme tengo dicho, esa clase de actos continúan produciendo sus efectos propios plenamente en tanto no sean rechazados por ambas Cámaras del Congreso de la Nación, en la forma establecida por la ley 26.122 (cfr. lo decidido por este Juzgado en los autos «Zheng, Yongxiang c/ EN – DNM s/ recurso directo DNM», expte. 6655/2018, del 18/04/2018, confirmado por la Sala IV mediante su sentencia del 25/09/2018; de la misma sala, «Enqiang, Xue c/ Estado Nacional – Min. del Interior, Obras Públicas y Vivienda – DNM s/ recurso directo DNM», expte.690/2018, del 07/06/2018).

Cuadra advertir, en este plano, que de la simple lectura del fallo dictado por el citado Tribunal el 18 de marzo próximo pasado, no surge con claridad que los magistrados hubiesen llegado a desarrollar un verdadero control de constitucionalidad sobre el DNU 241/21; más aún, ni siquiera aluden propiamente a visos de inconstitucionalidad que pudieran sugerir una aparente invalidez.

Sobre el punto, recuerdo que los fallos no sólo deben poseer fundamentos, sino que los mismos deben ser fundados. Ello es así, pues el ingente papel que en la elaboración del derecho se asigna a los jueces, en tanto que órganos propios de interpretación y aplicación de la ley, sólo reconoce como límite el requerimiento de que sus sentencias estén sustentadas de manera objetiva y seria, pues las que sólo traducen las posturas subjetivas de los jueces no son vividas como jurídicas. Aquel requisito sólo se cumple si la articulación del dictum remite, antes que a los valores personales del juzgador, a los que apoyan la doctrina y la jurisprudencia de su época, que revelan la trama de un sistema acerca de cuyos méritos no incumbe a los magistrados judiciales pronunciarse (del voto del doctor Carlos S. Fayt, en Fallos CSJN: 307:1094).

VIII.4. En tales condiciones, en atención a lo solicitado por la aquí peticionante (en el punto V de su presentación inaugural), y ante la inexistencia de otro Tribunal que pudiera reputarse competente para resolver con la celeridad que amerita el caso, considero que me encuentro llamado a poner coto a tan disvaliosa situación generada por la decisión cautelar en crisis.

Adviértase que el Sr. Fiscal Federal ha dictaminado en el sentido de que el conocimiento de las causas objeto de inhibitoria puede corresponder tanto al suscripto como a la Excma. Corte; pues no caben dudas de que son del resorte exclusivo de la Justicia Federal, la cual -como ha indicado- es improrrogable, privativa y excluyente de la ordina ria.Al respecto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que el fuero en lo Contencioso Administrativo Federal resulta competente para resolver la controversia cuando sea necesario aplicar normas y principios del derecho público, que se relacionan con las facultades y deberes propios de la administración, en los que resulta clara la prioritaria relevancia que los aspectos del derecho administrativo asumen para su solución (Fallos: 327:471 y 1211; 329:4478; entre muchos otros).

Se advierte aquí que, en efecto, la pretensión esgrimida en las causas que tramitan ante el fuero local se encuentra dirigida, en definitiva, a impugnar una norma dictada por el PEN, para cuyo examen será menester la aplicación de normas y principios de derecho público, y en particular del derecho público administrativo, circunstancia que bien podría llevar a encuadrar la litis en el artículo 45 de la Ley No 13.998, que expresamente atribuye competencia a este fuero en las «causas contencioso-administrativas» (conf. doctr. Sala V, in re: «Burgueño Daniel c/ EN CNV s/ Medida Cautelar (Autónoma)», Expte. No 89.537/2018, resol. del 25/10/2019).

Aclarado ello, considero que la gravedad institucional y el escándalo jurídico que conllevan el dictado de la medida en cuestión y su subsistencia en el universo jurídico deben ser conjurados de inmediato y sin mayor dilación.

En efecto, existe gravedad institucional cuando, como en el sub judice, lo decidido excede el interés individual de las partes y atañe también al de la colectividad, supuesto que cabe estimar configurado cuando la ejecución corresponde a medidas de alcance general que pueden interesar a actividades cuyo correcto ejercicio no es ajeno al bienestar común (Fallos CSJN:255:41; 290:266; 292:229; 293:504; 307:770 y 919; 255:41; 292:229; 324:533, 317:1076). O dicho de otro modo, la gravedad institucional se presenta cuando las cuestiones ventiladas en autos exceden el mero interés individual de las partes y afectan de modo directo a la comunidad, con entidad suficiente como para comprometer la buena marcha de las instituciones.

Por su lado, es dable poner de relieve que cualquier resolución que pudiera adoptar el órgano judicial previniente ajeno a la causa, y que a su vez generase un avance o interferencia en las decisiones del que resultare competente, implica el serio riesgo de causar un inaceptable escándalo jurídico derivado ya de la indebida intromisión en una causa ajena o del dictado de pronunciamientos contradictorios (cfr. doctr. Sala II del fuero, en su anterior integración, in re «Papel Prensa S.A.», resol. del 29/06/2010), máxime cuando se trata de cuestiones de orden público (del voto de la mayoría, Sala II, in re: «Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) y otro c/PEN-Ley 26843 s/amparo ley 16.986», causa nº 11.343/13, sent. del 06/06/2013) Por todo ello, corresponde dejar sin efecto la resolución cautelar dictada por la Sala IV del fuero en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de las Relaciones de Consumo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con fecha 18 de abril próximo pasado, en los autos «Fundación Centro de Estudios en Políticas Públicas sobre incidente de queja por apelación denegada – queja por apelación denegada», expte. nº 108441/2021-1.

VIII.5. A la luz de lo expuesto, no puede admitirse un distinto desenlace, ya que desde antiguo se ha considerado que la misión más delicada que compete al Poder Judicial es la de mantenerse dentro de la órbita de su jurisdicción, sin menoscabar las funciones que incumben a los otros poderes o jurisdicciones, pues es el Judicial e!llamado a hacer observar la Constitución Nacional, y de ahí que su avance en desmedro de otras facultades revestiría la mayor gravedad para la armonía constitucional y el orden público (Fallos: 155:248; 311:2580; 320:2851; 324:2315). En este contexto, es oportuno señalar que el suscripto ha tenido en cuenta la especial relevancia que el caso trasunta para la sociedad en su conjunto, lo cual ha sido analizado con la entidad que se merece. En efecto, los jueces, como guardianes de la Constitución, debemos asegurar la fuerza normativa de la norma fundamental, y resguardar el estado de derecho, ya que «la Constitución posee en sí misma fuerza o vigor normativos, lo que significa que es exigible, obligatoria, aplicable y vinculante. Y lo es para todos, para los gobernantes y para los particulares» (BIDART CAMPOS, German J., El derecho de la constitución y su fuerza normativa, Ediar, Buenos Aires, 1995).

En asuntos como el que se encuentra bajo análisis debe aplicarse la doctrina de Fallos: 311: 1644, pues se acentúa la necesidad del interesado de obtener una rápida y eficaz decisión judicial que ponga fin a los conflictos y situaciones de incertidumbre y evite, dentro de los límites de lo razonable y conforme a las circunstancias de cada caso, una dispendiosa y eventualmente inútil actividad jurisdiccional -exigencia que se condice con el anunciado objetivo de «afianzar la justicia» enunciado en el Preámbulo de la Constitución Nacional, confr. Fallos: 302:299.

De este modo, los litigantes pueden sentir que las sentencias judiciales son soluciones oportunas, beneficiosas y proporcionadas a la gravedad del conflicto y su necesidad actual.En suma, un medio electivo y real de aplicación del orden jurídico para que éste no quede reducido a expresiones abstractas y sólo formales.

En este orden de ideas, resulta imperioso evitar que se genere, en la sociedad, la impresión de que el juzgamiento se está realizando sin prudencia -o sea, sin templanza, moderación, cautela, precaución-, y esto sí revestiría gravedad porque -tal como se intuye en la comunidad- aquella virtud, unida al equilibrio, son elementos ínsitos y característicos del difícil y harto delicado trabajo de juzgar.

Por consiguiente, debe evitarse toda actividad o decisión con la que – aunque fuera mínimamente- se pudiera producir un desvío del elemental objetivo consistente en brindar un servicio que cada vez sea mejor, más rápido y más eficiente para los destinatarios de la administración de justicia. (del dictamen Fiscal al cual adhirió la Excma. CSJN en oportunidad de pronunciarse en Fallos: 330:1587).

VIII.6. Finalmente, quiero dejar claramente asentado que no está en el ánimo del suscripto generar mayor incertidumbre en la sociedad, sino -muy por el contrario- arrojar luz respecto de cuestiones que debieron permanecer al margen de una confusión de estas características y trascendencia, suscitadas por una decisión para la cual no había espacio y que, bajo la apariencia de un acto jurisdiccional regular, receptara apenas el sentir popular de una parte importante de aquélla, llevando efímeras expectativas a sus integrantes. En efecto, «ninguna solución es defendible si, en lugar de asegurar el orden público, genera el riesgo de un absoluto desorden» (del voto del Dr. Fayt, en Fallos: 330:2361, cons. 24).

Así, con el dictado de la presente se pretende restablecer el imperio del estado de derecho, y desde allí será trabajo de la comunidad política propender a la revinculación social e institucional que favorezca la regeneración y cohesión del tejido social, dentro de un esquema de cordura y respeto institucional que nunca debió perderse.

Por todo ello, y habiendo dictaminado el Sr.Fiscal Federal, RESUELVO:

1º) Admitir parcialmente la inhibitoria planteada por el ESTADO NACIONAL – JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y, en consecuencia, con relación a las causas 108081/2021-0, 108437/2021-0 y 108441/2021-0 y sus incidentes, declarar la incompetencia del fuero en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de las Relaciones de Consumo de la Ciudad de Buenos Aires, y disponer su remisión a la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN por la vía originaria, haciéndose saber a la Sala IV de la Cámara de Apelaciones y al Juzgado nº 1 de aquel fuero -según corresponda- que deberán instrumentar la remisión ordenada.

2º) Dejar sin efecto la resolución cautelar dictada el 18 de abril de 2021 en la causa «FUNDACIÓN CENTRO DE ESTUDIOS EN POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE INCIDENTE DE QUEJA POR APELACIÓN DENEGADA – QUEJA POR APELACION DENEGADA», expte. nº 108441/2021-1; y hacer saber al GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES que deberá abstenerse de aplicar y/o ejecutar la medida allí ordenada.

3º) Disponer la remisión de estos actuados a la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.

Regístrese, notifíquese -con habilitación de horas inhábiles- por Secretaría a la parte actora y al Sr. Fiscal Federal, a la Sala IV de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de las Relaciones de Consumo mediante correo electrónico, en la persona de los Sres. Magistrados y del Sr. Secretario de Sala -por no encontrarse disponible un mail institucional del Tribunal-: mlalfonsin@jusbaires.gob.ar; lperugini@jusbaires.gob.ar; mmagrelo@jusbaires.gob.ar y haruiz@jusbaires.gob.ar; a la titular del Juzgado CAyT nº 1 al mail institucional rtesone@jusbaires.gov.ar; a la Procuración General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al mail institucional procuraciongeneral@buenosaires.gob.ar, al Sr. Procurador General Dr. Gabriel M. Astarloa al mail institucional gastarloa@buenosaires.gob.ar, y al Sr. Director General Juan Manuel Gallo al mail institucional jgallo@buenosaires.gob.ar, y remítase en la forma de estilo.

Esteban Carlos FURNARI

Juez Federal

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