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#Fallos Multa laboral: Procede la multa del art. 8 LNE aunque el contrato esté inscripto solo por la empresa intermediaria si, de acuerdo con el art. 29 LCT, se establece que el empleador directo del trabajador ha sido la usuaria

Partes: Cuk Omar Adrián c/ Peugeot Citroën Argentina S.A. s/ despido

Tribunal: Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires

Fecha: 30-dic-2020

Cita: MJ-JU-M-130869-AR | MJJ130869 | MJJ130869

Cuando de acuerdo con el primer párrafo del art. 29 de la Ley de Contrato de Trabajo se establece que el trabajador ha sido empleado directo de la empresa usuaria de sus servicios, procede la indemnización prevista en el art. 8 de la ley 24.013 aunque el contrato de trabajo haya sido inscripto solamente por la empresa intermediaria.

Sumario:

1.- Debe revocarse la sentencia en cuanto rechazó la indemnización contemplada en art. 8 de la ley 24.013 por entender que la circunstancia que la empresa usuaria hubiera omitido registrar el vínculo no implicaba que la relación no se encontrara inscripta, toda vez que sí lo había hecho la intermediaria; ello, pues el sujeto obligado a registrar la relación laboral es el empleador directo, real y único del dependiente -en el caso la accionada-, hermenéutica que no sólo se compadece con el texto expreso de la ley, sino también con la finalidad tuitiva que emana del art. 29 de la Ley de Contrato de Trabajo, como así también de la Ley Nacional de Empleo.

2.- El art. 8 de la ley 24.013 no puede ser interpretado con criterio restrictivo en beneficio del evasor, pues ello contraría la finalidad de la ley y el principio sentado en el art. 9 segundo párrafo de la Ley de Contrato de Trabajo.

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3.- Debe rechazarse la excepción de prescripción opuesta, pues la acción para reclamar el resarcimiento previsto en el art. 8 de la ley 24.013 nace en cabeza del trabajador una vez vencido el plazo de la intimación cursada en los términos del art. 11 , y la circunstancia que el legislador haya tomado como parámetros para calcular la tarifa en cuestión el salario y el tiempo durante el cual el dependiente trabajó de manera clandestina no altera los principios que rigen el instituto.

4.- Los arts. 8 , 9 y 10 de la ley 24.013 no establecen obligaciones de tracto sucesivo que puedan ser divididas en períodos, sino indemnizaciones únicas que, de conformidad con lo establecido por el art. 256 de la Ley de Contrato de Trabajo comienzan a prescribir a partir de su exigibilidad.

Fallo:

A C U E R D O

La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 122.471, «Cuk, Omar Adrián contra Peugeot Citroën Argentina S.A. Despido», con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Pettigiani, Soria, Kogan, Torres.

A N T E C E D E N T E S

El Tribunal de Trabajo n° 5 del Departamento Judicial de San Martín, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar parcialmente a la demanda deducida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. sent., fs. 234/246.). Se interpuso, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 271/274). Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente

C U E S T I Ó N

¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?

V O T A C I Ó N

A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:

I. El tribunal de trabajo interviniente, hizo lugar parcialmente a la demanda incoada por el señor Omar Adrián Cuk contra Peugeot Citroën Argentina S.A., en cuanto reclamaba la indemnización por antigüedad, SAC proporcional segundo semestre 2014, salario agosto 2014, días trabajados del mes de septiembre 2014, integración mes de despido, resarcimientos de los arts. 2 de la ley 25.323, 15 de la ley 24.013 y 45 de la ley 25.345. En cambio, desestimó la acción en concepto de adicionales adeudados, indemnización sustitutiva del preaviso, vacaciones no gozadas año 2013, multa del art. 8 de la ley 24.013, daño moral y la sanción prevista en el 275 de la Ley de Contrato de Trabajo. En lo atinente a la indemnización sustitutiva del preaviso, fincó su rechazo en el hecho que el actor, al momento de decidir su despido indirecto, se encontraba en uso de licencia médica (v. sent., fs.239 vta.). Respecto de la multa contemplada en el art. 8 de la ley 24.013, fundó su inaplicabilidad al caso de autos en la circunstancia de no haberse verificado en la especie el supuesto previsto en la norma -ausencia total de registración- situación que fue reconocida por el propio accionante en su libelo de inicio, donde afirmó haber sido inscripto por la empresa intermediaria CDA Tecnología Inf. S.A. Argentina.

II. La parte actora interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia absurdo y violación de los arts. 8 de la ley 24.013; 232 de la Ley de Contrato de Trabajo y de la doctrina legal que cita.

II.1. En primer lugar, se agravia de la decisión de grado por haber rechazado la indemnización contemplada en el art. 8 de la ley 24.013. Funda su réplica en que el trabajador nunca fue registrado por su empleador directo (Peugeot Citroën Argentina S.A.). Ello, sin perjuicio de haberlo sido en un tramo de la relación por un tercero interpuesto -CDA Tecnología Inf. S A. Argentina- en fraude a la ley laboral (v. fs. 271 vta. y 272).

II.2. En segundo término, cuestiona el fallo en crisis en cuanto dispuso que -atento encontrarse el dependiente con licencia médica al momento de configurarse su despido indirecto- no le asistía el derecho a percibir la indemnización sustitutiva del preaviso. Sobre este punto aduce el quejoso -con cita del art. 213 de la Ley de Contrato de Trabajo- que no obstante la situación descripta, la empleadora estaba obligada a abonarle los resarcimientos derivados del despido sin causa, entre ellos, el que resulta materia de agravio (v. fs. 272 vta. y 273).

III. El recurso prospera parcialmente.

III.1. Cuestiones de orden metodológico imponen examinar la concurrencia de los requisitos de admisibilidad del recurso, particularmente en lo que respecta al valor del litigio. Conforme lo resuelto por esta Suprema Corte en las causas L. 86.645, «Barroso» (sent. de 21- V-2008) y L. 90.653, «Valdebenito» (sent.de 26-VIII-2009); luego, entre otras, L. 104.273, «Larrazabal y Montenegro» (sent. de 26-VI-2013), frente a un supuesto de acumulación objetiva de pretensiones, el monto del litigio a los fines recursivos debe ser ponderado en función de la naturaleza jurídica de cada una de las deducidas en la misma demanda. Bajo estos lineamientos, se ha sostenido que, con prescindencia del resultado que se obtenga en la sentencia de mérito, e independientemente de cuál sea la parte que intente transitar esta senda recursiva, el test de admisibilidad que habilita el ulterior análisis de la procedencia del remedio extraordinario no puede conducir a resultados disímiles, según se ejercite o no la opción de acumular todas las acciones (pretensiones) contra el mismo demandado (arts. 15, ley 11.653 y 87, CPCC). En el caso, se verifican distintos reclamos -no vinculados entre sí por relación de continencia, accesoriedad o subsidiariedad- cuya improcedencia decretada en la sentencia llevó al recurrente a realizar una crítica diferenciada: de un lado, el relativo al resarcimiento contemplado en el art. 8 de la ley 24.013 y, del otro, el referido a la indemnización sustitutiva del preaviso. Bajo tales lineamientos, cabe señalar que las sumas resultantes de la pretensión vinculada a este último rubro (art. 232, LCT), que declarado improcedente por el a quo motivó luego la interposición del presente recurso, no alcanza al monto mínimo establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial. Luego, la admisibilidad del remedio en tratamiento -en lo que se refiere al agravio en cuestión sólo puede justificarse en el marco de la excepción que contempla el art.55 primer párrafo in fine de la ley 11.653, y en tal caso, la competencia de revisión queda acotada a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal de la Suprema Corte invocada en aquel, hipótesis que se configura cuando este Tribunal ha determinado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede -precisamente- en un caso similar (causas L. 97.277, «Reynoso», sent. de 12-X2011; L. 94.473, «Ayala», sent. de 28-III-2012; L. 117.256, «Sabor», sent. de 20-VIII-2014; L. 116.711, «Borja» , sent. de 6-V-2015; L. 116.906, «Romero», sent. de 3-VI-2015 y L. 117.121, «Bustos», sent. de 15-VII-2015; e.o.). En tales términos, advierto que las doctrinas que cita el recurrente para fundar este tramo de su crítica -causas L. 26.662, «Castro», sentencia de 6-III-1979; L. 33.718, «Monicault de Girila», sentencia de 23-X-1984 y L. 34.235, «Varino», sentencia de 15-X-1985- fueron elaboradas sobre la base de presupuestos fácticos disímiles a los que se ventilan en el presente caso. Siendo ello así, deben permanecer incólumes las conclusiones del fallo de grado en lo que respecta al rechazo de la indemnización sustitutiva del preaviso, ya que no se verifica la concurrencia de los extremos que configuran la hipótesis prevista en el art. 55 de la ley 11.653 si la doctrina citada alude a presupuestos de hecho diferentes de los que se ventilan en la causa que se pretende de aplicación (causas L. 86.280, «Stremiz», sent. de 14-XI-2007 y L. 110.706, «Barrenechea», sent. de 5-IX-2012).

III.2. En lo concerniente al fragmento de la impugnación que supera el umbral de la admisibilidad, destinado a refutar el rechazo de la indemnización peticionada con fundamento en el art. 8 de la ley 24.013, cabe señalar que es de recibo.

III.2.a.El tribunal de trabajo tuvo por acreditada la prestación de tareas llevada a cabo por el señor Cuk en el departamento de informática de Peugeot Citroën Argentina S.A., en carácter de empresa usuaria, desde el año 1987 (v. vered. primera cuestión, fs. 234/235 vta.) hasta el 3 de septiembre de 2014, fecha en que operó el distracto (v. vered. cuarta cuestión, fs. 236). También estimó probado que la contratación del actor lo fue a través de terceras empresas – DYPSA S.R.L., AyPSA y CDA TECNOLOGÍA INF. S.A. ARGENTINA-. En este contexto señaló que, no habiéndose acreditado en autos el objeto social de dichas organizaciones, ni que la relación entre ellas y la demandada estuviera enmarcada en una relación de servicios eventuales, correspondía subsumir el caso de autos en el art. 29 primera parte de la Ley de Contrato de Trabajo. En base a tales consideraciones concluyó que Peugeot Citroën S.A. debía ser considerada empleadora «directa» del trabajador. Juzgó, igualmente, que el despido indirecto en que se colocó el trabajador -por falta de registración y contestación de las cartas documento- resultó ajustado a derecho (v. sent., 239 in fine y vta.).

III.2.b. En lo referente a la indemnización contemplada en art. 8 de la ley 24.013, dispuso su rechazo. Fincó tal conclusión, en que la circunstancia que la empresa usuaria -Peugeot Citroën Argentina S.A.- hubiera omitido registrar el vínculo, no implicaba que la relación no se encontrara inscripta; toda vez que sí lo había hecho la intermediaria CDA Tecnología Inf. S.A. Argentina. Luego, atento el rechazo del rubro del acápite, declaró que devenía abstracto expedirse sobre del planteo de prescripción opuesto por la parte demanda respecto de la sanción objeto de agravio (v. fs. 240 vta., primer apart.).

III.2.c. En mi opinión, la decisión a la que arribó el tribunal de trabajo no resulta ajustada a derecho.

III.2.c.i.El art 7 de la Ley Nacional de Empleo, establece «se entiende que la relación o contrato de trabajo ha sido registrado cuando el empleador hubiere inscripto al trabajador: a) En el libro especial del artículo 52 de la Ley de Contrato de Trabajo (t.o. 1976) o en la documentación laboral que haga sus veces, según lo previsto en los regímenes jurídicos particulares; b) En los registros mencionados en el artículo 18, inciso a). Las relaciones laborales que no cumplieren con los requisitos fijados en los incisos precedentes se considerarán no registradas». Por su parte, el art. 8 de la misma ley estatuye «el empleador que no registrare una relación laboral abonará al trabajador afectado una indemnización equivalente a una cuarta parte de las remuneraciones devengadas desde el comienzo de la vinculación, computadas a valores reajustados de acuerdo a la normativa vigente» (el destacado me pertenece). De las normas transcriptas surge indubitable que el sujeto obligado a registrar la relación laboral es el empleador directo, real y único del dependiente, en el caso Peugeot Citroën Argentina S.A. Dicha hermenéutica, no sólo se compadece con el texto expreso de la ley, sino también, con la finalidad tuitiva que emana del art. 29 de la Ley de Contrato de Trabajo, como así también de la Ley Nacional de Empleo. Cabe recordar, respecto del último cuerpo normativo citado, que esta Corte ha resuelto que el art. 8 de la ley 24.013 no puede ser interpretado con criterio restrictivo en beneficio del evasor, pues ello contraría la finalidad de la ley y el principio sentado en el art. 9 segundo párrafo de la Ley de Contrato de Trabajo (causas L. 90.485, «Liencura», sent. de 7-VI-2010; L. 117.039, «Dietrich» , sent. de 13-V-2015 y L. 120.095, «Simari», sent. de 18-X-2017). En este mismo sentido, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en el fallo plenario n° 323, «Vásquez, María Laura c/ Telefónica de Argentina S.A.y otro s/ despido» (sent. de 30- VI-2010), resolvió que cuando de acuerdo con el primer párrafo del art. 29 de la Ley de Contrato de Trabajo se establece que el trabajador ha sido empleado directo de la empresa usuaria de sus servicios, procede la indemnización prevista en el art. 8 de la ley 24.013 aunque el contrato de trabajo haya sido inscripto solamente por la empresa intermediaria.

III.2.c.ii. De lo expuesto se colige -sin hesitación alguna- que el contrato de trabajo que existió entre el señor Cuk y su empleador Peugeot Citroën Argentina S.A., se encontraba afectado por una clandestinidad registral total.

III.2.d. Sentado lo anterior, resta determinar si concurren -o no- los presupuestos fácticos a los que se subordina la aplicación del art. 8 de la Ley Nacional de Empleo, cometido de subsunción normativa que no ha de perder de vista que la exigencia legal plasmada en el art. 11 de dicho cuerpo legal, es clara y su cumplimiento imprescindible para que el trabajador acceda al cobro de las indemnizaciones que el mismo contempla (causa L. 75.450, «Camarano», sent. de 12-II-2003 y L. 87.582, «Díaz» , sent. de 20-XII-2006).

III.2.d.i. En el sub lite se comprobó que entre los litigantes medió una relación de trabajo que no estaba registrada. También se tuvo por acreditado el intercambio telegráfico habido entre las partes (v. vered., fs. 235 vta.), de cuyo análisis surge que la intimación efectuada por el actor quedó localizada en el marco temporal de vigencia del contrato de trabajo y que a tales fines denunció los datos verídicos relativos a aquella -fecha de ingreso, categoría, remuneración mensual- (v. CD 502424054 AR, fs. 26), extremos que se tuvieron por probados en la instancia de mérito (vered. primera cuestión, v. fs. 235 y vta.). Asimismo, arribó firme a esta instancia el cumplimiento de la carga de comunicación establecida en el inciso «b» del art.11 de la ley 24.013 (v. vered. tercera cuestión, fs. 236). III.2.d.ii. Cabe concluir, entonces, que en el caso deviene incuestionable la procedencia de la indemnización reclamada al amparo del art. 8 de la ley 24.013.

III.3. En atención a la solución que propicio, por aplicación del principio de apelación adhesiva (causa L. 117.025, «Q., J.A.», sent. de 4-III-2015; e.o.), merece respuesta el planteo de la excepción de prescripción respecto de la indemnización cuya procedencia se declara en el punto III.2.d.ii. del presente, articulado por la demandada (v. fs. 89 vta./91 vta.) y contestado por la accionada (v. fs. 110/111), cuyo tratamiento fue declarado abstracto por el tribunal de grado (v. fs. 240 vta., primer apart.; 244 vta. y 245).

III.3.a. La accionada procura, en sustancia, la aplicación del plazo prescriptivo de dos años contemplado en el art. 256 de la Ley de Contrato de Trabajo, respecto de los períodos a considerar para calcular la indemnización del art. 8 de la Ley Nacional de Empleo. De su lado, la actora solicita el rechazo de la petición, argumentando su postura -en lo esencial- en la circunstancia de no tratarse -en la especie- de una obligación de tracto sucesivo, sino de indemnizaciones únicas que, conforme el art. 256 de la Ley de Contrato de Trabajo, comienzan a prescribir a partir de su exigibilidad. III.3.b. La excepción bajo análisis debe ser rechazada.

III.3.b.i. En efecto, tal como lo señala la parte actora en la contestación del segundo traslado, la acción para reclamar el resarcimiento en cuestión, nace en cabeza del trabajador, una vez vencido el plazo de la intimación cursada en los términos del art. 11 de la ley 24.013.La circunstancia que el legislador haya tomado como parámetros para calcular la tarifa en cuestión el salario y el tiempo durante el cual el dependiente trabajó de manera clandestina, no altera los principios que rigen el instituto bajo análisis.

III.3.b.ii. Sobre el punto, se ha expedido la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, en el sentido que los arts. 8, 9 y 10 de la ley 24.013 no establecen obligaciones de tracto sucesivo que puedan ser divididas en períodos, sino indemnizaciones únicas que, de conformidad con lo establecido por el art. 256 de la Ley de Contrato de Trabajo, comienzan a prescribir a partir de su exigibilidad (causas CNAT, Sala IV, «Carrasco» , sent. de 21-IX-2005; CNAT, Sala X, «Lucano», sent. de 18-VI-2003; CNAT, sala III, «Contreras», sent. de 31-VIII-2009).

IV. Por todo lo expuesto, propongo hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, y revocar la sentencia impugnada en cuanto rechazó la indemnización prevista por el art. 8 de la ley 24.013, cuya procedencia se declara. Los autos deberán volver al tribunal de origen para que practique la liquidación correspondiente, conforme lo aquí resuelto. Las costas de la instancia ordinaria se imponen a la accionada por el rubro cuya procedencia se declara y los de esta instancia por su orden, en atención al progreso parcial del recurso (arts. 19, ley 11.653; 68 segundo párr. y 289, CPCC). Con el alcance indicado, voto por la afirmativa. A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo: Adhiero al sufragio emitido por mi distinguido colega doctor Pettigiani. Sólo he de destacar que la solución a la que arriba el ponente -que desde ya comparto- fundada en el incumplimiento al deber de registración atribuido a quien resultó empleador conforme lo regulado en el primer párrafo del art. 29 de la Ley de Contrato de Trabajo, encuentra recepción -en lo esencial- en la doctrina de este Tribunal que emana de la causa L. 108.203, «Seguí» (sent.de 10-XII-2014). Con el alcance indicado, voto por la afirmativa.

A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:

I. El recurso prospera parcialmente. Adhiero al voto del doctor Pettigiani, con la aclaración formulada por el doctor Soria en el suyo. Sin embargo, considero necesario introducir ciertas consideraciones en torno al examen de admisibilidad practicado en el voto inaugural. Como he hecho referencia, entre otras, en las causas L. 97.982, «Santisteban» (sent. de 30-III2011); L. 108.498, «Carabajal» (sent. de 22-V-2013) y L. 111.996, «Centurión» (sent. de 4-XII2013) -y, más recientemente, al emitir mi voto en primer término en la causa L. 119.148, «Ferreira de Jesús» (sent. de 20-XII-2017), de connotaciones similares a la presente-, a fin de examinar la concurrencia de tal requerimiento, entendí necesario el análisis de la normativa vigente y así determinar si resultan pasibles de discriminar las distintas pretensiones, sumando por separado los montos que son motivo de recurso en una acumulación objetiva de pretensiones, como la de autos, precedentes a los cuales remito en honor a la brevedad. Siendo dicha decisión minoritaria, y puesto que uno de los objetivos del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley es no sólo mantener sino -y especialmente- procurar la unidad en la jurisprudencia, ante la reiteración de los pronunciamientos habidos sobre el tema y a tenor de lo prescripto por el art. 31 bis de la ley 5.827 y modificatorias (dejando siempre a salvo mi opinión al respecto), acompaño lo decidido por el ponente.

II. En consecuencia, propongo hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con el alcance indicado en el apartado IV del voto del doctor Pettigiani. Con el alcance indicado, voto por la afirmativa.

El señor Juez doctor Torres, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, voto también por la afirmativa.Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente

S E N T E N C I A

Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y, se revoca la sentencia impugnada con el alcance establecido en el punto IV del voto emitido en primer término. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que practique nueva liquidación. Las costas de la instancia ordinaria se imponen a la accionada por el rubro cuya procedencia se declara y las de esta instancia por su orden, en atención al progreso parcial del recurso (arts. 19, ley 11.653; 68 segundo párr. y 289, CPCC). Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 «c», resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda. Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).

REFERENCIAS: Funcionario Firmante: 19/11/2020 11:46:32 – KOGAN Hilda – JUEZA

Funcionario Firmante: 19/11/2020 23:25:29 – TORRES Sergio Gabriel – JUEZ

Funcionario Firmante: 20/11/2020 09:48:55 – PETTIGIANI Eduardo Julio – JUEZ

Funcionario Firmante: 30/12/2020 20:03:14 – SORIA Daniel Fernando – JUEZ

Funcionario Firmante: 30/12/2020 20:13:32 – DI TOMMASO Analia Silvia – SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

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