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#Doctrina Derecho a la educación y pandemia ¿Por qué es un debate esencial?

Autor: Monzón, José M.

Fecha: 21-abr-2021

Cita: MJ-DOC-15907-AR | MJD15907

Sumario:

I. Introducción. II. La competencia en materia de educación. III. El juego del sistema de división político-jurídico. IV. Sobre el derecho a la educación. V. Creando leyes bajo pandemia. VI. ¿Y el derecho a la salud?. VII. Conclusión (si es posible).

Doctrina:

Por José M. Monzón (*)

RESUMEN

La promulgación del Decreto 241/2021 presenta cuatro problemas constitucionales referidos a: 1) la competencia para dictar leyes de organización de la educación: b) la división federal del Estado; c) el carácter del derecho a la educación, y d) la situación de emergencia existente. En este sentido, la Sala IV de la CCATyRC de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los resuelve ordenando las competencias conjuntas en materia de educación (lo que incluye al GCBA), afirmando la división federal del país, subrayando el derecho a la educación como fundamental, considerando la emergencia existente. Empero esto no quita que este derecho pueda ser limitado o restringido. Pues la Cámara abre esa posibilidad.

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I. INTRODUCCIÓN

Alguien alguna vez dijo que toda discusión filosófica es, en el fondo, una discusión teológica, tomando esta frase también se podría decir que todo debate jurídico es, en el fondo, un debate político. Y esto es lo que se observa con la promulgación del Decreto 241/2021 por parte del PEN que – entre otras medidas – dispone «ante el aumento exponencial de casos en el AMBA (…) incrementar las medidas ya adoptadas, en forma temporaria e intensiva, que serán focalizadas geográficamente y orientadas a las actividades y horarios que conllevan situaciones de mayores riesgos para la circulación del virus», por lo cual «en este contexto, también resulta necesario, además de la adopción de las medidas mencionadas, suspender en el AMBA, a partir del 19 de abril y hasta el 30 de abril de 2021, inclusive, las clases presenciales en todos los niveles y en todas sus modalidades y las actividades educativas no escolares presenciales».

A primera vista es un problema referido a la cuestión acerca de la obediencia al Derecho: ¿Cuándo?¿Por qué? Y esto es lo que ha ocurrido (y va a seguir mostrándose ante nosotros). De este problema se derivan algunos temas que la decisión de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Sala IV, del 18 de abril de 2021 (María de las Nieves Macchiavelli Agrelo, Laura Alejandra Perugini y Marcelo López Alfonsin), expone con claridad.

Ellos son: a) competencia para dictar leyes de organización y de base de la educación: b) la división federal de nuestro Estado; c) el carácter del derecho a la educación, y d) la situación de emergencia que se vive desde el año pasado. Sin embargo, quedan dos cuestiones que la Cámara no profundiza: 1) el manejo de la emergencia (que adelanto estimo no es de su competencia) y 2) el derecho a la salud, el que resulta involucrado tanto en el Decreto del PEN como en el fallo de la Cámara. Por lo cual, estamos ante un conflicto jurídico complejo que no se agota con esta decisión y que la Corte Suprema debe resolver si estima que debe hacerlo. Veamos seguidamente cada uno de estos puntos.

II. LA COMPETENCIA EN MATERIA DE EDUCACIÓN

A fin de comprender lo que legislador se ha propuesto (y esto vale para cualquier tipo de legislador) es saber si ha considerado no solamente los fundamentos legales sino también otras fuentes a partir de las cuales elaborar una ley. En este sentido es un dato que generalmente no se tiene en cuenta lo que la historia, la sociología y la antropología enseñan sobre la cultura legal argentina. Aquí encontramos dos puntos que esclarecen no sólo la redacción del DNU sino también la obediencia o no de esta norma jurídica. Sobre esto conviene tomar nota de dos características de la cultura legal argentina:

1.si algo enseña la historia argentina es la sostenida y casi imbatible creencia de que las normas jurídicas se cumplen sólo por estar promulgadas. Nada más ajeno a la realidad. Pues como Fucito explica seguimos contando con la cándida idea – que no ha sido superada – de que el Derecho moldea a la realidad, y 2. junto a esta creencia – siguiendo a Fucito – importa mencionar un tema no menos arraigado que el anterior: el desprecio por la ley cuando hay un objetivo prioritario a satisfacer (1).

El resultado de esto es que el Derecho se ha convertido en la historia argentina en un instrumento que no siempre se ha dirigido a lograr ni la concordia ni el bien común ni la debida protección legal de los derechos de los ciudadanos. Y estos atributos no son – por cierto – patrimonio de ningún partido político en particular.

Asentado esto examinemos la cuestión relativa a la competencia en materia de educación. En este punto lo primero que resuelve la Cámara es si hace lugar o no a la medida cautelar que solicita la suspensión de lo dispuesto en el art. 2°, párrafo tercero del DNU PEN 241/21 y, por consiguiente, ordenar que el GCBA disponga la continuidad de las clases presenciales en el territorio de la Ciudad de Buenos Aires, conforme la Resolución conjunta del Ministerio de Educación y de Salud 1/21.

A esto responde que sí siguiendo el dictamen del Ministerio Público Fiscal que declara la admisibilidad del recurso de queja y el pedido de avocación directa de parte de este tribunal, en forma excepcional, del recurso de apelación formulado en la anterior instancia.Y sobre todo destacando que esto se hace en razón de «los derechos fundamentales en juego y la urgencia de la pretensión dirigida a resolver la suspensión de un DNU nacional» cuya vigencia opera a partir del lunes 19 de abril.

Se agrega además como argumento que esto «involucra a todos los menores de edad que asisten a clases en el ámbito de la Ciudad, sus padres y cuerpo docente» quienes no pueden esperar al cumplimiento de los pasos procesales establecidos por el Código respectivo; en la medida que «una decisión contraria implicaría un excesivo apego a las normas procesales que llevaría a despojar de efectos útiles la decisión que se adopta, teniendo en cuenta, por un lado, «la excepcionalidad del escenario», y por el otro, «el acceso a una tutela judicial efectiva, lo que implica brindar a las partes y a la sociedad una decisión en tiempo útil que responda sus planteos». Y esto se encuentra autorizado por el artículo 248 del Código Procesal Contencioso Administrativo y Tributario.

De acuerdo a lo expuesto, en segundo lugar, la Cámara reafirma acertadamente con base en el artículo 5° de la Constitución nacional; el artículo 125 que dispone que tanto las provincias como la Ciudad de Buenos Aires podrán promover – entre otros temas – la educación, la ciencia, el conocimiento y la cultura; el artículo 75 inciso 19 que sostiene que el Congreso tiene competencia para dictar leyes de organización y de base de la educación, respetando las particularidades provinciales y locales y la Ley Nacional de Educación N° 26.206 que fija en su artículo 4 que

«el Estado nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen la responsabilidad principal e indelegable de proveer una educación integral, permanente y de calidad para todos/as los/as habitantes de la Nación, garantizando la igualdad, gratuidad y equidad en el ejercicio de este derecho, con la participación de las organizaciones sociales ylas familias».

De esto son responsables el Estado nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los términos fijados por el artículo 4º de esta ley (cfr. Artículo 6° . En consecuencia, no queda duda para la Cámara – siguiendo el del Ministerio Público Fiscal – que «es manifiesto que a la luz de los textos constitucionales nacional y local (conf. Artículos 5° , 121 , 122 , 129 CN y 6 y 24 de la CCABA) la Ciudad Autónoma cuenta con potestades exclusivas para organizar el sistema educativo en su jurisdicción y que, en caso de omitir tal mandato constitucional, peligra el goce de su propia autonomía (conf. Art. 5 CN)». Ahora bien, esto se comprende mejor si se examina división federal de nuestro Estado, materia que se encuentra involucrada en esta discusión.

III. EL JUEGO DEL SISTEMA DE DIVISIÓN POLÍTICO-JURÍDICO

Estimo que en el punto precedente se afirmó, por un lado, la autonomía local, y por el otro, se distinguió lo que correspondía a cada esfera de competencia. Sin embargo, el tema de la división federal del Estado conviene repasarlo considerando no sólo los datos que la historia argentina enseña sino también la necesidad de insistir fuertemente en la existencia de diversas competencias, sobre todo, en el marco de la emergencia que vivimos. En este sentido, la Cámara recuerda ciertos presupuestos que por estimarse conocidos no está de más mencionarlos. Es así que los jueces subrayan las siguientes materias:

1) que la autonomía de la Ciudad fue recientemente ratificada por la CSJN en los fallos Bazán (CSJ N° 4652/2015) y GCBA c. Prov. Córdoba (CSJ N° 2084/2017), los que se fundan en los precedentes Corrales(ref:MJJ103705= (Fallos: 338:1517) y Nisman (Fallos:339:1342);

2) que «la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene el mismo puesto que las provincias en el sistema normativo que rige la jurisdicción de los tribunales federales y, por lo tanto, el mismo derecho a la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación», y

3) que «en virtud del reconocimiento de la Constitución nacional, la propia ley nacional dispone que la educación implica una materia netamente local, indicando luego en su artículo 16 que el Ministerio de Educación y las autoridades jurisdiccionales competentes son las que deben asegurar el cumplimiento de la obligatoriedad escolar». De lo expuesto se deduce que «el Decreto sancionado por el Poder Ejecutivo nacional, en su artículo 2°, párrafo tercero, vulneraría en forma directa la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires y su poder de policía, respecto de materias específicamente locales, como es el derecho a la educación».

Por lo cual, fundados en que el «Estado federal establece, reconoce y garantiza la autonomía provincial y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reservándose ciertas materias sobre las cuales dichas jurisdicciones locales han delegado al Estado nacional. La educación no es una de ellas». En consecuencia, «Cualquier interferencia, por más razones válidas que ofrezca, implica lesionar la división federal de nuestro Estado y vulnerar la autonomía local.Máxime cuando la Ciudad de Buenos Aires, en el ámbito de su competencia, venía adoptando las medidas correspondientes para asegurar la prestación del servicio de la educación, conforme las disposiciones consensuadas en el resto del país».

Pero si bien parece resuelto este problema corresponde insistir en el contexto en el cual se promulgan las normas jurídicas pues, en un escenario más amplio y más dinámico tal como la situación de excepción que vivimos, no cabe duda que los derechos fundamentales son restringidos o limitados o suspendidos, y a esto no escapa el derecho a la educación, el cual es inevitable que entre en colisión con otros derechos como veremos luego. Es decir, que el conflicto pasa por la medida o criterio con el cual se decide esa restricción o limitación o suspensión.

IV. SOBRE EL DERECHO A LA EDUCACIÓN

Acerca de esta cuestión es oportuno citar lo dicho por la Corte Constitucional de Colombia que ha expresado que «la Constitución (colombiana) reconoce en la educación una doble condición de derecho y de servicio público (…) En cuanto a servicio público, la educación exige del Estado unas actuaciones concretas, relacionadas con la garantía de su prestación eficiente y continua a todos los habitantes del territorio nacional, en cumplimiento de los principios de universalidad, solidaridad y redistribución de los recursos en la población económicamente vulnerable (…y…) En su dimensión de derecho, la educación tiene el carácter de fundamental, en atención al papel que cumple en la promoción del desarrollo humano y la erradicación de la pobreza y debido a su incidencia en la concreción de otras garantías fundamentales, como la dignidad humana, la igualdad de oportunidades, el mínimo vital, la libertad de escoger profesión u oficio y la participación política» (Sentencia T-743/13) (2).

Es más, los documentos internacionales establecen que «los países que han logrado ser ricos son aquellos que invirtieron enormes recursos en salud y educación» (3). Empero, en determinadas circunstancias «Es un hecho que las crisis económicas pueden desviar de su trayectoria a cualquier país, al igual que aquellas causadas por epidemias y desastres naturales que inciden directamente en la salud y la educación» (4).

De ahí la importancia de las medidas que elaboren en el contexto de un riesgo global como es esta pandemia porque «Tener educación permite que los individuos promuevan sus intereses y se resistan a la explotación. Quienes tienen más educación saben mejor cómo evitar riesgos y vivir más y de forma más confortable» (5).

Todo lo expuesto a lleva justificar por qué estamos ante un derecho fundamental o como sostiene Pérez Murcia un derecho que es «el epítome de la indivisibilidad y la interdependencia de todos los derechos humanos»; si se le cancelara, se estarían negando automáticamente otros múltiples derechos» (6). Por consiguiente, «Hay una trabazón íntima entre el derecho humano a la educación y los derechos positivos que, en materia educativa, se consignan en la Constitución o en la legislación secundaria de cada país; estos últimos deben traducir el primero a las circunstancias del contexto histórico concreto, y el primero se mantiene en el horizonte como referente necesario para la interpretación y el cumplimiento de los segundos» (7).

Con relación a esto la Cámara opinó que «A tal fin luce imprescindible señalar que el derecho constitucional a la educación, es un derecho bifronte, es decir, un derecho individual y colectivo.Si bien ambos coinciden en el precepto constitucional, difieren, por su naturaleza, en aspectos sustanciales.

«La concepción del derecho fundamental a la educación como piedra angular del Estado constitucional de derecho, implica otorgarle categoría de der echo humano básico, no sólo en orden a los individuos sino al sistema mismo, dado que sí se violenta severamente esta libertad, se ponen en jaque los demás valores y principios inherentes a la sociedad democrática».

Con base en estos fundamentos la Cámara establece que considerando que «la pretensión tiene por objeto la tutela de la indudable dimensión colectiva del derecho a la educación. No se trata simplemente de la pluralidad de sujetos, sino de la naturaleza colectiva del bien jurídico involucrado»; luego «la única forma viable que la decisión adoptada salvaguarde efectivamente el derecho a la educación y con ello dotarla de efectos prácticos y útiles es extender el alcance de la medida y suspender los efectos del artículo 2°, párrafo tercero del DNU n° 241/21». No obstante esto, ¿qué sucede bajo una pandemia? O en términos más amplios ¿qué sucede durante una emergencia?

V. CREANDO LEYES BAJO PANDEMIA

Por su importancia conviene primero explicar brevemente lo que el manejo de una crisis comporta. Sobre esto cabe decir que el sistema constitucional argentino no cuenta, a diferencia, por ejemplo, de la constitución ecuatoriana (8), con normas constitucionales específicas que guíen la conducta de los poderes ejecutivo y legislativo bajo las circunstancias de un riesgo global como el que conocemos actualmente. Esta constitución establece – en los que nos interesa – en el segundo párrafo del artículo 164 del Capítulo III Sección Cuarta que el estado de excepción observará los principios de necesidad, proporcionalidad, legalidad, temporalidad, territorialidad y razonabilidad.El decreto que establezca el estado de excepción contendrá la determinación de la causal y su motivación, ámbito territorial de aplicación, el periodo de duración, las medidas que deberán aplicarse, los derechos que podrán suspenderse o limitarse y las notificaciones que correspondan de acuerdo a la Constitución y a los tratados internacionales.

Y seguidamente en el artículo 165 establece que durante el estado de excepción la Presidenta o Presidente de la República únicamente podrá suspender o limitar el ejercicio del derecho a la inviolabilidad de domicilio, inviolabilidad de correspondencia, libertad de tránsito, libertad de asociación y reunión, y libertad de información, en los términos que señala la Constitución.

El sistema legal argentino carece de normas jurídicas similares lo que nos coloca en una grave desventaja y es lo que lleva al poder ejecutivo a manejar la pandemia a través de DNU que pareciera que no consideran las diversas consecuencias que una pandemia tiene en la vida social y en el ejercicio de los derechos fundamentales en el mediano y en el largo plazo.

Pero además se observa que el manejo o el control de una crisis han sido previstos en diferentes normas e informes internacionales (9). No sólo el grado de posibilidad de su ocurrencia sino también qué hacer en el período posterior a la misma. Sin embargo, esto no impide que, por ejemplo, en Estados Unidos donde hay varias experiencias históricas de las cuales aprender y una expertise desarrollada, el control de esta pandemia por parte del poder ejecutivo a cargo de Trump no siguió los lineamientos previstos. Y esto es un dato relevante. Si esto ha sucedido es porque como expone Fucito existe una primacía del voluntarismo del legislador quien quiere adecuar la realidad a las normas legales lo que ha producido consecuencias gravemente dañosas. Por lo cual, desde esta perspectiva, se entiende el desmadre social que se ha observado en los Estados – y que en muchos de ellos continúa.Entonces, si bien las normas constitucionales pueden ayudar, ellas solas no bastan. Se requiere conformar un comité de crisis acorde con las normas técnicas internacionales que existen para estas situaciones desde hace unas décadas.

¿Qué consecuencias tiene esto para el ejercicio del derecho a la educación? En palabras de Ruiz «Más allá de toda discusión sobre las definiciones conceptuales y materiales del contenido del derecho a la educación (…) cobra relevancia también la discusión en torno a los límites de la educación formal en las sociedades contemporáneas, dado que los aprendizajes pueden acontecer en múltiples ámbitos diferentes a los escolares» (10). De esto se sigue que, aunque las medidas tomadas o por elaborar, puedan ser adecuadas, no existe un conjunto de estudios que puedan indicar los efectos a largo plazo del cierre de los establecimientos educativos.

Como muestra Ruiz «la virtualización de las clases presenciales, tanto por su carácter masivo y compulsivo como por la forma de comunicación y trabajo con los estudiantes, encontró diversos problemas técnicos y generó desafíos para rediseñar -en la acción- las estrategias didácticas de docentes y el rol de los estudiantes (y el de los padres en el caso de la educación inicial-infantil y primaria)» (11).

Pero este investigador advierte que «La masividad y la celeridad de la adopción de la educación a distancia en este período de pandemia no parecen reconocer estos condicionantes y pueden generar decisiones didácticas que surgen de la planificación atemporal o sobre el mismo período de ejecución de la enseñanza» (12).

Por lo cual decidir el cierre temporario – muchas veces intermitente – es un asunto que merece el aporte de la experiencia y del conocimiento de los pedagogos.Si miramos el caso uruguayo éste expone que «Es importante preguntarse cómo el cierre de las escuelas puede exacerbar las desigualdades existentes en el aprendizaje y en el acceso al sistema educativo, así como evaluar cuál puede ser el resultado que ello tenga en el desarrollo de las niñas, niños y adolescentes» (13).

En este sentido, «Uno de los principales objetivos debería ser, pues, analizar cómo considerar los potenciales impactos de los cursos virtuales, y e l efecto de otros shocks que pueden estar experimentando los hogares, como ser la pérdida de empleo» (14). Más cuando «no se conocen los efectos que pueden existir en cuanto a rezago educativo, desvinculación e impactos socioemocionales que esta crisis puede implicar para los estudiantes» (15).

En este sentido, dice la Cámara que «Dada la dinámica del contexto sanitario, resulta pertinente que el Gobierno de la Ciudad presente un informe durante el viernes próximo sobre la evolución de la situación epidemiológica». Y esto es correcto cuando se repasan las medidas adoptadas en otros países.

VI. ¿Y EL DERECHO A LA SALUD?

Es evidente con los conflictos legales que se han visto que – bajo una emergencia – los derechos fundamentales colisionan entre sí. La primacía de uno o de unos sobre otro u otros es un tema de debate que no se soluciona con las decisiones judiciales sea cual sea el tribunal que intervenga. Además, es un hecho que no son cuestiones estrictamente legales las que se discuten. Esto queda claro cuando se destacan dos elementos que no han sido suficientemente expuestos en parte de la doctrina.

Por un lado, independientemente de la constitución de la cual se hable, bajo una emergencia, la rama ejecutiva de gobierno tiende a concentrar poder. Sobre este punto Bruce Ackerman nos advierte en una obra relevante: Antes de que nos ataquen de nuevo.Las defensas de las libertades en tiempos de terrorismo cuyo título en inglés es más expresivo Before the next attack, publicado en 2006, que es esencial que el ejecutivo no pueda hacer todo lo que le venga en gana en el período inmediatamente posterior al atentado, muchas opciones tienen que estar absolutamente prohibidas aun en tales circunstancias. Incluso algunas medidas aparentemente razonables pueden desencadenar una dinámica difícil de detener cuando ya no sean necesarias. No es fácil evitar esas tendencias patológicas mediante el diseño de la constitución de excepción. Pese a ello, no tenemos mejor defensa contra una espiral represiva alentada por el pánico. La constitución de excepción es el remedio más efectivo para evitar la ruina de nuestras libertades (16).

Y por el otro, en el presente caso de la Argentina (aunque esto se puede extender a otras regiones y países) es motivo de un juicio prudencial cómo combinar la protección de los derechos fundamentales, por ejemplo, el derecho a la educación y el derecho a la salud, sin que ninguno de ellos quede en desventaja. Esto requiere una resolución pragmática. En este sentido, en un trabajo colectivo reciente se ha sugerido – en base al caso italiano – que se consiguen mejores resultados alternando medidas de cierre y de apertura junto con una rápida vacunación, lo cual reduciría las muertes y los costos de los servicios hospitalarios (17). De esta manera, este podría ser el encuadre para ordenar los derechos fundamentales en juego.

VII. CONCLUSIÓN (SI ES POSIBLE)

No obstante coincidir con lo asentado por la Cámara, hay un punto con el cual quisiera cerrar este análisis. No cabe duda que se ha politizado al extremo el examen del DNU, el de la sentencia de la Cámara y el derecho a la educación. No cabe duda que este mismo escenario se repetirá con la decisión de la Corte Suprema.Bajo estas condiciones no parece que exista un ambiente adecuado para llegar a un acuerdo político que resguarde adecuadamente el derecho a la educación en la práctica.

Por eso, es oportuno considerar, al menos, dos cuestiones conexas: una es que concierne a si no es posible establecer un régimen semipresencial o híbrido de enseñanza, con lo que estimo se podría zanjar el tema de la presencialidad y del uso del zoom que tantos problemas trae como lo señalan estudios como el informe elaborado por la Stanford University (18), y otra es la que toca al exceso de debate en torno al DNU, donde un sinnúmero de opiniones más que esclarecer oscurece la discusión y lleva a preguntarse ¿cuál es la prioridad real para cada uno de los actores políticos involucrados?

Durante una emergencia de la magnitud que vivimos se necesitan medidas extraordinarias que – a veces – pueden no encajar en los términos del sistema constitucional vigente, porque bajo situaciones extraordinarias se precisan remedios extraordinarios, por eso conviene recordar la advertencia de Ackerman porque el exceso de uso del poder por parte del poder ejecutivo se ha visto en los conflictos resueltos por la jurisprudencia de la Corte Suprema norteamericana durante los diversos conflictos bélicos en los cuales Estados Unidos intervino, lo que asimismo se percibe en países como España, Francia e Inglaterra.

Sin embargo, lo que importa destacar es que esos remedios legales deben pasar por un estudio previo e interdisciplinario que demuestran su necesidad. Pero, sobre todo, por la obtención de un consenso previo que surja de la participación de todos los actores cuyos intereses estén involucrados de modo de poder medir el impacto negativo que pueda tener una norma jurídica proyectada. Pues como ha reconocido la Cámara «En lo concreto, las presentes actuaciones tienen lugar en un contexto de creciente judicialización de la normativa mencionada.Desde esta perspectiva, del universo de causas judiciales existentes – de las cuales muchas han tomado estado público y mediático – es posible identificar una homogeneidad fáctica y normativa.

«Asimismo, no debe perderse de vista que estamos en presencia de un proceso colectivo que versa sobre «cuestiones constitucionales», por lo que resulta razonable la expansión de los efectos de la medida».

Entonces, si bien se puede objetar desde la realidad que no hay tiempo para eso, porque la pandemia se extiende con muertes y enfermos y una sobrecarga de trabajo del personal sanitario y de los hospitales y sanatorios, el manejo de la misma, en vista al mediano y al largo plazo, y al bien común, requieren no magnificar la judicialización de este debate sino más bien, ajustar las medidas a las necesidades y al consenso de todos quienes pudiesen estar afectados por las mismas.

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(1) FUCITO, Felipe: ¿Podrá cambiar la Justicia en la Argentina?, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2001, pp. 12-13.

(2) Disponible en https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/t-743-13.htm

(3) Informe Sobre Desarrollo Humano 2010. Edición del Vigésimo Aniversario. La verdadera riqueza de las naciones: Caminos al desarrollo humano, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Madrid – México D.F., Ediciones Mundi-Prensa, 2010, p. 4.

(4) Informe Sobre Desarrollo Humano 2010, ob. cit., p. 33.

(5) Informe Sobre Desarrollo Humano 2010, ob. cit., p. 40.

(6) Cit. en LATAPÍ SARRE, Pablo: El Derecho a la Educación. Su alcance, exigibilidad y relevancia para la política educativa, Revista Mexicana de Investigación Educativa, Vol. 14, Núm. 40, (Enero-Marzo 2009), p. 258.

(7) LATAPÍ SARRE, ob. cit., p.259.

(8) Disponible en https://www.cec-epn.edu.ec/wp-content/uploads/2016/03/Constitucion.pdf

(9) En la OCDE se habla de riesgos críticos que son aquellas «amenazas y peligros que plantean el riesgo más estratégicamente significativo, como resultado de (i) su probabilidad o posibilidad y de (ii) la importancia nacional de sus consecuencias negativas, incluidos fenómenos imprevistos y repentinos (por ejemplo, terremotos, accidentes industriales y ataques terroristas), fenómenos imprevistos de desarrollo gradual (por ejemplo, pandemias), y riesgos constantes (sobre todo los relacionados con el comercio ilegal o el crimen organizado)», en Dirección de Gobernanza Pública y Desarrollo Territorial OCDE – Foro de Alto Nivel de la OCDE sobre Riesgos, Recomendación del Consejo sobre la Gobernanza de Riesgos Críticos, Adoptada por los Ministros el 6 de mayo de 2014, p. 5.

(10) RUIZ, Guillermo Ramón: Marcas de la Pandemia: El Derecho a la Educación Afectado, Revista Internacional de Educación para la Justicia Social, 9(3e), (2020), p. 47.

(11) RUIZ, ob. cit., p. 48.

(12) RUIZ, ob. cit., p. 54. El investigador subraya que «estas herramientas contienen una lógica individual que requiere de una formación específica del profesorado para poder utilizarlas de manera que favorezca aprendizajes y garantice el derecho a la educación. La tarea docente consiste en promover la motivación y la autonomía entre los estudiantes y sería riesgoso que ello se torne en condiciones previas exigidas a los estudiantes para afrontar la educación en plataformas digitales» en ob. cit., p. 53.

(13) FAILACHE, Elisa, KATZKOWICZ, Noemí y MACHADO, Alina: La Educación en Tiempos de Pandemia y el Día Después: El Caso de Uruguay, Revista Internacional de Educación para la Justicia Social, 9(3e), (2020), p. 6.

(14) FAILACHE, Elisa, KATZKOWICZ, Noemí y MACHADO, Alina, ob. cit., p. 6.

(15) FAILACHE, Elisa, KATZKOWICZ, Noemí y MACHADO, Alina, ob. cit., p. 6.

(16) ACKERMAN, Bruce, Antes de que nos ataquen de nuevo. Las defensas de las libertades en tiempos de terrorismo, Barcelona, Península, 2007, p. 13.

(17) GIORDANO, Giulia y otros: Modeling vaccination rollouts, SARS-CoV-2 variants and the requirement for

non-pharmaceutical interventions in Italy, Nature Medicine, (27 de marzo de 2021), p. 1, disponible en https://www.nature.com/articles/s41591-021-01334-5.pdf?origin=ppub

(18) RAMACHANDRAN, Vignesh: Stanford researchers identify four causes for ‘Zoom fatigue’ and their simple fixes, Stanford News, (February 23, 2021), disponible en https://news.stanford.edu/2021/02/23/four-causes-zoom-fatigue-solutions/

(*) Abogado, Doctor en Derecho; Profesor de Teoría General y Filosofía del Derecho, Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires; Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales «Ambrosio L. Gioja» de la misma Facultad. Expositor en cursos de postgrado y conferencias. Autor de publicaciones sobre su especialidad.

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